Labor Parlamentaria

IX. Otros Documentos de la Cuenta.

2. Oficios:

-Oficio de la Comisión de Hacienda, por el cual solicita que se le autorice para realizar una sesión especial, simultáneamente con la Sala de la Corporación, el día jueves 8 de agosto en curso, a partir de las 11 horas, para tratar el proyecto de Acuerdo de Complementación Económica Chile-Mercosur (boletín N° 1891-10).

Contraloría General de la República .

-Del Diputado señor Pérez (don Víctor), inoperancia de pensionado del Hospital de la ciudad de Los Ángeles.

Ministerio del Interior.

-Del Diputado señor Venegas, consecuencias directas e indirectas de la extracción de áridos.

-Del Diputado señor Jürgensen, convenio suscrito con siete comunas de la provincia de Osorno y la empresa Vedewa Chile Ltda.

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-De los Diputados señores Álvarez-Salamanca y Jürgensen, situación de negociación de algunos productos.

Ministerio de Educación.

-Del Diputado señor Huenchumilla, raciones entregadas por la Junaeb en la comuna de Temuco.

Ministerio de Justicia.

-Del Diputado señor Ojeda, creación de Corte de Apelaciones de Osorno.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social.

-Del Diputado señor Pérez (don Ramón), situación laboral en Empresa Minera Quebrada Blanca.

Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

-Del Diputado señor Huenchumilla, terrenos Serviu en la Novena Región.

-De los Diputados señores Urrutia (don Salvador), Jürgensen y Navarro, sistema general unificado de subsidio habitacional.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

-Del Diputado señor Tohá, transferencia de terreno para Club Deportivo Ferroviarios de Chillán.

-Del Diputado señor Jürgensen, suspensión del servicio de pasajeros en la Décima Región.

-Del Diputado señor Navarro, mejoramiento de frecuencias en el servicio de transporte de pasajeros en la comuna de Hualqui.

Ministerio de Planificación y Cooperación.

-Del Diputado señor Palma (don Joaquín), proyectos de hidroponía y de riego ejecutado por el Fosis en la Cuarta Región.

Corporación de Fomento de la Producción.

-Del Diputado señor Huenchumilla, subsidios al consumo de agua potable en comunas de la Novena Región.

-De los Diputados señores Jürgensen, García (don René), Caminondo y Kuschel, Cooperativa Mueblistas de Corte Alto, Décima Región.

-Del Diputado señor Rocha, sistema de avisos mediante parlante de estaciones.

III. ACTAS

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

El acta de la sesión 20ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 21ª se encuentra a disposición de los señores Diputados.

IV. CUENTA

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

AUTORIZACIÓN A COMISIÓN DE HACIENDA PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

La Comisión de Hacienda solicita el acuerdo de la Corporación para sesionar simultáneamente con la Sala el jueves 8 del presente, a partir de las 11 horas, para tratar el tema del Mercosur.

El señor MELERO.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MELERO .-

Señor Presidente , para el conocimiento de todos y la planificación del trabajo de la Corporación, deseo saber si de lo planteado se desprende que la Comisión de Hacienda despachará el acuerdo del Mercosur el jueves mismo para que la Cámara lo conozca el martes 13. ¿Ése es el timing? ¿Cuándo pasaría el convenio al Senado?

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , de acuerdo con la urgencia, corresponde tratar ese proyecto en la Sala los días 13 y 14. Naturalmente, esperamos que la Comisión de Hacienda lo despache antes. Si hubiera dificultades, se conversará con los miembros de esa Comisión y con los Comités para determinar el procedimiento a seguir.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , la Comisión de Hacienda comenzará a tratar el proyecto hoy, a las 15 horas -a esa sesión están invitados los ministros respectivos-, en el entendido de que la Comisión de Relaciones Exteriores nos remitirá su informe en el transcurso de la mañana.

Para la Comisión es muy importante tener cierta holgura en el plazo, por lo cual solicita autorización para poder sesionar también mañana en forma simultánea con la Sala.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Como se ha dicho, la Comisión de Hacienda está poniendo todo su esfuerzo para tratar el tema adecuadamente. Nos aseguraremos, por intermedio de la Secretaría, de que se le envíe oportunamente el informe. Reitero que, de acuerdo con la urgencia, está programado que la Sala lo trate el martes o el miércoles próximos, o ambos días, si fuere necesario.

¿Habría acuerdo para acceder a la petición de la Comisión de Hacienda?

Acordado.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Informo a la Cámara que, de acuerdo con lo conversado con los Comités, el informe de la Comisión de Drogas, que íbamos a tratar mañana y que requiere ser evaluado por todos los parlamentarios, se postergará para otra oportunidad.

Por lo tanto, mañana la tabla será ordinaria.

La Mesa o los Comités fijaremos la oportunidad en que se rendirán los informes pendientes de las Comisiones de Constitución, y de Drogas.

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRÉ .-

Señor Presidente , ya que mañana habrá tabla ordinaria y hoy se dio cuenta de la proposición de la Comisión Mixta sobre el proyecto de derechos del consumidor, todos los sectores estamos de acuerdo en tramitarla en Fácil Despacho. Si la Mesa considera esta situación, podríamos despacharla.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Con todo gusto, señor Diputado.

VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

En uso de mis facultades constitucionales, tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que moderniza el sector portuario estatal. (Boletín Nº 1688-09).

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; GENARO ARRIAGADA HERRERA , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

2. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que establece derechos de los consumidores (boletín Nº 446-03), despachado por la Comisión Mixta de Diputados y Senadores. (Artículo 68 de la Constitución Política de la República).

Al mismo tiempo y en uso de la facultad que me confiere el artículo 71 de la Constitución Política de la República, hago presente la urgencia en el despacho del proyecto de ley antes aludido, en todos sus trámites constitucionales -incluyendo el que correspondiere cumplir en el Honorable Senado-, la que, para los efectos de lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, califico de “suma”.

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; GENARO ARRIAGADA HERRERA , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

3. Informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley relativo a los derechos de los consumidores. (boletín Nº 446-03)

“Honorable Cámara de Diputados,

Honorable Senado:

La Comisión Mixta constituida en conformidad a lo dispuesto por el artículo 68 de la Constitución Política, tiene el honor de proponeros la forma y modo de resolver las divergencias surgidas entre la Cámara de Diputados y el Senado, durante la tramitación del proyecto de ley individualizado en el rubro.

Cabe señalar que S.E. el Presidente de la República ha hecho presente la urgencia para el despacho de esta iniciativa, con calificación de “simple, en todos sus trámites.

La H. Cámara de Diputados, en sesión de fecha 14 de mayo de 1996, designó como integrantes de la Comisión Mixta a los Honorables Diputados señores Carlos Dupré Silva , Juan Carlos Latorre Carmona, Alberto Espina Otero , Jaime Orpis Bouchon y Aníbal Pérez Lobos .

El Senado, por su parte, en sesión de fecha 15 de mayo de 1996, designó como miembros de dicha Comisión Mixta a los HH. Senadores que integran la Comisión de Economía.

Previa citación del señor Presidente del Senado , la Comisión Mixta se constituyó el día 3 de julio de 1996, con la asistencia de sus miembros honorables Senadores señoras María Elena Carrera Villavicencio y Olga Feliú Segovia y señores Francisco Prat Alemparte y Sergio Romero Pizarro y honorables Diputados señores Carlos Dupré Silva , Juan Carlos Latorre Carmona, Alberto Espina Otero , Jaime Orpis Bouchon y Aníbal Pérez Lobos . En la oportunidad indicada, por unanimidad eligió como Presidente al honorable Senador señor Francisco Prat Alemparte , quien lo era también a esa fecha de la Comisión de Economía del Senado, y, de inmediato, se abocó al cumplimiento de su cometido.

Con posterioridad el H. Diputado señor Juan Carlos Latorre fue reemplazado por el H. Diputado señor Joaquín Palma Irarrázaval y después por el H. Diputado señor Andrés Palma Irarrázaval . Asimismo, el H. Diputado señor Alberto Espina fue reemplazado por el H. Diputado señor Luis Valentín Ferrada Valenzuela y con posterioridad por el H. Diputado señor Ramón Pérez Opazo . Igualmente el H. Diputado señor Aníbal Pérez fue reemplazado por el H. Diputado señor Eugenio Tuma Zedan .

Concurrieron, asimismo, especialmente invitados el señor Director del Servicio Nacional del Consumidor , don Francisco Javier Fernández Fredes , el Subdirector del mencionado Servicio, don Tomás Monsalve , y el asesor del Ministerio de Economía, señor Luis Sánchez Castellón .

-o-

A continuación, se efectúa una relación de las diferencias suscitadas entre ambas Corporaciones durante la tramitación de la iniciativa, así como de los acuerdos adoptados a su respecto.

Cabe hacer presente que las diferencias dicen relación con los artículos 2º, 11, 28, 30, 33, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 56 y 3º transitorio del texto aprobado por la H. Cámara de Diputados, ya que las modificaciones propuestas para ellos por el Senado, fueron rechazadas.

Previo al análisis en particular de las controversias, cabe hacer presente que el H. Diputado señor Orpis entregó a la Comisión Mixta una proposición, conversada con el Ejecutivo y otros señores Diputados que pretende dar solución, en algunas de las materias controvertidas, a las discrepancias suscitadas.

Artículo 2º

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 2º del siguiente tenor:

“Artículo 2°.- Sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor.

Sin embargo, les serán aplicables las normas del presente ordenamiento a los actos jurídicos que recaigan sobre inmuebles, cuando los proveedores sean empresas loteadoras de terrenos o constructoras de viviendas para la venta al público o cuando un proveedor se obligue a suministrar al consumidor el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses siempre que lo sean amoblados o para fines de descanso o turismo.

Las prestaciones de servicios sólo quedarán sujetas a las disposiciones de esta ley, cuando las partes tengan el carácter de proveedor y consumidor, respectivamente, y se trate de aquellas a que se refiere el artículo segundo, Nº 2, del decreto ley Nº 825, de 1974, cuyo texto fue reemplazado por el decreto ley Nº 1.606, de 1976.”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, introdujo a este artículo tres enmiendas:

a) Sustituyó su inciso segundo por el siguiente:

“Sin embargo, les serán aplicables las normas de la presente ley a los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas y a aquéllos en que el proveedor se obligue a suministrar al consumidor el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses, siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo.”;

b) Reemplazó en el inciso tercero la coma (,) que sigue al adverbio “respectivamente” por un punto final (.), eliminando la oración final que dice: “y se trate de aquellas a que se refiere el artículo 2º, Nº 2, del decreto ley Nº 825, de 1974, cuyo texto fue reemplazado por el decreto ley Nº 1.606, de 1976.”, y

c) Agregó el siguiente inciso final:

“Las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales.”.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó las modificaciones planteadas para este artículo por el Senado.

En relación con esta discrepancia, la proposición presentada por el H. Diputado señor Orpis, es del siguiente tenor:

“Artículo 2°.- Sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor.

Sin embargo, les serán aplicables las normas de la presente ley a los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas o cuando un proveedor se obligue a suministrar al consumidor el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo.

Las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo en las materias que estas últimas no prevean.”.

El H. Diputado señor Espina destacó que la propuesta resuelve tres controversias distintas que surgieron de la discusión del artículo 2º en las dos cámaras. La primera -que se refiere a que si corresponde incluir en el ámbito de aplicación de esta ley los inmuebles cuando los proveedores sean empresas loteadoras o inmobiliarias o constructoras de viviendas para venta al público- se zanjó, dijo, con acuerdo del Ejecutivo, decidiéndose acoger plenamente lo aprobado por el H. Senado.

El segundo punto estriba en decidir si se aplica o no esta ley a las prestaciones de servicios profesionales que un consumidor contrate con una empresa. También aquí se propone marginar esta materia de las normas sobre derechos de los consumidores, según lo aprobado por el H. Senado.

El tercero, donde aún subsisten divergencias, consiste en incluir una disposición por la cual se plantea que las normas de esta ley se aplicarán supletoriamente en campos de la actividad comercial que cuenten actualmente con normas propias, en la medida que estas normas especiales no regulen determinadas materias.

El H. Diputado señor Orpis explicó que la proposición presentada es el resultado de un trabajo conjunto entre HH. Diputados miembros de esta Comisión Mixta y representantes del Ejecutivo. Advirtió que si bien ellos alcanzaron acuerdos muy amplios no hubo plena coincidencia de criterios en lo relativo al artículo 2º y en cuanto a lo que se refiere a materias reglamentarias.

Recordó que en las reuniones sostenidas en el Ministerio de Economía con el objeto de acordar fórmulas para superar las discrepancias surgidas entre ambas cámaras, él siempre fue partidario -respecto del tema del ámbito de aplicación de este proyecto- de que, cuando exista norma especial, ella rigiera siempre, evitando la aplicación subsidiaria de otras normas, a fin de evitar dudas o vacíos.

Añadió que el criterio anterior lo funda en que las normas especiales deben ser autosuficientes, es decir, deben bastarse por sí mismas para regular una situación determinada.

La H. Senadora señora Feliú señaló que la proposición del H. Diputado señor Orpis , en la práctica, es equivalente al texto aprobado para el artículo 2º por la H. Cámara de Diputados.

Indicó que ello le parece inconveniente, pues da lugar a una cierta indefinición o incertidumbre en cuanto a las normas que deberán aplicarse en áreas reguladas por leyes especiales. En este sentido preguntó si la frase final “salvo.......” se refería a todo lo no previsto en las leyes especiales o sólo a algunos aspectos, porque, acotó, por ejemplo esta iniciativa sobre consumidores contiene diversas normas en materia de publicidad, pero también en la ley sobre seguros existen preceptos sobre la materia indicada. En consecuencia, a su juicio, en cada caso concreto, deberá determinarse respecto de cada tipo de acto regulado en leyes especiales si debe aplicarse o no la Ley del Consumidor.

Agregó que, en segundo lugar, si se aprobara esta norma en los términos propuestos se aumentaría la regulación de un conjunto de actos y contratos y materias reguladas por leyes especiales, tales como Cajas de Compensación, Mutuales de Seguridad, Compañías de Seguros, AFP, Isapres, etc., en una serie de aspectos que no se determinan, y, por otra parte, no se sabe -porque no se ha ponderado ni analizado debidamente- si es o no necesario regular todavía más las materias mencionadas, recordando al efecto que las normas de regulación son restrictivas de la autonomía de la voluntad y del ejercicio de actividades económicas lícitas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 21 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

En otro orden de cosas, sostuvo que el cambio del servicio fiscalizador en un campo determinado de la actividad económica, es otra materia particularmente importante. Observó que de acuerdo a la proposición presentada habría una suma de entidades fiscalizadoras, porque al servicio fiscalizador ordinario primario o de origen se agregará uno nuevo, que es el Sernac, en las materias que le son propias, destacando sobre el particular lo dispuesto en el artículo 5º de la ley Nº 18.575, Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, en el sentido que debe evitarse la duplicidad o interferencia de funciones en el ámbito administrativo.

El Director del Servicio Nacional del Consumidor señor Francisco Fernández , señaló en primer lugar que efectivamente el texto propuesto por el H. Diputado señor Orpis corresponde al que al Ejecutivo le parece satisfactorio y fue concordado en esos términos en el intercambio de posiciones que él tuvo con HH. Diputados miembros de esta Comisión Mixta.

En segundo lugar, en relación a lo expresado por la H. Senadora señora Feliú manifestó que, en lo que atañe a la aplicación supletoria, esta es una cuestión que no tiene nada de sorprendente en nuestro sistema jurídico ni en ningún otro.

Destacó, a título ejemplar, que el artículo 2º del Código de Comercio, más que centenario, establece que ese ordenamiento tiene como preceptiva supletoria la del Código Civil. Es decir, continuó, frente a la norma común -recogida fundamentalmente en el Código Civil- la legislación mercantil es especial respecto de la legislación civil.

Precisó que en este proyecto de ley sobre derechos del consumidor ocurre lo mismo: él será norma especial en relación a las normas generales, pero, al mismo tiempo, será general respecto de normativas específicas para la provisión de determinados bienes o servicios que tengan una regulación legal definida. Así ocurre, indicó, en el contrato de transporte aéreo el cual, si bien tiene una regulación básica en el Código Aeronáutico, también será normado por el proyecto en análisis en materias no previstas en el Código indicado, como en lo relativo a publicidad o pago a plazo, por ser esta iniciativa muy posterior al referido ordenamiento.

Hizo hincapié en que en ningún caso habría contradicción o duplicidad entre entes fiscalizadores toda vez que en ninguna disposición de la preceptiva en discusión se inviste al Sernac de funciones fiscalizadoras -que son potestades para que un órgano de la administración activa del Estado corrija o sancione situaciones anómalas- pues lo único que podría hacer el Servicio Nacional del Consumidor es orientar, informar y denunciar ante los tribunales en los casos expresamente contemplados.

En resumen, explicó, el sentido de la frase final del último inciso del artículo en análisis es que normalmente se aplicará con preferencia la legislación específica del ámbito regulador o fiscalizador y sólo en subsidio, al no haber norma específica que resuelva el problema de que se trate, se aplicarán los preceptos generales de este proyecto.

El H. Diputado señor Luis Valentín Ferrada complementó lo anterior añadiendo que si la situación no fuera como lo ha explicado el señor Director del Sernac se estaría permitiendo la introducción de un principio de discriminación comercial muy odioso e injusto, toda vez que querría decir que normas aceptadas con el carácter de comunes para la mayor parte del desenvolvimiento del comercio en Chile, no lo serían para sectores específicos, en el caso de que se apruebe la frase final en discusión. En estas circunstancias, agregó, cabe preguntarse qué razón de derecho o de justicia habría para permitir la existencia de sectores privilegiados a los cuales no les afectarían normas que se consideran adecuadas y generales para la totalidad del comercio.

A su parecer tal principio de discriminación sería contrario no sólo al ordenamiento jurídico general, sino también al sistema económico libre y equitativo que el país se ha dado.

El H. Senador señor Romero , por su parte, apeló a la necesidad de dar seguridad jurídica y certeza en cuanto a la normativa aplicable a las actividades que regulará el proyecto en discusión. Añadió que si este punto fundamental no se resuelve surgirían grandes problemas no sólo para las numerosas actividades que son reguladas por leyes especiales, sino también para el propio Sernac y para la coherencia de nuestra legislación.

Hizo ver, además, que si no se resuelve bien este punto se saturará a los Juzgados de Policía Local de asuntos derivados de interpretaciones erróneas de la ley.

El H. Diputado señor Pérez, don Aníbal , expresó que participa de la idea de agregar la frase final en discusión porque en su criterio, no obstante la existencia de regulaciones especiales, aún quedarían sin protección o regulación normativa ciertas materias resaltando sobre el particular las insuficiencias detectadas en los ordenamientos particulares que se aplican a servicios públicos básicos, que en la práctica se han demostrado ineficaces e insuficientes.

El H. Diputado señor Dupré informó que entre los distintos sectores representados por los Diputados miembros de la Comisión Mixta hay acuerdo en cuanto a la forma y modo que permitiría resolver las controversias que han surgido en la tramitación de este proyecto. Explicó que a raíz de ese acuerdo, entre otras cosas, se excluyó al sector inmobiliario en el texto del artículo 2º.

Sostuvo que, a su juicio, si no se aprueba la frase final, se producirían graves vacíos puesto que en todas aquellas materias en que no existe normativa, lisa y llanamente no habrá posibilidad de aplicar las normas sobre derechos del consumidor, en circunstancias que esta preceptiva debe precisamente aplicarse a las situaciones que no son reguladas por normas especiales.

El H. Senador señor Prat manifestó que es inconveniente dar a esta normativa sobre derechos del consumidor el carácter de supletoria de regulaciones especiales pues por esa vía se puede llegar a perder el sentido de la misma y desnaturalizar su objetivo propio o específico.

Explicó que lo anterior ocurriría en el campo de los servicios eléctricos toda vez que la ley especial que regula este sector cubre tanto a los grandes consumidores como a los consumidores domiciliarios, advirtiendo que ello da lugar a situaciones completamente diferentes puesto que los primeros no son propiamente consumidores, según la iniciativa en análisis, y sus conflictos se resuelven en tribunales civiles. De esta forma, concluyó, al dar carácter supletorio a la ley sobre derechos del consumidor no se distinguiría entre tipos tan distintos de consumidores, arrastrándose a este ámbito situaciones que no se consideran en el espíritu de esta última regulación.

No se trata, aclaró, de dejar en la indefensión a los consumidores pues siempre las normas civiles se podrán aplicar para resolver las situaciones que éstos enfrenten con los proveedores de bienes o servicios.

Además, acotó, en caso de aprobarse esta frase se produciría una rigidización de la judicatura pues se entregaría a los juzgados de Policía Local materias que, en su opinión, no corresponda que ellos conozcan.

Sobre este último punto, el H. Diputado señor Espina resaltó que, por el contrario, el rechazo de esta frase daría lugar a un gran problema de competencia entre tribunales pues si no se precisa qué juzgados deben conocer los conflictos que surjan de la aplicación de esta ley, los de Policía Local, al estimar que no hay aplicación supletoria enviarían los casos a los tribunales civiles y éstos, por su parte, si consideraran que sí cabe la aplicación supletoria de las normas sobre consumidores habrán de remitir los antecedentes a los de Policía Local.

También en relación con lo sostenido por el H. Senador señor Prat , el H. Diputado señor Ferrada hizo presente que nuestro ordenamiento jurídico comercial tradicional en materia de consumo -para los efectos de determinar la legislación aplicable- ha hecho una sola distinción consistente en si se trata de consumidores finales, esto es, los que constituyen el eslabón final de la cadena de intermediación o si se trata de personas que compran para vender, revender o realizar otros actos de comercio sucesivos.

Sostuvo que nunca la legislación comercial chilena, así como tampoco la doctrina, ha distinguido entre distintos tipos de consumidores atendiendo al volumen del consumo. Sobre el particular mencionó que las normas sobre contrato de transporte pone en igual pie al gran armador con el pasajero de un microbús. Agregó que introducir un criterio de discriminación en razón de un aparente mayor o menor consumo sería, por una parte, novedoso y, por otra, significaría introducir campos de confusión y litigios muy grandes.

Finalmente, afirmó que en la iniciativa de ley en análisis, en las causales de reclamo no tiene importancia la cuantía, porque las infracciones que este proyecto regula son objetivas pues apunta a la irregularidad de la forma en que ellas se han cometido.

El H. Diputado señor Latorre señaló que, en principio, considera deseable, especialmente en materia de servicios básicos a la población, que todas las situaciones pudieran quedar debidamente reglamentadas en las respectivas leyes especiales. Sin embargo, resaltó, esa no es la realidad y, en consecuencia, se puede constatar que no existe interés por parte de los proveedores de consagrar las disposiciones que enfrenten los actuales vacíos. Añadió que por lo anterior el consumidor no tiene norma alguna en la cual asilarse frente a una situación irregular o de abuso. Por esto, dijo, el mayor valor de la frase cuestionada es que regula lo que hoy no está previsto en normas especiales y, asimismo, permite al sector afectado reclamar o solicitar las correcciones normativas que estime necesario introducir en las preceptivas particulares pertinentes.

Posteriormente el H. Senador señor Prat propuso dividir la votación del artículo 2º propuesto, votando en primer lugar el artículo completo, con exclusión de su última frase que señala “salvo en las materias que estas últimas no prevean.”.

Puesta en votación la proposición recién referida, fue aprobado el artículo 2º propuesto, sin la frase indicada, por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Prat , Romero y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Orpis , Palma, don Joaquín , y Pérez, don Aníbal .

A continuación, se colocó en votación el agregar la frase “salvo en las materias que estas últimas no prevean”. Votaron por la afirmativa los HH. Senadores señores Bitar y Zaldívar, don Adolfo , y los HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Palma, don Joaquín , y Pérez, don Aníbal . Votaron por el rechazo los HH. Senadores señora Feliú y señores Prat y Romero . Se abstuvo el H. Diputado señor Orpis .

El H. Diputado señor Dupré advirtió que, a su juicio, en la votación anteriormente consignada se faltó a un compromiso contraído entre los HH. Diputados miembros de esta Comisión Mixta, ya que, según expresó, habían acordado votar favorablemente el texto completo del artículo 2º.

También el H. Senador señor Zaldívar, don Adolfo , solicitó consignar expresamente su opinión en el sentido de que votó a favor el artículo 2º recién aprobado por cuanto le parece inconveniente que haya actividades económicas no reguladas por la iniciativa en informe. En su opinión sería injusto e irritante no proteger al consumidor en áreas de la economía que son importantes, particularmente tratándose de un ordenamiento que tiene por objeto precisamente proveerlo de herramientas y mecanismos que le aseguren equidad en las operaciones comerciales que realiza ordinariamente.

El H. Senador señor Romero dejó constancia que la aprobación de la frase agregada significa que en lo que no exista norma se aplicará esta ley, tal como se desprende del tenor literal del artículo que expresa que en aquellas actividades regidas por normas especiales se aplicará la legislación especial, salvo en las materias que estas no prevean.

Finalmente, el H. Senador señor Bitar propuso decidir la fórmula que la Comisión Mixta planteará a las cámaras, acerca de la forma en que deberá votarse la proposición que haga para superar las diferencias suscitadas entre ellas.

Luego de un breve debate se acordó, por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Prat , Romero y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Orpis , Palma, don Joaquín , y Pérez, don Aníbal , proponer que el texto del artículo 2º, recién aprobado, sea votado como un todo.

Artículo 11º

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo, de un inciso, que faculta a los establecimientos comerciales o de servicios para establecer sistemas de seguridad o registro, con respeto a la libertad, integridad, dignidad y pudor de las personas. Estatuye, además, que en caso de delito flagrante se pondrá, sin demora, al presunto infractor a disposición de la autoridad competente. En su frase final sanciona las infracciones a esta disposición y contempla reparación para el daño moral e indemnización de daños y perjuicios en caso de no comprobarse el delito imputado.

El Senado, en segundo trámite constitucional, sustituyó este artículo por otro, de dos incisos, que se diferencia del aprobado por la Cámara de Diputados en dos aspectos.

El primero, en cuanto ordena que los sistemas de seguridad y vigilancia que mantengan los establecimientos comerciales deben estar especialmente obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas. El segundo, en cuanto elimina la frase final relativa a las sanciones.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó las modificaciones.

La proposición presentada por el H. Diputado señor Orpis , añade al texto del artículo 11 aprobado por el Senado, el siguiente inciso final:

“Sin perjuicio de las sanciones o indemnizaciones que correspondan en caso de haberse cometido un delito, la infracción de lo dispuesto en el presente artículo se sancionará en conformidad al artículo 20.”.

La H. Senadora señora Feliú hizo presente que el número 4 del artículo 254 del Código de Procedimiento Penal, contiene una norma que resuelve la misma situación que se pretende regular con el artículo 11 en análisis, de manera que, a su criterio, este último precepto resulta innecesario.

El señor Director del Servicio Nacional del Consumidor refutó el planteamiento anterior expresando que la disposición en controversia no es estrictamente punitiva, agregando que las infracciones son de derecho estricto, es decir, tiene que preverse, específicamente, que una determinada conducta contradictoria con lo previsto en la ley constituye una falta, asignándole una sanción determinada. Por consiguiente, dijo, en los casos en que no esté previsto que se trata de una infracción administrativa sancionable con multa, lo que habrá es una mera contravención civil.

Los miembros de la Comisión Mixta, como una manera de resolver la controversia sugirieron agregar al artículo 11 aprobado por el Senado, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será sancionada en conformidad al artículo 20.”.

Fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Prat , Romero y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Orpis , Palma, don Joaquín , y Pérez, don Aníbal .

Artículo 28

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 28 del siguiente tenor:

“Artículo 28.- La información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la publicidad y difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño al consumidor.

Expresiones tales como “Garantizado” y “Garantía”, sólo podrán ser consignadas cuando se señale en qué consisten y la forma en que el consumidor pueda hacerlas efectivas.”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, suprimió este precepto.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la eliminación de este artículo.

La proposición presentada por el H. Diputado señor Orpis , para este artículo, sugiere agregar la siguiente disposición a continuación del artículo 27 aprobado por el Senado:

“Artículo....- En los juicios que se promuevan por publicidad o por rotulación falsa o engañosa corresponderá al anunciante o proveedor demostrar la veracidad de las aseveraciones y datos que hubiere expresado por esos medios.”.

La H. Senadora señora Feliú manifestó su opinión en el sentido de que la proposición formulada para este artículo en el texto presentado por el H. Diputado señor Orpis no se ajusta a las ideas matrices del proyecto en discusión.

El señor Francisco Fernández replicó señalando que la propuesta constituye una reposición, bajo otra redacción, de lo contenido en el inciso primero del artículo 28 aprobado por la H. Cámara de Diputados, que consagró el llamado “principio de la comprobabilidad del aserto publicitario”, añadiendo que la idea de esta comprobación es que ella ocurra en los juicios por publicidad engañosa.

En razón de no haberse producido acuerdo en ninguna proposición, el Presidente de la Comisión Mixta colocó en votación la aprobación del artículo 28 del texto propuesto por la H. Cámara de Diputados. Se pronunciaron afirmativamente los HH. Senadores señores Bitar y Zaldívar, don Adolfo , y los HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Palma, don Joaquín , y Pérez, don Aníbal . Votaron por el rechazo los HH. Senadores señora Feliú y señores Prat y Romero y el H. Diputado señor Orpis .

Artículo 30

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 30 del siguiente tenor:

“Artículo 30.- El medio de comunicación que se haya utilizado para difundir la publicidad, así como la respectiva agencia, deberán proporcionar la identidad del anunciante a petición de cualquier ciudadano debidamente identificado, del Servicio Nacional del Consumidor o del tribunal competente, en su caso.”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, suprimió esta disposición.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la eliminación de este artículo.

La proposición presentada por el H. Diputado señor Orpis , como una manera de solucionar la controversia, sugiere reemplazar este artículo, por el siguiente, que contiene una idea similar:

“Artículo... Como medida prejudicial preparatoria del ejercicio de su acción en los casos de publicidad falsa o engañosa, podrá el denunciante solicitar del juez competente se exija, en caso necesario, del respectivo medio de comunicación utilizado en la difusión de los anuncios o de la correspondiente agencia de publicidad, la identificación del anunciante o responsable de la emisión publicitaria.”.

Fue aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, HH. Senadores señora Feliú y señores Pérez, don Ignacio , y Prat , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Orpis y Pérez, don Aníbal .

Artículo 33

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó como artículo 33 una disposición que obliga a los proveedores de bienes o servicios a respetar las bases de las promociones u ofertas que hubieren informado, permitiendo a los consumidores exigir el cumplimiento forzado de dichas promociones u ofertas.

El Senado, en segundo trámite constitucional, eliminó esta disposición.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la supresión de este artículo.

Como una manera de solucionar la controversia producida respecto del artículo 33, la proposición presentada por el H. Diputado señor Orpis sugiere adicionar el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 29 aprobado por el Senado:

“En caso de rehusarse el proveedor al cumplimiento de lo ofrecido en la promoción u oferta, el consumidor podrá requerir del juez competente que ordene su cumplimiento forzado, pudiendo éste disponer una prestación equivalente en caso de no ser posible el cumplimiento en especie de lo ofrecido.”.

Fue aprobado por la unanimidad de los miembros presentes de la Comisión Mixta, HH. Senadores señora Feliú y señores Pérez, don Ignacio, Prat y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Latorre , Orpis y Pérez, don Aníbal .

Artículo 36

(Corresponde al artículo 32 aprobado por el Senado)

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el siguiente artículo 36:

“Artículo 36.- Los intereses se aplicarán solamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y los pagos no podrán ser exigidos por adelantado, salvo acuerdo en contrario.

En todo caso, no podrá aplicarse lo dispuesto en el artículo 9º de la ley Nº 18.010.”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, aprobó esta disposición, que pasó a ser artículo 32, con la enmienda consistente en suprimir su inciso segundo.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la supresión propuesta por el Senado para este inciso.

El H. Diputado señor Dupré manifestó que la materia tratada en la disposición en controversia es donde se produce la mayor cantidad de abusos, particularmente en la relación de comercio y, por ello, la transparencia de los efectos del cobro de los créditos obligan, señaló, a que no pueda aplicarse el artículo 9º de la ley Nº 18.010, relativa a la capitalización de los intereses.

Seguidamente, el H. Diputado señor Orpis estimó que reponer el inciso segundo del artículo 36 de la Cámara de Diputados puede ser muy perjudicial para los consumidores que cumplen sus obligaciones, porque lo que ocurrirá con la norma es que los intereses cobrados a los consumidores serían tremendamente más altos que lo normal.

Contrariamente, el H. Diputado señor Latorre expresó que lo pretendido es intentar terminar con una práctica que es claramente abusiva para los consumidores.

El H. Senador señor Adolfo Zaldívar opinó que un tema es el referido a los intereses que cobran, en la actualidad, las casas comerciales, que en todo caso, son superiores a los del sistema financiero y, en los que, además, el consumidor no tiene la certeza del monto de los intereses que deberá pagar. Pero, añadió, otro tema es si se acepta o no el anatocismo en una relación entre consumidores y una casa comercial.

A su vez, el H. Senador señor Bitar afirmó que la ventaja del proyecto de ley en discusión es relativa al conocimiento, por un consumidor, del monto por intereses que deberá pagar al adquirir un determinado bien o contratar un servicio.

Expresó Su Señoría que su duda con respecto al inciso segundo aprobado por la Cámara de Diputados, es que las casas comerciales pudieran traspasar el costo, no solamente a los deudores morosos, sino que también a los consumidores que cumplen, para, de esa manera, capitalizar los intereses.

El H. Diputado señor Ferrada hizo uso de la palabra para expresar que en esta materia debiera tomarse una decisión política de gran envergadura.

Agregó que en la actualidad las grandes tiendas comerciales del país no venden productos sino que venden dinero. Esto, indicó, ha significado que circulen casi cuatro millones de tarjetas de crédito de consumo con un promedio de 138 a 170 mil pesos de cupo. A su vez, añadió, de esta cantidad de tarjetas un 18% se atrasa en sus pagos, todos los meses, lo que se convierte en un mercado potencial para, por ejemplo, las oficinas de cobranza.

Prosiguió manifestando que esos cuatro millones de tarjetas forman la mayor concentración de créditos de consumo del país, que no se sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, no tributa y, además, cobra intereses más altos que la banca formal.

Continuó señalando que el cobro de intereses sobre intereses incide en toda esta materia, porque las compras efectuadas en las casas comerciales se entienden hechas al contado, pero en realidad son mutuos de dinero, no sujetos a fiscalización. En razón a lo anterior se manifestó partidario de aprobar la norma en la forma como fue despachada por la H. Cámara de Diputados.

El H. Diputado señor Aníbal Pérez opinó que las normas de la ley Nº 18.010 no son aplicables a relaciones contractuales entre proveedores y consumidores, porque dicho texto se aplica exclusivamente a las operaciones de crédito de dinero y el artículo 1º señala que éstas consisten en la entrega por una de las partes de una cantidad de dinero a la otra que deberá pagarla en un momento distinto a aquel en que se celebra la convención.

Estimó, consecuentemente, que el inciso segundo del artículo aprobado por la Cámara de Diputados estaría demás, salvo que hubiera dicho lo contrario.

El H. Senador señor Adolfo Zaldívar opinó que para evitar la práctica abusiva ya explicada, debiera derogarse el artículo 9º de la ley Nº 18.010 y como ello, a su juicio, no ocurrirá por ahora por no ser la materia atinente al proyecto de ley en informe, debe mantenerse la supresión del inciso segundo.

El H. Senador señor Ignacio Pérez manifestó su acuerdo con lo recién expresado en el sentido que el tema del endeudamiento no dice relación con este proyecto de ley y, que, además, el mercado de capitales opera sobre intereses, porque esa es la forma como está estructurado dicho mercado.

El H. Diputado señor Latorre dejó constancia que, en su opinión, este es un problema ético, porque el anatocismo, salvo en Chile, está prácticamente prohibido en todo el mundo, ya que, a su juicio, configura una forma de usura.

La Comisión Mixta acordó mantener la supresión aprobada por el Senado. Votaron a favor de mantener la supresión los HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Pérez, don Ignacio, Prat y Zaldívar, don Adolfo , y el H. Diputado señor Orpis . Se pronunciaron por mantener el texto aprobado por la H. Cámara de Diputados los HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Latorre y Pérez, don Aníbal .

Artículo 42

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó como artículo 42 una norma que señala los elementos que deben consignarse en la boleta o factura emitida por los trabajos efectuados por los proveedores de servicios.

El Senado, en segundo trámite constitucional, eliminó este artículo.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la supresión de este precepto.

La proposición presentada por el H. Diputado señor Orpis, como una manera de resolver el conflicto entre ambas Cámaras, sugiere lo siguiente:

En lo referente a la idea del desglose del costo de repuestos y mano de obra en la boleta o factura por prestación de servicios de reparación, sugirió agregar el siguiente inciso tercero al artículo 34 aprobado por el Senado:

“En todo caso cuando el consumidor lo solicite, el proveedor deberá especificar, en la correspondiente boleta o factura, los repuestos empleados, el precio de los mismos y el valor de la obra de mano.”.

En lo relativo a la garantía legal de la prestación de servicios, propuso aprobar las siguientes oraciones finales al inciso segundo del artículo 35 aprobado por el Senado:

“Si el tribunal estimare procedente el reclamo, dispondrá se preste nuevamente el servicio sin costo para el consumidor o, en su defecto, la devolución de lo pagado por éste al proveedor. Sin perjuicio de lo anterior, quedará subsistente la acción del consumidor para obtener la reparación de los perjuicios sufridos.”.

La referida proposición fue aprobada por la unanimidad de los miembros de la Comisión Mixta, HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Pérez, don Ignacio, Prat y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Latorre , Orpis y Pérez, don Aníbal .

Artículo 43

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó un artículo 43 que estatuye que, en caso de infracción del proveedor a las disposiciones sobre obligatoriedad y calidad del servicio y sobre tarificación, el consumidor tendrá derecho a ejercitar tanto las acciones que se contemplan en la ley en análisis como aquellas que le conceden las que se aplican a los servicios sanitarios, de transporte, de telefonía y de distribución de energía eléctrica y de gas.

El Senado, en segundo trámite constitucional, suprimió esta disposición.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la eliminación de este precepto.

En atención a los acuerdos adoptados respecto del artículo 42, la Comisión Mixta por la unanimidad de sus miembros, HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Pérez, don Ignacio, Prat y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Latorre , Orpis y Pérez, don Aníbal , acordó mantener la supresión del artículo 43 aprobado por la H. Cámara de Diputados.

Artículos 44, 45, 46, 47, 48 y 49

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó -bajo el epígrafe “Disposiciones relativas a la seguridad de los productos y servicios”- un Párrafo V que consta de seis artículos, los signados con los números 44 a 49.

El artículo 44 dispone, en sustancia, que los bienes y servicios que se ofrezcan en el mercado deben estar exentos de riesgos para la salud y seguridad de los consumidores.

El artículo 45 establece, en síntesis, que los proveedores de bienes y servicios, que la misma norma señala, deben hacer las advertencias y entregar las informaciones necesarias para usarlos en adecuadas condiciones de seguridad.

El artículo 46 impone a los fabricantes, importadores y distribuidores de bienes y servicios, respecto de los cuales existan peligros o riesgos, la obligación de comunicar dicha circunstancia al Sernac. Estatuye, asimismo, que la autoridad competente comunicará al público de tales peligros o riesgos y adoptará las demás medidas que indica.

El artículo 47 enumera a los responsables de los daños o perjuicios que provengan por consumo de bienes o servicios nocivos para la salud o seguridad de las personas.

El artículo 48 obliga al proveedor de la mercancía nociva o peligrosa a cambiarla al consumidor por otra inocua o restituirle lo que éste hubiere pagado.

El artículo 49 indica las sanciones que se aplicarán al responsable del incumplimiento de las obligaciones reguladas en este párrafo.

El Senado, en segundo trámite constitucional, suprimió el Párrafo V completo.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la supresión del referido Párrafo.

La proposición presentada por el H. Diputado señor Orpis , como una manera de resolver el conflicto surgido entre ambas cámaras, sugiere agregar un párrafo V, del siguiente tenor:

“Párrafo 5º

Disposiciones relativas a la seguridad de los productos y servicios

Artículo....a.- Las disposiciones del presente párrafo sólo se aplicarán en lo no previsto por las normas especiales que regulan la provisión de determinados bienes o servicios.

Artículo....b.- Los bienes y servicios que se ofrezcan en el mercado deberán estar exentos de riesgos para la salud e integridad física de los consumidores y para la seguridad de sus bienes, exceptuándose aquellos que usual, legal o reglamentariamente se admitan en condiciones normales y previsibles de utilización.

Con todo, tratándose de productos cuyo uso resulte potencialmente peligroso para el consumidor, el proveedor deberá incorporar en los mismos, o en instructivos anexos, las advertencias e indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor seguridad posible.

En lo que se refiere a la prestación de servicios riesgosos, deberán adoptarse por el proveedor las medidas que resulten necesarias para que aquélla se realice en adecuadas condiciones de seguridad, informando al usuario y a quienes pudieren verse afectados por tales riesgos de las providencias preventivas que deban observarse.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos incisos precedentes será sancionado con multa de hasta doscientas unidades tributarias mensuales.

Artículo....c.- Todo fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios que, con posterioridad a la introducción de ellos en el mercado, se percate de la existencia de peligros o riesgos no previstos oportunamente, deberá ponerlos, sin demora, en conocimiento de la autoridad competente para que se adopten las medidas preventivas o correctivas que el caso amerite, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones de advertencia a los consumidores señaladas en el artículo anteprecedente.

Artículo....d.- Declarada judicialmente o determinada por la autoridad competente, en su caso, la peligrosidad de un producto o servicio, o su toxicidad en niveles considerados como nocivos para la salud o seguridad de las personas, los daños o perjuicios que de su consumo provengan serán de cargo, solidariamente, del productor, importador y primer distribuidor o del prestador del servicio, en su caso.

Con todo, se eximirá de la responsabilidad contemplada en el inciso anterior quien provea los bienes o preste los servicios cumpliendo con las medidas de prevención legal o reglamentariamente establecidas y los demás cuidados y diligencias que exija la naturaleza de aquéllos.

Artículo....e.- En el supuesto a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, el proveedor de la mercancía deberá, a su costa, cambiarla a los consumidores por otra inocua y de utilidad análoga. De no ser ello posible, deberá restituirles lo que hubieren pagado por el bien contra la entrega de éste en el estado en que se encuentre.

Artículo...f.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en este párrafo sujetará al responsable a las sanciones contravencionales correspondientes y lo obligará al pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se ocasionen, sin desmedro de la pena aplicable al eventual delito que se configure.

El juez podrá, en todo caso, disponer el retiro del mercado de los bienes respectivos, siempre que conste en el proceso, por informes técnicos, que se trata de productos peligrosos para la salud o seguridad de las personas, u ordenar el decomiso de los mismos si sus características riesgosas o peligrosas no son subsanables.”.

La H. Senadora señora Feliú manifestó no entender el sentido que tendría la inclusión de la frase final del inciso primero del artículo b) propuesto, que dice: “aquellos que usual, legal o reglamentariamente se admitan en condiciones normales y previsibles de utilización”.

El H. Diputado señor Orpis explicó que la norma general se refleja en la parte primera del inciso, al decir que no pueden existir productos y servicios riesgosos, pero permitiéndolo, a continuación, cuando legal o reglamentariamente ello sea posible.

El señor Director del Servicio Nacional del Consumidor agregó que el inciso primero del artículo b) está desarrollando lo que se consagra como derecho de los consumidores en artículo 3º, que establece el derecho a la seguridad en el consumo de los bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles.

Informó que esta norma es un principio muy difundido en el derecho comparado, el deber de seguridad de los bienes y servicios. Añadió que en el inciso primero del artículo b) se está consagrando una obligación genérica para los proveedores. Indicó que una norma análoga existe en las legislaciones española y canadiense.

Luego resaltó que existen bienes, por su naturaleza, riesgosos y por eso se establece la excepción.

El H. Senador señor Prat sugirió eliminar el inciso primero del artículo b), propuesto, ya que, en su opinión, no se justifica dicha norma, porque si existe una disposición legal o reglamentaria, el proveedor deberá cumplirla. En consecuencia, explicó, cuando no exista norma legal o reglamentaria corresponderá aplicar la obligación dispuesta en el inciso segundo.

El H. Senador señor Bitar coincidió con el planteamiento recién referido, no obstante señalar que debería incluirse en el inciso segundo la frase contenida en el inciso primero del artículo b) propuesto, relativa a la salud e integridad física de los consumidores y a la seguridad de sus bienes.

Puesta en votación las proposiciones anteriores, de los HH. Senadores señores Bitar y Prat , fueron aprobadas con los votos afirmativos de los HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Pérez, don Ignacio, Prat y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señor Orpis . Se pronunciaron en contra los HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Latorre , Orpis y Pérez, don Aníbal

Posteriormente, el H. Senador señor Prat señaló que en el artículo d) propuesto debería explicitarse que cuando se hace referencia a determinada autoridad competente, se quiere aludir a las autoridades previstas en normas especiales que regulan la provisión de determinados bienes o servicios, como se refiere en el artículo a) de la proposición.

La Comisión Mixta con los votos conformes de los HH. Senadores señores Bitar , Pérez, don Ignacio, Prat y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Ferrada , Latorre , Orpis y Pérez, don Aníbal , acordó aprobar el nuevo Párrafo 5º que se propone agregar, compuesto por los artículos a), b), c), d), e y f), con las modificaciones ya aprobadas anteriormente para el artículo b), con la sugerencia efectuada por el H. Senador señor Prat y con otras de carácter formal, como se indicará en su oportunidad. Cabe hacer presente que la H. Senadora señora Feliú se abstuvo en esta votación, ya que expresó no haber llegado al completo convencimiento de que es necesario introducir, en esta ley, las disposiciones contenidas en el párrafo que se propone.

Artículo 56

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó -dentro del Título V “De los Organismos Reguladores”- un Párrafo I, bajo el epígrafe “Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción” que consta de un artículo, el 56.

El aludido artículo 56 otorga al Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción un conjunto de facultades en el ámbito de la protección de los derechos de los consumidores.

El Senado, en segundo trámite constitucional, eliminó el Párrafo I, su epígrafe y el artículo 56 que lo compone.

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la mencionada supresión.

Los representantes del Ejecutivo indicaron que, en su opinión no era necesario aprobar las normas contenidas en el artículo, por ser materias propias de la potestad reglamentaria.

Por su parte la H. Senadora señora Feliú indicó que la potestad reglamentaria nace de la Carta Fundamental y si las materias de que trata el artículo están insertas dentro de dicha atribución, la norma no es necesaria. A su vez, precisó, si la materia fuera propia de ley, se requeriría una delegación de facultades al Ejecutivo , en los términos de un decreto con fuerza de ley y con los requisitos del artículo 61 de la Constitución Política de la República.

La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Prat , Romero y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Palma, don Andrés , Tuma y Pérez, don Ramón , acordó acoger el criterio del Senado, en el sentido de suprimir la norma aprobada por la Cámara de Diputados.

Disposiciones transitorias

Artículo 3º Transitorio

(Corresponde al artículo 2º Transitorio aprobado por el Senado)

La Cámara de Diputados, en primer trámite constitucional, aprobó el siguiente artículo 3º transitorio:

“Artículo 3º.- Derógase la ley Nº 18.223, así como toda otra disposición legal contraria a lo preceptuado por la presente ley, a contar de su fecha de vigencia.”.

El Senado, en segundo trámite constitucional, intercaló entre la cifra “18.223” y la expresión “así como”, la frase “con excepción de su artículo 13,”

La Cámara de Diputados, en tercer trámite constitucional, rechazó la sustitución de este artículo.

Los representantes del Ejecutivo expresaron que la propuesta del Senado es acertada, porque salva una situación de vacío legal, ya que el artículo 13 de la ley Nº 18.223 modifica la Ley General de Bancos, regulando la forma de obtención de créditos en el sistema financiero, determinando una sanción al que logra un crédito con documentación o antecedentes falsos. De esta manera, indicaron, es necesario dejar vigente dicho artículo.

La H. Senadora señora Feliú reafirmó lo recién manifestado, señalando que en el aludido artículo 13 de la ley Nº 18.223 se crea una figura delictiva, estableciéndose el carácter de delito a la obtención de créditos suministrando o proporcionando datos falsos o maliciosamente incompletos acerca de la identidad, actividad, estado de situación o patrimonio, ocasionando perjuicio a la institución financiera. En razón de lo anterior y con el objeto de dejar claramente establecido que no es el ánimo derogar dicha norma estimó necesario aprobar el artículo en la forma como fue despachado por el Senado.

La Comisión Mixta, por la unanimidad de sus miembros presentes HH. Senadores señora Feliú y señores Bitar , Prat , Romero y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Palma, don Andrés , Tuma y Pérez, don Ramón , acordó mantener el texto aprobado por el Senado para este artículo transitorio.

-o-

Finalmente, la Comisión Mixta discutió acerca de la manera de proponer a las cámaras la resolución de las controversias efectuadas por ella, en el sentido de considerar la proposición como un solo todo, o proponer su votación por separado.

La Comisión Mixta acordó proponer a ambas Cámaras que su proposición sea considerada como un todo, con los votos afirmativos de los HH. Senadores señores Bitar y Zaldívar, don Adolfo , y HH. Diputados señores Dupré , Palma, don Andrés , Pérez, don Ramón , y Tuma . Votaron negativamente los HH. Senadores señora Feliú y señores Prat y Romero .

-o-

En mérito de las consideraciones precedentemente expuestas, vuestra Comisión Mixta, tiene el honor de efectuaros la siguiente proposición, como forma y modo de resolver las diferencias suscitadas entre ambas ramas del Congreso Nacional:

Artículo 2º

Contemplar para este artículo el siguiente texto:

“Artículo 2°.- Sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor.

Sin embargo, les serán aplicables las normas de la presente ley a los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas o cuando un proveedor se obligue a suministrar al consumidor el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo.

Las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo en las materias que estas últimas no prevean.”.

Artículo 11

Agregar al artículo aprobado por el Senado, un inciso final, nuevo, del siguiente tenor:

“Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será sancionada en conformidad al artículo 20.”.

Artículo 28

Reponer el artículo 28 aprobado por la Cámara de Diputados, como artículo 28 a.-. Dicho artículo es del siguiente tenor:

“Artículo 28 a .- La información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la publicidad y difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño al consumidor.

Expresiones tales como “Garantizado” y “Garantía” sólo podrán ser consignadas cuando se señale en qué consisten y la forma en que el consumidor pueda hacerlas efectivas.”.

-o-

Como una manera de solucionar la controversia producida respecto del artículo 33 y como se señaló en su oportunidad, se propone adicionar el siguiente inciso segundo, nuevo, al artículo 29 aprobado por el Senado:

“En caso de rehusarse el proveedor al cumplimiento de lo ofrecido en la promoción u oferta, el consumidor podrá requerir del juez competente que ordene su cumplimiento forzado, pudiendo éste disponer una prestación equivalente en caso de no ser posible el cumplimiento en especie de lo ofrecido.”.

-o-

Artículo 30

Contemplar este artículo como 28 b.-, con el siguiente texto:

“Artículo 28 b.- Como medida prejudicial preparatoria del ejercicio de su acción en los casos de publicidad falsa o engañosa, podrá el denunciante solicitar del juez competente se exija, en caso necesario, del respectivo medio de comunicación utilizado en la difusión de los anuncios o de la correspondiente agencia de publicidad, la identificación del anunciante o responsable de la emisión publicitaria.”.

Artículo 33

Fue rechazado el texto de la H. Cámara de Diputados, pero su idea quedó consignada como inciso segundo del artículo 29 del texto aprobado por el Senado, como se indicó.

-o-

Como una manera de solucionar la controversia producida respecto de los artículos 42 y 43, como se señaló en su oportunidad, se propone adicionar lo siguiente:

Agregar el siguiente inciso tercero al artículo 34 aprobado por el Senado:

“En todo caso, cuando el consumidor lo solicite, el proveedor deberá especificar, en la correspondiente boleta o factura, los repuestos empleados, el precio de los mismos y el valor de la obra de mano.”.

Añadir las siguientes oraciones finales al inciso segundo del artículo 35 aprobado por el Senado:

“Si el tribunal estimare procedente el reclamo, dispondrá se preste nuevamente el servicio sin costo para el consumidor o, en su defecto, la devolución de lo pagado por éste al proveedor. Sin perjuicio de lo anterior, quedará subsistente la acción del consumidor para obtener la reparación de los perjuicios sufridos.”.

-o-

Artículo 36

Suprimir el inciso segundo aprobado por la H. Cámara de Diputados.

Artículos 42 y 43

Rechazar los artículos 42 y 43 aprobados por la H. Cámara de Diputados, en razón de lo acordado agregar para los artículos 34 y 35, del texto aprobado por el Senado.

Artículos 44, 45, 46, 47, 48, 49

Agregar un nuevo Párrafo 5º y reemplazar los citados artículos, aprobados en el texto del proyecto despachado por la H. Cámara de Diputados, por los siguientes:

“Párrafo 5º

Disposiciones relativas a la seguridad de los productos y servicios

Artículo 37 a.- Las disposiciones del presente párrafo sólo se aplicarán en lo no previsto por las normas especiales que regulan la provisión de determinados bienes o servicios.

Artículo 37 b.- Tratándose de productos cuyo uso resulte potencialmente peligroso para la salud o integridad física de los consumidores o para la seguridad de sus bienes, el proveedor deberá incorporar en los mismos, o en instructivos anexos, las advertencias e indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor seguridad posible.

En lo que se refiere a la prestación de servicios riesgosos, deberán adoptarse por el proveedor las medidas que resulten necesarias para que aquélla se realice en adecuadas condiciones de seguridad, informando al usuario y a quienes pudieren verse afectados por tales riesgos de las providencias preventivas que deban observarse.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos incisos precedentes será sancionado con multa de hasta doscientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 37 c.- Todo fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios que, con posterioridad a la introducción de ellos en el mercado, se percate de la existencia de peligros o riesgos no previstos oportunamente, deberá ponerlos, sin demora, en conocimiento de la autoridad competente para que se adopten las medidas preventivas o correctivas que el caso amerite, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones de advertencia a los consumidores señaladas en el artículo precedente.

Artículo 37 d.- Declarada judicialmente o determinada por la autoridad competente de acuerdo a las normas especiales a que se refiere el artículo 37 a.-, la peligrosidad de un producto o servicio, o su toxicidad en niveles considerados como nocivos para la salud o seguridad de las personas, los daños o perjuicios que de su consumo provengan serán de cargo, solidariamente, del productor, importador y primer distribuidor o del prestador del servicio, en su caso.

Con todo, se eximirá de la responsabilidad contemplada en el inciso anterior quien provea los bienes o preste los servicios cumpliendo con las medidas de prevención legal o reglamentariamente establecidas y los demás cuidados y diligencias que exija la naturaleza de aquéllos.

Artículo 37 e.- En el supuesto a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, el proveedor de la mercancía deberá, a su costa, cambiarla a los consumidores por otra inocua, de utilidad análoga y de valor equivalente. De no ser ello posible, deberá restituirles lo que hubieren pagado por el bien contra la devolución de éste en el estado en que se encuentre.

Artículo 37 f.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en este párrafo sujetará al responsable a las sanciones contravencionales correspondientes y lo obligará al pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se ocasionen, no obstante la pena aplicable en caso de que los hechos sean constitutivos de delito.

El juez podrá, en todo caso, disponer el retiro del mercado de los bienes respectivos, siempre que conste en el proceso, por informes técnicos, que se trata de productos peligrosos para la salud o seguridad de las personas, u ordenar el decomiso de los mismos si sus características riesgosas o peligrosas no son subsanables.”.

Artículo 56

Rechazar el artículo 56 aprobado por la H. Cámara de Diputados.

Artículo 3º Transitorio

Contemplar este artículo como 2º transitorio, con el siguiente texto:

“Artículo 2º.- Derógase la ley Nº 18.223, con excepción de su artículo 13, así como toda otra disposición legal contraria a lo preceptuado por la presente ley, a contar de su fecha de vigencia.”.

A título meramente informativo, cabe hacer presente que, con la proposición de la Comisión Mixta incorporada, el texto de la iniciativa queda como sigue:

PROYECTO DE LEY:

TÍTULO I

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES BÁSICAS

“Artículo 1º.- La presente ley tiene por objeto normar las relaciones entre proveedores y consumidores, establecer las infracciones en perjuicio del consumidor y señalar el procedimiento aplicable en estas materias.

Para los efectos de esta ley se entenderá por:

1. Consumidores: las personas naturales o jurídicas que, en virtud de cualquier acto jurídico oneroso, adquieran, utilicen o disfruten, como destinatarios finales, bienes o servicios.

2. Proveedores: las personas naturales o jurídicas, de carácter público o privado, que habitualmente desarrollen actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución o comercialización de bienes o de prestación de servicios a consumidores, por las que se cobre precio o tarifa.

3. Información básica comercial: los datos, instructivos, antecedentes o indicaciones que el proveedor debe suministrar obligatoriamente al público consumidor, en cumplimiento de una norma jurídica.

4. Publicidad: la comunicación que el proveedor dirige al público por cualquier medio idóneo al efecto, para informarlo y motivarlo a adquirir o contratar un bien o servicio.

5. Anunciante: el proveedor de bienes, prestador de servicios o entidad que, por medio de la publicidad, se propone ilustrar al público acerca de la naturaleza, características, propiedades o atributos de los bienes o servicios cuya producción, intermediación o prestación constituye el objeto de su actividad, o motivarlo a su adquisición.

6. Contrato de adhesión: aquél cuyas cláusulas han sido propuestas unilateralmente por el proveedor sin que el consumidor, para celebrarlo, pueda alterar su contenido.

7. Promociones: las prácticas comerciales, cualquiera sea la forma que se utilice en su difusión, consistentes en el ofrecimiento al público en general de bienes y servicios en condiciones más favorables que las habituales, con excepción de aquéllas que consistan en una simple rebaja de precio.

8. Oferta: práctica comercial consistente en el ofrecimiento al público de bienes o servicios a precios rebajados en forma transitoria, en relación con los habituales del respectivo establecimiento.

Artículo 2º.- Sólo quedan sujetos a las disposiciones de esta ley los actos jurídicos que, de conformidad a lo preceptuado en el Código de Comercio u otras disposiciones legales, tengan el carácter de mercantiles para el proveedor y civiles para el consumidor.

Sin embargo, les serán aplicables las normas de la presente ley a los actos de comercialización de sepulcros o sepulturas o cuando un proveedor se obligue a suministrar al consumidor el uso o goce de un inmueble por períodos determinados, continuos o discontinuos, no superiores a tres meses, siempre que lo sean amoblados y para fines de descanso o turismo.

Las normas de esta ley no serán aplicables a las actividades de producción, fabricación, importación, construcción, distribución y comercialización de bienes o de prestación de servicios reguladas por leyes especiales, salvo en las materias que estas últimas no prevean.

TÍTULO II

DISPOSICIONES GENERALES

Párrafo 1º

Los derechos y deberes del consumidor

Artículo 3º.- Son derechos y deberes básicos del consumidor:

a) La libre elección del bien o servicio;

b) El derecho a una información veraz y oportuna sobre los bienes y servicios ofrecidos, su precio, condiciones de contratación y otras características relevantes de los mismos, y el deber de informarse responsablemente de ellos;

c) El no ser discriminado arbitrariamente por parte de proveedores de bienes y servicios;

d) La seguridad en el consumo de bienes o servicios, la protección de la salud y el medio ambiente y el deber de evitar los riesgos que puedan afectarles;

e) La reparación e indemnización adecuada y oportuna de todos los daños materiales y morales en caso de incumplimiento a lo dispuesto en esta ley, y el deber de accionar de acuerdo a los medios que la ley le franquea, y

f) La educación para un consumo responsable, y el deber de celebrar operaciones de consumo con el comercio establecido.

Artículo 4º.- Los derechos establecidos por la presente ley son irrenunciables anticipadamente por los consumidores.

Párrafo 2º

De las organizaciones para la defensa de los derechos de los consumidores

Artículo 5º.- La constitución de las organizaciones que se formen para la defensa de los derechos de los consumidores, así como su modificación y la cancelación de su personalidad jurídica, se regirán por las disposiciones contenidas en los artículos siguientes, y en lo que no fueren contrarias a ellas por los preceptos del Título XXXIII del Libro I del Código Civil.

Artículo 5ºa.- Las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores se constituyen por la reunión de personas naturales o jurídicas que así lo acuerden, celebrada ante un notario público. El acta de dicha reunión será reducida a escritura pública y contendrá los estatutos por los que habrá de regirse la entidad, su objeto, la individualización de los asistentes a la sesión constitutiva y la de las personas que integrarán el consejo o directorio.

Artículo 5ºb.- Copia autorizada de la escritura pública se depositará en la Intendencia Regional correspondiente al domicilio de la organización, y desde esa fecha la entidad gozará de personalidad jurídica. Un extracto de la misma se publicará en un diario de la capital regional respectiva o, en su defecto, en un diario de circulación nacional. El depósito y la publicación deberán hacerse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha de la escritura pública.

Artículo 5ºc.- El Intendente Regional no podrá negarse a recibir el depósito de la escritura pública, pero podrá, en un solo acto, formular reparos a los estatutos si contuvieren disposiciones contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado, o si en el procedimiento de constitución se hubiere incurrido en algún vicio. El plazo para formular dichos reparos será de treinta días contados desde el depósito de la escritura.

Los reparos deberán ser subsanados dentro del plazo de sesenta días de notificados, cumpliendo con las mismas formalidades establecidas en los artículos anteriores.

Si así no ocurriere o los constituyentes controvirtieren los fundamentos de los reparos, el Intendente Regional podrá ocurrir ante el juez de letras del domicilio de la entidad respectiva, recabando la cancelación de la personalidad jurídica, dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo indicado en el inciso anterior o desde que formalmente se negaren a subsanarlos.

Artículo 5ºd.- El proceso a que diere lugar el requerimiento a que se refiere el artículo precedente, se sustanciará en forma breve y sumaria y deberá resolverse en el plazo de treinta días.

Artículo 5ºe.- Las modificaciones de los estatutos, aprobadas con los quórum y requisitos que éstos establezcan, deberán registrarse en la Intendencia Regional respectiva dentro del plazo establecido en el artículo 5ºb, contado desde la fecha de la escritura pública correspondiente, aplicándose, además, en lo que sea pertinente, lo dispuesto en los artículos anteriores. De las modificaciones se tomará nota al margen de la escritura de constitución.

Artículo 5ºf.- Todos aquéllos a quienes los estatutos de la organización irrogaren lesión o perjuicio, podrán ocurrir ante el juez de letras del domicilio de ésta, a objeto de que ordene su corrección, sin menoscabo de las demás acciones que les franquea la ley. El proceso se sustanciará de conformidad a las reglas del juicio sumario y en él podrá hacerse parte el Intendente Regional respectivo.

Artículo 5ºg.- El Intendente Regional que haya registrado la existencia de una organización de defensa de los derechos de los consumidores podrá solicitar su disolución ante el juez de letras del domicilio de ésta, cuando sus actividades no correspondan al objeto de la institución o cuando resultaren manifiestamente contrarias a la moral, al orden público o a la seguridad del Estado, o cuando fuera aplicable lo previsto en el artículo 560 del Código Civil. La demanda de disolución se sustanciará conforme a las reglas del juicio sumario.

No obstante, a solicitud del Intendente Regional y en casos graves y calificados, el juez podrá suspender el ejercicio de la personalidad jurídica mientras se tramita el juicio de disolución.

Artículo 5ºh.- Las organizaciones de defensa de los derechos de los consumidores pueden disolverse por sí mismas, previa comunicación de la escritura pública de disolución a la autoridad que registró su existencia.

Además, pueden ser disueltas por sentencia judicial, o por disposición de la ley, a pesar de la voluntad de sus miembros, en los casos previstos en el artículo anterior.”.

Artículo 6º.- Las organizaciones a que se refiere el presente párrafo sólo podrán ejercer las siguientes funciones:

a) Difundir el conocimiento de las disposiciones de esta ley y sus regulaciones complementarias;

b) Informar, orientar y educar a los consumidores para el adecuado ejercicio de sus derechos y brindarles asesoría cuando la requieran;

c) Estudiar y proponer medidas encaminadas a la protección de los derechos de los consumidores y efectuar o apoyar investigaciones en el área del consumo;

d) Representar a sus miembros y ejercer las acciones a que se refiere esta ley en defensa de aquellos consumidores que le otorguen el respectivo mandato, y

e) Promover el diálogo y el intercambio de opiniones con los proveedores y las organizaciones representativas de éstos a fin de favorecer el mejoramiento de la calidad de los productos y servicios, la necesaria transparencia en los mercados y la solución armónica de las controversias que se susciten.

Artículo 7º.- Las organizaciones de que trata este párrafo en ningún caso podrán:

a) Desarrollar actividades lucrativas;

b) Incluir como asociados a personas jurídicas que se dediquen a actividades empresariales;

c) Percibir ayudas o subvenciones de empresas o agrupaciones de empresas que suministren bienes o servicios a los consumidores;

d) Realizar publicidad o difundir comunicaciones no meramente informativas sobre bienes o servicios, ni

e) Dedicarse a actividades distintas de las señaladas en el artículo anterior.

La infracción grave y reiterada de las normas contenidas en el presente artículo será sancionada con la cancelación de la personalidad jurídica de la organización, sin perjuicio de las responsabilidades penales o civiles en que incurran quienes las cometan.

Párrafo III

Obligaciones del proveedor

Artículo 8º.- Todo proveedor de bienes o servicios estará obligado a respetar los términos, condiciones y modalidades conforme a las cuales se hubiere ofrecido o convenido con el consumidor la entrega del bien o la prestación del servicio.

Artículo 9º.- Los proveedores no podrán negar injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios comprendidos en sus respectivos giros en las condiciones ofrecidas.

Artículo 10.- Cuando con conocimiento del proveedor se expendan productos con alguna deficiencia, usados o refaccionados o cuando se ofrezcan productos en cuya fabricación o elaboración se hayan utilizado partes o piezas usadas, se deberán informar de manera expresa las circunstancias antes mencionadas al consumidor. Será bastante constancia el usar en los propios artículos, en sus envoltorios o en las facturas, boletas o documentos respectivos las expresiones “segunda selección”, “hecho con materiales usados” u otras equivalentes.

El cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior eximirá al proveedor de las obligaciones derivadas del derecho de opción que se establece en los artículos 15 y 16, sin perjuicio de aquellas que hubiera contraído el proveedor en virtud de la garantía otorgada al producto.

Artículo 11.- Los sistemas de seguridad y vigilancia que, en conformidad a las leyes que los regulan, mantengan los establecimientos comerciales están especialmente obligados a respetar la dignidad y derechos de las personas.

En caso que se sorprenda a un consumidor en la comisión flagrante de un delito los gerentes, funcionarios o empleados del establecimiento se limitarán, bajo su responsabilidad, a poner sin demora al presunto infractor a disposición de las autoridades competentes.

Cuando la contravención a lo dispuesto en los incisos anteriores no fuere constitutiva de delito, ella será sancionada en conformidad al artículo 20.

Párrafo 4º

Normas de equidad en las estipulaciones y en el cumplimiento

de los contratos de adhesión

Artículo 12.- No producirán efecto alguno en los contratos de adhesión las cláusulas o estipulaciones que:

a) Otorguen a una de las partes la facultad de dejar sin efecto o modificar a su solo arbitrio el contrato o de suspender unilateralmente su ejecución, salvo cuando ella se conceda al comprador en las modalidades de venta por correo, a domicilio, por muestrario, usando medios audiovisuales, u otras análogas, y sin perjuicio de las excepciones que las leyes contemplen;

b) Establezcan incrementos de precio por servicios, accesorios, financiamiento o recargos, salvo que dichos incrementos correspondan a prestaciones adicionales que sean susceptibles de ser aceptadas o rechazadas en cada caso y estén consignadas por separado en forma específica;

c) Pongan de cargo del consumidor los efectos de deficiencias, omisiones o errores administrativos, cuando ellos no le sean imputables;

d) Inviertan la carga de la prueba en perjuicio del consumidor;

e) Contengan limitaciones absolutas de responsabilidad frente al consumidor que puedan privar a éste de su derecho a resarcimiento frente a deficiencias que afecten la utilidad o finalidad esencial del producto o servicio, y

f) Incluyan espacios en blanco, que no hayan sido llenados o inutilizados antes de que se suscriba el contrato.

Si en estos contratos se designa árbitro, el consumidor podrá recusarlo sin necesidad de expresar causa y solicitar que se nombre otro por el juez letrado competente. Si se hubiese designado más de un árbitro, para actuar uno en subsidio de otro, podrá ejercer este derecho respecto de todos o parcialmente respecto de algunos. Todo ello, de conformidad a las reglas del Código Orgánico de Tribunales.

Artículo 13.- Los contratos de adhesión relativos a las actividades regidas por la presente ley deberán estar escritos de modo legible y en idioma castellano, salvo aquellas palabras de otro idioma que el uso haya incorporado al léxico. Las cláusulas que no cumplan con dichos requisitos no producirán efecto alguno respecto del consumidor.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, en los contratos impresos en formularios prevalecerán las cláusulas que se agreguen por sobre las del formulario cuando sean incompatibles entre sí.

No obstante lo previsto en el inciso primero, tendrán validez los contratos redactados en idioma distinto del castellano cuando el consumidor lo acepte expresamente, mediante su firma en un documento escrito en idioma castellano anexo al contrato, y quede en su poder un ejemplar del contrato en castellano, al que se estará, en caso de dudas, para todos los efectos legales.

Tan pronto el consumidor firme el contrato, el proveedor deberá entregarle un ejemplar íntegro suscrito por todas las partes. Si no fuese posible hacerlo en el acto por carecer de alguna firma, entregará de inmediato una copia al consumidor con la constancia de ser fiel al original suscrito por éste. La copia así entregada se tendrá por el texto fidedigno de lo pactado, para todos los efectos legales.

Párrafo 5º

Responsabilidad por incumplimiento

Artículo 14.- Constituye infracción a las normas de la presente ley el cobro de un precio superior al exhibido, informado o publicitado.

Artículo 15.- El consumidor tendrá derecho a la reposición del producto o, en su defecto, a optar por la bonificación de su valor en la compra de otro o por la devolución del precio que haya pagado en exceso, cuando la cantidad o el contenido neto de un producto sea inferior al indicado en el envase o empaque.

Artículo 16.- En los casos que a continuación se señalan, sin perjuicio de la indemnización por los daños ocasionados, el consumidor podrá optar entre la reparación gratuita del bien o, previa restitución, su reposición o la devolución de la cantidad pagada:

a) Cuando los productos sujetos a normas de seguridad o calidad de cumplimiento obligatorio no cumplan las especificaciones correspondientes;

b) Cuando los materiales, partes, piezas, elementos, sustancias o ingredientes que constituyan o integren los productos no correspondan a las especificaciones que ostenten o a las menciones del rotulado;

c) Cuando cualquier producto, por deficiencias de fabricación, elaboración, materiales, partes, piezas, elementos, sustancias, ingredientes, estructura, calidad o condiciones sanitarias, en su caso, no sea enteramente apto para el uso o consumo al que está destinado o al que el proveedor hubiese señalado en su publicidad;

d) Cuando el proveedor y consumidor hubieren convenido que los productos objeto del contrato deban reunir determinadas especificaciones y esto no ocurra;

e) Cuando después de la primera vez de haberse hecho efectiva la garantía y prestado el servicio técnico correspondiente, subsistieren las deficiencias que hagan al bien inapto para el uso o consumo a que se refiere la letra c). Este derecho subsistirá para el evento de presentarse una deficiencia distinta a la que fue objeto del servicio técnico, o volviere a presentarse la misma, dentro de los plazos a que se refiere el artículo siguiente;

f) Cuando la cosa objeto del contrato tenga defectos o vicios ocultos que imposibiliten el uso a que habitualmente se destine;

g) Cuando la ley de los metales en los artículos de orfebrería, joyería y otros sea inferior a la que en ellos se indique.

Para los efectos del presente artículo se considerará que es un solo bien aquél que se ha vendido como un todo, aunque esté conformado por distintas unidades, partes, piezas o módulos, no obstante que éstas puedan o no prestar una utilidad en forma independiente unas de otras. Sin perjuicio de ello, tratándose de su reposición, ésta se podrá efectuar respecto de una unidad, parte, pieza o módulo, siempre que sea por otra igual a la que se restituye.

Artículo 17.- El ejercicio de los derechos que contemplan los artículos 15 y 16 deberá hacerse efectivo ante el vendedor dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que se haya recibido el producto, siempre que éste no se hubiere deteriorado por hecho imputable al consumidor. Si el producto se hubiere vendido con determinada garantía, prevalecerá el plazo por el cual ésta se extendió, si fuere mayor.

Las acciones a que se refiere el inciso primero podrán hacerse valer, asimismo, indistintamente en contra del fabricante o el importador, en caso de ausencia del vendedor por quiebra, término de giro u otra circunstancia semejante. Tratándose de la devolución de la cantidad pagada, la acción no podrá intentarse sino respecto del vendedor.

El vendedor, fabricante o importador, en su caso, deberá responder al ejercicio de los derechos a que se refieren los artículos 15 y 16 en el mismo local donde se efectuó la venta o en las oficinas o locales en que habitualmente atiende a sus clientes, no pudiendo condicionar el ejercicio de los referidos derechos a efectuarse en otros lugares o en condiciones menos cómodas para el consumidor que las que se le ofreció para efectuar la venta, salvo que éste consienta en ello.

En el caso de productos perecibles o que por su naturaleza estén destinados a ser usados o consumidos en plazos breves, el término a que se refiere el inciso primero será el impreso en el producto o su envoltorio o, en su defecto, el término máximo de siete días.

El plazo que la póliza de garantía otorgada por el proveedor contemple y aquél a que se refiere el inciso primero de este artículo se suspenderán durante el tiempo en que el bien esté siendo reparado en ejercicio de la garantía.

Tratándose de bienes amparados por una garantía otorgada por el proveedor, el consumidor, antes de ejercer alguno de los derechos que le confiere el artículo 16, deberá hacerla efectiva ante quien corresponda y agotar las posibilidades que ofrece, conforme a los términos de la póliza.

La póliza de garantía a que se refiere el inciso anterior producirá plena prueba si ha sido fechada y timbrada al momento de la entrega del bien. Igual efecto tendrá la referida póliza aunque no haya sido fechada ni timbrada al momento de la entrega del bien, siempre que se exhiba con la correspondiente factura de venta.

Tratándose de la devolución de la cantidad pagada, el plazo para ejercer la acción se contará desde la fecha de la correspondiente factura o boleta.

Para ejercer estas acciones el consumidor deberá acreditar el acto o contrato con la documentación respectiva.

Artículo 18.- Los productos que los proveedores, siendo éstos distribuidores o comerciantes, hubieren debido reponer a los consumidores y aquéllos por los que devolvieron la cantidad recibida en pago, deberán serles restituidos, contra su entrega, por la persona de quien los adquirieron o por el fabricante o importador, siendo asimismo de cargo de estos últimos el resarcimiento, en su caso, de los costos de restitución o de devolución y de las indemnizaciones que se hayan debido pagar en virtud de sentencia condenatoria, siempre que el defecto que dio lugar a una u otra les fuere imputable.

Artículo 19.- Comete infracción a las disposiciones de la presente ley el proveedor que, en la venta de un bien o en la prestación de un servicio, actuando con negligencia, causa menoscabo al consumidor debido a fallas o deficiencias en la calidad, cantidad, identidad, sustancia, procedencia, seguridad, peso o medida del respectivo bien o servicio.

Serán sancionados con multa de cien a trescientas unidades tributarias mensuales, los organizadores de espectáculos públicos, incluidos los artísticos y deportivos, que pongan en venta una cantidad de localidades que supere la capacidad del respectivo recinto. Igual sanción se aplicará a la venta de sobrecupos en los servicios de transporte de pasajeros, con excepción del transporte aéreo.

Artículo 20.- Las infracciones a lo dispuesto en esta ley serán sancionadas con multa de hasta 50 unidades tributarias mensuales, si no tuvieren señalada una sanción diferente.

La publicidad falsa difundida por medios masivos de comunicación, en relación a cualquiera de los elementos indicados en el artículo 24, que incida en las cualidades de productos o servicios que afecten la salud o seguridad de la población o el medio ambiente, hará incurrir al anunciante infractor en una multa de hasta 200 unidades tributarias mensuales.

El juez, en caso de reincidencia, podrá elevar las multas antes señaladas al doble. Se considerará reincidente al proveedor que sea sancionado por infracciones a esta ley dos veces o más dentro del mismo año calendario.

Para la aplicación de las multas el tribunal tendrá especialmente en cuenta la cuantía de lo disputado y las facultades económicas del infractor.

Artículo 21.- El que suspendiere, paralizare o no prestare, sin justificación, un servicio previamente contratado y por el cual se hubiere pagado derecho de conexión, de instalación, de incorporación o de mantención, será castigado con multa de hasta 150 unidades tributarias mensuales.

Cuando el servicio de que trata el inciso anterior fuere de agua potable, gas, alcantarillado, energía eléctrica, teléfono o recolección de basura o elementos tóxicos, los responsables serán sancionados con multa de hasta 300 unidades tributarias mensuales.

El proveedor no podrá efectuar cobro alguno por el servicio durante el tiempo en que se encuentre interrumpido y, en todo caso, estará obligado a descontar o reembolsar al consumidor el precio del servicio en la proporción que corresponda.

Artículo 22.- Las acciones que persigan la responsabilidad contravencional que se sanciona por la presente ley prescribirán en el plazo de seis meses, contado desde que se haya incurrido en la infracción respectiva.

Las sanciones impuestas por dichas contravenciones prescribirán en el término de un año, contado desde que hubiere quedado a firme la sentencia condenatoria.

Artículo 23.- Las restituciones pecuniarias que las partes deban hacerse en conformidad a esta ley, serán reajustadas según la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumidor, determinado por el Instituto Nacional de Estadísticas, entre el mes anterior a la fecha en que se produjo la infracción y el precedente a aquél en que la restitución se haga efectiva.

TÍTULO III

DISPOSICIONES ESPECIALES

Párrafo 1º

Información y publicidad

Artículo 24.- Comete infracción a las disposiciones de esta ley el que, a sabiendas o debiendo saberlo y a través de cualquier tipo de mensaje publicitario, induce a error o engaño respecto de:

a) Los componentes del producto y el porcentaje en que concurren;

b) La idoneidad del bien o servicio para los fines que se pretende satisfacer y que haya sido atribuida en forma explícita por el anunciante;

c) Las características relevantes del bien o servicio destacadas por el anunciante o que deban ser proporcionadas de acuerdo a las normas de información comercial;

d) El precio del bien o la tarifa del servicio, su forma de pago y el costo del crédito en su caso, en conformidad a las normas vigentes;

e) Las condiciones en que opera la garantía, y

f) Su condición de no producir daño al medio ambiente, a la calidad de vida y de ser reciclable o reutilizable.

Artículo 25.- El que estando obligado a rotular los bienes o servicios que produzca, expenda o preste, no lo hiciere, o faltare a la verdad en la rotulación, la ocultare o alterare, será sancionado con multa de cinco a cincuenta unidades tributarias mensuales.

Artículo 26.- Los proveedores deberán dar conocimiento al público de los precios de los bienes que expendan o de los servicios que ofrezcan, con excepción de los que por sus características deban regularse convencionalmente.

El precio deberá indicarse de un modo claramente visible que permita al consumidor, de manera efectiva, el ejercicio de su derecho a elección, antes de formalizar o perfeccionar el acto de consumo.

Igualmente se enunciarán las tarifas de los establecimientos de prestación de servicios.

Cuando se exhiban los bienes en vitrinas, anaqueles o estanterías, se deberá indicar allí sus respectivos precios.

El monto del precio deberá comprender el valor total del bien o servicio, incluidos los impuestos correspondientes.

Cuando el consumidor no pueda conocer por sí mismo el precio de los productos que desea adquirir, los establecimientos comerciales deberán mantener una lista de sus precios a disposición del público, de manera permanente y visible.

Artículo 27.- En las denuncias que se formulen por publicidad falsa, el tribunal competente, de oficio o a petición de parte, podrá disponer la suspensión de las emisiones publicitarias cuando la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados lo ameriten. Podrá, asimismo, exigir al anunciante que, a su propia costa, realice la publicidad correctiva que resulte apropiada para enmendar errores o falsedades.

Artículo 28.- La información básica comercial de los servicios y de los productos de fabricación nacional o de procedencia extranjera, así como su identificación, instructivos de uso y garantías, y la difusión que de ellos se haga, deberán efectuarse en idioma castellano, en términos comprensibles y legibles, y conforme al sistema general de pesos y medidas aplicables en el país, sin perjuicio de que el proveedor o anunciante pueda incluir, adicionalmente, esos mismos datos en otro idioma, unidad monetaria o de medida.

Artículo 28 a.- La información que se consigne en los productos, etiquetas, envases, empaques o en la publicidad y difusión de los bienes y servicios deberá ser susceptible de comprobación y no contendrá expresiones que induzcan a error o engaño al consumidor.

Expresiones tales como “Garantizado” y “Garantía” sólo podrán ser consignadas cuando se señale en qué consisten y la forma en que el consumidor pueda hacerlas efectivas.

Artículo 28 b.- Como medida prejudicial preparatoria del ejercicio de su acción en los casos de publicidad falsa o engañosa, podrá el denunciante solicitar del juez competente se exija, en caso necesario, del respectivo medio de comunicación utilizado en la difusión de los anuncios o de la correspondiente agencia de publicidad, la identificación del anunciante o responsable de la emisión publicitaria.

Párrafo 2º

Promociones y ofertas

Artículo 29.- En toda promoción u oferta se deberá informar al consumidor sobre las bases de la misma y el tiempo o plazo de su duración.

En caso de rehusarse el proveedor al cumplimiento de lo ofrecido en la promoción u oferta, el consumidor podrá requerir del juez competente que ordene su cumplimiento forzado, pudiendo éste disponer una prestación equivalente en caso de no ser posible el cumplimiento en especie de lo ofrecido.

Artículo 30.- Cuando se trate de promociones en que el incentivo consista en la participación en concursos o sorteos, el anunciante deberá informar al público sobre el monto o número de premios de aquéllos y el plazo en que se podrán reclamar. El anunciante estará obligado a difundir adecuadamente los resultados de los concursos o sorteos.

Párrafo 3º

Del crédito al consumidor

Artículo 31.- En toda operación de consumo en que se conceda crédito directo al consumidor, el proveedor deberá poner a disposición de éste la siguiente información:

a) El precio al contado del bien o servicio de que se trate;

b) La tasa de interés que se aplique sobre los saldos de precio correspondientes y la tasa de interés moratorio en caso de incumplimiento, la que deberá quedar señalada en forma explícita;

c) El monto de cualquier pago adicional que fuere procedente cobrar;

d) Las alternativas de monto y número de pagos a efectuar y su periodicidad, y

e) El sistema de cálculo de los gastos que genere la cobranza de los créditos impagos.

Sin perjuicio de lo anterior, cuando se exhiban los bienes en vitrinas, anaqueles o estanterías, se deberán indicar allí las informaciones referidas en las letras a) y b).

Artículo 32.- Los intereses se aplicarán solamente sobre los saldos insolutos del crédito concedido y los pagos no podrán ser exigidos por adelantado, salvo acuerdo en contrario.

Artículo 33.- Cometerán infracción a la presente ley, los proveedores que cobren intereses por sobre el interés máximo convencional a que se refiere el artículo 6º de la ley Nº 18.010, sin perjuicio de la sanción civil que se contempla en el artículo 8º de la misma ley.

Párrafo 4º

Normas especiales en materia de prestación de servicios

Artículo 34.- En los contratos de prestación de servicios cuyo objeto sea la reparación de cualquier tipo de bienes, se entenderá implícita la obligación del prestador del servicio de emplear en tal reparación componentes o repuestos adecuados al bien de que se trate, ya sean nuevos o refaccionados, siempre que se informe al consumidor de esta última circunstancia.

El incumplimiento de esta obligación dará lugar, además de las sanciones o indemnizaciones que procedan, a que se obligue al prestador del servicio a sustituir, sin cargo adicional alguno, los componentes o repuestos correspondientes al servicio contratado.

En todo caso, cuando el consumidor lo solicite, el proveedor deberá especificar, en la correspondiente boleta o factura, los repuestos empleados, el precio de los mismos y el valor de la obra de mano.

Artículo 35.- El prestador de un servicio, incluido el servicio de reparación, estará obligado a señalar por escrito en la boleta, recibo u otro documento, el plazo por el cual se hace responsable del servicio o reparación.

En todo caso, el consumidor podrá reclamar del desperfecto o daño ocasionado por el servicio defectuoso dentro del plazo de diez días hábiles, contado desde la fecha en que hubiere terminado la prestación del servicio o, en su caso, se hubiere entregado el bien reparado. Si el tribunal estimare procedente el reclamo, dispondrá se preste nuevamente el servicio sin costo para el consumidor o, en su defecto, la devolución de lo pagado por éste al proveedor. Sin perjuicio de lo anterior, quedará subsistente la acción del consumidor para obtener la reparación de los perjuicios sufridos.

Para ejercer el derecho establecido en el inciso anterior, el consumidor deberá acreditar el acto o contrato con la documentación respectiva.

Artículo 36.- Se entenderán abandonadas en favor del proveedor las especies que le sean entregadas en reparación, cuando no sean retiradas en el plazo de un año contado desde la fecha en que se haya otorgado y suscrito el correspondiente documento de recepción del trabajo.

Artículo 37.- El proveedor que actúe como intermediario en la prestación de un servicio responderá directamente frente al consumidor por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, sin perjuicio de su derecho a repetir contra el prestador de los servicios o terceros que resulten responsables.

Párrafo 5º

Disposiciones relativas a la seguridad de los productos y servicios

Artículo 37 a.- Las disposiciones del presente párrafo sólo se aplicarán en lo no previsto por las normas especiales que regulan la provisión de determinados bienes o servicios.

Artículo 37 b.- Tratándose de productos cuyo uso resulte potencialmente peligroso para la salud o integridad física de los consumidores o para la seguridad de sus bienes, el proveedor deberá incorporar en los mismos, o en instructivos anexos, las advertencias e indicaciones necesarias para que su empleo se efectúe con la mayor seguridad posible.

En lo que se refiere a la prestación de servicios riesgosos, deberán adoptarse por el proveedor las medidas que resulten necesarias para que aquélla se realice en adecuadas condiciones de seguridad, informando al usuario y a quienes pudieren verse afectados por tales riesgos de las providencias preventivas que deban observarse.

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en los dos incisos precedentes será sancionado con multa de hasta doscientas unidades tributarias mensuales.

Artículo 37 c.- Todo fabricante, importador o distribuidor de bienes o prestador de servicios que, con posterioridad a la introducción de ellos en el mercado, se percate de la existencia de peligros o riesgos no previstos oportunamente, deberá ponerlos, sin demora, en conocimiento de la autoridad competente para que se adopten las medidas preventivas o correctivas que el caso amerite, sin perjuicio de cumplir con las obligaciones de advertencia a los consumidores señaladas en el artículo precedente.

Artículo 37 d.- Declarada judicialmente o determinada por la autoridad competente de acuerdo a las normas especiales a que se refiere el artículo 37 a.-, la peligrosidad de un producto o servicio, o su toxicidad en niveles considerados como nocivos para la salud o seguridad de las personas, los daños o perjuicios que de su consumo provengan serán de cargo, solidariamente, del productor, importador y primer distribuidor o del prestador del servicio, en su caso.

Con todo, se eximirá de la responsabilidad contemplada en el inciso anterior quien provea los bienes o preste los servicios cumpliendo con las medidas de prevención legal o reglamentariamente establecidas y los demás cuidados y diligencias que exija la naturaleza de aquéllos.

Artículo 37 e.- En el supuesto a que se refiere el inciso primero del artículo anterior, el proveedor de la mercancía deberá, a su costa, cambiarla a los consumidores por otra inocua, de utilidad análoga y de valor equivalente. De no ser ello posible, deberá restituirles lo que hubieren pagado por el bien contra la devolución de éste en el estado en que se encuentre.

Artículo 37 f.- El incumplimiento de las obligaciones contempladas en este párrafo sujetará al responsable a las sanciones contravencionales correspondientes y lo obligará al pago de las indemnizaciones por los daños y perjuicios que se ocasionen, no obstante la pena aplicable en caso de que los hechos sean constitutivos de delito.

El juez podrá, en todo caso, disponer el retiro del mercado de los bienes respectivos, siempre que conste en el proceso, por informes técnicos, que se trata de productos peligrosos para la salud o seguridad de las personas, u ordenar el decomiso de los mismos si sus características riesgosas o peligrosas no son subsanables.

TÍTULO IV

DEL PROCEDIMIENTO A QUE DA LUGAR LA APLICACIÓN DE ESTA LEY

Artículo 38.- Será competente para conocer de las acciones a que dé lugar la aplicación de la presente ley el juez de policía local de la comuna en que se hubiere celebrado el contrato respectivo, o en su caso, se hubiere cometido la infracción o dado inicio a su ejecución.

Lo anterior se entenderá sin perjuicio de que los consumidores que consideren lesionados sus derechos puedan reclamar de ello ante el Servicio Nacional del Consumidor, quien dará a conocer al proveedor respectivo el motivo de inconformidad a fin de que voluntariamente pueda concurrir y proponer las alternativas de solución que estime convenientes. Sobre la base de la respuesta del proveedor reclamado, el Servicio Nacional del Consumidor promoverá un entendimiento voluntario entre las partes. El documento en que dicho acuerdo se haga constar tendrá carácter de transacción extrajudicial y extinguirá, una vez cumplidas sus estipulaciones, la acción del reclamante para perseguir la responsabilidad contravencional del proveedor.

Las infracciones a esta ley que se cometan en los procedimientos de cobranza, tanto en lo que se refiere a los montos cobrados en exceso como también en lo que respecta a formas materiales contrarias o ajenas a las que se establecen en las normas procesales civiles, serán conocidas conforme a las disposiciones de este artículo y sancionadas con multas que, según la gravedad de los hechos y los antecedentes acompañados, irán desde un 25 por ciento del capital adeudado hasta el cien por ciento del mismo, sin perjuicio de la obligación de devolución de lo cobrado en exceso al consumidor.

Artículo 39.- La demanda respectiva deberá presentarse por escrito y no requerirá patrocinio de abogado habilitado.

Recibida la demanda, el juez decretará una audiencia oral de avenimiento, contestación y prueba. La audiencia deberá tener lugar cinco días después de notificada la demanda. Para los efectos previstos en esta ley se presume que representa al proveedor y que en tal carácter obliga a éste, la persona que ejerce habitualmente funciones de dirección o administración por cuenta o representación del proveedor.

La audiencia a que se refiere el inciso anterior será conducida personalmente por el juez y a ella podrán comparecer las partes personalmente sin la necesidad de apoderado o abogado habilitado.

Artículo 40.- Las cuestiones accesorias al juicio pero que requieran de un pronunciamiento especial del tribunal deberán ventilarse y fallarse en la audiencia oral a que se refiere el artículo anterior o en una posterior que se fije para estos efectos. En este último caso, ella no podrá tener lugar en un plazo superior a cinco días contados desde la última audiencia.

Artículo 41.- Rendida la prueba o practicadas las medidas para mejor resolver que se decreten, el juez deberá fallar la causa después de cinco días de encontrarse los autos en ese estado.

Artículo 42.- El Servicio Nacional del Consumidor podrá subrogarse en las acciones del demandante cuando éste comparezca personalmente, y sólo para los efectos de demandar la aplicación de las multas de que tratan los artículos anteriores. No obstante, podrá denunciar las infracciones al tribunal competente y hacerse parte en aquellas causas que comprometan los intereses generales de los consumidores.

Artículo 43.- En lo no previsto en este Título, el procedimiento se sujetará a las normas contenidas en la Ley Nº18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.

TÍTULO V

Del Servicio Nacional del Consumidor

Artículo 44.- El Servicio Nacional del Consumidor será un servicio público funcionalmente descentralizado y desconcentrado territorialmente en todas las regiones del país, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

Artículo 45.- El Servicio Nacional del Consumidor deberá velar por el cumplimiento de las disposiciones de la presente ley y demás normas que digan relación con el consumidor, difundir los derechos y deberes del consumidor y realizar acciones de información y educación del consumidor.

Corresponderán especialmente al Servicio Nacional del Consumidor las siguientes funciones:

a) Formular, realizar y fomentar programas de información y educación al consumidor;

b) Realizar, a través de laboratorios o entidades especializadas, de reconocida solvencia, análisis selectivos de los productos que se ofrezcan en el mercado en relación a su composición, contenido neto y otras características. Aquellos análisis que excedan en su costo de 250 unidades tributarias mensuales, deberán ser efectuados por laboratorios o entidades elegidas en licitación pública. En todo caso el Servicio deberá dar cuenta detallada y pública de los procedimientos y metodología utilizada para llevar a cabo las funciones contenidas en esta letra;

c) Recopilar, elaborar, procesar, divulgar y publicar información para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de las características de la comercialización de los bienes y servicios que se ofrecen en el mercado;

d) Realizar y promover investigaciones en el área del consumo, y

e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la protección de los derechos de los consumidores.

La facultad de velar por el cumplimiento de otras normas que digan relación con el consumidor, a que se refiere el inciso primero y la letra e) del inciso segundo de este artículo, sólo puede ser ejercida cuando esa facultad no está entregada al conocimiento y resolución de otros organismos o instancias jurisdiccionales, salvo para denunciar ante ellos las posibles infracciones.

Los proveedores estarán obligados a proporcionar al Servicio Nacional del Consumidor los informes y antecedentes que les sean solicitados por escrito, y que digan relación con la información básica comercial, definida en el artículo 1º de esta ley, de los bienes y servicios que ofrezcan al público.

Artículo 46.- El Director Nacional será el Jefe Superior del Servicio y tendrá su representación judicial y extrajudicial.

Artículo 47.- El patrimonio del Servicio Nacional del Consumidor estará formado por:

a) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, de la ex-Dirección de Industria y Comercio, que por Ley Nº 18.959 pasó a denominarse Servicio Nacional del Consumidor;

b) Los aportes que anualmente le asigne la Ley de Presupuestos de la Nación;

c) Los aportes de cooperación internacional que reciba para el desarrollo de sus actividades;

d) El producto de la venta de las publicaciones que realice, cuyo valor será determinado por resolución de su Director Nacional;

e) Las herencias, legados y donaciones que acepte el Servicio, siempre que provengan de personas o entidades sin fines de lucro y no regidas por esta ley, y

f) Los frutos de tales bienes.

Las donaciones en favor del Servicio estarán exentas del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1.401 del Código Civil, así como de cualquier contribución o impuesto.

TÍTULO FINAL

Artículo 48.- Las multas a que se refiere esta ley serán de beneficio fiscal.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Artículo 1º.- La presente ley entrará en vigencia noventa días después de su publicación en el Diario Oficial.

Artículo 2º.- Derógase la ley Nº 18.223, con excepción de su artículo 13, así como toda otra disposición legal contraria a lo preceptuado por la presente ley, a contar de su fecha de vigencia.

-o-

Acordado en sesiones celebradas los días 3, 16, 30 y 31 de julio de 1996, con asistencia de sus miembros HH. Senadores señor Francisco Prat Alemparte ( Presidente ), señora Olga Feliú Segovia y señores Sergio Bitar Chacra ( María Elena Carrera Villavicencio) , Sergio Romero Pizarro ( Ignacio Pérez Walker ) y Adolfo Zaldívar Larraín ( Andrés Zaldívar Larraín ) y HH. Diputados señores Carlos Dupré Silva , Juan Carlos Latorre Carmona , ( Andrés Palma Irarrázaval y Joaquín Palma Irarrázaval) , Alberto Espina Otero ( Luis Valentín Ferrada Valenzuela y Ramón Pérez Opazo) , Jaime Orpis Bouchón y Aníbal Pérez Lobos ( Eugenio Tuma Zedan ).

Sala de la Comisión, a 6 de agosto de 1996.

(Fdo.): Roberto Bustos Latorre , Secretario .?

4. Oficio del Tribunal Constitucional.

“Excelentísimo señor Presidente

de la Cámara de Diputados:

Tengo el honor de comunicar a V.E. que, en el requerimiento formulado al proyecto de ley cuyo objetivo es fijar la sede del Congreso en la ciudad de Santiago, este Tribunal acordó, con esta fecha, prorrogar por diez días el plazo a que se refiere el inciso quinto del artículo 82 de la Constitución Política de la República para resolver este requerimiento, plazo que de esta manera vence el día 12 de agosto.

Esta resolución fue dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional integrado por su Presidente don Manuel Jiménez Bulnes , y los Ministros señora Luz Bulnes Aldunate , señores Ricardo García Rodríguez , Osvaldo Faúndez Vallejos , Servando Jordán López y Juan Colombo Campbell .

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): MANUEL JIMÉNEZ BULNES , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .

AL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DON JAIME ESTÉVEZ VALENCIA

PRESENTE.”