Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
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Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- I. ASISTENCIA
- II. APERTURA DE LA SESIÓN
- III. ACTAS
- IV. CUENTA
- ARCHIVO DE PROYECTOS
- ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL DE DROGAS.
- RÉPLICA DE LOS DIPUTADOS MAKLUF Y PAYA A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación de artículo 34 del Reglamento.
- ACUERDO DE LOS COMITÉS PARA SUPRIMIR SESIÓN ORDINARIA.
- V. ORDEN DEL DÍA
- PARTICIPACIÓN DE CHILE EN EL PROYECTO GÉMINI. Tercer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Carlos Alfredo Vilches Guzman
- INTERVENCIÓN : Joaquin Palma Irarrazaval
- INTERVENCIÓN : Jose Miguel Ortiz Novoa
- DEBATE
- INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LA EX COLONIA DIGNIDAD
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Martita Elvira Worner Tapia
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- INTERVENCIÓN : Sergio Ojeda Uribe
- INTERVENCIÓN : Guillermo Ceroni Fuentes
- INTERVENCIÓN : Gabriel Ascencio Mansilla
- INTERVENCIÓN : Mariana Aylwin Oyarzun
- INTERVENCIÓN : Sergio Correa De La Cerda
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Marina Prochelle Aguilar
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- INTERVENCIÓN : Jose Antonio Viera-gallo Quesney
- INTERVENCIÓN : Patricio Melero Abaroa
- INTERVENCIÓN : Juan Carlos Latorre Carmona
- DEBATE
- PARTICIPACIÓN DE CHILE EN EL PROYECTO GÉMINI. Tercer trámite constitucional.
- VI. PROYECTOS DE ACUERDO
- MEDIDAS PARA REGULARIZAR SITUACIONES DE EX COLONIA DIGNIDAD.
- ANTECEDENTE
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- Patricio Melero Abaroa
- Jaime Orpis Bouchon
- Sergio Correa De La Cerda
- Dario Paya Mira
- Juan Masferrer Pellizzari
- PRESENTACIÓN PROYECTO DE ACUERDO
- INTERVENCIÓN : Alberto Eugenio Cardemil Herrera
- INTERVENCIÓN : Dario Paya Mira
- INTERVENCIÓN : Exequiel Silva Ortiz
- INTERVENCIÓN : Jaime Naranjo Ortiz
- DEBATE
- ANTECEDENTE
- MEDIDAS PARA REGULARIZAR SITUACIONES DE EX COLONIA DIGNIDAD.
- VII. INCIDENTES
- ALCANCE SOBRE PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA EX COLONIA DIGNIDAD.
- REPARACIÓN DE PUENTE EN SAN FERNANDO. Oficio.
- CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES LEGISLATIVA Y FISCALIZADORA DE LA CÁMARA.
- DECLARACIÓN DE ZONA TÍPICA A SECTOR DE LA COMUNA DE EL QUISCO. Oficios.
- CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS A POBLACIONES DE VALDIVIA. Oficio.
- INCONVENIENCIA DE CONSTRUIR VIVIENDAS PROGRESIVAS. Oficio.
- RECLAMACIÓN POR INTERVENCIÓN ELECTORAL EN ACTOS PÚBLICOS OFICIALES. Oficio.
- INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y OBRAS DE ADELANTO EN PEÑALOLÉN Y LA REINA. Oficios.
- INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN CASAS COPEVA. Oficio.
- CIERRE DE LA SESIÓN
- VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
- Para priorizar la vizualización del contenido relevante, y dada su extensión, se ha omitido la sección "Indice" de los documentos.
REPUBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 335ª, ORDINARIA
Sesión 35ª, en miércoles 20 de agosto de 1997
(Ordinaria, de 10.57 a 15.20 horas)
Presidencia del señor Martínez Ocamica, don Gutenberg; señora Saa Díaz, doña María Antonieta, y señor Rocha Manrique,don Jaime.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario , el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.- ASISTENCIA
II.- APERTURA DE LA SESIÓN
III.- ACTAS
IV.- CUENTA
V.- ORDEN DEL DÍA
VI.- PROYECTOS DE ACUERDO
VII.- INCIDENTES
VIII.- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pág.
I. Asistencia 6
II. Apertura de la sesión 7
III. Actas 7
IV. Cuenta 7
- Archivo de proyectos 7
- Envío de proyecto a Comisión Especial de Drogas 7
- Réplica de los Diputados Makluf y Paya a alusiones personales. Aplicación de artículo 34 del Reglamento 7
- Acuerdos de los Comités para suprimir sesión ordinaria 10
V. Orden del Día.
- Participación de Chile en el proyecto Gémini. Tercer trámite constitucional 11
- Informe de la Comisión investigadora sobre la ex Colonia Dignidad 19
VI. Proyectos de Acuerdo
- Medidas para regularizar situaciones de ex Colonia Dignidad 48
VII. Incidentes.
- Alcance sobre proyecto de acuerdo relativo a la ex Colonia Dignidad 51
- Reparación de puente en San Fernando. Oficio 52
- Cumplimiento de funciones legislativa y fiscalizadora de la Cámara 52
- Declaración de zona típica a sector de la comuna de El Quisco. Oficios 53
- Condonación de dividendos de poblaciones de Valdivia. Oficio 55
- Inconveniencia de construir viviendas progresivas. Oficio 55
- Reclamación por intervención electoral en actos públicos oficiales. Oficio 55
- Información sobre construcción de puente y obras de adelanto en Peñalolén y La Reina. Oficios 56
- Información sobre problemas estructurales en casas Copeva. Oficio 57
VIII. Documentos de la Cuenta.
1. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado un proyecto de acuerdo que Aprueba las modificaciones a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo (boletín Nº 1689-10)(S) 58
2. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, recaído en el proyecto que modifica el Código de Procedimiento Penal respecto a la forma en que han de practicarse las notificaciones de las resoluciones que indica y el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la visita semanal que efectúan los jueces a los recintos carcelarios (boletín Nº 1866-07)(S) 58
IX. Otros documentos de la Cuenta.
1. Oficios.
-De la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia por el cual solicita el acuerdo de la Corporación para remitir al archivo los proyectos iniciados en mociones que se indican, por haber perdido su oportunidad, por haberse legislado o por no haberse manifestado interés en su despacho de parte de sus autores:
a) Crea colegios profesionales (boletín Nº 125-07);
b) Sustituye, en el artículo 1.401 del Código Civil, las palabras “dos centavos” por “15 UTM” (boletín Nº 1367-07);
c) Atribuciones de los Oficiales Civiles Notarios (boletín Nº 1704-07). Materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República y, además, se encuentra contenida en la ley Nº 19.477;
d) Modifica el Reglamento de la Cámara de Diputados estableciendo el Código de Ética (boletín Nº 1899-16);
e) Dispone reforma constitucional que elimina el requisito de haberse desempeñado durante seis años como Presidente de la República para ser Senador (boletín Nº 1961-07);
f) Reforma constitucional que extiende la inhabilidad para ser candidato a Diputado o Senador a los Secretarios Regionales Ministeriales (boletín Nº 2012-07), y
g) Establece una reforma constitucional que modifica la composición de la Corte Suprema de Justicia (boletín Nº 2044-07).
Ministerio del Interior
-Del Diputado señor Jürgensen, extender a la Décima Región los beneficios contemplados en el DS. Nº 1543.
-Del Diputado señor Navarro, estado en que se encuentran el Liceo y la Escuela Lo Rojas de la ciudad de Coronel.
-De los Diputados señores Villouta, Ortiz, Gutiérrez, Ojeda, Silva, Makluf, Cornejo y Salvador Urrutia, recargo de trabajo que afecta a los Juzgados de Policía Local, particularmente al de Angol.
-Del Diputado señor Salvador Urrutia, daños que provoca el fenómeno “El Niño”, especialmente en la Primera, Segunda y Tercera Regiones.
-De los Diputados señores Cantero, José García, Valenzuela, Gajardo, Ramón Pérez, Valcarce, Vilches, Prokuriça, Rosauro Martínez, Leay, Bartolucci, Galilea, Jürgensen y Morales, estudio de área de riesgo por aluvión en la Segunda Región.
-De los Diputados señores Joaquín Palma y Villouta, copia de contratos y antecedentes anexos realizados por las Municipalidades de La Serena, Coquimbo y Los Vilos.
-Del Diputado señor Huenchumilla, proyecto de reconstrucción o reparación de la Escuela G-503, Selva Saavedra, comuna Temuco.
-De los Diputados señores Valcarce y Ramón Pérez, control de rigor a pasajeros que arriban desde el extranjero a los terminales aéreos de las ciudades de Iquique o Arica.
-Del Diputado señor René García, eventual participación de Douglas Tompkins en acciones realizadas por Estados Unidos en contra de ciertas mercancías exportables.
Ministerio de Educación
-Del Diputado señor Bayo, situación financiera de la Municipalidad de Los Sauces.
Ministerio de Hacienda
-Del Diputado señor Kuschel, posibilidad de destinar terrenos de propiedad de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado a diversos espacios culturales en Puerto Montt, Décima Región.
-Del Diputado señor Joaquín Palma, empresas que descuentan mayor cantidad de impuestos.
Ministerio de Agricultura
-Del Diputado señor Ramón Pérez, antecedentes del “virus de la tristeza” en la comuna de Pica.
-De los Diputados señores Navarro, Salvador Urrutia, Felipe Letelier, Tuma, Ortiz, Morales, Ojeda, Galilea y Rosauro Martínez, mecanismos para evitar incendios forestales.
Ministerio Secretaría General de la Presidencia
-Del Diputado señor José García, “Proyecto Valdivia” de la Celulosa Arauco y Constitución.
I. ASISTENCIA
-Asistieron los siguientes señores Diputados: (82)
Alvarado Andrade, Claudio
Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
Allamand Zavala, Andrés
Allende Bussi, Isabel
Ascencio Mansilla, Gabriel
Ávila Contreras, Nelson
Aylwin Azócar, Andrés
Aylwin Oyarzún, Mariana
Balbontín Arteaga, Ignacio
Bartolucci Johnston, Francisco
Caminondo Sáez, Carlos
Cardemil Herrera, Alberto
Ceroni Fuentes, Guillermo
Coloma Correa, Juan Antonio
Cornejo González, Aldo
Correa De la Cerda, Sergio
Cristi Marfil, María Angélica
De la Maza Maillet, Iván
Dupré Silva, Carlos
Errázuriz Eguiguren, Maximiano
Escalona Medina, Camilo
Gajardo Chacón, Rubén
Galilea Vidaurre, José Antonio
García García, René Manuel
García Ruminot, José
Girardi Lavín, Guido
González Rodríguez, José Luis
Gutiérrez Román, Homero
Hernández Saffirio, Miguel
Jocelyn-Holt Letelier, Tomás
Jürgensen Caesar, Harry
Kuschel Silva, Carlos Ignacio
Latorre Carmona, Juan Carlos
Leay Morán, Cristián
León Ramírez, Roberto
Letelier Morel, Juan Pablo
Longton Guerrero, Arturo
Longueira Montes, Pablo
Luksic Sandoval, Zarko
Makluf Campos, José
Martínez Ocamica, Gutenberg
Masferrer Pellizzari, Juan
Melero Abaroa, Patricio
Montes Cisternas, Carlos
Morales Morales, Sergio
Moreira Barros, Iván
Muñoz Aburto, Pedro
Naranjo Ortiz, Jaime
Navarro Brain, Alejandro
Ojeda Uribe, Sergio
Orpis Bouchón, Jaime
Ortiz Novoa, José Miguel
Palma Irarrázaval, Andrés
Palma Irarrázaval, Joaquín
Paya Mira, Darío
Pizarro Soto, Jorge
Pollarolo Villa, Fanny
Prochelle Aguilar, Marina
Prokuriça Prokuriça, Baldo
Rebolledo Leyton, Romy
Reyes Alvarado, Víctor
Rocha Manrique, Jaime
Rodríguez Cataldo, Claudio
Saa Díaz, María Antonieta
Salas De la Fuente, Edmundo
Seguel Molina, Rodolfo
Silva Ortiz, Exequiel
Solís Cabezas, Valentín
Soria Macchiavello, Jorge
Taladriz García, Juan Enrique
Urrutia Ávila, Raúl
Valenzuela Herrera, Felipe
Vargas Lyng, Alfonso
Vega Vera, Osvaldo
Venegas Rubio, Samuel
Viera-Gallo Quesney, José Antonio
Vilches Guzmán, Carlos
Villegas González, Erick
Villouta Concha, Edmundo
Walker Prieto, Ignacio
Wörner Tapia, Martita
Zambrano Opazo, Héctor
-Con permiso constitucional estuvo ausente el Diputado señor Francisco Huenchumilla.
II. APERTURA DE LA SESIÓN
-Se abrió la sesión a las 10.57 horas.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
El acta de la sesión 31ª se declara aprobada.
IV. CUENTA
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Se va a dar lectura a la Cuenta.
-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
ARCHIVO DE PROYECTOS
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para remitir al archivo proyectos iniciados en mociones, por las razones que indica.
Acordado.
ENVÍO DE PROYECTO A COMISIÓN ESPECIAL DE DROGAS.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Reyes.
El señor REYES .-
Señor Presidente , en la sesión de ayer en la tarde se dio cuenta de un oficio del Senado por el cual remite un proyecto que modifica la ley orgánica constitucional del Banco Central, autorizando a dicho organismo para entregar antecedentes al Consejo de Defensa del Estado cuando investigue delitos relacionados con el narcotráfico.
Se acordó enviar el proyecto a la Comisión de Constitución, a propósito de lo cual pido que, sin perjuicio de que ella lo conozca, también se remita a la Comisión Especial de Drogas de la Cámara.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Si le parece a la Cámara, así se procederá.
Acordado.
-o-
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
Señores diputados, mañana tenemos el seminario “La infraestructura como base del desarrollo”, organizado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, razón por la cual solicito el asentimiento de la Sala para suprimir la sesión ordinaria de mañana.
Se cita a reunión de Comités, la cual se realizará en forma simultánea con la sesión de la Sala, detrás de la testera.
-o-
RÉPLICA DE LOS DIPUTADOS MAKLUF Y PAYA A ALUSIONES PERSONALES. Aplicación de artículo 34 del Reglamento.
El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento, han solicitado la palabra los Diputados señores Makluf y Paya .
Tiene la palabra el Diputado señor Makluf.
El señor MAKLUF .-
Señor Presidente , de acuerdo con el artículo 34 del Reglamento de la Corporación, haré uso de los cinco minutos que me corresponden en consideración a que el señor Rodrigo González , alcalde de Viña del Mar, y algunos de los concejales que lo acompañaron en un viaje a Europa en junio de este año, han cuestionado seriamente la corrección de mis procedimientos mediante declaraciones formuladas a distintos medios de comunicación.
No obstante que dichas declaraciones son constitutivas de injuria a mi persona, razón por la cual me asiste el derecho de iniciar acciones en resguardo de mi honra, mi propósito en este momento es responder estas afirmaciones, sin perjuicio de la reserva de tal derecho para la oportunidad que estime conveniente.
El objeto de mi información a los medios de comunicación ha sido dar a conocer todos los antecedentes y conclusiones contenidos en el informe Nº 98, de este año, de la Contraloría General de la República, evacuado por el visitador inspector señor Lamberto Zamorano , que ha obtenido la aprobación del contralor regional con fecha 11 de agosto de 1997.
En relación con mis declaraciones, puntualiza que de tales antecedentes se establece:
Primero, los pasajes a Europa del alcalde y de cinco concejales de Viña del Mar, viaje realizado en la segunda quincena del mes de junio del presente año, fueron pagados en parte por la empresa Europroject S.A., según señala el mencionado informe en su página 8.
Por su parte, en el fax dirigido por el manager de dicha empresa a la funcionaria de la alcaldía de Viña del Mar señora Julia Pincheira , consta la conversación de un señor Conde con el alcalde señor González , en que se dan órdenes en esta materia.
En ese fax se solicitó a la última que entregara a un colaborador de Europroject en Chile los originales de los pasajes ocupados por el alcalde y su comitiva, porque “la autoridad catalana que nos financia parte de los billetes nos exige la entrega de los originales para su posterior reembolso a Europroject”.
Segundo, el alcalde y los concejales firmaron el 19 de junio un convenio por el que se obliga el municipio de Viña del Mar a aprobar el proyecto -cláusulas 1ª y 3ª del anexo Nº 20 del informe de la Contraloría- dentro del mes de julio a la empresa Europroject S.A., que aparece pagando parcialmente los pasajes.
Tercero, de acuerdo con dichas cláusulas, el concejo municipal tenía hasta el día 30 de julio para cumplir con lo convenido con Europroject S.A., plazo que, de haber sido usado, habría permitido recabar los antecedentes técnicos y jurídicos sobre la factibilidad del proyecto y una mayor transparencia del procedimiento. Como se sabe, esta situación no se produjo porque, curiosamente, con un inusitado apresuramiento se adoptó el acuerdo municipal el 30 de junio.
Cuarto, por declaraciones de don Rodrigo González y de doña Ivonne Betbeder, concejala independiente, en los anexos 15 y 16 de este informe de la Contraloría se establece que en curso del mismo viaje en que se celebraron los convenios con el ayuntamiento catalán y la empresa Europroject S.A., conjuntamente percibieron de una persona, a la que no identifican, la suma de 8.400 dólares estadounidenses, en billetes, sin ofrecer ni serles exigidos recibo ni documento de ninguna naturaleza, situación que representa una gran omisión de formalidades referida a dineros públicos, o destinados a ser entregados a un organismo público como es la municipalidad de Viña del Mar.
Quinto, agravan la poca transparencia de todo este proceso los dichos de la concejala señora Ivonne Betbeder, quien señala en el diario “El Expreso”, refiriéndose a mi persona, que “nos conoce muy poco y personalmente a mí, porque si fuera por comprar mi voto sería mucho más caro que un pasaje a Europa”. Huelgan comentarios. A confesión de parte, relevo de pruebas, diría un abogado.
Puedo aseverar que, al tenor de los antecedentes del informe de Contraloría, cuya copia he entregado a los medios de comunicación, mis declaraciones y dudas sobre la corrección de los procedimientos cuestionados, las sospechas de corrupción y malversación de fondos públicos están confirmados, y por ello, en su ocasión, lo que ahora reitero, he solicitado la renuncia de los ediles involucrados.
Corresponde al alcalde y a los concejales cuestionados aclarar lo sucedido.
Por último, debo consignar que no soy el primer parlamentario en ser amenazado con querellas por calumnias o injurias, en razón del cumplimiento de nuestro deber de fiscalización y de dar a conocer las conclusiones del ente Contralor respecto del resultado de la investigación pedida por mí.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En virtud del artículo 34 del Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señor Presidente , con frecuencia, en nuestra actividad somos objetos de ataques y ésta no es la única ocasión que me sucede. Sin embargo, ésta es la primera vez que voy a hacer uso del derecho que el Reglamento me confiere, aunque ello es particularmente desagradable para mí.
El diario “La Nación” publicó el domingo un artículo en que da cuenta, en primer lugar, de conexiones entre la secta Moom y mi partido, y en segundo lugar, lo que considero bastante más grave, que este movimiento estaría financiando la campaña de quien habla.
Quiero aclarar que me siento en la obligación y en el deber de desmentir estas imputaciones, no porque se sostenga que el grupo A, X o Z esté ayudando financieramente a mi partido o a mí, sino por una razón bastante más de fondo, cual es que esta secta o movimiento -y así lo he dicho públicamente y consta en los medios de comunicación- proclama una doctrina que no sólo contradice la fe cristiana y muchas otras cosas que son parte de las creencias básicas del pueblo chileno. En concreto, contradice mi fe, lo que creo, aquello a que aspiro que sea lo más valioso en mi vida. Por eso, no puedo dejar pasar esto.
Daré lectura a copia de una carta que el presidente de este movimiento dirigió al director del diario “La Nación”, señor Ignacio González Camus , que dice lo siguiente:
“El domingo recién pasado el diario que usted dirige publicó un artículo que informa de supuestos contactos y financiamiento del Movimiento de Unificación (que ustedes llaman “secta moom”) al parlamentario de la UDI, señor Paya.
“En mi calidad de Presidente de este Movimiento, y como supuesto autor de la carta que se reproduce en la información, tengo el deber de aclarar lo siguiente:
“1 Tanto la carta reproducida en su diario como las informaciones contenidas en ella son absolutamente falsas.
“2 Lamento que su diario haya sido víctima de un engaño, específicamente de una falsificación. Cumplo con informarle que he encargado a mis abogados estudiar las acciones legales que procedan en contra del autor de esta falsificación, el señor Víctor Ortiz .
“3 Es completamente absurdo sostener que nuestro movimiento pueda apoyar a alguien como el señor Paya, puesto que dicho parlamentario pública y reiteradamente ha manifestado descalificaciones y críticas tanto a la filosofía como al líder de nuestro movimiento.
“4 Junto con lamentar los ataques y opiniones del señor Paya sobre nuestro movimiento, creemos nuestro deber aclarar que no es efectivo que dicho parlamentario haya tenido vinculación alguna con nuestro movimiento. Por el contrario, y opuestamente a lo informado por su diario, el señor Paya rechazó nuestra invitación a participar en el evento en Uruguay a que alude la información.
“Le agradeceré dar publicación íntegra a esta carta.”
Firma: Sergio Castillo Oyarce, Presidente del Movimiento de Unificación en Chile.
Quiero dejar constancia de mi molestia, además de mi desmentido más enérgico y tajante a esto por las razones que he dado, y señalar lo mismo que personalmente le expresé telefónicamente al director del diario “La Nación”; que entiendo que fue víctima de un engaño, tal como lo explica esta carta. Sin embargo, le representé que, frente a una publicación a la que se le dedica una página el día domingo, me resulta insólito que no se haya consultado al afectado. No recibí ninguna llamada ni consulta sobre el tema.
En segundo lugar, se han ignorado reiteradas declaraciones públicas que he emitido sobre este movimiento, que clarifican completamente la opinión que cualquiera persona podría haberse formado de esta historia.
En tercer lugar, lamento que el diario haya sido víctima de una fuente de información que no sé si falsificó algo, pero al leer la carta antes citada me queda claro que no sólo no se me consultó, sino que tampoco se conversó con la persona que, según se sostiene, dijo semejante infundio.
Aquí cabe preguntarse -cuestión que también me formulé- qué origen, sentido e intencionalidad tiene esto. Quiero dejar constancia de que la persona a la cual se acusa como autora de esta falsificación, el señor Víctor Ortiz , la conocí en su calidad de dirigente político de la UCC en el distrito que represento, razón por la cual, lamentablemente, no puedo dejar de sospechar la existencia de una intencionalidad política baja en el origen de esta deplorable e injuriosa historia.
He dicho.
ACUERDO DE LOS COMITÉS PARA SUPRIMIR SESIÓN ORDINARIA.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Por acuerdo de los Comités parlamentarios, se suprime la sesión ordinaria de mañana jueves 21, debido a la realización del seminario “La infraestructura como base del desarrollo”, organizado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.
El señor ORPIS.-
Pido la palabra para plantear un asunto reglamentario.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , lamento que sistemáticamente se estén suprimiendo las sesiones de los jueves y no se reemplacen por sesiones adicionales, en circunstancias de que tenemos en tabla varios proyectos de ley importantes. Si se sabía de la realización de reunión temática, no me explico cómo la Mesa no tomó medidas para reemplazar esa sesión por una a efectuarse, por ejemplo, el martes en la noche.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Señor diputado , ésa no es materia de Reglamento.
El señor ORPIS.-
Lo es, señora Presidenta, porque cada proyecto de ley se vincula con problemas que afectan directamente a las personas, y no estoy dispuesto a que sigamos dilatando...
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Señor diputado , está planteando un punto que no es de Reglamento. Además, su Comité dio el acuerdo para suprimir la sesión de mañana.
El señor SEGUEL.-
Pido la palabra para referirme a un asunto reglamentario.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor SEGUEL .-
Señora Presidenta , cuando el Diputado señor Orpis habló durante cinco minutos para reclamar por qué no se legislaba, su Señoría dio a conocer el acuerdo de los Comités. Con posterioridad ese parlamentario se retiró del hemiciclo. Entonces, no entiendo por qué presiona a los demás si él no es capaz de permanecer en la Sala.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Ésa no es materia de Reglamento, señor diputado .
V. ORDEN DEL DÍA
PARTICIPACIÓN DE CHILE EN EL PROYECTO GÉMINI. Tercer trámite constitucional.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Corresponde ocuparse del proyecto, en tercer trámite constitucional, que otorga recursos a la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, para materializar su participación en el proyecto astronómico Gémini.
Antecedentes:
-Modificaciones del Senado, boletín Nº 1987-19, sesión 33ª, en 19 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 12.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Por acuerdo de la Sala, se destinará una hora para su tratamiento. Terminado ese plazo, se procederá a su votación.
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señora Presidenta, hoy nos corresponde conocer de las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga recursos a Conicyt para participar en el proyecto astronómico denominado Gémini, aprobado en primera instancia por esta Cámara.
Como presidente de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Corporación, haré algunos alcances respecto de las enmiendas propuestas por el Senado.
El primero dice relación con las características del proyecto astronómico. Básicamente, se trata de un proyecto que tiene por objeto la construcción y operación de dos observatorios gemelos: uno en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, en el cual intervienen principalmente instituciones de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá , Chile, Argentina y Brasil.
Después de un proceso en el que nuestro país fue invitado a participar, se establecieron diversos aportes distribuidos de la siguiente forma: Estados Unidos, con 50 por ciento; Reino Unido, con 25; Canadá , con 15; Argentina y Brasil, con 2.5 cada uno, y nuestro país, con 5 por ciento.
El proyecto incorpora las más avanzadas tecnologías en óptica, comunicaciones, electrónica, informática, ingeniería, mecánica, etcétera. Para nuestro país resulta de inapreciable valor participar en un proyecto de esta naturaleza, por cuanto ello implica no sólo mayor desarrollo de las investigaciones astronómicas, sino también progreso científico y tecnológico.
A través de diversas opiniones, el Ejecutivo ha manifestado su voluntad de que Chile participe en dicho proyecto, para lo cual expresó su decisión de colaborar para que la Conicyt pueda recibir los recursos que garanticen dicha participación, y para ello es necesario un aporte presupuestario. Al respecto, durante tres años consecutivos el presupuesto de la Conicyt ha considerado la posibilidad de destinar tales recursos, pero con una glosa que fue incorporada en la discusión presupuestaria hace tres años, la que establecía que para materializar el aporte de Chile al proyecto, previamente había que aprobar el convenio Gémini, lo que impidió que durante esos años Chile aportara, ya que el convenio no se había materializado en los términos en que debía conocerlo el Congreso.
Por ello, después de sucesivas prórrogas, el Consejo del Gémini excluyó a Chile del proyecto y está en conversaciones con Australia para que ese país se haga cargo de la cuota chilena. Sin embargo, luego de varias peticiones de la comunidad científica chilena y del Gobierno, fijó como último plazo de gracia el 1º de septiembre del presente año. De tal forma que si a esa fecha Chile no cumple las condiciones exigidas para su incorporación al proyecto, su participación podría ser negociada con otros países que manifiesten interés.
Las condiciones para que Chile se incorpore deberían ser dos: primero, que pague lo adeudado por su participación en el proyecto; y segundo, que se dé a Gémini el mismo estatuto que tienen los proyectos Eso, Aura y Carso ; es decir, que no se altere el estatuto actual de Aura, contratada por la National Science Foundation de Estados Unidos, en representación de las instituciones miembros como administradoras del Proyecto Gémini.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
¿Me permite, señor diputado? Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el de su segundo discurso.
El señor LATORRE.-
Este proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados y el Senado, teniendo en cuenta lo anterior, y por el hecho de no tener Gémini personalidad jurídica propia, ya que sólo es un proyecto, aprobó la iniciativa de ley suprimiendo los artículos 2º, 7º y 8º, que alteraban el estatuto jurídico de Aura y establecían un régimen de exenciones tributarias y arancelarias en favor de un personal que no existirá.
En efecto, al no tener personalidad jurídica, Gémini nunca podrá contratar personal, y siempre será una institución distinta la que lo administre con su propio personal. Siendo así, lo lógico es que ese personal se rija por el estatuto de su empleador y no por uno diferente.
Con esto quiero manifestar que comparto plenamente las modificaciones introducidas por el Senado.
Aura ha sido reconocida por Chile como organismo internacional y por ley goza, desde hace más de 30 años, de un estatuto de inmunidades y de exenciones tributarias y arancelarias iguales a las de Eso y Carso . Por lo demás, siempre ha sido respetuosa de las leyes chilenas, particularmente de las laborales; ha colaborado permanentemente con instituciones académicas nacionales; ha formado astrónomos chilenos, y se ha granjeado el aprecio y el respaldo de una de las regiones del país que aparece directamente interesada en el desarrollo de la astronomía nacional, como es la Cuarta Región.
Nada justifica, en consecuencia, introducir restricciones a su actual estatuto, lo cual ocurriría si la Cámara de Diputados insistiera en el artículo 2º, suprimido por el Senado.
En todo caso, lo más relevante de la situación actual radica en que sólo si la Cámara aprueba el proyecto tal como viene del Senado, podremos garantizar que antes del 1º de septiembre se cumplirán las exigencias para que Chile pueda participar efectivamente en este proyecto.
En consecuencia, solicito a la Sala que apruebe el proyecto tal como fue despachado por el Senado, con lo cual garantizaremos la participación de nuestro país en un proyecto extraordinariamente importante para el desarrollo de la astronomía y de otras ciencias y áreas del conocimiento humano.
Insisto en que nuestra opinión es que debe aprobarse el texto despachado por el Senado, sin modificaciones.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT .-
Señora Presidenta , sólo quiero hacer algunas reflexiones sobre este tema.
¿Qué ha hecho el Senado? Como lo dijo el Diputado señor Latorre , no sólo ha eliminado la obligación que discutimos aquí de someter a éste y a todos los observatorios a la ley común, sino que, además, ha hecho otra cosa: le ha quitado todas las franquicias al personal asociado. Recuerdo que cuando se discutió la ley marco sobre astronomía, el Diputado señor Martínez dijo que, si se las quitábamos, no tenía sentido presentar el proyecto.
El Senado ha introducido cambios de fondo al proyecto, después de la discusión de tres leyes de Presupuestos; después de una ley marco sobre astronomía en tramitación, de una ley especial que fue consecuencia de un acuerdo que suscitó discusiones en las Comisiones de Ciencias y Tecnología y de Relaciones Exteriores y, al mismo tiempo, de la aprobación, por unanimidad, de un proyecto de ley en esta Cámara. Precisamente para evitar que se retrasara la instalación de este observatorio y que tuviera que esperar la aprobación de la ley marco sobre astronomía, que en este momento está en el Senado, estuvimos dispuestos a “jinetear” una ley especial; pero con una condición: que dicha ley especial sobre Gémini no entregaría más derechos que los que estábamos dispuestos a consagrar en la ley marco para todos los observatorios del país. Y el Gobierno se lo dijo expresamente a los representantes de Aura, y nosotros lo aprobamos en esos términos.
El señor Malcolm Smith -que se encuentra en las tribunas- manifestó en la Comisión de Ciencias y Tecnología que estaban plenamente de acuerdo en que Gémini no tuviera más beneficios que los que establece la ley marco, uno de cuyos puntos centrales radica en que los observatorios, a futuro, no tendrán tratamiento diplomático, que fue una mala práctica utilizada durante la década del 60, sino que se someterán a la ley común, precisamente por las malas experiencias vividas con la Eso y porque no se justifica seguir dándoles ese tratamiento especial. ¿Por qué no se justifica? Porque en la década del 60 y a principios de los años 70, existía el temor por las nacionalizaciones que se estaban efectuando y, de alguna manera, todos los centros de observación temían correr la misma suerte. Para despejar esa duda, se les dio el tratamiento Cepal .
Pero hoy, esos temores ya no existen, y si se siguen haciendo inversiones que permiten que la inversión externa del país llegue a 6.000 millones de dólares, bajo el amparo de la ley común, no sé cuál es el temor que abriga una institución científica para pedir un trato especial. Ése es el punto central. Ellos aceptaron y lo único que pidieron fue la inclusión de un inciso final en el artículo 2º, en el que quedara plenamente establecido que esta ley no perjudicará la ejecución normal de los proyectos de Aura. Ese cambio se introdujo justamente para despejar esa duda y se aprobó el proyecto por unanimidad, tal como lo conocemos hoy.
Cuando se discutía la nacionalización del cobre, Radomiro Tomic solía decir -lo quiero manifestar con toda franqueza- que había una sola cosa más difícil y desagradable que discutir con compañías extranjeras en la mitad del proceso nacionalizador: litigar con los abogados chilenos de esas compañías extranjeras. ¿Qué ocurre? Normalmente, las instituciones extranjeras están dispuestas a aceptar nuestros estatutos; pero de pronto un abogado chileno les dice que pueden lograr más, y las asustan y las colocan en situaciones de tensión absolutamente injustificables. La pregunta no debe ser -como se planteó en el Senado- por qué no les damos tratamiento diplomático, sino por qué se lo damos. Ello no se justifica, ni siquiera para el desarrollo del proyecto.
Alguien preguntó por qué a la Eso se le da tratamiento diplomático y no a Aura o a Gémini. Por una razón muy simple: porque la Eso es una persona jurídica de derecho internacional, amparada por la Convención de Viena y por un tratado vigente, y el Gobierno no quiso someter a Gémini a un tratado justamente por lo que señaló el Diputado señor Latorre ; esto es, porque dicha institución no tenía la calidad de persona jurídica internacional. La inmunidad diplomática se da a los Estados, no a una compañía, a una institución científica o a una universidad. De otro modo, hagamos un convenio de orden internacional para dar inmunidad diplomática y trato de Estado a universidades; pero eso no es correcto, porque la ley común que aprobamos todos los días en esta Sala es suficiente.
Pues bien, ¿por qué a Aura sí y a Gémini no? Porque no son la misma institución. Gémini es un consorcio de cinco países, y Aura, el National Science Foundation de los Estados Unidos. Si queremos evitar el problema que tuvimos con la Eso, no debemos generar un debate a futuro acerca del estatuto de Aura, la cual no puede instalar en Chile todos los observatorios que le dé la gana, sino uno solo: el Tololo. Si aprobamos el proyecto en los términos propuestos por el Senado, el personal asociado y todos los demás deberán regirse por el estatuto de Aura. Entonces, se generará una discusión sobre si Aura puede o no hacer una cosa semejante, debate que no tendrá lugar en este Congreso, sino en la Contraloría.
Si pretendemos ayudar a Gémini y darle un estatuto estable, que le dé tranquilidad para ejecutar su proyecto, lo peor que podemos hacer es aprobar el proyecto en los términos propuestos por el Senado, porque de esa forma estaremos generando a futuro un conflicto similar al que en su oportunidad aconteció con la Eso. Se dice que se actuó así con la Eso porque no se ciñó a las leyes laborales chilenas; en cambio, Aura las respeta. Entonces, ¿por qué si Aura cumple con nuestra legislación la tratamos en forma distinta que a la Eso? Ésa es la peor forma de argumentar, porque las leyes deben ser parejas para todos; no de una manera para unos y de otra forma para otros. Eso se llama capricho, y si estamos en esta institución es para evitar los caprichos. Si alguien quiere dar inmunidad diplomática a Gémini, démosela expresamente; pero para eso debemos constituir una comisión mixta. Démosela expresamente, pero no a través de subterfugios, de no decir nada y sólo entregarle nuestro aporte, porque con ello estaremos generando un conflicto a futuro que de alguna manera nos va a perjudicar. Estaremos invitando a que se utilicen normas que consideramos inconstitucionales, que derogamos expresamente en la ley marco, y creando condiciones para inviabilizar dicha ley. Si aprobamos el proyecto Gémini tal como viene del Senado, en la práctica no habrá ningún incentivo para acogerse a ella, pues todos se valdrán de subterfugios para ejecutar proyectos nuevos sobre la base -todas las grandes instituciones astronómicas a nivel mundial funcionan en Chile bajo esos términos- de sus estatutos vigentes. Si en la actualidad Aura puede extender su estatuto, no existe ninguna razón para que los demás organismos no hagan lo mismo a futuro.
El último argumento que quiero rebatir es el de la demora. Algunos dicen que si no aprobamos inmediatamente el proyecto en los términos propuestos por el Senado, corremos el riesgo de perderlo. A mí me encantaría preguntarles a algunos en qué país viven o qué país creen que administran. Este proyecto se está ejecutando en territorio nacional; estamos otorgando franquicias; hemos sido invitados de buena fe a participar en él. De la misma manera, hemos generado las condiciones para ello y se nos ha aceptado.
Podremos constituir una comisión mixta como el Gobierno se ha planteado y responder en los plazos previstos. Por eso, el Gobierno también ha estado dispuesto, eventualmente, a permitir la formación de una comisión mixta la próxima semana, a fin de conocer su informe a comienzos de septiembre. No ha habido “rollos” para aceptar eso; ningún problema.
Pero, con toda sinceridad, ¿en qué país queremos vivir? El proyecto se materializará sobre las condiciones que el país quiera dar; sobre la base de lo que nosotros estemos dispuestos a ofrecer. Pero si formamos una comisión mixta, es de toda justicia discutir en ella si se quieren salir del proyecto u ofrecer a otro el porcentaje de participación. Condicionemos las franquicias al hecho de que nosotros seamos parte; porque el proyecto ya se está ejecutando y nadie se atreverá a detenerlo.
De la misma manera como nos presionan, empecemos a aprender la capacidad de presión que tenemos -porque, después de habernos invitado, injustamente nos mandan un fax diciéndonos que ahora invitarán a otro país-. Aprendamos a administrar nuestro “leverage” en una negociación externa.
Soy partidario de rechazar las modificaciones del Senado y constituir una comisión mixta. El Senado, además, efectuó esas enmiendas, justamente, en el entendido de que se establecería dicha comisión. Así fue expresado en varios discursos en la Sala del Senado. Estamos hablando de un tema que no tendrá repercusiones futuras sobre este proyecto, sino respecto de las leyes que normalmente discutimos y de la vigencia que queremos dar a distintos tipos de proyectos. Por eso -repito-, soy partidario de rechazar las modificaciones del Senado; de conformar una comisión mixta; de producir el acuerdo y de discutir el tema en los términos que al país mejor le plazca.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Vilches.
El señor VILCHES .-
Señora Presidenta , el proyecto sobre la construcción del Observatorio Astronómico Gémini, es del mayor interés para el avance de la ciencia en nuestro país.
Durante el debate, hemos escuchado una acalorada intervención que me parece muy buena y legítima, en el sentido de defender, como nacionalista, el principio de que todos los proyectos en Chile deben realizarse dentro de sus normas y el marco jurídico correspondiente. Pero creo que existe una equivocación de fondo. Este calor que se pone en la discusión puede ser llevado a otros términos y solicito debatir el tema sobre la base de lo que es real para nuestro país.
Con ese fin, quiero destacar que este observatorio tiene un costo de 176 millones de dólares; por consiguiente, es una empresa imposible de llevar a cabo en Chile si no es con el esfuerzo de varios países interesados en la materia.
Éste es un hecho tan relevante que en ningún otro sector vamos a encontrar una inversión en ciencia de esta magnitud. Es la primera vez que en Chile se invertirán tantos recursos en un observatorio, porque los otros, que operan en el país desde hace muchos años, tienen significativas instalaciones e inversiones. Éste sería, realmente, uno de los más importantes del mundo, ya que sólo se construirán dos con iguales características: uno en La Serena y otro en Hawai.
Chile, a diferencia de los otros proyectos de observatorio, hoy ha sido invitado a participar en la inversión y aporte de su mundo científico, de hombres interesados en desarrollar áreas de la astronomía, cuyas técnicas se investigan desde hace muchos años en casas de estudio tan prestigiosas como la Universidad de Chile, de la cual han egresado grandes científicos.
Por eso, tal vez en este momento no podemos caer en pequeñeces, de tratar con egoísmo un convenio que para Chile es altamente favorable.
El Diputado señor Juan Carlos Latorre , en su fundada intervención, manifestó que la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, Conicyt, ha contado por muchos años con recursos muy precarios, y ésta es la primera vez que tendrá la posibilidad de participar en un patrimonio de observación. Será dueña del 10 por ciento del tiempo de observación del proyecto astronómico Gémini. Eso no se ha dicho en la Sala y es bueno realzarlo para que los señores diputados entiendan su importancia. Si Chile es dueño de ese patrimonio, podrá suscribir convenios con países que vendrán a complementar sus observaciones astronómicas. Ello, sin lugar a dudas, le permitirá liderar en la materia, en cuanto a entregar información al mundo de la ciencia.
Por eso, solicito a los señores diputados que, en esta oportunidad, dejemos de lado los alcances que se han hecho y aprobemos las modificaciones del Senado, que están dentro del espíritu de permitir la operación en forma expedita. Facultemos a Chile para celebrar este Convenio internacional, porque, de lo contrario, quedará fuera de él, ya que hay otros países interesados. Por ejemplo, Australia es uno de ellos; hace importantes contribuciones a la ciencia y está muy interesado en participar en el Convenio.
Para los parlamentarios elegidos por regiones del norte -donde se instalará el observatorio- no sería bueno que no se aprobara el Convenio, y que se perdiera el patrimonio de observación que considero fundamental.
Por eso, solicito a los honorables colegas aceptar las modificaciones del Senado, en la forma en que han sido presentadas, a fin de contar con una ley de la República en los próximos días y celebrar el acuerdo como fue solicitado originalmente.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Joaquín Palma .
El señor PALMA ( don Joaquín) .-
Señora Presidenta , creo que el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt ha confundido los términos del proyecto, al hacer prevalecer lo accesorio respecto de lo principal.
Lo principal es que a través de este proyecto, y del proyecto de ley marco de astronomía -que está en el Senado en segundo trámite constitucional-, queremos dar la oportunidad de que en Chile se desarrolle la astronomía.
En ese sentido, el estatuto de los trabajadores y funcionarios constituye un tema secundario en relación con el primario, que es buscar la fórmula de que la astronomía, que tiene posibilidades de alcanzar un nivel comparativo en el mundo, pueda realizarse en Chile. La ley marco apunta a ello y no a resolver el problema de si los funcionarios internacionales, desde el punto de vista de su estatuto, están en el mismo nivel que los de la Cepal u otro organismo. Tampoco podemos confundir esta inversión en el proyecto Gémini con la que se hace en una empresa privada, pues éste no es la Coca-Cola ni la General Motors. Aquí hay un tema relevante: el desarrollo de la ciencia y, por lo tanto, ése es el punto de vista que debemos tener al tomar decisiones sobre el proyecto.
En ese sentido, el Senado ha actuado con bastante prudencia, porque, si bien en la Cámara quisimos que los artículos que se proponían en el proyecto Gémini concordaran plenamente con los artículos que propusimos en la ley marco, esta última es todavía una iniciativa que no ha sido aprobada y, por lo tanto, puede modificarse.
En el caso Gémini se han salvaguardado los aspectos principales que buscábamos: establecer para los astrónomos chilenos la seguridad de contar con un tiempo determinado y las mismas condiciones e igualdad de oportunidades que los astrónomos de otros países para hacer uso de estas instalaciones. Por lo tanto, la idea matriz del mensaje del proyecto de ley marco -que, repito, no es sino un proyecto- se está cumpliendo en ambos casos. Nosotros, en ese sentido, debemos estar conformes con la redacción actual del proyecto.
Por otra parte, en relación con el estatuto de los funcionarios, es indudable que aquí se generará una situación que a lo mejor no ponderamos en su oportunidad con los debidos antecedentes. Gémini es un proyecto y, por consiguiente, requiere de personas que lo administren. Esas personas, aparentemente, serán los funcionarios que hoy administran las instalaciones de Aura en la zona de La Serena. Y si ponemos condiciones distintas a funcionarios que trabajen en Gémini o en Aura, tendremos en un mismo ambiente, o en un mismo recinto u oficina tal vez, personas que conviven con condiciones diferentes. Eso no tiene mucho sentido, porque, en la práctica, las mismas personas trabajarán para ambos proyectos y la situación se regulará mediante un acuerdo interno de costos y de pagos entre ellos. Por lo tanto, no parece razonable que, en relación con el proyecto, cuyo objetivo -reitero- es promover el desarrollo de la ciencia, entorpezcamos la posibilidad de que Aura realice el trabajo. Hasta ahora, su labor es reconocida en la zona de La Serena durante los últimos 30 años, en cuanto a ser muy participativa y jamás haber creado un problema a la comunidad o a la administración regional. En consecuencia, no habría argumentos para cambiar lo que se está haciendo, considerando -repito- que el tema principal sí está resuelto.
Estamos contentos de que, por primera vez, podamos ser socios de un proyecto internacional de astronomía distinto de los otros que existen en Chile. Hasta este momento, hemos posibilitado que Eso y Carso trabajen en Chile sin que éste tenga la calidad de socio. Hoy, esto está cambiando. Vamos a ser socios tanto en Chile como en Hawai, con un 5 por ciento. Desgraciadamente, hemos tenido con el proyecto una especie de drama kafkiano, puesto que nos hemos demorado cuatro años en entregar los dineros -que no son muchos: 3 millones y medio de dólares- para participar como socio.
Creo que no podemos perder esta oportunidad que le han ofrecido a Chile, no sólo por ser un gran país en materia de astronomía y ciencias, sino también por la buena relación que ha existido durante muchos años.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Señor diputado , se ha cumplido el tiempo de su primer discurso.
El señor PALMA ( don Joaquín) .-
Por lo tanto, sobre la base de todos los antecedentes expuestos, creemos que el proyecto resuelve plenamente las posibilidades de desarrollo de la ciencia y de la astronomía en Chile, como asimismo las posibilidades de participar en un nivel superior, como miembro de una sociedad o socio de una empresa astronómica internacional.
Pido a los señores diputados aprobar el proyecto en los mismos términos en que viene del Senado.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, por tres minutos, el Diputado señor José Miguel Ortiz .
El señor ORTIZ .-
Señora Presidenta , hace alrededor de tres años, como una forma de mejorar el trabajo legislativo, se separó ciencia y tecnología de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación de la Corporación.
El objetivo fue, precisamente, dar una señal de que nos interesaba apoyar todo lo concerniente a ciencia y tecnología en nuestro país. Para tal efecto, la Cámara realizó un congreso -cuyo primer presidente fue el actual Presidente de la Corporación , señor Gutenberg Martínez - que tuvo la virtud de convocar a cientos de científicos, técnicos y profesionales interesados en el tema.
Fue el primer encuentro que significó el comienzo de otros seminarios en otras ramas del saber nacional.
Me tocó participar como miembro titular de esa Comisión y me alegró muchísimo la posibilidad, real y efectiva, de que en el proyecto astronómico Gémini, en razón de la intervención de Conicyt, nuestro país pudiera ser parte.
Recuerdo que los miembros de la Comisión tuvimos una reunión con el Presidente de la República , en la cual le dimos a conocer las conclusiones unánimes de ese encuentro, entre las que estaba, en especial, la de la necesidad de fomentar la astronomía.
Me ha tocado participar en el trámite del proyecto de Conicyt en la Comisión de Hacienda de la Cámara. Durante tres años consecutivos ha incluido recursos para los aportes al proyecto Gémini, pero el pago no se ha podido materializar debido a la inclusión de una glosa propuesta por un colega parlamentario que impone a Conicyt una condición jurídica imposible de cumplir: que previamente el Congreso debiera aprobar el convenio Gémini, para cumplir con la norma constitucional relativa a la aprobación de los tratados. Pero el proyecto Gémini no es un tratado, ya que en él no intervienen gobiernos, sino instituciones como Conicyt, con personalidad jurídica distinta del Estado, patrimonio propio -no del Fisco- y porque las partes del convenio Gémini, en forma expresa, lo excluyeron de las normas de derecho internacional.
De acuerdo con la Convención de Viena, sólo son tratados los instrumentos escritos que suscriben los Estados o los organismos internacionales en virtud de las normas del derecho internacional.
Por eso, después de sucesivas prórrogas de plazo, estamos a punto de que a Chile se le excluya del proyecto Gémini.
Tengo en mis manos copia de la última carta, de fecha 19 de agosto -ayer-, que se envió a Conicyt, en la cual se recuerda que fuimos precisamente los chilenos los que colocamos como fecha final el 1º de septiembre para ser parte del proyecto Gémini, en circunstancias de que, en verdad, el plazo se cumplió en mayo de este año.
Por lo tanto, es importante que aprobemos las modificaciones del Senado.
Entre muchas cosas, por ejemplo, se ha dicho que en la última carta, en la cual Conicyt fue informada de las decisiones del consejo sobre el proyecto Gémini, se abriría la puerta para que se reingresara aunque venciera el plazo; pero, esta fórmula de buena educación no debe confundirse con una posibilidad real, porque retornar en esas condiciones tendría otro precio. Desde ya, requeriría que el Gobierno mantuviera su voluntad de apoyar la participación de Conicyt.
He intervenido porque la semana recién pasada, en el seminario sobre educación superior, varios docentes universitarios interesados en la materia plantearon la inquietud de que la posibilidad real de ser parte del proyecto Gémini podría perderse, lo que significaría un retroceso para la astronomía en nuestro país.
En consecuencia, anuncio que votaré favorablemente las modificaciones del Senado, porque de esa forma se ayuda a la ciencia.
He dicho.
El señor LATORRE.-
Pido la palabra.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
El Comité de su Señoría ha completado el tiempo de sus dos discursos; pero, con la venia de la Sala, podría darle la palabra.
¿Habría acuerdo?
No hay unanimidad.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Se suspende la sesión.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se reanuda la sesión.
En votación las modificaciones del Senado al proyecto de ley que otorga recursos a la Comisión Nacional de Inves-tigación Científica y Tecnológica, Conicyt.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 13 votos. Hubo 2 abstenciones.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Aprobadas.
Despachado el proyecto.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:
Allende (
-Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:
Reyes y
INFORME DE LA COMISIÓN INVESTIGADORA SOBRE LA EX COLONIA DIGNIDAD
La señora SAA (Vicepresidenta).-
A continuación, corresponde ocuparse del informe de la Comisión Investigadora encargada de velar por el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por la Cámara de Diputados en relación con la ex Colonia Dignidad.
Diputado informante es el señor Viera-Gallo.
Antecedentes:
-Informe de la Comisión Investigadora, sesión 33ª, en 19 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 16.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.
El señor VIERA-GALLO .-
Señora Presidenta , me corresponde informar sobre los resultados a que ha llegado una de las Comisiones que ha estudiado este tema que ha estado de candente actualidad en la opinión pública, cuyo tratamiento resultará particularmente importante para la Sala, porque, como en pocas ocasiones, se planteará un dilema jurídico y ético más complejo y difícil de resolver, respecto del cual esperamos que cada uno de nosotros asuma su propia responsabilidad al emitir su voto.
La Comisión tenía por objeto analizar si las recomendaciones que la Cámara hizo hace un año al Gobierno habían sido asumidas por éste y cuáles habían sido los efectos de esas medidas.
Paso, entonces, a referirme a cada uno de los puntos:
El primero, que ustedes pueden ver en la página 7 del informe, se refiere al problema de los juicios pendientes en contra de Colonia Dignidad, diferentes de aquellos que lleva el Ministro Hernán González.
Lo importante es que el Consejo de Defensa del Estado informó que había sido designado el abogado Daniel Martorell, para que se preocupara directamente de agilizar todos esos procesos.
Cabe señalar que ellos son numerosos, se encuentran en distintos tribunales de la República y algunos de ellos -y esto me parece muy importante resaltarlo- llevan casi siete años de duración.
En segundo lugar, se le preguntó al Consejo de Defensa del Estado sobre la legalidad de los traspasos de los bienes que la Colonia Dignidad realizó una vez que se le canceló la personalidad jurídica, o más bien dicho, para prevenir los efectos de esa cancelación.
Se nos informó que el expediente respectivo estuvo detenido y, presumiblemente, extraviado en la Corte de Apelaciones de Santiago por mucho tiempo. En este momento, ese expediente se lleva adelante por el delito de simulación, por cuanto se habrían simulado contratos para burlar los efectos de la cancelación de la personalidad jurídica.
El Consejo de Defensa del Estado está estudiando -se nos dice- pedir un ministro en visita para agilizar esta causa. El juez que lleva adelante este expediente es el magistrado Sergio Brunner Marfil.
Como todos ustedes saben y pueden ver en los anexos del informe, se crearon diversas sociedades: Agripalma, Bardana , Abratec y Cerro Florido , entre otras, para burlar los efectos de la cancelación de la personalidad jurídica, que significaba que los bienes pasaban a la comunidad de la Iglesia Metodista.
Ahora, me parece muy importante señalar que todos los dirigentes de Colonia Dignidad son los dueños de esas sociedades; o sea, no son dueños todos los miembros de la Colonia, sino entre doce y quince personas, cuyos nombres se van repitiendo.
Respecto de los procesos que lleva el magistrado Hernán González , hay algunas consideraciones, en las páginas 9 y 10 del informe, que realiza el Consejo de Defensa del Estado, las cuales no entraré a detallar, porque se refieren, en general, a materias que podrían afectar el secreto del sumario y que, además, competen a la Comisión de Familia, relativas a la situación de los menores.
Respecto del Ministerio de Defensa Nacional, se nos informó sobre la situación del servicio militar. En síntesis, tres personas fueron denunciadas como remisos a la justicia militar en 1995, y otras cuatro personas en 1996.
En cuanto a los aeródromos, aeronaves y pilotos, la Dirección Nacional de Aeronáutica, a través del general Gonzalo Miranda Aguirre , nos indicó que hay registrados en la ex Colonia dos aeródromos y que no se conocen otras pistas. Se nos entregó la nómina de los pilotos -son siete-, sus antecedentes personales y las patentes de las aeronaves.
Se nos señaló, además, con precisión, cuáles son las atribuciones de esa Dirección respecto de los aeródromos privados y del uso privado de aeroplanos.
Respecto de las armas, el director de Movilización Nacional , general Carlos Molina Johnson , nos informó que hay 34 armas inscritas legalmente y 11 personas con permiso de porte de armas. Sin embargo, como veremos después, de las declaraciones hechas por Tobías Müller y Salo Luna , habrían en la colonia 150 armas, entre ellas, algunos fusiles ametralladoras, las cuales serían ilegales, ya que no cuentan con el permiso correspondiente.
También me parece importante señalar que el Instituto Nacional de Estadísticas y el Servicio de Registro Civil e Identificación nos entregaron antecedentes relativos al número de habitantes de la ex Colonia Dignidad, nacimientos, matrimonios y defunciones, información que se encuentra en un anexo del informe, por lo que sólo quiero señalar lo siguiente al respecto: el Censo de Población de Vivienda 1992 no lo hicieron los funcionarios encargados de esa tarea, sino los propios habitantes de la ex Colonia Dignidad. Se nos dijo que es una práctica habitual cuando se trata de un colectivo habitacional.
En relación con el Servicio de Registro Civil e Identificación se nos informó que todas las inscripciones de nacimientos, defunciones y matrimonios que corresponden a la circunscripción de la ex Colonia Dignidad se realizan en la oficina de Castillo. Al respecto, llama la atención que, de un total de 65 nacimientos, existan 17 inscripciones hechas por testigos, por faltar el certificado de parto. Esto no es normal, de manera que fue puesto en conocimiento de la otra Comisión que, en su momento, informará al respecto.
A la directora de este Servicio, señora Berta Belmar , también le llamó la atención el tiempo breve de tramitación de las legitimaciones adoptivas, lo que hace pensar que en algunos casos pudiera haberse cometido fraude o ilegalidades.
Existe también retraso en la inscripción de los nacimientos, que en ciertos casos llegan hasta diez años.
Llegamos así al punto central de este informe.
A la Comisión le preocupaba saber si los derechos fundamentales de las personas que viven en la ex Colonia Dignidad son respetados o no, pregunta clave que la Cámara formuló hace un año al Ministro del Interior , quien respondió por oficio, anexo a este informe, que en dicho recinto no se respetan derechos esenciales de las personas, entre ellos, de los menores y de los niños.
En las páginas 19 y 20 del informe figura lo sustancial respecto de esta materia.
En cuanto a la libertad de información y comunicación, los colonos no tienen posibilidad de escuchar radio, leer diarios o ver televisión. Sólo los dirigentes tienen acceso a la radio y a la televisión. Se difunde un informativo oficial que preparan los dirigentes de la ex Colonia y que diariamente entregan a los colonos en sesiones comunitarias, pero la orientación de ese informativo es claramente apologética, es decir, todo lo que, según su criterio, es bueno para la Colonia se resalta, y todo lo crítico, se denigra.
Respecto de la libertad de circulación, no existe posibilidad de salir o entrar de la ex Colonia Dignidad libremente; sólo se puede hacer con autorización de Paul Schaeffer o de quien lo represente.
En cuanto a la libertad de expresión, no hay tal posibilidad, pues la órdenes de Schaeffer no son discutidas. A vía de ejemplo, cuando junto a la Diputada Mariana Aylwin entrevistamos a Tobías Müller y a Salo Luna, se nos señaló que si Paul Schaeffer manda a comprar una determinada marca de aceite, y la persona trae otra, ésta es castigada en público, incluso mediante castigo físico, aun cuando sea adulta o de edad avanzada. Es decir, no hay posibilidad de contestar o desobedecer la orden del jefe. Cuando preguntamos por qué sucede eso, la respuesta fue que Paul Schaeffer es como Dios, y a “Él” no se le desobedece; y si así ocurriera, la gente se arrepiente. O sea, mediante un mensaje, digamos, totalitario o fanático Paul Schaeffer logra dominar la comunidad y las conciencias, aparte de un sistema de premios y castigos.
Respecto de la organización de la vida familiar y comunitaria, es muy importante señalar que no existe vida familiar. No hay ninguna relación entre hombres y mujeres, desde niños viven separados y así continúan todo el tiempo; no hay posibilidades de expresar afecto entre ambos sexos. No se celebran matrimonios; los que aparecen registrados en el Registro Civil son sólo formales o de apariencia, lo cual determina que no se vean mujeres embarazadas; cuando ello ocurre la mujer es traída a Santiago o llevada al hospital; y luego el niño o niña ingresa al colectivo. Es verdad que una vez ahí los niños reciben la visita frecuente de sus padres o progenitores hasta los cinco años, pero después nunca más. Por lo tanto, es un error. Cuando la prensa habla del hijo adoptivo del doctor Hopp o de la hija de Paul Schaeffer , no hay tal; no hay una relación real. Ese joven, educado desde niño de esa manera, está solo frente a un colectivo. No hay familia, ni posibilidad de formarla. Esto es algo bastante importante de resaltar.
En cuanto al problema sobre la educación, se puede señalar que existen dos escuelas: una exterior, controlada por el Ministerio de Educación, que ha cometido algunas infracciones, pero que, de alguna manera, es supervigilada permanentemente, y una interior, la llamada “Escuela Villa Baviera”, para los hijos de alemanes que viven en la ex Colonia.
Según el Ministro de Educación , esta última no existe.
En el fundo “El Lavadero”, no se ha acreditado la existencia de esa escuela y tampoco que se imparta enseñanza básica obligatoria a los niños.
De los antecedentes que posee el Ministerio del Interior se concluye que en la ex Colonia Dignidad no se imparte educación a sus habitantes, sino capacitación laboral desde muy temprana edad. Es así como los menores trabajan normalmente a partir de los 12 años, en diversas faenas agrícolas, en la panadería, en el casino, etcétera.
Insisto en que hay cursos, pero carecen de un carácter sistemático ni se cumple un programa básico de educación.
Nos parece que el Ministerio de Educación debería tener una actitud más activa para vigilar el cumplimiento de la ley de educación básica obligatoria, pero esa Cartera nos señala que no tiene las atribuciones suficientes, ya que cuando se dictó la Loce, en 1990, muchas de sus facultades habrían sido eliminadas.
Otro punto importante y que quedó claramente establecido en el interrogatorio de los dos jóvenes que escaparon es que, una vez terminados sus estudios, no pueden definir libremente su futuro. Así, por ejemplo, si su vocación es ingresar al Ejército de Chile, ser un floreciente empresario, un físico o entrar a una orden religiosa, no lo podrán hacer, y sólo tendrán que dedicarse a aquello que la comunidad les permite y que define como útil. Es decir, no hay libertad para seguir una vocación ni para realizar el trabajo que deseen.
En síntesis, lo que existe es una comunidad cerrada, bajo el dominio de un líder y sus colaboradores, que no son más de 15, donde los derechos de quienes allí viven están totalmente supeditados a la voluntad de esa persona y a las necesidades del colectivo, también definidas por ella.
Ante esta situación, la Comisión pidió informes a juristas de distintas orientaciones y escuelas, y envió oficios a las principales escuelas de derecho del país. Es así como recibió informes de don Humberto Nogueira Alcalá , doctor en derecho y decano de la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad de Talca; de don Francisco Zúñiga Urbina , profesor de derecho constitucional de la Universidad de Chile; de don Eduardo Aldunate Lizana , doctor en derecho y profesor auxiliar de la cátedra de derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, y de don Máximo Pacheco Gómez . Se excusaron de asistir los profesores Raúl Bertelsen , Ricardo Rivadeneira y José Luis Cea .
Se concluye que la situación responde a un problema ético y jurídico de tremenda relevancia, respecto de lo cual quiero llamar la atención de la Sala. ¿Qué puede hacer una sociedad, cuando en su interior se establece una organización que, amparándose en el orden democrático, vulnera los derechos que ese orden garantiza a los miembros de dicha sociedad? ¿Cómo se pueden resguardar los derechos de las personas en una organización cerrada, que se ampara en el orden democrático que consagra el derecho a organizarse libremente?
En primer lugar, hay que considerar que todos los juicios seguidos hasta ahora se han iniciado por cuestiones puntuales: por delitos o infracciones que se imputan a personas o a los dirigentes de una empresa, por delitos tributarios y aduaneros, por delitos de simulación de contratos o por delitos de abusos deshonestos que habría cometido Paul Schaeffer . Sin embargo, nada tienen que ver con la organización de la comunidad en su conjunto. Es decir, aquí no ha habido una reflexión respecto de qué puede hacer la sociedad chilena para que esta gente evolucione hacia una forma de convivencia natural, como la que tienen casi todos los habitantes de la República -desde luego, todos los demás emigrantes de distintas nacionalidades; entre ellos, muchos alemanes-, sin que se violenten los derechos de las personas que forman parte de esa sociedad.
Digo que éste es un punto clave, porque cuando la preocupación de las autoridades de Gobierno, del Poder Judicial y del Parlamento apuntan en esa dirección, la ex Colonia Dignidad anuncia que ha comenzado a estudiar la posibilidad de acusar al Gobierno de Chile ante los organismos internacionales de derechos humanos por persecución y por atentar contra la libertad. Aquí radica la enorme paradoja: precisamente quienes faltan a la libertad e imponen un régimen totalitario a sus miembros pretenden ampararse en los principios de libertad, para acusar a quienes están tratando de que se respeten los derechos de las personas.
Ante esta situación, la Comisión consideró que la vía judicial, únicamente, no es suficiente. En primer lugar, porque los procesos son muy largos -algunos llevan más de siete años y todavía estamos en la primera instancia-; en segundo lugar, porque ellos usan todos los recursos procesales existentes para detener los procesos, y en tercer lugar, porque aunque esos procesos tengan éxito, sólo se refieren a aspectos parciales, lo que podría llevar a que la comunidad de ex Colonia Dignidad subsista perfectamente con sus características actuales, a pesar de perder muchos de esos juicios.
Por eso, la Comisión consideró que sería útil y oportuno que el Gobierno aplicara el decreto ley Nº 1.094, de extranjería, que faculta a la autoridad para revocar el permiso de residencia a un extranjero en determinados casos, perfectamente descritos en el informe. Por ejemplo, dice: “Son actos que dan lugar a la revocación del permiso: Aquellos que la ley chilena califique como delitos contra la seguridad exterior, la soberanía nacional, la seguridad interior o el orden público del país, o que sean contrarios a los intereses de Chile o constituyan un peligro para el Estado.”
No cabe duda de que ellos han cometido infracciones al orden público, que, en un régimen democrático, se basa en el respeto cabal e íntegro de los derechos humanos de todos los habitantes. No es un orden que se imponga sobre la libertad de los individuos, sino que se construye -según la Constitución que nos rige- a partir del respeto de esas libertades, y quienes atenten grave y permanentemente contra los derechos de otros, también atentan contra el orden público.
En segundo lugar, procede la revocación del permiso de residencia cuando se ejecuten actos contrarios a la moral o a las buenas costumbres. Quiero recordar que el actual Gobierno expulsó del país a una secta dirigida por un ciudadano peruano, precisamente porque se denunció que allí se mantenían relaciones promiscuas. Considero que hay antecedentes más que suficientes para señalar que en la ex Colonia Dignidad se practican -como lo señala el informe- acciones contrarias a la moral y a las buenas costumbres
De manera que estimo que hay sobradas razones para que el Gobierno proceda a revocar el permiso de residencia.
Por otra parte, el Nº 5 del artículo 66 del decreto ley Nº 1.094 establece que también puede revocarse el permiso de residencia cuando se realicen actos que puedan significar molestias para algún país con el cual Chile mantenga relaciones diplomáticas o para sus gobernantes. Quiero señalar que las autoridades alemanas han manifestado en forma reiterada al Gobierno chileno -por lo menos después del retorno a la democracia, e incluso durante el gobierno militar cuando era Ministro de Relaciones Exteriores don Hernán Felipe Errázuriz - el problema que se les generaba, por el hecho de que nacionales alemanes vivieran en una condición de permanente violación de sus derechos.
Hay un informe del Bundestag -el Parlamento alemán- donde constan las declaraciones de las personas que se fugaron de la ex Colonia Dignidad. Incluso, el doctor Hopp concurrió a defenderla. Ese informe está en poder de la Comisión y lo pueden consultar quienes deseen hacerlo. En él se revela el interés del Gobierno alemán y de todas las fuerzas representadas en su Parlamento por poner término a esa situación.
Además, en Alemania existe una asociación de familiares de personas que viven en la ex Colonia, quienes nunca más han podido tomar contacto con ellos; les han perdido el rastro, como le ocurrió a la madre de Tobías Müller: una vez que lo envió a la ex Colonia Dignidad, no pudo tomar contacto con él durante 14 años. En consecuencia, las relaciones entre Chile y Alemania están atravesadas por el problema de la ex Colonia Dignidad.
Deseo dar un testimonio personal que algunos parlamentarios pueden ratificar.
Cuando fui Presidente de la Cámara , me tocó presidir una delegación, invitada por el Bundestag -algunos parlamentarios aquí presentes, pertenecientes a todos los partidos, me acompañaron-, y desde que nos sentamos con su Presidenta , la señora Rita Süssmuth, del Partido Demócrata Cristiano, no paramos de hablar sobre el tema de la ex Colonia Dignidad, con parlamentarios de todos los partidos representados en el Bundestag y, después, con el Canciller Helmut Kohl . Es decir, esto no es algo abstracto, sino una realidad.
Asimismo, se puede expulsar del país a las personas que no cumplan sus obligaciones tributarias. Está más que probado que existen problemas tributarios con las empresas anexas a la ex Colonia Dignidad.
Ahora, si alguien tuviera reparos basado en los tratados internacionales sobre derechos humanos, puede consultar la parte pertinente del informe. Además, disponemos de los informes en derecho que hemos recibido respecto de lo que prescriben esos tratados.
En síntesis, la Convención sobre condición de los Extranjeros, que Chile ratificó en 1932, prevé, en su artículo 6º, la posibilidad de expulsión “por motivos de orden y seguridad pública”. Un concepto similar contiene el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que añade como causal la protección de la salud, la moral pública y los derechos y libertades de terceros.
La única restricción que establecen los tratados internacionales en esta materia, es que la expulsión se decrete conforme a la ley -en Chile existe la ley-, y que exista la posibilidad de un recurso judicial -en Chile también existe ese recurso judicial-.
En otras palabras, ¿cómo operarían el Ministro del Interior , el Intendente Regional o el Gobernador ? Notifica la cancelación del permiso de residencia y confiere un plazo de 72 horas para que las personas abandonen el país. Los afectados pueden reclamar directamente a la Corte Suprema dentro de 24 horas, que decide dentro de quinto día. O sea, en Chile existen todas las garantías para que esto se ajuste perfectamente a derecho.
¿Por qué a la Comisión, en forma unánime, le ha parecido que ésta es una medida acertada? Porque si vemos la lentitud con que actúan los servicios policiales y las dificultades para capturar a Paul Schaeffer , ¿cómo podemos provocar una transformación de la comunidad de la ex Colonia Dignidad? Si Paul Schaeffer está en una situación clandestina, si el doctor Hopp está preso y si el Gobierno decide expulsar a los principales dirigentes que lo sustituyen, se podrían crear las condiciones para que los demás colonos evolucionen hacia una forma de vida completamente normal, respetando los derechos de las personas y los principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico.
En ese proceso de transición, que no será fácil, el Gobierno alemán ha ofrecido su asistencia técnica. Por su parte, las autoridades chilenas tendrán que asumir su responsabilidad y, es probable que la iglesia metodista, que tuvo alguna relación con esa comunidad en el momento de formarse, podría jugar un papel importante, tal como se estableció en sus estatutos originales.
Es posible que alguno de los diputados presentes considere que expulsar a esta gente -no nos referimos, por cierto, a los trescientos, sino que a no más de quince dirigentes- resulte una medida drástica. Sin embargo, creemos que no existe otra posibilidad para avanzar en la solución del problema.
Hemos sido prudentes. En primer lugar, hemos dicho que la medida sólo debería afectar a los dirigentes, no más de quince, y, en segundo lugar, los acusados de cometer delitos graves -como Paul Schaeffer o el doctor Hopp-, que merezcan pena aflictiva, primero tendrían que responder por sus delitos, y después debería procederse a su expulsión del país.
Pero, el problema no es de individuos -llamamos la atención sobre eso-, sino de un colectivo que es preciso transformar, lo cual no se puede lograr sin respetar los principios democráticos. Por tanto, hay que inducir y realizar acciones conducentes a que se produzca un cambio desde el interior de la propia colonia.
Por eso, si se sanciona con la expulsión a los principales dirigentes, el resto de los colonos buscará una fórmula adecuada con las autoridades chilenas, con su embajada, conforme a su propia voluntad, para definir una forma de vida, que puede ser comunitaria, pero ajustada a los principios éticos y legales del ordenamiento jurídico chileno, que respete las normas de orden público de carácter económico y no incurra en infracciones tributarias o aduaneras o burle las leyes laborales y previsionales.
El tema es todavía más grave si pensamos que hay niños en la ex Colonia Dignidad. No quiero entrar en él, porque será informado en su momento por la Comisión de Familia; pero la autoridad no puede permanecer impasible o, simplemente, remitir los antecedentes a los tribunales, ya que, repito, los procesos además de lentos, son puntuales y pueden concluir con una medida precisa, relacionada sólo con un aspecto, sin incidir en el colectivo, el que continuará inalterado, como ha pasado por más de 30 años en nuestro país.
Termino diciendo que, cuando empezamos este trabajo -que esperamos que haya concluido definitivamente en el caso de nuestra Comisión- lo hicimos con el espíritu de encontrar la verdad y no con el del prejuicio; ni siquiera con el de una determinada objeción o ángulo político, sino que tratamos de decir: ¿Qué pasa allí realmente? ¿En qué podemos contribuir para que la situación cambie? Y hemos encontrado una verdad que hoy -quiero ser muy claro en esto-, nadie puede negar: allí se violan importantes derechos de sus propios miembros y no creo que se pueda invocar principio alguno para justificar esa conducta. Podrá haber discrepancia entre nosotros -aunque no las hubo en la Comisión cuando se votó el informe- sobre las medidas que hay que adoptar para que esto cambie. No vislumbramos otra más que ésta. Alguien insinuó la posibilidad de interponer un recurso de amparo preventivo, según una disposición de la Constitución. Ciertamente, se puede hacer; lo puede hacer cualquier ciudadano, cualquier diputado presente en la Sala; pero a la Comisión le pareció más efectivo que esta Corporación recomendara al Gobierno la expulsión de los principales responsables de los hechos, porque ese problema se puede resolver en no más de diez días.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner.
La señora WÖRNER.-
Señora Presidenta , luego de cuatro meses, concluye el trabajo de la Comisión Investigadora encargada de velar por el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por la honorable Cámara de Diputados en relación con la ex Colonia Dignidad.
Durante ese tiempo, y en forma simultánea con el trabajo de la Comisión, tanto el Poder Judicial como instituciones del Estado han continuado avanzando en las investigaciones dentro del ámbito de sus competencias, arrojando importantes resultados. Tanto es así, que a nadie le pueden caber dudas de la decidida voluntad política de los gobiernos de los Presidentes Aylwin, primero, y Frei , después, y de esta Corporación, para establecer la verdad de ese enclave y poner fin a sus irregularidades.
Estos avances han permitido hablar sin tapujos y ponerle a las cosas su verdadero nombre, lo que es sano para la sociedad y bueno para entender el porqué de las medidas que se están aplicando, como también de las recomendaciones que el informe de la Comisión Investigadora da cuenta en esta ocasión a la Sala.
Está claro y probado que la ex Colonia Dignidad constituye una secta donde viven, en una muy particular forma de comunidad, poco menos de 300 personas; que su sistema de vida es distinto del que nuestra sociedad conoce y practica como núcleo familiar, y que todo gira en torno a la figura de Paul Schaeffer , prófugo de la justicia chilena, bajo cuyas órdenes se desenvuelve toda la existencia de esas personas.
Podríamos llegar a aceptar ese particular sistema de vida en comunidad si se tratara de una decisión voluntaria y soberana, consciente y libre, de todos los integrantes de esa secta. Tendríamos que aceptar que eso corresponde al ámbito de lo privado y que, como tal, habría que respetarlo. Pero eso no es así.
En el enclave, conocido como ex Colonia Dignidad, se ha comprobado el sometimiento de los llamados colonos -se agregan algunos chilenos que llegaron allí a temprana edad-, y se excluye a no más de una veintena que tienen responsabilidades como dirigentes. El resto está en cautiverio y se les vigila permanentemente, obligándoseles a vivir en el interior del enclave, rodeado de alambradas y sin comunicación con el exterior. Se les coarta las libertades de opinión, de desplazamiento y de información. Se les somete a jornadas de trabajo obligatorio desde niños, sin ninguna compensación económica, sin horario ni vacaciones. Sólo recientemente a algunos pocos se les realizan las cotizaciones previsionales.
A eso se suman los abusos sexuales a menores y la esclavitud de todos para el enriquecimiento de unos pocos.
Todo lo anterior, indudablemente, motivó que el Estado chileno, desde 1968, se abocara a investigar, sancionar y poner término a esta situación. La materialización de ese propósito quedó suspendido durante 17 años.
Efectivamente, Paul Schaeffer y su secta no sólo no tuvo sobresaltos durante el período de dictadura militar, sino que gozó de impunidad como pago por la cooperación que brindó a los servicios secretos para que en sus instalaciones se recluyera a chilenos, se les sometiera a tormentos síquicos y físicos que hoy arrojan un buen número de detenidos desaparecidos.
Retomada la democracia, se ha vuelto a buscar las vías, dentro de nuestro estado de derecho, para poner término a esta situación. Ello comienza con el decreto de Justicia, de 1991, que pone término a la personalidad jurídica de la ex Colonia. Por lo tanto, nadie puede desconocer la voluntad política de los últimos dos gobiernos democráticos chilenos en cuanto a subsanar esta situación.
Como bancada del Partido por la Democracia, apoyamos las conclusiones del informe de la Comisión y solicitamos al Gobierno implementar sus recomendaciones. Las sociedades chilena e internacional, interesadas en este tema, no entenderían otra actitud. Por cierto, todo eso dentro de nuestra normativa legal, porque, frente a estos hechos, es distinta la actuación de un Estado en un sistema donde impera el derecho que en otro dictatorial, que hace y abusa.
Procede decir que la prolongación de este enclave durante tres décadas está directamente vinculado a la historia política de nuestro país. Recordemos que Paul Schaeffer y sus seguidores llegaron a Chile al inicio de la década de los 60, y ya en 1967, el entonces Senador don Patricio Aylwin denunció su extraño actuar y pidió acciones concretas al Gobierno. A esa petición sucedieron dos décadas de profundos conflictos sociales y políticos, y durante 17 años -como dije- Schaeffer fue amparado o protegido, pagando con cooperación su propia impunidad.
Pero, la situación ha cambiado en la actualidad y es estrictamente necesario dar respuestas a la comunidad nacional e internacional.
Por otra parte, no es posible afirmar hoy, livianamente, que las recomendaciones de la Comisión Especial, cuya aprobación solicita a la Sala, corresponden a una actuación parcial, antojadiza o discriminatoria; que no tienen asidero y que son consecuencia de la xenofobia de un grupo pequeño. Por el contrario, la opinión pública nacional no entiende totalmente la demora en desactivar el enclave, sobre todo si se compara la situación con las acciones judiciales y policiales tendientes a buscar y detener a un ciudadano común y corriente sindicado como presunto responsable de un delito cualquiera. El desconcierto colectivo se justifica como una aparente debilidad del Gobierno y de los políticos. Eso hasta aquí no nos preocupa, porque la situación y los hechos han impuesto, como exigencia, la prudencia. Sin embargo, hoy ya no hay ninguna razón para no actuar.
Por lo tanto, nos complace la resolución de la Excelentísima Corte Suprema que ordenó extender la competencia del Ministro González para investigar la desaparición de 112 chilenos. Pero, nos preocupan, entre otras cosas, las presunciones fundadas para afirmar que allí ha habido suplantación de parto, adopciones y legitimaciones poco claras, además de las denuncias de lugareños de haber recibido los restos de sus hijos fallecidos recién nacidos en féretros sellados. ¿Habrá alguna cruel coincidencia entre las adopciones y legitimaciones allí celebradas en relación con esos fallecimientos? ¿Será necesario exhumar esos restos y constatar la veracidad de los fallecimientos? Aún más, ¿qué justificación tiene que se haya solicitado inscribir nacimientos recurriendo a la comprobación del parto por medio de testigos, en algunos casos, después de 10 años de ocurridos?
La Comisión trató, seriamente, de conocer a fondo estas extrañas situaciones que involucran, a lo menos, a 17 menores. Lamentablemente, no tuvo esa posibilidad, puesto que tanto el doctor Hopp como un abogado asesor de Paul Schaeffer declinaron aceptar la invitación a declarar, impidiendo así una mayor prolijidad de su trabajo.
La medida de expulsión que la Comisión recomienda está directamente vinculada a la responsabilidad del Estado chileno de resguardar y garantizar no sólo la dignidad de los nacionales, sino también de los extranjeros residentes. Una de sus obligaciones es proteger a los extranjeros residentes contra delitos que amenacen su vida, libertad, propiedad u honor. Por lo tanto, de acuerdo con el derecho interno -pero también con el internacional-, está obligado a resguardar las garantías de dichos extranjeros.
En la situación que tratamos, el Estado tiene la obligación de actuar. No hacerlo para proteger a quienes permanecen prisioneros de esta secta, lo expone a acciones judiciales en su contra, conforme al derecho internacional. Por otra parte, según las normas de dicho derecho, es lícita la expulsión por existir pruebas públicas de “motivos suficientes” para ella. Siendo la expulsión de extranjeros una medida de la policía de seguridad y no una pena, cabe, en beneficio individual de los afectados, el control judicial específico, conforme al artículo 89 de la ley de Extranjería, y los controles judiciales genéricos a través del recurso de protección o de amparo. Por consiguiente, se trata de una medida absolutamente distinta a la arbitraria y antojadiza que aplicó el régimen dictatorial contra chilenos, vulnerando cualquier garantía individual.
Por último, debo precisar que en la otrora Colonia Dignidad, junto con la violación sistemática de los derechos fundamentales de sus integrantes, a la cual debe ponerse término y sancionar a los responsables, está también pendiente la suerte de muchos chilenos detenidos desaparecidos. Para todos esos atropellos e infracciones no hay amnistía ni prescripción, puesto que se trata de delitos de lesa humanidad.
Termino declarando que la bancada del Partido por la Democracia dará su aprobación al informe de la Comisión y manifiesta su complacencia por el exitoso trabajo de los servicios policiales y del ministro en visita, señor Hernán González .
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señor Presidente , hoy, al igual que a fines de la década de los sesenta, está honorable Cámara se ha visto en la obligación de tener que investigar a la ex Colonia Diginidad, conocida actualmente como “Villa Baviera”, nombre que habría sido sugerido por el propio general en retiro Manuel Contreras , según declaraciones vertidas por su hijo en la revista “Caras”.
¿Una extraña coincidencia o un ejemplo de la estrecha vinculación existente entre la policía secreta del general Pinochet y esta supuesta institución de beneficencia? Pero hoy no me referiré a este tema, porque se requeriría de una sesión especial para abordarlo.
Al empezar mi exposición, quiero hacer un poco de historia. Tengo en mis manos una copia de la revista “Aquí está”, de 1967, en la cual se da cuenta de la fuga del joven de aquel entonces Wolfgang Müller Lilieschkies , quien ya en esa época denunciaba que en Dignidad se cometían actos de sodomía, bestialidad y flagelaciones, y acusaba a Paul Schaeffer de haberlo pervertido cuando él tenía sólo 13 años.
Quienes hoy defienden a Colonia Dignidad, ¿pueden decir que ignoraban tan graves acusaciones vertidas sobre ella? Más aún, cuando en aquella época se hizo la denuncia correspondiente, a través de la causa N° 23.698, hoy sospechosamente extraviada, ¿puede sostenerse que no había fundamentos plausibles para dudar de la credibilidad de esta institución?
Más todavía, cuando Wolfgang Müller Lilieschkies , en esta misma publicación indica que se iban a fugar junto a él su cuasi tocayo Wolfgang Müller Arens y Harmut Hopp , quienes ya sufrían de Paul Schaeffer los mismos abusos y prácticas sodomíticas. ¿Puede el tiempo haberlos acostumbrado a estas prácticas a tal punto de llegar hoy a defender y encubrir a Paul Schaeffer ?
Después de 30 años, sólo hoy hemos tenido noticias de Wolfgang Müller Arens , cuando acusó recientemente al fugado Tobías Müller de tener desviaciones homosexuales. En cambio, de Harmut Hopp son más antiguas, pues durante los últimos años ha sido nada menos que el director del hospital de “Villa Baviera”.
¿Cómo durante 30 años hubo tantas autoridades que no advirtieron esta situación y en los hechos permitieron durante todo este tiempo, ininterrumpidamente, que esto ocurriera ahí?
¿Cuántos niños, cuánto dolor podría haberse evitado si el país no se hubiese negado a creer en los gritos de auxilio que se vertían en los distintos testimonios de quienes en aquella época clamaban justicia frente a las aberraciones cometidas en su contra?
¿Qué le pasó al país en aquel entonces, que se cerró y se negó a hacer justicia? ¿Qué grandes intereses hubo que hicieron sucumbir las denuncias del entonces Senador Patricio Aylwin , las que ni siquiera fueron tomadas en cuenta?
¿Puede hoy sostenerse que el ahora doctor Hopp desconocía lo que hacía Paul Schaeffer durante estos 30 años, más aún cuando ahora éste se encuentra procesado como autor del delito de abuso deshonesto en menores y Hopp como su encubridor?
¿Puede alguien pretender separar la supuesta obra social de la destrucción y erosión, del vejamen y deterioro sicológico y físico de quienes se pretende ayudar?
Cuando se instaló en Chile la Colonia Dignidad se dijo, según sus propios estatutos, que su objeto era prestar ayuda a la niñez y a la juventud necesitada, a los niños y jóvenes huérfanos, vagos y desvalidos en general, especialmente a los de las provincias afectadas por el sismo de 1960, mediante una educación en un ambiente física y moralmente sano, dándoles instrucción moral, escolar, técnica y agrícola, a fin de que puedan labrarse una vida digna.
¿Podría pensarse ahora que quienes fueron perseguidos en Alemania por los mismos delitos por los que hoy se les cuestiona en nuestro país, pudieran tener aquí un comportamiento distinto para con nuestra población del de aquel entonces?
¿Cómo este país pudo ser tan ingenuo en aquella época, y a lo largo de varios años, o estar tan comprometido, al punto de sobreponer oscuros intereses a los propios de un Estado, cuales son garantizar los derechos individuales de quienes ahí habitan?
Pregunto a esta Sala: ¿Cómo puede coexistir un ánimo benéfico con la perpetración reiterada de delitos tan graves como abusos deshonestos, corrupción de menores, secuestros, obstrucción a la justicia, fraudes aduaneros, estafas, simulación de contratos, delitos tributarios, adopciones irregulares, suplantación de personas y tantos otros procesos delictuales que se siguen en nuestros tribunales? ¡Y pensar que todavía existen altas autoridades que los siguen defendiendo!
Tal vez sea comprensible que personas con poca o escasa preparación puedan ser engañadas; pero, ¿cómo puede entenderse que gente preparada, empresarios, miembros del Poder Judicial , de las Fuerzas Armadas y policiales, legisladores, también puedan ser engañados?
¿Qué información tienen o guardan los miembros de la ex Colonia Dignidad que los lleva a seguir defendiéndolos? Es algo que resulta inexplicable ante los ojos de la opinión pública. ¿No será que a través de la información tan secreta y poderosa reunida a lo largo de estos 30 años se ha formado una verdadera red de protección? ¿Habrá operado aquí una presión tan grande, tan intensa, que hoy puede sostenerse sin miedo, que han sido chantajeados quienes hoy la siguen defendiendo? ¿Qué otros delitos o situaciones irregulares deben ocurrir allí para que estas personas reaccionen o abran los ojos?
Hoy se habla de operaciones misteriosas, de experimentos humanos, de entierros de menores, que no se sabe si están vivos o muertos, según relatan sus propios padres. Con todo lo que ha ocurrido y sabemos, ¿podría alguien en esta Sala rechazar categóricamente esas afirmaciones sin faltar gravemente a la verdad y a su conciencia? ¡Creo que no!
Aún más. Muchos ya pensamos y creemos que esto y mucho más es posible por parte de esa oscura sociedad benéfica. A lo mejor, podemos mantener opiniones discrepantes en torno a la ex Colonia Dignidad y su vinculación con el régimen militar y las graves violaciones a los derechos humanos allí ocurridas. Pero hoy, ante las reiteradas denuncias de abusos deshonestos de menores que han llevado a su principal responsable a estar prófugo de la justicia, ¿podría-mos seguir teniendo visiones distintas?
Del análisis que realizó la Comisión investigadora se ha constatado la existencia al interior de la ex Colonia Dignidad de un gran número de armas, todas las cuales son de grueso calibre y no pueden estar destinadas sólo a la defensa personal. Cabe preguntarse, ¿por qué una entidad de beneficencia necesita disponer de armas para defenderse? Y de ser así, ¿de qué? ¿Cuál es la razón que justifique su belicosidad y abundancia? ¿Acaso el Hogar de Cristo u otras instituciones de beneficencia de nuestro país necesitan de armamento para llevar a cabo su labor social?
También en la Comisión constatamos que gran parte de los escasos nacimientos que se registran al interior de la ex Colonia Dignidad se inscribieron sin prestar el respectivo certificado de parto, acreditándose sólo con la presencia de testigos, que, según las propias declaraciones de la Directora Nacional del Registro Civil, se repitieron en la mayoría de los nacimientos. ¿Cabe preguntarse si este inusual método no se habrá usado con la finalidad de que fueran inscritos niños chilenos como hijos de los miembros de la ex Colonia Dignidad?
Esta sospecha cobra aun más fuerza si se toma en consideración el hecho de que muchos de estos nacimientos se inscribieron hasta diez años después de nacidos los menores. Y si se toman en consideración las nuevas denuncias que se han hecho a la justicia por parte de madres que, teniendo un embarazo sano y sin complicaciones, al ir a tener a sus hijos al hospital de Villa Baviera, se les dijo, sin exhibirles el cuerpo sin vida de sus hijos, que éstos habían nacido muertos.
Resulta paradójico que siendo la educación uno de los objetivos principalísimos de esta supuesta institución de beneficencia, ninguno de los hijos de los colonos haya revalidado sus estudios desde 1961 a la fecha. Sin embargo, existen testimonios que a los menores se les hace trabajar sin horario desde los 12 años. ¿No constituyen estos hechos una flagrante violación a los derechos de estos niños? ¿No repugna esto a nuestra institucionalidad democrática y, a su vez, protectora de los derechos individuales, especialmente cuando éstos recaen sobre los menores?
De la misma forma, en esta institución no existe organización de la vida familiar y comunitaria, tampoco libertad de información ni de comunicación, menos libertad de circulación y de movimiento de los habitantes de Villa Baviera, ni siquiera al interior de su propio predio.
A sus jóvenes tampoco se les permite cumplir con el servicio militar, pero sí se les instruye al interior con preparación paramilitar. ¿Estamos ante una sociedad benéfica o militarizada?
¿Qué balance positivo, después de más 30 años, podríamos hacer de la existencia de la citada ex Colonia Dignidad? ¿Qué ha dejado en nuestro país? ¿Qué beneficios ha prestado a los habitantes de la república que amerite su existencia? Se dice que su hospital presta beneficencia a la comunidad. Hoy, frente a los testimonios, hemos sabido que ha servido para aplicar torturas a base de electricidad, para extracción ilegal de órganos, para experimentar con seres humanos, para obligar a abortar a nuestras mujeres. ¿Qué clase de hospital es éste, que hiere y daña a la comunidad que pretende servir? ¿De qué escuela hablamos, si sabemos que se ha abusado de muchos de los niños que asisten a ella? ¿Dónde está el ambiente físico y moralmente sano que dicen propiciar sus estatutos? ¿Dónde está la instrucción moral para que puedan labrarse una vida digna?
También sabemos que quien ostenta el cargo de director de ese centro hospitalario se encuentra detenido y procesado como encubridor del delito de abuso deshonesto contra menores. ¿Puede el doctor Hopp dar garantías a una familia respecto de la atención que se puede brindar a sus hijos?
Finalmente, dentro de esta evaluación no quiero olvidar el caso de los 112 detenidos en la ex Colonia Dignidad, que hoy están desaparecidos. El hecho de que exista bajo el dominio de la ex Colonia Dignidad un hospital y un cementerio, ¿no crea acaso una duda razonable en torno al modo en que dichos chilenos desaparecieron?
Respaldo plenamente las conclusiones de la Comisión investigadora, pues ellas representan un paso fundamental para desbaratar esta oscura institución que durante más de 30 años ha violado, en forma reiterada y sistemática, las leyes chilenas.
Estoy cierto de que este paso permitirá que muchos de los que viven allí, que son inocentes, recuperen, junto a su libertad, su dignidad. Vamos a permitir que muchas familias chilenas pongan fin a los años de horror que les ha tocado vivir junto a sus hijos, quienes, probablemente, jamás podrán borrar las secuelas que Schaeffer, sus seguidores y aquellas autoridades que, con su silencio cómplice, han dejado en ellos.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Señor diputado , se ha excedido en dos minutos de su tiempo.
Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda.
El señor OJEDA .-
Señor Presidente , hace más de 30 años que esta institución seudobenefactora viene subsistiendo al margen de nuestra legalidad y prescindiendo de ella. Más que ello, violentando e infringiendo abierta y brutalmente los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico, sin que su existencia haya significado para el país un real aporte, porque esta institución no se ha integrado a la comunidad nacional; está aislada y dirigida por líderes que ejercen poderes extraestatutarios sobre sus miembros.
Cabría preguntarse, ¿cómo esta institución ha podido mantenerse en el tiempo si es pública y notoria su transgresión a la ley? Si constantemente ha estado en odiosas fricciones con las autoridades y organismos públicos, ¿tanto poder tienen estos señores que siempre logran salir airosos? ¿Cómo es posible aceptar una institución que ha sido un verdadero Estado dentro de otro, o bien, un grupo simplemente de hecho que desafía nuestro férreo y hermético ordenamiento institucional? ¿Acaso no es grave la violación abierta de los derechos de la persona humana como tal, como ha quedado demostrado en las diversas investigaciones realizadas en la Cámara de Diputados y en los tribunales de justicia?
Nada ni nadie ha atentado tanto como esta ex colonia contra los sagrados principios insertos en nuestro derecho, como son el orden público, las buenas costumbres y el orden social y familiar. ¿Cómo ha logrado mantenerse a través del tiempo un enclave que es consustancialmente adverso a toda la organización moderna e institucionalizada en nuestro país? ¿Quién la protege? ¿Hay redes de protección que la amparan?
La ex Colonia Dignidad o Villa Baviera tiene sus propias reglas o, dicho en forma distinta, en ella no tienen aplicación las normas que fluyen de la racionalidad, de la voluntad humana y de las instituciones encargadas expresamente de dictar la ley, sino sus propias leyes y normas. Las normas de conducta, jurídicas, morales y religiosas no fluyen de la decisión de la comunidad; un grupo de señores las crean a su conveniencia y antojo. El jefe de la comunidad, el señor Paul Schaeffer , logra configurar su propia religión y él es el dios.
Tal como se sostiene, lo que es una verdad incontrarrestable, desde la cancelación de lo personalidad jurídica, la organización de la familia y el desenvolvimiento de la vida comunitaria de la Villa Baviera no ha experimentado ninguna modificación. Hay una burla y un desacato a las medidas adoptadas tanto por el Gobierno y los tribunales de justicia, como también a las decisiones del Congreso Nacional.
Es grave que la familia no esté constituida conforme lo consagra nuestra Carta Fundamental; es grave que se requiera la autorización de los dirigentes para la celebración de un matrimonio; es grave que los hijos, apenas nacidos, sean separados de sus padres para que los atiendan extraños a ellos.
Es inexplicable que la vida comunitaria no sea tal, sino segregada, donde las mujeres y los hombres viven separados, como también los niños y las niñas respecto de éstos. Es contra natura la prohibición de relacionarse entre sí y que no puedan realizar actividad social de ninguna naturaleza sin previa autorización de los líderes.
No puede ser considerado el sexo como tema tabú y que sea reservado como un privilegio sólo para los líderes y jefes de esta secta, alterando y contraviniendo el ordenamiento social y los fines propios de la procreación.
Coarta el desarrollo de la persona que carezcan de acceso a la información por la radio, prensa y televisión; que ningún medio informativo esté al alcance de los colonos y de sus hijos, y que no puedan recibir o enviar correspondencia sin ser previamente revisada y censurada por los dirigentes de la colonia. ¡Claro que es aberrante que los colonos y sus familias sean severamente castigados si envían cualquier información al exterior! Esta colonia tiene su propias formas de castigo.
La prohibición de circular libremente y desplazarse en los terrenos de ella es una abierta contradicción a la libertad de transitar que consagran las garantías constitucionales, y los colonos no deben estar cuidados, vigilados ni fiscalizados.
No puede mantenerse un sistema de educación que no entrega educación a los niños ni a los jóvenes, y que no les asegure, a través de una efectiva enseñanza, un desarrollo personal que les permita mejores expectativas de vida, en el futuro, porque realizan oficios que nos les significan ascender en su medio o en el contexto de la misma sociedad.
¿Cómo es posible aceptar que, estando dentro del territorio nacional, de nuestro Chile, no den cumplimiento a las leyes ni a los deberes que les impone el Estado y la nación chilena, como hacer el servicio militar, pagar los impuestos y aranceles aduaneros, cumplir con sus obligaciones tributarias y llevar correctamente y al día sus libros de contabilidad?
Ha quedado de manifiesto que la familia como tal no existe en esta villa. No hay libertad de movimiento, de información, de enviar o recibir correspondencia, de trabajar por una remuneración justa, de ajustar las relaciones jurídicas al libre albedrío, de elegir libremente la educación y, lo que es peor, se permite la indignidad por la comisión de delitos atentatorios contra el honor de las personas, como la sodomía y los abusos deshonestos de los que han sido acusados conocidos líderes de la colonia por sus numerosas víctimas, entre ellos muchos niños. Uno de ellos, Paul Schaeffer , es un prófugo de la justicia, ya que, ante la evidencia de su culpabilidad, elude la acción de los tribunales de justicia.
El Estado chileno tiene dentro de sus fronteras un vacío, un espacio ajeno de 16 mil hectáreas, un vacío de ley y de orden institucional, donde no tiene aplicación el principio de la territorialidad de la ley que prescribe, en el artículo 14 de nuestro Código Civil, que la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso los extranjeros.
Las infracciones de estos señores nos lleva a incumplir los tratados internacionales que hemos aceptado y que los dirigentes de la ex colonia transgreden.
Señor Presidente , la gravedad de los hechos nos lleva a observar cómo la mayor parte de los habitantes de ese enclave son engañados; mantenidos en un mundo ficticio, creado artificialmente; formados con las limitaciones que se han señalado, haciendo creer a los hombres y mujeres que esa vida es la mejor y que no hay otra, y que todos los que los rodean son enemigos.
El Estado chileno debe actuar conforme a los instrumentos propios para terminar con esta situación, por lo que es conveniente concretar los acuerdos de la Comisión y aplicar, con todo el rigor y la fuerza que da el cumplimiento de la ley, las medidas que tiendan a terminar con dicho enclave.
Esa comunidad humana puede integrarse perfectamente a nuestra sociedad, costumbres y orden jurídico, No nos teman, porque la sociedad de nuestra República tiene valores y virtudes que deben conocer y saber apreciar, que no son otros que ...
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Señor diputado, se ha excedido del tiempo de su Comité.
El señor OJEDA .-
... la solidaridad, la unidad, la fraternidad y el amor, que es la energía que ha impulsado el desarrollo y la maduración del hombre en sociedad. En esa villa, de acuerdo con los antecedentes sobre lo que allí ocurre, no están esos valores, los cuales se encuentran fuera de las alambradas.
Por eso, soy partidario de revocar los permisos de residencia o permanencia de esas personas en el territorio nacional y de que debe procederse a la expulsión del país de los líderes que han transgredido abiertamente la ley, la Constitución Política del Estado y los tratados internacionales.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
El señor diputado ocupó diez minutos.
Tiene la palabra el Diputado señor Ceroni, por dos minutos y medio.
El señor CERONI.-
Señor Presidente, lo que estamos discutiendo es un tema de gran importancia, particularmente para la zona.
Jamás ha habido aquí una persecución en contra de esas personas, y lo digo porque ése es el argumento que siempre utilizan para defenderse. Por el contrario, ha habido el ánimo de establecer el orden jurídico en ese lugar, a fin de que se respeten los derechos de las personas.
Es importante expulsar a un grupo de sus dirigentes, porque son los que permiten que exista una organización que sojuzga a los integrantes de dicha colonia y los priva de sus derechos más elementales; pero también es importante, para terminar con un tipo de organización perniciosa que permite -lo que en mi opinión es muy grave- que Paul Schaeffer cometa delitos. Si ella no existiera, él no tendría las herramientas para cometer los delitos en que ha incurrido, no podría ocultarse ni tendría los medios para llevar y encantar a tantos niños víctimas de sus ilícitos penales. Por eso es tan importante la recomendación de expulsar a los líderes de la ex Colonia Dignidad, porque con ello se termina con una organización nefasta, que ha protegido el crimen en esa zona y que hoy, como en 1968, ampara a un fugitivo de la justicia. Por ello, es un tema de tanto interés y que concita la atención del Parlamento y de las autoridades. En consecuencia, con vehemencia, apoyo la expulsión de esos líderes.
He dicho.
El señor ROCHA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Gabriel Ascencio.
El señor ASCENCIO.-
Señor Presidente , no cabe duda alguna de que esta Comisión especial pudo reunir antecedentes que, sumados a los que otros organismos públicos y privados han logrado sacar a luz, nos permiten afirmar que lo que queda de la ex Colonia Dignidad se acerca más a una asociación ilícita que a una asociación benéfica, la que, si bien no ha expandido en forma significativa el número de personas sobre las cuales hace sentir directamente el peso de su triste acción, ha provocado daños de gran profundidad en aquellos que confiadamente se acercaron a ella engañados por su apariencia.
El resultado del trabajo de esta Comisión nos permite destacar, por lo menos, dos hechos, a los que quiero referirme.
En primer lugar, ha resultado clave para avanzar en el conocimiento total de lo que es realmente la ex Colonia Dignidad, las acciones emprendidas por los gobiernos del Presidente Patricio Aylwin -quien ordenó la cancelación de su personalidad jurídica- y del Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle , que ha impulsado decididamente las medidas que hoy intentan restablecer allí el imperio del derecho.
Así hemos avanzado hacia la verdad de lo que ha ocurrido dentro de esas miles de hectáreas. Así también deben saberlo todos quienes hoy se refugian en la impunidad, quienes se marginan del imperio de la ley y quienes gustosos formaron parte de su red de protección. Los pasos que se han dado van en la dirección correcta y nos permitirán no sólo conocer la verdad para traer tranquilidad a quienes hasta hoy viven al interior de este régimen tan reñido con nuestro marco institucional, sino también el justo castigo a quienes se les logre demostrar su culpabilidad.
El Gobierno, con su cometido, está evitando que continúen ocurriendo fraudes tributarios; que haya personas que sigan burlando la normativa vigente respecto del servicio militar; que los niños no puedan ejercer su derecho a la enseñanza básica obligatoria, y que existan personas que ejerzan ilegalmente profesiones médicas o paramédicas. Más aún, con su decisión, el Gobierno está logrando que muchos menores puedan librarse de verse expuestos a abusos deshonestos o a prácticas sodomíticas o que otros tantos se vean injustamente separados de sus familias e integrados a un sistema de vida que, más que a la plenitud, parece conducir a la enajenación.
Un segundo aspecto que merece ser destacado es que hoy, gracias a los antecedentes reunidos y a las acciones que los distintos Poderes del Estado han venido realizando, nos encontramos posibilitados para tomar las decisiones que hace ya mucho tiempo se debieron adoptar.
¿Qué más podemos esperar? ¿Qué otro horror necesita quedar al descubierto para que nos decidamos a actuar? ¿Es que acaso hay un solo chileno que aún no tenga una firma convicción sobre el atentado al respeto de los derechos humanos que significa la existencia de esta asociación enquistada en nuestra Séptima Región?
Probablemente, la convicción está formada, pero hay quienes no cuentan con la suficiente independencia para decidir con libertad sobre este asunto. Estoy pensando en aquellos compatriotas que se han visto, por decisión propia o por omisión, involucrados en muchos de los oscuros asuntos que han ocurrido al interior de esas alambradas. Son quienes tiene relación con los prisioneros políticos que sufrieron torturas e, incluso, que fueron ejecutados en Parral o en Santiago; son quienes permitieron, o al menos no evitaron, que se entregaran a los miembros de la ex colonia niños en adopción en irregulares condiciones; son quienes conocieron, y nada dijeron, de los abortos que, según los testimonios recogidos por la Comisión, se obligó a practicar a integrantes de la colonia. Quizás tampoco son independientes quienes vieron en Villa Baviera un sitio solaz, idílico para reflexionar sobre aspectos de alta política o alta filosofía, soñando con obtener lecciones sobre moral, pero que ignoraron, porque no vieron o no quisieron ver, lo que verdaderamente ocurría en esos, en apariencia, tranquilos parajes.
El informe que ahora votamos considera aspectos propios de la acción fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que estaba en el centro de la tarea de esta Comisión era determinar si efectivamente se había dado cumplimiento a las recomendaciones de la Cámara sobre la ex Colonia. Interesaba saber, por ejemplo, si el Consejo de Defensa del Estado ha actuado con diligencia en los procesos que se siguen a personas relacionadas con la Colonia, tanto en lo civil, como en lo penal, tributario o aduanero. Se requiere conocer si se ha actuado dentro de la legalidad en el traspaso de bienes de la colonia a entidades comerciales privadas. También es necesario tener conocimiento sobre el número de armas que hay al interior de Villa Baviera y si el movimiento de aeronaves que allí se registra se rige por los patrones comunes para todo el territorio.
Esos aspectos son de gran importancia. Sin embargo, nada se compara con lo que verdaderamente ha de preocuparnos: la plena vigencia de los derechos humanos que debe existir al interior de esa comunidad; eso es lo que debe impulsar nuestra acción. Pues bien, para determinar si la acción pública ha sido la correcta y fiscalizar su desempeño, empezamos por conocer la situación que se vive al interior de esa villa, sin que eso nos transforme en jueces o signifique una intromisión indeseada en áreas que son de competencia del Poder Judicial .
Lamentablemente, cada paso que se da, cada avance que se registra en la investigación judicial, cada nuevo antecedente que logra conocerse, nos lleva a formarnos un juicio que va transformándose sostenidamente en unánime: los líderes de la llamada Colonia Dignidad imponen a sus miembros un estilo de vida tal, que muchos derechos de las personas no son respetados. No olvidemos que allí la correspondencia es censurada; que los jóvenes enamorados pueden casarse sólo si cuentan con la autorización de sus dirigentes; que sólo acceden al interior de la ex Colonia los medios de difusión que sus líderes autorizan; que los hijos, una vez nacidos, son separados de sus padres, privándoseles, así, del derecho que todo niño tiene al afecto filial; que sus habitantes no tienen posibilidad de ejercer su derecho a la libre circulación, ni menos a traspasar sus alambradas; que las relaciones sociales entre sus integrantes y quienes viven en el resto del país sólo se producen previa autorización de sus líderes. ¡Por favor, no olvidemos nada de ello!
Tampoco olvidemos que aún quedan muchas interrogantes respecto de esa ex colonia: ¿Que pasó verdaderamente allí durante el gobierno militar? ¿Qué pasó con los detenidos que fueron llevados hasta ese lugar? ¿Quiénes los llevaron? ¿Quiénes los interrogaron y torturaron? ¿Dónde están? ¿En qué consistían esos cursos de formación política para jóvenes partidarios de la Derecha, en medio de denuncias de que ese lugar era un campo de prisioneros políticos? Sin dudas y sin temores, seguiremos buscando las respuestas.
Hoy, con una historia tan reciente de violaciones a nuestros derechos y libertades, no estamos en condiciones de tolerar que existan personas que apoyen a entidades que no respetan los derechos humanos. Nuestro ordenamiento jurídico cuenta con leyes que permiten defendernos de tan indignas acciones. Por eso, según mi parecer, debe aplicarse la expulsión a los dirigentes extranjeros que, a pesar de participar en esa asociación, no están siendo procesados judicialmente por delitos graves, como delitos contra las personas o el Fisco; pero dicha medida ha de adoptarse garantizando a los demás integrantes un sistema de vida que respete sus derechos y el orden democrático.
Es cierto que treinta y seis años son mucho tiempo; pero resultaría impresentable ante el país, impropio de nuestra investidura y un peso demasiado grande para nuestras conciencias, permitir un año más de vida a esa ex colonia.
Por eso, llamo a votar favorablemente el informe.
He dicho.
El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-
Tiene la palabra la Diputada señora Mariana Aylwin.
La señora AYLWIN (doña Mariana).-
Señor Presidente , en una entrevista difundida hace algunos días por “El Mercurio”, el doctor Harmut Hopp insistió una vez más en lo que durante todos estos años han dicho quienes defienden a la ex Colonia Dignidad: que aquí hay una operación destinada a “liquidarlos” -usó esa palabra-. Las razones, según él, habría que preguntárselas al ex Presidente Aylwin y a Belisario Velasco. Se trataría de algo así como un capricho del ex Presidente Aylwin. El doctor Hopp expresó textualmente: “Entendería que para algunos sería inaceptable no liquidarnos y cumplir lo que dijo Aylwin, porque sería una derrota.”
Otros, aun en estos meses, siguen hablando de persecución política. El Senador Larraín decía que aquí, una vez más, se estaba impugnando la obra de la ex Colonia Dignidad y que estábamos en presencia de una campaña sistemática de descrédito para cerrar esta obra de beneficencia; que aquí se perseguía ensuciar y vilipendiar a personas inocentes por motivos que -según él- no es del caso señalar.
Por su parte, hace un mes, el Senador señor Siebert afirmó que aquí hay abusos y vejaciones y que se intenta confundir a la opinión pública; y el Senador señor Urenda sostiene que esto responde -como han dicho muchos- a la constante presión del Gobierno alemán sobre el Gobierno chileno.
Lo cierto es que al leer las interrogantes que se hicieron algunos parlamentarios, con magros resultados, hace casi treinta años, debiéramos admitir que algo anda mal entre nosotros.
El debate de 1968 es sorprendentemente igual al de ahora. El señor Schaeffer estaba desaparecido, y el señor Schmidt decía que, supuestamente, se había ido de la colonia, llevándose un revólver y dejando una carta en que daba a entender que se iba a suicidar. Y el primero de ellos desaparece después de estar oculto durante años en Villa Baviera, justo cuando se inicia un proceso judicial en su contra por denuncias del joven Wolfgang Müller , quien huyó de la ex colonia y lo acusó de abusos deshonestos.
¿Qué explicación tiene el hecho de que no hayamos podido despejar éstas y muchas otras dudas durante treinta años? Como país debemos hacernos una autocrítica al respecto, y me atrevería a hacer algunas reflexiones que, me parece, están detrás de esta demora en solucionar el problema.
En primer lugar, pienso que somos una sociedad profundamente racista. Me pregunto cuánto tiempo habría durado una comunidad de similares características si, en vez de alemanes, los colonos hubieran sido coreanos; si en vez de rubios, hubieran sido morenos; y si en vez de hablar alemán, hubieran hablado alguna lengua oriental.
Detrás de esta larga demora también se evidencia la peligrosa vulnerabilidad de nuestros funcionarios públicos. La ex Colonia Dignidad es una muestra de que en Chile operan las redes de amigos, de mayor o menor importancia, con más o menos poder. Pero, al final, son estas redes las que posibilitan que no se respeten las leyes; que se pierdan los expedientes; que se pongan rejas donde no deben colocarse; que se permitan construcciones que no están autorizadas; que se practique la falsificación de instrumentos; que las autoridades soliciten medidas que no se adoptan; que en forma intempestiva se ponga fin a procesos judiciales, como ocurrió en 1989 con el proceso que llevaba un Pública y a autoridades no tan menores. ministro en visita. ¡Y tanto que nos escandalizamos hoy por el regalo de un caballo corralero! Son muchos los que rasgan vestiduras por esa situación que afectó a un ex Ministro de Estado . Me pregunto cuántos halagos, servicios, atenciones y regalos han comprometido a funcionarios menores de la Administración
Pues bien, no sólo la señora Mónica Madariaga ha dicho que personeros de la UDI -ello ha suscitado mucho escándalo- visitaban frecuentemente la ex Colonia Dignidad. El 11 de junio de este año, el propio Senador Hernán Larraín expresa que no puede recordar cuándo fueron sus primeras idas a la ex Colonia, pero que viajó, entre otros, con Jaime Guzmán , Alberto Jardensen , Arturo Fontaine , Manuel José Vial y Juan Carlos Méndez . “Diría que fue hace 20 ó 25 años -dice-; éramos un grupo de universitarios. Yo ya desarrollaba actividades académicas y fuimos en tres oportunidades, por dos o tres días.
“En esos viajes, que se desarrollaron durante unos cinco años, tomamos contacto con la gente de Colonia Dignidad y conocimos lo que hacían.”
Por último, detrás de esta demora están también lo que algunos han llamado aquí poderes fácticos: medios de comunicación poderosos que han entregado informaciones parciales y contribuido a desinformar a la opinión pública; importantes vinculaciones políticas con los sectores de la Derecha chilena, que son evidentes; nexos que ya son indesmentibles, al menos con el Ejército, a través de relaciones de interés mutuo. Todos pudimos escuchar, en la televisión, el testimonio del hijo del general Contreras de que pasaba sus vacaciones en Colonia Dignidad por motivos de seguridad personal; todos conocemos el informe Rettig, suscrito por personalidades de gran prestigio y de distintos ámbitos, que confirma que la ex Colonia Dignidad fue centro de detención y tortura, y lugar desde donde desaparecieron varios detenidos durante el gobierno militar.
Señora Presidenta , por primera vez, ya casi nadie se atreve a seguir defendiendo a la ex Colonia Dignidad -me alegro de que hoy en esta Sala no haya personas que lo hagan, como había ocurrido hasta ahora-; por primera vez, se han quebrado las redes de amigos; por primera vez, hay consenso en la opinión pública respecto de los sucesos que afectan a personas que viven al interior de Villa Baviera; por primera vez, existe voluntad de todos los poderes del Estado por esclarecer la verdad. El informe que discutimos hoy contribuye en ese sentido. Por su parte, la Comisión de Familia muy pronto evacuará un informe complementario de éste, sobre las situaciones que afectan a los niños y a las familias. Compartimos el empleo de la vía judicial que está impulsando el Gobierno y apoyamos las medidas propuestas por la Comisión Especial de la ex Colonia Dignidad. Sin embargo, estamos estudiando la posibilidad de ampliar esa intervención con medidas de protección y con equipos especializados de sicólogos, siquiatras y terapeutas que puedan atender a esas casi 300 personas que viven al interior de Villa Baviera, cuya inmensa mayoría son ciudadanos chilenos, víctimas de una situación impuesta por un pequeño grupo de carácter sectario.
Esperamos que en esta ocasión surja la verdad sobre esta nebulosa que ha empañado la historia de nuestro país en el último tiempo.
He dicho.
-Aplausos.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra el Diputado señor Correa.
El señor CORREA .-
Señora Presidenta , discutimos hoy el informe de una nueva Comisión investigadora sobre Colonia Dignidad, la tercera en los últimos 30 años, período en que los chilenos se han dividido entre los que la apoyan y los que quieren verla totalmente destruida.
Quienes conocemos Villa Baviera sabemos que allí se lleva una vida distinta de la que practicamos todos los habitantes del país. Sin embargo, eso no es atentatorio contra las buenas costumbres; sólo es diferente. Ellos han escogido un sistema de vida alejado de las ciudades, dedicado al trabajo agrícola, a la práctica de la música clásica, a la vida al aire libre, etcétera.
Las acusaciones contra su líder, Paul Schaeffer , que pueden ser muy reales y horrendas, como la sodomía practicada con los niños, no pueden hacernos perder nuestro sentido de justicia y castigar a quienes precisamente pretendemos proteger. Entiendo que la Cámara haya formado esta tercera Comisión investigadora, porque los antecedentes tenidos en cuenta son concluyentes. Pero creo que la medida de expulsión recomendada en el primer punto de las conclusiones de la Comisión investigadora no apunta en el sentido correcto. La Cámara de Diputados no es el ente encargado de administrar justicia. Ello corresponde al Poder Judicial , por intermedio de los tribunales de justicia. Por esa razón, la medida de expulsión contra dirigentes de la ex Colonia Dignidad, así, a bulto, sin haber sometido a cada uno de ellos a un debido proceso, a mi juicio, es precipitada e injusta. Cuando se dice que se aplicará a 15 personas, más o menos, considero que no procede emplear una medida de esa naturaleza sin establecer previamente cargos realmente fundados.
Por ello, nos oponemos al proyecto de acuerdo, que en su primer punto recomienda al Poder Ejecutivo la expulsión de los dirigentes de la ex Colonia Dignidad.
Quiero sumarme a las palabras del Senador Hernán Larraín y de otros que apoyan la causa de la ex Colonia Dignidad, haciendo un llamado al señor Paul Schaeffer para que se entregue.
Entiendo que aquí está pagando las consecuencias un gran número de otras personas que no son responsables. El único culpable de todo es el señor Schaeffer y por ello -repito- lo llamo a que se entregue. Pero no podemos recomendar al Poder Ejecutivo una medida de expulsión a bulto que podríamos lamentar en el futuro por significar una injusticia atroz.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
El Comité del Partido Renovación Nacional ha cedido tres minutos de su tiempo al Diputado señor Nelsón Ávila.
Tiene la palabra su Señoría
El señor ÁVILA .-
Señora Presidenta , podría resumir en una frase el sentimiento que me suscita el conocimiento detallado del informe elaborado por la Comisión respectiva: mientras subsista la “Dignidad” de Parral, la dignidad nacional estará puesta en tela de juicio y siendo menoscabada.
Creo que a estas alturas, después de todo lo que se ha conocido, no sólo de parte de esta Comisión investigadora, sino de instancias judiciales, no puede ser que el Estado chileno permita la sobrevivencia de un enclave donde imperan una cultura, una ley y una moral distinto de las que prevalecen en el resto del país.
No digo que los diálogos platónicos que practicaba el Senador Larraín necesariamente culminaran en un baño, pero no cabe la menor duda de que, consciente o inconscientemente, este legislador llegó a formar parte de la red de protección de ese enclave. Entonces, esta Corporación no puede sino asumir con fuerza las conclusiones a que ha arribado el grupo investigador.
Por otro lado, el Gobierno debe aplicar con rigor la ley y la Constitución para que, de una vez por todas, esta situación, que nos presenta como atípicos en el concierto internacional por su sola tolerancia, termine de una vez.
Por último, creo que el Diputado señor Correa ha hecho un esfuerzo de defensa de esta situación que -me imagino- le ha sido muy inconfortable. Él habló, simplemente -en ese lenguaje piadoso que empleó-, de “vida diferente”. Sí, existe, como también una sexualidad diferente, lo cual, naturalmente, repugna no sólo a la conciencia nacional, sino también al sentido ético más elemental.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la señora Marina Prochelle.
La señora PROCHELLE.-
Señora Presidenta , desde mi perspectiva, según el acuerdo sobre el mandato que tuvo la Comisión para desarrollar su trabajo, nosotros debíamos fiscalizar a los organismos del Estado en el cumplimiento de las recomendaciones de la Comisión anterior. Me sentí muy inconfortable porque durante el trabajo de la Comisión noté que muchas de esas recomendaciones dadas con anticipación no habían sido cumplidas con eficacia por los órganos del Estado. Así lo manifesté en las sucesivas sesiones. Los antecedentes que ahora se han recopilado se han logrado, en buena medida, porque esta Comisión insistió en tener a la vista más información. Tengo la impresión de que si la Comisión no hubiera actuado de esa manera, probablemente estaríamos muy detenidos en el tiempo y en el avance del proceso.
Renovación Nacional, una vez más, insiste en que la ley en nuestro país debe aplicarse con eficacia, que ningún chileno ni residente puede quedar impune si la infringe. Nos llama profundamente la atención que hasta la fecha no haya habido instancias eficaces para controlar y desbaratar esta organización -sectaria, sin lugar a dudas-, con todos los perjuicios que ello acarrea para quienes viven en la ex Colonia o que por alguna circunstancia llegaron allí.
Además, estoy convencida de que las acciones irregulares que hemos ido descubriendo en el transcurso de nuestra investigación no pueden continuar y me alegro de que los tribunales de justicia estén actuando al respecto. Apoyaremos todas las medidas que se recomienden y las peticiones de nuevos ministros en visita para llevar adelante más investigaciones, como asimismo todos los puntos que dicen relación con otros organismos del Estado que deben controlar las materias de su competencia.
Sin embargo, me cabe una duda respecto de la expulsión de algunos líderes. Me pregunto cómo se va a organizar el resto de los colonos y sus familiares al interior de la ex colonia. Comparto con la Diputada señora Mariana Aylwin la necesidad de equipos de apoyo para esas personas que están viviendo una realidad muy distinta de la que conocemos; no por impulso propio, sino que guiados por ese semidiós, cuyas órdenes han acatado durante años.
Renovación Nacional va a apoyar lo acordado por la Comisión, pero mantiene sus dudas y reservas respecto de la expulsión de algunos líderes. De todas maneras, si los tribunales de justicia, o a quien le competa, la estimare procedente, creo que habría que entender que es muy difícil entregar una nueva organización a esa comunidad si algunos de sus líderes obstruyen su posible vuelco de vida.
Por lo tanto, termino pidiendo a los colegas de la Comisión que consideren la reserva que he planteado -que la hago también en nombre del Diputado señor Ribera- por cuanto no estuvimos presentes en la redacción final del informe, que, como me informó el Diputado señor Viera-Gallo , se debió realizar con la premura exigida por las circunstancias.
Solicito que al Diputado señor Carlos Dupré se le concedan 3 minutos del tiempo de Renovación Nacional.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré por tres minutos.
El señor DUPRÉ .-
Señora Presidenta , agradezco a la Diputada señora Prochelle por concederme esta interrupción.
A mi juicio, el informe del Diputado señor Viera-Gallo es incompleto, porque se denuncian hechos y situaciones respecto de las cuales la Cámara, como órgano de fiscalización del Poder Legislativo, tiene la obligación de proponer medidas administrativas, o llenar algunos vacíos legales existentes, de acuerdo con las fundamentaciones que se plantean.
En primer lugar, en relación con el caso de que una jueza vive en una casa cedida por la ex Colonia Dignidad, el Poder Judicial debe adoptar las medidas pertinentes, y nosotros, además, debemos señalar con claridad el marco de derechos de un integrante del Poder Judicial, porque es evidente que se vulnera un principio de independencia fundamental para los efectos del ejercicio de dicha autoridad.
En segundo lugar, el hecho de que dueños de predios puedan tener aeródromos privados no sujetos a ningún tipo de autorización, me parece que obligaría a la Cámara a complementar la ley de aeronáutica civil, en cuanto a fiscalizar los aeródromos privados. Parece una situación bastante poco civilizada que una persona pueda construir en su predio un aeropuerto privado sin fiscalización de la autoridad pertinente.
En cuanto al tema del Ministerio de Educación, aquí ya se señaló -en el informe también se consigna- la necesidad de recomendar la modificación de la ley de enseñanza para los efectos de supervisar las escuelas. Pero, no se entiende, por ejemplo, que el INE haya aceptado que los propios miembros de la ex colonia censaran, en 1992, a sus habitantes de Villa Baviera y que ese hecho no se haya corregido después de transcurridos siete años. O sea, no se tiene un control efectivo sobre la cantidad de habitantes de Villa Baviera, porque el INE autorizó en su oportunidad que uno de sus miembros realizara el censo.
Se ha comprobado que el Registro Civil acepta que se retrasen las inscripciones de los nacimientos, las defunciones, las legitimaciones, etcétera, entre seis y diez años después de acaecidos, puesto que no aparecen ingresados en sus archivos respecto de los habitantes o residentes de la ex Colonia Dignidad.
Me parece que la Cámara, como órgano fiscalizador, no puede dejar pasar ese vacío, sin perjuicio de las materias más importantes que consigna el informe de la Comisión.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra, por un minuto, el señor diputado informante.
El señor VIERA-GALLO .-
Señora Presidenta , quiero responder brevemente al Diputado señor Dupré en el mismo orden en que formuló sus observaciones:
El problema de la jueza es del pasado, puesto que en la actualidad no vive en una casa de la ex Colonia Dignidad.
En cuanto a los aeródromos privados, la Dirección de Aeronáutica informó que ese problema es privado. Obviamente, nosotros podríamos sugerir una modificación legal.
En lo que se refiere al INE, es exactamente lo mismo. Se nos dijo que en 1992 se actuó de acuerdo con la práctica; es decir, cuando hay un conjunto habitacional, el responsable de éste censa a toda la población.
Pedimos efectuar un nuevo censo y se nos contestó que no procedía, porque, por ley, se hace cada diez años. También se podría proponer una modificación legal.
En lo referente al Registro Civil , su Directora expresó que todas las inscripciones se practicaron en forma legal. Otra cosa es que a ella le llamen la atención, como al Diputado señor Dupré , porque podría haber irregularidades.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En el tiempo del Comité del Partido Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Patricio Melero .
El señor MELERO .-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero destacar el hecho positivo de que la Cámara de Diputados haya enfrentado una situación que, obviamente, ha causado inquietud y conmoción en la opinión pública y que, sin duda, como cuerpo representativo, no puede dejar de tratar.
Se reconstituyó la Comisión especial investigadora de la ex Colonia Dignidad con el objeto de fiscalizar el cumplimiento, por parte de los órganos del Estado -de alguna manera, ha sido excedido el acuerdo por la Cámara, aunque siempre es importante resaltar y recordar que nuestras atribuciones están por sobre los actos del Gobierno-, el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas por la misma.
Sin lugar a duda, en las intervenciones creo que se ha excedido ese marco y muchas veces se han dado juicios condenatorios sobre personas que, por último, no han tenido la oportunidad de defenderse, y nosotros no tenemos atribuciones para condenarlas.
En el informe se aprecian ausencias de reconocimientos por algunas obras benéficas realizadas en el largo período desde el establecimiento de la ex Colonia Dignidad en Chile. No he escuchado palabras relativas al hospital, a la escuela; faltan los testimonios de miles de pacientes y de niños que han sido atendidos y educados en función del rol subsidiario que el Estado les reconoció en su momento.
Hace un par de años, como miembro de la Comisión de Salud de la Cámara, me correspondió efectuar una visita oficial para conocer la situación del hospital de la Villa Baviera, oportunidad en la cual también estuvo presente el Diputado de la Concertación señor Felipe Letelier . Pudimos comprobar, en los hechos y en terreno, la enorme obra de beneficencia que se hacía. Sin embargo, estas cosas positivas se callan y se pone el acento en lo negativo; pero, si queremos ser objetivos, debemos señalar también los aspectos beneficiosos para los vecinos de la región.
A nuestro juicio, la parte importante del problema, sin duda, radica en el proceso judicial pendiente, de responsabilidad de los tribunales de justicia, que aún no han finalizado su trabajo. En esta materia, es determinante el testimonio y la exposición ante ellos de su máximo dirigente, el señor Paul Schaeffer .
Pero en esto, mi partido, la UDI, quiere volver a ser categórico: ni siquiera le pedimos que se entregue a la justicia, sino que le exigimos que, por la transparencia de las causas pendientes, concurra a los tribunales y dé la cara frente a las acusaciones que se le hacen, con el derecho al debido proceso y a la legítima defensa.
No es sostenible la situación de prófugo de la justicia, que está generando los inconvenientes que todos conocemos. De manera que no hay doble estándar ni defensa al señor Schaeffer , sino el más categórico llamado a que concurra a los tribunales de justicia, sin perjuicio de que las autoridades conminadas a encontrarlo refuercen todas las acciones para lograr ese objetivo.
En Chile, para él y para cualquier persona, existen las garantías del debido proceso para que pueda concurrir y dar su testimonio frente a las acusaciones que se le han hecho.
Pero queremos ir más allá. Respaldamos todas las medidas que justamente refrenden la acción de los tribunales de justicia, como solicitar a la Corte Suprema el nombramiento de un segundo ministro en visita, de reforzar la acción de los servicios policiales. Pensamos que el estado de derecho en Chile garantiza que las acusaciones que se han vertido contra sus dirigentes se ventilen en los tribunales de justicia y sean éstos los que den la última palabra.
Sin embargo, nos parece extemporáneo proceder a acusar, a condenar públicamente y a recomendar su expulsión sin que previamente los tribunales de justicia se pronuncien.
La Cámara de Diputados no es un tribunal de justicia. Es una instancia política y le corresponde investigar los actos del Gobierno. Mal haría en procesar y condenar previamente a personas.
De esta forma, no compartimos el primer punto del proyecto de acuerdo, en cuanto a recomendar la expulsión de esos dirigentes, sino que queremos tener claridad sobre los hechos, en el marco del debido proceso.
Por ello, los diputados de la UDI vamos a respaldar el proyecto de acuerdo en los numerales 2, 3, 4 y 5. Es más, vamos a presentar otro en esa dirección, excluyendo la recomendación de expulsión, porque nos parece que esa medida excede lo que nos corresponde. Pero también queremos ser muy claros y categóricos: no estamos por defender lo indefendible ni tenemos un doble estándar.
En esa dirección, nos hubiera gustado que el mismo esfuerzo que los organismos del Estado han desplegado para investigar los delitos que presuntamente se han cometido en la ex Colonia Dignidad y encontrar a sus culpables, se aplicara en otras acciones y circunstancias.
La opinión pública ha visto, por las pantallas de la televisión, una verdadera acción persecutoria: en el campo de la salud, de los delitos tributarios, de las acciones judiciales. Ha habido un despliegue realmente extraordinario, pero en otros sectores y circunstancias vemos que hay complicidad, ocultamiento de situaciones y falta de facilidades para esclarecer los hechos.
¡Cómo nos hubiera gustado a quienes sufrimos el asesinato del Senador Jaime Guzmán ver igual despliegue de la Policía de Investigaciones para aclarar ese crimen! ¡Cómo nos hubiera gustado igual despliegue del Estado para aclarar los numerosos casos de corrupción que han existido! ¡Cómo nos hubiera gustado -con el respeto y la amistad que le tengo- que el Diputado señor Viera-Gallo , informante de este proceso, cuando era Subsecretario de Justicia en la Unidad Popular, hubiera tenido igual calidad para enfrentar a los miles de cubanos que, ilegalmente, actuaban en el país y propiciaban el terrorismo! ¡Cómo nos hubiera gustado, en tantas circunstancias, ver que no existe el doble estándar de hoy para perseguir a unos y ocultar y amparar a otros!
El doble estándar no va con nosotros, y queremos justamente que se aclare esta materia. La historia política del país precisa qué han hecho unos y qué han hecho otros. De manera que en este minuto y en esta circunstancia respaldaremos plenamente todas y cada una de las acciones que llevan el problema a los tribunales de justicia. Ellos tendrán, como cualquier persona en Chile, el derecho a defenderse.
Por consiguiente, presentaremos un proyecto de acuerdo alternativo que recoge los puntos que he mencionado.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En el tiempo que resta del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra la Diputada señora Prochelle.
La señora PROCHELLE.-
Señora Presidenta , por su intermedio, cedo dos minutos al Diputado señor Latorre .
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.
El señor LATORRE.-
Señora Presidenta , sólo deseo tocar un punto de la intervención del Diputado señor Melero .
En verdad, donde más se ha observado un lamentable doble estándar de dirigentes muy importantes de la UDI, ha sido, precisamente, a propósito de la ex Colonia Dignidad.
Cabe hacer presente que gran parte de esta investigación en nuestro país ha sido posible no por esfuerzos de los gobiernos chilenos durante la época en que debieron hacerlo, sino que, básicamente, por insistencia del gobierno alemán. Algunos procesos tomaron fuerza durante el gobierno de la Concertación y han sido respaldados por una investigación de carácter parlamentario.
Durante todo su transcurso, el Senador señor Hernán Larraín ha sido ferviente defensor de la ex Colonia Dignidad, y no con discursos como el que ha hecho hoy el Diputado señor Melero , en el que ha llamado la atención sobre los aspectos positivos que pudieran haberse realizado.
Me parece que el doble estándar en este caso lo han tenido dirigentes de la UDI, quienes, con su actitud, han hecho muy difícil realizar la investigación.
Quizás si en gran medida el señor Paul Schaeffer ha pensado que podía mantenerse como prófugo de la justicia, es, precisamente, por el respaldo encubierto de dirigentes políticos muy importantes, que recién hoy han reaccionado y pedido que se entregue a la justicia, como lo ha hecho el señor Melero . Lamentablemente, el doble estándar en esto ha sido el sello del movimiento político que él representa.
He dicho.
El señor VIERA-GALLO .-
Pido la palabra para referirme a un problema reglamentario.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor VIERA-GALLO .-
Señora Presidenta , sólo para aclarar a los colegas que la lista de los dirigentes de la ex Colonia Dignidad para los cuales se solicita la expulsión, está en la página 00081 de los anexos. En ella se indica la situación procesal de cada uno.
Además, debo aclarar que el hecho de que estén sometidos a procesos no es obstáculo para aplicar la medida. Pueden, en todo caso, reclamar ante la Corte Suprema.
He dicho.
La señora WÖRNER.-
Pido la palabra para hacer una precisión.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
La señora WÖRNER.-
Señora Presidenta , es bueno precisar que ahora no votaremos un proyecto de acuerdo, sino el informe aprobado por unanimidad en la Comisión, que hoy se somete a la consideración de la Sala.
He dicho.
El señor MELERO .-
Señora Presidenta , ¿la señora Wörner ha dicho que votar favorablemente el informe implica pronunciarse sobre la proposición de la Comisión, de cinco números?
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Así es.
El señor MELERO.-
En ese sentido, los diputados de la UDI propiciamos una reformulación que excluye el numeral 1, relativo a la expulsión de esos dirigentes, por haber procesos judiciales de por medio, y quiero saber si es posible separarla y votarla aparte.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , no es posible la fórmula que señala el Diputado señor Melero . El informe es uno solo y, por lo tanto, debe votarse en conjunto, con todas las conclusiones. Es la regla que siempre hemos seguido en la Cámara de Diputados.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señora Presidenta , sólo quiero reiterar lo que acaba de expresar el Diputado señor Silva : que los informes de las Comisiones especiales se votan en conjunto, no se separan. De manera que si hay un grupo de diputados o alguna bancada que tenga una opinión discrepante debe presentar un voto de minoría o un proyecto de acuerdo en otra dirección; pero, en este caso, el informe carece de voto de minoría.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Debo informar a la Sala que se votará el informe de la Comisión investigadora.
Además, cuatro diputados de la UDI han presentado un proyecto de acuerdo que elimina el primer acuerdo del informe de la Comisión.
Tiene la palabra el Diputado señor Paya para un punto de Reglamento.
El señor PAYA.-
Señora Presidenta , creo que es válido el punto en discusión.
Tiendo a concordar con una interpretación del Reglamento que no nos conviene en esta oportunidad, cual es que este tipo de materia no puede dividirse, salvo con acuerdo de la Sala.
Por lo tanto, señora Presidenta , le solicito que lo recabe para posibilitar un voto unánime respecto de algunos acuerdos del informe y permitir que los parlamentarios que no comparten alguna de sus proposiciones, puedan sustraerse. De lo contrario, se debilita la posición casi unánime que existe en la Sala.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Enseguida, recabaré el acuerdo para dividir la votación.
Tiene la palabra la señora Allende para hablar sobre un punto de Reglamento.
La señora ALLENDE.-
Señora Presidenta , se ha dicho con bastante claridad que, de acuerdo con el Reglamento y como siempre se ha hecho, los informes de las Comisiones especiales se aprueban o rechazan. Y en éste ni siquiera consta un voto de minoría, pues lo aprobó una mayoría.
Para la claridad del país y de la ciudadanía, debemos ser precisos: los diputados votaremos a favor o en contra del informe.
Otra cosa es que la UDI quiera presentar un proyecto de acuerdo, que podremos ver cuando corresponda tratar proyectos de esa naturaleza, pero deseo que seamos transparentes, ya que se ha mencionado el doble estándar que ellos dicen no tener; aquí se aprueba o se rechaza el informe.
En consecuencia, la bancada socialista no está dispuesta a dar su aprobación para dividirlo.
He dicho.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
La Mesa ya tiene opinión.
Tiene la palabra el Diputado señor Silva.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , yo no doy la unanimidad, porque no concuerdo con esa interpretación. Creo que la UDI no ha tenido doble estándar en esto, ha sido uno solo, cual es defender a la ex Colonia Dignidad, lo que debe reflejarse en el voto del informe.
El señor PAYA.-
¿Cuál es el punto de Reglamento?
La señora SAA (Vicepresidenta).-
El punto de Reglamento se refiere a que se votan los informes. Por lo tanto, votaremos el de la Comisión. Con posterioridad, consideraremos el proyecto de acuerdo presentado por el señor Melero y otros diputados, que exceptúan el primero de los acuerdos de la Comisión.
En votación el informe.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 46 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 2 abstenciones.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Aprobado.
-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:
Allende (
-Votó por la negativa el Diputado señor
-Se abstuvieron los Diputados señores:
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta , deseo hablar sobre un punto de Reglamento.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, entiendo que no existe voto de minoría en el informe y que este tipo de informes se votan a favor o en contra. Eso dice el Reglamento.
Por lo tanto, no procede, desde el punto de vista reglamentario, que se presente en este momento un proyecto de acuerdo distinto a la opinión de este informe. Al menos que haya acuerdo unánime.
Reitero, pido que sigamos las normas del Reglamento. Entiendo que otros colegas quieran presentar un proyecto de acuerdo distinto; están en su derecho, pero, reglamentariamente, no corresponde tratarlo ahora, a menos que haya acuerdo unánime para ello.
Por ende, señora Presidenta , le pido que solicite el acuerdo unánime de la Sala. Si no hay unanimidad, que se someta a votación cuando corresponda.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Latorre para hablar sobre un punto de Reglamento.
El señor LATORRE.-
Señora Presidenta , reitero la posición señalada por el Diputado señor Juan Pablo Letelier . Desde el punto de vista reglamentario, no procede que tengamos que pronunciarnos respecto de un proyecto de acuerdo en esta sesión, porque éste no se estructuró como voto de minoría en el trabajo mismo de la Comisión.
En consecuencia, la bancada de la UDI puede presentar ese proyecto de acuerdo siguiendo el Reglamento, vale decir, para ser tratado en otra sesión, porque no corresponde hacerlo en esta oportunidad.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Orpis, quien será el último orador sobre este tema.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta , deseo aclarar que su Señoría fijó un procedimiento, en función del cual se efectuó la votación. Su Señoría señaló -me gustaría ver la transcripción taquigráfica de esta sesión- que primero se votaban las conclusiones y el informe, y que, posteriormente y en forma inmediata, se votaba el proyecto de acuerdo que hemos presentado. En función de eso votamos.
Por lo tanto, ya fijado el procedimiento, lo que corresponde en este instante es que se proceda a votar el proyecto de acuerdo.
Cuando la señora Presidenta fijó el procedimiento, absolutamente nadie reclamó o lo objetó. En consecuencia, reitero, lo que procede es que se vote el proyecto de acuerdo.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
La Mesa ha revisado la situación y el proyecto de acuerdo presentado está contenido en lo votado en sus tres puntos.
De acuerdo al artículo 24, sólo procede la unanimidad para discutirlo, y no la hay
Cerrado el debate sobre este punto.
Se ha votado ya el informe.
-Aplausos.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Ha llegado la hora de votar los proyectos de acuerdo.
El señor Secretario dará lectura al primero.
El señor ZÚÑIGA ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo Nº 554, de los señores Munizaga, Vargas, Coloma...
-o-
El señor MELERO.-
Señora Presidenta, punto de Reglamento.
El señor PAYA.-
Punto de Reglamento, señora Presidente.
El señor MELERO.-
No nos puede negar el uso de la palabra para plantear una cuestión reglamentaria.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Señor diputado , cíteme el artículo del Reglamento a que se quiere referir.
El señor PAYA.-
Señora Presidente , se trata del artículo que me confiere el derecho a pedir que llame a reunión de Comités en este instante.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Muy bien. Se cita a reunión de Comités.
Se suspende la sesión por tres minutos.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se reanuda la sesión.
El acuerdo de los Comités es el siguiente: por haberse faltado a la claridad de los acuerdos precedentes, se procederá a votar nuevamente el informe.
En votación.
-Durante la votación.
El señor SILVA .-
¡Cómo vamos a votar una cosa que ya fue votada!
La señora SAA (Vicepresidenta).-
El acuerdo de los Comités ha sido muy claro.
El señor PALMA (don Andrés).-
Pido la palabra para plantear un asunto de Reglamento.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señora Presidenta , ¿el acuerdo de los Comités fue unánime? ¿Participaron en la reunión todos los Comités?
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Señor diputado , en la reunión participaron todos los Comités y el acuerdo se adoptó en forma unánime.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta, punto de Reglamento.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra su Señoría.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Señora Presidenta , entiendo la intención de su propuesta, pero considero que viola ciertos derechos inalienables de los diputados que ya han votado, por cuanto en un momento su Señoría anunció que comenzábamos a tratar los proyectos de acuerdo.
Por lo anterior, propongo que se recabe el acuerdo unánime de la Sala para que los Parlamentarios que lo deseen, puedan cambiar su votación, a fin de que quede correctamente registrada; pero no soy partidario de repetir la votación, porque eso impediría mantener su parecer a los diputados que ya votaron y que se retiraron de la Sala porque la Mesa anunció que la sesión entraba a otra etapa. Creo que eso permite a los diputados corregir su votación, cuando las explicaciones de la Mesa los han inducido a votar en forma incorrecta.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Quiero recordar a los señores diputados que se llamó a reunión de Comités y éstos, por unanimidad, acordaron repetir la votación.
El señor LETELIER (don Juan Pablo).-
Pero los Comités no pueden cambiar el Reglamento.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Señores diputados, les recuerdo que estamos en votación.
El señor SEGUEL .-
¡Ya se efectuó la votación, señora Presidenta !
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Estamos en votación.
Ruego a los señores diputados emitir su voto.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor PALMA (don Andrés).-
¡Punto de Reglamento!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Señores diputados, estamos en votación.
El señor SEGUEL.-
¡Esta votación es nula!
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 27 votos; por la negativa, 2 votos. Hubo 1 abstención.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Por no haberse reunido el quórum, se va a repetir la votación.
El señor LATORRE.-
¡Es antirreglamentario, es absolutamente antirreglamentario!
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se suspende la sesión, y cito a reunión de Comités.
-Transcurrido el tiempo de suspensión:
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Por acuerdo de los Comités, la primera votación es válida y la segunda se declara no efectuada.
El señor SALAS.-
¿Me permite?
La señora SAA (Vicepresidenta).-
No, señor diputado .
El señor SALAS.-
Quiero dejar constancia de que el acuerdo de los Comités no puede pasar por encima del Reglamento; por lo tanto, es nula.
VI. PROYECTOS DE ACUERDO
MEDIDAS PARA REGULARIZAR SITUACIONES DE EX COLONIA DIGNIDAD.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Por acuerdo de los Comités, se tratará, en primer lugar, y se votará en esta sesión el proyecto de acuerdo presentado por el señor Melero y otros señores diputados.
El señor Secretario le dará lectura.
El señor ZÚÑIGA ( Secretario accidental ).-
Proyecto de acuerdo de los señores Melero, Orpis, Correa, Paya y Masferrer, que dice:
“1. Solicitar a la Excelentísima Corte Suprema el nombramiento de un segundo ministro en visita extraordinaria que se aboque al conocimiento de las causas por fraude aduanero, evasión de impuestos, simulación en el traspaso de bienes y, en general, a todos los juicios que no sean de competencia del ministro señor Hernán González.
2. Traspasar a la Comisión de Familia de esta Cámara todos los antecedentes que dicen relación con los delitos de abusos deshonestos que investiga el señor ministro en visita extraordinaria don Hernán González y con las situaciones que dan cuenta de la privación de los derechos de familia y de los derechos de los niños que ocurren en la ex Colonia Dignidad, hoy Villa Baviera.
3. Sugerir al Gobierno que envíe una modificación a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que establezca, sin ambigüedades, atribuciones suficientes al Ministerio de Educación para vigilar el cumplimiento de la Ley de Instrucción Básica Obligatoria.
4. Solicitar al señor Ministro de Defensa Nacional que instruya a la Dirección General de Movilización Nacional, para que efectúe un control permanente de las armas existentes en el predio de Villa Baviera, así como de aquellas que pudieran haber en otras dependencias de la misma organización.”
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Para apoyar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil, por 5 minutos.
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta, votaremos a favor del proyecto de acuerdo.
Mi bancada, estando de acuerdo en líneas generales con el informe de la Comisión investigadora, no concuerda -por lo menos, quien habla- con el punto N° 1 del proyecto que contenía ese informe, que recomienda al Supremo Gobierno que aplique a los dirigentes de la ex Colonia Dignidad las disposiciones del decreto ley N° 1.094, de 1975, es decir, que proceda a la revocación de los permisos respectivos de residencia o permanencia en el territorio nacional.
Desde nuestro punto de vista, es claro que toda responsabilidad penal, civil e, incluso, ética, es de carácter personal. No hay responsabilidades penales o éticas colectivas. La Cámara de Diputados, por muy amplia que sea su mayoría, no puede recomendar una arbitrariedad, como la expulsión del territorio nacional de un grupo, de un estamento, de un conglomerado colectivo, porque las irregularidades en que miembros de ese grupo pueden haber incurrido son de carácter personal. Esto es una cuestión evidente.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
El señor CARDEMIL.-
Diputado señor Seguel, la gente se entiende con argumentos y no con exabruptos.
La señora SAA ( Vicepresidenta ).-
Señor diputado , le ruego dirigirse a la Mesa.
¡Señor Seguel , le ruego guardar silencio!
Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.
El señor CARDEMIL .-
Señora Presidenta , esta cuestión es evidente. Con un criterio parecido podemos expulsar a los abogados civilistas del país, a la orden benedictina o a un grupo que tenga una determinada actividad colectiva. En el siglo XVIII se expulsó a la Compañía de Jesús de las colonias españolas con un raciocinio parecido.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
¡ Diputado señor Montes, silencio, por favor!
El señor CARDEMIL.-
Señora Presidenta, les ruego a los diputados que no se molesten. Han tenido tiempo para decir lo que quisieron. Dejen ahora a este modesto diputado decir lo que corresponda.
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
¡Orden en la Sala!
¡ Diputado señor Balbontín , por favor!
Puede continuar el señor Cardemil .
El señor CARDEMIL.-
Gracias, señora Presidenta. Por lo tanto, ese punto se salva con el proyecto de acuerdo que se ha presentado.
Estando de acuerdo en general y en particular con el texto y las recomendaciones del informe de la Comisión investigadora, nos parecía que la Cámara incurriría en una arbitrariedad al sugerir la aplicación de una medida de esa naturaleza. Votaremos a favor del proyecto presentado por la UDI, con lo cual salvamos nuestra objeción.
En consecuencia -reitero-, apoyamos y adherimos al informe y al resto de las recomendaciones de la Comisión investigadora.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En el minuto que resta para argumentar a favor del proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Paya.
El señor PAYA.-
Señora Presidenta , como consta, voté a favor del proyecto de acuerdo anterior. Pero, a raíz de comentarios de pasillos, quiero aclarar una interpretación política mañosa que algunos quieren dar al hecho de que se esté votando de nuevo.
Las personas que votarán a favor del proyecto están absolutamente de acuerdo con todas las medidas que se proponen en relación con la ex Colonia Dignidad. Lo que al país le interesa es que se haga luz, que se termine con las irregularidades y con las situaciones oscuras que están sucediendo en dicho lugar. Tampoco se descarta la expulsión. Pero, si alguien pretende salir de esta Sala sosteniendo que quienes apoyan este segundo proyecto de acuerdo encubren de cualquier manera las circunstancias ilegales y truculentas que se están produciendo al interior de la ex Colonia Dignidad, estará faltando a la verdad.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Para impugnar el proyecto de acuerdo, tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva, por dos minutos y medio.
El señor SILVA .-
Señora Presidenta , el proyecto de acuerdo es totalmente inútil, puesto que todos los puntos que contiene ya fueron votados positivamente en el informe de la Comisión.
Aunque el Diputado señor Paya diga que es una interpretación mañosa, no tengo otra: aquí se pretende blanquear la imagen de un sector que permanentemente ha sido cómplice -al menos con su silencio- de las atrocidades que por años han ocurrido al interior de la ex Colonia Dignidad. Prueba de eso es que altos dirigentes de ese partido siguen apoyando en forma pública y decidida a la ex colonia. Si no, basta ver en la prensa las innumerables declaraciones que al respecto ha hecho el Senador señor Hernán Larraín .
-Hablan varios señores diputados a la vez.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
¡Señores diputados, les ruego guardar silencio! ¡ Diputado señor Melero!
El señor SILVA .-
Reitero, no me cabe ninguna duda de que lo único que se busca mediante el proyecto de acuerdo es un efecto público, que blanquee lo que siempre han hecho, que -como dije anteriormente- no constituye un doble estándar, sino sólo uno: apoyar en forma permanente a la ex Colonia Dignidad.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jaime Naranjo.
El señor NARANJO.-
Señora Presidenta , en primer lugar, quiero valorar el cambio de conducta del Diputado señor Cardemil , ya que él, mejor que nadie, sabe que en las dictaduras es donde, justamente, no se respeta el estado de derecho. Y me consta que varios de los actuales parlamentarios, o fueron expulsados del país o, con decretos que firmó el propio Diputado señor Cardemil , se les prohibió su ingreso.
Debo decir al Diputado señor Cardemil que en un estado de derecho se protege a las personas, y son justamente los tribunales, si se recurre a ellos, quienes el día de mañana determinarán si acaso esta gente será expulsada o no del país. El Diputado señor Cardemil , que está acostumbrado a actuar permanentemente al margen de la ley, por cierto, tiene hoy esta conducta que ya es conocida y habitual.
Por consiguiente, somos absolutamente contrarios a este proyecto de acuerdo, porque creemos que las cosas deben quedar muy claras. Se está a favor o en contra de la ex Colonia Dignidad. ¡Basta de ambigüedades y de discursos poco claros! Si la Derecha quiere mantener vigente a la ex Colonia Dignidad, que vote a favor de su proyecto de acuerdo. Nosotros creemos que ha llegado su fin, el cual requiere de medidas como la expulsión que plantea la Comisión. Pero dicha expulsión se hará respetando sus derechos, aplicando la ley -sin incurrir en las arbitrariedades que cometió el Diputado señor Cardemil en el pasado- porque si mañana quieren resistirla, pueden acudir a los tribunales de justicia: ellos determinarán si acaso procede la expulsión.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En votación el proyecto de acuerdo.
-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 8 votos; por la negativa, 10 votos. Hubo 6 abstenciones.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
No hay quórum. Se va a repetir la votación.
-Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 9 votos; por la negativa, 7 votos. Hubo 9 abstenciones.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Ha vuelto a resultar ineficaz la votación.
Se va a llamar a votar a los señores diputados durante cinco minutos.
-Transcurrido el tiempo reglamentario:
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En votación el proyecto de acuerdo.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Por no haberse reunido el quórum necesario, se repetirá la votación en la próxima sesión.
VII. INCIDENTES
ALCANCE SOBRE PROYECTO DE ACUERDO RELATIVO A LA EX COLONIA DIGNIDAD.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En Incidentes, el primer turno corresponde al Comité de la Unión Demócrata Independiente.
Tiene la palabras el Diputado señor Orpis.
El señor ORPIS.-
Señora Presidenta, lamento el procedimiento aplicado en el transcurso de la sesión.
Inicialmente, la Mesa había anunciado que primero se votarían las conclusiones emanadas del informe, e inmediatamente después el proyecto de acuerdo presentado por varios parlamentarios, entre los cuales me incluyo. Por desgracia, ese procedimiento no se siguió. Luego fue objetado por razones reglamentarias y se impidió, en el momento oportuno, que se procediera a la votación respectiva, con lo cual se ha dado el triste espectáculo que hemos tenido que vivir en los últimos minutos.
En todo caso, como uno de los firmantes del proyecto de acuerdo, quiero despejar toda duda desde el punto de vista político y sobre mi posición respecto de este tema.
Tal como lo señalaron otros señores parlamentarios, en nuestro proyecto sólo se eliminó el punto 1, y no con el ánimo de excluir una medida de expulsión en contra de quienes eventualmente cometieron delitos. Deseo ser categórico: lo único que hemos querido dejar claro es que los delitos son personales, y una vez que se realicen los procesos y se determinen las condenas, si esas personas son culpables y se estima que deben abandonar el país, yo no tengo ningún inconveniente en apoyar una medida de esa naturaleza.
Por lo tanto, al menos desde mi punto de vista personal, con ese proyecto de acuerdo y su votación, en ningún caso estoy impidiendo ni excluyendo un eventual decreto de expulsión. Sólo quiero que se dé curso a ese decreto una vez que se determine la culpabilidad de quienes hoy están siendo procesados o serán procesados en el futuro.
He dicho.
REPARACIÓN DE PUENTE EN SAN FERNANDO. Oficio.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Masferrer .
El señor MASFERRER .-
Señora Presidenta , debido a los últimos temporales, el ingreso sur de la ciudad de San Fernando, capital de la provincia de Colchagua, se encuentra clausurado, por disposición de las autoridades regionales de Vialidad, porque el puente Antivero tuvo graves fallas estructurales.
Por lo tanto, solicito oficiar, en mi nombre, al Ministro de Obras Públicas, para que, con recursos extraordinarios, sea reparado a la brevedad.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido por la Democracia.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Socialista.
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES LEGISLATIVA Y FISCALIZADORA DE LA CÁMARA.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
El turno siguiente corresponde al Comité del Partido Demócrata Cristiano.
Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.
El señor BALBONTÍN .-
Señora Presidenta , desgraciadamente, ayer no pude intervenir en la sesión especial en que se analizó el traspaso de acciones de Enersis a la compañía Endesa de España, y quiero hacerlo porque me parece que en la Cámara se está viviendo un verdadero complejo de castración y se ha caído en una visión, a mi juicio, autolimitante, incluso -quiero decirlo con franqueza- por algunos parlamentarios de la Concertación.
Se emiten juicios y pronunciamientos que pretenden tener validez absoluta para autoinhibirnos de la discusión de problemas fundamentales, en los juegos de poder que son esenciales en la sociedad. Como éste se desplaza del ámbito de la política al de la economía, algunos querrían que la inhibición fuera total acerca de las reglas de carácter económico.
La Cámara es, precisamente, para deliberar, establecer las reglas del juego de la sociedad, ejercer su capacidad de legislar, ligada con otra también muy propia: la de fiscalización, que en algunos ámbitos permite dar mayor eficacia y eficiencia a la ley, a través del perfeccionamiento del sistema jurídico. Por lo tanto, mediante la fiscalización debemos aprehender lo que la sociedad señala y con ello dar mayor eficacia a la norma; es decir, ajustar las reglas del juego de modo que éstas puedan ser de mejor aplicación.
En función de esa razón, ayer se tuvo la sesión especial. Por consiguiente, discrepo profundamente de quienes pretendieron inhibirnos so pretexto de que se trata de una materia de carácter económico privada.
Algunos parlamentarios de Oposición no encontraron nada mejor que rasgar vestiduras, y señalaron ayer que con ese debate se entraba en asuntos privados. Entonces, ¿es sólo privada la acción del narcotraficante? ¿Es sólo privada la de quien lava dinero? ¿Es sólo privada la trata de blancas? ¿Es solamente privado lo que sucede en la ex Colonia Dignidad, materia que acabamos de ver aquí? ¿O tenemos capacidad para emitir juicio y establecer, de acuerdo con las normas vigentes, lo que acontece en la sociedad? Claro, porque de lo contrario se rompe con las reglas de ética. Lo mismo sucede si no nos pronunciamos respecto del orden económico.
Parece que a algunos les interesa que estas cuestiones se mantengan sólo a nivel privado, porque cuando entramos a discutir una materia de esta naturaleza y trascendencia, se entiende que no es la política el elemento central de la sociedad, porque, poco a poco, se ha ido desplazando la toma de decisiones centrales al terreno de la economía, cosa que, por lo demás, denunciáramos hace mucho tiempo en esta Sala.
Hay quienes levantan la mano y dicen: “¡Oh, se está atacando el principio sacrosanto del mercado; se está poniendo en juego el principio de confianza en la empresa privada; se está poniendo en duda el principio de la globalización y de la internacionalización de la economía!
El pueblo nos eligió para que haya orden, el cual debe provenir de la voluntad ciudadana. Desgraciadamente, todavía perseveran instituciones que, de alguna manera, deforman la democracia, como los senadores designados, la tutela de las Fuerzas Armadas y el sistema binominal, que otorga mucho más poder a un tercio de la sociedad que a los dos tercios restantes.
Es cierto que hay deformaciones, pero es imprescindible -al menos podemos hacerlo en el Congreso Nacional- que tomemos conciencia de este fenómeno que está ocurriendo y no nos autocastremos mentalmente para hacer un análisis de lo que hoy está viviendo nuestra sociedad.
Por eso fue importante el debate de ayer. El Parlamento está para deliberar, debatir, establecer claramente las reglas del juego, y perfeccionarlas si es necesario. Si esto no fue posible en el pasado, bajo un régimen que no fue democrático, sino autoritario, en que se dictaron normas que impedían analizar hechos económicos que podían ser inmorales; si nos inhibimos a propósito de una norma especial dictada antes del 11 de marzo de 1990, fue para favorecer un proceso de transición pacífica; pero eso no quiere decir que no tengamos valentía y nos neguemos a tener mordaza para impedir que en este Parlamento se discutan las cosas trascendentales para la opinión pública nacional y, de esa manera, perfeccionar normas -como lo señaló ayer el Ministro de Hacienda - que nos permitan tener un mercado más transparente y no se transforme en privada una acción de carácter económico que puede tener enorme significado para el país.
He dicho.
DECLARACIÓN DE ZONA TÍPICA A SECTOR DE LA COMUNA DE EL QUISCO. Oficios.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra el Diputado señor Samuel Venegas.
El señor VENEGAS .-
Señora Presidenta , desde esta honorable Cámara deseo hacer sentir mi inquietud y la de todo un pueblo frente al verdadero atropello de que ha sido víctima el concejo de El Quisco, en especial su alcalde, representante máximo de esa comuna, balneario del litoral central de la provincia de San Antonio.
Este atropello ha quedado de manifiesto con la acción unilateral e inconsulta del Consejo de Monumentos Nacionales, que ha declarado zona típica a una extensa e importante área territorial ubicada en la localidad de Isla Negra, que se extiende hasta la playa denominada Punta de Tralca. Este último lugar reviste singular relevancia, pues allí se realizan encuentros y reuniones de todo tipo, en especial relacionadas con la Iglesia Católica.
La declaración de zona típica ha sido impuesta a la comunidad local sin participación de la municipalidad, encargada por ley de cautelar los intereses de los vecinos, la cual tiene, además, la facultad para asignar el uso de los suelos y establecer el correspondiente ordenamiento territorial.
Asimismo, cabe hacer notar que tampoco fue consultada la junta de vecinos del sector ni ningún otro organismo al que pertenezcan habitantes permanentes de la comuna de El Quisco. Sólo los miembros de la Fundación Pablo Neruda han promovido, gestionado y hecho valer seudos derechos, para adueñarse del monumento nacional constituido por la casa habitación que allí construyera nuestro apreciado y recordado Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda .
A través de sus influencias, la fundación pretende una ampliación desmedida del sector concebido como monumento nacional, utilizando para ello la declaración de zona típica, la que perjudica abiertamente tanto a los lugareños propietarios de terrenos como a los turistas, quienes desde tiempos inmemoriales utilizan esta área de la zona central para efectos recreacionales. En consecuencia, las proyecciones turísticas y comerciales se verían definitivamente afectadas por la declaración de zona típica, pues ello implica severas limitaciones a la construcción y desarrollo de nuevos proyectos en ese sector.
La imposición de esta determinación gubernamental, junto con menoscabar económica y territorialmente a la comuna de El Quisco, ha significado un verdadero atropello a la autoridad edilicia y a todas las organizaciones sociales que reúnen a los habitantes permanentes de dicha comuna.
En los hechos, la Fundación Pablo Neruda desconoce la legítima autoridad de que están investidos el alcalde y los concejales; además, actúa peyorativamente y a través de gestos poco nobles e irrespetuosos, que no guardan relación con la conducta, el pensamiento y las acciones que le conociéramos a Pablo Neruda .
Entendemos que esa declaratoria ya sería irrevocable. Sin embargo, apelamos a que el Ministro de Educación , en su calidad de presidente del Consejo de Monumentos Nacionales , razone y contribuya a que los límites de esta zona se fijen de manera racional, es decir, acotando su extensión. Conocedores de su vocación democrática, estamos seguros de que será sensible a este clamor de la ciudadanía de El Quisco.
En virtud de lo expuesto, solicito que se oficie al Ministro de Educación , en mi nombre, a fin de que se reestudie la delimitación de esta zona típica y que, como consecuencia de ello, sea reducida drásticamente a no más de cinco hectáreas adyacentes al monumento nacional. De esta manera, se cumple con el real objetivo de preservar nuestros valores culturales, sin afectar el progreso de los habitantes permanentes de Isla Negra y sus alrededores.
Asimismo, pido que se haga llegar copia de este oficio al Ministro del Interior, puesto que dicha Secretaría de Estado es la encargada de coordinar y apoyar los sistemas de administración municipal.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
CONDONACIÓN DE DIVIDENDOS A POBLACIONES DE VALDIVIA. Oficio.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
En el turno del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.
El señor TALADRIZ.-
Señora Presidenta , los temporales de junio y de este mes han dañado muchas viviendas no sólo en Puente Alto -donde se produjo el famoso caso de la constructora Copeva y del caballo regalado-, sino también a todo lo largo y ancho del país. Lo mismo sucedió en Valdivia con las viviendas de las poblaciones “San Pablo” y “ San Pedro ”, las cuales fueron reparadas después de las primeras lluvias, pero cuyas paredes se han vuelto a humedecer y los techos han volado o se han desprendido con los últimos temporales.
Debo reconocer que se congelaron los dividendos de estas viviendas por cuatro meses, pero, posteriormente, deben pagarse junto con los que correspondan, al término de esa prórroga. O sea, deben asumir el costo de “abrigar” sus casas para cuidar la salud de sus hijos y de los abuelitos, y después pagar los dividendos prorrogados, los cuales se transforman en un préstamo a mayor plazo. Mientras tanto, las poblaciones siguen en malas condiciones.
Por lo expuesto, pido que se oficie al Ministerio de Vivienda, en mi nombre, para que se condonen los cuatro dividendos que se prorrogaron, porque la gente está viviendo en condiciones paupérrimas y en casas de muy mala calidad.
La señora SAA (Vicepresidenta).- Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INCONVENIENCIA DE CONSTRUIR VIVIENDAS PROGRESIVAS. Oficio.
El señor TALADRIZ.-
Asimismo, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda para que no se construyan más viviendas progresivas, porque no puede ser que se edifiquen con estándares del año 82, cuando el ingreso per cápita era menor de 2.500 dólares, en circunstancia de que ahora es de 5 mil dólares y de que esas casuchas, de todas maneras, después se convierten en poblaciones marginales.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio en nombre de su Señoría.
RECLAMACIÓN POR INTERVENCIÓN ELECTORAL EN ACTOS PÚBLICOS OFICIALES. Oficio.
El señor TALADRIZ.-
Señora Presidenta , pido que se oficie a su Excelencia el Presidente de la República para representarle mi queja por la intervención electoral que se hace en los actos públicos y oficiales.
Tuve la oportunidad de estar presente en la entrega de subsidios para viviendas rurales en Panguipulli y en Los Lagos, donde pude ver sentado, en primera fila, al candidato a diputado de la Democracia Cristiana y vicepresidente del Colo Colo , señor Iván Navarro . Escuché la intervención del señor Mario Muñoz , director del Serviu de la Décima Región , que comparaba la política habitacional del Gobierno con el Colo Colo. Dijo que esa institución deportiva ha tenido un equipo de gran trayectoria y linda historia nacional, y que el vicepresidente de ese club maravilloso era el señor Iván Navarro , candidato a diputado . Aquí cometió un error, porque sus jugadores perdieron a penales frente a Cruzeiro. Igualmente, la política habitacional suele tener algunos errores, que los temporales han puesto en evidencia.
Eso es intervención electoral manifiesta. Iván Navarro no es autoridad para sentarse en primera fila, figurar en el protocolo y menos para que un funcionario del Gobierno alabe la política habitacional comparándola con el Colo Colo, con el objeto de destacar en su discurso a ese candidato.
Además, en las mismas comunas el Senador señor Gabriel Valdés dijo: “Yo pido apoyo para el 11 de diciembre, porque estamos entregando estos subsidios”. ¡Si no es plata del Gobierno ni de él, sino de todos los chilenos! Ahí también hubo intervención electoral, la cual no puede ser admitida cuando queremos igualdad de oportunidades y de posibilidades para todos los candidatos.
Las circulares del Ministerio del Interior sobre esta materia no se respetan en ninguna parte de Chile, ya que pasó lo mismo con el Senador señor Páez en Puerto Montt, en presencia del propio Ministro del Interior. Estas intervenciones deben ser extirpadas porque, de lo contrario, quiere decir que estamos funcionando en una democracia que siempre apuntala a los candidatos de la esfera gubernamental.
Asimismo, pido que en el oficio dirigido a su Excelencia el Presidente de la República quede constancia de mi queja por la actuación pública de los senadores mencionados, por la desidia del Ministro del Interior y por las actitudes de las autoridades de la vivienda en todos estos actos públicos en que entregan beneficios a las personas, ya que se trata de obras que ni siquiera han sido ideadas o creadas por ellos, sino por gobiernos pasados.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE Y OBRAS DE ADELANTO EN PEÑALOLÉN Y LA REINA. Oficios.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.
La señora CRISTI .-
Señora Presidenta , quiero llamar la atención sobre una situación que afecta a la comuna de La Reina, especialmente en el sector alto, entre las calles Nicanor Plaza , Valenzuela Puelma , Padre Hurtado , Valenzuela Llanos y el canal Las Perdices.
Los vecinos hemos sido sorprendidos en el último tiempo con una serie de remodelaciones, instalaciones de infraestructura de distinto tipo, que prácticamente han destruido calles, plazas y pavimento. Aparentemente, han sido ejecutadas por empresas de agua potable y de gas y la que entuba el canal Las Perdices, todo lo cual ha generado una serie de inconvenientes a los residentes del sector, en especial por el cierre de las pocas vías de acceso al tránsito público.
Lo más grave de esta situación radica en que los vecinos -incluida la diputada que habla- no tuvimos conocimiento previo de esas obras de infraestructura que se ejecutan en la comuna, de las consecuencias o beneficios que traerán al sector de La Reina ni de las compensaciones que tendrán los vecinos, la comuna o la municipalidad por esos supuestos adelantos.
En el caso del canal Las Perdices, por ejemplo, su entubamiento ocasionará que su cauce, que por mucho tiempo ha encauzado las aguas lluvia, además de servir para el riego, pierda la calidad de recolector de dichas aguas, lo que en el futuro producirá inundaciones, como las ocurridas la semana pasada en el sector de Padre Hurtado. Por lo demás, ello ya aconteció en la comuna de Peñalolén, donde los canalistas del Maipo entubaron el mismo canal, lo que trajo como consecuencia que, al no existir una vía de evacuación de las aguas lluvia, se inundaran sectores modestos de esa comuna.
Por lo anterior, solicito que se oficie al alcalde de La Reina , a fin de que nos informe sobre quiénes promueven estos trabajos, qué beneficios traerán a la comuna y qué compensaciones recibirá; cuándo se terminarán las obras y qué garantías existen de que las plazas y pavimentos serán restablecidos.
En la parte alta de Peñalolén, en la calle Julia Bernstein -donde vivo-, un colegio efectuó trabajos en el alcantarillado. Pues bien, con la primera lluvia se hundió el pavimento que los propios vecinos habíamos financiado. Por lo tanto, interesa a la comunidad que los daños ocasionados en la ejecución de las supuestas nuevas obras sean reparados de la mejor forma posible, en beneficio de los vecinos del sector.
Por otra parte, junto al semáforo instalado en la calle Padre Hurtado, existe un puente muy peligroso. Desde hace mucho tiempo se viene escuchando que el Serviu lo va a reparar, pero a pesar de que ha sido ensanchado, en ese lugar se produce un “cuello de botella” debido a la estrechez del puente. Es un milagro que hasta hoy no se hayan producido accidentes.
Por lo tanto, pido que se oficie al alcalde , con el objeto de que informe sobre cuándo comenzarán a ejecutarse los trabajos de construcción de un nuevo puente, y si existen trabas del Serviu, que comunique cuáles son los problemas que existen al respecto.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se enviarán los oficios solicitados por su Señoría.
INFORMACIÓN SOBRE PROBLEMAS ESTRUCTURALES EN CASAS COPEVA. Oficio.
La señora CRISTI .-
Por último, deseo referirme a las mentadas casas Copeva de Puente Alto, en las que han sido acogidas muchas familias de Peñalolén. La mayor preocupación de esas familias, además de las filtraciones, dice relación con la seguridad que presenta la parte estructural de esas viviendas. Las personas que allí habitan han manifestado que las losas han bajado, lo que les hace temer que dicha situación constituya un peligro a futuro.
Por lo tanto, solicito que se oficie al Ministro de Vivienda -ya le había formulado la petición al ministro saliente-, a fin de que envíe a la Cámara y a la Comisión que investiga la situación de esas viviendas, un informe o un estudio sobre los problemas estructurales detectados, porque de existir tales fallas, todos los problemas vividos hasta ahora se verían agravados si ocurriera un temblor o un desastre similar. Los vecinos están conscientes de la situación; muchos son maestros de la construcción y presienten que pueden ocurrir problemas mayores. Por eso, de alguna forma, se han opuesto a las mejorías efectuadas, porque no sólo desean que no haya filtración de agua a través de los muros, sino que también quieren tener la certeza de que esas casas son seguras y de que el movimiento estructural a que han sido sometidas no conlleva peligro para seguir habitándolas.
He dicho.
La señora SAA (Vicepresidenta).-
Se enviará el oficio solicitado por su Señoría.
Por haberse cumplido con el objeto de la sesión, se levanta.
-Se levantó la sesión a las 15.20 horas.
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
VIII. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.
1. Oficio del Senado. Aprueba modificaciones a los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. (boletín Nº 1689-10)(S)
Con motivo del Mensaje, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente
PROYECTO DE ACUERDO:
“Artículo único.- Apruébanse las modificaciones a los artículos 38, 37, 14 y 15 de los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo y a los párrafos 12 y 13 de las reglas de financiación, anexas a dichos Estatutos, adoptadas mediante las Resoluciones 61 (III), de 1979; 92 (IV) y 93 (IV), de 1981; 134 (V) y 135 (V), de 1983, y 208 (VII), de 1987, en la Tercera, Cuarta, Quinta y Séptima Asamblea General de la Organización.”.
-o-
Dios guarde a V.E.
(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario .”
2. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal respecto a la forma en que han de practicarse las notificaciones de las resoluciones que indica y el Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a la visita semanal que efectúan los jueces a los recintos carcelarios. (boletín N° 1866-07)(S)-1.
“Honorable Cámara:
Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en segundo trámite constitucional, sobre el proyecto de la referencia, originado en una moción del honorable Senador señor Miguel Otero Lathrop .
I. IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.
1. Facilitar la notificación de las resoluciones que se refieran a la libertad de detenidos o procesados en causas criminales que se lleven ante un tribunal cuya sede se encuentre fuera del lugar o ciudad donde esté ubicado el establecimiento penal en el cual se encuentren recluidos y que no tenga servicio diario de traslado de presos.
2. Eliminar el trámite previo de dirigir requisitoria a los jueces del crimen de los lugares en que se sospeche que el inculpado o procesado ha podido albergarse, para poder declarar la rebeldía de éste.
3. Establecer que, como regla general, la visita semanal que deben efectuar los jueces del crimen a los detenidos o presos será efectuada solamente por aquellos cuyo tribunal está ubicado en la localidad o ciudad en que se encuentre la cárcel o establecimiento penal.
II. ANTECEDENTES.
1. Ámbito normativo.
1.1. Acerca de las notificaciones.
a) Disposiciones vigentes.
En conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 del Código de Procedimiento Penal, son aplicables al procedimiento penal, en cuanto no se opongan a lo establecido en el Código o en leyes especiales, las disposiciones comunes a todos los juicios, contenidas en el Libro I del Código de Procedimiento Civil.
Del texto y de la historia de esa disposición se desprende que en materia de notificaciones debe estarse a lo que dispone el Código de Procedimiento Civil, salvo que haya disposición en contrario (Corte Suprema. Cas. fondo, 20 de abril de 1960 R., t. 57, sec. 4a., p. 55).
Por medio de las notificaciones judiciales se pone en conocimiento de una persona una resolución, diligencia o actuación procesal. Por su naturaleza, son esencialmente formales. Para que existan y surtan sus efectos deben cumplir todos los requisitos legales.
El artículo 38 del Código de Procedimiento Civil establece que las resoluciones judiciales sólo producen sus efectos en virtud de notificación hecha con arreglo a la ley, salvo los casos expresamente exceptuados por ella.
Es nula y no tiene valor alguno toda notificación que no se ajuste a las solemnidades que la ley establece para practicarla.
Entre los requisitos de las notificaciones judiciales, está el de que ella sea practicada por el funcionario competente, que actúa como ministro de fe. Puede ser el secretario del tribunal, el oficial primero del mismo, con arreglo al artículo 389 del Código Orgánico de Tribunales, o un receptor.
El secretario del tribunal y el oficial primero, quien desempeña bajo la responsabilidad del secretario las funciones que a éste encomienda el título VI del Libro I del Código de Procedimiento Civil, pueden efectuar notificaciones en su oficina, es decir, en la secretaría del tribunal, en el local en que ella funciona, que es uno de los lugares hábiles para tales efectos, conforme al artículo 41 del Código de Procedimiento Civil.
El artículo 380 del Código Orgánico de Tribunales, en su número 2°, señala, como función de los secretarios, la de “autorizar las providencias o resoluciones que sobre dichas solicitudes recayeren, y hacerlas saber a los interesados que acudieren a la oficina para tomar conocimiento de ellas,...”
Los receptores, según el artículo 390 del mismo cuerpo legal, “son ministros de fe pública encargados de hacer saber a las partes, fuera de las oficinas de los secretarios, los decretos y resoluciones de los Tribunales de Justicia...”
Todas estas disposiciones, que establecen los funcionarios que son competentes para practicar notificaciones, como asimismo su competencia topográfica, son normas de orden público que no pueden dejar de cumplirse, so pena de nulidad en caso de contravención.
El actual inciso segundo del artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, modificado por la ley Nº 19.189, de 1992, dispone que las notificaciones deben hacerse personalmente al procesado que estuviere preso, pudiendo realizarlas el secretario del Tribunal en su oficio o en el establecimiento penal donde aquél se encontrare recluido, aunque se halle fuera de su territorio jurisdiccional.
b) La discusión realizada a propósito del nuevo sistema procesal penal.
La Comisión, en el momento de discutir el proyecto de ley que establece un nuevo Código de Procedimiento Penal (boletín Nº 1630-07), en lo relativo a los funcionarios autorizados para realizar las notificaciones y citaciones, optó por aludir a los “funcionarios públicos” y no a los “funcionarios judiciales”, por entender que la primera expresión cubre un espectro más amplio. Así, se acordó que las notificaciones de las resoluciones judiciales se realizarán por los funcionarios públicos especialmente habilitados.
Respecto de las notificaciones al imputado privado de libertad, se adecuó la norma al artículo 66 del Código de Procedimiento Penal vigente, estimándose que deben hacerse en persona, pudiendo realizarlas un funcionario del tribunal en el mismo o en el establecimiento penal en que aquél se encontrare recluido, aunque se halle fuera de su territorio jurisdiccional.
Asimismo, se consideró una norma general relativa a otras formas de notificación que podrá proponer al tribunal cualquier interviniente en el procedimiento. El tribunal podrá aceptar la proposición si, en su opinión, resultare suficientemente eficaz y no causare indefensión.
c) Tendencia legislativa a facilitar la práctica de las notificaciones.
La ley Nº 19.382 modificó las disposiciones que regulan las notificaciones en el Código de Procedimiento Civil, particularmente los artículos 41, 43 y 44 del citado cuerpo legal, al objeto de facilitar la práctica de las notificaciones. Esta modificación aumentó los lugares en los que se pueden practicar las notificaciones, como asimismo los días y horas hábiles en que se pueden realizar válidamente. En el caso de la notificación personal del artículo 44, simplificó el procedimiento al establecer que, a fin de acreditar las circunstancias que habilitan para realizar esta notificación personal subsidiaria, basta la certificación del ministro de fe que practicará la notificación, excluyendo la información sumaria de testigos.
1.2. Disposiciones sobre las requisitorias.
En el Título III, acerca de los procedimientos por crimen o simple delito contra personas ausentes, del Libro Tercero del Código de Procedimiento Penal, de los procedimientos especiales, se consideran los artículos 592 y 593.
El primero establece la obligación del juez de expedir requisitorias a los jueces de los lugares en que se sospeche que el inculpado o procesado haya podido albergarse, como requisito previo a la declaración de la rebeldía del inculpado o procesado.
El segundo se refiere a los antecedentes que deben contener las requisitorias.
1.3. Normas sobre la visita semanal de cárceles.
En el Párrafo 2, acerca de las visitas, del Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, de la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales, se considera el artículo 567.
Esta disposición establece que el último día hábil de cada semana, todo juez de letras que ejerza jurisdicción en materia criminal visitará, acompañado de su secretario, la cárcel o establecimientos en que se encuentren los detenidos o presos a quienes procesa, a fin de indagar si sufren vejaciones indebidas, si se les coarta la libertad de defensa o si se prolonga ilegalmente la tramitación de su proceso.
2. Fundamentos de la moción.
El autor de la moción funda la iniciativa en que las actuales circunstancias han hecho variar los presupuestos de hecho en que, históricamente, se basaron las disposiciones anteriormente mencionadas.
La transformación de la realidad hace conveniente:
- Facilitar la práctica de la notificación de las resoluciones judiciales relativas a la libertad del detenido o preso cuando existen diferencias de ubicación geográfica entre el tribunal de la causa y el establecimiento carcelario respectivo.
- Eliminar la obligación del juez de la causa de dirigir requisitoria a los jueces de los lugares en que se sospeche que el procesado o inculpado ha podido albergarse, como condición para poder decretar su rebeldía.
-Circunscribir el deber de practicar las visitas semanales a las cárceles sólo a los jueces cuyo tribunal funcione en el mismo lugar en que se encuentra el recinto de detención o prisión preventiva.
El primer objetivo trata de establecer mecanismos más expeditos de notificación de ciertas resoluciones judiciales que se dictan en el proceso penal, cuando el tribunal funciona fuera del lugar donde se encuentra la cárcel o establecimiento penal y no tiene servicio diario de traslado de presos.
En las regiones en que los establecimientos penales están ubicados a mucha distancia del lugar donde funcionan los tribunales que tienen detenidos o procesados recluidos en ellos, y, el juzgado los requiere para notificarlos, Gendarmería debe trasladarlos en un viaje de rutina, que en algunos casos está programado sólo una vez a la semana, lo que produce demora de varios días en la práctica de la notificación. Esta circunstancia es particularmente grave cuando se trata de resoluciones relativas a la libertad del recluido, porque la detención o prisión preventiva se prolonga en forma injustificada.
La moción propone que las resoluciones que otorgan la libertad provisional sin fianza, o con consulta, o las que conceden la apelación interpuesta, en su caso, se notifiquen por el estado diario, lo que permitirá al recluido recuperar de inmediato su libertad al no dilatarse el acto de la notificación por uno o varios días, o no tener que esperar que el expediente sea enviado a la Corte de Apelaciones respectiva. Por otra parte, se dispone que las resoluciones que conceden la libertad bajo fianza o la denieguen se comuniquen por el medio más rápido posible -fax, télex, telégrafo e incluso el teléfono- al encargado del establecimiento penal para que éste las notifique al recluido, quien podrá apelar en el acto y ante el mismo encargado, lo que se comunicará de inmediato y por la misma vía al tribunal. Este sistema permitirá al procesado apelar o gestionar la constitución de la fianza, sin esperar que lo lleven al tribunal, y también agilizar la orden de libertad, una vez constituida la fianza.
El segundo objetivo consiste en eliminar la obligación del juez, para los efectos de declarar la rebeldía del inculpado o procesado, de expedir requisitorias a los jueces de los lugares en que se sospeche que aquel haya podido albergarse, fijándole un plazo para que comparezca.
La iniciativa legislativa sugiere la modificación de los artículos 592 y 593 del Código de Procedimiento Penal, de manera tal que sólo se exija, para los efectos de declarar la rebeldía, que el tribunal que conoce del proceso despache órdenes de citación o de aprehensión a Carabineros e Investigaciones para que la cumplan en todo el territorio nacional.
El tercer y último objetivo pretende que la visita semanal que deben practicar los jueces del crimen a los establecimientos penales sea obligatoria sólo para los jueces cuyos tribunales funcionan en la localidad o ciudad en la cual se encuentra el establecimiento penal, quienes informarán a los magistrados cuyos juzgados estén ubicados fuera de esa localidad sobre las quejas y observaciones que reciban de los detenidos o presos en causas que se incoen ante estos últimos, según el turno o sistema que determine la Corte de Apelaciones respectiva.
Así, se persigue solucionar el problema que significa la separación física entre el lugar de ubicación del juzgado y el del establecimiento penal. Si la distancia entre uno y otro lugar es considerable, el cumplimiento de la visita obliga al juez a destinar un día completo para practicarla aunque sólo tenga un recluido, lo que se agrava por el hecho de que los juzgados no cuentan con medios propios de transporte. Este hecho constituye un gravamen injustificado para un importante número de magistrados y no afecta a aquellos que tienen el establecimiento penal dentro de la ciudad o lugar donde funciona el tribunal que sirven.
III. SÍNTESIS DEL CONTENIDO DEL PROYECTO APROBADO POR EL SENADO.
El Senado tuvo presente el parecer favorable de la Excma. Corte Suprema y del Instituto Chileno de Derecho Procesal, como, asimismo, la opinión del Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso señor Manuel Silva Ibáñez .
El máximo tribunal informó favorablemente sobre el proyecto “en atención a que las modificaciones propuestas contribuyen, por su índole, a agilizar la tramitación de los procesos en las materias de que se trata y, particularmente, a la eficacia del debido proceso, a cuyo respecto se dirige la garantía del artículo 19, N° 3º, de la Constitución Política de la República”, sin perjuicio de que efectuó algunas sugerencias respecto de su texto.
El Senado consideró también el informe emitido por el Presidente del Instituto Chileno de Derecho Procesal , señor Waldo Ortúzar Latapiat , y la opinión del señor Ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso -y Presidente de ella durante el año 1996-, señor Manuel Silva Ibáñez , quienes concordaron con la iniciativa legislativa y realizaron proposiciones destinadas a perfeccionarla.
El Senado aprobó el número 1 del artículo 1° del proyecto de ley, que incorpora un nuevo inciso al artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, sin perjuicio de introducirle las siguientes modificaciones al texto original:
1. En lo relativo a las resoluciones que se notificarán por el estado diario, acogió la proposición del Instituto Chileno de Derecho Procesal consistente en considerar el caso de los detenidos, ya que obran, respecto de ellos, similares razones que las que existen respecto de los procesados para agilizar la práctica de las notificaciones. De manera que incluyó en el mecanismo de la notificación por el estado diario a las resoluciones que otorgan la libertad incondicional.
2. La notificación por el estado diario también se aplicará a las resoluciones que ordenen cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones respectiva, recaído en la apelación o en la consulta, según corresponda, que se pronuncie sobre la libertad del recluido.
3. En lo concerniente a las resoluciones que se elevan en consulta, se eliminó la mención que se hacía de ellas separadamente de las resoluciones sobre libertad provisional bajo fianza. De esta forma, quedan sujetas al mecanismo de notificación por intermedio del encargado del establecimiento carcelario.
4. El mecanismo de notificación al preso por intermedio del encargado del establecimiento carcelario se aplicará a las resoluciones que concedan la libertad bajo fianza o, en su caso, concedan la apelación interpuesta. En estas situaciones resulta conveniente este sistema, porque permite que el encausado adopte las medidas que estime convenientes, tales como comunicarse con su abogado para que comparezca a alegar o procurar reunir el monto de la fianza.
5. Se especificó en la norma, conforme lo sugirió la Corte Suprema, que se deben adoptar medidas de resguardo para verificar la autenticidad de las comunicaciones. Se tuvo en vista la norma que, con la misma finalidad, considera el inciso sexto del artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, que establece la obligación del secretario del tribunal de dejar testimonio en el proceso de la fecha y forma en que requirió informe para conceder la libertad provisional al Servicio de Registro Civil e Identificación, y si la respuesta es oral, dispone que se debe señalar su fecha de recepción, la individualización de la persona que emitió la información y su tenor.
6. Atendido que las apelaciones conforme al artículo 366 del Código de Procedimiento Penal se conceden en el solo efecto devolutivo, se eliminó la idea de que los autos deban elevarse a la Corte de Apelaciones “sin más trámites”, mediante la supresión de la expresión entre comillas, ya que ello podría interferir la facultad otorgada al juez por el artículo 61 del indicado cuerpo legal de ordenar compulsas o copias en ciertos casos.
El número 2 del artículo 1º fue aprobado con enmiendas formales, de manera que se eliminó, en el artículo 592 del Código de Procedimiento Penal la obligación de dirigir requisitoria a los jueces de los lugares en que se sospeche que el inculpado o procesado haya podido albergarse, para los efectos de declararlo en rebeldía, exigiendo simplemente que se despachen las órdenes de citación o de aprehensión correspondientes a Carabineros e Investigaciones, quienes deberán transmitirlas a todas sus reparticiones y unidades.
El número 3 del artículo 1º también fue aprobado con enmiendas formales, de modo que en el artículo 593 se suprimieron dos referencias a la requisitoria y se reemplazó otra por la alusión a la orden de citación o aprehensión, haciendo concordantes sus disposiciones con las modificaciones del artículo 592.
El artículo 2° fue aprobado con modificaciones. Esta disposición modifica el artículo 567 del Código Orgánico de Tribunales en lo relativo a las visitas semanales que deben efectuar los jueces de letras con jurisdicción en lo criminal a las cárceles o establecimientos penitenciarios donde se encuentren las personas privadas de libertad a quienes procesen. El propósito es que la visita sea obligatoria sólo en caso de que la cárcel o establecimiento penal se encuentre ubicado en la localidad o ciudad donde funcione el tribunal. En los otros casos se establecerá un turno u otro sistema entre los jueces obligados a efectuar la visita, correspondiéndoles informar, mediante oficio, al juez que instruye el respectivo proceso, sobre las quejas y observaciones recibidas de los detenidos y presos.
La Excma. Corte Suprema opinó que es conveniente mantener la obligación de los jueces del tribunal de origen de practicar personalmente las visitas una vez al mes. El Senado no compartió íntegramente esa idea, ya que la visita mensual, si bien constituiría una mejoría respecto de la situación actual, mantiene los inconvenientes que la moción pretende subsanar, en especial la acefalía en que queda el tribunal. Además, el juez de la causa tendrá igualmente conocimiento de las quejas y observaciones de los detenidos o procesados privados de libertad a quienes encause, ya que contará con los informes que le enviará el juez que practique la visita.
El Senado, en una manifestación de aceptación parcial de la sugerencia de la Corte Suprema, por entender que puede ser útil que el juez del tribunal que conoce de la causa tenga contacto personal con los presos o detenidos que están siendo procesados en su tribunal, estimó oportuno que, a lo menos, una vez cada tres meses, el juez de la causa visite a los detenidos o presos.
IV. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.
a) Discusión en general.
Durante la discusión en general del proyecto, la Comisión coincidió plenamente con la justeza de las ideas que lo inspiran y, procedió, sin mayor debate, a aprobar la idea de legislar por unanimidad.
b) Discusión en particular.
Artículo 1º, número 1.
Una vez abierto el debate en la discusión pormenorizada de la iniciativa, el Diputado señor Cornejo formuló las siguientes indicaciones:
1. Para reemplazar, en el inciso nuevo agregado al artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, la palabra “comunicará”, ubicada entre las expresiones “se” y “de”, por “notificará”.
2. Para reemplazar, en el inciso nuevo agregado al artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, la palabra “notificarla”, ubicada entre las expresiones “deberá” y “al”, por “comunicarla”.
Las indicaciones se fundan en el propósito de establecer claramente que el funcionario que realiza la notificación es el secretario del tribunal y que el funcionario encargado del establecimiento penal no hace más que cumplir una orden de la autoridad competente. Así, se elimina la posibilidad de que se estime que la norma ha otorgado atribuciones a un funcionario público, lo que resultaría ser materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República , conforme al número 2) del artículo 62 de la Constitución Política de la República. Asimismo, se produce la debida concordancia con la disposición considerada en la letra b) del artículo 3º del decreto ley Nº 2.859, que fija la ley Orgánica de Gendarmería, según la cual corresponde a ese Servicio cumplir las resoluciones emanadas de autoridad competente, relativas al ingreso y a la libertad de las personas sometidas a su guarda, sin que le corresponda calificar el fundamento, justicia o legalidad de tales requerimientos.
Esto es sin perjuicio de tener presente que, en lo relativo a la práctica de las notificaciones, la tendencia es aumentar los funcionarios que pueden realizarlas y, en general, facilitar el cumplimiento de esta actuación procesal, según se manifestó al analizar los antecedentes relativos a la modificación del Código de Procedimiento Penal y del Código de Procedimiento Civil en lo concerniente a las notificaciones.
Por último, se consideró la parte final del nuevo inciso del artículo 66, en virtud de la cual se entiende que el secretario del tribunal es el ministro de fe en la notificación practicada según la modalidad creada por esta disposición.
Se aprobaron las indicaciones por unanimidad, conjuntamente con el texto propuesto por el Senado. Asimismo, se realizaron modificaciones meramente formales.
Artículo 1º, número 2.
La Comisión aprobó este precepto en idénticos términos que el Senado y por unanimidad.
Artículo 1º, número 3.
La Comisión aprobó esta disposición con una enmienda formal y por unanimidad.
Artículo 2º.
La Comisión aprobó esta disposición con enmiendas formales y por unanimidad.
Sin perjuicio de ello, aprobó dos indicaciones, formuladas por el Diputado señor Cornejo , destinadas a modificar los artículos 570 y 571, inciso segundo, del Código Orgánico de Tribunales, al objeto de concordar estos preceptos con la modificación realizada en el artículo 567 del mismo cuerpo legal.
La primera indicación aprobada agrega, en el artículo 570 del Código Orgánico de Tribunales, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“En el caso del inciso segundo del artículo 567, los tribunales exentos de la obligación de la visita respectiva deberán remitir al tribunal que realizará la visita el estado en que se exprese el nombre de cada uno de los presos y detenidos, el delito por el cual se les procesa y el estado actual de la causa, hasta el día inmediatamente anterior a aquél en que se efectúe la visita. El tribunal que practique la visita oficiará al que conoce de la causa informándole sobre los retardos indebidos que constate, al objeto de que dicte las medidas convenientes para que el proceso siga su curso sin interrupción.”
La segunda indicación aprobada por la Comisión reemplaza el punto aparte (.) del inciso segundo del artículo 571 por un punto seguido (.) y agrega el siguiente texto: “En el caso del inciso segundo del artículo 567, el tribunal que practique la visita oficiará al que conoce de la causa informándole sobre los reclamos formulados, al objeto de que adopte las medidas que crea convenientes para subsanar las faltas que se hicieren presentes.”
V. ACUERDOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN Y MENCIÓN DE LAS ADICIONES Y ENMIENDAS INTRODUCIDAS EN EL PROYECTO.
En virtud de los acuerdos adoptados tanto en la discusión general como en la particular, vuestra Comisión os recomienda que prestéis aprobación al proyecto del honorable Senado, con las siguientes adiciones y enmiendas:
1. Reemplazar, en el encabezamiento del artículo 1º, la expresión “al” por “en el”.
2. Modificar el número 1) del artículo 1º del proyecto en el siguiente sentido:
a) Reemplazar, en su encabezamiento, la expresión “al” por “en el”, e intercalar entre las palabras “inciso” y “nuevo”, una coma (,).
b) Reemplazar, en el inciso nuevo agregado al artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, la palabra “comunicará”, ubicada entre las expresiones “se” y “de”, por “notificará”.
c) Reemplazar, en el inciso nuevo agregado al artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, la palabra “notificarla”, ubicada entre las expresiones “deberá” y “al”, por “comunicarla”.
3. Reemplazar, en el número 3) del artículo 1º, los dos puntos (:) que siguen al guarismo “593” por una coma (,).
4. Modificar el artículo 2º del proyecto en el siguiente sentido:
a) Reemplazar su encabezamiento por el siguiente:
“Artículo 2°.- Introdúcense en el Código de Orgánico de Tribunales las siguientes modificaciones:”
b) Agregar, antes de “Artículo 567”, el siguiente texto:
“1) Sustitúyese el artículo 567 del Código Orgánico de Tribunales por el siguiente:”
c) En el inciso segundo del nuevo artículo 567, intercalar, entre la letra “y” y la palabra “por”, una coma (,); reemplazar la palabra “están” por “estén”, y sustituir la expresión “de” ubicada entre los vocablos “proceso” y “las” por “sobre”.
d) Añadir el siguiente número 2):
“2) Agrégase, en el artículo 570, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“En el caso del inciso segundo del artículo 567, los tribunales exentos de la obligación de la visita respectiva deberán remitir al tribunal que realizará la visita el estado en que se exprese el nombre de cada uno de los presos y detenidos, el delito por el cual se les procesa y el estado actual de la causa, hasta el día inmediatamente anterior a aquél en que se efectúe la visita. El tribunal que practique la visita oficiará al que conoce de la causa informándole sobre los retardos indebidos que constate, al objeto de que dicte las medidas convenientes para que el proceso siga su curso sin interrupción.”
e) Agregar el siguiente número 3):
“3) Reemplázase el punto aparte (.) del inciso segundo del artículo 571 por un punto seguido (.) y agrégase el siguiente texto: “En el caso del inciso segundo del artículo 567, el tribunal que practique la visita oficiará al que conoce de la causa informándole sobre los reclamos formulados, al objeto de que adopte las medidas que crea convenientes para subsanar las faltas que se hicieren presentes.”
VI. CONSTANCIA.
Para los efectos de lo establecido en los Nºs. 4º, 5º y 6º del artículo 289 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:
1º El Senado ha calificado como normas orgánicas constitucionales todos los artículos del proyecto.
Vuestra Comisión ha otorgado esa misma calificación a los números 2) y 3) del artículo 1º y al artículo 2º.
En lo relativo al número 1) del artículo 1º, esta Comisión, manteniendo el criterio que sustentara en el proyecto boletín Nº 476-07, que diera origen a la ley Nº 19.189, que modificó precisamente el artículo 66 del Código de Procedimiento Penal, estima que se trata de una norma de procedimiento, que tiende a regular la forma de efectuar ciertas notificaciones en materia penal, por lo que no tiene incidencia alguna en la organización ni en las atribuciones de los tribunales. Por lo mismo, al modificarse esta disposición no se estaba legislando sobre materias propias de la ley orgánica constitucional del Poder Judicial , sino sobre materias que son objeto de ley ordinaria o común, conforme a la interpretación armónica de los artículos 74 y 60, N° 3, de la Constitución Política de la República.
El Tribunal Constitucional, en el caso del artículo 391 del Código Orgánico de Tribunales, que permite a los receptores ejercer sus funciones en todo el territorio jurisdiccional del respectivo tribunal, pero también practicar las actuaciones ordenadas por éste en otra comuna, dentro del territorio jurisdiccional de la misma Corte de Apelaciones, por sentencia del 9 de enero de 1989, recaída en el proyecto que diera origen a la ley N° 18.776, sobre adecuación del Poder Judicial a la regionalización del país, resolvió que esa norma era propia de ley común, por lo que no le correspondía ejercer el control de constitucionalidad.
Con todo, por ser el honorable Senado la cámara de origen, y, por tanto, la que habrá de remitir el proyecto al Tribunal Constitucional, al objeto de que ejerza el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales, se sugiere señalar la votación con la que, eventualmente, la Cámara de Diputados apruebe el número 1) del artículo 1º.
2º Que ninguno de los artículos del proyecto de ley es de la competencia de la Comisión de Hacienda.
3º Que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.
En virtud de los acuerdos adoptados por la Comisión, el proyecto de ley del honorable Senado quedaría redactado en los siguientes términos:
PROYECTO DE LEY.
“Artículo 1°.- Introdúcense en el Código de Procedimiento Penal las siguientes modificaciones:
1) Agrégase en el artículo 66 el siguiente inciso, nuevo:
“Ello no obstante, tratándose de detenidos o presos cuyo proceso se lleve ante un tribunal cuya sede se encuentre fuera del lugar o ciudad donde esté ubicado el establecimiento penal en el cual se encuentren recluidos y que no tenga servicio diario de traslado al tribunal, la resolución que conceda la libertad incondicional o la libertad provisional sin fianza, u ordene cumplir el fallo de la Corte de Apelaciones que se pronuncie sobre la resolución concerniente a la libertad, se notificarán por el estado diario. La resolución que deniegue la libertad, o conceda la libertad provisional bajo fianza o conceda la apelación interpuesta, en su caso, se notificará de inmediato y por el medio más rápido posible, al encargado del establecimiento penal, quien deberá comunicarla al recluido. Este podrá apelar de la resolución en el acto y ante el mismo encargado, lo que éste comunicará de inmediato y por igual vía al tribunal. Concedida que sea la apelación, se elevarán los autos a la Corte de Apelaciones respectiva. Asimismo, una vez constituida la fianza, el tribunal transmitirá, por igual medio, la orden de libertad al encargado del establecimiento para su inmediato cumplimiento. El secretario del tribunal dejará testimonio en el proceso de las actuaciones que practique conforme a este inciso, con mención de la fecha en que se efectuaron, la individualización de la persona que le recibió o le proporcionó la información, según proceda, y el tenor de ésta.”
2) En el artículo 592, elimínase la frase “y dirigirá requisitoria a los jueces de los lugares en que se sospeche que aquél haya podido albergarse”, colocando el punto aparte (.) a continuación de la palabra “aprehenderlo”; y agrégase el siguiente inciso segundo: “Las órdenes de citación o aprehensión se despacharán tanto a Carabineros como a la Policía de Investigaciones y estas instituciones deberán transmitirlas a todas sus reparticiones y unidades.”
3) En el artículo 593, en el encabezamiento, suprímese la frase “y requisitorias”; en el número 3°, elimínanse las palabras “o requisitoria”; y en el número 4°, sustitúyense las palabras “o requisitoria” por “de citación o aprehensión”.
Artículo 2°.- Introdúcense en el Código de Orgánico de Tribunales las siguientes modificaciones:
1) Sustitúyese el artículo 567 por el siguiente:
“Artículo 567.- El último día hábil de cada semana, todo juez de letras que ejerza jurisdicción en materia criminal, acompañado de su secretario, visitará la cárcel o establecimientos que se encuentren ubicados en la localidad o ciudad donde funcione el tribunal y en los cuales haya detenidos o presos en procesos a su cargo, con el objeto de indagar si sufren vejaciones indebidas, si se les coarta la libertad de defensa o si se prolonga ilegalmente la tramitación de su proceso.
La Corte de Apelaciones, dentro de cuyo territorio jurisdiccional existan tribunales en lo criminal que estén exentos de la visita respectiva en razón de tener detenidos o presos en cárceles o establecimientos que estén ubicados fuera de la localidad o ciudad donde funcionan, establecerá un turno u otro sistema entre los jueces del crimen obligados a la visita, para que éstos la efectúen a tales detenidos o presos, y, por oficio, informen al juez que instruye el respectivo proceso sobre las quejas y observaciones recibidas. Sin perjuicio de lo anterior, todo juez deberá visitar, a lo menos una vez cada tres meses, el recinto carcelario en que tuviere detenidos o presos.”
2) Agrégase, en el artículo 570, el siguiente inciso segundo, nuevo:
“En el caso del inciso segundo del artículo 567, los tribunales exentos de la obligación de la visita respectiva deberán remitir al tribunal que realizará la visita el estado en que se exprese el nombre de cada uno de los presos y detenidos, el delito por el cual se les procesa y el estado actual de la causa, hasta el día inmediatamente anterior a aquél en que se efectúe la visita. El tribunal que practique la visita oficiará al que conoce de la causa informándole sobre los retardos indebidos que constate, al objeto de que dicte las medidas convenientes para que el proceso siga su curso sin interrupción.”
3) Reemplázase el punto aparte (.) del inciso segundo del artículo 571 por un punto seguido (.) y agrégase el siguiente texto: “En el caso del inciso segundo del artículo 567, el tribunal que practique la visita oficiará al que conoce de la causa informándole sobre los reclamos formulados, al objeto de que adopte las medidas que crea convenientes para subsanar las faltas que se hicieren presentes.”
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Se designó Diputado Informante al señor Aldo Cornejo González .
Sala de la Comisión, a 13 de agosto de 1997.
Aprobado en sesión de igual fecha, con la asistencia de los señores Diputados Sergio Elgueta Barrientos ( Presidente accidental ), Rubén Gajardo Chacón , José Antonio Viera-Gallo Quesney y Martita Wörner Tapia .
(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .”