Labor Parlamentaria

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, el proyecto que exime del impuesto a la renta a los pescadores artesanales.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Kuschel.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín Nº 1601-05, sesión 11ª, en 2 de julio de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 23.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente , las modificaciones del Senado son sólo formales, salvo la que intercala el artículo 26 bis, mediante el cual se aplica un impuesto equivalente a una unidad tributaria mensual vigente en el último mes del ejercicio respectivo, y a dos unidades tributarias mensuales en el caso de que sean propietarios de una embarcación.

En mi calidad de Diputado por Puerto Montt , Calbuco y Cochamó , no así de Maullín, deseo señalar que esa zona enfrenta la prohibición de pesca durante treinta meses, es decir, por más de dos años, en los cuales los pescadores no podrán pescar, no obtendrán ingresos y, obviamente, no podrán pagar impuestos. Por esa razón, propongo insistir en lo aprobado por la Cámara. De lo contrario, junto con impedirles trabajar, estaremos cargándolos con un impuesto que no podrán pagar, porque no realizan actividad. Esta dificultad se ha resuelto en el caso particular que menciono, pero no hay garantía respecto de lo que sucederá a futuro.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi completo desacuerdo con la proposición del Senado, pues no se trata de cambios formales ni menores, sino de modificaciones estructurales.

El Senado acortó el plazo del beneficio, que los Diputados establecimos que fuera de cinco años, dejándolo hasta el año tributario 1997; es decir, queda sólo un año y fracción.

Esta materia no es menor y, en la práctica, provoca un daño tremendo a este esforzado sector. En muchos distritos existen caletas pesqueras. Estamos hablando de un sector que nunca ha recibido apoyo alguno del Estado y que, por el contrario, sólo ha tenido exigencias. A mi juicio, la propuesta del Senado al artículo 1º es perjudicial.

Además, el nuevo número 5º que el Senado agrega al artículo 22 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, introduce una condición más: que el pescador artesanal no sólo debe operar embarcaciones que no tengan capacidad superior a 15 toneladas de registro bruto, sino que, además, no puede ser más de una.

Como lo hice presente en la Sala en el primer trámite, estamos equivocando el camino, por cuanto, por una parte, en la Ley de Pesca que aprobamos en 1992, establecimos determinados factores para definir al pescador artesanal y ahora fijamos otros distintos. Así, aquella señala que pescador artesanal es aquel que utiliza una embarcación no superior a 50 TRG, toneladas de registro grueso, y en el proyecto se rebaja ese tonelaje a 15. Entonces, los mismos legisladores estamos aplicando un concepto con diferente significado, lo cual es absurdo. No podemos seguir haciendo tantas modificaciones porque estamos complicando la legislación. En ese sentido, reitero que es una tremenda equivocación volver a definir el concepto de pescador artesanal, que tanto nos costó hacer.

En consecuencia, anuncio mi voto contrario a las enmiendas del Senado, y pido a la Sala y a mis colegas Diputados que solicitemos a la autoridad administrativa, al Poder Ejecutivo, que el proyecto tenga mayor concordancia con la definición de pescador artesanal dada en la Ley de Pesca.

He dicho.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente , además de que el plazo es absolutamente restrictivo, hay otro tema de fondo: la propuesta del Senado modifica la ley sobre Impuesto a la Renta y deja a los pescadores artesanales, a contar de 1998, afectos a la misma tributación de los pequeños contribuyentes.

El Senado lo señala claramente en su informe cuando dice que se modifica la ley sobre Impuesto a la Renta en el sentido de que, a contar del año tributario 1998, los pescadores artesanales, definidos como las personas naturales, con matrícula vigente, que desarrollen sus actividades directa y personalmente, y propietarios de una embarcación con capacidad no superior a 15 toneladas, quedarán afectos a la tributación aplicable a los pequeños contribuyentes.

Esto modifica sustancialmente el proyecto y la forma como se enfocó en la Cámara.

He dicho.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente , aquí hay que seguir el criterio que se aplica a los artesanos. Los artesanos, al igual que los pequeños comerciantes, están exentos de estos impuestos. Prueba de ello es que cuando se compra un mueble a un artesano, la factura dice: “Exento de impuesto”. Por lo tanto, no lo paga. Si aplicamos el mismo criterio a la agricultura, el pequeño agricultor, según el monto del avalúo, tampoco pagará impuestos. Me da la impresión de que el Senado desea equiparar el monto del capital que representa para el pescador el barco y su tonelaje con el que posee el pequeño agricultor.

Entonces, para ahorrarnos problemas, no debemos poner fechas ni plazos y equiparar al pescador artesanal con el pequeño agricultor, dejándolos exentos de por vida -igual como se hace con las contribuciones- del impuesto a la renta y del global complementario desde cierto monto hacia abajo.

¿Cómo sabemos cuál es el capital mínimo que se debe considerar en el caso de los pescadores artesanales? Sin duda, el del tonelaje de su barco que equivale a su implemento de trabajo. Por lo tanto, quedarían de por vida exentos de estos impuestos y evitaríamos estar preocupados cada año de estos problemas que afectan aproximadamente un millón 200 mil personas que viven de la pesca artesanal.

Por lo tanto, propongo que su situación se compare con la de los pequeños agricultores, a fin de dejarlos exentos del impuesto a la renta y del global complementario.

Votaré en contra del proyecto para que pase a Comisión Mixta.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente , de acuerdo con los antecedentes que se estudiaron en el Senado, según el número de pescadores por región y categoría en el registro pesquero artesanal de diciembre de 1995, el proyecto afectará a 38.977 personas, de las cuales, gran parte, 12.893, pertenecen a la Décima Región. Es decir, afecta gravemente los intereses de los pescadores artesanales.

No repetiré los argumentos dados por el Diputado señor Ulloa -que comparto plenamente-, porque así lo expresé desde que la iniciativa se presentó en la Cámara. A pesar de que hay una ley especial -la de Pesca- para los efectos del impuesto a la renta, el proyecto establece una nueva definición que alterará completamente las estadísticas señaladas.

Imponer o disminuir la exención traerá un desincentivo al registro, pues habrá pescadores artesanales que, para no pagar este impuesto, no se inscribirán en él, dado que quienes figuran allí serán fiscalizados.

Deberíamos rechazar las modificaciones del Senado para que ellas se expliciten en la Comisión Mixta, se establezca una perfecta concordancia entre la Ley de Pesca y la Ley de Impuesto a la Renta y, asimismo, se prevenga la resistencia de las personas que se dedican a esta actividad a inscribirse en los registros de pesca.

Por esa razón, y porque esta situación afecta a gran parte de los pescadores artesanales de Chile, especialmente a los de la Décima Región, votaré en contra de las modificaciones del Senado.

He dicho.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente , queda poco por añadir respecto de lo inconsulto y sorprendente que resulta comprobar en qué se ha transformado un proyecto que estaba destinado a favorecer a los pescadores artesanales, actividad en la que participa un número muy grande de trabajadores de nuestro litoral. Perseguía liberarlos del pago del impuesto a la renta, y ahora se crea un impuesto nuevo.

Junto con sumarme a la posición de rechazar las modificaciones introducidas por el Senado, solicito al señor Presidente que, en su condición de constitucionalista de sabia nota, nos ayude a dilucidar la pertinencia del impuesto creado en el Senado, ya que, de acuerdo con el artículo 62 de la Constitución, toda ley tributaria debe tener su origen en la Cámara de Diputados. La discrepancia radica en que el Senado crea un impuesto a la propiedad que no existía. Resulta bastante dudoso que pueda tener origen en esa Corporación sin que previamente se hubiera debatido en la Cámara.

Por lo expuesto, a pesar del escaso tiempo que hemos tenido para analizar las modificaciones en profundidad, creo que amerita estudiar si en el Senado se puede crear un impuesto no previsto en el proyecto original.

Existen razones más que suficientes para oponerse a las enmiendas del Senado, con el objeto de que la iniciativa pase a Comisión Mixta, a fin de insistir en lo que dijo el Diputado señor Ulloa: hacerla consistente con las definiciones de la Ley de Pesca.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente , tal como se ha reiterado, esto es el mundo al revés. Queríamos dictar una ley que facilitara el desarrollo de la actividad de los pescadores artesanales, para lo cual debíamos eximirlos de los impuestos, pero ahora el Senado nos devuelve un proyecto con un impuesto nuevo, lo que resulta paradójico.

Quiero saber si se pretende negociar en la Comisión Mixta o buscar una fórmula alternativa, ya que, de otra manera, no se entiende esta situación, toda vez que la idea matriz del proyecto era la exención transitoria del impuesto a los pescadores.

Por lo tanto, pido rechazar de manera unánime las modificaciones del Senado, con el objeto de constituir la Comisión Mixta a la brevedad, por cuanto se ha prolongado por largo tiempo esta situación y hay gran expectación del sector artesanal.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente , no tengo ningún inconveniente en que vaya a una Comisión Mixta, como aparentemente prefiere la mayoría de los señores Diputados; pero me parecen razonables los cambios introducidos por el Senado. Efectivamente, condonan -como era el objetivo del proyecto despachado por la Cámara- los impuestos pendientes que afectan a los pescadores artesanales. Hoy está vigente una legislación por la cual deben tributar íntegramente por el sistema común de impuesto a la renta, de lo cual se les está eximiendo. En su lugar, se plantea un sistema que puede ser perfectible en la Comisión Mixta.

Me parece razonable sustituir el impuesto al cual están afectos por una contribución permanente bastante menor, fijada en el artículo 26 bis de la Ley de Impuesto a la Renta, que se agrega.

Por otra parte, la definición de “pescador artesanal” habría que concordarla con la de la Ley de Pesca.

Me parece adecuado, de acuerdo con los criterios globales que deben regir nuestro sistema tributario, que estos beneficios sólo favorezcan a quienes posean sólo una embarcación y no a los que deberían tributar normalmente.

Si hay alguna contradicción con otras normas legales, me parece adecuado debatirla en una Comisión Mixta.

Insisto en que los principios establecidos en las modificaciones del Senado me parecen razonables y adecuados con los criterios globales por los cuales aprobamos las exenciones tributarias y los beneficios a los más pobres.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

De las intervenciones de los señores Diputados deduzco que habría acuerdo para rechazar las modificaciones del Senado y formar una Comisión Mixta.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

-Acordado.

Los jefes de Comités son muy previsores, porque han hecho llegar a la Mesa los nombres de los señores Diputados que podrían integrar la Comisión Mixta.

Para tal efecto, propongo que quede conformada con los Diputados señores Andrés Palma, José Miguel Ortiz, Carlos Kuschel, Armando Arancibia y señora Evelyn Matthei.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

-Acordado.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Corresponde continuar tratando el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo informe reglamentario, que introduce modificaciones a la Ley General de Bancos, al decreto ley Nº 1.097, a la ley Nº 18.010 y al Código de Comercio.

Ayer, el Diputado señor Longueira rindió su informe. Por lo tanto, vamos a proceder a la discusión y votación en particular.

Por no haber sido objeto de indicaciones ni modificaciones, se declaran aprobados los numerales 2, 6, 7, 8, 14, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62 y 63 del artículo 1º; los numerales 1, 3 y 4 del artículo 3º, y el artículo 4º.

Solicito la atención de los Diputados integrantes de la Comisión de Hacienda, porque tengo entendido que tendríamos que discutir cinco temas: seguros previsionales, almacenes generales de depósitos, ponderación de créditos hipotecarios, información de casas comerciales y prepago. En el resto, habría acuerdo.

Si le parece a la Sala, podríamos comenzar el debate con los seguros previsionales.

El señor ALVARADO.-

Señor Presidente , junto a los Diputados señores Jürgensen , Kuschel y Orpis , presentamos una indicación en la Comisión Hacienda, con el fin de que se considere a los almacenes generales de depósito dentro de las entidades de intermediación de los bancos.

Sobre el particular, la Superintendencia señaló que le era muy difícil fiscalizar, además de los bancos y las instituciones financieras, a los almacenes generales de depósito.

Sin embargo, el artículo 30 de la ley Nº 18.690, sobre almacenes generales de depósito, establece: “Para ejercer el giro de almacenes generales de depósito, los interesados deberán acreditar previamente ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras:” algunas condiciones en su constitución y en su giro y otras condiciones de carácter patrimonial.

El artículo 31 señala: “La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras llevará un Registro de almacenistas, en el cual éstos se clasificarán en categorías A y B.”

A continuación, dispone que “la Superintendencia podrá ordenar a una entidad evaluadora que efectúe una revisión a determinado almacenista, con cargo a éste. Los informes de estas entidades deberán contener los requerimientos que la Superintendencia determine.

“Las entidades evaluadoras deberán estar inscritas en un Registro abierto con tal fin por la Superintendencia, y quedarán sujetas para estos efectos a su regulación y control.”

Por las razones expuestas, me gustaría saber, con mayor precisión y claridad, por qué se dice tan categóricamente que la Superintendencia no tiene capacidad de fiscalización respecto de los almacenes generales de depósito y se da como causal para no incluirlos en esta ley de modernización de la banca.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , me tocó analizar con mayor profundidad este tema cuando se comenzó a estudiar la segunda parte del proyecto. Frente al tema de la modernización de la banca, el verdadero mérito del proyecto no radica tanto en los nuevos negocios, sino en su internacionalización. La modernización de este sector no fue abordada en esta iniciativa, porque tendría que haberse analizado en conjunto con el tema de los conglomerados financieros.

En general, los nuevos negocios que se plantean, particularmente los emprendidos por bancos de propiedad concentrada, se realizan de manera indirecta. Sin embargo, si se hubiera querido llegar al fondo de este tema -de hecho, así se expresó en la Comisión-, debió haberse tratado, como dije, el tema de los conglomerados financieros, lo cual quedó pendiente hasta resolver el tema de la internacionalización que, indudablemente, es más urgente, pues se requiere que los bancos salgan al exterior.

En función de lo anterior, se presentó esta indicación que yo llamaría “intermedia” que, sobre la base de la actual estructura, permite que la banca efectúe estos nuevos negocios. En todo caso -reitero-, en la práctica, los bancos de propiedad concentrada los realizan de manera indirecta.

Tal como lo planteé en la Comisión, éste no es un tema menor. Me preocupa muchísimo que cerca del 90 por ciento de la propiedad de las AFP y de las compañías de seguros esté concentrado en cuatro o cinco grandes grupos económicos. En la Comisión fui partidario de abordar el tema de los conglomerados financieros, porque si se le permitía a la banca realizar negocios tanto en seguros como en AFP, en vez de que cuatro o cinco grandes grupos dominen cerca del 90 por ciento del mercado, habría existido la posibilidad de que fueran ocho.

Este tema deberá abordarse más temprano que tarde, pues, a mi juicio, el proyecto en comento lo hace sólo en términos tangenciales.

Repito, en relación con este numeral, el gran mérito del proyecto radica en la internacionalización de la banca.

He dicho.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente , nuestra bancada es partidaria de aprobar, tal como está planteado, el Nº 1 del artículo 1º, que se refiere a los nuevos negocios.

Siempre me opuse a incluir en estos nuevos negocios el corretaje de seguros previsionales y los almacenes generales de depósito, por cuanto dichas materias deben ser discutidas cuando se trate el tema de los conglomerados financieros. Ellos son una realidad, por lo que se hace necesario regularlos y fijar reglas generales al respecto, oportunidad en que podremos seguir discutiendo el tema de los nuevos negocios.

Este proyecto significa un paso muy importante para la banca, tanto en la internacionalización como en la realización de negocios internos, donde también se quiere ampliar el giro de sus actividades, con lo cual se flexibilizaría muchísimo la instalación de sucursales, que en la actualidad se encuentra muy restringida.

Lo planteado en el proyecto -insisto- es realmente significativo. Sería una irresponsabilidad continuar ampliando el ámbito de negocios mientras no se trate en profundidad el tema de los conglomerados financieros y otros, como el secreto bancario y la reserva técnica, los cuales esperamos que se incluyan en una próxima iniciativa.

Por lo anterior, aprobaremos sin reservas lo establecido en el Nº 1 del artículo 1º del proyecto, sobre nuevos negocios.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente , por el tenor de las intervenciones de los Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra, entiendo que no se ha renovado ninguna indicación respecto del número 1 del artículo 1º del proyecto, por lo cual está en discusión el texto despachado por la Comisión, sobre el cual habría unanimidad para aprobarlo. Es decir, el debate sólo está planteado sobre lo que no señala la disposición.

Como dijo el Diputado señor Longueira en su primera intervención, hay un compromiso de discutir otras materias. La Diputada señora Rebolledo ha enumerado en forma extensa las otras materias pendientes de discusión. Es decir, está claro que el proyecto constituye un avance, ya que el Nº 1, que modifica el Nº 11 bis del artículo 83, permitirá a la banca mejorar sus condiciones de competitividad y establecer sociedades filiales en áreas que hoy están muy limitadas, lo cual no significa que los bancos se transformen, por sí, en conglomerados financieros; esto es, no pueden, como quisieran, dedicarse a otras actividades que no sean las establecidas en la iniciativa.

Es cierto lo que dijo el Diputado señor Orpis. Hoy hay unos pocos grupos económicos que controlan casi todo. Por eso, la discusión sobre los conglomerados financieros debe ser profunda y no vinculada a lo propio de los bancos, que requiere ser modernizado, sino que desde el punto de vista de lo que el país necesita. Los conglomerados financieros existen. Hay bancos que tienen AFP y AFP que tienen bancos, porque pertenecen a un mismo propietario. Sin embargo, estos conglomerados no están regulados, existen de hecho, por constituir bienes de un mismo dueño.

Para que el país se modernice en la línea señalada por el Diputado señor Orpis -y haya más competencia, lo que significa dar mejores servicios a la gente, más rentabilidad a los ahorrantes y mayor desarrollo, empleo y perspectivas de bienestar para el país-, es necesario que estudiemos no sólo el tema de los bancos y su relación con otros negocios, sino también la situación de esos otros negocios respecto de los bancos. Es decir, si hablamos de conglomerados financieros, tenemos que analizarlos de uno y otro lado. No debemos introducir AFP en el negocio de los bancos ni bancos en el negocio de las AFP, sino que, previamente, debemos estudiar la relación efectiva que como país queremos que tengan los distintos actores del mundo financiero. Pero eso no es materia de esta iniciativa.

Esperamos con ansias que el Ejecutivo envíe un proyecto sobre la materia. Es muy necesario para la modernización del país, no sólo de los bancos.

El contenido del Nº 11 bis, que consagra la posibilidad de establecer filiales destinadas a efectuar un sinnúmero de actividades -se incorporan pocas áreas nuevas y se amplían algunas de las existentes-, es un avance muy notable, porque dadas ciertas condiciones de eficiencia y de solidez de los bancos, la constitución de sociedades filiales va a ser automática, la modernización que ello implica aliviará el trabajo de la Superintendencia y posibilitará que los bancos planifiquen con mayor audacia -bien entendida- sus actividades.

Los requisitos exigidos para la constitución de las filiales indicadas en el Nº 11 bis son lo suficientemente estrictas como para darle tranquilidad al país y al conjunto de inversionistas nacionales y extranjeros que hoy participan en el sector bancario a través de los ADR, respecto de las posibilidades de expansión del negocio bancario.

Esas condiciones de solidez son los mínimos necesarios que posibilitan que, efectivamente, los bancos se expandan, como lo están requiriendo, para hacer de Chile un polo de desarrollo del sector financiero, posiblemente no sólo en el cono sur de América, sino también en Latinoamérica.

En esa perspectiva, parece razonable lo establecido. Lo que falta no es materia de este proyecto y no sería bueno discutirlo sin un debate de fondo sobre los conglomerados financieros. Por eso, espero un nuevo proyecto sobre la materia para tratar esos aspectos, y deseo que no sólo la Cámara, sino que el Senado también despache esta materia en la forma en que aquí se ha analizado.

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , tal como lo dijo el Diputado señor Andrés Palma , este numeral no ha sido objeto de indicación y podríamos haberlo aprobado; sin embargo, lo dejamos para generar una discusión. Lo más probable es que se apruebe por unanimidad.

Su Señoría ha sancionado la votación de todos los otros numerales, varios de los cuales requieren quórum especial, algunos de ley orgánica constitucional y otros de quórum calificado. Para los efectos de que quede constancia en el acta, sería importante que se registrara de esa forma, porque el artículo 3º transitorio, que dejamos pendiente, requiere quórum de ley orgánica constitucional; el resto fue votado hace algunos minutos.

Por otro lado, solicito que nos hagan llegar la indicación que se formulara al artículo 3º transitorio, para ver si daremos la unanimidad para tratarla.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , efectivamente, en ese momento había el quórum en la Sala, de lo cual se dejó constancia. El numeral 10 también requiere quórum especial, salvo que se trate de una materia distinta.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, efectivamente, en el punto del ponderador hipotecario, dicho numeral no requiere quórum especial.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Entonces, también se aprobará esa parte del numeral, tal como lo señalamos.

El numeral 4 del artículo 2º, que requería quórum especial, también está aprobado. Por ende, sólo falta la discusión, en su momento, del artículo 3º transitorio.

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , para los efectos de darlo por aprobado con la misma votación, es importante que en el numeral 10 se tenga presente que lo único que está pendiente es el ponderador, porque los incisos tercero y cuarto requieren quórum de ley orgánica constitucional.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Tenemos claro que en el numeral 10 está pendiente el debate sobre la ponderación de los créditos hipotecarios. El resto ya fue aprobado por la Sala.

Si le parece a la Sala, se aprobará el numeral 1 del artículo 1º.

Aprobado.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , una de las modificaciones importantes del proyecto es la referencia que se introduce en relación con fijar nuevas reglas para las exigencias de la relación del patrimonio con los activos de las instituciones bancarias, es decir, con sus colocaciones, estableciendo una escala de ponderaciones para distintos activos, según su riesgo.

Así los fondos disponibles en caja y los activos emitidos o garantizados por el Banco Central de Chile se ponderan en cero por ciento; es decir, se considera que prácticamente no hay riesgo en esa colocación.

Los fondos disponibles no comprometidos en la categoría anterior y los instrumentos emitidos o garantizados por el Fisco se ponderan en 10 por ciento.

Las cartas de créditos para operaciones de comercio exterior y los préstamos u operaciones con pacto de retroventa entre instituciones financieras se ponderan en 20 por ciento.

Los préstamos con garantía hipotecaria para la vivienda, otorgados al usuario final, se ponderan en 60 por ciento, de acuerdo con la indicación aprobada en la Comisión de Hacienda.

La generalidad de los créditos tiene una ponderación del ciento por ciento; o sea, se considera un alto riesgo en su colocación.

Sin embargo, es conveniente advertir que respecto de estas normas, conocidas como de Basilea y originadas en países desarrollados, fundamentalmente, existen diferencias en los principios de contabilidad que utilizan esos países y los nuestros. En ese sentido, los principios contables generalmente aceptados en Chile aparecen bastante más conservadores que los que se usan, por ejemplo, en Estados Unidos. Allí las colocaciones contingentes, como los avales, las garantías, las cartas de crédito, no son consideradas activos, sino contabilizadas como cuentas de orden. Naturalmente, al aplicarles estas ponderaciones el resultado es diferente. Lo mismo ocurre con las letras de crédito emitidas por el propio banco, con el devengamiento de intereses de créditos vencidos, con las comisiones sobre colocaciones, con la compra de cartera y con las inversiones en empresas relacionadas. Los resultados no serán exactamente iguales si ponderamos los estados financieros de nuestros bancos con aquellos de los países desarrollados que usan las normas de Basilea, porque las bases de cálculo son diferentes.

No obstante, estamos de acuerdo en apoyar y aprobar las normas propuestas por la Comisión de Hacienda, en especial, aquélla referida a los créditos hipotecarios para la vivienda, en que se acordó el 60 por ciento de riesgo, en circunstancias de que el proyecto original consideraba el 75 por ciento.

He dicho.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente , para muchos el tema puede parecer bastante ininteligible, muy técnico y casi absurdo, pero, en realidad, no lo es.

Como las nuevas normas sobre capital hacen una exigencia patrimonial a los bancos, que varía dependiendo del riesgo de sus activos, en este caso hay que preguntarse cuál es el riesgo de los que manejan créditos para la vivienda, porque, a mayor riesgo, mayor requerimiento de capital, y a menor riesgo, menor exigencia patrimonial. Y si un banco debe aumentar su capital para financiar una cartera de colocaciones, tal vez le convenga emplear ese mismo capital en un tipo de colocaciones cuya ponderación por riesgo no le sea tan cara. Entonces, el problema de fondo es cómo y hacia donde se orienta el crédito.

¿Cuál es el riesgo asociado a los créditos de la vivienda? Basilea, el estándar internacional, lo fija en 50 por ciento más bajo y, por ende, lo considera un activo más seguro que el 75 por ciento propuesto por el Ejecutivo en su proyecto primitivo.

Si uno observa el sistema financiero como un todo, la diferencia entre ambos valores plantea una mayor exigencia de capital absolutamente marginal e insignificante cerca del 3,1 por ciento del capital y reservas de todo el sistema. El problema es que ese 3,1 por ciento está concentrado en seis bancos que se llevan cerca de las tres cuartas partes del crédito de la vivienda de todo el sistema.

Uno de los bancos principales es nada menos que el Banco del Estado, con 37 por ciento de sus colocaciones en créditos para la vivienda y con una mayor exigencia de capital, como consecuencia de un cambio del inflactor, del 50 al 75 por ciento, equivalente a cerca de 40 millones de dólares a fin de sostener su actual cartera para la vivienda, es decir, una exigencia adicional de capital cercana a un 12 por ciento entre el ponderador del 50 y el 75 por ciento.

¿Quién le va a dar la plata? ¿El Parlamento? ¿Lo vamos a eximir, agudizando el debate sobre la competencia desleal que algunos quieren ver en ese banco? ¿O le vamos a decir que reduzca sus créditos para la vivienda? Orientemos al Banco del Estado a las operaciones de comercio exterior. Ahí la ponderación es del 20 por ciento. Sería una orientación en una dirección determinada.

Ahora bien, ¿por qué esta propuesta del 75 por ciento? Los autores de la idea sostienen que estamos algo así como en una especie de amenaza inmobiliaria, donde, gracias a la especulación, la volatilidad de los precios de la propiedad raíz, especialmente en economías pequeñas y menos desarrolladas, como la nuestra, la naturaleza de la evolución de este tipo de créditos, el desfase entre el ingreso de las personas y sus dividendos, generan un riesgo que debería preocupar, si es que no queremos repetir algo parecido a lo que los norteamericanos tuvieron al final de los años ochenta y los japoneses, últimamente.

En realidad, la crisis del “saving alone”, en Estados Unidos, no se produjo por la volatilidad de los precios de las casas, sino debido a descalce entre plazos de captación y colocación de letras de crédito por inversionistas institucionales, situación muy distinta de personas que ahorran y pagan su casa en operaciones inmobiliarias de centros comerciales, canchas de golf, centros para la tercera edad, turismo y oficinas. Esas personas nos plantean que en Chile hay que recordar la crisis de 1982 y lo que ocurrió con los precios de las viviendas y cuánto tiempo tardó la recuperación. Pero en 1982 no sólo cayó la vivienda; cayó todo: la vivienda, el empleo, los productos de exportación, los bancos, todo.

Ante una crisis semejante nadie se libera, ni siquiera con un inflactor del ciento por ciento. Por lo demás, los reguladores tienen otras maneras de intervenir: hay mecanismos de control, alerta temprana y tasas de interés. La misma Superintendencia y el Banco Central, en este proyecto, quedan con la atribución de cambiar la ponderación de ciertos activos, previendo una situación parecida. Incluso, en caso de liquidación de un banco, esta cartera tiene un tratamiento diferente al de sus otros activos, y los créditos inferiores cuentan con un seguro estatal para operaciones de subsidio inferiores a 670 unidades de fomento, lo que disminuye el riesgo.

En el caso de viviendas sociales, aparte del subsidio, hay ahorro previo y crédito bancario limitado. Ese crédito nunca equivale a más del 75 por ciento de la vivienda. El crédito decrece en el tiempo y la garantía se aprecia entonces, convirtiendo estos activos en extraordinariamente seguros. En realidad, no nos convence ese riesgo sistémico o inmobiliario que algunos nos quieren vender.

¿Cuál es el nivel de morosidad que justificaría el temor hacia los deudores hipotecarios? Históricamente, ha sido la mitad de la del sistema financiero. El año pasado, los deudores hipotecarios morosos fueron un tercio en el sistema financiero, y en los últimos años, ese porcentaje tiende a bajar, es decir, baja y es siempre sustancialmente inferior en porcentaje a los demás morosos del sistema.

Los deudores, en total, son cerca de 400 mil personas que, en promedio, deben 5.500.000 pesos cada uno, aproximadamente. El 90 por ciento debe menos de 8 millones de pesos. Son gente de clase media, muy atomizados y bastante cumplidores, atendidos básicamente por seis bancos de la plaza que se dedican a créditos de aproximadamente 4 mil UF cada uno para propósitos muy ligados a una necesidad básica.

Por último, estos bancos no son todos del mismo tamaño: hay grandes y pequeños. El impacto de un ponderador que signifique elevar los requerimientos de capital para estas colocaciones tendrá un impacto diferente entre bancos con la capacidad suficiente para hacer el esfuerzo y aquellos que no pueden hacerlo, y afectará la competencia entre bancos de distinto tamaño que compiten por el mismo segmento de mercado.

Nuestra labor es hacer una norma neutra y no influir sobre el mercado, sobre todo cuando no hay razones para ello. Aquí no hay razones para aumentar ni para disminuir las exigencias patrimoniales a los créditos de la vivienda. Por eso, en la Comisión de Hacienda tratamos de hacer un ejercicio en el sentido de producir un inflactor que reflejara la situación actual sin modificarla. Si la situación actual generaba un aumento de las colocaciones para la vivienda, con disminución del número de morosos, nos parecía lógico no innovar. ¡Para qué hacerlo! Es así como tradujimos la norma que establece el límite de endeudamiento de cada banco en función de veinte veces su capital y reserva, es decir, a partir de sus pasivos, y lo invertimos para hacer lo mismo ahora a partir de sus activos, y produjimos el inflactor o ponderador de 60 por ciento, que es básicamente homologable a la situación actual. Ese porcentaje fue aprobado por la Comisión de Hacienda y también algunos lo aprobaremos hoy.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente , hemos escuchado dos intervenciones de integrantes de la Comisión de Hacienda que hicieron valer, a través de sus argumentaciones, las razones por las cuales el Diputado señor Harry Jürgensen presentó una indicación, copatrocinada por otros parlamentarios, para bajar de un 75 a un 60 por ciento la ponderación de los créditos hipotecarios. Al final, en votación dividida, esa Comisión la aprobó por 5 votos a favor y 4 en contra.

Posteriormente, escuché a mi colega de bancada, Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt , quien recordaba que en el sistema hipotecario del país hay prácticamente seis bancos en los cuales radica la mayor parte de las operaciones. Asimismo, recordó que el Banco del Estado debe tener en este instante alrededor del 37 por ciento de los préstamos del mercado.

En la Comisión de Hacienda, expresé que era bueno apoyar la indicación del gobierno que establecía en un 75 por ciento la ponderación de los créditos hipotecarios, y ahora quiero explicar a la Sala por qué estoy de acuerdo con eso.

En primer lugar, la actual legislación exige el mismo capital para todas las colocaciones, sean éstas hipotecarias, de consumo o comerciales. Por lo tanto, otorgar una ponderación de 75 por ciento implica dar un tratamiento preferencial a los créditos hipotecarios respecto de los comerciales, cuya ponderación será de un ciento por ciento. Con ello, se generará una situación más favorable que la que hoy establece la ley.

Los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra, hicieron recuerdos históricos sobre la crisis financiera del sistema bancario y financiero en el país durante 1980, 1981 y 1982. Aún más, quiero recordar que históricamente se han producido fuertes crisis y pérdidas bancarias que han tenido su origen en el sector hipotecario de vivienda, como ocurrió en Estados Unidos y Canadá a fines de los 80, y en Japón, en la actualidad.

En Chile, por la crisis de 1982, se reprogramó una gran cantidad de créditos para la vivienda con recursos del Banco Central; es decir, con dineros de todos los chilenos, de los cuales, a la fecha, aún existe una deuda de 8 millones de “uefes”, equivalente a cerca de 240 millones de dólares. Estudios serios estiman que al menos el 50 por ciento de los deudores hipotecarios recibió alguna ayuda estatal con motivo de la crisis. Los créditos hipotecarios de vivienda corresponden a un segmento del mercado en creciente competitividad y expansión. Su participación a la fecha alcanza al 12 por ciento de la cartera de préstamos bancarios, en comparación al 9 por ciento que representaba en 1989. Asimismo, las instituciones bancarias han comenzado a financiar porcentajes más cercanos al ciento por ciento del precio de las viviendas, lo cual se refleja en las últimas campañas publicitarias de varios bancos.

Quiero recordar que los créditos hipotecarios de viviendas, que cuentan efectivamente con garantía estatal, han ido disminuyendo su importancia relativa en el total de los créditos otorgados. En operaciones con subsidio, los créditos con seguros son otorgados por menos de 670 uefes. Hoy, esos créditos corresponden al 42 por ciento del stock total, pero en diciembre de 1993 representaron el 33 por ciento de las operaciones hipotecarias cursadas ese mes; en diciembre de 1994, el 26 por ciento, y en junio de 1995 bajaron al 21 por ciento. ¿Qué está indicando esto? Que la tendencia de la participación en las operaciones hipotecarias con seguro estatal es claramente decreciente. Según mi criterio, no corresponde, en consecuencia, enfatizar el rol social de este tipo de créditos para disminuir los resguardos patrimoniales que deben tener.

En relación con la cartera vencida, los distintos préstamos tienen el mismo tratamiento, traspasándose a cartera vencida a los 90 días de morosidad. En todo caso, sólo existen estadísticas segregadas por tipo de operación desde 1993, las que no muestran diferencia de magnitudes relevantes en cuanto a la morosidad, por lo que este factor no constituye un elemento de mayor seguridad de los créditos para vivienda.

Finalmente, en la Comisión de Hacienda formulé dos consultas concretas al Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras. En primer lugar, le pregunté si era cierta la inquietud de algunos parlamentarios, en cuanto a que, desde el punto de vista del capital, los llamados bancos chicos saldrían perjudicados con la indicación presentada por el Presidente de la República. La respuesta del Superintendente fue que, de acuerdo con las estadísticas que manejaba, tal aprensión era absolutamente falsa.

En segundo término, le consulté lo relativo a la capitalización de los bancos, puesto que en realidad -ello me da más fuerza para mantener mi apoyo al 75 por ciento de ponderación de los créditos hipotecarios- con ese porcentaje obligamos, especialmente a los grandes bancos, a que hagan una capitalización que signifique un apoyo real y efectivo a este tipo de colocaciones.

Quiero recordar que los mayores requerimientos de capital, existiendo una ponderación del 75 por ciento, ascienden aproximadamente a 120 millones de dólares, lo que equivale al 3,1 por ciento del capital y reservas del sistema financiero, el cual se encuentra concentrado en más del 70 por ciento de los cinco o seis bancos a que se refirió el Diputado señor Jocelyn-Holt.

Por eso, anuncio que votaré a favor de la indicación primitiva que establece el 75 por ciento de ponderación.

Termino con la siguiente argumentación. Todas las instituciones, especialmente estas seis, resultan favorecidas con el nuevo sistema de Basilea, en cuanto suman a sus patrimonios preexistentes las provisiones voluntarias y los bonos subordinados. Creo que es el momento que ellas hagan también un sacrificio en función del 75 por ciento de ponderación.

Por lo tanto, votaré favorablemente este proyecto de ley tal como lo presentó el Ejecutivo , después de largas conversaciones con la asociación de bancos.

He dicho.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , estamos aprobando normas para internacionalizar nuestro negocio financiero.

Si estudiamos las legislaciones extranjeras veremos que en la mayoría de los países se otorga una ponderación del 50 por ciento, no sólo a los créditos hipotecarios para vivienda, sino que a todos los créditos hipotecarios. Además, explicaba que nuestros principios contables son mucho más conservadores que los usados por los bancos de los países desarrollados. Ahora bien, si aprobamos la ponderación del 60 por ciento, estaremos siendo aún más conservadores en los créditos hipotecarios para vivienda -en la mayoría de los países es del 50 por ciento-, y todos los demás créditos hipotecarios siguen quedando en la norma general del ciento por ciento.

Asimismo, debemos considerar que en los créditos hipotecarios de vivienda hay una situación adicional que también influye: gozan de subsidio. Por lo tanto, la garantía real de que gozan es superior -se puede hablar de 130 ó 140 por ciento de garantía real-, lo que hace aconsejable acordar una ponderación del 60 y no del 75 por ciento.

Por eso, sería conveniente que la mayoría de los señores Diputados acogiera la indicación aprobada por la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

En votación la expresión “Categoría 4: 60%”, incluida en el inciso segundo del artículo 82, contenido en numeral 10).

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 23 votos. Hubo 1 abstención.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Arancibia, Ascencio, Ávila, Bayo, Cardemil, Elizalde, Encina, Espina, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Fuentealba, García (don René Manuel), García (don José), Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Latorre, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Longueira, Makluf, Masferrer, Melero, Montes, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Ramón), Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Sabag, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Villegas y Villouta.

-Votaron por la negativa los Diputados señores:

Aylwin (don Andrés), Balbontín, Ceroni, Cornejo, Dupré, Elgueta, Gajardo, Hernández, Huenchumilla, Kuschel, Letelier (don Felipe), Morales, Ortiz, Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Solís, Taladriz, Ulloa, Vega y Zambrano.

-Se abstuvo el Diputado señor Sota.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , el actual artículo 10 de la ley Nº 18.010 establece un derecho irrenunciable para todos los deudores: poder pagar anticipadamente sus obligaciones financieras, aun en contra de la voluntad del acreedor, pero pagando los intereses y reajustes hasta el último día, de acuerdo con lo acordado originalmente en el convenio de crédito.

Naturalmente, en estas condiciones, el derecho que consagra la ley de pagar anticipadamente una operación resulta impracticable, porque el beneficio del prepago no es para el deudor, sino para el acreedor.

Por esa razón, y conociendo muchos casos en que fundamentalmente se ven afectados deudores de créditos de consumo que recurren a instituciones financieras para resolver problemas urgentes en momentos que no tienen una importante capacidad negociadora frente al acreedor, y firman cualquier tipo de documento con tal de recibir los recursos para cubrir su necesidad, varios Diputados hemos querido que este derecho se pueda ejercer efectivamente.

En principio, habíamos presentado una indicación que, en el fondo, establecía que los créditos no reajustables y los reajustables podían prepagarse y el acreedor debía hacer una nueva liquidación y calcular los intereses y reajustes hasta el día del pago. Como esta situación genera costos a las instituciones financieras, se establecía que ésta podía cobrar una comisión de prepago, pero de monto limitado: dos meses cuando las operaciones son no reajustables y tres meses de intereses de la operación originalmente pactada, en los casos en que sí lo sean.

La indicación fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Hacienda. Sin embargo, analizada posteriormente, se concluye que genera un impacto macro sobre una serie de operaciones financieras que no queremos afectar. Nuestra intención no era afectar grandes operaciones de crédito en el mercado financiero y mucho menos en las internacionales. Sólo queríamos entregar este derecho a aquellos deudores, principalmente de créditos de consumo, que no tienen capacidad negociadora cuando recurren al crédito, y que podrían tener una fuente de recursos diferente, con un costo inferior. A ellos queríamos proteger; para ellos queríamos legislar.

De alguna forma, tal vez, aumentemos el costo de ese crédito, porque supongo que los acreedores considerarán esta variable del prepago, lo que probablemente incidirá en la operación. Pero lo hemos estimado preferible, aun cuando afecte su monto.

El Ejecutivo acogió nuestra indicación, y la ordenó. Estamos totalmente de acuerdo con la proposición.

Con esta indicación se pretende, en primer lugar, dejar entregada a la autonomía de la voluntad de las partes los prepagos que puedan convenirse en todas las operaciones de crédito que tengan una tasa de interés libre. Después, aplicar una modificación -de acuerdo con nuestra indicación- a todas las operaciones de créditos sujetas a un límite máximo de interés -interés máximo convencional-. Es decir, las afecta a todas y beneficia a los deudores a los que nos hemos referido.

También se propone agregar un artículo transitorio para establecer que las nuevas disposiciones no se aplicarán a las operaciones de crédito efectuadas antes de su vigencia, las que continuarán regidas por la ley Nº 18.010. También se contempla -debo reconocer que aquí tal vez había un vacío en nuestra indicación- una cantidad mínima para los prepagos, para evitar que éstos sean de mínima cuantía, lo que generaría costos operativos innecesarios al sistema financiero, a cambio de hacer obligatorio para los acreedores recibir los pagos anticipados que decidan hacer los deudores.

Repito, estamos de acuerdo con modificar, en cierto modo, nuestra indicación, aprobada por la Comisión de Hacienda, al Nº 5 y reemplazarla por la presentada por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente , respecto de la intervención del Diputado señor Jürgensen , tengo dudas de que se obtenga el resultado que se pretendió originalmente.

Me explico: En primer lugar, la Comisión de Economía, en el proyecto de derechos del consumidor -que esperamos se despache hoy por la Comisión Mixta-, aprobó un artículo que prohíbe a las casas comerciales y a las entidades financieras y bancarias el cobro de intereses sobre intereses, disposición que nos parece absolutamente indispensable para evitar muchos abusos.

En segundo lugar, con la redacción que se le ha dado a la indicación, a lo mejor no se van a resolver algunos problemas que se producen en las operaciones bancarias, fundamentalmente en los créditos hipotecarios por deudas habitacionales.

Quiero dar un ejemplo que tengo a la mano. Un dividendo del Banco del Estado por 336 mil pesos, que debía pagarse, como plazo máximo, el 10 de junio, al 1 del mes siguiente, o sea, 15 días después, aumenta a 373 mil pesos. Desde el punto de vista de los intereses, de la aplicación de multa razonable, de eventuales gastos administrativos, etcétera, no tiene ningún fundamento.

Lo que debemos tratar de evitar es que las entidades financieras cobren intereses sobre intereses y, además, usurarios, como consecuencia de dejarlos que se pacten libremente entre la entidad financiera y el usuario. Los intereses deben ser los regulares del mercado y sin permitir aplicar sobre ellos nuevos intereses.

Señalo lo anterior, porque me parece que habría que afinar la indicación señalada por el Diputado señor Jürgensen y hacerla compatible con el texto de lo que en los próximos días será la ley sobre derechos del consumidor.

He dicho.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, quiero destacar la importancia de la iniciativa que tiende a corregir una serie de situaciones que impiden que este derecho de prepago sea efectivo y nominal, de acuerdo con la ley Nº 18.010.

En verdad, se han presentado diversas mociones para impedir que los deudores queden menoscabados frente al acreedor, de acuerdo con las normativas vigentes. Desgraciadamente, hasta ahora, no ha sido posible tramitarlas; pero no cabe duda de que la indicación se presenta en el momento oportuno para enfrentar una situación que a todos nos preocupa; por algo la Comisión de Hacienda la aprobó por unanimidad.

Sin embargo, el artículo transitorio que complementa esta disposición resulta un tanto inexplicable. Primero, porque no agrega nada, es una norma vigente que dispone que los contratos se regirán por la legislación existente al momento de su celebración, hasta que expiren.

En segundo lugar, me parece que la redacción no es del todo feliz, y sugeriría otra más apropiada, más clara. Sugiero a la Sala la siguiente redacción, que me parece más apropiada, clara y simple. “Las obligaciones contraídas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley continuarán rigiéndose por las normas en vigor al momento en que éstas nacieron y hasta su total extinción.”

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , para no alargar más el debate, sólo deseo señalar que comparto la indicación del Ejecutivo y me sumo a lo que acaba de señalar el Diputado señor Arancibia. En verdad, el artículo transitorio propuesto carece de toda lógica, es inentendible y no tiene sentido alguno aprobarlo, ya que la indicación Nº 1 tiene por finalidad reemplazar todo el artículo 10; por lo tanto, ninguna de sus partes queda sin modificar.

Deberíamos aceptar la proposición del Diputado señor Arancibia , pues recoge el espíritu de lo que se pretende con el artículo transitorio nuevo.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

La Mesa también considera que la redacción del artículo transitorio -lo consulté con el Superintendente de Bancos - no es adecuada. Preparamos un nuevo texto, pero me parece que el sugerido por el Diputado señor Arancibia es suficientemente claro.

Creo que podría haber acuerdo en la Sala para que el artículo transitorio propuesto por el Ejecutivo señale lo siguiente: “Las obligaciones contraídas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley continuarán rigiéndose por las normas en vigor al momento en que éstas nacieron -en vez de “nacieron”, quizás “se contrajeron”- y hasta su extinción.”

¿Habría acuerdo de la Sala para aprobar la indicación del Ejecutivo al artículo 10 y esta variante del artículo transitorio?

Aprobadas.

En discusión el Nº 2 del artículo 2º, que se refiere a la información a las casas comerciales.

Se encuentran inscritos los Diputados señores Montes, señora Rebolledo, señores Makluf, Orpis, Arancibia, Tuma, Ortiz, Jocelyn-Holt, Elgueta, Longueira, García, don José, y Sabag.

Como es notorio que de aquí a las 13,30 horas será difícil que todos ellos alcancen a intervenir, propongo, para no continuar mañana con este debate, prolongar el Orden del Día y utilizar el tiempo destinado a los proyectos de acuerdo, u otorgar algunos minutos a los señores Diputados para su discurso.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , por primera vez vamos a abordar el tema del endeudamiento y es difícil hacerlo en sólo 5 minutos.

Creo que cuando una economía crece aceleradamente enfrenta grandes ventajas, pero también problemas nuevos, que es difícil abordarlos si no tenemos otras experiencias que nos sirvan para orientarnos ni enfoques teóricos muy claros sobre la materia.

Se generan grandes ventajas por el crecimiento en el consumo, en la base productiva y en la superación de la pobreza, pero también problemas, entre los cuales están las desigualdades, el gran endeudamiento, el deterioro del medio ambiente, la corrupción en el sector privado, como muy bien lo indica El Mercurio el domingo, a propósito del caso Isacruz.

El ritmo de crecimiento del endeudamiento por consumo se está convirtiendo en un problema nacional que requiere de discusión y de medidas. No voy a dar todos los antecedentes, pero ya estamos con 1.65 billones de endeudamiento, 80 por ciento de los cuales corresponde al sector financiero y 20 a casas comerciales. En los bancos tenemos 1 millón 700 mil hogares y en las casas comerciales 1 millón 300 mil.

Habría sido interesante analizar la materia por quintiles, porque el quinto quintil tiene un porcentaje que se va expandiendo al tramo de los hogares de 120 mil pesos mensuales promedio. O sea, en el primero y segundo quintiles el endeudamiento va aumentando muy rápidamente.

Hoy el sobreendeudamiento no se ha producido con impactos macroeconómicos, sino que se trata de un problema fundamentalmente de la familia, pero la experiencia mexicana señala que el tema hay que analizarlo y solucionarlo a tiempo. Antes del “tequilazo”, entre 1991 y 1994, los mexicanos crecieron 15 veces en su endeudamiento y, en el mismo período, aumentaron las tarjetas de crédito de 2.5 millones a 18 millones.

En este proyecto se plantea una medida muy precisa: consolidar la información. Se trata de contar con buena información para anticipar problemas y evaluar periódicamente la solidez del sector financiero. O sea, un crecimiento sano del endeudamiento.

También interesa un crecimiento sustentable del endeudamiento. O sea, que se sepa cuánto deben las personas para que aquellos que tomen decisiones puedan autorregularse con razones fundadas.

Sobre la materia, haré tres comentarios.

En primer lugar, la medida es muy positiva. La consolidación de la información permite tomar decisiones más fundadas. Hay que incorporar gradualmente al sistema, además de los bancos y financieras, a las casas comerciales, como dice el proyecto, partiendo probablemente con las más grandes.

Sería muy importante incorporar también a las cajas de compensación, a las instituciones de crédito hipotecario y al Serviu, porque el sistema otorgaría una visión mucho más completa de los niveles de endeudamiento de las personas.

También hay que perfeccionar el sistema de presentación de la información negativa, tanto de la morosidad como los castigos y todo su tratamiento.

Como digo, la medida es importante para la política económica, para las decisiones de los agentes económicos y pone un cierto límite a los deudores. Pero no basta por sí sola, porque será absolutamente insuficiente. Probablemente, pueda hasta tener el efecto práctico inverso del que se busca. Disponer de información consolidada puede terminar estimulando la competencia por ofrecer créditos a otras personas.

En concreto, los bancos hoy no cuentan con la información de las casas comerciales y tienen interés en expandirse en estos segmentos del mercado. Por eso, la medida puede desatar una fuerte disputa, al extremo de que cada persona empiece a recibir muchas ofertas de créditos en muy buenas condiciones, pero no necesariamente a tasas más bajas. A mayor información puede haber mayor presión, mayor endeudamiento y también mayor morosidad. Entonces, es muy importante que haya competencia, pero que estimule la baja de los intereses.

Esta medida sola no es suficiente. Se requieren otras que pueden ser mucho más o tan importantes como ésta. Por ejemplo, que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras cumpla plenamente su responsabilidad de controlar y exigir transparencia en el costo del crédito, porque una parte relevante del actual endeudamiento no es por consumo, sino por créditos muy caros tanto de los bancos y financieras como de las casas comerciales. Tenemos estudios que indican que las financieras Atlas y Condell cobran más de un 7 por ciento mensual, al igual que “La Polar” e “Hites”, en el caso de las casas comerciales. Más de un 30 por ciento de la masa de créditos tiene que ver con su costo.

Creemos que la idea es aplicar la tasa de interés máxima convencional al costo total del crédito, tanto en las casas comerciales como en las tasas de interés. Hay que controlar especialmente a las financieras, porque hoy, con mucha agresividad, invaden los hogares y hacen ofertas muy atractivas -incluido “Homecenter” en caso de las casas comerciales- para comprometer a las personas.

En segundo lugar, es importante como medida, promover la creación de estímulos al ahorro. No podemos vivir una cultura de puro endeudamiento. Existe en vivienda y podría existir también en educación, como se planteó con los bonos de Tesorería -un viejo proyecto que por ahí descansa- para que las personas ahorren para la educación y otros bienes durables.

En este nivel de endeudamiento es particularmente importante que el Gobierno elabore programas de educación a los consumidores para que las personas sepan lo que significa endeudarse. Muchas piden créditos, pero no saben en lo que se están metiendo ni lo que significa un costo del 7 por ciento.

Finalmente, se debe tener en cuenta que la base de datos que han llegado a tener las casas comerciales no sea manejada inapropiadamente. No tengo tiempo para referirme a este punto, pero considero muy importante que ellas no tengan acceso al conjunto de la información para que no sea usada inadecuadamente. Esta también es tarea de la Superintendencia.

Reitero que el endeudamiento de la familia chilena es un problema nacional, económico, familiar, social y también cultural.

Esta medida es importante -por eso la apoyamos- pero si no se articula con otras, no va a tener el efecto práctico que se busca: la autorregulación de los agentes respecto de los niveles de endeudamiento.

He dicho.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente , el creciente endeudamiento en créditos de consumo es hoy un preocupante problema social y económico. Esta situación afecta a cientos de miles de familias de bajos y medios ingresos que no tienen una cultura de crédito ni hábitos de ahorro, ni tampoco una información adecuada para evaluar sus decisiones, lo que está afectando sensiblemente su calidad de vida.

Un estudio reciente realizado por estudiantes de la Universidad de Chile señala que una persona tipo que solicita crédito tanto al sistema financiero como a las casas comerciales, sin falsear información respecto de sus ingresos y deudas, podría llegar a endeudarse cerca de veinte veces su ingreso mensual y aproximadamente diez veces en cada segmento.

De los antecedentes disponibles para el sector bancario se puede constatar la presencia de casos en que los niveles de endeudamiento son de 10 o más veces el ingreso del deudor. De las casas comerciales no se dispone tal información. El sobreendeudamiento estaría afectando, principalmente, a los estratos socioeconómicos de menores ingresos. Si el endeudamiento afectara al 10 por ciento de los deudores de consumo de bancos, estaríamos hablando de 170 mil personas. Y si pensamos que dichos deudores son jefes de hogar, estamos hablando de 680 mil personas comprometidas con el problema del sobreendeudamiento.

Las estadísticas de las casas comerciales no están disponibles, lo que constituye una restricción para los efectos de una visión global del crédito a las personas. Se estima que las deudas de consumo, asociadas a casas comerciales, representa un poco más del 20 por ciento de las deudas de consumo de la banca y cerca de un 60 por ciento respecto de las financieras, con un total de 2 millones de deudores en las principales casas comerciales.

Los niveles de endeudamiento más allá de lo razonable tienen efectos nocivos en las conductas de las personas, situación que en la medida en que se extienda a un mayor número de casos puede llegar a ser un fenómeno social con incidencias graves, incluso macroeconómicas. Estos problemas podrían verse agravados ante shocks incluso menores en materia económica.

En la Comisión de Hacienda, los Diputados felicitamos al Gobierno por haber enviado esta indicación, primer paso que permitirá consolidar información respecto del endeudamiento por consumo, resguardando la privacidad de la información y a las personas cuando ella sea entregada en forma incorrecta.

Esto apunta a que quienes hoy otorgan créditos, sea con fondos propios o con recursos de terceros, como es el caso del sector financiero, puedan hacerlo evaluando correctamente el riesgo de los créditos involucrados.

Además, hoy existe correlación en el riesgo. Las personas se endeudan en uno u en otro sector, o en ambos. Por lo tanto, un excesivo endeudamiento en el sector comercial afecta también al financiero y a los seguros estatales implícitos.

A mi juicio, es lógico que el Estado se preocupe de este tema, por cuanto cada vez que hay alguna dificultad, ya sea social o económica, siempre existe un seguro implícito, a través de los créditos hipotecarios o del seguro limitado para los depósitos bancarios. Entonces, el Estado debe rescatar, de alguna forma, a las personas involucradas o que sufren las consecuencias de crisis por sobreendeudamiento.

Por lo tanto, es sumamente importante adoptar algunas medidas para que estos créditos sean otorgados en forma responsable. Además, es necesario complementarlas con otras, como lo ha dicho el Diputado señor Montes.

Es fundamental entender que la principal responsabilidad es de la gente. En consecuencia, la educación al consumidor en esta materia debe ser una labor central del Gobierno. Asimismo, la Superintendencia de Bancos debe fiscalizar para que, por un lado, haya transparencia en la información -hoy no la hay en el caso de las financieras- y, por otro, para que este sector, que está bajo la supervisión de la Superintendencia, adopte criterios razonables y prudentes para otorgar estos créditos.

La información que he entregado con anterioridad nos indica que no se está actuando con la prudencia necesaria. Por lo tanto, es importante que se establezcan criterios, ingresos, deudas, plazos menores para castigar esas deudas y otras medidas de fiscalización.

Me parece muy importante que, además de los programas de educación al consumidor, se estudien incentivos al ahorro, a fin de empezar, entre todos, a cambiar esta cultura de endeudamiento excesivo, fenómeno nuevo con el que no hemos aprendido a vivir.

La indicación del Gobierno me parece importante. Es el primer paso para tratar, como corresponde, el problema del endeudamiento por consumo. Por esa razón, la apoyaré.

He dicho.

El señor MAKLUF.-

Señor Presidente , con el propósito de incorporar al proyecto normas de autorregulación del sistema bancario, es evidente la necesidad de fortalecer el rol de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, con un acentuado énfasis en la evaluación de los procedimientos de gestión de los bancos y demás instituciones financieras sujetos a su regulación, y de ésa, su capacidad para obtener información sobre el endeudamiento.

Con ese propósito, se propone introducir algunas modificaciones al decreto ley Nº 1.097, de 1975, ley orgánica de la Su-perintendencia, especialmente en sus artículos 2º, 13 bis, 15 y 18 bis, nuevo.

En particular, nos interesan los cuatro incisos nuevos que se agregan al artículo 13 bis, relacionados con el tema de la información. Se trata de una normativa incorporada en el marco del debate sobre el tema del endeudamiento comercial.

Este proyecto de ley obliga a las casas comerciales a informar a la Superintendencia de Bancos sobre la nómina de sus deudores, saldos de sus obligaciones y créditos otorgados. De esta manera, se podrá contar no sólo con información de la situación de los clientes de bancos e instituciones financieras, sino también con la de los establecimientos de comercio, lo que posibilitará que los distintos agentes financieros, incluidas las casas comerciales, tomen decisiones más acertadas en materia de endeudamiento de las personas.

Esta disposición se fundamenta en la información estadística disponible, que revela que el crédito otorgado por las casas comerciales alcanzaba, en diciembre de 1994, a un monto algo superior a los 200 mil millones de pesos, cifra cercana al 22 por ciento de los créditos del sector bancario y tarjetas de crédito, cuyo número supera los 3 millones, contra el millón y medio de tarjetas de crédito del sistema bancario, con un promedio de endeudamiento de 70 mil pesos por cada tarjeta.

Por otra parte, no se dispone de cifras completas en cuanto a la evolución de los créditos de las casas comerciales, pero antecedentes contables indican que entre los años 1993 y 1994 habrían crecido en un 13 por ciento real, lo que es indicativo de que estarían en un proceso de expansión significativo y preocupante para nuestra economía.

De acuerdo con el artículo propuesto, la Superintendencia, mediante una norma de carácter general y de acuerdo con el número de clientes, determinará qué casas comerciales estarán obligadas a proporcionar información y la forma en que la entregarán, la cual estará limitada al ámbito de su aplicación, porque tales antecedentes sólo se darán a conocer a los bancos, a sus filiales y a las casas comerciales que estén obligadas a entregar información sobre las deudas de sus clientes.

Asimismo, la norma establece dos tipos de resguardo para evitar que las informaciones comerciales que proporcione la Superintendencia a los bancos, sociedades financieras, establecimientos de comercio y entidades que otorguen créditos para la adquisición de bienes, sean reveladas a terceros. Por ello, se sancionará penalmente a los directores, gerentes y funcionarios de las entidades obligadas a proporcionar esa información que den a conocer su contenido a terceros o la utilicen en provecho propio. Se les aplicará la pena de reclusión menor en su grado mínimo, la que, si bien es de poca monta, revela el interés de los colegisladores de resguardar como bien jurídico la reserva de tales informaciones, dada su importancia para los deudores.

Por su parte, los deudores de las entidades bancarias o comerciales podrán solicitar a la Superintendencia de Bancos el conocimiento de la información disponible sobre ellos, y tendrán derecho a rectificar, aclarar o actualizar aquellos datos que sean inexactos, incompletos, equívocos o atrasados.

Compartiendo el criterio de que esta norma no solucionará en forma clara el problema del endeudamiento comercial en nuestro país y de que deben estudiarse otras medidas y situaciones, creo que la Cámara debe apoyarla, de manera que la información disponible en la Superintendencia pueda servir a los distintos agentes del sistema financiero para la toma de decisiones correctas.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente , durante el debate de este artículo se ha analizado el tema del endeudamiento, pero desde mi punto de vista esta disposición tiene otra consecuencia, y antes de entrar a fundamentarla, quiero advertir que me parece, como precedente, tremendamente peligroso lo que se está legislando hoy día.

Hay gran diferencia entre la información que deben proporcionar las instituciones financieras y la de las casas comerciales, y ahí radica el fundamento por el cual las primeras tienen que entregar esa información. La gran diferencia es que esas instituciones administran dineros de terceros, y las casas comerciales, su patrimonio y dinero propios. Y cuando se administra dinero de terceros y hay un seguro estatal de por medio, se justifica que quienes toman la decisión de prestarlo, de hacer colocaciones, tomen los resguardos necesarios, porque hay un problema de bien común. El caso de las casas comerciales es distinto, porque es parte de la autonomía de la voluntad que el dueño del capital determine a quién le presta, a quién no, y en qué condiciones lo hace. Por lo tanto, no me parece que la información de la morosidad deba entregarse a una tercera entidad.

Con este argumento del endeudamiento y el precedente que hoy estamos fijando en esta Sala, el día de mañana se puede determinar que una actividad cualquiera que realice un privado tiene también altos niveles de endeudamiento, lo cual irá generando una cadena en la que, al final, el Estado, a través de la Superintendencia respectiva, se incorporará en la esfera de la actividad privada y de los particulares. Por lo tanto, este tema no es menor, sino de principios, y no deberíamos aceptarlo desde ningún punto de vista. Creo que no hay un problema de bien común incorporado en la temática que estamos discutiendo.

Para mí, la materia de principios que acabo de señalar es fundamental para oponerme a este articulado. Tiene otras aristas, como son el derecho de propiedad sobre la cartera de clientes, etcétera, pero, reitero, me parece básico el tema de principios.

Estimo peligroso que el Parlamento esté estableciendo, como precedente, que a personas que arriesgan su propio capital se les imponga la obligación de entregar información a terceras personas y, en particular, al Estado. Creo que es una interferencia indebida que está ejerciendo el Estado sobre la actividad de los privados.

En segundo lugar, se considera que esta medida tiene por objeto bajar el endeudamiento. Yo pienso que, al revés, puede aumentarlo. Con la lista de morosidad que entreguen las casas comerciales, y al estar esta información a disposición de terceros, las instituciones financieras, eventualmente, pueden decir: “Estamos en presencia de un deudor que tiene tal cantidad de créditos con las casas comerciales. ¿Por qué no lo hacemos cliente nuestro, le consolidamos la deuda y le arreglamos el problema?” En esa forma, se estaría traspasando una cartera de clientes que, muchas veces, cuesta años conseguirla.

No veo ningún beneficio en esta disposición, que, a mi juicio, constituye un atentado contra la autonomía de la voluntad y el derecho de propiedad.

Por estas razones, por principio, me opongo a este artículo.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente , quiero plantear mi visión y mis dudas sobre este artículo desde el punto de vista jurídico. Los Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra se han preguntado si con este precepto se logrará o no la finalidad que se persigue.

Tengo dudas sobre en qué medida el artículo que se está consagrando viola el derecho de propiedad y, además, el respeto que el Estado y sus legisladores les deben a los individuos.

Evidentemente, constituir una base de datos con nombres de personas, de profesiones y de trayectorias económicas es una materia de un alto valor comercial. Recordamos que hace poco, en una gran tienda, hubo hurto de información sobre mucha cantidad de dinero, para transferirla a otra tienda. Lo señalado demuestra que esto tiene en el mercado un alto valor comercial.

Por eso, probar la teoría de obligar por ley a una compañía que se ha demorado muchos años en estructurar su base de datos a transformarla en un bien colectivo de uso público, no es un asunto menor. Por el contrario,...

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente , el tema que vamos a plantear es de fondo. Creo que la discusión económica es colateral a si el artículo es o no inconstitucional.

Le pediría al señor Arancibia que escuchara...

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Señor Diputado , le ruego dirigirse a la Mesa. Naturalmente, hay parte de los colegas que están interesados y lo escuchan atentamente.

Puede continuar Su Señoría.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, tengo serias dudas, pues estimo que el artículo viola disposiciones constitucionales. Por ejemplo, viola el derecho de propiedad sobre base de datos -lo cual no es un asunto menor-, de entidades privadas que prestan servicios, como es el caso de las tiendas comerciales.

La estructuración de la misma con nombres, apellidos, direcciones, Rut, miembros de la familia y antecedentes comerciales, para habilitar la venta, no es un asunto menor; y obligar a las personas a entregar estos antecedentes sin indemnización alguna implica, de una u otra manera, limitar la propiedad en términos tales que pierde su verdadero objetivo. Para las compañías, esa obligación implicará un daño o reducción de su patrimonio y tener que compartir ventajas importantes que habían logrado en el mercado.

Por eso, sostengo que el artículo que se propone viola el derecho de propiedad y se acerca en forma peligrosa al tema de la dignidad de las personas.

¿Cuál es el fundamento real de esta disposición? Se ha sostenido que un gran segmento de la población tiene una tremenda cantidad de deudas y que es aconsejable rebajarlas. Pero, ¿es el legislador o el Ejecutivo quien debe decidir, por sí y ante sí, el monto en que una familia chilena debe endeudarse? ¿Nosotros debemos decir a los individuos si se pueden o no endeudar, o nuestra obligación radica, más bien, en crear las condiciones de mercado para que exista transparencia y quienes piden créditos sepan cuánto deberán pagar?

Hoy hemos avanzado en un tema que considero tremendamente peligroso, pues los legisladores nos hemos atribuido el derecho de decir a una familia si se puede o no endeudar. Ésta parece ser la filosofía que está detrás de esta norma. Y así como hoy señalamos lo que una persona se puede endeudar, mañana otros determinarán qué bienes son suntuarios y cuáles no, de forma tal que las familias de escasos recursos tendrán acceso a la adquisición de algunos bienes, y a otros, no. Por ejemplo, ¿es suntuario para una familia humilde que tenga un televisor a color? Eso se sostuvo en el pasado, y con este artículo, de una u otra manera, queremos manejar el destino de los chilenos.

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Señor Diputado , terminaron sus cinco minutos. Le ruego redondear la idea.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente , no sólo tengo reservas respecto del derecho de propiedad, sino también en cuanto al tema de la dignidad de las personas.

El Estado no tiene derecho a conocer, salvo que sea estrictamente necesario, las actividades comerciales, las conductas y los hábitos de los chilenos. Con el manejo de la información de las operaciones comerciales, el Estado se adentra en un campo que, a mi juicio, le está vedado.

He dicho.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente , esta disposición no persigue ninguno de los objetivos señalados por el Diputado señor Ribera. Lo único que propone es entregar una información que hoy las instituciones bancarias y financieras están obligadas a proporcionar a la Superintendencia. Aquí no hay vulneración de bases de datos o de seudo información acumulada por las casas comerciales, porque lo único que se entrega a la institución fiscalizadora -no se trata de fiscalizar a las casas comerciales, sino de recopilar información- es el nombre del deudor, su Rut y el monto de la deuda. No se incorpora ningún otro elemento que normalmente contiene una base de datos, como el monto de los ingresos, lugar de trabajo, domicilio, posibles avales, etcétera. Es decir, se entrega una información pública, disponible en el Registro Electoral y en muchas otras fuentes, con el objeto de ampliar o completar un mecanismo para mantenerla informada y evitar los colapsos que pudieran producirse por sobreendeudamiento en un momento determinado.

Además, la disposición no persigue discriminar el tipo de bienes de consumo en suntuarios o no suntuarios, pues está muy lejos de orientar las decisiones de gastos. Es más, nadie está en contra de que las familias accedan, por medio del crédito, a bienes que, de otra forma, les costaría mucho adquirir. La idea es que se haga sobre bases sanas y con transparencia, de modo que los que otorgan crédito conozcan la situación en que se encuentran los distintos deudores.

Daré una sola información: entre 1990 y 1995 el aumento anual de los créditos de consumo fue, en promedio, de 34 por ciento. Una deuda promedio en 1990, en moneda de 1995, era de 436 mil pesos; hoy, ascendió a 760 mil pesos, lo que arroja un aumento de 75 por ciento. Además, esta deuda no se distribuye de manera simétrica: son los segmentos medios y bajos los que representan el 96 por ciento de los hogares con deuda y el 90 por ciento de los créditos de casas comerciales.

Aquí no se trata de impedir ni de restringir el crédito, sino sólo de mantener actualizada una información para transmitirla a lo largo del sistema y evitar que, en ciertos casos, se otorgue crédito a personas que están sobreendeudadas.

Nadie puede decir que el sobreendeudamiento sea un problema generalizado, pero hay un sector de la comunidad nacional que, a raíz de la agresiva competencia de las distintas casas comerciales, tiende a contraer una deuda mayor de la que puede servir, entrando en una espiral que le impedirá cumplir con todos los compromisos contraídos y que puede generar, en algún momento, una perturbación.

No puedo olvidar cuando en los 80 se decía: no importa que los bancos se endeuden, no importa que las personas se endeuden, no importa que el país se endeude. Todos sabemos lo que pasó en 1982 y 1983 y cómo hubo que pagar esa deuda generalizada, con una política de ajuste macroeconómico extremadamente severa. Ahora se trata de prevenir, de evitar que la enfermedad se declare, a través de la información y no de orientar las decisiones de las personas.

Por lo demás, el argumento dado en el sentido de que sólo el 20 por ciento de la deuda de consumo se mantiene con las casas comerciales, como lo dijo el Diputado señor Montes, es en términos de valores; pero si lo tomamos en cuanto a deudores y consideramos que quienes tienen deudas comerciales son los de menores ingresos, deben mitad y mitad al sistema financiero y a las casas comerciales.

No cuento con más tiempo para extenderme en otros argumentos, pero quiero decir que esta norma protege la privacidad de las personas, quienes pueden acceder a la información y corregir los errores.

La lista de deudores, como se ha dicho, existe dentro de ciertas normas, como ocurre con las instituciones bancarias y financieras y, además, hay un deber de reserva y de privacidad que está suficientemente cautelado.

Por lo tanto, se trata de preservar el bien común, evitar que por problemas de información haya familias que se endeuden más allá de su capacidad de pago y prevenir situaciones que nadie quiere que se repitan en Chile.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente , hemos escuchado con mucha calma los argumentos de los colegas parlamentarios que están en contra de la indicación que presentó un grupo de Diputados de la Concertación.

Quiero recordar que las autoridades económicas de los dos gobiernos de la Concertación hicieron un gran esfuerzo para que el sector privado adoptara un sistema de autorregulación en este tema. Lamentablemente, después de bastantes años, no se puso de acuerdo.

No estoy en contra del sector privado, pero parece que algunos viven sólo en función de sus utilidades. Presentamos la indicación con el objeto de prevenir situaciones más difíciles y complicadas que las que están viviendo especialmente 1 millón 300 mil hogares chilenos. Ella apunta a la prudencia, la transparencia, la seguridad y la privacidad de los informes.

Aquí se tocó el tema de la compra de un televisor. Nadie está negando el acceso a un televisor o a un mayor confort, pero ¿se han puesto a pensar, colegas, lo que significan la publicidad y el marketing, que al final lo pagan exclusivamente estos clientes? ¿Se han puesto a pensar en los intereses usurarios de ciertas cadenas comerciales, algunas de las cuales cobran un 5,27 por ciento mensual?

Estamos tratando de ser previsores. Ese es el fundamento de la indicación mediante la cual algunos parlamentarios de la Concertación solicitamos que se legisle en razón y en función de tasas de interés legítimas, lícitas y lógicas en estas casas comerciales. También queremos poner una luz amarilla respecto de las oficinas de cobranza. Cuando se deja de pagar un crédito de 20 mil o 25 mil pesos por dos meses, estas famosas “oficinas de cobranza” prácticamente piden el doble de lo que se debe, y se entra en una espiral en que los hogares deudores no tienen ninguna posibilidad de pagar.

Me gustaría que se aprobara la indicación con una alta votación, con el fin abrir un camino para que el crédito crezca sanamente y el endeudamiento sea sustentable, y así anteponernos a situaciones que pueden resultar difíciles, tal como lo dijo el colega señor Arancibia al recordar la crisis financiera de 1982, en que pagó “Moya”, es decir, todos los chilenos. Es cosa de analizar la situación para darse cuenta de que puede repetirse.

Soy partidario de la indicación, y así quedó reflejado en la Comisión de Hacienda, pues los seis parlamentarios de la Concertación la aprobamos y los de Oposición la rechazaron, lo cual está fijando una línea y aclarando los diferentes enfoques respecto de la economía. Nuestra apreciación respecto de estas situaciones es que hacen muchísimo más ricos a los que ya lo son y estrujan al máximo a la gente de bajos y medianos ingresos, al colocar a su alcance libros y revistas con publicidad en el más exquisito sistema offset, los que en definitiva pagan los mismos deudores, a través de las tasas de interés.

Estoy convencido de que debemos aprobar la indicación, porque es el comienzo para abordar las dos situaciones que acabo de señalar.

Además, es falso, de falsedad absoluta, que no se proteja la privacidad y el buen nombre de las personas. Dentro de la normativa se incorpora el sistema de información a las casas comerciales y entidades que otorgan crédito para el financiamiento de las compras a plazo.

Recuerdo que hoy existe un sistema consolidado de información de todos los bancos e instituciones financieras sobre los montos y saldos de las deudas de consumo. Ahora damos la posibilidad de que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras tenga toda la información cruzada para que los grandes resultados macroeconómicos de los que nos enorgullecemos sean también significativos en la parte micro, en especial en los sectores de bajos ingresos.

Me alegro muchísimo de ser uno de los seis Diputados de la Concertación que presentamos la indicación y de haberla aprobado con nuestros votos en la Comisión de Hacienda.

He dicho.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , comparto la preocupación del Gobierno por los crecientes niveles de endeudamiento que afectan a la población y, al igual que el Ejecutivo , estimo necesario resguardar la transparencia de las operaciones de crédito. Por ello, entiendo los fundamentos de la indicación que presentó al N°2 del artículo 2° del proyecto y que modifica el artículo 13° bis, del decreto ley 1.097, de 1975, cuyo objetivo es recoger, sistematizar y divulgar la información comercial de los deudores.

Sin embargo, no puedo respaldar esta iniciativa a pesar de su acertada y necesaria finalidad, pues la forma en que ha sido concebida, a mi juicio, viola el derecho al respeto y protección de la vida privada de las personas y a la reserva de su información financiera y económica.

Esta norma violenta una garantía constitucional básica de los ciudadanos, puesto que sus antecedentes comerciales, particularmente su nivel de endeudamiento, se transformarían, sin su consentimiento, en una información de uso general para las instituciones financieras o comerciales.

Más de 4 millones de personas serían afectadas con esta medida, toda vez que 3 millones 900 mil deudores de casas comerciales y 1 millón 700 mil del sistema financiero quedarían expuestas a que sus acreedores dispongan de toda su información comercial.

Sin la autorización de los clientes, por el solo hecho de comprar a crédito, una tienda podrá enterarse de todos los compromisos financieros de las personas, lo que deja a los deudores, e incluso a quienes no tengan morosidad alguna, en una mayor precariedad que los sancionados por los tribunales de justicia, ya que sus condenas se manejan de manera reservada.

Nuestra legislación protege el secreto de la información financiera de las personas a través del secreto bancario, y no existe razón alguna para no resguardar del mismo modo el secreto comercial respecto de sus deudas.

Es deber del Estado regular la obtención y utilización de estos antecedentes y velar por los principios de acceso, exactitud, seguridad, no discriminación y rectificación de los datos.

Reitero, comparto la preocupación de la autoridad de exigir y lograr una mayor transparencia en la información de los sujetos de crédito y la necesidad de crear una base de datos consolidada sobre el endeudamiento de las personas para dotar a los agentes de créditos de la información necesaria que permita evaluar la capacidad de pago y endeudamiento de sus clientes, pero no podemos lograrlo sacrificando los derechos a la privacidad de las personas amparados en la Constitución.

Debemos compatibilizar los principios de transparencia en el mercado y resguardo a la información privada. Estimo que son los solicitantes de un crédito a las instituciones financieras quienes deben autorizar el acceso a esa información comercial.

La autoridad debe hacerse cargo de la modernización de las normativas que regulan la creación y el uso de base de datos financieros o comerciales, las que deberían ser reguladas por una ley especial que delegue la facultad de recopilar y administrar esta información en un organismo autónomo de los entes comerciales y financieros.

Por tanto, debemos establecer un mecanismo que permita a los usuarios acceder a sus propios antecedentes, rectificarlos, actualizarlos, excluir aquéllos que sean mantenidos sin su autorización y contar con las herramientas legales necesarias para perseguir las responsabilidades y reparaciones en caso de ser afectados por el uso negligente o malicioso de la información comercial.

En este sentido, los ciudadanos tienen el legítimo derecho de formularse las siguientes preguntas:

1. ¿Qué criterios se utilizarán para seleccionar a las entidades que participarán en el sistema?

2. ¿Qué establecimientos de comercio estarán afectos y cuáles serán excluidos?

3. ¿Cómo se va a fiscalizar que alguna entidad financiera o comercial solicite indebidamente información de personas que no forman parte de su nómina de clientes?

4. ¿Cómo se protegen los derechos de quienes se vean afectados o impedidos de acceder a bienes y servicios o financiamiento por el uso negligente de la información, o a causa de un error o por la indebida actualización de los datos?

5. ¿Cómo se garantiza que los clientes de estas entidades en las regiones puedan demandar la rectificación de los datos o reclamar por los posibles perjuicios que les afecten si la Superintendencia no dispone de cobertura nacional?

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Diputado señor Tuma, le ruego redondear sus ideas, pues está terminando su tiempo de cinco minutos.

El señor TUMA.-

En seguida termino.

6. ¿Qué instancias judiciales y mediante qué procedimientos los clientes accederán a reparaciones cuando se infrinjan sus derechos y se les ocasionen daños?

7. ¿Cuáles son las responsabilidades de reparación de las entidades que otorgan la información de la Superintendencia?

8. ¿Por qué se ha optado por otorgar a la Superintendencia la responsabilidad de la administración de esta información, cuando no ha sido eficaz en proteger los intereses, por ejemplo, de los cuentacorrentistas en relación con las retenciones más allá de los días necesarios respecto de los cheques depositados fuera de plaza?

El señor HUENCHUMILLA ( Vicepresidente ).-

Señor Diputado , le reitero que su tiempo terminó.

El señor TUMA.-

En seguida termino.

Señor Presidente, en el lugar noveno de la tabla aparece un proyecto que protege el uso de la información referida a datos personales. Por tanto, no me parece coherente ni adecuado aprobar hoy una norma que puede contradecir claramente los principios que pretende amparar dicha iniciativa, que representa un notable avance en la protección de los derechos ciudadanos.

En consecuencia, votaré en contra de esta indicación por considerar que la transparencia del mercado debe ser resguardada sin violar el derecho a la privacidad de los datos comerciales y financieros de las personas.

He dicho.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente , voy a votar en contra de esta indicación del Ejecutivo por las siguientes razones.

En primer lugar, porque uno de sus efectos sería una disminución de la oferta de créditos en determinadas casas comerciales.

Hoy existe un gran número de casas comerciales -no las de mayor envergadura ni las que tienen acceso a esas grandes campañas publicitarias- que al tener la obligación de informar sobre sus créditos a la Superintendencia de Bancos , no van a seguir otorgando créditos. En consecuencia, habrá perjuicio para los consumidores en beneficio de las instituciones financieras y de esas grandes casas comerciales a las que esta medida -pareciera ser- pretendiera perjudicar. Creo, como ya lo señalé, que a quien más perjudica es a los negocios medianos y pequeños que otorgan créditos con tasas de interés relativamente más bajas, que no seguirán otorgando créditos, lo que irá en perjuicio de sus consumidores. Incluso, la disminución de los oferentes de crédito podría significar un incremento en las tasas de interés de los créditos de consumo.

En segundo lugar, porque, a mi juicio, se puede producir un uso indebido de la información, particularmente de entidades financieras, las que van a disponer de información sobre endeudamiento, lo que las llevará a ofrecer crédito a los deudores de las casas comerciales.

Este punto lo graficó muy bien el Diputado señor Orpis en su intervención. Las financieras le dirán a un señor determinado: “Tenemos la información de que usted debe tanto. Nosotros le damos el crédito; hipoteque su casa. Le solucionamos su problema y, además, le entregamos plata para el bolsillo.” Con ello no se va a disminuir el endeudamiento, sino que aumentará. Eso ¡reconoz-cámoslo!, es una consecuencia que se va a producir.

En tercer lugar, porque el efecto final para controlar el nivel de endeudamiento no es tal. Más bien existirá un traslado de crédito desde las grandes casas comerciales -que desarrollan importantes campañas publicitarias- a las instituciones financieras, muchas de las cuales también cobran altas tasas de interés. Obviamente, cuanto más alto es el riesgo, más alta es la tasa de interés. No se inhiben de otorgar créditos -tengamos cuidado con eso-, los siguen otorgando, sólo que con mayor tasa de interés.

Finalmente, la inquietud del Diputado señor Ribera sobre la constitucionalidad de la indicación es plenamente válida. Deseo sumarme a ella y hacer expresa reserva de la constitucionalidad de esta norma, porque, a mi juicio, vulnera la garantía que respeta y protege la vida privada de las personas y de sus familias.

Lamento que se someta a votación una indicación como ésta. Quiero recordar que lo que se está debatiendo es un proyecto de ley que moderniza el sistema financiero y que busca internacionalizar nuestra banca. Lamento que, a última hora, se salga con una indicación de esta naturaleza, que no tiene absolutamente nada que ver con eso y que desvirtúa el propósito y el objetivo primordial de la iniciativa. Está bien que esto se discuta, pero debe figurar en un proyecto enteramente distinto, porque -repito- ese tema no tiene absolutamente nada que ver con la modernización ni con la internacionalización de la banca.

Reitero, por las razones que he señalado, votaré en contra esta indicación.

He dicho.

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, me referiré a varios puntos que se han tocado en esta Sala.

Más allá de cómo uno perciba el tema de los créditos de las casas comerciales, esta indicación no tiene por objeto regular el crédito de las casas comerciales. Si se acepta que el 20 por ciento de los créditos de consumo son otorgados fuera del sistema financiero, uno espera que por lo menos alguien reconozca en esta Sala -como lo ha dicho la Diputada señora Rebolledo - que esos créditos afectan la calificación de riesgo de las instituciones sujetas a la fiscalización del Estado. ¡Por lo menos, que lo reconozcan!, ya que a la hora de velar por los recursos públicos, la fe pública, la garantía estatal implícita y la situación vigente al momento de calificar el riesgo de un conjunto de personas, no se sabrá el nivel de endeudamiento por montos relevantes que ellas tienen fuera del sistema.

En segundo término, no creo que esta indicación vaya a disminuir el nivel de endeudamiento en créditos de consumo. Probablemente, eso no ocurrirá, porque las tasas de crecimiento de los créditos de consumo han sido más o menos constantes en los últimos cinco años. Es dable suponer que eso no va a cambiar; pero, por lo menos, uno tendrá la tranquilidad de que el endeudamiento que se producirá permitirá que los agentes que los otorguen -los cuales tendrán la plena libertad de hacerlo en las condiciones que quieran, y que las personas que deseen endeudarse lo harán en las condiciones que acepten- actuarán con márgenes más adecuados de seguridad y transparencia y que, por ende, tenderán a aumentar el nivel de endeudamiento de aquellas personas que tengan capacidad de pago y probablemente tenderá a contraerse el nivel de endeudamiento de las personas que están copadas, con el objeto de que los acreedores tengan una razonable duda de que no podrán recuperar su crédito.

En tercer término, quiero hacerme cargo del tema constitucional.

No sé por qué motivo, en algunas ocasiones tenemos discusiones bizantinas. En el fondo, algunos leen lo que quieren leer y no lo que dice una disposición. Cuando se desea esgrimir el patrimonio sobre una base de datos, se debe hablar de todos sus atributos y no de una parte de ellos. Cuando en un texto escrito se dice expresamente que, en la práctica, no se podrá llegar y dar información respecto del origen de la deuda, o de quién o quiénes son los acreedores específicos, ¿por qué no son capaces de reconocer que hay un giro o un cambio cuando se establece una base de datos refundida, sin distinción alguna, que afectará a los bancos, los cuales hoy tienen acceso ilimitado a las bases de datos, pero con esta indicación se les aplica una restricción progresiva, porque ya no podrán contar con la información sobre cualquier persona, sino sólo con la referida a sus clientes, lo que significa una limitación a la situación actual que tiene la banca? ¿Por qué no reconocen también que sólo va a poder conocerse el endeudamiento refundido y total sin saber de dónde viene?

¿De dónde eso de quitar un patrimonio cuyo propietario ni siquiera se sabe quién es, porque sus antecedentes van a llegar a una fuente común? Y aquí me hago cargo de la inquietud del Diputado señor José García. Efectivamente, pueden haber filtraciones; los avances tecnológicos permiten ese tipo de inquietudes.

En la práctica, la Cámara de Comercio ha negociado tres años con la Asociación de Bancos, precisamente, para garantizar plenamente la correcta utilización de la tecnología.

Pero, más allá de esa inquietud, objetivamente hablando, un millón 300 mil personas endeudadas en las casas comerciales no es una base de datos que sale de la noche a la mañana subrepticiamente para fines comerciales y no se nota.

Pido a los señores Diputados que lean la norma y, por lo menos, reconozcan que establece sanciones por mal uso de información privilegiada. Tal vez, la filtración de uno o dos nombres no se notará, pero de un millón 300 mil personas, para fines comerciales, supongo que sí y perfectamente puede aplicarse la normativa que tiene por objeto garantizar el respeto de la privacidad de las personas.

También pido que se reconozca que la indicación tiene el único objeto de garantizar la privacidad de las personas y restringir el acceso a la información, que no es pública.

El señor José García u otro Diputado que haya señalado preocupaciones de orden constitucional, por la privacidad de las personas, por qué no se preocupan del “peneca verde” ¿Por qué no se preocupan de Dicom? Sus datos son públicos. ¿Lo dispuso el legislador? El Diputado señor José García dijo hace un rato que al legislador no le corresponde definir qué datos son públicos.

Quienes expresan reservas de constitucionalidad deben convencerse de que su forma de argumentar carece de asidero, pues existe un conjunto de base de datos de orden privado que, en la práctica, administra información de terceros privados que, justamente, están en terreno de nadie. A nadie le importa que privados afecten a terceros que no merecen determinado trato.

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero corregir una información del Diputado señor Ortiz sobre la indicación.

En la Comisión, yo me abstuve. Por lo tanto, no todos los parlamentarios de la Oposición votaron en contra de ella.

También quiero, de alguna forma, tratar de desdramatizar el artículo, porque la verdad es que no lo considero tan dramático.

En general, es importante que legislemos para que exista transparencia en la información del endeudamiento de los chilenos. Ese es el bien común que queremos preservar, para que el mercado sea lo más transparente y libre y, de alguna forma, que los agentes que actúan en él tengan la mejor información. Mientras mayor sea la buena información, el costo de los créditos será menor.

El tema no debiera haberse incorporado en este trámite del proyecto. Es una de las razones por las cuales me abstuve. Obviamente, debe abordarse en una legislación futura y otorgarse el tiempo suficiente para escuchar a todos los agentes involucrados.

Soy partidario de legislar en este sentido, pero me parece que no es el momento de abordar una materia tan relevante y que tanto ha interesado a los parlamentarios.

Es cierto que desde hace tres años el Ejecutivo , la Cámara de Comercio de Santiago y la Asociación de Bancos pretenden esta información -tienen legítimas razones y argumentos los parlamentarios que han hablado a favor y en contra-, pero debemos velar por su reserva, pues es capital importante de las casas comerciales.

En fin, la redacción propuesta puede provocar una serie de efectos difíciles de evaluar ahora. Es importante que los parlamentarios sepan que la indicación se introdujo en la Comisión de Hacienda y que debemos abordar el tema, pero no en un proyecto que contiene materias consensuadas y que todos queremos despachar lo más rápido posible.

En la Comisión ni siquiera tuvimos tiempo para escuchar a los representantes de las casas comerciales; sólo a la Asociación de Bancos. Está de más decir que ella quiere tener acceso a esa información, pero considero legítimos los argumentos a favor de que sea pública.

También fui partidario de que la Comisión estableciera un plazo para que el sector privado lo hiciera dentro de determinado plazo. Si no se respetaba, se facultaría a la Superintendencia.

La indicación puede tener un efecto peor que el señalado, en el sentido de que podría incentivar a muchos deudores actuales a acudir al mercado informal, que existe y es infinitamente usurero.

Por lo tanto, me gustaría que esta materia fuera legislada en un proyecto específico, que apunte a solucionar varios de los problemas planteados por algunos señores Diputados.

No está claro cuáles serían las casas comerciales. La Superintendencia puede decir ésta sí, ésta no. ¿Por qué no están los cementerios? En el caso de Isacruz, gran parte de las tumbas han sido vendidas a crédito. ¿Por qué no están las cooperativas de ahorro y préstamos, las casas comerciales que administran fondos de terceros, respecto de las cuales hemos legislado recientemente? ¿Por qué no están las casas comerciales que venden autos a crédito?

Reitero, la materia es muy relevante y mal puede incorporarse en un proyecto de ley cuyo motivo original -tal como lo señalé- es introducir modificaciones a la Ley General de Bancos y a normas relacionadas.

Me abstendré, al igual como lo hice en la Comisión de Hacienda, porque con mi abstención quiero representar que soy partidario de legislar sobre la materia, pero en forma adecuada, en un proyecto que envíe el Ejecutivo al Congreso y que los parlamentarios podamos perfeccionar, y no a través de una indicación que puede tener efectos muy contradictorios.

Me parece importante que la Cámara tenga la oportunidad de escuchar a representantes de casas comerciales y a los distintos agentes involucrados en la indicación.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , es evidente que la indicación debió ser más discutida en la Cámara.

En primer lugar, quiero señalar algo que puede ser de forma, pero que es relevante. Por los temas que aborda, la indicación debió ser discutida en la Comisión de Economía; en ella debió tener lugar el proceso que echa de menos el Diputado señor Longueira , en el sentido de conocer la opinión de distintos sectores interesados.

Que me perdonen quienes la han defendido con fundamentos que creo válidos, pero la indicación me hace recordar el chiste de don Otto, que decidió vender el sofá porque descubrió que en él tenían lugar algunas infidelidades.

Con ella se puede generar la imagen pública de que el Parlamento está resolviendo un problema de miles de chilenos, pero no está siendo abordado como corresponde.

Quiero referirme a un punto que destacó el Diputado señor Carlos Montes. Según estudios realizados por Sernac, a diciembre de 1995, quince financieras cobraban los siguientes intereses mensuales: Atlas, 7.24 por ciento; Credichile, 6.04 por ciento; Conosur , 6.03 por ciento; Banefe, 5.56 por ciento; Crecer, 6.48 por ciento; Condell , 7.24 por ciento, en fin, omitiré el resto.

En las casas comerciales se vive una situación similar: el promedio del interés mensual tiene una diferencia de un 64 por ciento por sobre la tasa máxima convencional.

¿Cómo es posible que a los consumidores, a quienes permanentemente se incentiva el consumo como uno de los elementos que permite funcionar la economía de mercado, las financieras y casas comerciales les sigan cobrando tasas de interés que no tienen mecanismos de regulación ni de control, que, por distintas razones, el país pide a gritos?

Los estudios señalan que el efecto de esta situación sobre el endeudamiento de las personas es relevante. Más aún, dejan en evidencia que hay un incumplimiento reiterado de disposiciones legales destinadas a regular las operaciones de crédito, tanto en financieras como en casas comerciales.

En definitiva, tengo la impresión de que con la indicación se calificaría al consumidor. Por la vía de conocer su situación de endeudamiento, se limitaría su acceso a créditos bancarios y, eventualmente, de las casas comerciales, porque no se tiene la certeza de que esa información las inhiba de tenerlo como a uno de sus deudores. Para este sector financiero, que actúa con altas tasas, obviamente el negocio no está sólo en el consumo, sino en mantenerlo cazado como deudor, inevitablemente condenado a una relación permanente con él.

En consecuencia, si bien la indicación tiene un efecto indudable, en mi opinión, no apunta al problema de fondo, sino, simplemente, a resolverlo en parte. No cabe duda de que la venta del sofá puede servir de algo, pero el problema de fondo sigue vigente. Por eso, la indicación debió tener una discusión mayor en la Cámara.

A pesar de que hemos discrepado en otros temas, concuerdo con lo que han argumentado algunos colegas, particularmente con el señor Longueira. Por lo tanto, también me voy a abstener.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

La Mesa no comparte la opinión del Diputado señor Ribera respecto del tema constitucional que ha planteado.

En votación las letras a) y b) del número 2 del artículo 2º.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 34 votos; por la negativa, 20 votos. Hubo 7 abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobadas.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Arancibia, Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Dupré, Elizalde, Encina, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Huenchumilla, Jeame Barrueto, Jocelyn-Holt, Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Montes, Morales, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Salas, Silva, Sota, Tohá y Wörner (doña Martita).

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bayo, Caminondo, Cristi (doña María Angélica), García (don René Manuel), García (don José), Jürgensen, Kuschel, Leay, Longton, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Orpis, Pérez (don Ramón), Prokuriça, Tuma, Valcarce, Vilches y Villouta.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Ascencio, García-Huidobro, Hernández, Karelovic, Latorre, Longueira y Ulloa.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente , no quiero entorpecer la aprobación del proyecto. Por eso, junto con retirar la indicación, solicité que se aprobara el artículo 3º, transitorio, con el quórum que corresponde, al margen de que yo, después de ello, pueda expresar mi punto de vista.

En el entendido de que el articulado está aprobado, quiero manifestar mi satisfacción porque estamos poniendo término a una situación de una deuda subordinada que durante largos años ha afectado el bien común del país.

Al inicio de los gobiernos democráticos, hace exactamente seis años, este tema se puso sobre la mesa y se nos pidió buscar una solución integral en aras del bien común y por sobre los intereses particulares. En ese sentido, uno tiene que felicitarse de que al final de la discusión de este proyecto se haya llegado a una solución definitiva por parte de la banca en cuanto a acogerse a cualquiera de las cuatro disposiciones establecidas en la ley Nº 19.396, lo cual implica que, libremente, cada uno de los bancos opta por una de las fórmulas propuestas para dar solución definitiva al problema del endeudamiento fijándose en consecuencia un plazo para cumplir con su obligación y reintegrar los recursos al Banco Central.

Al término de esta situación, uno debe preguntarse por qué hoy el Estado chileno, el Banco Central y la comunidad toda están perdiendo más de 2.300 millones de dólares y por qué algunos bancos, en particular, a pesar de la negociación, emitieron, para capitalizarse, acciones que atentaron contra los intereses de los chilenos. Ello ha sido sancionado por los tribunales que, en definitiva, ha determinado que el Banco Central podrá fijar, a través de los tribunales, las compensaciones por esta pérdida de recursos para el Estado.

Sin embargo, la decisión de salvar a la banca de la quiebra, en su momento, no impidió que cientos de chilenos no recibieran iguales beneficios, ya que fueron condenados a la quiebra o a la pérdida importante de su patrimonio. Por parte de los bancos nunca hubo una decisión de traspasar a los más pobres, a los más modestos, a los usuarios, a la gente que estaba con un grave daño patrimonial, vinculada a la situación generalizada del país, los beneficios que el Estado entregaba a las instituciones bancarias.

Mi duda y objeción al artículo 3º transitorio era la siguiente. A pesar de que hemos hecho una ley y se han fijado cuatro caminos -tengo entendido que hay un plazo, el 28 de julio, para que los bancos lo suscriban- se posibilita a los bancos que no se acojan a ninguna de las cuatro disposiciones para que, a través del acuerdo del Consejo del Banco Central, igual puedan efectuar negocios en el exterior y acogerse a los beneficios que esta ley otorga para la ampliación de sus actividades.

La idea era impedir que un banco, que ha negociado, al igual que la Asociación de Bancos, y no se ha acogido a ninguna de las disposiciones de este proyecto, quedara facultado -como otros bancos que, de una u otra forma, han pagado su deuda y han reintegrado los recursos que el Estado les entregó en un momento dado-, para acceder a los mismos beneficios.

Hoy tenemos el interés colectivo de velar por un proceso que implique adecuar nuestra Ley de Bancos a las posibilidades de una internacionalización de ellos. Pero también es necesario pedir que, antes del 28 de julio, todos los bancos se incorporen a cualquiera de las cuatro alternativas planteadas y que, en definitiva, paguen a los chilenos lo que en un momento determinado hicimos para salvar a la banca de una quiebra.

Me habría gustado que los beneficios de la banca hubiesen servido a los deudores hipotecarios. Así como hoy y en el pasado entregamos recursos de todos los chilenos para superar esta situación, existiera la disposición -vuelvo a reiterarlo ante el Ejecutivo- de entregar recursos a miles de chilenos que, a través de la deuda hipotecaria, día a día están sujetos a la pérdida de sus bienes.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ ( Presidente ).-

Esa es la idea. Incluso, la indicación tenía problemas de constitucionalidad.

Lo he conversado con el señor Diputado que la presentó, quien ha querido hacer presente su punto de vista. La Mesa entiende que, al inicio de la sesión, cuando se aprobaron las materias que no eran objeto de discusión, también se daría por aprobado este artículo.

Aprobado por los más de 80 Diputados presentes, de 120 en ejercicio.

Despachado el proyecto.

Tiene la palabra el señor Manuel Marfán, Subsecretario de Hacienda.