Labor Parlamentaria

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Corresponde ocuparse de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que modifica el decreto supremo Nº 294, de 1984, del Ministerio de Obras Públicas, y el decreto ley Nº 1.305, de 1975, en materia de colectores de aguas lluvias y redes secundarias.

Diputado informante es el señor Hosain Sabag.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín N° 1325-09, sesión 1ª, en 30 de septiembre de 1997. Documentos de la Cuenta N° 10.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Si le parece a la Sala, las modificaciones se discutirán en conjunto y se destinará media hora para tal efecto.

Acordado.

Pido el asentimiento de los señores diputados para que ingrese a la Sala el Subsecretario de Obras Públicas, señor Guillermo Pickering.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Hosain Sabag.

El señor SABAG.-

Señora Presidenta , el proyecto ha sido bastante consensuado y espero que lo despachemos rápidamente. Reviste mucha importancia y todos los parlamentarios y el país lo están esperando. El Senado le ha introducido algunas modificaciones que comentaré, pero que no son fundamentales.

En el inciso segundo del artículo 1º, ha hecho algunas precisiones -no un cambio esencial-, quedando redactado de la siguiente manera:

“La planificación, estudio, proyección, construcción, reparación, mantención y mejoramiento de la red primaria de sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias corresponderá al Ministerio de Obras Públicas. La red secundaria estará a cargo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a quien le corresponderá directamente su planificación y estudio, y, a través de los Servicios de Vivienda y Urbanización, la proyección, construcción, reparación y mantención de la misma. La Dirección de Obras Hidráulicas y los Servicios de Vivienda y Urbanización podrán contratar la realización de las obras a que den lugar las disposiciones de esta ley, de acuerdo a los procedimientos establecidos en sus respectivas normas orgánicas, pudiendo optar a tales contratos las empresas de servicios sanitarios.”

En el artículo 2º sólo ha introducido el cambio de la expresión “colectores y drenaje” por la frase: “sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias”.

De la misma forma procedió en el inciso segundo del artículo.

También agregó un nuevo inciso del siguiente tenor:

“Las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias que se construyan serán independientes de las redes de alcantarillado de aguas servidas y no podrán tener interconexión entre ellas. Sin embargo, podrán ser unitarias o tener interconexión entre ellas cuando la autoridad competente así lo disponga, fundada en un estudio de ingeniería que lo justifique desde un punto de vista técnico.”

En el artículo 3º, la letra m), ha introducido una modificación sólo para precisar expresiones.

En el artículo 4º hizo la siguiente readecuación:

Ha sustituido, en la letra g) propuesta la expresión “colectores y drenaje” por la frase “sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias”, y las palabras “colectores y drenaje de aguas lluvias” por la frase “sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias, todo ello en concordancia con el respectivo plan maestro y con las normas que al respecto dicte el Ministerio de Obras Públicas. Asimismo, ha intercalado, entre las palabras “lluvias” y “fiscales”, la expresión “ya sean” antecedida de una coma (,).

El resto de las disposiciones han quedado exactamente igual.

El Senado consultó el siguiente artículo 6º, nuevo:

“Artículo 6º.- Los planes maestros y la coordinación de las actividades que señalan los artículos anteriores deben considerar la situación de las cuencas hidrográficas.

“Las acciones para evitar la erosión y deforestación serán elementos constituyentes del plan.”

Y ha agregado los siguientes artículos transitorios nuevos:

“Artículo 1º.- Los planes maestros que definirán las redes primarias de evacuación y drenaje de aguas lluvias en las ciudades y centros poblados de más 50.000 habitantes deberán ser aprobados dentro del plazo máximo de 5 años.”

“Artículo 2º.- No será exigible a los urbanizadores la construcción de colectores de aguas lluvias, mientras no se haya aprobado el plan maestro correspondiente al área en que se encuentre ubicado el terreno que será urbanizado, debiendo emplearse otro sistema de evacuación de aguas lluvias.”

“Artículo 3º.- A partir del momento en que estén construidas las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias y dentro del plazo de cinco años contado desde esa fecha los sumideros de aguas lluvias conectados actualmente a redes de alcantarillado de aguas servidas deberán ser conectados a las redes de evacuación y drenaje de aguas lluvias.”

Las modificaciones introducidas por el Senado no son fundamentales; por lo tanto, espero que sean aprobadas por amplia mayoría.

Debo destacar que el proyecto ingresó a la Cámara el 18 de agosto de 1994; fue despachado al Senado el 17 de septiembre de 1995, y sólo ahora, después de dos años y dos meses, ha vuelto con pequeñas enmiendas. Sin embargo, hemos visto cómo Chile entero se ha inundado debido a la falta de colectores de aguas lluvias.

En el Presupuesto para 1997 se destinaron 5 mil millones de pesos para estos fines, pero no se han podido gastar porque no existe la ley específica. Para 1998 se han destinado 6 mil millones de pesos, porque no existe seguridad de que pueda aprobarse el proyecto respectivo y, sobre todo, porque primero deben efectuarse los estudios para ejecutar estas obras tan necesarias para todas las ciudades.

En el Gran Santiago y en Concepción, en el barrio norte, existen graves problemas de drenaje de aguas lluvias. De allí la importancia del proyecto, cuya tramitación de dos años y dos meses en el Senado es absolutamente injustificable. Finalmente, las pequeñas modificaciones que introdujo, por supuesto, serán aprobadas por la Cámara.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Encina.

El señor ENCINA .-

Señora Presidenta , comparto lo expresado por el Diputado señor Sabag respecto de la demora del proyecto en el Senado. Por su importancia, debió haber sido tramitado en forma mucho más rápida, sobre todo si se considera que los temporales de este año pusieron en evidencia la necesidad de contar con sistemas de evacuación de aguas lluvias.

La iniciativa impactará en la calidad de vida de la gente que vive, en especial en los sectores urbanos de las ciudades medianas, intermedias y grandes. Por eso, deben aprobarse las modificaciones, en el entendido de que apuntan en la dirección correcta.

Algunas definiciones que incorpora el Senado me parecen fundamentales. Por ejemplo, en el artículo 1º reemplaza el concepto de “colectores” por el de “sistema de evacuación y drenaje de aguas lluvias”. Esta expresión, en mi opinión, debió existir desde el principio. Es más clara, adecuada y completa, pues alude al problema que provoca una mala evacuación de aguas lluvias.

Además, considero importantísima la separación que hace el Senado entre la evacuación y drenaje de aguas lluvias y las redes de alcantarillado de aguas servidas. Sin embargo, deja la posibilidad de una interconexión cuando lo disponga la autoridad. En la actualidad, en muchos casos, ambos sistemas están interconectados y, probablemente, seguirán así por un plazo relativamente largo.

Tengo algunas dudas respecto del artículo 2º transitorio, que establece que no será exigible a los urbanizadores la construcción de colectores de aguas lluvias, mientras no se haya aprobado el plan maestro correspondiente. Ojalá se revea esta situación en el futuro y se impulsen los planes maestros. De todos modos, dada la importancia del proyecto, contará con los votos favorables de la bancada socialista, igual que el resto de las modificaciones, como una solución para que no se repitan situaciones tan dramáticas como las vividas a raíz de los temporales de este año.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señora Presidenta , el país aún no cuenta con un instrumento legal que señale qué institución del Estado debe responsabilizarse por una infraestructura tan importante como la de que se trata, y a los diputados nos duele que el Intendente de la Región Metropolitana , por los efectos que produjeron los temporales, haya afirmado media docena de veces que todos los parlamentarios somos culpables de su falta. Sin embargo, la mayor parte de los proyectos pasa mucho tiempo en el Senado, una vez que se han analizado y despachado en las comisiones y en la Cámara, y pagamos nosotros muy a menudo por esa lentitud.

La falta de esta infraestructura elemental se contradice absolutamente con los niveles social, económico y hasta cultural que ha alcanzado el país. Por eso, el proyecto reviste tremenda relevancia, sobre todo si tenemos presente los perjuicios ocasionados por los temporales del último invierno, que han dejado de manifiesto la necesidad de contar con un instrumento legal que regule la situación.

Todos sabemos que con la ley Nº 18.885, que suprimió el servicio de Obras Sanitarias y creó las corporaciones regionales sanitarias, el manejo de las aguas lluvias y su evacuación y drenaje quedó en terreno de nadie, pues sólo se refiere expresamente a las aguas servidas.

El proyecto plantea que los ministerios de Obras Públicas y de Vivienda intervengan en este asunto y planifiquen, estudien, proyecten, reparen y mantengan la red primaria y secundaria de colectores y drenajes en los centros urbanos.

Por lo tanto, anuncio mi voto y el de la bancada del Partido por la Democracia a favor de las modificaciones, seguro de que serán aprobadas por la unanimidad, dada la gran importancia del proyecto.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA .-

Señora Presidenta , en primer lugar, rechazo enérgicamente las expresiones de los Diputados señores Sabag y Encina respecto de la demora en la tramitación del proyecto en el Senado, porque obedecen a un afán politiquero. De acuerdo con la normativa constitucional, el manejo de las urgencias es responsabilidad del Ejecutivo. Por tanto, digamos las cosas por su nombre: sólo debido a que Santiago se inundó, el Gobierno se preocupó de la iniciativa. Sin embargo, en el sur, en la ciudad de Talcahuano, por ejemplo, por las complejidades en el sistema de evacuación de aguas lluvias, no se ha resuelto el problema y sistemática y periódicamente lo vivimos.

En consecuencia, no es responsabilidad de la Cámara de Diputados o del Senado. Es del Gobierno, el cual, mientras no se inundó Santiago, no hizo nada.

En segundo lugar, me preocupa que el proyecto sólo asigne responsabilidades y ningún recurso.

Es cierto. Cuando se produjo la conversión de Obras Sanitarias en distintos servicios sanitarios, el tratamiento de las aguas lluvias -jurídicamente- quedó en tierra de nadie. Sin embargo, la responsabilidad es de la autoridad, que, en este caso, la ejerce el Gobierno. Como está presente el Subsecretario de Obras Públicas , me interesa saber si en el proyecto de Presupuestos para el próximo año se asignan recursos para estos trabajos, porque no basta sólo con entregar una responsabilidad jurídica.

Más aún, la evacuación de las aguas lluvias está absolutamente estudiada en todas las regiones y lo que se necesita son recursos para llevar a cabo las obras.

También es importante señalar que el artículo 6º, nuevo, incorporado por el Senado, no es de menor importancia, sino esencial. Y lo digo claramente porque esta materia ya fue incluida en un proyecto de ley presentado hace bastante tiempo por el honorable Senador señor Cantuarias , al que lamentablemente el Gobierno no le fijó urgencia. Sin embargo, estamos frente a un tema central: el manejo de las cuencas hidrográficas, que es precisamente lo que nos puede dar la llave para resolver los problemas de evacuación de las aguas lluvias en nuestro país.

Señora Presidenta , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Orpis .

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Puede hacer uso de la interrupción el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señora Presidenta , cuando se produjeron inundaciones en muchas zonas del país, la gran explicación que se dio para lo ocurrido en la capital fue que no existía este proyecto de ley. En realidad, esa explicación es absolutamente risible, porque supongo que cuando existe un vacío legal las autoridades competentes pueden coordinarse perfectamente, a fin de obviar ese vacío o, por lo menos -sin perjuicio de perfeccionar la legislación- adoptar las medidas pertinentes.

En este caso particular, lo que faltó fue previsión, no sólo de esas autoridades, sino que también de las anteriores. No obstante, entiendo el problema, porque el desarrollo que van experimentando las ciudades tiene prioridades: agua potable, alcantarillado, etcétera; pero afirmar que Santiago y otras ciudades se inundaron por la existencia de un vacío legal, por cuanto no se había dictado la normativa correspondiente -atribuyén-dole al Parlamento falta de acuciosidad-, no resulta creíble para nadie.

Lo único que aclara este proyecto de ley son las facultades y responsabilidades de los distintos servicios públicos, y me atrevo a decir que si el próximo año se producen las mismas lluvias que tuvimos este año, de todas maneras se inundarán Santiago y las diversas ciudades del país.

La construcción de una red de colectores de aguas lluvias implica una inversión de gran magnitud. Esto no se resolverá en un año, y tampoco quiero crear expectativas a la ciudadanía de que con la sola existencia de este proyecto Santiago y otras ciudades no sufrirán grandes inundaciones. Esta iniciativa contribuye a delimitar responsabilidades, y desde mi punto de vista no debe constituir un obstáculo para que las autoridades se coordinen. Por lo tanto, creo que hubo y hay falta de previsión.

Muchas gracias.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Recupera la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA .-

Señora Presidenta , en la práctica nos vamos a encontrar con un problema que no queda resuelto con este cuerpo legal, relativo a qué se entiende por las responsabilidades que tendrá el Ministerio de Obras Públicas -es decir, las redes primarias- y en qué minuto se considerarán las redes secundarias. Creo que aquí también habrá una colisión que muchas veces nos impedirá resolver los problemas.

Hay ciudades como Talcahuano, respecto de las cuales se han hecho estudios y elaborado proyectos; sin embargo, no existen recursos para materializarlos. Por esa razón, me interesa sobremanera plantear el asunto al Subsecretario de Obras Públicas , representante del Ejecutivo.

Desde luego, vamos a votar favorablemente el proyecto.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , considero importante recordar, para el establecimiento de la historia fidedigna de este proyecto relacionado con el tema de los colectores de aguas lluvias y redes secundarias, que en marzo de 1990, cuando asumió el primer Gobierno de la Concertación, prácticamente no existía -como lo han expresado varios parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra- ninguna institución pública ni ministerio que tuviera tuición sobre el tratamiento de las aguas lluvias. Con todo, hubo organismos que intentaron invertir en determinados proyectos, pero la Contraloría General de la República rechazó sus iniciativas, lo que impidió que se abordara el problema.

Por eso, los diputados que en aquella época éramos titulares de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones -en esta Sala se encuentran tres o cuatro que participaron en las reuniones con el Ministro de Obras Públicas de la época, don Carlos Hurtado -, solicitamos al Ejecutivo que patrocinara un proyecto de ley que especificara claramente quiénes eran los responsables de la construcción de las redes primarias y secundarias de aguas lluvias. Dicha iniciativa ingresó a la Cámara el 18 de agosto de 1994, y once meses después terminó su primer trámite constitucional. Posteriormente, ingresó al Senado el 4 de julio de 1995, que lo despachó sólo el 17 de septiembre de este año.

Es cierto que en virtud de la Constitución de 1980 es el Ejecutivo el que fija las urgencias; pero también es una realidad que una parte del Poder Legislativo va adecuando, en la medida en que lo considere conveniente, el tratamiento de las iniciativas, a fin de acelerar su despacho. Ése es un hecho real.

Asimismo, es importante recordar que algunos parlamentarios hemos intervenido sobre este tema no menos de cuatro o cinco veces. Cuando se trató el Presupuesto de la Nación del año 1995, se dispusieron fondos para los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda, a la espera de que este proyecto se convirtiera en ley de la República. Tengo en mi poder respuestas de ambos ministros a mi solicitud de que se efectuaran estudios para la construcción de un gran colector para el tratamiento de aguas lluvias del barrio norte de Concepción, que cuenta con alrededor de 80 mil habitantes. En ellas dicen que en el momento en que exista una ley se considerará como primera prioridad mi solicitud.

Por otra parte, no es cierto que esto constituya un tema menor. El barrio norte de Concepción nació en forma espontánea, y el gran drama que vive -a pesar de lo señalado por un colega que manifestó que cuando llueve no se producen graves problemas- es que se inunda la mayor parte de sus calles, debido a que no se construyó ningún sistema para tratar las aguas lluvias, lo que trae serias complicaciones.

Para mí, lo más importante es el artículo 1º del proyecto, que dispone claramente que “El Estado velará por que en las ciudades y en los centros poblados existan sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias que permitan su fácil escurrimiento y disposición e impidan el daño que ellas puedan causar a las personas, a las viviendas y, en general, a la infraestructura urbana”.

Como integrante de la Comisión de Hacienda, debo expresar -seguramente esto lo va a contestar el Subsecretario- que en los presupuestos de los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, se han consultado importantes ítem, precisamente para comenzar a solucionar en forma seria y responsable este tema a contar del 1º de enero de 1998.

Por eso, votaré favorablemente las modificaciones del Senado.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Informo a la Sala que este proyecto se votará junto con el que figura en el número 2, al término del Orden del Día.

Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señora Presidenta , quiero expresar que comparto plenamente el propósito y la intención que se tuvieron en vista al elaborar este proyecto. Sin embargo, tengo dudas sobre si el camino escogido es el más adecuado.

Por ejemplo, en mi distrito de Puente Alto tenemos el caso de avenida Gabriela , que conecta Santa Rosa con avenida Vicuña Mackenna , donde no es necesario que llueva mucho para que esa vía se transforme en un verdadero mar, debido a que la ampliación de Santa Rosa no cuenta con ningún sistema de evacuación de aguas lluvias.

Entonces, cuando el artículo 1º del proyecto dice que “El Estado velará por que en las ciudades y en los centros poblados existan sistemas de evacuación y drenaje de aguas lluvias”, etcétera, ¿qué sentido tiene el vocablo “velará”?

De acuerdo al diccionario, “velar” significa “Cuidar solícitamente de una cosa”, “Observar atentamente una cosa”. Por lo tanto, cuando se dispone que el Estado velará, en realidad no se está diciendo nada. La ley es la manifestación de la voluntad soberana que, prescrita en la forma establecida por la Constitución, manda, prohíbe o permite. Velar no constituye ni un mandato, ni un permiso, ni una prohibición. En la práctica, es exactamente el mismo término que se usó en la ley Nº 19.418, sobre juntas de vecinos y organizaciones comunitarias, cuando se dice que “La municipalidad velará para que en cada unidad vecinal haya una sede social”. Así, cuando uno va donde el alcalde y le dice: “Señor, fíjese que en la Villa Real no hay sede social”, responde: “Bueno, si la ley dice que yo deberé velar. En consecuencia, estoy preocupado y velo cuidadosamente; pero la ley no me obliga”.

Entonces, si el artículo 1º de esta iniciativa no emplea un término imperativo, ¿de qué manera se pueden sentir obligados los urbanizadores?

Por otro lado, el artículo 2º transitorio, agregado por el Senado, dice que “No será exigible a los urbanizadores la construcción de colectores de aguas lluvias, mientras no se haya aprobado el plan maestro correspondiente al área en que se encuentra ubicado el terreno que será urbanizado, debiendo emplearse -no se señala a quién corresponde esa obligación- otro sistema de evacuación de aguas lluvias”. Así, el urbanizador podrá decir perfectamente que sólo le corresponde buscar un sistema de evacuación de aguas lluvias una vez que esté aprobado el plan maestro. A pesar de que el artículo 2º transitorio dice que mientras tanto deberá emplearse otro sistema, la obligación no se la impone a él, sino que puede ser al Serviu, al Ministerio de Obras Públicas o a cualquiera otra entidad. No está dicho en forma clara y precisa que aun cuando no se apruebe el plan maestro, la responsabilidad de buscar otro sistema de evacuación de aguas lluvias corresponderá de todas maneras a los urbanizadores.

Este proyecto puede crear grandes expectativas en mucha gente, pero no creo que resuelva en forma definitiva el problema, y menos aún la situación actual, porque legisla a futuro. Me habría gustado que, del mismo modo como en esta Cámara se legisló para situaciones pasadas respecto del proyecto de ley sobre divorcio, también se hiciera respecto de lo construido, porque los problemas de calles, avenidas y pasajes existentes son de este momento. En consecuencia, está muy bien que se legisle a futuro, pero, ¿cómo resolvemos el problema actual?

A pesar de nuestras aprensiones respecto de su resultado, en consideración a sus objetivos votaremos favorablemente el proyecto. En todo caso, pediré votación separada sobre el artículo 2º transitorio.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde votar el proyecto sobre colectores de aguas lluvias.

El Diputado señor Errázuriz solicitó votar en forma separada el artículo 2° transitorio.

Si le parece a la Sala, se votará el resto de las modificaciones en un solo acto y después el artículo 2° transitorio que propone el Senado.

Acordado.

En votación las modificaciones, excluido el artículo 2° transitorio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Bartolucci, Bayo, Cardemil, Coloma, Cornejo, Dupré, Encina, Fuentealba, Gajardo, García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Prochelle (doña Marina), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Salas, Schaulsohn, Seguel, Silva, Soria, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vilches, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- En votación el artículo 2º transitorio.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).- Aprobado.

Despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Bartolucci, Bayo, Cardemil, Coloma, Cornejo, Dupré, Encina, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Karelovic, Latorre, Leay, Longueira, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Salas, Schaulsohn, Seguel, Soria, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vilches, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

-Votó por la negativa el Diputado señor Rodríguez.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Álvarez-Salamanca yKuschel.

La señora SAA (Vicepresidenta).- 

A continuación corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que otorga una asignación y beneficios que indica a los funcionarios municipales.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior es el señor Zambrano, y de la de Hacienda, el señor Ortiz.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín N° 2086-06, sesión 39ª, en 8 de septiembre de 1997. Documentos de la Cuenta N° 1.

-Informes de las Comisiones de Gobierno Interior, y de la de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nos. 3 y 4, de esta sesión.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Solicito autorización de la Sala para que ingresen a ella los señores Eduardo Pérez , de la Subdere, y Juan Carlos Manosalva , de la Dirección de Presupuestos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El proyecto tiene urgencia, por lo que debemos despacharlo hoy.

Tiene la palabra el Diputado señor Zambrano.

El señor ZAMBRANO.-

Señora Presidenta , la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a informar sobre el proyecto de ley que otorga asignación y beneficios a los funcionarios municipales.

Durante el estudio de la iniciativa, la Comisión contó con la asistencia, aporte y colaboración de los funcionarios del Ministerio del Interior, señores Eduardo Pérez , asesor jurídico, y Nelson Drago , abogado del Departamento de Municipalidades; y de los representantes de la Asociación de Empleados Municipales de Chile, señores Oscar Yáñez , Miguel Ángel Gómez y Juan Camilo Bustamante .

El proyecto de ley se enmarca en el proceso de modernización de la gestión municipal, en cuanto asume como aspecto fundamental del mismo el reconocimiento y estímulo a la labor del personal que se desempeña en las distintas municipalidades del país, otorgándole algunas remuneraciones acordes con las responsabilidades que cumplen en sus respectivos cargos.

Quiero destacar que la presente iniciativa legal viene a plasmar uno de los contenidos principales del denominado “Acuerdo para la Modernización Municipal”, suscrito el 21 de marzo de este año por el Gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales, el que consta al final del informe que está en el escritorio de cada uno de los señores parlamentarios.

En efecto, los párrafos 1 y 2 del acápite “Incentivos para la Modernización” del aludido acuerdo, se refieren en términos idénticos a los beneficios que establece este proyecto en los artículos 1° y 3°, es decir, al derecho a una asignación mensual y a la jubilación en las condiciones que se detallan.

Por otra parte, en una perspectiva más amplia, tanto el mencionado acuerdo como el mensaje del proyecto dicen relación con el proyecto de reforma constitucional sobre administración comunal, despachado en segundo trámite constitucional por esta Comisión el pasado mes de julio, el cual, entre otras materias, consagra, en el nuevo artículo 110 propuesto, la facultad de los municipios de crear y suprimir empleos y fijar las remuneraciones de su personal.

Finalmente, la iniciativa legal patrocinada por el Ejecutivo sustenta, desde el punto de vista económico, el objetivo de modernización del sistema municipal que se propone en el proyecto de reforma a la ley orgánica constitucional de Municipalidades, en lo concerniente a la gestión de estas entidades de derecho público.

El artículo 62, inciso tercero, de la Carta Fundamental, en armonía con lo dispuesto en el artículo 60, números 2 y 14 de la misma, entrega al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con la administración financiera o presupuestaria del Estado.

A su vez, el número 4 del referido inciso del artículo 62, otorga también al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos que tienen por objeto fijar, modificar, conceder o aumentar las remuneraciones, rentas y cualquiera otra clase de emolumentos al personal de la Administración Pública, de las entidades semifiscales y de las municipalidades, norma también aplicable al presente caso.

Finalmente, y dando cumplimiento a lo señalado por el artículo 14 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional y el artículo 13 del Reglamento de esta Corporación, la iniciativa en análisis, junto con especificar el monto del aporte fiscal durante los años 1997 y 1998 para contribuir al financiamiento de los beneficios que en ella se establecen, señala que, en lo que respecta al actual ejercicio, dicho gasto, que asciende a 7.500 millones de pesos, se solventará con reasignaciones de recursos de la partida 50, Tesoro Público.

En armonía con lo señalado, la idea matriz del proyecto del Ejecutivo tiene por finalidad establecer una asignación especial permanente y conceder otros beneficios pecuniarios -que especifica- a los funcionarios municipales.

El artículo 1º crea una nueva asignación mensual imponible y tributable de cargo municipal, de carácter permanente y que se pagará con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1997, en favor de los funcionarios municipales que desempeñen cargos directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, por los montos que para cada caso se establecen.

El artículo 2º dispone una bonificación, pagadera por una sola vez, también de cargo municipal, cuyo monto, de 20 mil pesos, es idéntico para todos los funcionarios que señala el artículo 1º y que se encuentren en servicio a la fecha de publicación de la ley.

El artículo 3º consagra una indemnización especial, también de financiamiento municipal, compatible con la jubilación, equivalente a la última remuneración por cada año de servicios en la administración municipal, o fracción superior a seis meses, con un tope de seis años.

Su inciso segundo establece la facultad para que el alcalde, con acuerdo del concejo, estipule con los funcionarios que se acojan a jubilación, una indemnización suplementaria, la cual, en conjunto, no puede sobrepasar los años trabajados por el funcionario ni ser superior a once meses.

El artículo 4º preceptúa que los municipios que se encuentren excedidos en la restricción del gasto máximo en personal que disponen los cuerpos legales que se mencionan -artículo 1º de la ley Nº 18.294 y artículo 67 de la ley Nº 18.382-, no estarán obligados a ajustarse a tal restricción en razón de la aplicación de esta ley; pero, en todo caso, no podrán aumentar los márgenes de exceso.

El artículo 5º aclara que el financiamiento que irrogue el pago de estos beneficios será de cargo exclusivamente municipal, con la salvedad de lo que señala el artículo 6º, en el sentido de que el Fisco hará aportes especiales de 7.500 y 6.250 millones de pesos durante 1997 y 1998, respectivamente, para ayudar al financiamiento de dichos beneficios.

El artículo 7º establece que el mayor gasto que represente la aplicación de estos beneficios se financiará con cargo a asignaciones presupuestarias.

En la discusión particular en la Comisión de Gobierno Interior, el proyecto se aprobó por unanimidad y sólo se efectuó una modificación al artículo 3º, planteada mediante una indicación de seis señores diputados, para eliminar la expresión “cualesquiera de”, a fin de evitar una discriminación en el pago de la indemnización suplementaria a que podrán acceder los funcionarios municipales que jubilen, de manera que no se produzca la situación de que el alcalde o el concejo sólo lleguen a acuerdos con algunos funcionarios. Por eso, se establece la obligación de que la indemnización suplementaria se pague a todos los funcionarios que se acojan a jubilación durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley.

La Comisión estimó que no hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

Asimisimo, concluyó que todos los artículos debían ser conocidos por la Comisión de Hacienda, la cual los despachó ayer con algunas modificaciones que dará a conocer el Diputado informante , señor Ortiz .

En consecuencia, la Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Sala la aprobación del proyecto de ley.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda , señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto que otorga una asignación y beneficios que indica a los funcionarios municipales, el cual ingresó el 5 de septiembre del presente año a la Corporación, iniciativa originada en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República .

En las páginas 1 y 2 del informe figuran los nombres de las personas que asistieron a la Comisión.

El objetivo del proyecto es conceder al personal municipal diversos beneficios económicos que se enmarcan en la modernización del sistema municipal propuesto por el Gobierno, tanto en la reforma constitucional sobre administración comunal, que se ratificará el próximo sábado por el Congreso Pleno, como en el proyecto de reforma a la ley orgánica constitucional de Municipalidades, en actual tramitación en el honorable Senado.

Para la historia fidedigna de la ley, dejo constancia de que en el mensaje se consigna que la iniciativa, en cuanto beneficia a los funcionarios de las municipalidades, constituye un justo reconocimiento a la labor de dicho personal y, a su vez, un impulso a la acción de modernización de la gestión municipal. Por otra parte, se precisa que ella responde a los acuerdos entre la Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, y forma parte de los acuerdos alcanzados entre las entidades señaladas y el Gobierno en el ámbito de la modernización municipal.

Por eso, una vez más, está presente en la Sala nuestro brillante Ministro del Interior, don Carlos Figueroa.

Los representantes de la Asociación de Empleados Municipales de Chile manifestaron estar de acuerdo con la iniciativa en informe, así como con las indicaciones del Ejecutivo que perfeccionan el proyecto, que sólo llegaron ayer a la Comisión de Hacienda y fueron tratadas hasta su total despacho. Al respecto, quiero destacar el trabajo que realizan todas las comisiones de la Cámara.

La Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social consignó, en su informe, que la Comisión de Hacienda debía tomar conocimiento del proyecto en su totalidad.

En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

El artículo 1º establece una asignación mensual, imponible y tributable, de cargo municipal, con carácter permanente desde el 1º de enero de 1997, a favor de los funcionarios municipales que desempeñen cargos de directivos, profesionales, jefaturas, técnicos, administrativos y auxiliares, según los grados y montos que se indican.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 2º otorga un bono especial único, de cargo municipal, de 20 mil pesos, al personal de las municipalidades señalado en el artículo precedente que se encuentre en servicio, pagadero dentro del mes siguiente a la entrada en vigencia de la ley en tramitación.

El Ejecutivo formuló indicación para intercalar, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra “único”, las expresiones “no imponible ni tributable”, con el propósito de precisar que el referido bono tendrá tales características.

Puesto en votación el artículo con la indicación precedente, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 3º establece una indemnización equivalente a la última remuneración por cada año de servicio en la administración municipal, o fracción superior a seis meses, con un tope máximo de seis años, para los funcionarios municipales que se acogieren a jubilación durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la ley.

Por el inciso segundo se faculta al alcalde, previo acuerdo del concejo, para acordar una indemnización suplementaria, que en conjunto con la establecida en el inciso precedente no podrá sobrepasar los años de servicio prestados en la administración municipal, ni ser superior a once meses.

El número de eventuales beneficiarios sería alrededor de 2 mil funcionarios municipales.

En el día de ayer, el Ejecutivo formuló una indicación para reemplazar su inciso primero, por el siguiente:

“Artículo 3º.- Los funcionarios municipales que cumplan todos los requisitos para jubilar, siempre que no se trate de pensión o renta vitalicia anticipada, y que durante el período de seis meses, contado desde el primer día del mes siguiente a la fecha de publicación de esta ley, presenten su solicitud o expediente de jubilación, pensión o renta vitalicia en cualquier régimen previsional, tendrán derecho a una indemnización de cargo de la respectiva municipalidad, de un mes de la última remuneración devengada por cada año de servicios o fracción superior a seis meses prestados en la administración municipal, con un máximo de seis meses.”

El Diputado Montes, don Carlos , formuló indicación para reemplazar en el inciso segundo la expresión “acordar con” por “otor-gar a”, por razón de una mejor redacción.

También el Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente inciso tercero, nuevo:

“Estas indemnizaciones no serán imponibles ni constituirán renta para ningún efecto legal.”

Puesto en votación el artículo con las indicaciones precedentes, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 4º preceptúa que las municipalidades que se encuentren excedidas en la restricción del gasto máximo en personal -no olvidemos que ellas tienen un tope de 35 por ciento del rendimiento estimado de los ingresos que les correspondan, de acuerdo con la ley de Rentas Municipales-, no estarán obligadas a ajustarse a ella en razón de la aplicación del proyecto, pero no podrán aumentar los márgenes de exceso.

Puesto en votación el artículo, fue aprobado en forma unánime.

El artículo 5º precisa -tengo en mi escritorio el informe financiero firmado por el Director de Presupuestos- que el mayor gasto que irrogue el pago de los beneficios establecidos en el proyecto en informe durante los años 1997 y 1998, como su financiamiento a partir de 1999, será de cargo exclusivamente municipal.

Los diputados integrantes de la Comisión de Hacienda presentamos indicación para eliminar la frase “durante los años 1997 y 1998, como asimismo su total financiamiento a partir del año 1999”, pues era innecesaria en razón de que el informe financiero consigna los costos respectivos.

Puesto en votación el artículo con la indicación mencionada, fue aprobado por unanimidad.

El artículo 6º establece que el Fisco aportará al sistema municipal 7.500 millones de pesos durante el año 1997 y 6.250 millones de pesos en el año 1998, con cargo a la partida “Tesoro Público” de la ley de Presupuestos de la Nación de cada año, los cuales se distribuirán entre las municipalidades de acuerdo con los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, para los fines que señala.

El Ejecutivo formuló indicación para especificar la forma en que se repartirán los aportes fiscales durante los años 1997 y 1998, cuyo texto figura en las páginas 8 y 9 del informe.

En la Comisión se debatió la referencia, en este artículo, a la partida “Tesoro Público”. Se estimó que no contiene la especificidad con que en otras oportunidades se ha remitido la norma a la fuente de financiamiento del proyecto.

Puesto en votación el artículo 6º con las indicaciones mencionadas, fue aprobado por 7 votos a favor y 3 abstenciones.

El artículo 7º dispone que “el mayor gasto fiscal que represente la aplicación de la presente ley para el año 1997, se financiará -ratificado con la firma del Director de Presupuestos- con cargo a asignaciones del Presupuesto de la Nación”.

El Ejecutivo formuló indicación, ampliamente discutida en la Comisión de Hacienda, para reemplazar la palabra “asignaciones” por “reasignaciones”. Éste es un tema delicado y esperamos que no afecte a programas sociales o a servicios de importancia para el país.

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

El artículo 7º se aprobó por 8 votos a favor y 1 abstención.

En nombre de la Comisión de Hacienda, solicito la aprobación del proyecto, producto del acuerdo entre todos los actores involucrados.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

En discusión general y particular el proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señora Presidenta , el proyecto en estudio favorece a los funcionarios municipales no sólo en lo inmediato, puesto que en el artículo 1º establece una asignación mensual de 19 mil pesos para los funcionarios que están en los grados 12º al 20º; de 11.500 pesos para los que están en los grados 6º al 11º, y de 10 mil pesos para los que están en los grados 3º al 5º.

¿Qué me preocupa en relación con esta iniciativa?

En la Comisión de Gobierno Interior siempre hemos estado interesados en evitar que se imponga a los municipios, directa o indirectamente, gastos que no están en condiciones de absorber.

En el artículo 6º se señala que para los efectos de contribuir al financiamiento de la indemnización para los funcionarios que se acojan a jubilación dentro de seis meses, el Fisco aportará al sistema municipal 7.500 millones de pesos durante 1997, y 6.250 millones, en 1998.

La primera observación radica en que estos recursos no se asignarán de acuerdo con el número de trabajadores que efectivamente jubilen, sino en relación con los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal.

Cuando planteé hace algunos minutos esta materia al Ministro del Interior -pre-sente en la Sala-, me dijo que en la Comisión de Hacienda se aprobó una indicación del Ejecutivo que agrega al artículo una letra b), por la cual se entregarán 2.000 millones de pesos durante 1997 y 1.500 millones durante 1998, mediante transferencia directa, a las municipalidades que no alcancen a cubrir los beneficios otorgados en el proyecto.

Me pregunto: ¿No es más lógico establecer en la ley un mecanismo en que el dinero, que alcanza perfectamente para pagar las indemnizaciones de todos los trabajadores que jubilen, se asigne a cada municipio en relación con el número de personas, en vez de distribuirlo de acuerdo con el coeficiente del Fondo Común Municipal y tener en el bolsillo 2.000 millones de pesos para asignarlos a las municipalidades que queden con déficit?

Por ejemplo, con esta fórmula, a la Municipalidad de Santiago se le produce un ingreso de 50 millones de pesos y un déficit de 450 millones. Hace cuatro minutos conversé al respecto con el Alcalde de Santiago, don Jaime Ravinet .

En aproximadamente 50 municipalidades, se produce un déficit de casi 3 mil millones de pesos, el cual naturalmente no se alcanza a cubrir con los 2 mil millones de pesos que incluyó Hacienda en la letra b) del artículo 6º.

Entonces, ésta es mi primera gran pregunta o duda: ¿Por qué no se establece la asignación a las municipalidades en relación con el número de trabajadores que efectivamente jubilen? El cálculo, en términos globales, está bien hecho. Efectivamente, son 7.500 millones de pesos durante 1997, y 6.250 en 1998; pero más lógico que asignarlo de acuerdo con los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, es repartir esos recursos a cada municipalidad, de acuerdo con el número de trabajadores que jubilen. Lo que ocurre es que nos estamos acostumbrando a que la ley -lo hemos visto en educación y para qué hablar de lo que sucede en materia de salud-, día a día, les va imponiendo nuevas obligaciones a las municipalidades.

La señora SAA ( Vicepresidenta ).-

Señor diputado , ha terminado el tiempo de su primer discurso. Tiene derecho a cinco minutos más.

El señor ERRÁZURIZ.-

Muchas gracias.

Por eso, Renovación Nacional está de acuerdo con la idea de legislar, aun cuando vamos a presentar indicación al artículo 6º, de modo que la asignación se haga de conformidad con los trabajadores que efectivamente jubilen en cada municipio y no a través de los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, forma indirecta de ayudar económicamente a las municipalidades de menores ingresos, en perjuicio de las demás.

Si se quiere ayudar a los municipios de menores ingresos, como sucede con Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo, que se busque una forma directa y no indirecta como ésta.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma.

El señor TUMA.-

Señora Presidenta , el proyecto que nos ocupa es parte de lo que pretende el país en materia de la modernización de las instituciones del Estado.

Los municipios son la cara del Estado más cercana a la gente. Una de las demandas más sentidas de la población es recibir una atención eficiente por parte de los funcionarios municipales, quienes, muchas veces, se ven impedidos de desempeñar adecuadamente su función, porque carecen del incentivo que significa una buena remuneración.

Este proyecto constituye un sustento económico para cumplir el objetivo de modernización en que está empeñado el país en materia municipal.

En el presupuesto destinado a los municipios se consignan una asignación especial permanente y otros beneficios pecuniarios para dichos funcionarios, con carácter retroactivo, a contar del 1º de enero de 1997; además, se concede un bono especial de 20 mil pesos, por una sola vez, para todos los funcionarios. Es importante destacar que la asignación especial que concede 10 mil pesos a los grados 3° al 5°, 11.500 pesos a los grados 6° al 11° y de 19.000 pesos a los grados 12° al 20°, significa un incremento sustancial para los grados más bajos, pues recibirán un aumento del 20 por ciento en sus remuneraciones.

Con este proyecto, se da un paso importante en el mejoramiento de las condiciones laborales y de remuneraciones de los trabajadores municipales; se cumple un acuerdo entre el Gobierno, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile, y se logra un avance sustantivo en la modernización y aspiraciones de los funcionarios municipales.

Debemos señalar la forma de distribución del aporte fiscal a los municipios:

Desde luego, cada municipalidad financiará con sus propios recursos estos beneficios, aun cuando recibirán 7.500 millones en 1997 y 6.250 millones en 1988, montos que repartirán entre las municipalidades de acuerdo con los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, sistema que, a nuestro juicio, es el mejor que se pudo escoger para distribuir este aporte del Fisco, porque permite mejorar la participación, en este reparto, de los municipios más pobres y con menos funcionarios.

Aun cuando no está resuelto el problema de que los municipios más pobres deberían seguir aumentando su participación en la distribución, estimo que éste es un gran paso, por lo que estimo equivocada la posición del Diputado señor Errázuriz , de distribuir los fondos sólo considerando el número de funcionarios, ya que es más adecuado hacerlo de acuerdo con los coeficientes de distribución del Fondo Común Municipal, porque se benefician los municipios más pobres.

La bancada del Partido por la Democracia respaldará estusiastamente el proyecto, primero, porque está patrocinado por la Asociación Chilena de Municipalidades y por la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales; segundo, por tener el más íntimo convencimiento de que esta iniciativa avanza en la modernización, lo que permitirá mayor eficiencia al servicio de la gente, y tercero, porque creemos que el sistema establecido para distribuir los recursos municipales posibilitará un mejor y más justo reparto de los mismos.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Homero Gutiérrez .

El señor GUTIÉRREZ.-

Señora Presidenta , éste es un proyecto muy importante, porque viene a hacer justicia a un vasto sector de trabajadores, como son los funcionarios administrativos, profesionales y auxiliares de las 341 municipalidades del país. Además, es el resultado de múltiples gestiones realizadas por los propios organismos gremiales y representantes del Gobierno. En estas negociaciones, que se prolongaron por más de un año, han estado presentes los múltiples temas que cruzan el quehacer municipal: las reformas constitucionales, particularmente el nuevo artículo 110 de la Constitución; la nueva ley orgánica municipal, y el mejoramiento de las remuneraciones de este personal. Todo ello, en el gran marco de lo que llamamos hoy “la modernización de la gestión municipal”.

Este proyecto toca el tema de las remuneraciones, quizás uno de los más importantes, porque no hay duda de que si se quiere tener un servicio eficiente, con mejor gestión, entregado de lleno a planificar el desarrollo de la comuna y destinado a servir a las organizaciones sociales, se debe remunerar de la mejor forma posible a estos funcionarios, que están más cerca de la gente y que atienden sus problemas urgentes y reales.

El proyecto no hace otra cosa que cumplir con los compromisos suscritos el 21 de marzo entre la Asociación Chilena de Municipalidades, la Confederación Nacional de Funcionarios Municipales de Chile y el propio Gobierno, en el acuerdo para la modernización municipal. En este documento se contemplan los acuerdos institucionales, entre los cuales está el nuevo artículo 110 de la Constitución Política, ya mencionado, que faculta a las municipalidades para crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones; el compromiso de una ley que regule el mecanismo de aplicación de las nuevas facultades, y modificaciones al Estatuto Administrativo de los funcionarios municipales.

También se encuentran en el documento los incentivos para la modernización. Como se ha señalado, los números 1 y 2 del referido acuerdo están recogidos totalmente en el presente proyecto, que contiene los tres aspectos fundamentales acordados:

Primero, una asignación especial o de modernización, que va desde 10 mil a 19 mil pesos, a contar del 1º de enero del presente año.

Segundo, un bono de 20 mil pesos, parejo para todos.

Tercero, un sistema de jubilación, con indemnización de entre seis y once meses, como tope.

En cada uno de los puntos de este acuerdo se ha contado con la aprobación de las asociaciones gremiales, de tal manera que no hay discrepancia alguna en estos momentos. Creemos que se está dando un paso importantísimo para continuar avanzando en el proceso de mejoramiento de la gestión municipal.

Por ello, vamos a apoyar este excelente proyecto con mucha fuerza y alegría, porque sabemos que es un paso muy importante para el desarrollo de las municipalidades, para la tranquilidad de los funcionarios y, principalmente, porque con él se está dando un impulso, un incentivo, como dice el acuerdo, para una mejor atención a la gente, principal función que cumplen las municipalidades.

He dicho.

La señora PROCHELLE (Vicepresiden-ta).-

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra la honorable Diputada señora María Antonieta Saa.

La señora SAA .-

Señora Presidenta , quiero hablar en esta oportunidad no sólo como diputada , sino también como ex alcaldesa.

Pienso que este proyecto, dentro del marco del acuerdo para la modernización municipal, reconoce al trabajador municipal. Los funcionarios municipales y los municipios, como han dicho otros colegas, son las entidades más cercanas a la gente. Los pasos que se han ido dando para modernizar estas instituciones que tienen contacto directo con los ciudadanos de las comunas, son pasos tremendamente importantes. El hecho mismo de que el proyecto de reforma constitucional posibilite a los municipios fijar la planta que necesitan, dentro de un contexto de acuerdo, constituye también un paso fundamental para la modernización.

Asimismo, el hecho de regular las nuevas facultades municipales, consagradas en el artículo 110 de la Constitución, sobre la base de un plan de desarrollo comunal, de la vigencia de una política de recursos humanos en el contexto de dicho plan y de la consulta reglada e informada respecto del estamento funcionario organizado, me parecen medidas fundamentales que otorgan al funcionario un importante papel de participación en este trabajo tan necesario y cercano a la gente, donde se requieren personas absolutamente comprometidas con el servicio público.

Conociendo a los funcionarios municipales a través de mi labor de ex alcaldesa, creo que este incentivo para la modernización, que hoy votaremos, importa un elemento de justicia para todos ellos. No me cabe duda de que en este proceso de modernización de los municipios, sus funcionarios serán un elemento fundamental para que sean entidades de servicio público a nivel comunal, cercanos a la gente, requisito necesario e importante para la democratización de nuestra sociedad.

Reitero que estamos dando pasos importantes y, con mucha alegría, anuncio el voto favorable de mi bancada al proyecto.

He dicho.

La señora PROCHELLE (Vicepresiden-ta).-

En el turno del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA .-

Señora Presidenta , más que referirme a los aspectos técnicos del proyecto, vastamente expuestos por diversos diputados, quienes han señalado las mejoras concretas que representa para los funcionarios municipales, quisiera hacer resaltar la voluntad y el esfuerzo del Gobierno por participar en este acuerdo que no sólo mejora las rentas mediante un bono otorgado por una vez y otro permanente, y facilita la jubilación de dichos funcionarios, sino que además forma parte de un conjunto de iniciativas que tienden a mejorar la gestión municipal. En ese contexto, la Cámara aprobó las modificaciones a la ley orgánica de municipalidades y el próximo sábado esperamos aprobar la reforma constitucional que entrega autonomía a los municipios para poder manejar sus plantas. Sin embargo, dicha autonomía debía compatibilizarse con el resguardo de la estabilidad funcionaria y con algunos de sus beneficios.

Por ello, el proyecto es tremendamente importante, por cuanto hace realidad un acuerdo en el que ha participado el Gobierno, pero, fundamentalmente, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Funcionarios Municipales.

Una vez que aprobemos la reforma constitucional, todavía quedará por analizar otro proyecto sobre beneficios de indemnización, con un tope de 11 años, cuando por razones de adecuación de planta, de cesación de sus cargos, deban salir del municipio, aspiración que recoge el acuerdo que firmaron.

Quiero felicitar al Gobierno por la promoción de ese acuerdo, por cumplir con su compromiso de enviar el proyecto y espero que el sábado próximo aprobemos la reforma constitucional, porque estamos en el camino de modernizar la gestión municipal, de acercarla a la gente y de hacerla ágil para responder a los problemas reales de la ciudadanía a lo largo del país.

He dicho.

La señora PROCHELLE (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Ulloa .

El señor ULLOA .-

Señora Presidenta , sin duda que este proyecto era esperado por los funcionarios municipales. Ellos, que a lo largo del país trabajan en forma tesonera por entregar un mejor servicio a la comunidad y por construir el gobierno de la comuna sobre la base de una buena prestación, necesitan respuestas más apropiadas no sólo de parte del Estado, sino de toda la comunidad.

En ese sentido, a nuestro juicio, es importante destacar que el mejoramiento, la asignación mensual imponible y tributable que se señala en el proyecto, si bien es beneficiosa, es claramente insuficiente.

Es cierto que los artículos 2 y 3 conceden, por una sola vez, un bono especial y único al personal que se encuentre en servicio; además hay la posibilidad de mejorar la indemnización, durante seis meses después de dictada la ley, a los funcionarios que estén en condiciones de jubilar. Son buenos incentivos, pero -repito-, insuficientes, porque en la práctica nos encontramos con que en los municipios existe una preparación, una verdadera escuela de trabajo, de servicio público y sus funcionarios son rápidamente tentados por la empresa privada, donde duplican, triplican y, muchas veces, cuadruplican los montos económicos que perciben por sus trabajos.

Por esa razón, cualquier mejoramiento a nivel municipal debe tener directa relación con la eficiencia del trabajo que se hace, y por eso pedimos al Ministro del Interior , presente en la Sala, que califique con carácter de urgente el proyecto de ley orgánica constitucional de municipalidades que está con modificaciones en el Senado. Esta materia es muy relevante y una iniciativa que tiende a entregar un beneficio económico insuficiente, escaso y bajo como éste, si bien es una buena señal, claramente significa que tenemos un problema pendiente en el trabajo municipal y que dice relación no sólo con la búsqueda de su eficiencia, sino, fundamentalmente, con la entrega del Estado a quienes dedican su esfuerzo y trabajo en cada una de las comunas de nuestro país.

Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Leay.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay.

El señor LEAY.-

Señor Presidente , quiero iniciar mi intervención felicitando a la Asociación de Empleados Municipales por el trabajo realizado y los logros obtenidos. Me parece que los dos o tres años de trabajo entre la asociación y el Ministerio del Interior se han materializado en cosas concretas que, obviamente, benefician a los empleados municipales y, en general, a la población, porque la política social del Estado se canaliza a través de los municipios. Asimismo, las condiciones dignas de trabajo y de remuneraciones de su personal beneficiarán a todas las personas a las cuales diariamente atienden a lo largo del país.

Sólo quería concordar con lo señalado por el Diputado señor Ulloa en cuanto a apoyar a los empleados municipales en materias remuneracionales. Sin duda, queda mucho por avanzar, porque sus remuneraciones siguen siendo pequeñas y hay que hacer un esfuerzo mayor. Por lo menos, la bancada de la UDI está en condiciones de apoyar todo proyecto que privilegie el hecho de que en municipios haya rentas dignas que permitan beneficiar y retribuir efectivamente a sus funcionarios.

Sin embargo, la indemnización suplementaria que se indica en el inciso segundo del artículo 3º, que me parece importante, creará discriminación entre empleados de unos u otros municipios. Puede haber algunos, como el de Santiago, que cuenten con los recursos, y podrá prolongar dicha indemnización por más de los seis meses señalados en el inciso primero del artículo 3º; pero otros más pobres, como los de Recoleta o de Independencia, no podrán hacerlo por falta de fondos suficientes. Entonces, dependiendo de los municipios en que trabajan, habrá funcionarios de primera o de segunda categoría, lo cual constituye una discriminación con cierta arbitrariedad que me gustaría que el Estado analizara. Ojalá que existan recursos para evitar esa situación, porque todos trabajan y se entregan de la misma forma en los distintos municipios del país.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Hay siete diputados inscritos y sólo restan tres minutos. Por lo tanto, según el acuerdo tradicional, quienes no alcancen a intervenir podrán insertar sus discursos.

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.

El señor VILCHES .-

Señor Presidente , la iniciativa es muy loable y permite hacer justicia a los trabajadores municipales que normalmente han quedado un poco en el olvido. La Asociación de Funcionarios Municipales ha permitido, con su organización, llegar a un buen acuerdo, porque accederá a una asignación y ayuda en materia de remuneraciones.

Pero, también quiero solicitar al Ministro señor Carlos Figueroa , que siempre ha mostrado una sensibilidad muy alta respecto de los trabajadores, la posibilidad de modificar el artículo 3º, inciso primero, que señala que los funcionarios que se acogieren a jubilación durante los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley tendrán derecho a una indemnización equivalente a la última remuneración por cada año de servicios en la administración municipal, o fracción superior a seis meses, con un tope máximo de seis años, de financiamiento municipal. Ello significará que quedará sujeta a la decisión del alcalde y de su concejo la posibilidad de alcanzar el tope de 11 meses que tienen todos los trabajadores del país.

No me referiré a sectores que tienen una indemnización equivalente a un mes por año de servicio, beneficio que han ganado a través del tiempo. Pero, para hacer justicia a los trabajadores municipales, el proyecto debería contemplar financiamiento para una indemnización con un tope de once meses.

De esa manera, se evitaría la discriminación, una situación bastante engorrosa y compleja, por no decir sectaria, y que sólo los elegidos por el alcalde y el concejo sean beneficiados al jubilar con una indemnización con un tope de once meses.

Por lo tanto, solicito al señor Ministro que presente la indicación del caso, pues no está dentro de nuestras facultades hacerlo. Así, el proyecto será acorde con lo logrado por otros sectores y se hará justicia a los trabajadores municipales.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por una cuestión de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Longueira .

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Hacienda, quiero precisar un punto para que no haya confusión.

La redacción del artículo 3° es clara y no admite arbitrariedad, ni del alcalde ni del concejo.

Por ejemplo, si veinte personas de un determinado municipio desean voluntariamente acogerse a jubilación, a las veinte debe dárseles idéntico beneficio; no puede ser equivalente a meses distintos. Es importante aclarar esto.

El señor BAYO .-

Señor Presidente , deseo, en primer lugar, refrendar lo ya expresado en esta Sala acerca de votar favorablemente en general este proyecto que beneficia a los funcionarios municipales, otorgándoles una asignación mensual imponible y otros beneficios que muchos esperan.

Sin embargo, deseo hacer dos reflexiones que me interesa queden para la historia fidedigna de esta ley.

La primera es en relación con el artículo 4º, que consigna que la municipalidad que se encuentre excedida en la restricción del gasto máximo en personal dispuesto en el artículo 1º de la Ley Nº 18.294, no podrá excederse nuevamente. Este límite es del 35 por ciento del personal municipal y, por ello, ningún municipio podrá estar actualmente destinando más de ese porcentaje a gasto de personal. En la forma en que está redactado el artículo 4º, se acepta, legalizándolo, un exceso que es ilegal.

La segunda es la inquietud frente al uso que hagan los municipios más pequeños de los mayores recursos con que contarán por medio de esta ley. Hago un llamado a que ellos sean bien usados, beneficiando a los buenos funcionarios hoy existentes, y a que no se transformen en recursos destinados a satisfacer demandas electorales.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación general el proyecto de ley que otorga una asignación y beneficios que indica a los funcionarios municipales.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 56 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Álvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Bartolucci, Bayo, Cardemil, Coloma, Cornejo, Dupré, Encina, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, Letelier (don Felipe), Longueira, Luksic, Martínez (don Gutenberg), Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pizarro, Prochelle (doña Marina), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Salas, Schaulsohn, Seguel, Soria, Sota, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Vilches, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.