Labor Parlamentaria

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en tercer trámite constitucional, que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Ortiz .

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín

Nº 1374-05, sesión 29ª, en 27 de agosto de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 4.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, sobre protección de la vida privada. Esta iniciativa, iniciada en moción, ya fue informada y sólo resta proseguir su debate.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta .

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el proyecto en examen trata de establecer algunas normas para proteger el derecho a la intimidad y a la privacidad garantizado en la Constitución Política. Tiene una finalidad específica relativa a un avance tecnológico como es la informática, la computación y los datos que se pueden recoger, almacenar, procesar y difundir en relación con la vida o las circunstancias personales de hombres y mujeres de una sociedad.

El proyecto, que viene del Senado, fue sustancialmente modificado en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, pasando a ser una normativa que trata de proteger los datos personales a través de las llamadas bases de datos.

Según varios autores, estas leyes de protección de datos personales deben cumplir a lo menos determinados requisitos. Es menester, desde luego, regular la recolección de datos nominativos, estableciéndose cuáles tienen el carácter de público, porque relacionan a las personas con el resto de los individuos o grupo social, y cuáles el de privado, por cuanto afectan a la persona misma y en su conexión con su núcleo básico.

En segundo lugar, debe garantizarse el derecho de toda persona natural o jurídica a usar esta herramienta de que le provee la tecnología, con ciertas limitantes. Entre éstas, los datos nominativos o personales deben tener una limitación legal. También debe establecerse un tipo de procedimiento, previa autorización o registro, para la constitución de archivo de datos de tal carácter. En lugar de una libertad informática absoluta, se opta por el principio del control y registro, en cuya virtud el Estado debe tener el derecho a autorizar los archivos que se creen y a llevar la supervigilancia administrativa de los mismos.

Otro principio del proyecto es el relativo a la calidad y confiabilidad de los datos. La normativa debe consagrar el derecho de acceso de los sujetos a la información, de manera que la persona que figure en ese banco de datos, al tener ese acceso, le está confiriendo calidad y confiabilidad a los datos o hechos de que da cuenta.

Respecto del uso, también hay que fijar en la ley como lo hace el proyecto la forma en que se utilizarán estos datos.

Otro principio es garantizar la seguridad de la información, para lo cual deben adoptarse medidas técnicas y de tutela. En este sentido, el proyecto sólo contiene una norma de procedimiento para reclamar indemnizaciones civiles por daños morales que se produzcan. Sin embargo, se puede ejercer un número determinado de derechos respecto de las distintas situaciones que se presentan. Por ejemplo, si alguien sabe que en un banco de datos existe un hecho errado, puede reclamar para que se suprima, modifique o corrija; pero en el proyecto no quedó establecido un procedimiento para ejercer ese derecho.

Por eso, voy a presentar una indicación para que no sólo la acción civil tendiente a procurar la indemnización correspondiente tenga un procedimiento, sino también el ejercicio de los derechos que el proyecto plantea en caso de conflicto.

También es necesario como principio así lo señalan algunos autores, definir las responsabilidades de los administradores de la información por el manejo indebido de los datos nominativos.

Por último, cuando la seguridad de estos datos sea vulnerada por actos ilícitos, nacerá la obligación de reparar el daño para quien lo haya ocasionado dolosa o culpablemente.

Éstos son los principios básicos que establecen los autores para que un proyecto de esta naturaleza sea completo, global y, en consecuencia, tenga una auténtica validez.

Como dije al comienzo, el proyecto, no aborda los llamados derechos o atributos de la personalidad. ¿Qué pasa, entonces, con el derecho a la imagen, a la voz, a la libertad personal, a la llamada vida íntima? Estas cuestiones están analizadas en el proyecto sólo desde el punto de vista informático, desde el momento en que se recogen con esta técnica moderna, pero no hay disposición alguna que proteja los derechos de la personalidad.

Cabe señalar que la Constitución Política de la República establece como garantía constitucional el respeto a la protección de la vida privada de la persona y de su familia, y que en los pactos internacionales también está establecido este derecho. Desde luego, está consignado en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, aprobada en 1948 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice: “Nadie será objeto de intromisión arbitraria ni en su vida privada ni en su familia, domicilio o correspondencia, ni de atentado a su honor o reputación. Toda persona tiene derecho a protección legal contra tales injerencias o ataques”.

El artículo 17 del pacto internacional relativo a los derechos civiles y políticos, suscrito también por Chile, establece una disposición semejante. La Convención Europea de los Derechos del Hombre, de 1950, efectuada en Roma, establece que toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar.

Sin embargo, en nuestro país los bancos de datos han surgido de facto. Es el caso de Dicom, que, por si no lo saben los señores parlamentarios, ofrece más de cien servicios a los que se puede acceder dando el RUT u otros datos de una persona. De ese modo, se pueden conocer las circunstancias personales de cualquier individuo: boletín de protestos, sistema consolidado de morosidad, impedimento de abrir cuenta corriente, protestos y moras, boletín laboral y previsional, multas impagas, deudores de consumo, registro de direcciones, comercio exterior, directorio de empresas y de personas, verificación de domicilio y de trabajo, situación tributaria, avalúo de bienes raíces, indicador de consultas comerciales, inversión publicitaria, etcétera. Ésta es la primera página de alrededor de una docena, donde se ofrecen distintos servicios que configuran, completa y detalladamente, las actividades económicas, tributarias, laborales u otra circunstancia de tipo personal.

No me cabe la menor duda de que si seguimos en este camino de facto y no tenemos una legislación al respecto, como existe en otros países de hecho ya se está produciendo existirán bancos de datos de tipo médico, los que contendrán datos personales de quienes recurren a esos servicios, anotados en fichas y luego traspasados a estos medios informáticos. De ese modo, las entidades previsionales o los institutos de salud, como Fonasa y otros, también llevarán un registro sobre la situación personal de cada individuo de nuestro país. Actualmente, eso no tiene ninguna regulación.

Por esa razón, se ha presentado este proyecto moderno, inspirado en normas de las legislaciones española y alemana, el cual también fue fruto de una iniciativa formulada en la Cámara Alta por el Senador señor Cantuarias , que como señalé anteriormente se refiere asimismo a la protección de los derechos de la personalidad.

Quiero volver a insistir sobre este punto, porque tal vez dentro de las disposiciones generales o en algún párrafo debería establecerse la protección de los derechos de la personalidad, como la imagen, la voz y otros que la legislación contemporánea ha contextualizado y diseñado en diversas legislaciones.

También presentaré indicaciones respecto del inciso primero del artículo 1º, que señala que toda persona tiene derecho a recolectar, procesar, custodiar y transferir datos. Aquí debería emplearse la expresión verbal “almacenar”, porque ésa es la esencia del banco de datos. En seguida, habría que agregar que la finalidad de esos bancos de datos es la transmisión o difusión pública de la información que poseen en la forma y casos determinados por la ley. Es necesario incluir esas dos ideas en el artículo 1º, para lo cual presentaré las indicaciones respectivas.

En una iniciativa de ley del Diputado señor Viera-Gallo se establecieron ciertas sanciones penales para quienes cometían actos ilícitos relacionados con el mal uso de la informática. En este proyecto también se propone que las acciones penales se regirán por las normas generales. Tal vez, deberíamos haber perfeccionado la ley anterior y haber establecido otras sanciones penales para las distintas figuras en caso de que se usen, falseen o manipulen datos por parte de terceros.

En relación con esta materia, en el período legislativo pasado remití al Ejecutivo porque a él le correspondía patrocinarla una iniciativa relativa a la creación en Chile de un banco de datos genéticos, que ahora también podría quedar reglamentado, puesto que el artículo 6º de este proyecto hace una distinción entre los datos de tipo privado y los manejados por el Estado para el cumplimiento de ciertas tareas.

En Argentina existe una ley de base de datos genéticos en virtud de la cual se determina la identificación y todas las acciones relativas a la filiación, como el reconocimiento de paternidad o maternidad, materias que actualmente en nuestro país recoge el proyecto sobre filiación que se encuentra en el Senado de la República.

Como dije, este proyecto es moderno, llena una necesidad imperiosa de nuestro tiempo y tiene un alcance de mucha importancia para la futura vida de las personas.

En consecuencia, votaré favorablemente la idea de legislar y presentaré las indicaciones señaladas.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, suscribo todo lo dicho por el Diputado señor Elgueta , quien ha interpretado muy bien el sentido de este proyecto.

Quiero aprovechar esta ocasión después de haber rendido el informe respectivo solamente para ilustrar a la Sala de qué estamos hablando.

Aquí hay dos cosas. Por un lado, los datos que tienen de nosotros las reparticiones públicas, a los cuales en muchos casos el ciudadano común no tiene acceso. Por ejemplo, no sabemos qué información posee el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio de Registro Civil o mañana el Ministerio de Vivienda, para no hablar de los que puede tener Investigaciones u otros organismos públicos.

Pero también hay empresas privadas cuyo negocio es almacenar, procesar, cruzar y vender información personal. Tal como ha dicho el Diputado señor Elgueta hay varias empresas de este tipo, de las cuales la más importante es Dicom. Cualquiera persona, a través de Telex-Chile que funciona en el primer piso de la Cámara, puede pedir la ficha de cada ciudadano.

Para comprobarlo, realizamos la experiencia. Por ejemplo, aquí tengo las fichas de Jaime Estévez, Presidente de la Cámara de Diputados, de los Senadores Núñez y Ominami , y la mía.

¿Qué datos contienen estas fichas? En primer lugar, una enumeración de las propiedades de las personas, con sus avalúos y direcciones. Es decir, con sólo pagar a Dicom, cualquier ciudadano puede saber cuántas propiedades tiene determinada persona.

En segundo lugar, la situación tributaria, en especial si hay juicios tributarios pendientes.

En tercer lugar, las causas no tributarias pendientes, con la siguiente anotación: Estos datos han sido extractados de los libros de ingresos de causas de los respectivos juzgados. No se informa el RUT de las partes por no constar en los libros, no se indica estado procesal o si la causa aún está vigente. El uso de esta información es de exclusiva responsabilidad del usuario, ya que es de carácter reservado. Curiosamente, es tan poco reservado, que se puede comprar y saber si una persona tiene causas pendientes.

Después, aparecen las sociedades en que participa la persona y el nombre de sus socios.

Por último, el boletín laboral y previsional.

Es decir, aquí tenemos un registro bastante completo de la situación patrimonial y comercial de cada ciudadano, procesado por una empresa existen muchas otras, sin nuestra autorización, y vendido por ella. Para tener este informe hay que pagar 12.000 pesos y se puede obtener en Chile y en el extranjero.

Aparte de que esto parece improcedente me referiré a ello más adelante, hay otra situación anómala que verificamos con el Diputado señor Luis Valentín Ferrada : determinadas personas tienen bloqueadas sus fichas. Como estoy cierto de que ellas no han solicitado estar bloqueadas, sino que lo ha hecho la empresa, no tengo ningún problema en nombrarlas.

Por ejemplo, no pudimos conocer las propiedades, juicios pendientes ni nada del Diputado señor Iván Moreira , porque su hoja dice que para eso necesitamos estar en una condición determinada, llamada ASRA en programa TSVA12, para lo cual dice en inglés: “You must sign or have the right segurity level”. O sea, se tiene un nivel de seguridad especial.

También es el caso de los Senadores Sergio Fernández , Ronald Mc-Intyre , Orlando Cantuarias curiosamente, es el autor del proyecto, y por eso estoy seguro de que no buscó esta situación, sino que lo impuso la empresa en forma arbitraria, Sergio Romero , de los Diputados Hurtado , Leay , y con toda seguridad, podríamos continuar, porque no pedimos la ficha de todos los parlamentarios. Es decir, esta empresa, en forma discriminatoria, sólo entrega la ficha de personas como el Senador Ominami , Jaime Estévez , Presidente de la Cámara; Valentín Ferrada , y del que habla, y niega la de otros, lo que, de por sí, resulta extremadamente arbitrario.

Ahora, en esta materia, ¿cuál es el punto? Al respecto, es muy prudente lo expresado por el Diputado señor Elgueta , en el sentido de que el proyecto debería volver a comisión.

En primer lugar, alguna información comercial debe ser pública, para el buen funcionamiento de la economía. Tradicionalmente en Chile, ella tiene que ver con los protestos de letras y cheques. Según un decreto de 1988, debe mantenerse sólo por cinco años, o desaparecer del boletín cuando la persona ha pagado la letra o el cheque protestado. Sin embargo, en nuestra práctica comercial existe el boletín histórico: cuando una persona paga un documento protestado, no obstante haber transcurrido cinco años, la información no se borra, sino que va a dicho boletín, el cual se vende Dicom también lo hace. De manera que lo que aparece en él, por ejemplo, es lo siguiente: hace siete años tal persona tuvo una letra protestada que posteriormente pagó; no obstante, figura la información de la situación irregular. Eso debe terminar; debemos ponernos de acuerdo en un plazo razonable puede ser de cinco años transcurrido el cual no debe aparecer más el problema descrito.

En segundo lugar, de toda la información de que dispone Dicom , es procedente que entregue alguna, como los protestos, pero no toda. No parece razonable que la situación patrimonial relativa a bienes raíces o los juicios pendientes de una persona, por ejemplo de familia o de otra índole, aparezcan en una ficha que puede ser comprada por cualquier ciudadano.

Esta situación ha llevado a que hoy en el país sólo un millón de personas tengan cuenta corriente; gran parte de los cuatro millones de personas activas que podrían tenerlas están imposibilitadas de lograrlo debido a esos boletines. Los bancos no abren cuenta corriente a quien se le protestó un cheque en determinada fecha, tuvo un juicio de tal naturaleza o un problema similar. Como todos sabemos, en 1982 hubo una crisis económica muy grande, y un porcentaje muy alto de personas vivió ese tipo de problemas. Precisamente debido al abuso de la información que se comercializa, muchas de ellas no pueden abrir cuenta corriente. Esto también influye en la posibilidad de obtener trabajo. Si alguien se presenta ante un empleador y le dice que tiene pendiente un juicio por alimentos, a lo mejor éste no lo va a contratar.

De manera que todo esto requiere regulación. No cabe duda de que no se trata de impedir que circule la información económica necesaria para que la economía de mercado pueda funcionar. Sin embargo, los datos que corresponden a la vida privada de las personas tampoco pueden ser objeto de transacción comercial y de ganancias de las distintas empresas que compiten en este rubro.

Nosotros tuvimos una entrevista con representantes de Dicom, quienes nos manifestaron que están dispuestos a venir a la comisión, a fin de explicar la situación anómala que he planteado les sorprendió, pero aquí están los papeles que no permiten desmentirla y de hacer sugerencias tendremos que evaluarlas sobre la forma de regular adecuadamente la situación.

En ese sentido, el proyecto reitero que tuvo su origen en una moción del Senador señor Cantuarias y fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la comisión tiene una enorme importancia para la vida del ciudadano común y corriente, y para el buen funcionamiento de la democracia y de la economía del país.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada .

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, como ya fue destacado, el proyecto, en su actual estado, emana del trabajo conjunto de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara. Sin embargo, al Diputado señor Viera-Gallo y a quien habla nos correspondió el honor de ser los redactores de lo que podríamos denominar el anteproyecto que hoy conoce la Sala, el cual seguramente contiene muchas imperfecciones y aún no es completo, pero puede mejorarse todavía mucho más en los trámites posteriores.

Pero, continuando con la lógica de las exposiciones anteriores y asumiéndolas como propias, quiero dar argumentos complementarios desde un punto de vista distinto.

Este proyecto de ley aproxima nuestra legislación y el derecho personal a la privacidad que incluso el Tribunal Constitucional de Chile ha declarado un derecho humano esencial a una nueva realidad: a lo que universalmente se ha denominado la sociedad informática que, por muchas razones, es casi una forma de nueva civilización.

Hoy la persona humana se encuentra en las puertas, en el vestíbulo de un mundo nuevo, distinto, que opera sobre bases objetivas, sobre circunstancias diferentes. Es curioso observar cómo este fenómeno ha venido a sumarse de manera contradictoria a dos grandes temas que afligen al hombre. Por una parte, la infinita soledad a que la persona se aproxima en las sociedades impersonales y anónimas de hoy; y junto con ella, la privación de los espacios de la intimidad de su persona. Dos ataques contradictorios, dos grandes amenazas a la posibilidad de llevar adelante una vida digna: una inmensa soledad circunstancial y la intromisión permanente de la circunstancia social en las intimidades de la persona.

Hay una relación entre lo que denominaría el abuso, la violación sistemática de la intimidad de la persona y lo que se conoce como el fenómeno de la intimidación. Hay una raíz común en el concepto: intimidar a una persona es violentarla, forzarla de una forma u otra a perder su libertad, su capacidad de ser persona y de desarrollarse conforme su propia voluntad y su ser.

Se le intimida porque se invade en forma permanente y sistemática el campo de su intimidad; luego, estamos frente a un fenómeno donde la libertad personal es el valor que está puesto en juego, y cada vez que ello ocurre, hay algo aún más profundo que tiembla y se estremece, que es la dignidad de la persona.

Entre los muchos desafíos que invaden la intimidad, hoy vamos a tocar sólo un aspecto, que es parte de la sociedad informática: el mundo de los bancos de datos, donde los depósitos curioso que los llamen bancos de datos, que se transan, que se lucran, que se venden, son los datos personalísimos de la intimidad de la persona, lo que coloca a cada una de ellas, y en el conjunto, frente a riesgos, peligros, intromisiones que, en muchos sentidos, son inaceptables.

Al aprobar esta iniciativa, Chile reacciona con bastante retraso respecto de la legislación europea. Esta reacción que parece tan novedosa, que alguien puede estimar original o algo nuevo, que traemos como una cosa nueva, que ni aún la opinión pública entiende completamente bien, se produce en nuestro Parlamento 26 años después de la primera legislación inglesa contenida en el “date act”, de 1970.

Tenemos la necesidad de construir, al menos en este aspecto, una frontera clara y sólida entre el mundo de lo público y el respeto de lo privado. Tal vez, don José Ortega y Gasset hubiere dicho: “construir una frontera entre el mundo del yo y el mundo de las circunstancias que amenaza y debilita las posibilidades del desarrollo y del crecimiento del yo personal.

Al respecto, quiero señalar que don José Joaquín Brunner , no en su condición de Ministro de Estado, sino de académico, publicó en “El Mercurio” de hace dos domingos, un artículo que debería ser leído, en mi concepto, con la mayor profundidad y detención, porque toca un aspecto central de la sociabilidad y de la psicología social a que están expuestas las sociedades modernas y las personas.

¿Cuáles son, según la bancada de Renovación Nacional, los puntos centrales que debemos defender en este proyecto, más allá de los perfeccionamientos, de los complementos y de los avances que vendrán?

Primero, el Estado tiene que ser muy respetuoso de los datos que los ciudadanos le entregan, sólo porque es el Estado y confiados en su autoridad, y no tiene derecho y la legislación así debería establecerlo a divulgarlos, y peor aún, a ser objeto de eventuales transacciones lucrativas por terceras personas. En el campo privado, si bien se asegura la libertad para captar información en todo lo que va más allá de la frontera pública, debemos resaltar el principio de la abstención total del mundo de la intimidad, cuando no existe una autorización expresa de la persona de cuyos datos se trata.

El segundo tema que la consagración legislativa tendrá que hacer brillar con especial énfasis, es la institucionalización de lo que en la legislación internacional o universal porque en esta materia la legislación comienza a ser universal, se ha denominado el recurso de habeas data. Esto es, la extensión del viejo habeas corpus, como acción de la persona que reclama del Estado protección por sus derechos fundamentales, extendido al campo de resguardar también la intimidad de la persona, que consiste en cuatro principios sencillos, pero muy importantes:

1º.El derecho a exigir cuánto se sabe de mí. Nadie tiene derecho a ocultar lo que sabe y tiene registrado de mí.

2º.El principio de la veracidad. El derecho a exigir que se corrija lo que está equivocado.

3º.El derecho de la fidelidad o fidedignidad. La información debe ser complementada cuando es trunca, parcial o incompleta, y

4º.La posibilidad siempre de ser reparado por los daños que en el abuso de la libertad de recolección de información ocasionare a una persona.

Al término de mi intervención, quiero añadir dos conceptos más.

Hoy se hace gran alarde porque como vivimos en una sociedad donde el predominio de lo económico supera aun los aspectos más importantes de la espiritualidad del hombre, como si nuestras sociedades fueran sólo y nada más que un gran almacén del interés público que habría en que se conozca si una persona tiene un cheque o una letra protestados, un juicio, aquí o acullá.

Esta mañana quiero dejar planteada la siguiente tesis o pregunta, humilde pregunta: ¿Qué es más grave para una sociedad: saber si una persona, por diferentes vicisitudes de la vida tiene uno o dos cheques protestados o mantener, por ese valor al que no concedo importancia trascendental, sistemas de esclavitud y de control informático? No creo, en mi conciencia moral, que ninguna certeza o conveniencia en el campo de lo económico, justifique la mantención de sistemas de esclavitud tecnológica, donde lo que se ha puesto en juego son cuestiones tan importantes como la libertad de la intimidad de las personas.

Y una segunda reflexión: el Diputado señor Viera-Gallo ha hecho bien y ha sido verídico en informar de una discriminación inaceptable y odiosa que, por casualidad, hemos podido detectar en una importante empresa que, al suministrar datos, los oculta para unos, y los abre, para otros.

Jamás es aceptable una discriminación, ni mucho menos cuando toca, roza o rasga un tema como el que analizamos esta mañana.

Conservo la esperanza de que esa discriminación ya estará superada hoy. Hace pocas horas, nos han dado la certeza de que si había un error en esa materia que era desconocido, al decir de los responsables, inmediatamente sería reparado. Ojalá que, en los momentos en que nuestra Sala debate este importante asunto, ese increíble problema ya no exista.

He dicho.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Eugenio Tuma .

El señor TUMA.-

Señor Presidente, no hay duda de que la iniciativa que hoy se debate en la Cámara constituye un avance sustantivo en la protección del derecho a la privacidad de los ciudadanos, particularmente, en el uso de la información de que hoy se dispone sobre las personas gracias al avance de la tecnología.

En este proyecto, damos cuenta de una de las más asombrosas transformaciones que afecta a la sociedad moderna, como es la revolución de la información y de las comunicaciones.

Pero la modernidad no sólo radica en disponer de los soportes tecnológicos. Tan importante como el acceso a éstos, es el uso y disposición de la información porque, en la resolución de estas nuevas tensiones, en la sociedad se juega con la protección a derechos fundamentales como la libertad, la intimidad y la privacidad de las personas que, en definitiva, es el objetivo de este proyecto: proteger estos derechos.

Es evidente que la información cumple un rol social, incluso la información personal, puesto que facilita la planificación, agiliza las acciones e interacciones de las más distintas áreas de la convivencia humana y, particularmente, en la relación comercial entre las personas.

Recientemente, y a propósito de la modificación a la ley de bancos, el país ha iniciado un debate sobre la importancia de resguardar debidamente la información comercial de los clientes. Es un tema que afecta a un gran sector de la sociedad chilena, pues el 72 por ciento de las familias con acceso a crédito, es decir, 1.270.000 familias mantienen deudas de consumo con el sector bancario, y un 32 por ciento, con casas comerciales.

En Chile, circulan 4,5 millones de tarjetas de crédito, y 3,8 millones de éstas representan deudas en casas comerciales. Junto con el incremento en los niveles de endeudamiento, se registra un natural aumento en los volúmenes de información positiva y negativa de los consumidores. Sólo la Cámara de Comercio de Santiago, semanalmente, recibe 40 mil trámites relacionados con situaciones de morosidad o incumplimiento de los compromisos financieros, lo que significa que, en un año, se publican alrededor de 2.700.000 situaciones pendientes.

Nuestra legislación, en materia de información comercial, ha quedado rezagada; y como recién dijo el Diputado señor Luis Valentín Ferrada , estamos atrasados en muchos años respecto de la información y protección de estos derechos, en relación a las transformaciones que ha experimentado el mercado y a la regulación del uso de las nuevas tecnologías como la creación, administración y difusión de las bases de datos.

No obstante, creo que el espíritu de la norma que actualmente regula la publicación, como es el caso del boletín comercial, de acuerdo con el decreto supremo Nº 910, se encuentra plenamente vigente, ya que en ella se radica la responsabilidad pública de sistematizar, difundir y almacenar la información comercial de los deudores en un organismo determinado, con regulaciones básicas y con procedimientos de reclamación y aclaraciones, en caso de suscitarse error o negligencia.

Dicha normativa es absolutamente insuficiente en las actuales condiciones, pero debemos reconocer que si el principio de responsabilidad pública en esta materia era bueno y deseable en 1928, ¿qué dudas pueden caber de su pertinencia en nuestros tiempos?

Por ello, no obstante que la materia relativa a la información comercial amerita una legislación especial que permita su modernización y el resguardo de los derechos de los clientes y deudores, considero oportuno dar una señal en el proyecto que hoy discutimos, en el sentido de restringir el ejercicio de las acciones relativas a la recolección, almacenamiento, procesamiento y utilización de los datos comerciales, resguardando que la información acerca de las personas no sea manejada en forma arbitraria, como lo ejemplificó tan claramente el Diputado señor Viera-Gallo .

En este sentido, presenté indicación para que, sólo por ley, instituciones u organismos puedan difundir, procesar, almacenar y utilizar los datos comerciales. Espero que sea analizada y aprobada tanto en la Comisión como en la Sala. Sólo así el Estado asumiría su responsabilidad de salvaguardar el derecho de los ciudadanos, en particular respecto del derecho a la privacidad en la información sobre las personas.

He dicho.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la Diputada señora Wörner .

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente, con las ilustrativas intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra ha quedado claramente de manifiesto la precariedad en que se encuentran todos los chilenos en lo relativo a su vida personal y a su intimidad.

En el curso del debate de este interesante proyecto, iniciado en moción del Senador Cantuarias, fuimos conociendo cuál es la verdadera magnitud del hecho de que una o varias empresas privadas del país, a partir de un vacío en nuestra legislación y, por ende, de una falta de regulación, hayan hecho un abrumador acopio de toda clase de información y de una serie de archivos que comercializan con fines lícitos, pero que también pueden tener cualquier otro tipo de uso, previo pago de una cantidad de dinero que se determina de acuerdo con la cantidad de información que se quiere conocer sobre determinada persona natural o jurídica.

También se ha señalado aquí que, al intentar establecer una normativa en relación con el buen uso de esta información, no se busca generar una prohibición tal que altere la buena marcha de la transacción comercial de la actividad financiera del país o de poner tantas trabas que en un momento determinado se impida el desarrollo de las buenas relaciones comerciales. Por el contrario, se quiere que cuando se requiera esa información, en todo momento se pueda precaver los derechos del individuo garantizados en la Constitución.

Para eso, se ha señalado que cuando sea el Estado el que almacene la información y conozca esos aspectos privados de todos los ciudadanos, porque éstos voluntariamente la han entregado o porque el Estado requiere tenerla, se haga por ley y esté debidamente resguardada y normada; y que cuando sea una institución privada la que la almacene, la use y cobre por ello, lo haga con la debida autorización y con el conocimiento de la persona que corresponde, porque el atropello de las garantías constitucionales que resguardan la vida privada parte por el absoluto desconocimiento que los ciudadanos tienen del cúmulo de información que sobre ellos se maneja y del uso que se le da.

Sobre el particular, no voy a redundar mayormente, porque, al igual que mi bancada, comparto el completísimo informe rendido por el Diputado señor Viera-Gallo , y todas las observaciones y alcances que los honorables colegas han emitido en el curso del debate.

Sin embargo, señalo la necesidad de escuchar a quienes quieran entregar sus puntos de vista, principalmente a las empresas, con el objeto de generar una normativa que proteja las garantías constitucionales de todos los chilenos y, además, la autorización de cada uno de ellos cuando se quiera hacer uso de esa información para cualquier actividad que se desarrolle en los distintos ámbitos sociales, económicos, financieros, policiales, judiciales, etcétera.

Esto significa establecer una norma que, junto con permitir el acceso de cada uno de los chilenos a conocer lo que estos bancos de datos tienen acerca de ellos, permita también, en un trámite expedito, actualizar, corregir y garantizar las indemnizaciones cuando tanto el almacenaje como el uso y la venta de esta información se haga sin la debida autorización o cuando ésta sea errónea y no haya disposición para corregirla, actualizarla, perfeccionarla o completarla oportunamente, a pesar de que así lo haya requerido el interesado.

Asimismo, estimo necesario que la norma tenga un alcance que haga plenamente prescriptible la información. Si existe la prescripción de los delitos, de las penas, y la plena rehabilitación penal de los ciudadanos, ¿por qué no puede haber rehabilitación en el ámbito y alcance que tiene la información de que estamos dando cuenta en esta oportunidad?

Incluso, ese archivo histórico va más allá de lo que debiera, impidiendo en buena medida que una “persona” se rehabilite en ese ámbito y la información, como ha quedado plasmado en el debate, impida el acceso al mercado laboral de cualquier ciudadano con malos antecedentes desde el punto de vista financiero, bancario, etcétera.

De igual forma, debe existir preocupación de los legisladores respecto del aspecto mencionado por el Diputado señor Luis Valentín Ferrada , en cuanto a la información que tiene el Estado a partir de lo que los propios ciudadanos contribuyentes chilenos le entregan.

Por cierto, en este ámbito hay una particularidad, cual es la confianza que el ciudadano tiene en el Estado al entregarle todos sus datos a los organismos de su dependencia, como por ejemplo el Servicio de Impuestos Internos, al que también las notarías deben remitir la información acerca de las transacciones de bienes raíces que realicen.

No cabe duda de que en este archivo o banco de datos, cuya existencia ha quedado de manifiesto aquí, las informaciones están cruzadas, lo que permite que organismos como Dicom puedan saber la cantidad de bienes raíces que cada chileno tiene, las transacciones que sobre dicho bien se han hecho y su avalúo. Entonces existe la sospecha de que la información entregada a un organismo estatal en cumplimiento de la responsabilidad tributaria que los chilenos tienen cuya calidad es confidencial o reservada ha salido y hoy es parte de un archivo público al que cualquier persona puede acceder, previo pago de una cantidad de dinero establecido por parte de quien arbitrariamente maneja o transa esta información.

También habría que analizar lo lícito que resulta archivar, almacenar y comercializar toda esta información, la que es desconocida para el chileno común y corriente. Para corregirla, actualizarla o pedir que se borre tiene que pagar un honorario o arancel, que no sé quién lo fiscaliza o determina, pero que resulta abusivo.

Me pregunto si es lícito que para aclarar una información obtenida sin consultarle a nadie que puede ser útil para determinadas actividades u operaciones, la persona afectada por la comercialización de dicho dato tenga que pagar. Éste es otro aspecto que también se debe reglamentar debidamente.

Por lo expuesto, considero de toda procedencia apoyar unánimemente el proyecto de ley y que, después de aprobado en general, vuelva a Comisión para que en ella, junto con debatir las indicaciones anunciadas y las que se presentaran en esa segunda discusión, se pueda perfeccionar esta normativa tan importante y de mucha trascendencia como lo ha dicho el Diputado señor Viera-Gallo , porque no solamente está relacionada con la vida comercial y las operaciones bancarias y financieras, sino con un aspecto muy relevante, cual es rescatar en plenitud el perfeccionamiento de nuestro sistema democrático.

Por tanto, junto con anunciar el voto favorable de la bancada del Partido por la Democracia al proyecto en general, pedimos que vuelva a Comisión para proseguir allí el debate que hoy se ha iniciado.

He dicho.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-

Considerando que ya está por terminar el tiempo correspondiente al Orden del Día, pido el asentimiento de la Sala para que puedan intervenir los Diputados señores Rocha que estaba inscrito y Coloma porque no ha intervenido ningún representante de la UDI procediendo a continuación a votar.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Rocha .

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, basta con adentrarse muy levemente en el contenido de este proyecto para advertir su gran importancia y darse cuenta de que no sabemos que estamos viviendo en el mundo que ha descrito, con más claridad que nosotros, el famoso escritor George Orwell . Y lo peor es que no hay límites para la información, a menos que todos, en un esfuerzo común, instalemos, mediante la aprobación del proyecto, una valla insalvable a la invasión de nuestra privacidad, tarea que nos corresponde.

Ahora bien, si es grave que algunos estemos en la indefensión frente a lo que he llamado “invasión de la privacidad”, es lamentable que, además, esta información no discrimine, ya que no analiza las razones que han motivado, por ejemplo, el traspié económico o el desastre financiero del empresario o del simple ciudadano. No hay una estimación acerca de si la deuda anotada en ese asiento se produjo por un error de la autoridad económica, o porque ésta tuvo una visión deliberadamente engañosa o un optimismo que hoy nos parece inaceptable. No olvidemos que hace algunos años, de un día para otro, el dólar subió de 39 a 54 pesos; luego, a 80 y tantos pesos. Eso ocurrió días u horas después de que la autoridad económica asegurara que el dólar se mantendría en el piso de 39 pesos. De esta manera, por causas que no le son imputables, esos chilenos, siendo absolutamente inocentes, de un día para otro pasaron a ser inviables y sospechosos; es decir, esos compatriotas hombres y mujeres, se transformaron en no confiables.

También es grave, y quién sabe si más aún, que algunos chilenos, por procedimientos que es posible que ni siquiera conozcan ni hayan solicitado, estén a salvo de esta agresión a la privacidad, poniendo una diferencia más, arbitraria e incomprensible, entre los chilenos, tal vez por razones políticas o económicas. No me atrevería a asegurarlo.

Insto a la Corporación a aprobar pronto este proyecto, porque será una manera eficaz y respetable de proteger la armonía y el sentido de la vida, que no puede estar expuesto a intromisiones y violaciones que lo lleven a la destrucción o desnaturalización.

Por lo tanto, los Diputados del Partido Radical Social Demócrata apoyaremos el proyecto.

He dicho.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma .

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, a través de las intervenciones se han explicado los aspectos positivos que el proyecto puede tener para la sociedad chilena.

Una lectura más atenta de esta iniciativa plantea que hay algunas disposiciones que en lo personal me preocupan. Por ello, he presentado algunas indicaciones y espero que durante la discusión particular las abordemos con mayor prolijidad.

En relación con la primera parte del proyecto, que se refiere a las disposiciones generales, tiene una redacción consensuada que apunta en el sentido correcto y que, en el fondo, genera el principio de la necesidad de proteger los datos de carácter personal. En ese sentido, nadie ha planteado dudas respecto de la materia.

Lo mismo podemos plantear en relación con el título II, en cuanto al derecho de las personas afectadas y a las acciones a que den lugar los procesamientos y utilización de datos personales por los medios de comunicación social y las infracciones a la presente ley.

Con todo, me preocupan los alcances de la disposición referida al procesamiento y utilización de datos personales. Quiero señalar dos aspectos distintos respecto de este punto, que espero podamos abordarlos con mayor decisión en la Comisión.

El primero se refiere a la amplitud de la figura prohibitiva que el proyecto establece. El artículo 5º dispone: “La recolección, el almacenamiento, el procesamiento y la utilización de datos personales sólo pueden efectuarse cuando esta ley u otras disposiciones legales lo autoricen o la persona afectada consienta expresamente en ello”.

Se ha buscado el tipo más amplio posible. No se habla del tema económico parece que hay muchos parlamentarios preocupados de una empresa del rubro, sino de cualquier dato personal, de todo tipo y orden. En el fondo, se establece una gran censura para que nadie pueda saber nada de nadie en ningún aspecto, cuestión que planteo por el efecto práctico que esto tendrá. Por ejemplo, con los estudios que una universidad pueda realizar sobre determinados problemas sociales; el día de mañana, respecto de la situación de los menores, o de la calificación de éstos en relación con un estudio determinado; en cuanto a los derechos de los partidos políticos, a fin de saber cuáles son las personas con ciertas características para proponer determinadas soluciones a los problemas.

A mi juicio, más que defender el derecho a la intimidad de las personas respecto de elementos que le son propios, se genera un gran velo ante cualquier situación, muchas de las cuales podrían ser fuente de estudios particulares para la solución de problemas. La amplitud de la disposición es absoluta y total. Por lo tanto, debemos revisar si ése es el sentido que a través del proyecto se está buscando o, más bien, la protección de determinados derechos que puedan ser utilizados en su contra o afectar la honra de los particulares en forma más específica.

En segundo lugar, está la división enojosa que se produce entre los organismos públicos y privados.

A pesar de la amplitud de la norma, estamos generando una gran excepción con los organismos públicos. Parece que aquí está la clave del proyecto: nada pueden hacer los privados, pero todo lo puede efectuar el gobierno. Eso me preocupa. ¿Dónde está el sentido exacto para que el Gobierno, amparado en la expresión “indispensable para el cumplimiento de las tareas que le correspondan”, pueda averiguar todo de todos? Hay pocas limitaciones, pero sólo simbólicas. En la práctica, la aplicación del artículo 6º de este proyecto, respecto del cual todos los parlamentarios no han cejado de prodigarle elogios, tiene un elemento fundamental al que nadie se refiere, cual es que el Gobierno y los organismos públicos tendrán derecho a investigar lo que les parezca sobre cualquier afectado, amparados en la expresión “indispensable para el cumplimiento de las tareas que le correspondan y dentro del ámbito de su competencia”.

Me parece enojosa esta disposición excepcional. Si se piensa que debe haber excepciones, ¿por qué no establecer un símil para un organismo privado, una universidad, un partido político, o un departamento de estudios de ciertos problemas sociales o humanos? A mi juicio, éste es el problema más grave del proyecto, porque le otorga un derecho omnímodo al Gobierno, que nunca antes lo ha tenido otro. En la actualidad, por lo menos, hay una situación de equiparidad entre lo que puedan plantear unos y otros, pero ahora se dan derechos excepcionalísimos para que la autoridad de turno pueda contar con toda la información que otros, por el hecho de ser ciudadanos o privados, no pueden tener.

No comparto esta disposición. Por lo tanto, junto al Diputado señor Chadwick , hemos formulado indicaciones en ese sentido a los artículos 5º, 6º y 7º. Consideramos fundamental que se aclare esta disposición, porque, de otro modo, estaríamos cometiendo un grave error, que en el fondo es traspasar una gran limitante al sector privado para entregársela gratuita y peligrosamente al sector público. Es decir, más poder para el Estado; menos poder para las personas. No creo que eso sea lo que debemos buscar en el título I respecto del procesamiento y utilización de datos personales.

Sin perjuicio de lo anterior, y en el entendido de que esto podremos solucionarlo, en lo personal votaré a favor de la idea de legislar.

He dicho.

Artículo primero Inciso primero 1.Del Diputado señor Elgueta

artículo primeroinciso primero2.Del Diputado señor Elgueta

Artículo quinto 3.De los Diputados señores Coloma y Chadwick

Artículo sexto 4.De los Diputados señores Coloma y Chadwick

Artículo séptimo 5.De los Diputados señores Coloma y Chadwick

Artículo nuevo 6.Del Diputado señor Tuma “Artículo 7º bis.- La recopilación, el procesamiento, almacenamiento y difusión de bases de datos relativas a la información comercial de las personas, sólo la podrán realizar aquellos organismos autorizados por ley.”.

Artículo catorce Inciso cuarto 7.De los Diputados señores Fuentealba y Latorre “En el caso de los dos incisos anteriores la solicitud de rectificación de datos será absolutamente gratuita, debiendo proporcionarse además, a solicitud del interesado, copia del registro modificado en la parte atingente.”.

Inciso final 8.Del Diputado señor Viera-Gallo

Artículo veintiséis Inciso segundo 9.Del Diputado señor Elgueta “Las acciones civiles tendientes a ejercer los derechos que esta ley establece, incluida la indemnización de perjuicios por los daños materiales y morales causados se sujetarán al procedimiento sumario. El juez tomará todas las providencias que estime convenientes para hacer efectiva la protección de tales derechos. La prueba se apreciará en conciencia.”.