Labor Parlamentaria

El señor BARRUETO .-

Señor Presidente , el estudio del tema ambiental relacionado con los grandes proyectos de inversión, fue solicitado por un grupo de 40 parlamentarios de todas las bancadas y tiene que ver con la definición de una política de Estado, del sector público en su conjunto más que meramente del Gobierno, para enfrentar la armonización entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente.

La inquietud por este debate surge de los múltiples conflictos sucedidos en los últimos meses en el país a raíz de los megaproyectos de inversión nacional y extranjeros, como los de Trillium, Ralco , Pangue, Celulosa Valdivia , el Gasoducto Andes, por nombrar algunos. Ha aflorado un conjunto de conflictos e incompatibilidades respecto de los criterios para enfrentarlos.

De allí que frente a una institucionalidad ambiental muy nueva y débil es fundamental precisar la voluntad política del Estado para enfrentar el tema.

Lo primero es reafirmar la idea de un desarrollo sustentable que la Cámara de Diputados estableció en la ley sobre bases del medio ambiente; es decir, la idea de que el crecimiento económico debe ir de la mano con la protección de los recursos naturales y del medio ambiente, que no son incompatibles, como lo piensan algunos.

Afirmo, en forma tajante, a quienes creen que preocuparse de los temas ambientales significará detener u obstaculizar el crecimiento económico, que están demostrando una visión anticuada. El verdadero desafío que hoy tenemos como país es cómo equilibramos el crecimiento económico y sus consecuencias con la protección del medio ambiente.

Algunos han planteado la inquietud de que la preocupación por los temas ambientales podría paralizar el crecimiento, tan necesario del país. Incluso, han dicho que mejor sería crecer y después preocuparse del medio ambiente; que no debemos aceptar que los países desarrollados nos impongan normas válidas para ellos, después de que, por largas décadas, no se preocuparon de los temas ambientales, sino sólo de crecer.

Creo que esta idea es equivocada, pues no tomar en cuenta el medio ambiente resulta mucho más caro que su consideración en el crecimiento económico, no sólo porque con posterioridad es necesario gastar mucho en una recuperación ambiental -cuando las cosas son recuperables-, sino porque los costos de salud y de la calidad de vida son muy altos. Por ejemplo, en Santiago, ¿quién ha puesto precio a las enfermedades broncopulmonares producidas por la contaminación?

En definitiva, en esta sesión queremos reclamar, en primer lugar, otra prioridad política para el tema ambiental. Creemos que no es un lujo para el país, sino una necesidad, para un verdadero desarrollo, el que ecología y economía vayan de la mano y que el crecimiento económico se compatibilice con estas necesidades.

¿Cómo lograr esto? Este es un tema fundamental. Se nos dice que es necesario compatibilizar distintos intereses. Pienso que para que el país logre resolver bien el tema ambiental, al igual que en otros ámbitos, necesitamos gestar un nuevo trato entre los distintos sectores de la sociedad chilena. La sociedad civil, la ciudadanía, el sector público y la empresa privada tienen que redefinir sus responsabilidades, de manera que cada uno juegue su papel sin entorpecer al otro, y así crear este nuevo trato. ¿Por qué digo esto? En los últimos meses hemos sido testigos de la manera que se enfrentan los distintos intereses para resolver los temas. Se mezclan intereses de desarrollo -muy legítimos-, de calidad de vida, económicos, menores, particulares y se genera una situación difícil de abordar. En distintos casos vemos la debilidad con que actúa la institucionalidad ambiental. En la Octava Región, ante el intento de instalar un basurero industrial en las minas de Schwager, Corema tomó una decisión y posteriormente, a partir del cambio de opinión de una de las autoridades regionales, prácticamente, la cambió entera. En el caso de Trillium, por un informe técnico negativo se toman decisiones distintas.

Entonces, el problema es cómo articulamos las prioridades políticas y económicas con los temas ambientales y la cuestión técnica. Reconozco que para aprobar un proyecto hay que tener presente todo tipo de consideraciones: económicas, sociales y políticas. Pero si realmente queremos respetar el medio ambiente es fundamental que esos proyectos tengan una aprobación técnica. No puede ser que un proyecto que técnicamente fue rechazado se apruebe por razones de otro tipo. Es posible que por razones de otro tipo, el país busque la forma de realizar de todas maneras ese proyecto, pero con la condición de que se cumplan los requisitos técnicos, considerando su impacto ambiental que va a tener.

Me parece que uno de los temas fundamentales que deberíamos discutir y concordar en esta sesión especial es cómo fortalecemos la institucionalidad ambiental del país. Necesitamos una verdadera autoridad ambiental. Tenemos que discutir el rol de la Conama. Es fundamental que se concentre en cumplir plenamente el papel para el cual fue creada: defender y proteger el medio ambiente, los recursos naturales y representar a la ciudadanía. Es un servicio público cuyo objetivo debe ser ése y no otro. No podemos pedir a la Conama y a los Coremas que asuman la responsabilidad de compatibilizar o mediar entre los distintos intereses que se enfrentan ante las decisiones ambientales.

La compatibilización -que es necesaria- debería efectuarse en instancias políticas superiores, para que este servicio público se concentre en ser un verdadero defensor del medio ambiente de los chilenos. Junto con ello, es fundamental respaldar a Conama desde el punto de vista presupuestario y de personal, pues las Coremas no pueden tener más de tres funcionarios, lo que hace imposible evaluar grandes proyectos regionales.

Finalmente, debemos discutir cómo dar un rango superior a la Conama, como servicio público, para que pueda cumplir plenamente su rol coordinador, además de fiscalizar a muchos servicios de rango igual o superior.

He dicho.

El señor DE LA MAZA .-

Señor Presidente , cuando pensamos qué íbamos a decir en esta sesión tuvimos en mente un debate que se está produciendo hoy en el país. Pensamos en ello y finalmente decidimos no meternos en el tema de quién quiere ser el protagonista en materia de política ambiental pública. Tampoco quisimos convertirnos en defensores de las políticas oficiales que sostiene el Gobierno. Simplemente, hemos querido reconocer una gestión ambiental, durante los últimos seis años, de primera magnitud, que se inició en el Gobierno de don Patricio Aylwin y que hoy continúa bajo la presidencia de don Eduardo Frei ; reconocer la enorme inversión hecha por el Estado para mitigar, reparar y resolver los problemas de contaminación que durante los últimos cien años vienen afectando a nuestro país y que redundan gravemente en las áreas agrícolas, pesqueras y, especialmente, en la minería.

Otra opción era esta legislación novedosa, que recién se está aplicando, que está resistiendo los embates de la modernidad, la polémica entre desarrollo y sustentabilidad; entre proteger el medio ambiente y crecer; entre resolver los problemas de la pobreza y de preservar la naturaleza.

Quisimos optar por plantearnos algunas temáticas que, a nuestro juicio, constituyen observaciones a lo obrado y alguna prevención respecto del futuro.

Con frecuencia se señala que la inserción global de la economía chilena representa una oportunidad histórica para lograr un crecimiento sostenido del ingreso y el consiguiente mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

No siempre se dice con el mismo énfasis que si lo que se busca es un crecimiento ambientalmente sustentable, el camino de la integración de Chile a la economía mundial requiere de esfuerzos que van mucho más allá de los parámetros económicos.

La importancia adquirida por las materias ambientales, no sólo en Chile, sino en las relaciones internacionales, hace impostergable la pronta definición de un perfil ambiental para nuestro país.

Esta tarea implica reconocer, tanto las realidades institucionales y legales del país como el manejo y potencialidad de sus recursos naturales.

Tengo aquí una recopilación hecha en 1992, esfuerzo realizado por un profesor universitario especialista en derecho ambiental, que abarca los últimos 20 años, y que Rafael Asenjo , como presidente de la Conama , transformó en un documento. Contiene 718 leyes y normativas respecto de materias ambientales. ¡Cómo no va ser contradictoria, por lo tanto, la solución a los problemas!

Señor Presidente , por curiosidad tomé una norma. Quiero que la conozcan porque es decidora para reafirmar lo que aquí señalamos. Es un reglamento sobre normas sanitarias mínimas municipales. En su Nº 2, dice: “Autoriza a los municipios para destruir o eliminar la basura por vaciamiento en el mar o en grandes lagos”. Hoy, esta norma está vigente en Chile. Autoriza a los municipios para botar la basura en grandes lagos o en el mar.

Esta frondosa legislación conspira contra las políticas medioambientales; conspira contra la gestión del Gobierno.

Desde el punto de vista internacional, nuestro país está siendo presionado. Los países que ya pagaron el costo del desarrollo hoy les exigen a los que están en desarrollo, la preservación del medio ambiente, lo que no es malo, sino que constituye un desafío. Por ejemplo, participar en la definición de los estándares ISO 14 1000; en la disposición de instrumentos económicos para abordar los problemas ambientales. El “dumping” ecológico, entre otras cosas, pesa sobre Chile y nos ayudará a establecer una legislación armónica y consecuente con estas materias. Por lo mismo, es indispensable que la directriz ambiental chilena adquiera la categoría de política de Estado; es decir, un compromiso nacional que trascienda a los gobiernos. Para que ella sea efectiva, debe integrarse a las políticas económicas y sociales del país, que ya tienen el carácter de políticas de Estado, y la ventaja de ser exitosas.

Durante mucho tiempo se sostuvo que se podía contaminar. La modernidad internacional expresó como norma “el que contaminaba paga”, pero hoy la exigencia del tiempo moderno es señalar que el que no contamina, gana. La tecnología limpia no significa menos productividad; al contrario, los esfuerzos que no se hagan en este sentido llevarán inevitablemente, en diez o veinte años, de políticas exitosas, al fracaso.

Por otra parte, una política que comprometa a todo el país debe responder con sus resultados a todos los sectores involucrados, incluso a aquellos que aún no han sido beneficiados por la inserción global, a los que no gozan del éxito ni del desarrollo. Además, una política de Estado pone su mirada en el largo plazo y no sólo en lo inmediato.

Para ello se sugiere, en primer lugar, revalorizar la idea de planificación, para incorporar en ella el uso de instrumentos de mercado que la hagan más eficiente, flexible y acorde a los nuevos desafíos que enfrenta el país. En segundo lugar, desarrollar una institucionalidad ambiental fuerte, tecnificada, eficiente y activa.

En tercer lugar, vitalizar los gobiernos regionales y locales para una gestión ambiental descentralizada.

Estimamos que es fundamental usar el instrumento de la descentralización y entregar al poder local legitimidad y capacidad de decisión sobre los problemas ambientales que les afectan directamente. Esto significa fortalecer las identidades locales. Por ejemplo, reconocer que la gigantesca obra que se construye en Valdivia con la celulosa, con una inversión de 1.100 millones de dólares, tiene una alternativa para no afectar el santuario del río Cruces: se le exige el tratamiento terciario de las aguas y que a través de un ducto salga por la caleta de Mehuín; eso significa respetar la identidad local.

Entender que allí hay un ecosistema en el cual el mundo pesquero artesanal ha recibido del gobierno cosas fundamentales, como una escuela especializada de tecnólogos pesqueros. Se les ha entregado una fábrica para desarrollar su propia tecnología. Han logrado mantener limpieza absoluta en el río que les circunda y han preferido la fosa séptica a vaciar las aguas de desecho al río, porque quieren mantener su entorno.

¿Qué nos pasa con esta tecnología nueva? ¿Qué van a vaciar en nuestra aguas? ¿Compuestos órganoclorados que probablemente significan la destrucción o muerte de sus fuentes de trabajos? ¿No implica también respetar lo que se ha creado por acción propia de la gente que allí vive?

Esto es lo que plantea como política la bancada democratacristiana: compatibilizar el desarrollo indispensable para superar los niveles de pobreza masiva del país y lograr, al mismo tiempo, la defensa futura del medio ambiente, es decir, una política de preservación. Al entender los esfuerzos que se han hecho, se puede avanzar en ese sentido.

Falta de un perfil ambiental, porque ni siquiera conocemos nuestro territorio. Cuando hablamos del Trillium, por ejemplo del proyecto Río Cóndor, sabemos que no tenemos cartografías de la zona, ignoramos cómo es, cómo se comporta la naturaleza.

Entonces, debemos avanzar en experiencia, sin negarnos a priori a las posibilidades, pero con cuidado, porque lo fundamental y lo que está en juego es el futuro.

En este contexto, la demanda por una cada vez mejor calidad ambiental, tanto de productos como de procesos productivos en los países desarrollados, es una tendencia altamente positiva que nos abre una interesante posibilidad. La exigencia de normas y estándares de calidad internacional en todos los mercados, nos obligará a incorporar criterios de sustentabilidad ambiental en los negocios si queremos mantener la competitividad. El país se verá cada vez más presionado a contar con una legislación apropiada en este ámbito. Los acuerdos internacionales incluyen explícitamente el tema y hoy es un elemento que está presente en todas las negociaciones.

Después de dos años y algunos meses de gestión en institucionalidad ambiental, creemos necesario fortalecerla y no destruirla; no marcarla, ahora que está empezando, con cuestiones propias de partidos políticos, con luchas internas o posiciones partidistas para sacar ventajas o provecho ante la gente, sino fortalecerla en su dimensión técnica, administrativa, coordinadora y fiscalizadora.

Regionalizar la política ambiental con progresiva y adecuada participación de las autoridades locales, en particular de los municipios. Chile no tiene un modelo de ordenamiento nacional de su territorio y éste, con un potencial maravilloso, está esperando que los chilenos apliquemos inteligencia y futuro a esta tierra nuestra.

Debemos generar un modelo de ordenamiento, consensuar y desarrollar medidas de recuperación, de mitigación y prevención de los efectos que tiene sobre el medio ambiente el desarrollo económico y social del país.

Debemos incorporar la componente ambiental al desarrollo de equidad social en la gestión pública, en el marco del mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Ya no importa sólo la gráfica, la macroeconomía, la estadística. La calidad de vida tiene mucho que ver con el entorno, con la manera de tratar la basura, con la forma que tiene la plaza, con la necesidad de esparcimiento, con la necesidad de sentirse identificado con un entorno que permita el crecimiento espiritual de las personas.

Debemos fortalecer la gestión de los comités técnicos de las Corema, que hoy están disminuidos, que tienen poca capacidad.

Sin duda, esto pasa por mayores recursos, respecto de los cuales es indispensable pensar y la Cámara tiene la obligación de hacerlo.

También creemos que hay algunas debilidades. Observamos una confusión entre las funciones de los órganos y servicios con competencia ambiental, y una inadecuada coordinación entre los mismos, fruto, probablemente, de la estructura de poder del país. Pero es indispensable hacer un esfuerzo en este sentido.

Creemos que faltan recursos, una adecuada infraestructura administrativa -capaz de resolver las exigencias y los desafíos que imponen los conflictos medioambientales- y, finalmente, una política, un sistema nacional ambiental cuya responsabilidad recae sustantivamente sobre la Conama, que recoja las obligaciones que le impone la ley de bases del Medio Ambiente y, al mismo tiempo, entregue facultades, instrumentos y recursos para lograrlo, ya que nada podemos hacer si no los otorgamos.

Por último, en nombre de mi bancada, quiero hacer especial mención a algo que considero fundamental: la participación ciudadana.

Un país no avanzará hacia su desarrollo integral si no logra una adecuada participación ciudadana, la que no puede constituir sólo un lema ni expresarse llamándola en algún momento para preguntarle su opinión. No se puede esperar a que la ciudadanía, a través de cualquier medio, reclame, grite o se oponga. La participación significa estar en el proceso, en el estudio; posibilitar el desarrollo de la institucionalidad para el mundo ciudadano; que el Estado se preocupe de dotarla de los instrumentos para que la ciudadanía participe en todo el proceso de la gestión ambiental; que se recoja por los tribunales de justicia y por la ley una forma también de participar con recursos destinados al efecto, sin usar la legislación general, pues no sirve para este nuevo desafío ambiental. Estimamos que sin un compromiso de la identidad local, sin la participación real del país incorporado al proceso de cuidado del medio ambiente, que significa preservación del futuro y de la dignidad del país, nada tiene sentido.

Eso es lo que en nombre de mi bancada y del cargo que ostento de presidente de la Comisión, quiero comunicar a mis colegas y a la ciudadanía.

He dicho.

El señor CHADWICK (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.

El señor VILCHES .-

Señor Presidente , quiero entregar mi opinión, formular algunas denuncias y entregar informaciones que tienen relación directa con el tema que hoy trata la Honorable Cámara de Diputados: el medio ambiente.

El país se debate entre el desarrollo productivo y la protección del medio ambiente. Me referiré al tema que conozco, la minería, e informaré sobre lo que está ocurriendo en las provincias nortinas de Arica y Parinacota.

Agradezco la presencia de los señores Ministros en la Sala. Creo que ellos tienen una ardua tarea que realizar en esta materia. ¿Por qué lo estimamos así?

En el país se han dictado en forma permanente leyes de excepción destinadas a darles un destino a las provincias de Arica y Parinacota, y normalmente han tenido bondades que les han permitido un transitorio desarrollo artificial. Con posterioridad, algunas han perdido vigencia o han sido derogadas, lo que les ha impedido forjarse un destino adecuado.

En la provincia de Parinacota existen zonas protegidas. Tal vez con muy buenos argumentos han sido decretadas de protección a la flora y fauna el parque Lauca e, incluso, zonas de interés científico. Pero ocurre que en esta zona, con los estudios modernos, con la tecnología fotosatelital y una geología que permite tener mayor conocimiento sobre la materia que estamos conversando, se ha demostrado que existen en esa zona alteraciones que podrían permitir un desarrollo minero de extraordinaria proyección. Por ello, es necesario tomar en cuenta lo que significa compatibilizar las zonas protegidas y la ley de Bases del Medio Ambiente.

Se han desarrollado, incluso, los informes de impacto ambiental sobre proyectos de exploración que tienen un gran atractivo en la zona. Durante cinco años no se han podido ejecutar, ni siquiera iniciar su exploración, porque los informes entregados por Conaf han sido negativos en la totalidad de los casos.

Es necesario estudiar con mucha acuciosidad estos proyectos, porque es perfectamente posible que con un estudio de impacto ambiental se demuestre que no se dañará la flora, la fauna ni las zonas protegidas, y permitirle un destino real a la provincia y a la región.

Por ello, en la Comisión de Minería promoveremos reuniones con los Ministros de Agricultura, de Salud y de Minería, para iniciar un debate sobre la forma de encontrar un camino para que la posibilidad del desarrollo minero sea sustentable en la zona y en la provincia de Parinacota.

Pero tenemos sentimientos encontrados en materia de minería, porque en la actualidad existen muchas zonas en el norte del país que están sufriendo, desde hace años, la contaminación ambiental. Como es conocida la cultura minera que se ha desarrollado por tantos años, debe buscar un destino que respete la calidad del aire y evite la contaminación que durante décadas ha afectado a esta zona.

Me referiré específicamente al caso de las fundiciones Hernán Videla Lira y Paipote, que tienen en marcha un plan de descontaminación.

Señor Presidente , por su intermedio quiero señalar a los señores Ministros que dicho plan ha sido desarrollado en forma irresponsable por los ejecutivos de Enami, que no han respondido a las aspiraciones e inquietudes de la población. Tierra Amarilla y Copiapó han estado sometidos, en los últimos años, a una contaminación sin precedentes en la historia minera y en la región de Atacama.

¿Por qué señalo este hecho? Porque se planificó el aumento de producción de la fundición sin tomar la responsabilidad de ver el daño ambiental que provocaría. En otras palabras, se aumentó la producción en forma irresponsable, sin las mínimas condiciones para tratar los gases que emanan de la fundición. Por eso lo digo con mucha claridad: existe un plan en marcha, pero para responder a la población era necesario disminuir la producción de la fundición hasta que se habilitaran tanto las plantas nuevas de ácido sulfúrico como las condiciones necesarias para permitir una mejor calidad de aire.

Esta aspiración de la población de Copiapó ha sido dañada gravemente, porque los hechos que han ocurrido, donde el grado de contaminación ha sobrepasado lejos los índices razonables y permitidos por la ley, han demostrado que el manejo de la fundición es absolutamente irresponsable.

Señalo que los sentimientos son encontrados, porque comparto plenamente el desarrollo minero, el aumento de producción y el crecimiento de nuevos proyectos, pero tienen que compatibilizarse con las nuevas exigencias de nuestra sociedad.

Es conocido el hecho de que la producción de cobre de Chile ha estado permanentemente en peligro debido a que los grandes países compradores han tenido la intención de impedir el ingreso de nuestro producto, porque en Chile se contamina en forma exagerada, no existen multas por ese hecho y, de esa manera, se subsidia la producción de cobre.

Estamos de acuerdo en que se aplique en plenitud una ley de bases del medio ambiente que permita desarrollar políticas de Estado, pero también se debe compatibilizar el desarrollo productivo, porque así se impedirá quitar a las empresas su derecho a crecer y a progresar.

Un reglamento, que ha tardado muchos meses para ser dictado, impidió que la ley se aplicara en plenitud, pero ahora cuando recién entra en vigencia, debe aplicarse con un criterio que permita -reitero- compatibilizar el desarrollo productivo con las condiciones y respeto al medio ambiente. Si se aplica así, evitaremos el desprestigio de la ley de bases del medio ambiente, porque si no se respetan estos derechos, es muy probable que no podamos avanzar de acuerdo con las normas existentes en el mundo y con las que dentro de una nueva mentalidad de protección al medio ambiente, tenemos en el país.

Finalmente, espero que las medidas que se están aplicando para resolver los problemas de impacto ambiental permitan desarrollarse a las industrias, pero respetando íntegramente la ley de bases del medio ambiente.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Víctor) .-

Señor Presidente , hemos escuchado una larguísima exposición del Ministro Secretario General de la Presidencia en que manifiesta la satisfacción del Gobierno por la gestión ambiental que ha desarrollado. En verdad, nosotros tenemos una visión diferente sobre el tema y el Diputado señor Ulloa será quien se haga cargo de algunas de las expresiones del señor Ministro .

Quiero resaltar y definir claramente por qué estamos en una sesión especial. Algún observador desapasionado podría decir que para escuchar al señor Ministro ; otros -después de escuchar al Diputado señor Barrueto- para saber qué políticas tiene el país en materia ambiental. Creo que eso es claramente impropio. Cualquiera que haya leído con detención el mensaje que dio origen a la ley de bases del medio ambiente sabe que contiene la política ambiental del país, la cual, además, cuenta con el apoyo de todo Chile -incluso aquí se ha recordado la votación con que se aprobó-; ello quedó demostrado en el debate que se realizó entre septiembre de 1992 y enero de 1994. Todos participaron en él: las organizaciones no gubernamentales, los empresarios, los trabajadores, los centros académicos y universitarios, los centros de investigación, las organizaciones internacionales y, por supuesto, los distintos partidos políticos.

Por lo tanto, estamos en una sesión especial para analizar los múltiples incumplimientos del Gobierno de la Concertación en esta materia, que, de una u otra manera, hoy borra y hace fracasar lo que propuso. Ésta no es una afirmación antojadiza que sólo provenga de la bancada de un partido opositor. Tengo en mi poder, el texto de una entrevista que se le hizo a don Rafael Asenjo , ex titular de la Conama. Hoy es una importante figura internacional del medio ambiente y está a cargo de un proyecto de las Naciones Unidas el cual deja en claro su importancia y autoridad sobre la materia.

¿Qué nos dice el señor Asenjo en 1995, antes de irse a ocupar ese cargo en las Naciones Unidas? Que está preocupado; que observa que se ha perdido la dinámica inicial; que, en definitiva, se ha avanzado muy poco en materia medioambiental; que es muy grave que no se hayan dictado -algunos hasta la fecha- los reglamentos que aquí se han mencionado. La periodista a cargo de la entrevista le consulta -esto es, a mi juicio, lo más importante- a quién responsabiliza de esta situación -voy a leer de manera textual-: “Obviamente, al Gobierno. Pero todo esto se veía venir cuando la Concertación determinó entregar todos los asuntos ambientales a un partido político y se buscó para dirigir la Conama a alguien que nada tuviera que ver con el medio ambiente.

“Yo sé que la ley no ha sido complementada porque ni al Ministro Secretario General de la Presidencia , señor Genaro Arriagada , ni el titular de Conama de ese entonces, señor José Goñi , les complace. No la entienden ni captan su significado. Por el contrario, han hecho todo lo posible por desprestigiarla.”

Repito, ésta es la entrevista que dio don Rafael Asenjo, militante de uno de los partidos de la Concertación y autoridad nacional e internacional en materia de medio ambiente.

Por lo tanto, tenemos que establecer que el objeto de la presente sesión es analizar los incumplimientos de la Concertación al respecto. Aquí, como lo recordó el señor Ministro , la ley fue publicada el 9 de marzo de 1994, y sólo el 26 de octubre de 1995 fueron publicados los primeros tres reglamentos sobre procedimientos para dictar normas de calidad y de emisión, sobre procedimientos para decretar planes de prevención y descontaminación, y sobre consejos consultivos. Pero quiero hacer notar que en la Octava Región se constituyeron dos meses después del plazo establecido en la ley y aún no se reúnen.

Sólo el 3 de mayo recién pasado fue firmado el decreto que aprueba el reglamento sobre el sistema de evaluación de impacto ambiental. Todavía no se aprueban los dos reglamentos restantes que son muy importantes: sobre áreas silvestres protegidas de propiedad privada y sobre clasificación de especies de flora y fauna silvestres, según su estado de conservación y nivel de conocimiento científico. Adicionalmente, nada se sabe todavía del proyecto de ley sobre permisos de emisión transables que debía ser propuesto por la Conama al Ejecutivo dentro del plazo de un año, es decir, a más tardar, el 9 de marzo de 1995. Quiero recordar al señor Ministro que ya estamos en julio de 1996.

En relación con la aplicación del tema que la ley estableció como fondo de protección ambiental, quiero recordar que para dicho fondo, que sirve para financiar proyectos de proyección y mejoramiento ambiental en todo el territorio nacional, garantizando así una justa repartición de los recursos públicos entre sus trece regiones, el Gobierno propuso para 1996 sólo 112 millones de pesos, cifra claramente exigua, más aún cuando se entregan 1.018 millones de pesos a una entidad de carácter privado, denominada Centro Nacional del Medio Ambiente , radicada en la capital, y que, en verdad, nadie sabe a qué está dedicada.

También es bueno que nos detengamos un segundo en el programa priorizado de dictación de normas de calidad y de emisión previsto en la ley de bases del medio ambiente, que aprobó la Conama y que fue anunciado hace poco tiempo. Ninguna novedad, salvo los problemas de visibilidad nocturna en los observatorios astronómicos del norte.

Sin duda, eso, a pesar de ser muy significativo, no es lo más importante en materia ambiental.

En resumen -reitero lo de los consejos consultivos, que en la Octava Región aún no se constituyen-, es la propia Conama -es decir, el propio Gobierno- la que está haciendo fracasar la ley, la que expresa la voluntad política en materia ambiental, que se encuentra fundada, a nuestro juicio, en los más modernos principios de gestión ambiental, de prevención y de gradualidad; en aquello de que, el que contamina, paga; en ventanilla única; en la responsabilidad, participación, eficiencia, etcétera.

Por lo tanto, tenemos que tratar el asunto de una manera más pausada. Aquí hay un incumplimiento claro y evidente del Gobierno de la Concertación en materia medioambiental.

Pero no debemos olvidar la forma cómo se aprobó la ley. Tal como lo dijo el señor Asenjo , uno de sus efectos fue entregar a un partido toda la política ambiental. Sabíamos que al finalizar la discusión del proyecto de la ley de bases del medio ambiente había un partido que quería apoderarse de la Conama. No olvidamos los problemas que tuvo a última hora el Ministro Boeninger para obtener el despacho de la iniciativa en la Cámara. Hay que recordar -nosotros no lo olvidamos- lo que un partido exigió al Ejecutivo para dar sus votos favorables a la iniciativa y permitir su despacho, eso fue al finalizar el Gobierno del Presidente Aylwin.

Diría, entonces, que todos los problemas ambientales que tenemos hoy se deben a rencillas internas de un partido político y a las rivalidades existentes entre éste y otros. Veamos quién preside la Conama y quién ocupa su dirección ejecutiva. Nos llama mucho la atención que los parlamentarios promotores de esta sesión también sean correligionarios de su directora ejecutiva.

¿De qué se trata todo esto? ¿Tenemos un problema de política ambiental o una pelea entre correligionarios?

He dicho.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , en realidad, resultan asombrosas -por decir lo menos- las conclusiones del colega que acaba de hacer uso de la palabra. Después de la gravedad de los diagnósticos -respecto de los cuales seguramente coincidimos- sobre temas que nos preocupan como país, concluir que todos los problemas ambientales se deben a rencillas políticas de un solo partido, en verdad resulta sorprendente, y más sorprendente aún, si nos preguntamos qué pasó durante los 17 años de régimen militar, donde el tema del medio ambiente jamás tuvo eco y espacio ni fue objeto de preocupación.

No cabe duda de que en Chile gradualmente se ha ido tomando conciencia de la necesidad de proteger el medio ambiente. No obstante, debemos reconocer que esta toma de conciencia ha sido tardía y aún es insuficiente si consideramos la magnitud de la tarea que todavía resta por hacer para garantizar la preservación de nuestro entorno.

Un estudio de la Conama de 1992 concluye que en Chile se han dictado 718 normas de relevancia, que se encuentran vigentes y dispersas. La de mayor jerarquía corresponde, sin lugar a dudas, al número 8 del artículo 19 de nuestra Constitución, que establece el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y asigna al Estado el deber de velar para que este derecho no sea afectado y de tutelar la preservación de la naturaleza.

Estas normas están dispersas y carecen de organicidad; algunas crean competencias antagónicas entre órganos del Estado, como ocurre con la ley de bosques, y son, en suma, insuficientes. Creo que éstos son los temas que nos deben preocupar.

Sin duda, la ley Nº 19.300, que aquí ha sido mencionada, es la normativa más importante para la protección del medio ambiente, y la primera que legisla en nuestro país a partir de una perspectiva global e integradora, cuyo propósito fue dar respuesta a los desafíos más urgentes que enfrenta el país en este campo.

Uno de los contenidos más importantes de dicha ley son los instrumentos de gestión ambiental, entre los cuales destaca la evaluación del impacto ambiental a que debe someterse todo proyecto o actividad económica susceptible de causar impacto al medio ambiente.

Esta normativa, no obstante su trascendencia, tendrá que ser complementada con nuevas leyes que, entre otros aspectos, resuelva la neutralidad o independencia de los estudios de impacto ambiental.

Es necesario destacar que la ley Nº 19.300 fue el resultado de las posibilidades reales de consenso existentes en esos momentos entre los diversos sectores involucrados en el problema del medio ambiente. Asimismo, obedeció a una estrategia de avance gradual sobre la materia, que en un primer momento definiría los instrumentos globales de índole general, dejando para una segunda instancia la elaboración de las normas específicas, particularmente las de carácter sectorial. Por eso, en ella no se encontrará la solución de la mayoría de los problemas ambientales que todavía tiene nuestro país.

No me detendré -porque ya han sido mencionados- en los avances logrados durante los dos gobiernos de la Concertación. No obstante reconocerlos, la situación medioambiental de nuestro país es precaria y presenta muchas dificultades.

Está claro, entonces, que es el momento para avanzar en la creación de diversos instrumentos que nos permitan caminar verdaderamente por la senda que nos hemos propuesto. ¿Qué debilidades -es la reflexión sobre la cual quiero llamar la atención- tenemos en esta materia?

En el ámbito legislativo, las normas dictadas sobre medio ambiente han tenido, entre otras, la limitación de no establecer sanciones adecuadas. Las existentes son predominantemente administrativas y no penales, y se limitan a establecer multas de poco valor.

Otras debilidades de la acción positiva son no haber creado una institucionalidad fuerte para la defensa del medio ambiente que dé real cabida a la participación ciudadana y no haber contemplado sistemas eficaces de fiscalización de los agentes contaminantes. Asimismo, no ha existido toda la urgencia requerida para dictar los reglamentos -como también se ha mencionado- que den eficacia a la ley de bases del medio ambiente.

En el ámbito gubernamental, podemos afirmar que todavía no existen políticas explícitas sobre el medio ambiente, en circunstancias de que toda política económica debe tener implícita una política ambiental. Tampoco existen planes, programas ni metas de protección del medio ambiente y no contamos con elementos económicos para promover su protección o para sancionar a quienes contaminan.

En 1990, un grupo de investigadores hizo un inventario nacional e identificó 800 problemas ambientales -por cierto, no los citaré todos-, entre los cuales están: contaminación de aire y de las aguas por empresas productoras de harina de pescado, por fundiciones y por empresas extractoras de minerales en diversas zonas del país; contaminación biológica, por ejemplo, de las playas de la Quinta Región; contaminación del aire y de los ríos a causa del smog; aguas servidas en la Región Metropolitana; depósitos de ácidos y otros residuos industriales en Constitución; contaminación de la bahía de Talcahuano, de la de Puerto Montt y del Estrecho de Magallanes; aguas servidas depositadas directamente en ríos, lagos y mar -hoy se depositan 397 mil toneladas de aguas servidas a través de todo el país, y ya conocemos las medidas que han comenzado a tomarse, respecto de las cuales avanzaremos hacia el 2000-; crecimiento expansivo de las ciudades en desmedro de las tierras de uso agrícola; erosión y desertificación del suelo; plantaciones de pinos y eucaliptos que sin lugar a dudas, producen daño a la biodiversidad; amenaza de extinción de especies vegetales y animales, etcétera.

A esta situación hay que agregar los problemas económicos y sociales que influyen en el deterioro del medio ambiente: la pobreza, la explotación irracional de los recursos naturales y la existencia de una cultura que sólo recién está incorporando entre sus valores la preservación de la naturaleza.

Octavio Paz señala que el mercado tiene una relación muy directa con el deterioro del medio ambiente. “La contaminación -dice- no sólo afecta al aire, a los ríos y a los bosques; también a las almas. Una sociedad poseída por el frenesí de producir más para consumir más, tiende a convertir las ideas, los sentimientos, el arte, el amor, la amistad y las personas mismas en objetos de consumo. Ninguna sociedad había producido tantos desechos como la nuestra: desechos materiales, desechos morales”.

Cito a Octavio Paz, porque creo que hace una certera síntesis de las causas económicas y culturales del deterioro del medio ambiente. El paradigma económico predominante del libre mercado ha evidenciado que ha sido incapaz de resolver por sí mismo el problema ambiental y el de la equidad.

Por estas razones, corresponde al Estado regular la relación entre el ser humano y la naturaleza, el primero como productor y consumidor de bienes, buscando que dicha relación sea armónica. Corresponde a la empresa privada adoptar las medidas necesarias para que los procesos productivos no atenten contra el medio ambiente, la salud y la calidad de vida de la población. Corresponde, por último, a los consumidores, internalizar una cultura de compromiso con nuestro entorno y superar aquel valor que se expresa así: el que más consume, al parecer, alcanza mayor prestigio.

¿Qué criterios orientan nuestra propuesta para enfrentar los problemas del medio ambiente?

1. Fortalecer el concepto de desarrollo económico sustentable con equidad. En nuestra opinión, el desarrollo sustentable debe considerar, al menos, las necesidades de las generaciones de hoy y de mañana; asegurar la conservación de los recursos naturales renovables y no renovables; satisfacer equitativamente las necesidades de todos los seres humanos -no de unos pocos- que habitan nuestra patria; integrar los objetivos económicos con los objetivos ambientales, y aplicar las tecnologías más adecuadas.

2. Corresponde al Estado formular un conjunto de políticas sobre el medio ambiente de carácter nacional y sectorial, con principios sustentados y valores compartidos. Entre tales principios podemos mencionar: la preocupación por el ser humano y su derecho a vivir en un medio ambiente sano; la recuperación del principio que se enuncia como “el que contamina, paga”, formulado por Platón hace 2.500 años; la protección del medio ambiente, que no es sólo una tarea del Estado, sino también de la sociedad; el problema del medio ambiente debe ser abordado desde una perspectiva globalizadora; la compatibilización de la sustentabilidad ambiental con el desarrollo sostenible incorporando el propósito de equidad social, y la estimulación de la participación ciudadana.

3. Es necesario corregir y completar nuestra legislación ambiental, considerando sus dimensiones de protección administrativa, civil y penal, en un marco que dé cabida a la participación de personas, empresas y organizaciones no gubernamentales. En el ámbito penal es necesario tipificar el delito ecológico y establecer las correspondientes sanciones. En el administrativo, la legislación debe considerar nuevos órganos y competencias en materia ambiental y capacidad de regulación, control y fiscalización.

En materia de órganos y competencia, debemos considerar seriamente la posibilidad de crear un ministerio del medio ambiente como organismo rector de la gestión ambiental, cuyas funciones estén relacionadas con otros ministerios en la formulación de políticas educativas, demográficas, de asentamientos humanos, de salud, de comercio exterior y de relaciones internacionales. A este ministerio deben estar adscritos la Conama y los coremas.

4. Corresponde al Gobierno la formulación de planes, programas y metas ambientales que cubran el ámbito nacional y sectorial. Los programas ambientales deben considerar todas las áreas críticas que tiene el país a lo largo de su territorio: aire, aguas, tierra, flora, fauna, fuentes de energía, etcétera.

5. Definir instrumentos económicos que sirvan para la protección del medio ambiente. Entre ellos podemos mencionar: créditos blandos, exenciones y deducciones para industrias que incorporen tecnologías no contaminantes; aplicación de impuestos elevados o gravámenes a las industrias contaminadoras de aire, aguas y suelo, y permisos negociables que combinen reglamentos de protección del medio ambiente con incentivos de mercado y otros.

Se ha hablado aquí de la necesidad de crear un ministerio. Lo que sí me queda claro es que el país debe dar una señal de que el tema medioambiental ocupa un primer lugar, una señal que nos indique que debemos recuperar la confianza y la credibilidad de la ciudadanía frente a los temas medioambientales, y que no hay programa o política eficaces si no son compartidos ampliamente por la población. Por lo tanto, su participación es definitiva.

He dicho.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente , es indudable que el tema que nos convoca hoy tiene gran repercusión, y por lo mismo habría que señalar algunos elementos que no han sido planteados en esta ocasión.

Aparte de representar un desafío social, el tema ambiental es también un desafío cultural y ético. Detrás de él hay una valoración de la vida, de la diversidad.

La historia nos ha ido demostrando que el hombre no puede seguir siendo el centro del mundo; que para sobrevivir depende de otras interacciones, de otras especies. Cuando se destruye la capa de ozono y aumenta la radiación ultravioleta, se destruye el plancton; pero el hombre todavía no puede vivir sin energía; la tecnología no lo permite, y seguimos dependiendo de esos pequeños microorganismos que constituyen el plancton.

Más que nunca en la historia de la humanidad, el planeta vive hoy una situación -diría-, angustiosa. Estamos enviando a la atmósfera más de l0.000 mil millones de toneladas de CO2. El efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono, el riesgo nuclear, son compromisos planetarios que afectan a todas las naciones, y Chile no puede quedar al margen. Por eso digo que aquí hay un desafío ético y cultural, que tiene que ver no sólo con estados y gobiernos que adoptan las medidas, sino con una sociedad mundial dispuesta a cambiar sus hábitos de conducta para generar menos contaminación, para hacer un uso eficiente de la energía y preservar la calidad de vida en el planeta.

Aquí se ha señalado que los países desarrollados tienen normas más estrictas que las nuestras que, en definitiva, serán usadas como barreras verdes. Eso es falso; lo que ocurre es que los países desarrollados tienen mayor valor de la vida y la protegen con más esfuerzo; por lo tanto, dictan normas más exigentes que las nuestras. No se trata de que los ciudadanos chilenos sean más resistentes a la contaminación que los europeos; los países europeos buscan que sus sociedades resulten menos afectadas por los distintos tipos de cáncer, por la bronquitis obstructiva y por las malformaciones congénitas. Por eso tienen normas más exigentes que las nuestras.

Quiero recordar que la norma chilena sobre el arsénico estuvo en vigencia una semana; se derogó en marzo de 1995. En la Segunda Región, tenemos una de las tasas de cáncer pulmonar y de vejiga más alta del planeta, producto del arsénico.

Sería bueno recordar -hoy en este país lo saben políticos, autoridades y sociedad- que los cambios químicos que se están produciendo en el planeta afectan a los seres humanos y a todas las especies del reino animal. A causa de ello, en vez de haber una mutación cada 100 mil células, se produce cada 10 mil duplicaciones de material genético. Están apareciendo más casos de diferentes tipos de cáncer y de malformaciones congénitas; se están alterando no sólo los seres humanos, sino también los virus y bacterias, que adquieren mayor resistencia. Seguramente los virus del SIDA y el ébola son consecuencia de los cambios químicos. Las especies vivas se están transformando. Por lo tanto, no podemos asumir una actitud cautelosa. Tanto la sociedad chilena como la mundial deben, por su compromiso con la vida, tomar resguardos frente a estos fenómenos.

A nivel nacional, valoramos los esfuerzos en materia de crecimiento económico de los gobiernos de la Concertación, y entendemos también que nadie tiene una varita mágica para resolver, de un día para otro, los problemas ambientales del país. Pero aquí hay un problema de filosofía, de enfoque, y no sólo de dinero. Se ha creado una cierta ilusión de que el crecimiento económico resolverá todos nuestros problemas, y eso no es cierto, ya que a veces no va aparejado con el mejoramiento de la calidad de vida. Lo podemos ver en Santiago, donde el 30 por ciento de los niños sufre bronquitis obstructiva; en la Sexta Región, que tiene la tasa más alta de Chile de malformaciones congénitas, a causa de los plaguicidas; en la Segunda Región, por la alta mortalidad derivada del arsénico, y en distintos lugares del país donde hay procesos de deterioro ambiental.

No puede ser que prime una visión errónea, la cual debemos despejar; es decir, que el país debe preocuparse del medio ambiente cuando tenga un ingreso per cápita de 20 mil dólares. Eso no corresponde y es falso, porque cuando alcancemos esa cifra no habrá nada que cuidar ni proteger. Es una tarea que debió haber empezado ayer, y no es solamente responsabilidad de estas autoridades o de otras, sino un problema cultural de toda la sociedad chilena, incluso de quienes votaron la ley de bases del Medio Ambiente.

El crecimiento económico debe cumplir dos condiciones para que genere desarrollo: que sea sustentable y equitativo. En Chile, el primer concepto no necesariamente se está cumpliendo.

Me preocupan los indicadores del Banco Central que señalan que los recursos pesquero, forestal, de agua y de suelo están siendo amenazados, porque no se están explotando de manera sustentable. No creo en la tesis que algunos sostienen sobre el crecimiento ilimitado de la economía, por una razón obvia: porque los recursos naturales son finitos y, además, el 85 por ciento de la canasta exportadora de este país corresponde a recursos naturales. Si queremos tener desarrollo con crecimiento económico, debemos preocuparnos de hacer sustentable el crecimiento.

También preocupan los datos de equidad. La última información del Banco Mundial justamente pone el dedo en esta herida, en cuanto a que el modelo de desarrollo que hemos construido no necesariamente es equitativo. Eso debe llamar a una reflexión más profunda. Creo que faltan poetas, antropólogos y filósofos para elaborar este modelo de desarrollo; a veces hay muchas voces técnicas, pero faltan los ciudadanos. ¿Dónde está la gente? La gente no siempre está pensando, no propone ni tiene los espacios para forjar ese desarrollo.

Es legítimo que existan conflictos ambientales y puntos de vista distintos entre lo que quiere la gente -proteger su derecho al medio ambiente, a su salud y a su calidad de vida- y la existencia de derechos para el desarrollo productivo. Ése no es problema de las empresas, sino de los instrumentos que hoy regulan y arbitran esos conflictos de intereses, los cuales no son justos, y cada vez que ellos se confrontan, se favorece el interés de los grandes grupos económicos. Ése es el problema de fondo: cada vez que el medio ambiente se confronta con esos intereses, pierde y, por consiguiente, también la gente. Por eso digo que aquí hay un problema de enfoque, de óptica, y no solamente de recursos. Sé que se ha invertido mucho más que en los tiempos anteriores. La crisis ambiental es producto de una visión, de un diseño.

En 1990, me opuse a la ley de bases del Medio Ambiente, y propuse un proyecto de ley distinto y alternativo que jamás fue considerado. Se determinó un bajo perfil para el medio ambiente, porque este tema se veía como un obstáculo al desarrollo y a la inversión extranjera. Por eso, se optó por una visión donde hay una institucionalidad débil, sin autoridad política, que depende -y no es por menospreciar a nadie- de un ministro que tiene muchos problemas, donde el ambiental es el último, pues debe enfrentar, además, los del carbón y otros, que son importantes para el país.

El tema ambiental es un problema técnico que requiere la preocupación de una autoridad política de nivel técnico, durante las veinticuatro horas, que lo represente en el Gabinete y lo discuta con otros ministros, como lo hace el de Educación o el de la Salud. El tema ambiental es tan técnico como esos problemas, pero, además, como todos, hoy tiene una dimensión cultural. Por esas razones, no puede ser el vagón de cola de la política del Gobierno.

La Conama es una realidad virtual. Cuenta con tres funcionarios para evaluar más de 5 mil millones de dólares en materia de inversiones en la Segunda Región. Podrían no existir y no pasaría nada.

La ley de bases del Medio Ambiente es insuficiente, pues no incorpora la visión de la participación ciudadana y no supedita las decisiones ambientales a criterios políticos, y lo podemos ver en el tema de la empresa Trillium . Quiero leer el informe de su estudio de impacto ambiental de esa empresa: “En consecuencia, este comité ha concluido que no existen elementos suficientes para probar la viabilidad ambiental del proyecto Río Cóndor.” Sin embargo, la Corema dice: “Califícase como ambientalmente viable el proyecto Río Cóndor.” ¿Sobre qué base? ¿Con qué argumento? Si justamente establecimos que la institucionalidad ambiental y los estudios de impacto ambiental, eran los instrumentos que iban a definir si un proyecto era o no sustentable, pero no la autoridad política. Ahí está el contrasentido. No estoy contra la Trillium, sino en contra de la manera de proceder, sin respetar los criterios técnicos.

Podemos hablar de la Celulosa Arauco, cuyo proyecto fue aprobado, pero todavía no se ha hecho el estudio de impacto ambiental del vertimiento sobre la plataforma marina, lo que, sin duda, afectará a los pescadores de Mehuín que han vivido dedicados a la pesquería y a la marisquería.

El señor ORTIZ ( Presidente accidental ).-

Señor Diputado , terminó su tiempo.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente , concluyo señalando que Chile requiere de una autoridad ambiental que decida sobre estos temas en relación con el desarrollo nacional y que los represente en el Gabinete, pero sin exclusiones. El tema ambiental es de todos y no debe excluirse a quienes piensan distinto.

Cuando se contamina y se daña al medio ambiente, eso siempre se paga. El problema es que en Chile lo está pagando la gente con el deterioro de su salud, de su calidad de vida y en pobreza.

Por eso, la sociedad debe asumir un desafío ético que no es problema del gobierno ni de los partidos políticos; es una política de Estado que trasciende lo que estamos haciendo hoy. Debe proponerse al país un instrumento eficaz que resguarde los derechos de los ciudadanos en esta materia.

He dicho.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente , tomaré en cuenta el procedimiento señalado por Su Señoría.

En este nivel del debate, me alegro mucho de escuchar, de parte de nuestros colegas y del Gobierno, la postura que se ha tenido frente a un tema que es nuevo y que concita nuestra mayor atención y preocupación. Hasta aquí todos hemos reconocido que el proceso de crecimiento que experimentamos, por estar centrado en la fuerza del mercado, ha sido bastante caótico y ha generado un deterioro muy notable en la calidad de la vida urbana.

Los problemas de contaminación, congestión, la amenaza al desarrollo sustentable por la explotación excesiva y rápida de los recursos naturales, plantean temas nuevos. Ya no basta tener empleo y salario para sentir que uno vive una vida nueva y buena.

Este concepto que estamos desarrollando significa una cosa sencilla que la gente entiende: que se puede circular por una ciudad donde no haya un nivel insoportable de ruido; que uno no se enferme de los bronquios en el invierno, porque el aire está envenenado; que se pueda circular por las calles sin demorar el doble del tiempo para llegar a su trabajo; que haya áreas verdes y no se destruya la naturaleza. Éstos, que son los grandes temas del futuro, no los resuelve la fuerza ciega del mercado.

Queremos plantear en esta oportunidad que, cuando aparecen estos temas, nos estamos quedando atrás. Desgraciadamente, como parlamentario de Gobierno debo reconocerlo, porque la gente tiene desconfianza en nosotros respecto de este tema y está descontenta porque la capacidad de respuesta del aparato institucional del Estado es insuficiente. Pero eso no es necesariamente de responsabilidad exclusiva de las autoridades de Gobierno.

Aquí se ha dicho que se necesitan políticas de Estado. Son las que nosotros, todos juntos -parlamentarios, Gobierno, movimientos ecológicos, con la participación de la ciudadanía-, queremos construir.

Hoy la legislación favorece, privilegia y hace predominar los derechos individuales y de propiedad por encima del derecho de todo ciudadano, establecido en la Constitución, de vivir en un medio libre de contaminación. Ninguna, o pocas autoridades públicas, se atreven a tomar decisiones, porque les cae encima un recurso de protección. Esto hay que decirlo.

En Santiago, tenemos 180 industrias contaminantes, que prefieren pagar multas y seguir contaminando. El Presidente de la República no cuenta con atribuciones para actuar en las emergencias con la fuerza con que debería hacerlo.

Por eso, y para no repetir conceptos de la mayoría de mis colegas, que comparto, quiero hacer una reflexión respecto de un problema que tuvimos en la discusión y despacho de la ley de bases del Medio Ambiente. Me refiero a su artículo 49, que fuera objetado por el Tribunal Constitucional. Este precepto facultaba al Presidente de la República para que, mediante decreto supremo, dispusiera restricciones totales o parciales al uso de vehículos motorizados contaminantes y prohibiciones parciales o totales de emisiones a empresas, industrias, faenas o actividades que produzcan o puedan incrementar la contaminación ambiental.

¿Qué decía el artículo 49 objetado? Era parte del párrafo séptimo, del título II, “De las situaciones de emergencia ambiental”, que precisamente son las que nos han tenido extraordinariamente preocupados estas últimas semanas. Señalaba lo siguiente: “Se establecerán regulaciones especiales de carácter permanente para los emisiones, las que serán aplicadas cuando se sobrepasen los niveles de contaminación que originan situaciones de emergencia, de acuerdo a lo establecido en el artículo 32.

“Estas regulaciones especiales tendrán por objeto que los índices de calidad ambiental en el área afectada recuperen su nivel de normalidad. Para ello, establecerán emisiones totales máximas que sólo regirán durante el período necesario para lograr dicho objeto.

“Excepcionalmente, sólo cuando resulte indispensable para recuperar los niveles de normalidad de los índices de calidad ambiental y, exclusivamente, por el período necesario para ello, dichas regulaciones podrán comprender restricciones totales o parciales al uso de vehículos motorizados contaminantes, y prohibiciones parciales o totales de emisiones a empresas, industrias, faenas o actividades que produzcan o puedan incrementar la contaminación ambiental.

“Las regulaciones especiales a que se refiere el inciso anterior, se establecerán por decreto supremo, que llevará las firmas del Ministro Secretario General de la Presidencia , del Ministro de Salud y de los Ministros sectoriales correspondientes. Este decreto señalará las autoridades encargadas de su aplicación y fiscalización, y establecerá las obligaciones de medición y control que correspondan.

“El procedimiento a seguir para la dictación de esas regulaciones especiales, deberá ceñirse a lo dispuesto en inciso tercero del artículo.”

¿Cuáles fueron las razones del Tribunal Constitucional? Éste objetó la citada norma señalando, en lo fundamental, que dicha medida era de competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo; esto es, que de conformidad al inciso segundo del artículo 19, Nº 8º, de la Constitución Política, sólo la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

Por tanto, de acuerdo con el fallo de este alto tribunal, la facultad que se le estaba otorgando a Su Excelencia el Presidente de la República es de reserva legal. Dicho de otra forma, es de competencia exclusiva y excluyente de nosotros el establecimiento de restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente.

Sin ánimo de criticar las razones que tuvo el Tribunal Constitucional al objetar tan importante norma -crítica que expresáramos en su oportunidad-, urge que el legislador, acogiendo la fundamentación de este fallo, regule lo más prontamente posible la materia que contenía la citada norma. Por supuesto, ésta es una invitación al Ejecutivo , porque entiendo que, en forma conjunta, debemos hacer esta precisión legal.

Si es de competencia exclusiva y excluyente del Poder Legislativo establecer mediante una ley restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente, es hora de hacerlo. Seguir esperando es una irresponsabilidad. Es el momento de que el bien común, del que debemos ser sus promotores, prime por sobre el interés particular.

Desde luego, anuncio que, dentro de la mayor brevedad, presentaremos ante la Honorable Cámara un proyecto que salve las objeciones expresadas por el Tribunal Constitucional, a fin de colocar en manos de la autoridad competente un mecanismo indispensable para salvar una situación que afecta tanto a nuestro medio ambiente y, en último término -lo más importante-, a la salud y bienestar de tantos conciudadanos.

Señor Presidente , considerando que es de extraordinaria importancia el que en la Sala y en las tribunas se encuentren presentes fundamentalmente los que más quieran trabajar en el tema ambiental, de una vez por todas debemos ser capaces de sentarnos a una mesa para conversar, dialogar, participar de nuestras ideas, criticar responsable y educadamente y asumir todos los costos del tema ambiental no sólo en nuestras localidades extremas, lejanas, de provincias o comunas, sino fundamentalmente el enorme deterioro de la calidad de vida de millones de personas en la Región Metropolitana.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA .-

Señor Presidente , el estudio de las medidas que puedan evitar o paliar el deterioro de los equilibrios del medio ambiente natural y social, que permiten al hombre subsistir y desarrollarse, está siendo reconocido en forma progresiva por la conciencia contemporánea y se va convirtiendo en un problema que atañe a toda la población, como lo demuestran las distintas iniciativas, privadas y públicas, destinadas a abordar el problema.

Lo concreto es que se hace imprescindible buscar soluciones a las distintas formas de degradación que amenazan el delicado y complejo equilibrio ecológico.

El medio ambiente es un complejo equilibrio de factores naturales y de relaciones humanas, obtenido sobre la base de una justa jerarquía de los valores de la ley natural y la acción económica y social que el hombre interrelaciona. Si uno de los factores involucrados no se considera en su justa proporción, se produce un desequilibrio serio y su efecto repercutirá sobre todo el conjunto.

La conciencia ecológica que se ha desarrollado en los últimos años se debe a la percepción de que la vida en el planeta corre peligro, y ello porque ha habido un abuso en el consumo de recursos naturales, tanto renovables como no renovables, provocando con ello la pérdida de la biodiversidad, la contaminación de las aguas y del aire, el depósito no controlado de residuos sólidos, la erosión, la sobreexplotación de los bosques, la destrucción de especies nativas, en definitiva, se camina hacia la pérdida de un bien mayor, que es la vida.

Ninguna persona considerada aisladamente tiene la capacidad de alterar sustantivamente los equilibrios ecológicos, pero si se agregan las conductas de muchos y, además, se las potencia con los medios técnicos hoy disponibles, entonces el efecto puede ser devastador. Esto complica aún más el problema, puesto que si el ser humano no se considera responsable a nivel individual, difícilmente verá con claridad su responsabilidad a nivel social. Es necesario, entonces, recordar la responsabilidad particular frente al bien común.

Los desequilibrios ecológicos suelen tener en la mayoría de los casos un período de desarrollo y de manifestación que sobrepasa el tiempo de vida de la generación presente. Generalmente abarca a varias generaciones y, por ello, hoy debemos considerar los recursos naturales y sociales recibidos como una herencia constituida durante cientos de años de vida humana. Ello permitirá mirar a las generaciones del futuro con responsabilidad, sabiendo que heredarán lo que hoy nos pertenece, del mismo modo como perteneció a quienes nos han antecedido.

El problema ecológico debe plantearse primero a nivel de la conciencia nacional, entre quienes tienen responsabilidades sociales de relevancia nacional y todos aquellos que contribuyen a formar la opinión pública, sin dejar de lado a los consumidores, las familias y restantes organizaciones intermedias que articulan la sociedad.

En la actualidad, por encima de la definición y conceptualización del medio ambiente, encontramos una preocupación por su deterioro, por su vulnerabilidad. Pero tal preocupación no pertenece a la simple retórica de grupos, más o menos alarmistas o particularmente sensibles, sino que ya es compartida por los más variados grupos sociales y por casi todos los gobiernos.

Hasta hace poco, muchos argumentaban que los beneficios del crecimiento económico compensaban más que suficiente la pérdida de calidad de vida y el deterioro ambiental, pero tal argumentación es cada vez menos sustentable. De hecho, en 1987 el llamado informe Brütland puso de manifiesto con gran claridad que llegaba la hora de aunar economía y ecología, a fin de que gobiernos y pueblos pudiesen actuar de forma responsable no sólo respecto a los daños ambientales, sino también en lo que se refiere a las decisiones políticas que los provocan.

Seguramente, no tardaremos en llegar a comprender en toda su extensión el importante papel que el deterioro ambiental desempeñó en la gran transformación internacional que comenzó en 1988.

La política exterior soviética se debió en gran medida a los problemas ambientales que padecía, ejemplarizables en la catástrofe de Chernobyl, pero que no se reducen a ella. Durante largos años, las políticas industrial y agraria soviéticas sacrificaron la calidad del aire, de la tierra y del agua, levantándose industrias pesadas sin ningún tipo de restricción ambiental y vertiéndose a los ríos residuos sin límite.

En la llamada “Cumbre de la Tierra”, celebrada en Río de Janeiro, en 1992, se abordaron estos problemas, los cuales, sin caer en alarmismos, significan una grave hipoteca para el futuro de la propia especie humana.

Los problemas más graves se pueden dividir en tres grupos: de un lado, nos encontramos con el deterioro del medio natural de las áreas tropicales y subtropicales ejemplarizables en la destrucción del Amazonas, deterioro que puede tener repercusiones a mediano plazo sobre el clima.

En segundo lugar, los países más industrializados mantienen sistemas de vida y de consumo que genera ingentes cantidades de residuos, cuya destrucción es cada vez más problemática.

En tercer lugar, existe un cúmulo de problemas globales, como el deterioro de la ozonósfera, la contaminación marina o el calentamiento global.

Los distintos acuerdos y tratados que nuestro país firma por estos días establecen una serie de exigencias medioambientales que debemos comenzar a respetar, y para ello se hace necesario adecuar nuestra legislación de manera que los proyectos de inversión cumplan con las normas establecidas por nuestros asociados. Es decir, debemos aplicar una política medioambiental común, armonizando los informes y políticas nacionales y las quejas de incumplimiento por parte de los particulares, pues de no ser así nos veremos enfrentados a fuertes sanciones económicas.

En nuestro país, las quejas de la comunidad se refieren principalmente a la evaluación del impacto ambiental, a los problemas relacionados con el agua, los residuos y la manipulación de sustancias tóxicas.

En todo caso, la mayoría de las transgresiones a la legislación vigente están relacionadas con la ausencia de un estudio del impacto ambiental de los proyectos concretos. La normativa chilena no exige la realización de estudio sobre impacto ambiental, salvo en casos muy específicos. Este es un punto en el cual se hace necesario modificar la legislación, pues permanentemente estamos viendo que el número de infracciones y quejas se incrementa, cuestión que puede salvaguardarse con la exigencia de los estudios de impacto ambiental a todos los proyectos de inversión.

En cuanto a los residuos, también tenemos graves incumplimientos, de los cuales los más extendidos se refieren a aquellos que contienen materias consideradas peligrosas.

Al respecto, se hace necesario que nuestra legislación contenga la aplicación de planes regionales y municipales para el tratamiento de residuos, pues también nos vemos enfrentados en el último tiempo a un incremento considerable de denuncias a causa de la descarga de residuos tóxicos en pozos abiertos, canales y quebradas en distintos emplazamientos nacionales. Este hecho es grave, ya que envuelve un problema de salud pública, sobre todo si se vierten sustancias peligrosas en el medio acuático.

Debo destacar que no existen programas nacionales de reducción de la contaminación de las aguas, tema que, más temprano que tarde, afectará a nuestra economía. Por tal razón, la legislación debe otorgar responsabilidades locales y regionales en cuanto a la eliminación de residuos.

Respecto de la contaminación del aire, se hace necesario avanzar con mayor celeridad en la sustitución de tecnologías existentes en las instalaciones industriales por otras más adecuadas y menos costosas.

Los proyectos son lentos en materia de calidad del aire y contaminación atmosférica de algunas ciudades, principalmente Santiago . La única forma de modificar lo que ocurre es estableciendo claras exigencias en la legislación.

Por último, me parece necesario precisar que la progresiva introducción de los principios ecológicos en la economía, no sólo no tiene por qué poner en peligro los puestos de trabajo, sino que, de llevarse a cabo, incidiría favorablemente en la generación de empleo. Con el endurecimiento de la normalización ambiental, el impacto sobre el empleo puede llegar a ser negativo a corto plazo, en un determinado lugar, pero positivo, en conjunto, a más largo plazo.

A mi juicio, no habría pérdidas, sino desplazamiento de empleos que, por otra parte, son frecuentes por muchas otras razones, como cambios tecnológicos y reestructuraciones económicas.

En materia ambiental estamos dispuestos a colaborar en el logro de cambios fundamentales que mejoren la calidad de vida de las personas.

He dicho.

El señor ULLOA .-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero señalar que es importante contar con la atención de todos los presentes en la Sala, a pesar de la hora, y agradecer la presencia de los Ministros señores Figueroa , Massad y Arriagada .

Sin duda, ha sido muy fácil percibir el hecho significativo de que, desde que trabajamos el tema de la ley Nº 19.300, entre quienes les ha correspondido asumir su cumplimiento hay distancia, diferencias e, incluso, notables discrepancias, fundamentalmente entre los que participaron directamente en su creación y a quien le correspondió en una ocasión dirigir la Comisión Nacional de Medio Ambiente.

En segundo lugar, deseo señalar que hoy estamos frente a un tema que, sin duda, se ha incorporado cada vez más como preocupación central de los habitantes del país. Esto es muy bueno.

Lamento discrepar con la colega Allende, quien señalaba que este tema no se había abordado 17 años atrás. No se trata de que sólo durante 17 años no se haya hecho nada; tampoco se hizo nada durante el gobierno de su padre ni en el anterior.

El tema central es que esta es una preocupación que se incorpora en el quehacer diario de los chilenos; y es bueno que así sea. Sin embargo, hay otra preocupación: cuál será la política de este cuerpo legal vigente, que hoy no tiene aplicación real ni sistemática, porque no se han dictado los reglamentos correspondientes. Por ello, las dificultades y problemas de los que nos enteramos día a día.

Es importante señalar que hay más de 800 cuerpos legales que dicen relación con el tema ambiental. Existe una cantidad de organismos públicos que tienen tuición sobre la materia y no existe una mínima coordinación entre ellos.

En consecuencia, queremos apuntar a la necesidad de que efectivamente exista coordinación.

Reconocemos que la ley Nº 19.300, sobre bases generales del medio ambiente, no da solución total a los problemas; reconocemos que es un esfuerzo, no sólo de un gobierno, sino también de este Parlamento, que hizo aportes substanciales para mejorar la iniciativa presentada por el Ejecutivo .

Pero, ¿en qué estamos hoy? Precisamente, ante un determinado número de inconvenientes ambientales que incluso están claramente identificados a lo largo del país.

Con lo que voy a decir, tal vez, me aleje de las exposiciones hechas en este hemiciclo respecto del tema, pero lo que quiero pedir al Gobierno es que concordemos -incluso lo ha mencionado la colega Allende y otros señores Diputados-, en este verdadero listado de problemas ambientales nacionales, a los cuales necesariamente debemos concurrir con una propuesta de solución.

Sin duda, el tema ambiental es muy amplio y dificultoso de abordar. Quien no lo piense así, está claramente haciendo demagogia. En 1990, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, presidida en ese entonces por el Diputado señor Gutenberg Martínez , elaboró esta lista de problemas ambientales nacionales. En aquella oportunidad, hicimos un trabajo sobre estos 16 ó 17 puntos que, a nuestro juicio, constituían, la columna vertebral de los problemas ambientales. Fue un ejercicio académico que necesariamente debe convertirse en un ejercicio de ejecución por parte del Gobierno. A eso los quiero invitar. En el país existen problemas ambientales por todos conocidos, por los que no se ha tenido una preocupación que se refleje en la ejecución de acciones que objetivamente apunten a darles solución.

Tenemos casos sencillos y a la vista. El Diputado señor Vilches señalaba que la mayor parte de los problemas ambientales no se originan en las empresas privadas, sino en aquéllas de carácter público. Es bueno decirlo, porque así como le exigimos a las empresas privadas, también debemos hacerlo con las públicas.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Señor Diputado , ha terminado su tiempo.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, voy a redondear.

En consecuencia, la comunidad nacional debe conocer el listado de problemas ambientales que afectan al país, y solicito al Gobierno concordar acciones claras y concretas para enfrentarlos.

En la ciudad que represento, que ostenta un título poco agradable, por un grado de contaminación importantísimo, será imposible aplicar esta ley con los actuales reglamentos, ya que no tenemos los índices mínimos ni máximos. En consecuencia, y a pesar del lindo ejercicio académico, en Talcahuano no se podrá aplicar este plan de descontaminación.

He dicho.

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , de manera rápida, pero no por ello con menor intensidad, quiero saludar a una delegación del Alto Biobío que se encuentra en las tribunas: a la señora Berta Quintreman , en representación del cacique de Ralco Lepoy ; a la señora Nicolasa Quintreman ; a don Enrique Correa , secretario del Centro Mapuche-Pehuenche Alto Biobío ; a don Domingo Piñaleo, representante de la comunidad de Callaqui; y a don José Antolín , presidente del Centro Mapuche , Pehuenche y Lonco de Quepuca Ralco .

Ellos han venido a pedir el apoyo de Diputados y Senadores para que el Gobierno anule la concesión otorgada para la construcción de la central hidroeléctrica Ralco , petición que muchos Diputados respaldamos.

Nos alegramos mucho de que hayan podido presenciar este debate, que habría sido mucho mejor si hubiésemos contado con una presencia más masiva de parlamentarios.

Me habría gustado discutir sobre certezas científicas y precaución.

Hoy, muchos de los elementos que se utilizan para diseñar una política medioambiental están basados en la exigencia de una certeza científica absoluta. Se requiere saber con precisión milimétrica qué es lo que produce daño, y si existe esa certeza científica absoluta, no es posible poner en duda el proyecto o actividad que se desea desarrollar.

Frente al principio de la certeza absoluta se debe establecer el de la precaución; es decir, si existe una sola duda de que algo puede causar daño, debe actuarse con precaución, tolerancia, tomando las medidas necesarias para evitar cualquier daño.

En el Convenio de Río, Chile aceptó un enfoque precautorio para proteger el medio ambiente. Es decir, cuando exista la amenaza seria de un daño irreversible, deberán tomarse todas las medidas para evitarla.

Para que ello sea efectivo, es necesario cambiar el peso de la prueba. Los que demandan mejor calidad de vida o del medio ambiente no son los que deben probar el daño que determinada actividad produce, sino que deben hacerlo aquellos que la realizan. El que desarrolla una actividad productiva en Chile debe demostrar que ella no produce daño, que no contamina ni afecta a las personas, quienes no tienen los recursos ni las condiciones para enfrentar este desafío.

En ese sentido, el criterio de que el que contamina, paga, no basta, pues el medio ambiente dañado es irrecuperable y no tiene precio.

Muchos de los proyectos desarrollados en mi región, como Ralco, Pangue, el intento de hacer un vertedero industrial en Schwager, de instalar salmoneras en el lago Lleu-Lleu, sin duda, son atentados al medio ambiente y a los principios de la comunidad mapuche, en el caso del lago Lleu-Lleu, y de la comunidad pehuenche, en el caso de la central Ralco en el Alto Biobío.

Otro principio básico es el de la participación de la comunidad, pero ello no es suficiente; es necesario que ella decida, pues, en política, lo importante es quién toma las decisiones. Por lo tanto, si hoy existe una debilidad en nuestra institucionalidad medioambiental, se debe a que la decisión es política, lo que afecta la credibilidad. Y cuando se afecta la credibilidad de la institucionalidad, estamos frente a la ruptura y al descrédito. Creo que hoy existe el compromiso del Gobierno, pero no están los mecanismos para que se haga realidad.

En ese sentido, creo que recobrar la credibilidad es, sin duda, un desafío pendiente.

¿Cuál ha sido el objetivo de esta sesión? Cuando planteamos el tema, junto con el Diputado señor Barrueto , señalamos que debía ser un debate pleno, amplio y con gran participación. ¿Qué tenemos hoy? Una escasísima presencia de la Oposición, lo que también es aplicable al resto de las bancadas. Hubiéramos querido contar con la participación de todos los parlamentarios en el debate, porque aquí no buscamos decir algo novedoso, puesto que todo lo que se ha dicho lo sabemos.

El Gobierno explicó con fuerza sus razones y también quienes han criticado. Queríamos un debate con alturas y no un mezquino análisis para señalar que la Concertación es la culpable. Lamento que no esté presente el Diputado señor Víctor Pérez , pues se equivoca profundamente al tratar de responsabilizar a la Concertación de todos los males. La UDI ha caído en un mezquino vicio al pretender buscar responsabilidades políticas sin hacer propuestas. Por lo tanto, partidizan el debate medioambiental. Comparto que hay que politizar el tema, adoptando medidas y políticas de Gobierno, pero no partidarizarlo.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Le ruego redondear la idea, señor Diputado .

El señor NAVARRO .-

Señor Presidente , termino señalando que hay que avanzar hacia una política nacional del medio ambiente, no sólo del Gobierno, del sector privado, de las ONG -organizaciones no gubernamentales- o de los partidos políticos, sino una política del país. Y en este sentido, como todos coinciden en que hay que fortalecer la Conama, desafío y emplazo a la Derecha para que, a la hora de votar la Ley de Presupuestos para 1997, sea coherente con el discurso que aquí ha tenido y le otorgue los recursos necesarios para que pueda de verdad fiscalizar. Debatir y criticar sin acciones concretas es, sin duda, inoficioso y un vicio que hace que la gente rechace la política.

He dicho.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente , como el tiempo no me permite extenderme para señalar todo lo que tenía preparado, quiero detenerme brevemente en algunos puntos que se han tocado en forma bastante rápida, algunos, fruto del debate y otros, de algunos mitos.

Antes de entrar al detalle, quiero resaltar que la figura medioambiental está en nuestra Constitución. La Carta Fundamental de 1980 tiene grandes defectos y distorsiones, desde el punto de vista de la idea democrática y del Estado de Derecho, pero si quisiéramos buscar algún acierto, lo encontramos en el artículo 19 Nº 8, donde se señala, como garantía constitucional, el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación.

Ésta es una de las pocas disposiciones que señala claramente restricciones a garantías fundamentales que establece la Constitución, tales como el derecho de propiedad, incluso el derecho a la libertad económica. Creo que esto es fundamental, porque forma parte de una definición básica, pues es el Estado el que cumple un rol en virtud del bien común, de la protección de la vida y de la salud de los chilenos. El Estado cumple un rol regulador en materia medioambiental.

Se ha dicho, y con justa razón, que el desarrollo económico y productivo es positivo, especialmente el de los recursos naturales. Hay que recordar que Chile es muy rico en recursos naturales, y que el Estado tiene una obligación, una responsabilidad, en cuanto a que ese desarrollo sea sustentable y equilibrado, pero con el respeto que señala la Constitución al medio ambiente.

Hay dos aspectos que quiero especificar. En primer lugar, la Conama, en materia medioambiental es una ventanilla única. Ésa fue la filosofía y decisión del legislador al dictar la ley de bases generales del medio ambiente. De esa manera, cualquier tipo de inversión productiva en nuestro país, que pueda producir un impacto negativo en el medio ambiente, para que se lleve a cabo requiere la autorización de la Corema o de la Conama, en virtud de una declaración o estudio de impacto ambiental, según sea el caso a resolver. ¿Qué significa eso? Que de acuerdo con el artículo 24 de la ley de bases del medio ambiente -no la voy a leer por falta de tiempo-, ninguna entidad administrativa puede permitir la realización de una inversión privada o pública sin el permiso correspondiente, en la medida en que dicha inversión o proyecto afecte el medio ambiente circundante.

Eso, en primer lugar: ratificar y reafirmar la figura de la ventanilla única que es la Conama.

En segundo lugar, se ha mencionado de manera bastante reiterativa el hecho de que la Conama adolece de una serie de deficiencias. Sólo quiero recordar a mis colegas que ya en la filosofía de la ley de bases del medio ambiente se habló de un principio básico y fundamental: la gradualidad. ¿Qué decíamos en ese entonces? Los problemas ambientales que sufre nuestro país son el resultado de décadas de aplicación de políticas en las cuales lo ambiental, en forma global, no era un aspecto relevante de considerar. Por consiguiente, revertir el curso del deterioro ambiental y buscar una forma en que el desarrollo y el progreso puedan propiciarse conciliándolos con la conservación de nuestro patrimonio ambiental requiere de una modificación estructural que trascienda medidas efectistas o parciales que puedan tomarse en el corto plazo. Cuando se discutió este tema, cuando se elaboraron las políticas del medio ambiente, se tuvo clara conciencia de que los problemas medioambientales no podíamos resolverlos en cinco, diez o quince años.

Quiero reiterar lo dicho por la Diputada señora Allende: pasaron diecisiete años en los cuales no hubo preocupación por el tema ambiental. Es cosa de ver la situación de Santiago.

En cuanto a la Conama, considero que como estructura institucional, y de acuerdo con diversos estudios y reflexiones que se hacen de las experiencias comparadas, es la entidad adecuada en cuanto a su lugar dentro de la administración pública.

La experiencia de países desarrollados, como Alemania, es drástica en el sentido de que los ministerios del medio ambiente no han dado resultado. En ese país, conversé con el ministro del medio ambiente, quien me dijo que hay asuntos que no pueden conocer, materias de recursos naturales, por ejemplo, que son de competencia exclusiva del ministerio de agricultura, y que también conoce, en virtud de la normativa europea, la Comunidad Económica Europea.

La Conama, servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, sometida a la supervigilancia del Presidente de la República , a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, cumple con tres virtudes: primero, es de naturaleza intersectorial; segundo, tiene capacidad de coordinación; tercero, su cercanía al Presidente de la República , por el hecho de estar en un sistema de gobierno presidencial, le ayuda a tomar decisiones y resoluciones.

Con esto no quiero decir que como institución o servicio público tenga resueltos los problemas ambientales. En cuanto a la gradualidad, creo fundamental darle tiempo, pues tiene varias deficiencias: en primer lugar, no cuenta con un cuerpo técnico suficientemente especializado para resolver de manera rápida, en especial las Corema, los estudios de impacto ambiental y las declaraciones. Es necesario reformar y mejorar ese aspecto, para lo cual se requiere un presupuesto mayor.

En segundo lugar, es fundamental que cumpla una labor de educación ambiental.

Hay otras materias a las cuales deseo referirme, relacionadas con el sistema de participación ciudadana, que también es necesario mejorar, pero las incluiré en mi discurso.

He dicho.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero decir que el Diputado señor Navarro estuvo harto poco en la Sala; después dijo algo que nadie entendió, criticando a la Derecha, y se retiró sin ser consecuente con lo que señalaba.

Además, estoy cansado de escuchar que durante 17 años no se hizo nada en materia ambiental. Creo que no se hizo nunca nada antes en materia ambiental. O sea, el tema no sólo hay que acotarlo a los 17 años, porque vende mucho, y también echarle la culpa al gobierno militar de todas las cosas que pasan en el país, sin reconocer nunca las cosas buenas que hizo.

En el tema del medio ambiente y en los políticos falta equilibrio. Escuché con mucha atención al Ministro señor Arriagada hablar sobre la materia, pero uno también lee la prensa y aquí hay señores Diputados que se han carteleado con el tema del medio ambiente, pero nunca les he escuchado en la Sala una proposición concreta por el progreso del país.

El Diputado señor Schaulsohn estima un fracaso el manejo del tema ambiental; el presidente de la Democracia Cristiana , señor Foxley , dice que esta economía está creciendo demasiado rápido y muy desordenadamente. Entonces, hay para todo en esta materia y todos pueden decir algo.

Quiero enfrentar el asunto de otra manera. En este país lo que más necesitamos es equilibrio. Aparte de las palabras hermosas que se usan, del desarrollo sustentable en el tiempo y con equidad, deberíamos actuar con equilibrio, eso falta.

Por ejemplo, a mi juicio, Santiago es una ciudad que está totalmente contaminada, pero más que eso, saturada, y tampoco he escuchado en la Cámara a autoridades de Gobierno hacer alguna sugerencia novedosa que permita frenar su desorbitado crecimiento y desarrollar las regiones. Tal vez, habría que hacer una reforma tributaria o de fomento que apunte en el sentido correcto, pero eso puede generar muchas presiones, de distinto tipo, que son imposibles de asumir.

Quiero referirme a temas regionales, porque ya en el período pasado tuvimos una experiencia muy negativa en la provincia de Valdivia: la paralización del proyecto Terranova, en la comuna de Corral, que consistía en trabajar con maderas nativas, lo que daría trabajo a unas mil personas. Pero, como siempre ocurre, se oponían en el paseo Ahumada, y en Corral lo querían. Finalmente, se impuso lo que el paseo Ahumada buscaba para mi zona, se paralizó el trabajo y mil personas quedaron sin ocupación. Ahora deben trabajar pescando entre temporales y vedas, por lo cual viven sumergidos en la pobreza, y la juventud de Corral no tiene posibilidad alguna de un futuro cierto y concreto en su localidad.

Lo más novedoso es que ese predio, después de ser abandonado por la CAP y por la firma japonesa Murubeni, fue vendido a un particular. Hoy, un ingeniero forestal democratacristiano, influyente, ha obtenido reiterados permisos de planes de manejo en superficies pequeñas que, sumadas, al final van a completar la misma superficie que quería la empresa Terranova en la cual iba a instalar una gran industria.

Ahora, con la planta de celulosa que señalaba el señor Ministro , la inversión más grande que espera la provincia de Valdivia, superior a mil millones de dólares y con una multiplicidad de efectos económicos en la zona, la influencia de los ecologistas ha significado un cambio de parecer de las mismas autoridades regionales en la Corema, presidida por el intendente y compuesta por gobernadores y la Seremi; o sea, es una entidad enteramente subordinada a la autoridad administrativa de la región.

Cuando el lugar de la construcción fue visitado por Su Excelencia el Presidente de la República , en mi presencia les dijo al Ministro señor Arriagada y al intendente: “Tienen que buscar compatibilizar los intereses de la zona, porque antes, cuando yo venía, me pedían trabajo; ahora, me piden que cuide el medio ambiente”.

A pesar de eso, la Corema se demoró y el 30 de mayo señaló que el proyecto era ambientalmente viable, pero había que construir una tercera planta de tratamiento de aguas servidas o buscar alternativas distintas al río Cruces para evacuar sus efluentes.

Por primera vez apareció la alternativa de la caleta Mehuín, donde existe un incipiente desarrollo turístico y pesca menor, pero, en general, hay bastante pobreza. La comunidad de Mehuín ha reaccionado unida en forma airada y se opone a todo tipo de estudios, incluso técnicos, oceanográficos y de corrientes. Es invitada y acuden a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, se les escucha con atención, pero se advierte en eso una cierta doble actitud.

Cuando uno está en la zona, el Senador Valdés, más o menos como dueño de la provincia, dice: “La planta de celulosa se construye”. Pero después, en la Comisión se escucha a los parlamentarios del mismo partido del señor Senador y no queda claro si se construye o no, y qué es lo que piensan del tema.

Me preocupa tener en mi zona un medio ambiente intocado, aunque el río está muy contaminado y para limpiarlo hubo que vender las sanitarias a la empresa privada; pero también me preocupa que muchos trabajadores, jóvenes, camioneros e indígenas queden sin trabajo y que esta hermosa zona siga marcando el paso y viviendo sumergida en la pobreza.

No sé como lo hacen en Suecia, Alemania o Canadá, pero sé que en esos países existen más industrias de celulosa que en Chile, que cuidan el medio ambiente y que no tienen pobres. Algo habrá que copiar de ellos, pero con equilibrio, sin acatar, para obtener apoyos políticos, esta sobrerreacción que se produce en muchos lugares y que, en definitiva, sin apreciación técnica ni ciencia alguna se opone e impide lo que realmente constituye el desarrollo.

Tengo temores bastante fundados de que todas estas reacciones, de alguna manera están frenando en forma irreversible la inversión orientada a la provincia de Valdivia.

Por eso, protesto, porque se escucha siempre con más atención a los que hacen escándalo con el medio ambiente que a quienes pueden compatibilizarlo con el crecimiento y el desarrollo.

He dicho.

El señor DUPRÉ .-

Señor Presidente , en primer lugar, el proyecto que estamos discutiendo es, sin duda alguna, un importante avance en las modificaciones que debe tener el régimen municipal.

La transición que han vivido las municipalidades es una suerte de buena experiencia para determinar algunos vicios del sistema que nosotros aprobamos. Por tanto, las reformas incursionan en situaciones que deben corregirse.

Lamentablemente, en una comuna de mi distrito hay una muy mala experiencia por vacíos legales, que han impedido una buena fiscalización y que, muchas veces, por fallas humanas o por decisiones personales, van en descrédito de la institucionalidad.

El proyecto de reforma a la ley orgánica municipal apunta, precisamente, a sostener la institucionalidad municipal, poder local en cuyas decisiones participa el pueblo y la comunidad organizada. Sin embargo, todavía hay cosas poco claras.

En primer lugar, para una buena gestión es muy importante que en la ley de rentas municipales se acoten claramente las responsabilidades políticas y administrativas del alcalde y del concejo municipal cuando se sobrepasan los límites indicados para la administración y operación de los gastos de inversión, porque, obviamente, desprestigia a las municipalidades pobres o pequeñas, con ingresos insuficientes para atender las necesidades comunales, que no dejen los porcentajes adecuados para inversión en obras de desarrollo local.

Por otra parte, también es muy importante hacer ajustes en los límites comunales. Desde su creación, en varias comunas quedaron límites pendientes, que llegan a situaciones completamente absurdas. Por ejemplo, las de Maipú y Cerrillos quizás reflejen con exactitud las fallas que se producen cuando las decisiones se toman desde un escritorio y no obedecen a la realidad comunal.

La Villa México, concebida como unidad arquitectónica y habitacional, ha sido dividida en dos y los límites entre Maipú y Cerrillos son sus pasajes. Resulta absurdo que casas similares, unas pertenezcan a Maipú y las del frente a Cerrillos. Es tierra de nadie del otro lado, a Cerrillos, es tierra de nadie para los efectos de los servicios, etcétera.

Es necesario conjugar las modificaciones de los límites en función de los intereses de las respectivas comunas y de la racionalidad para la buena administración.

Dado el engorroso sistema para realizar dichas modificaciones, lo lógico sería que el Ejecutivo faculte al intendente regional para que, con informe de las respectivas municipalidades y la opinión de las uniones de juntas de vecinos, modifique y ajuste los límites de las comunas que presenten estos problemas.

En tercer lugar, me parece que las nuevas facultades que se entregan al concejo, para fiscalizar determinado tipo de acciones, no están claras; son muy amplias y no cubren situaciones específicas relevantes. Me refiero básicamente al desarrollo urbano, a las decisiones respecto de obras municipales, etcétera. Por ejemplo, respecto de autorizaciones para subdividir terrenos sin ningún respaldo legal, los cuales pueden ser objeto de loteos brujos en el futuro, en definitiva, el concejo no podrá perseguir responsabilidades administrativas concretas. Lo que es completamente aberrante es lo que ocurrió en Maipú, en que el director de obras y el alcalde, de una u otra manera autorizaron, sin el permiso municipal correspondiente, la construcción del supermercado Egas , que incluyó dos metros de frente que constituyen bienes nacionales de uso público. El concejo, en ese sentido, no tiene facultades específicas para perseguir responsabilidades de los funcionarios involucrados en ese hecho, y debería contar con ellas.

El cuarto tema al cual quiero referirme -también por la experiencia que tengo- dice relación con el reemplazo de los alcaldes por los partidos políticos.

Con este proyecto de ley se ha avanzado bastante en el sentido de establecer que los partidos tienen un plazo de diez días para proponer al concejo la terna de la cual elegirá el reemplazante. Pero, todavía no se resuelve el caso de que un partido, eventualmente, no dé cumplimiento a dicha proposición dentro del plazo de diez días, lo que impedirá al concejo nombrar ese reemplazante. Creo que es importante estudiar la posibilidad de que el concejo, de manera absolutamente autónoma, elija entre los inscritos en el respectivo partido, si es que éste no entrega su propuesta en el plazo indicado.

Finalmente, coincido con la apreciación del Diputado señor Montes en cuanto a que es un sistema muy alcaldicio. Como alguien señaló aquí, no estamos propiciando la posibilidad de que el sistema municipal sea más parlamentario que ejecutivo, desde el punto de vista de su gestión, sino que debe haber un justo equilibrio, y me da la impresión de que todavía sigue siendo muy alcaldicio y con algunos vacíos respecto de las atribuciones del concejo.

Es muy importante también que el Ejecutivo , respecto del proyecto, formule una indicación que faculte a los municipios para crear corporaciones autónomas y, además, les permita una relación bilateral o multilateral, de modo de ir originando, a través de las corporaciones, entes con mayor dinamismo y eficacia para desarrollar determinadas áreas fundamentales en el crecimiento local.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ.-

Señor Presidente , sin duda, esta reforma se plantea en un momento muy adecuado para avanzar definitivamente en lo referente a la autonomía que deben tener las municipalidades. Pero, en mi opinión, no lo suficiente, porque aún hay algunos a los que de repente no les gusta avanzar mucho en esto de la autonomía.

Quisiera traer a colación la definición de municipios que da el informe de la Comisión de Gobierno Interior que tenemos a mano. Señala: “Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio”, -ese segundo elemento posibilita la autonomía- “cuyo objeto es dar satisfacción a las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el proceso económico, social y cultural de la comuna.”

En ese sentido, creo que, siendo este el momento adecuado, tal vez podríamos avanzar más para liberar a las municipalidades de tantas estructuras rígidas que pueden estar pesando sobre ellas. Deberíamos fijar un marco de funciones obligatorias -una suerte de columna vertebral- para todas las municipalidades del país, pero dejar a su arbitrio la definición de su estructura a fin de cumplir con sus objetivos.

Quisiera hacer un símil con lo que estamos haciendo hoy en materia de educación, en que estamos avanzando hacia una descentralización cada vez mayor; en que estamos pidiendo y exigiendo a los distintos establecimientos educacionales que sean capaces de definir su propio proyecto; sólo les decimos que una determinada cantidad de objetivos y de contenidos mínimos será igual en todo el país. Creo que en las municipalidades podemos hacer algo similar, particularmente, porque los énfasis de algunos municipios son distintos a los de otros. Hay comunas urbanas y rurales; por lo tanto, la estructura que fijemos en una ley puede transformarse, en definitiva -y así ocurre-, en una verdadera camisa de fuerza que, lejos de permitirles ser instrumentos de desarrollo, más bien las limita. Además, hay comunas más grandes, otras más ricas, en fin, realidades diferentes, lo que nos debe hace pensar en cómo tratar y establecer este tema, para avanzar más en materia de autonomía municipal. Pero, queda el aspecto fiscalización, como que de pronto pudiera no ser tan conveniente avanzar dicha autonomía debido al riesgo de vulnerarse una gestión correcta; pero creo que hay a lo menos tres elementos que en una municipalidad podrían asegurar que su gestión y administración sean correctas.

El primero es el electorado que cada cuatro años juzgará si el alcalde o los concejales se han desempeñado en forma correcta y eficiente al servicio de la gente.

El segundo es el concejo respecto del cual habrá que mejorar mucho más aún los mecanismos de fiscalización. Ya hay un avance muy importante en el proyecto.

El otro elemento lo constituye la Contraloría General de la República, cuya intervención en las municipalidades, desde hace bastante tiempo, de alguna manera y por diferentes razones, ha sido limitada. Por lo menos, de lo que recuerdo, hacía visitas periódicas, aleatorias y esporádicas a las municipalidades, sin que por medio hubiera necesidad de denuncia. Hoy, aparentemente -tal vez por sobrecarga de trabajo-, sólo concurre a aquéllas sobre las cuales ha recibido denuncia; por lo tanto, no realiza un trabajo preventivo. La Contraloría es un instrumento muy eficaz para que una gestión se haga con la debida corrección.

Es fundamental, además, que la autonomía no sólo vaya aparejada con lo administrativo, sino también con lo financiero, porque únicamente con lo administrativo sirve de poco. En ese aspecto, hay que traspasar crecientes recursos hacia las municipalidades para que cumplan con su rol; en definitiva, descentralizar los recursos, no hablo de imponer una sobrecarga al Estado, sino de restar una serie de funciones que todavía existen en diferentes ministerios, las cuales deben ser traspasadas a las municipalidades con los recursos necesarios.

Otro aspecto importante que atenta contra la autonomía municipal es el traspaso de funciones sin financiamiento. Ayer el Ministro del Interior hacía una larga relación de ellas, pero quiero decirle al señor Subsecretario , presente en la Sala, por intermedio del señor Presidente , que buenas ideas puede haber muchas, pero si de verdad no van acompañadas de financiamiento adecuado, cualquiera colapsa, aborta, porque no tiene el respaldo necesario. Así por lo menos lo ha marcado la experiencia.

¡Para qué hablar de traspaso de servicios! Tal vez, desde un principio, esta buena idea de descentralización para los servicios de educación y de salud, tampoco tuvo la asignación de recursos necesarios. Ese hecho, obviamente los transforma en una pesada carga para las diferentes municipalidades y alimenta, incluso, la decisión de muchos alcaldes de despreocuparse de ellos.

En definitiva, se requiere traspasar mayores recursos a las municipalidades y, reitero, no estoy pensando en una carga más para el Estado.

En el proyecto hay materias importantes que destacar. En primer lugar, el avance o mejoramiento de la participación de la ciudadanía en las decisiones locales. Asimismo, es una gran cosa que se permita o facilite a las municipalidades aliarse, unirse o asociarse para contratar uno o más profesionales, particularmente a aquellas municipalidades más pequeñas que ven seriamente mermadas sus posibilidades de contratar profesionales idóneos que puedan desarrollar algunos proyectos que beneficien a la población. Todos sabemos que para postular a los fondos regionales asignados hay que presentar proyectos claros y definidos. Muchas veces, estas municipalidades no pueden postular porque no cuentan con las personas capacitadas para elaborar esos proyectos.

También hay otro elemento que es necesario rechazar con energía. En primer lugar, la tendencia permanente a crear cargos de la confianza del alcalde; y no son sólo los que estaban definidos en la ley actual, ahora se crean otros. En mi opinión, eso tiende a la ineficiencia, porque los funcionarios y los trabajadores no tienen seguridad de permanecer en su trabajo, puesto que pueden ser despedidos al no contar con la confianza del alcalde de turno.

En definitiva, con esa actitud vamos partidizando las municipalidades y convirtiéndolas en parcelas de los partidos políticos, lo que, por cierto, constituye un grave error; además, es necesario reconocer que atenta contra la carrera funcionaria.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

¿Me permite, señor Diputado ? Le ruego redondear la idea porque el tiempo está terminando.

El señor RODRÍGUEZ.-

Muy bien, señor Presidente .

En esta materia, manifiesto mi total oposición al artículo 2º transitorio que establece una fórmula para que determinados funcionarios cesen en sus cargos. No se necesitan mayores comentarios, para rechazarlo, porque significa desconocer el trabajo realizado durante mucho tiempo por gente muy esforzada y dedicada que lo único que ha querido es trabajar para un municipio y su comunidad.

Concluyo manifestando que concuerdo con lo señalado por el Diputado señor Errázuriz de que tal vez sea conveniente esperar que llegue del Senado el proyecto que modifica la Constitución antes de continuar tratando esta iniciativa y así conformar un todo.

He dicho.

El señor CORREA .-

Señor Presidente , para comprender mejor la importancia del proyecto que hoy discutimos, es necesario hacer un poco de historia y remontarse a los orígenes del sistema municipal chileno, a partir de la Constitución de 1833, en la que se establecía una municipalidad en cada capital de departamento y en las poblaciones que determinara el Presidente de la República , con recursos provenientes del gobierno central.

En 1891, se promueve la ley de la comuna autónoma en que se impulsa un mayor nivel de descentralización de estos cuerpos intermedios.

Con posterioridad, ya en este siglo, sucesivas leyes han ido ampliando las responsabilidades de los municipios en el área de servicios, a pesar de que muchos de ellos han quedado con el carácter de ser compartidos con el gobierno central y de que gran parte de los recursos financieros siguen siendo manejados por esta instancia.

Sin embargo, es la nueva ley sobre rentas municipales, dictada en 1979, la que transforma a las municipalidades en verdaderos motores de desarrollo de sus comunas, al traspasarles cuantiosos recursos, establecer que la totalidad del impuesto territorial sea de beneficio municipal y crear el fondo común municipal, mecanismo distributivo de los ingresos propios de los municipios. De esa manera, al municipio meramente prestador de servicios: transporte y tránsito público, aseo y ornato, se le asignan otras tareas tales como el desarrollo comunitario, el desarrollo comunal, la asistencia social, el deporte y la recreación, la educación, la cultura, la salud pública, etcétera.

Por esta razón, y por haber trabajado parte importante de mi vida en varios municipios, es que este tema me preocupa.

Entiendo el interés del Gobierno por consolidar y modernizar la administración municipal. Pues bien, por constituir la principal instancia de participación ciudadana y el elemento primordial de desarrollo de las comunas y del país en general, no concibo una política de lucha contra la pobreza sino a través de las municipalidades. Por eso, es preocupante lo ocurrido durante los últimos años, en que la gestión municipal -salvo honrosas excepciones- ha sido objeto de muy pocas iniciativas y de escasos proyectos que permitirían mejorarla en forma notable.

Quiero mencionar lo que pudimos apreciar cuando a la Comisión de Desarrollo Social le correspondió visitar la comuna de Río Cisnes. Un grupo de muchachos de la Universidad Católica de Valparaíso ejecutó, dentro del programa Chile-País, una serie de proyectos de inversión que pusieron a disposición de la municipalidad de esa comuna, en virtud de los cuales la transformaron.

Muchas municipalidades del país adolecen de ese problema: no pueden implementar en la debida forma los departamentos de planificación para que generen proyectos que permitan financiar obras a través de otros fondos de inversión y mejorar notablemente su gestión.

Ocurre que en muchas municipalidades existe una politización extrema que ha perjudicado la administración de los servicios traspasados de educación y salud. Quiero señalar un hecho que grafica esa politización. En estos días, un alcalde de mi distrito ha cursado los expedientes de jubilación de alrededor de 15 directores de escuela que cumplían con los requisitos para jubilar, con el objeto de colocar allí directores afines a sus ideas, en vista de las elecciones municipales de octubre.

Por eso, también nos preocupa la incorporación del artículo 16 bis propuesto por el Ejecutivo , que permite fijar y modificar la organización interna de las municipalidades, porque si se actúa con criterio político y no técnico, como se ha venido haciendo, se atropellará la carrera funcionaria.

Por las mismas razones, nos preocupa que cargos tales como los de directores de obras municipales, de aseo, del tránsito y de servicios municipales sean provistos, cada seis años, mediante concurso público. Nos oponemos a que esos cargos, netamente técnicos, sean concursables y las remociones de los funcionarios, facultad del alcalde y del concejo, porque ello atenta contra la carrera funcionaria, en especial contra el derecho a ascenso.

Las municipalidades deberían ser unidades técnicas que promuevan efectivamente la participación ciudadana. La verdadera democracia no consiste exclusivamente en acudir a las urnas para elegir a las autoridades, sino en consultar en forma permanente a la gente sobre todo orden de cosas, principalmente en qué invertir los recursos. La comunidad debería tener acceso permanente a la gestión municipal. Se requiere que los funcionarios tengan incentivos y que se premie a los mejores, pues con ello se mejoraría la gestión municipal.

Por otra parte, también quiero referirme al requisito de los estudios. Sucede que hoy, cuando el Ejecutivo está empeñado en sacar adelante un proyecto que permita la modernización de la educación, sosteniendo que la única forma de avanzar en el desarrollo y de derrotar la extrema pobreza es mediante la educación, en forma simultánea patrocina un proyecto de ley que establece como única exigencia saber leer y escribir para ser concejal o alcalde , la cual fue cambiada en la Comisión de Gobierno Interior por la de educación básica. Sin embargo, para avanzar en la lucha contra la pobreza y lograr el desarrollo que nos exigirá el siglo XXI, debería ser requisito sine qua non que los alcaldes y los concejales tengan, por lo menos, cuarto año medio.

En resumen, si queremos mejorar realmente la gestión de las municipalidades, deberemos recorrer mucho camino. Seguramente esta iniciativa que estamos discutiendo muy pronto deberá modificarse, hasta que lleguemos a una administración donde impere la eficiencia y la técnica administrativa y no tengamos que presenciar como hoy la forma en que los diferentes partidos se reparten el botín.

He dicho.

La señora CRISTI .-

Señor Presidente , este proyecto ha creado enormes expectativas, especialmente en los municipios de nuestro país. Sin embargo, al evaluar las modificaciones que se proponen, creo sinceramente que esta nueva propuesta no resolverá los graves problemas que afectan a las municipalidades, especialmente los relativos a la autonomía municipal.

¿Qué es la autonomía municipal? La capacidad de los municipios para responder a las necesidades de su comuna y para promover un desarrollo lógico, de acuerdo a las necesidades de cada sector. No obstante, vemos que aún, a pesar del interés y de la conciencia que existe sobre la importancia de descentralizar recursos y responsabilidades, la mayor parte de las atribuciones siguen radicadas en los sectores principales, es decir, en los distintos ministerios del país.

De manera que el municipio queda con las manos amarradas para llevar a cabo sus planes de desarrollo. Ocurre, por ejemplo, con los programas de vivienda y con algo que es propio de las comunas, como poder determinar el tránsito de las calles. Hoy, para cambiar el tránsito en una vía, las municipalidades deben solicitar autorización al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Lo mismo ocurre cuando requieren instalar un semáforo o aceptar un gran número de líneas de locomoción colectiva, que muchas veces ni siquiera caben en las calles, como sucede en La Reina, una de las comunas que represento. Es decir, están con las manos amarradas para lograr el desarrollo de las distintas áreas.

En el sector de la salud, uno de los graves problemas que afecta a los municipios es la falta de financiamiento para mejorar la salud primaria. Sabemos que representa el 10 por ciento del gasto total de salud en el país, y es absolutamente urgente y necesario invertir en ella para evitar que la gran cantidad de personas que pueden tratarse en los municipios lleguen a la salud secundaria o terciaria. Lo mismo ocurre en educación, y en otras áreas.

Por otra parte, existe una materia que es absolutamente imprescindible modificar. Mucho se ha hablado de la situación de los directores de obras, a quienes se culpa por una serie de problemas que tienen las municipalidades para lograr su desarrollo urbano. Si analizamos los verdaderos factores que influyen en la imposibilidad de promover dicho desarrollo y de aprobar los planos reguladores de muchas comunas, veremos que el plano regulador propuesto por una comuna y aprobado por el concejo, por el alcalde, por los vecinos e incluso por el Serviu, se detiene, por ejemplo, en el consejo regional, a través del control ejercido por los consejeros regionales. Se genera así una nueva traba que impide que el plan de desarrollo urbano, tan importante a nivel comunal, pueda materializarse. Además, debemos recordar que está sometido al plan intercomunal. En el último tiempo, se han dictado una serie de disposiciones en el plano intercomunal para promover una mayor densificación de las comunas, muchas de las cuales realmente no pueden o no quieren densificar su sector. Aquí tenemos, entonces, otra situación que deja a las municipalidades atadas de mano, y mientras no se promueva su autonomía no podrán avanzar.

Pero hay otra situación insólita. Por ejemplo, cuando se solicitan permisos para la instalación de industrias, de colegios o de otras empresas a nivel comunal, una vez que se han obtenido todas las autorizaciones de los ministerios: de Salud, de Obras Públicas, del Serviu, etcétera, se obliga al alcalde a dar una patente, aunque éste, el concejo y la comunidad consideren que esa actividad no es conveniente para el sector, pasando a llevar con ello a las juntas de vecinos y a todas las instancias comunales. Entonces, ¿quién manda? ¿Los ministerios o el municipio?

Hace algún tiempo, en nuestra comuna de Peñalolén se obligó al alcalde a dar una patente a una planta procesadora de hormigón, lo que provocó gran escándalo y drama para los vecinos. Sin embargo, después de dos años esa planta tuvo que dejar de funcionar por contaminar, tal como se dijo que iba a pasar desde un principio.

En la comuna de La Reina se instalará un colegio de más de 1.500 niños en una calle que apenas es accesible para el tránsito que hoy existe. Las pruebas del impacto vial que produciría tal colegio han sido aprobadas por los ministerios correspondientes, y a pesar de que la comunidad explica que hay un grave problema de tránsito en el sector, se autorizará el funcionamiento de ese colegio.

Por otra parte, en algunas de las indicaciones que se planteaban hay situaciones que debieran ser consideradas. Por ejemplo, en el artículo 4º, algunos señores Diputados sugirieron que, a través del municipio, se promovieran políticas de apoyo a la familia.

Pasando a un capítulo diferente, es muy importante la acción que pueden llevar a cabo los municipios para mejorar una serie de aspectos que hoy afectan a la comunidad. En un país donde todos estamos preocupados de la pobreza y del desarrollo, se ha comprobado científicamente que a la familia le importa principalmente la superación de la pobreza. Me extraña, entonces, que se haya rechazado la posibilidad de que el municipio, a través de distintas políticas, pueda orientar y promocionar políticas que ayuden a proteger a la familia, a la mujer y prever, de esta manera, una serie de hechos que se producen cuando la familia, sobre todo en los sectores más pobres, se encuentra debilitada.

Se da más importancia a que la municipalidad se preocupe de promover políticas de género, en un contexto que me parecía totalmente inadecuado. Me alegro de que las Comisiones hayan optado por declarar que el municipio debe promover igualdad de oportunidades, tanto a hombres como a mujeres.

Otro tema de gran discusión se refiere a los funcionarios de confianza del director de Obras del municipio, calidad que se le dio al director de Desarrollo Urbano , pero no al director de Obras . Esa situación tiene directa relación con la autonomía municipal y no con que sea de la confianza exclusiva del alcalde. Es un problema permanente de una Ley de Urbanismo y Construcciones compleja, errática y que, muchas veces, deja a los directores de obras con las manos amarradas. En ese sentido, también es importante que esta ley guarde coordinación con importantes modificaciones que deben hacerse a distintos cuerpos legales. En este caso, junto con una nueva ley orgánica municipal, es urgente modificar otras leyes, como la de Urbanismo y Construcciones.

Hay una serie de situaciones puntuales que han sido evidentemente mejoradas, como la de dar mayores facultades a los concejales. Insisto en que los Diputados también debieran tener mayores atribuciones para fiscalizar a los municipios. En muchos de ellos, por distintas razones, no basta con la fiscalización de los concejales, como en la comuna de Peñalolén, donde el municipio presenta graves problemas de administración. Allí habría sido muy importante la facultad de fiscalización por parte de los parlamentarios.

También son importantes una serie de nuevas medidas que se plantean, en cuanto a que haya más información por parte de los alcaldes respecto de una serie de situaciones, especialmente en lo relativo a la cuenta que deben dar cada cierto tiempo sobre los planes, programas y una serie de hechos que hoy permanecen en la nebulosa. El proyecto, en alguna forma, ayuda a promover la transparencia que deben tener los municipios en cuanto a la información.

También me parece importante dar más atribuciones y reconocer la importancia de los consejos económicos y sociales, aunque creo que el número de cincuenta para las comunas con mayor cantidad de habitantes podría ser exagerado.

La petición para que las juntas de vecinos puedan opinar respecto del otorgamiento de patentes de alcoholes, también es interesante; pero aquí debiera haber no sólo consulta, sino respetar también su criterio. Es absurdo que cuando se les pregunte y digan que no, igual se entregue la patente de alcoholes. Por lo tanto, me parece que las juntas de vecinos debieran tener una posición definitiva, que se respete, en cuanto al rechazo o aprobación de una solicitud.

Por otra parte, son relevantes los procedimientos que se fijan para las adquisiciones y licitaciones, lo cual ha producido problemas en municipalidades que han sido cuestionadas por ese motivo.

Cuando se propone una auditoría externa, ojalá que ésa fuera una práctica común en los municipios.

Asimismo, reviste trascendencia que las atribuciones dadas a los directores en distintas instancias, en comunas menores, puedan ser compartidas por diferentes municipalidades.

Aprovecho la presencia del señor Subsecretario de Desarrollo Regional...

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Señora Diputada , está terminando su tiempo. Le ruego redondear su idea.

La señora CRISTI .-

...para plantear la necesidad de que existan fondos sociales comunales. Hoy, el mayor problema de las comunas es la falta de recursos para atender los problemas que más les afectan, cuya distribución está centralizada. En las de escasos recursos, se requiere contar con expertos que las ayuden a postular en los distintos proyectos y programas de Gobierno. Debemos recordar que hay más de 41 fondos a los cuales pueden acceder los municipios, pero es muy difícil, con escaso personal, acceder a estos beneficios, lo cual, muchas veces, atenta contra las posibilidades de resolver sus dificultades.

En resumen, la iniciativa de ley ha hecho avances, pero no resuelve los graves problemas pendientes en las municipalidades, especialmente en lo referente a la autonomía municipal.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , para abordar el proyecto de ley pueden existir muchos enfoques. De hecho, si uno analiza lo ocurrido en las últimas dos décadas, comprueba que han existido tres o cuatro reformas al sistema municipal.

Dentro de los variados enfoques, quiero dar uno muy particular, que básicamente apunta a la situación presupuestaria de las municipalidades.

Desde 1991, he realizado un seguimiento del sistema municipal en todo el país, y en los próximos días daré a conocer el resultado de lo sucedido entre 1991 y 1995, y algunas percepciones y conclusiones atinentes al proyecto que en esta oportunidad estamos debatiendo en la Sala.

Quiero partir de un concepto. En el curso de la discusión, se ha hablado mucho del tema de la autonomía municipal. Sin duda, desde mi punto de vista, ella está dada por dos circunstancias: la primera, para tomar decisiones; la segunda es de carácter financiero. Es decir, en la medida en que se tenga facultad para tomar decisiones respecto de una comunidad y ellas vayan acompañadas de los recursos necesarios, estamos verdaderamente hablando de una autonomía municipal.

¿Qué ha ocurrido en el aspecto financiero, en el que me voy a concentrar? Como primera conclusión, uno debería partir de la base de que lo más importante para el habitante de una comuna es la capacidad de la municipalidad para invertir con recursos propios. Reitero, capacidad para invertir con recursos propios. Si una municipalidad no tiene esa capacidad, todo el resto de lo que discutamos es adjetivo, porque, de lo contrario, podemos tener muchas facultades, pero al carecer de recursos propios casi no se justifica la existencia de la propia comuna. Quiero recalcar la expresión “con recursos propios”, porque todos sabemos que la fuente de ingresos municipales no sólo está constituida por los propios, sino también por un conjunto de recursos que se postulan al Fondo de Desarrollo Comunal, recursos del Ministerio de Vivienda, etcétera.

Por lo tanto, cuando hice el análisis financiero traté de aislar los recursos propiamente municipales, porque es la única manera de conocer su fortaleza patrimonial. Si se consideran adicionalmente los recursos provenientes de fuentes externas, muchas veces podemos llevarnos grandes sorpresas, porque esos fondos, de alguna forma, pueden estar soslayando o impidiendo que se conozca la verdadera debilidad municipal. Por ejemplo, una municipalidad puede aparecer con grandes inversiones, pero prácticamente todas pueden haber sido hechas con recursos externos y no propios.

¿Qué ocurre con la fortaleza en el sistema municipal, al menos en el período que analicé, entre 1991 y 1995?

En 1991, existía una holgura presupuestaria de 18.6, es decir, de cada cien pesos generados por ingresos propios, 18.6 podían destinarse a inversiones. ¿Qué ocurre en 1995? Ese 18.6 se transforma en 6.8, o sea, se ha deteriorado inmensamente la capacidad de los municipios para invertir con recursos propios.

Para analizar las causas que originan el deterioro municipal, hay muchas razones, pero me concentraré en una que en particular me parece delicada, básicamente constituida por el gasto corriente, es decir, en personal, bienes y servicios de consumo y en el ítem transferencia. Si se analiza lo ocurrido en esta materia, se llega a la siguiente conclusión: de que en 1993 había noventa comunas que absorbían más del 90 por ciento de sus ingresos en gasto corriente, a diferencia de 1991, en que simplemente no había más de cincuenta comunas.

Desgraciadamente, aquí no existe transparencia para poder graficar esas cifras; pero lo delicado -y es lo que quiero plantear en esta oportunidad- es que si se logra graficar la evolución de estas tres variables del gasto corriente, se llega a la conclusión de que esas curvas tienen una dirección radicalmente distinta. Mientras el ítem bienes y servicios de consumo se mantiene estable subiendo a través del tiempo, los ítem transferencia y gastos en personal tienen una dirección diametralmente distinta: en vez de ser recta, sube en 1991, baja en 1993 y continúa subiendo hasta 1995. Esto indica que es un problema que no resuelve el proyecto y lo planteo porque es político.

En los próximos veinte años enfrentaremos diecisiete procesos electorales. Estas curvan indican -las tomé para no tener ningún tipo de prejuicio respecto de la materia- que entre 1991 y 1993 se concentraron dos elecciones: la de concejales y alcaldes, básicamente de alcaldes designados por los Codeco, y las parlamentarias en 1993.

Curiosamente, los ítem personal y transferencia tienden a llegar a su máxima expresión en 1993, y curiosamente caen en 1994, para situarse en una dimensión casi equivalente a la de 1991.

Esto indica que el gasto corriente obviamente aumenta en las épocas electorales y, por desgracia, es en perjuicio de la propia comunidad, porque normalmente se están financiando organizaciones no gubernamentales, personal absolutamente innecesario, porque de lo contrario se habría mantenido en el tiempo. Este problema no lo resuelve el proyecto aun cuando vamos a enfrentar -repito- diecisiete procesos electorales.

Por esa razón, presenté una indicación que desgraciadamente fue rechazada en la Comisión de Hacienda, para que un año antes de un proceso electoral de carácter presidencial, parlamentario e incluso comunal, el otorgamiento de subvenciones a organizaciones no gubernamentales -es decir, transferencias al sector privado- requiera el acuerdo de los tres quintos del concejo.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Le queda un minuto de su tiempo, señor Diputado .

El señor ORPIS.-

Quiero plantear un segundo aspecto en el tiempo que me queda.

Me parece indispensable -presentaré una indicación en tal sentido- que no se otorguen a las municipalidades recursos externos provenientes de los ministerios o de las respectivas intendencias si no mantienen un gasto corriente relativamente bajo. En definitiva, hay que incentivar la eficiencia y que se invierta en la comunidad en forma efectiva. A la larga, las gestiones eficientes las hacen los buenos alcaldes, pero es demasiado tentador lo que ha ocurrido en las municipalidades, en el sentido de que el gasto corriente ha aumentado excesivamente en perjuicio de la comunidad. Por lo tanto, es necesario colocar barreras en la ley para evitar que esta situación siga incrementándose.

Reitero la idea planteada al comienzo de mi intervención. Si el sistema municipal no tiene fortaleza patrimonial, todo lo que estamos discutiendo ahora tendrá carácter adjetivo. Mayor o menor flexibilidad, sin presupuesto y sin buenas administraciones, a la larga no se traducen en nada. Sólo las municipalidades fuertes, desde el punto de vista patrimonial, serán capaces de resolver el problema de las personas en una comuna determinada.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente , en principio, en todos los sectores políticos y sociales del país se coincidió en la necesidad de reformar la ley orgánica municipal.

La reforma se puede analizar desde varios tópicos: desde el sistema electoral, que ya se vio en el Congreso Nacional, pasando por los temas de fondo que dicen relación con la institucionalidad municipal, como su autonomía, las facultades fiscalizadoras del concejo y de la Contraloría General de la República, el mejoramiento de la eficiencia, la mayor participación ciudadana, la parte de financiamiento que mencionó el Diputado señor Orpis . Estas materias, en su conjunto, son parte del proceso de modernización de las municipalidades, lo cual, para llevarlo a cabo, debe abordarse en su totalidad.

Se debe producir una reforma integral. Para ello, a mi juicio, se deben considerar tres premisas claras:

Primero, la voluntad real de desconcentración. No es posible pretender tener gobiernos locales autónomos y eficientes si no existe una voluntad clara del nivel central de descentralizar. A mi juicio, el Gobierno debe desprenderse de facultades, atribuciones y recursos para traspasarlos a los gobiernos comunales.

Lamentablemente, diría que en esta materia el proyecto no avanza en nada. Seguirán existiendo problemas con los ministerios y con distintos servicios públicos; seguirá habiendo duplicidad en las funciones; habrá burocracia en los trámites y, por lo tanto, esto seguirá generando ineficiencias e irresponsabilidades.

No me parece serio, desde esta perspectiva de desconcentración, que desde el nivel central, pasando por este Parlamento, se sigan entregando funciones a los municipios y rigidizaciones de contratos, como es el caso del Estatuto Docente y otros, y no se les proporcionen los recursos. Ello va en deterioro de sus recursos y, en consecuencia, de una capacidad de gestión más fecunda.

Entonces, una segunda premisa sería que no basta con entregar más poder a los gobiernos locales y premunirlos de nuevas atribuciones, sino que se requiere que todas las facultades deben estar orientadas claramente a servir a la comunidad y, para ello, debemos ser eficientes.

En esta materia se requiere establecer una estructura que permita desarrollar en los municipios una labor en forma oportuna, contar con resultados adecuados y, a su vez, que las acciones estén en sintonía con lo que la comunidad verdaderamente desea.

Para lograr esta eficiencia, a mi juicio, es importante señalar tres aspectos.

En primer lugar, el tema de control y fiscalización de la gestión.

En esta materia, considero que el proyecto avanza. Es cierto que se mejora la fiscalización a través de las nuevas facultades que se otorgarán a los concejales y la posibilidad de contratar una auditoría externa para evaluar la ejecución programática y presupuestaria del municipio por parte del concejo; se establece también la posibilidad de que éste pueda evaluar directamente la gestión del alcalde; como resultado de una indicación aprobada en la Comisión de Hacienda, se permite que la Contraloría General de la República pueda fiscalizar las corporaciones y las fundaciones que reciben recursos de los municipios; se fortalece la unidad de control y también se avanza en una tarea importante de fiscalización de la comunidad.

Por lo tanto, en los análisis del primer informe, en materia de control y fiscalización, tanto en la Comisión de Gobierno Interior como en la de Hacienda, se han recogido y madurado en forma correcta algunas proposiciones.

En segundo lugar, está la gobernabilidad y la flexibilidad de los municipios.

Respecto de la gobernabilidad, el proyecto define claramente los roles y delimita responsabilidades. Al concejo, como órgano fiscalizador y al que debe fijar grandes políticas; al alcalde , en su rol de ejecutor y de administrador.

Sí genera algunas dudas respecto de la flexibilidad. Concuerdo en que se ha avanzado en términos de que hoy se permite la existencia de una asociación con municipios -lo cual me parece importante-, y también en que se flexibilizan las plantas de personal, por lo cual debe hacerse con respeto al actual funcionario municipal y a la carrera funcionaria.

Es negativo que en materia de flexibilización los cargos directivos duren seis años y que una persona que ha ganado un concurso público en el municipio hoy, de nuevo tenga que concursar.

Me parece poco serio que al personal, aun cuando se desee crear una institucionalidad municipal global, más que darle un incentivo para seguir una carrera de servicio público, se le coloque cortapisas y genere inestabilidad.

No digamos que un profesional va a trabajar en el servicio municipal o público por beneficio económico, pues tenemos claro que las rentas municipales son muy bajas y que en el sector privado obtiene mejores rentas. Pero hay una vocación de servicio y a esa persona hay que apoyarla, incentivarla y no crearle inestabilidad, como pretende el proyecto.

Quiero decirlo claramente: tengo dudas sobre lo que en esta materia se persigue. Lamentablemente, el Gobierno y la Concertación, en general, desde la perspectiva del personal, cuando llega a un municipio, lo consideran como el botín del partido ganador, y no ven con seriedad la función municipal. Para pagar favores políticos, ojalá pudieran tener a todos los empleados en calidad de personal de confianza, con el objeto de contratar a quienes ellos deseen.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Le queda un minuto, señor Diputado .

El señor LEAY.-

Señor Presidente , el acuerdo del Comité fue que distribuiríamos diez minutos entre los parlamentarios de la UDI, lo cual nos iba a permitir hablar un poco más a unos y menos a otros.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Señor Diputado , han usado de la palabra los Diputados Orpis , Correa y Su Señoría. La señora Matthei nos ha dicho que no estaba inscrita, de manera que Su Señoría es el último Diputado de la UDI inscrito.

Puede redondear sus ideas.

El señor LEAY.-

Señor Presidente , desde esta perspectiva, debemos fijar los criterios de una institucionalidad y no mirar a los municipios como el botín del partido ganador: hay que dar estabilidad en el empleo a los funcionarios. Es cosa de hablar con cualquier funcionario o con la Asociación de Empleados Municipales para conocer el clima de inestabilidad creado, que nada aporta a mejorar la calidad y el objetivo del municipio, que es servir a la comunidad.

Y en estas políticas de personal -aunque quizás muchas de estas materias no tienen que ver con el proyecto- es imperioso considerar un mejoramiento del nivel de remuneraciones del personal municipal. Es necesario crear incentivos que estimulen el buen desempeño: bonos de productividad, cursos de capacitación, etcétera, situación que hoy, a mi juicio, no se considera aun cuando ha sido planteada claramente por la Asociación de Empleados Municipales.

Por último, una tercera premisa básica para lograr una reforma integral a la ley orgánica municipal se refiere a la participación ciudadana.

Creo que en este proyecto, por primera vez, se están dando algunos espacios para que cada ciudadano participe activamente en lo que es el quehacer del municipio. En esa perspectiva, son importantes las audiencias públicas del concejo, la oficina de reclamos, aunque hay que profundizar mayormente estas materias en el segundo informe.

Asimismo, hay que mejorar la difusión de la cuenta pública. Es importante avanzar en lo concerniente a consultas y plebiscitos, porque es valioso que la comunidad haga oír su voz en cuanto a qué proyectos de inversión quiere, cuál es su visión global del plan de desarrollo comunal y del plan regulador de la comuna. Considero muy positivo para quienes dirigen un municipio tener una visión global del pensamiento de la gente.

En definitiva, cuando hablemos de modernización no nos centremos sólo en lo electoral y lo económico. Es importante que de parte del Gobierno central exista voluntad para desconcentrar, lo mismo que de los gestores de la función municipal, para mejorarla y permitir la participación de la comunidad.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor José Miguel Ortiz .

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , en la sesión de ayer el Ministro del Interior dio a conocer las ideas más importantes de este proyecto que modifica la ley Nº 18.695, orgánica constitucional de municipalidades.

Como miembro titular de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, usaré mis diez minutos para expresar lo que considero son las materias más relevantes de esta iniciativa.

En primer lugar, definitivamente se define el perfil de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación, Secplac. Se le concibe como una instancia de estudio y evaluación, encargada primordialmente, tal como lo dice su nombre, de las políticas, planes y programas comunales. Se le resta la facultad de coordinación, la cual se entiende más propia del administrador municipal.

Se hace obligatoria la existencia del administrador municipal en los 334 municipios del país, y que desde el 27 de octubre de este año aumentarán a 341. Se define el cargo como de exclusiva confianza del alcalde y se reduce a un año la inhabilidad del administrador para postularse como candidato a alcalde o concejal en la misma comuna. En resumen, se le da el concepto de gerente municipal.

En el caso de los cargos directivos concursables, la Comisión de Hacienda consideró importante rechazar la indicación del Ejecutivo, que establecía la necesidad de que los postulantes, además de cumplir con los requisitos legales, debían rendir un examen de idoneidad para el ejercicio del cargo.

Estuvimos totalmente de acuerdo con una indicación del Ejecutivo al artículo 40, que dice relación con la concursabilidad interna y externa de los cargos directivos de las unidades de control, de obras municipales, de administración de personal y finanzas; de aseo y ornato, de tránsito y transporte público y de secretario municipal.

En cuanto a la vacancia del cargo de alcalde, situación que se da bastante a menudo en el país, consideramos, en primer lugar, llenar el cupo vacante de concejal para completar el número total de concejales, haciendo correr la lista. En segundo lugar, elegir al nuevo alcalde de entre sus miembros, por mayoría absoluta. De no reunir ninguno de ellos esa mayoría, debería repetirse la votación, circunscrita sólo a las dos primeras mayorías de la votación anterior. Si aún no se logra la mayoría o se produce empate, será designado alcalde aquel concejal que hubiere obtenido el mayor número de preferencias ciudadanas.

En la Comisión de Hacienda fue ampliamente debatido el tema relativo al reglamento de adquisiciones y contrataciones. En el caso de los llamados a licitación, existiendo la aprobación de la oferta técnica, la adjudicación deberá recaer necesariamente en la oferta más barata. En cuanto a las ampliaciones de obras o prestación de servicios, sólo podrán ser aprobadas por el municipio hasta por un monto que no supere el 20 por ciento del valor del contrato original.

En la Comisión de Hacienda fuimos partidarios de mejorar efectivamente las remuneraciones del alcalde, bajo la fórmula de una asignación inherente al cargo, equivalente al 30 por ciento del sueldo base. Sin embargo, creemos -y así se lo hicimos ver al Ejecutivo- que esta asignación debe ser más significativa, y calcularla sobre el total de haberes, pero eliminando la percepción de horas extraordinarias.

Sobre este tema, me encontré con la sorpresa de que en las 49 comunas de la Octava Región, no más de cinco alcaldes cobran estas horas extraordinarias, especialmente en las municipalidades grandes.

Tocamos el tema de la auditoría externa que podrá contratar el concejo. La Comisión aprobó una indicación del Ejecutivo que detalló con mayor precisión su objetivo al señalar que esta auditoría evaluará la ejecución programática, presupuestaria y el estado de situación financiera del municipio.

Asimismo, se distinguió que la periodicidad de esta auditoría estaría determinada por los ingresos anuales de los municipios, calculados en unidades tributarias anuales.

También, a proposición nuestra y a través de indicación del Ejecutivo , se establecieron beneficios para los concejales. De lo contrario, día a día habrá menos ciudadanos interesados en optar a estos cargos de representación popular.

En primer lugar, se establece el derecho al pago de dieta, correspondiente a tres sesiones de concejo, que podría considerar vacaciones, siempre que haya asistido al 90 por ciento de esas sesiones.

En segundo lugar, la protección legal de los concejales que desempeñan labores en el ámbito público o municipal para ausentarse de su lugar de trabajo, con el objeto de asistir a las sesiones del concejo. Se señala, además, que los concejales, en el cumplimiento de sus funciones, quedarán sujetos al seguro contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Por otra parte, se autoriza, y todos estuvimos de acuerdo, al Ministerio del Interior para efectuar programas de capacitación para concejales. También lo estuvimos con el sistema de audiencias públicas para conocer las materias de interés comunal. Asimismo, rechazamos la indicación del Ejecutivo que obligaba al Cesco a designar como ministro de fe a un secretario ejecutivo.

La Comisión aprobó una indicación del Ejecutivo que obliga a las municipalidades a habilitar una oficina de reclamos, a establecer un procedimiento para el tratamiento de los mismos y a fijar plazos para darles respuesta.

He dejado para el final las normas relativas a la administración de comunas nuevas.

Como Diputado por Concepción, hago presente que este año comenzarán a funcionar las comunas de San Pedro de La Paz y de Chiguayante.

Es importante, para la historia fidedigna de la ley, reconocer el rol que le ha correspondido a la Subdere, dirigida por don Marcelo Schilling . El viernes pasado, en la comuna madre de mi ciudad de Concepción, con tres funcionarios y con la presencia de la presidenta de la Asociación de Funcionarios Municipales -alrededor de 508 en Concepción- se clarificaron todas las situaciones de traspaso de personal, no más de 33 a la municipalidad de San Pedro de La Paz y en el mismo número a la de Chiguayante. Éste es un mentís a una información que, no sé si malintencionada o por falta de antecedentes, planteaba una situación absoluta y totalmente diferente.

Termino expresando que somos partidarios de los artículos 140 y 141, nuevos, sobre traspaso de bienes y de personal a las nuevas comunas. En el caso específico de los funcionarios de la salud y de la educación se hace justicia, porque se plantea la continuidad en los cargos, no afectando en nada la labor desarrollada en la comuna madre.

Aprovecho la oportunidad para solicitar al señor Subsecretario , por su intermedio, señor Presidente , que el Ejecutivo envíe una indicación para que los funcionarios sean encasillados, a lo menos, en el mismo grado que tenían en la comuna madre, sin perjuicio de las normas sobre ascenso que contempla la ley N° 18.883. Creo que en la vida y especialmente cuando está en juego la estabilidad de los funcionarios, lo que abunda no daña.

Por eso, en nombre de los Diputados democratacristianos integrantes de la Comisión de Hacienda de esta Corporación, anuncio el voto favorable a la idea de legislar.

He dicho.

El señor JÜRGENSEN.-

El proyecto que nos preocupa introduce diversas modificaciones a la ley orgánica constitucional de municipalidades, principalmente respecto de las funciones y atribuciones de los municipios y de las unidades administrativas que lo componen, así como de la organización interna y su fiscalización.

Quisiera referirme brevemente a tres aspectos que estimo de interés: a la autonomía de las municipalidades; a la fiscalización y a la carrera funcionaria.

Respecto del tema de la autonomía, se ha conocido la opinión de expertos en materia municipal, quienes siguen sosteniendo invariablemente que la autonomía consagrada explícitamente en la Constitución Política de la República es un atributo primario y esencial de las municipalidades. Sin embargo, esta autonomía ha sido transgredida permanentemente por los ministerios, servicios públicos, incluso por los gobiernos regionales, invocando una legislación de carácter común vigente.

En el mensaje y en el proyecto existe un reconocimiento expreso a la autonomía del gobierno local. Sin embargo, esta iniciativa que está destinada a vigorizar la institución municipal no considera una corrección en este sentido y, en el fondo, pretende mantener un sistema que se ha apoyado en las interpretaciones contrarias al artículo 5° transitorio de la Carta Fundamental, lo cual le ha permitido, tanto al gobierno central como a los regionales inmiscuirse en facultades y atribuciones privativas y esenciales del quehacer local.

Es un atributo de la autonomía el otorgamiento de los recursos necesarios y suficientes para que los gobiernos locales cumplan el mandato constitucional de satisfacer efectivamente las necesidades de los habitantes de sus comunas.

Necesariamente el perfeccionamiento de la institucionalidad municipal requiere y exige sustanciales reformas en la distribución de los recursos estatales, hoy día manejados y administrados por el gobierno central.

El proyecto no propone mucho respecto de esta situación y se mantiene un discurso diferente al descentralizador y modernizador que se dice postular.

Una auténtica autonomía municipal exigiría que los municipios puedan darse sus propias estructuras, sus propias plantas de personal, e, incluso, determinar las remuneraciones de sus funcionarios. Sobre este aspecto, la iniciativa es bastante pobre.

En materia de fiscalización, hay aportes significativos a la institucionalidad local. El hecho de que los concejos, por un tercio de sus integrantes puedan realizar la fiscalización, sin lugar a dudas avanza en la modernidad administrativa, pues no resulta del todo congruente ni lógico que las propias mayorías gobernantes en la comuna se autofiscalicen, como lo dispone la legislación actual. En ese sentido, hay algo muy positivo.

También son positivas las modificaciones orientadas a perfeccionar la cuenta de los alcaldes y a establecerles plazo para que den respuesta a las solicitudes de informe solicitadas del concejo.

Lo planteado por el Diputado señor Tuma hoy en la mañana y la indicación propuesta por la Comisión de Hacienda para que los alcaldes difundan los hechos relevantes, en mi opinión también constituye un avance en la transparencia de la administración, ya que los alcaldes dan cuenta una vez al año y la comunidad necesita conocer ciertos hechos cuando ocurren o dentro de un plazo determinado.

Por eso, la indicación aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda, establece la obligación de difundir los hechos relevantes e indica exactamente cuáles son: los informes finales de las investigaciones o sumarios realizados por la Contraloría General de la República, las modificaciones efectuadas al patrimonio municipal, las concesiones que otorgue la municipalidad, las subvenciones o aportes que efectúe en favor de personas jurídicas de derecho público o privado, los convenios que se celebren con otras municipalidades o la constitución de corporaciones o fundaciones y los hechos que el propio concejo, por mayoría de votos, declare que son relevantes.

Señor Presidente , por su intermedio pido que se apruebe esta indicación, porque realmente constituye un avance en tal sentido. Asimismo, aquélla aprobada en la Comisión de Hacienda mediante la cual se entregan facultades a la Contraloría para fiscalizar a las corporaciones, a las fundaciones o a las asociaciones municipales, cualquiera sea la naturaleza con que se constituyan, con arreglo al decreto con fuerza de ley Nº 1-3063, de 1980. Igualmente, la facultad que se entrega al concejo para fiscalizar las corporaciones municipales, así como prohibir que parientes actúen en la administración de entidades que reciba aporte municipal.

En este sentido, las disposiciones aprobadas constituyen un avance y un perfeccionamiento en la gestión municipal, como también las normas referidas a clarificar las iniciativas que corresponden al alcalde y al concejo respecto de las materias de sus respectivas competencias.

En cuanto a la carrera del funcionario municipal, soy partidario de fortalecerla. Los funcionarios de carrera constituyen el organismo técnico y ejecutor permanente de la autoridad política correspondiente, sin distingos de la orientación política que tenga, y hacen posible el desarrollo de los planes y programas que se le plantean como meta en su período. Al contrario, los funcionarios de confianza o que revisten esa calidad, por regla general tienen una muy corta permanencia en el municipio.

Por eso, el Diputado que habla estima necesario, para un buen desempeño, contar con funcionarios motivados por una carrera funcionaria real, con capacitación permanente y remuneraciones acordes con las funciones que realicen, con un sistema de calificaciones idóneo e instrumentos de trabajo adecuados. En este sentido, el proyecto no acoge todos estos conceptos y, por el contrario, incluso ciertas indicaciones incorporadas en la Comisión de Hacienda por el Ejecutivo atentan contra la carrera funcionaria.

En general, el proyecto significa un avance, razón por la cual anuncio mi voto favorable en general. En la discusión y votación en particular, tendremos algunas opiniones discrepantes de lo aprobado tanto en la Comisión técnica como en la de Hacienda.

He dicho.

El señor JOCELYN-HOLT .-

Señor Presidente , en consideración a la hora, a la naturaleza de las ideas vertidas en este debate, sólo haré una reflexión sobre dos o tres puntos que me parecen importantes.

Después de los informes de las dos Comisiones que trataron el proyecto, se suscitó un debate reglamentario perfectamente legítimo, que respeto, pero que, en la práctica, dada la naturaleza y las características de la iniciativa, es un poco equivocado. La ley que se modifica ha resultado ser complicada y compleja, desde su elaboración inicial, que cuesta entenderla, incluso a los propios funcionarios municipales, alcaldes y concejales llamados a cumplirla y más aún al público en general que, muchas veces, no entiende muy bien cada una de las instancias y estructuras que contempla.

De ninguna manera quiero desmerecer la labor de las Comisiones, en particular la de Gobierno Interior, que realizó un trabajo muy acucioso y logró acuerdos para introducir las reformas que hoy discutimos. Es un trabajo muy encomiable, que debe ser destacado, pero como estamos en el primer informe, lo que ocurrió luego en la Comisión de Hacienda era previsible, en una materia extraordinariamente sensible para todos.

Destaco el trabajo realizado en la Comisión de Hacienda, entre personas que piensan diferente, con distintas visiones políticas, pero con un diagnóstico común acerca de lo que está ocurriendo en el ámbito municipal.

Creo que las enmiendas propuestas enriquecerán la segunda discusión en la Comisión de Gobierno Interior.

Ahora, las modificaciones principales que plantea el proyecto, dicen relación con la estructura de gestión y el mejoramiento de los canales de información y los sistemas de control, en buenas cuentas atacan una cosa que es necesario decirla. Como la ley es muy compleja y cuesta entenderla bien, y como todo el sistema municipal también es muy complejo, pues no sólo rige al respecto la ley orgánica de municipalidades, sino un conjunto de otras normativas que el grueso de la gente no conoce -ley de urbanismo y construcciones, ordenanza general, normativa sobre tránsito, estatuto administrativo, normas de la Contraloría, estructuras presupuestarias- las personas que no se manejan adecuadamente en este tipo de materias, no sólo no comprenderán el cúmulo de servicios y facultades que hoy tienen los municipios, sino que no podrán ejercer adecuadamente un rol que le corresponde a la ciudadanía hacer bien: fiscalizar la gestión de las autoridades municipales que eligen y exigirles que vayan en la dirección de lo que han prometido o de lo que esperan, como ciudadanía, que dichas autoridades realicen.

En Chile, todo el sistema de control está radicado hasta ahora en dos entes: en el concejo y en la Contraloría, los que resultan insuficientes, porque el concejo no es una estructura suficiente para ser contrapeso de la función que cumple el alcalde y, por su parte, la Contraloría debe preocuparse exclusivamente de los aspectos contables, de ingresos y gastos, del control documentario de la gestión municipal, labor que, desde luego, tiene una enorme cantidad de limitaciones.

El proyecto, tal como salió de la Comisión de Gobierno Interior, entrega a la Secretaría de Desarrollo Regional atribuciones para sistematizar la información financiera, darla a conocer públicamente y establecer algunos estándares de gestión local que, por supuesto, el país necesita. Desde ese punto de vista, es un avance.

A muchos de nosotros nos habría gustado que esto, en lugar de radicarse en una subsecretaría de un gobierno, cualquiera que sea -soy partidario del actual, pero el día de mañana otro puede ejercer la administración del país-, y que este tipo de información sea administrada por un ente dependiente del gobierno, preferimos mil veces que esté en manos de un ente autónomo e independiente.

En la Comisión de Hacienda existía un ambiente muy favorable para legislar en torno a la idea de un instituto de gestión pública que sistematice de manera autónoma esta información y la entregue a la ciudadanía. No lo hicimos, porque en la Comisión de Gobierno Interior hubo un acuerdo para entregar estas atribuciones a la Subsecretaría de Desarrollo Regional. No queremos descalificar ese acuerdo y lo vamos a respaldar, pero no cabe la menor duda de que es necesario que algún ente sistematice la información relacionada no sólo con los ingresos y gastos, con el respaldo documentario, si lo que se aprueba existe físicamente, sino respecto de flujos, orientaciones en lo referente a estándares de inversión, que debe ser más o menos equivalente entre los municipios, con el objeto de que la gente tenga una información adecuada de lo que está ocurriendo y no se forme una opinión acerca de lo bueno o malo de sus alcaldes, exclusivamente, porque uno hace una ghincana en una esquina determinada de la comuna o un acto muy vistoso, sino en función del tipo de gestión y sus proyecciones en el mediano y largo plazo.

En segundo término, creo que algunas personas todavía mantienen una confusión en el sistema municipal, que espero sea clarificada por este proyecto.

Una cosa es la autonomía municipal, poder llegar y decidir las cosas según su real saber y entender por parte de las estructuras municipales consagradas en la ley y la Constitución. Nadie está comprometiendo esa autonomía. La capacidad de tomar libremente las decisiones respecto de los recursos, definir sus planes y proyectos, invertir, les corresponde a ellos. Otra cosa es tomar las decisiones sin escrutinio público ni control alguno y sin la obligación de informar respecto de lo que se está realizando.

Desde ese punto de vista, oponerse a iniciativas que entregan ya sea a la Subdere, a algún instituto de gestión pública o que perfeccionan los mecanismos de fiscalización de la Contraloría, porque supuestamente comprometerían esa autonomía, no sólo es una confusión de conceptos y de planos, sino, derechamente, una interpretación muy torcida de la intencionalidad de la Constitución y de la ley, lo que no se puede aceptar cuando se trata de recursos públicos, de instituciones que deben guardar la fe pública y que, en primer lugar, se deben a la ciudadanía que los elige, la que debe disponer de la información adecuada.

En tercer lugar, una de las innovaciones que pretendimos introducir en la Comisión de Hacienda, que deseo defender con cierta pasión, se refiere a un tema que me ha preocupado intensamente a la luz de algunas experiencias que me ha tocado vivir, y creo no ser el único.

Todos sabemos que el tema de las corporaciones de educación y salud ha sido polemizado desde hace bastante tiempo. Han sido declaradas inconstitucionales -llegan a 53 en el país-; son ficciones jurídicas que existen por obra y gracia, no del Espíritu Santo, sino de un tecnicismo jurídico que deberíamos corregir.

En la actualidad, todos los recursos de estas corporaciones provienen de los municipios; administran dos servicios claves en el ejercicio de la función municipal, pero no tienen un adecuado control, ni siquiera de la Contraloría, porque ésta sólo las puede fiscalizar en función de los traspasos y de los aportes que les hace el municipio. Nada más.

Es curioso que la Contraloría, en virtud del artículo 16 de su ley orgánica, pueda fiscalizar a instituciones como Esval o a empresas públicas con un nivel de celo mucho más exigente que el que puede efectuar sobre instituciones de carácter más público y menos autónomas, como las corporaciones de educación y salud, o cualquier otro tipo de corporaciones creadas al amparo del título VII de la ley orgánica de municipalidades, como las corporaciones culturales u otras entidades que reciben aportes municipales.

No resulta lógico limitar el control de la Contraloría en las corporaciones de salud y educación y en las que reciben aportes municipales a algo menor de lo que puede efectuar en empresas, públicas o no, que reciben aportes del Estado en porcentajes importantes, y que le permiten meterse en toda su estructura de gestión, de decisiones y en las orientaciones que realizan.

Al respecto, la Comisión de Hacienda aprobó una indicación, que creo importante destacar, pues hace lo siguiente:

Primero, somete a las corporaciones de educación y salud, a las que se creen al amparo del título VII de la ley orgánica de municipalidades, a las fundaciones y asociaciones municipales y a las entidades privadas como bomberos, Integra o cualquier otra que reciba subvención municipal, a la fiscalización de la Contraloría General de la República en ámbitos que van más allá de lo que son sus aportes.

Por primera vez, se faculta a la Contraloría en algo que deseaba y necesitaba hacer. Mientras no resolvamos el vacío legal existente respecto de estas corporaciones, muchos de nosotros creemos necesario que alguien vele por esta fe pública y por la transparencia de la gestión local.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Le queda un minuto a Su Señoría.

El señor JOCELYN-HOLT .-

En segundo lugar, hemos aprobado una indicación que tiene por objeto prohibir que estas entidades sean administradas por parientes de los alcaldes y de los concejales. No tiene ninguna lógica permitir que el alcalde pueda traspasar recursos, por vía de subvenciones municipales, a entidades sin fines de lucro, pero administradas por los mismos parientes.

Incluso conversamos este tema con la vicepresidenta de Integra , quien me autorizó para dar a conocer lo señalado en esa ocasión, porque yo no tenía mucho interés en patrocinar una indicación que posteriormente pudiera ser vista como que estaba en contra de instituciones de bien público dirigidas adecuadamente para favorecer a la comunidad, como bomberos, Integra y otras. Ellos tienen mucho interés en que se termine con esta confusión de planos en materia de administración y desean que esas instituciones se administren independientemente de los parientes de los alcaldes y concejales, porque ellos, como muchos de nosotros, creen que debe establecerse una adecuada separación entre los alcaldes, concejales y sus parientes, con el objeto de que estas entidades, que administran recursos municipales, sean dirigidas por personas con total independencia.

En ese entendido, es un avance lo hecho en la Comisión de Gobierno Interior, por cuanto creemos que es necesario legislar sobre el punto.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , no me voy a pronunciar ahora. Viene la semana distrital, tiempo necesario para estudiar la situación. Además, acordamos un procedimiento. Voy a conversar con la Mesa, con los Comités y con los presidentes de las Comisiones sobre la materia. Más que un decisión, que también voy a tomar, por cierto, el tema admite conversación entre nosotros.

En todo caso, desde el punto de vista formal, ya que el informe está presentado, pasará así a la Comisión de Gobierno Interior. En eso no puedo incidir de ninguna manera; pero el tema de fondo que Su Señoría planteó lo voy a considerar y a dialogar con los parlamentarios.

En votación los artículos que no requieren quórum de ley orgánica constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 71 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Allamand, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Cantero, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, León, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Makluf, Masferrer, Melero, Montes, Morales, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pizarro, Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Sabag, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Tuma, Ulloa, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

En votación los artículos que requieren quórum de ley orgánica constitucional.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 82 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobados.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allamand, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Cantero, Ceroni, Correa, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Gutiérrez, Hernández, Huenchumilla, Jara, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, León, Letelier (don Felipe), Longton, Longueira, Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Prokuriça, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Rodríguez, Sabag, Seguel, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Tuma, Ulloa, Valenzuela, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Nº3

2. Del Diputado señor Aguiló, en la letra c), para eliminar en la letra “m)”, que se incorpora, la palabra “para”, reemplazándola por el vocablo “entre”.

Número nuevo

9. Del Diputado señor Longueira, para agregar el siguiente número, nuevo:

“..) Agréguese a la letra g) del artículo 11, la siguiente frase, después de la palabra “municipal”, sustituyéndose la coma(,) por un punto seguido (.): “No obstante, los fondos recaudados por infracciones de tránsito deberán ser íntegramente traspasados al fondo Común Municipal,”.

15.- Del Diputado Sr. Aguiló, para incorporar la siguiente letra, nueva:

“..) Agréguese en el inciso segundo, la siguiente letra, nueva:

“..) Elaborar y promover una política local de igualdad de oportunidades para la mujer.”.”.

23.- Del Diputado señor Errázuriz, al artículo 37 bis, nuevo, propuesto por la Comisión de Hacienda, contenido en la indicación anterior, para agregar a continuación del punto aparte con que termina su inciso primero, la siguiente frase: “Lo establecido en este inciso requerirá acuerdo del funcionario.”.

25.- Del Diputado señor Errázuriz, al inciso primero del artículo 40, propuesto por la Comisión de Hacienda en la indicación anterior, para eliminar las siguientes expresiones: “administrador municipal y”.

26.- Del Diputado señor Errázuriz, al inciso cuarto del artículo 40, propuesto por la Comisión de Hacienda, para agregar, a continuación del punto aparte con que termina, la siguiente oración: “El administrador municipal formará parte de la comisión calificadora de concursos.”.

Nº 29

28.- De los Diputados Sres. Ulloa y Pérez, don Víctor, para agregar al artículo el siguiente párrafo:

“La responsabilidad administrativa del alcalde se hará efectiva previo informe de Contraloría que le asigne responsabilidad en irregularidades o faltas a la probidad, debiendo el concejo aplicar las siguientes sanciones:

-Multa.

-Suspensión del cargo por hasta treinta días.

-Destitución.”.

37.- Del Diputado señor Tuma , para agregar la siguiente letra l):

“l) En todo caso, la información a que se refiere la letra anterior y aquella relativa al estado financiero del municipio, tendrán el carácter de pública y los ciudadanos podrán solicitarla en las dependencias municipales. Su reproducción será de costo del solicitante.”.

Nº 41

43.- Del Diputado señor Longueira, para agregar la siguiente letra, nueva, modificando el inciso segundo del artículo:

“..)Reemplázanse en la letra a) las expresiones “Una unidad tributaria mensual” por “Entre una y dos unidades tributarias mensuales”; y en la letra b) los vocablos “una y media unidades” por “ Entre una y media y tres unidades tributarias mensuales”; y en la letra c) las palabras “Dos unidades” por “Entre dos y cuatro unidades tributarias mensuales”.

45.- Del Diputado señor Tuma, a la indicación anterior, de la Comisión de Hacienda, intercalando en el inciso cuarto propuesto por ésta, entre la palabra “concejo” y el punto seguido (.) que la sigue, la siguiente frase :” y por las comisiones a que se refiere el artículo Nº 76”.

Nº 43

47.- Del Diputado señor Elizalde, para reemplazar el Nº 43, por el siguiente:

“43) Sustitúyese el artículo 78 por el siguiente:

“Artículo 78.- El concejo determinará en un reglamento interno las demás normas necesarias para su funcionamiento, entre las cuales se establecerán especialmente aquellas que regulen las audiencias.

Para su funcionamiento existirá una comisión por cada función privativa o compartida definidas en los artículos 2º y 3º. Cada comisión será presidida por un concejal y estará compuesta por un número similar al de los concejales, y por miembros del Consejo Económico y Social.

Las conclusiones o acuerdos emitidos por las comisiones señaladas en el inciso precedente, deberán ser puestos en conocimiento del alcalde y del concejo.

Las comisiones de trabajo están destinadas a asesorar al concejo en el estudio de las materias que le son propias. A ellas podrá invitarse a vecinos destacados en la comuna, funcionarios u otras personas cuya opinión la comisión considere de interés”.”.

51.- Del Diputado señor Elizalde, para sustituir el inciso segundo propuesto, del artículo 96, por el siguiente:

“El Alcalde con acuerdo del concejo designará un secretario ejecutivo en conformidad a las facultades otorgadas en el inciso 1º del artículo 16 bis.”.

Número nuevo

57.- Del Diputado señor Longueira, para incorporar el siguiente número, nuevo:

“..) Agréguese el siguiente título IX y artículo 140:

“Título IX de los Juzgados de Policía Local

Artículo 140.- Los municipios podrán crear juzgados de policía local en su territorio mediante aprobación de la iniciativa por la unanimidad de los miembros del consejo y siempre que los gastos en personal no superen el 35% del total del presupuesto.”.”.

Artículo segundo

62.- Del Diputado señor Elizalde, al nuevo artículo segundo transitorio, propuesto por la Comisión de Hacienda, en la oración final de su inciso primero, para intercalar la expresión “directivos” a continuación del vocablo “cargos”, suprimir los dos puntos (:) que siguen a la palabra día, reemplazándolos por un punto aparte y agregar la siguiente frase: “al 31 de diciembre de 1998.”.

63.- Del Diputado señor Elizalde, al nuevo artículo segundo transitorio propuesto por la Comisión de Hacienda, para eliminar los párrafos segundo, tercero y cuarto del inciso primero.

64.- Del Diputado señor Elizalde, al nuevo artículo segundo transitorio, propuesto por la comisión de Hacienda, para eliminar, en su inciso final, la frase: “con un tope de 11 meses,”.

Artículo nuevo

66.- Del Diputado señor Ulloa, para incorporar el siguiente artículo transitorio, nuevo:

“El inciso final del artículo 20, regirá para las vacantes que se presenten a partir de la publicación de la presente ley.”.

 Moción de los Diputados señores Navarro , Tuma , Muñoz , Silva y Letelier ( don Juan Pablo) .

Modifica el Código Penal incorporando el delito de desacato entre autoridades. (boletín Nº 1893-07)

El delito de desacato, se lo puede conceptualizar, como aquel hecho punible que se comete al calumniar o injuriar a una persona, en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, ya sea de hecho o de palabra o ya en escrito que se le dirija.

Nuestro Código Penal, contempla esta figura en su artículo 264, que se encuentra contenido a su vez dentro del título VI, cuyo texto reza: “De los crímenes y simples delitos contra el orden y la seguridad públicos cometidos por particulares.”

“Atentados y desacatos contra la autoridad.”

La figura punible resulta así, sólo aplicable a delitos que cometan los particulares contra las autoridades públicas, lo cual, obviamente no contribuye a fortalecer las garantías constitucionales, tanto de la igualdad ante la ley como la del respeto y protección de la honra de su persona y su familia, contempladas ambas en el artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, en los números 2 y 4 respectivamente. Cuando una autoridad se coloca, por ejemplo, en la situación de la causal primera, número 3º del artículo 264 del Código Penal, vale decir, en el supuesto jurídico de injuriar o amenazar a un senador o a un diputado por las opiniones que éste emite en el Congreso, lo que está haciendo no constituye una conducta antijurídica, pues su calidad de autoridad, impide que el elemento típico llegue a configurarse. Esta situación, lógicamente constituye un atentado a las garantías constitucionales antes mencionadas, pues no se protege ni la igualdad debida que debe existir entre las autoridades, ni asegura la honra de una autoridad frente al hecho doloso que la afecta.

Si bien podría sostenerse que la protección existe en las figuras generales de injuria y calumnia, la razón de la existencia de este articulado, en apariencia “reiterativo”, es reforzar y destacar además, la gravedad que conlleva la actitud misma, cuando esta se dirige en contra de una autoridad que lleva sobre sí el manto de su investidura, la cual representa, en el ejercicio de sus funciones, tanto el poder de la autoridad que se lo concede, como el que le otorgan quienes le han elegido, en otras palabras, sus representados.

Todo lo antes mencionado nos lleva a concluir que el hecho de que sea una autoridad la que injurie o calumnie a otra, aumenta aún más la gravedad de la acción punible, ya que su actuar, no puede entenderse desvinculado de los entes a quien representa; cuando su acción es cometida en el ejercicio de sus funciones u ostentando la calidad de representante, o bien, dentro del hemiciclo en que se supone se encuentra ejerciendo su labor. Todo esto implica suponer, que su poder de representación se ve trastocado, pues no puede suponerse que en su actuar doloso, esté interpretando la voluntad de los entes que le han investido con la calidad de autoridad.

Ahora, haciendo un análisis del bien jurídico protegido en el delito de desacato, debemos concluir inequívocamente, que este es, el principio de autoridad, vale decir, la propia dignidad del funcionario, por lo que la investidura del ofensor; su calidad de autoridad, no puede ni debe pensarse que elimine el injusto del hecho cometido.

Un último argumento a señalar en esta materia, nos lo da, la propia doctrina penal contemporánea, la cual nos expresa que es absolutamente posible sancionar por este ilícito, incluso al culpable que sea superior del ofendido, lo que naturalmente nos conduce, a aceptar que la circunstancia de tener el ofensor rango semejante al del ofendido, no excluye en modo alguno, la antijuridicidad de la acción, vale decir, la necesaria contradicción que debe existir entre la conducta efectivamente realizada en el mundo real y la contemplada en el ordenamiento jurídico.

POR TANTO,

Se hace necesaria una modificación legal, que permita al intérprete conocer el verdadero sentido y alcance de la norma en comento, hoy puesto en duda debido a la existencia de fallos contradictorios en la materia; lo cual si bien suele ocurrir en un sistema jurisprudencial, donde el precedente no juega sino un rol doctrinal, no contribuye a salvaguardar el objetivo que a través de su redacción, ha querido darle el legislador a la norma.

Por las razones antes expuestas, vengo en someter a esta Honorable Cámara, el siguiente proyecto de ley:

PROYECTO DE LEY DE ARTÍCULO ÚNICO:

Modifíquese el texto del Título VI del Código Penal, en la forma que se indica.

Elimínese a continuación de la expresión “SEGURIDAD PÚBLICOS” el siguiente texto: “COMETIDOS POR PARTICULARES.”

(Fdo.): ALEJANDRO NAVARRO BRAIN .