Labor Parlamentaria

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente , estamos reunidos como Sala de la Cámara de Diputados para tratar un tema de gran importancia y sobre el que se ha polemizado bastante. Lo hacemos en este recinto, porque los diputados somos los representantes del pueblo; es decir, integramos el único órgano emanado exclusivamente de la voluntad popular de todos los chilenos. Los ciudadanos nos han elegido para que formulemos las normas de convivencia nacional, propongamos nuevas normativas y cuerpos legales y, al mismo tiempo, velemos por que lo que ocurra en la vida pública nacional en materias tan disímiles como la educación, la cultura, el deporte, las finanzas, la familia, los derechos humanos y los negocios, ocurra dentro de un marco jurídico y ético acorde con nuestros valores y tradiciones.

En esta perspectiva, no puede sernos ajeno un debate como el que se ha suscitado en las últimas semanas a raíz de la venta de las acciones de las empresas controladoras del grupo Enersis , operación comercial que se ha difundido como “la venta del siglo”.

Independientemente de los hechos y situaciones que expondré a continuación y que en su propio mérito fundamentan el valor y alcance de esta sesión y de las decisiones que de ella puedan emanar, no puede caber duda alguna del derecho que nos asiste para sostener este debate, fundado en el hecho de que esta transacción comercial afecta e incide en políticas públicas, sobre las que existe evidente preocupación en el país: apertura de la cuenta de capitales, precio del dólar, credibilidad internacional de nuestras políticas, marco ético en el cual debemos desarrollar nuestra convivencia, como también porque existe en nuestro ordenamiento constitucional el concepto de orden público económico, del que también somos responsables, y que operaciones de la magnitud y características de la que analizamos puede afectar.

La venta de empresas controladoras de Enersis se ha presentado como una exitosa gestión de un grupo de personas que, desde Santiago de Chile, llegarán a sentarse en el directorio de Endesa-España, haciendo negocios al más alto nivel, demostrando así que no sólo la economía chilena es pujante, sino que también lo son nuestros hombres de negocios.

Sin embargo, el origen de Enersis, la forma en que se hizo esta operación, las consecuencias que puede tener en nuestro país para millones de personas que indirectamente están involucradas y, sobre todo, la premura con que se cierra el negocio, que atenta contra una indispensable transparencia, nos llaman a analizar los hechos detenidamente, con el tiempo que se requiere y con la minuciosidad que corresponde. Y éste es el lugar en que, de acuerdo con la Constitución, corresponde hacerlo.

Respecto del origen del grupo Enersis , aunque a muchas personas les parecen adecuados ciertos olvidos, hay que tener presente algunas consideraciones. Las privatizaciones de Chilectra y de Endesa fueron operaciones que no se pueden calificar de transparentes. Más bien, de lo contrario. Ello, en razón de que los privados que las compraron recibieron importantes beneficios económicos, especialmente sus más altos ejecutivos que, junto con venderlas, se traspasaron con las empresas al área privada y se mantuvieron en el control de las mismas.

Tenemos un problema ético que, al parecer, se intenta convertir en tradición con la forma de operar que estamos analizando, como veremos más adelante.

El asunto es que un funcionario público se hizo cargo de una empresa del Estado, participó en el proceso de privatización, se apropió de la gestión y hoy quiere apropiarse de la propiedad de la misma.

Corresponde recordar que cuando esta Sala debatió el proyecto sobre probidad estableció incompatibilidades hasta por dos años para que los funcionarios públicos se desempeñen en sectores relacionados con su actividad. ¿Estaríamos en este debate si esta norma hubiera existido hace 10 años? Creo que no.

Otro aspecto que también está dentro del ámbito de la ética es cómo se compró.

Se adquirieron acciones con préstamos del Banco del Estado, otorgando como garantía para la obtención de dichos préstamos, las propias acciones que se compraban. No es un patrimonio personal, como una persona declaró en un medio de comunicación. Las garantías fueron las propias acciones que se compraban. No hubo ningún compromiso de patrimonio personal. Los trabajadores y los ejecutivos compraron inicialmente acciones con sus fondos de desahucio.

Posteriormente, para evitar la dilución de estos activos, se constituyeron sociedades de responsabilidad limitada, en las cuales, aparente e inicialmente, todos eran iguales, pero, algunos -que como se verá más adelante, son los mismos catorce que se quedaron con el control y ahora se quieren quedar con el capital- tuvieron el rol de representantes de estas sociedades.

Estas mismas sociedades contrajeron préstamos en el Banco del Estado, entregando como garantía las acciones, para comprar más acciones y así transformarse en sociedades controladoras.

¿Es razonable que los mismos que privatizan representen al conjunto de los accionistas, contraten créditos en el Banco del Estado, del cual son funcionarios, para quedarse con el control de la sociedad que están privatizando? Es algo que desde el punto de vista ético, por decir lo menos, es discutible.

En estas operaciones se pretendió instaurar un modelo de capitalismo popular, muy publicitado, entonces, en que los trabajadores serían los accionistas de las empresas. Ello ocurrió, pero se fue desvirtuando mediante una serie de operaciones comerciales de papel que se alejan enormemente de la ética. La constitución de sucesivas sociedades con administradores y representantes únicos, con mandatos de dudosa transparencia, permitió que se llegaran a constituir las empresas que hoy se venden. En ellas no son accionistas los mismos socios originales y tampoco hay capitalismo popular. En realidad, esto podría ser un decir. Los trabajadores y ahorrantes son accionistas, pero de acciones tipo “A” de las sociedades, que representan el 99,64 por ciento del total del capital y eligen a cinco directores.

Pero también existe otro tipo de acciones -las “B”- que representan el 0,06 por ciento del total del capital y sus accionistas eligen a cuatro directores. Más aún, esos accionistas, propietarios de sólo seis de cada diez mil partes de la inversión, por el mismo estatuto que ellos dieron o impusieron -sería un tema muy importante de discutir en esta Corporación- a sus socios, accionistas y propietarios mayoritarios del capital, tuvieron y tienen poder de veto de todas las decisiones, al requerirse la mayoría de sus votos para adoptar cualquier decisión fundamental. Estas acciones, en el hecho, tenían y tienen el control de las empresas.

En este contexto, respecto de la llamada “venta del siglo”, lo primero que llama la atención es que aquí se ha negociado la venta de cinco sociedades relacionadas, dueñas del 29,04 por ciento del holding Enersis , que los negociadores de esta venta controlan. Estos negociadores, como se ha dicho, poseen una serie de acciones que representan una ínfima parte de la propiedad, pero han recibido una porción muy importante del producto de la venta y de su negociación.

Para ser explícitos, a valores de mercado, ellos poseen activos valorados en aproximadamente 750 mil dólares, y los están vendiendo a Endesa-España en 480 millones de dólares. ¿Podrían haber obtenido esa ganancia si no hubieran sido ellos los negociadores? Ciertamente ello no habría ocurrido. Así lo atestigua su contraparte en la negociación, el señor Rafael Miranda , consejero delegado del gobierno español en Endesa-España, quien, al ser consultado por el periódico “Estrategia” sobre las discriminaciones de precios entre las distintas acciones, señaló: “Esa fue una petición realizada por el grupo negociador chileno, fundamentada en el hecho de premiar a los trabajadores del grupo controlador”.

Sin embargo, entendámonos bien, ¿por qué premiar a los ejecutivos del grupo controlador de la manera en que se premian, en circunstancias de que ya están siendo remunerados en función de sus cargos directivos y de gestión, algunos de ellos recibiendo remuneraciones superiores al millón de dólares al año en función de los distintos cargos directivos y gerenciales? ¿Estamos frente a un caso de negociación incompatible? Si no desde el punto de vista legal, cuestión que podemos plantear, pero no resolver en esta sesión, claramente sí desde el punto de vista ético y de nuestras tradiciones nacionales.

Los negociadores no sólo no eran los propietarios, sino que eran mandatarios de numerosos inversionistas, no sólo en las sociedades que venden, sino, también, en Enersis, sus filiales y otras sociedades. En todas ellas han llegado a cargos directivos sin ser propietarios. Por lo tanto, lo han hecho mediante mandatos, explícitos o implícitos, de sana administración. ¿Han actuado con sana administración? ¿Han puesto en el cuidado de los negocios que se les han encomendado la misma preocupación e interés que en el propio? Me parece que no ha sido así; las cifras lo demuestran.

Si el gasto que realizará Endesa-España asciende, tal cual ha sido declarado por el señor José Yuraszeck a “El Mercurio”, a 1.240 millones de dólares por el pago de estas sociedades controladoras, y 480 millones de dólares se destinarán a pagar un 0,06 por ciento del total de la propiedad, entonces el otro 99,94 por ciento recibirá sólo 740 millones de dólares. Esto significa que para pagar mejor a unos pocos se está pagando peor a muchos otros.

Según un estudio de CB Capitales, los precios ofrecidos por Endesa-España por las acciones clase “A”, de las sociedades que están comprando por medio de este acuerdo, son inferiores entre un 30 y un 40 por ciento al valor de mercado de sus activos, que es lo que en definitiva se está vendiendo. Por remunerar muy bien a los que han hecho la negociación, se está pagando mal a los que no la han hecho y que habían entregado un mandato.

No cabe duda de que si la venta hubiera sido del paquete del acciones de Enersis, que controlan las sociedades llamadas Chispas, entonces los 1.240 millones de dólares o los 1.500 millones autorizados por el Comité de Inversiones Extranjeras, se habrían distribuido entre los accionistas en la misma proporción a sus aportes de capital. Así, los controladores de la serie “B” recibirían los mismos 360 pesos por acción que percibirían los accionistas de la serie “A”, si todos los recursos se repartieran por igual en lugar de lo que ocurre ahora, en que los controladores y negociadores reciben 193 mil pesos por acción y los demás, 260 pesos por acción, si tienen privilegios, y menos si no los tienen.

Se argumenta que se producen estas variaciones en los precios por tratarse de una transacción indirecta. Sin embargo, en este caso, estamos enfrentados, por lo menos, a un abuso de confianza depositada por los accionistas en los directores, función que les es remunerada, y demasiado generosamente de acuerdo con los parámetros de ingreso de nuestro país, y por otra parte, a una no menos grave transgresión a la ética, al usar información privilegiada de las empresas en las cuales ellos son directores -no propietarios- en su propio beneficio.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

¿Me permite, señor diputado ?

Se ha completado el tiempo previo de 15 minutos.

Puede continuar en el tiempo correspondiente a su Comité.

El señor PALMA (don Andrés).-

Para algunos, esta situación demuestra que se es un hábil hombre de negocio. Para muchos otros, no tiene ese nombre. Estos negociadores, que recibirán 193 mil pesos por cada acción, exigieron un privilegio importante para sí mismos y un pequeño incentivo para sus partes relacionadas -los empleados o ex empleados de Enersis-, de 40 pesos más que el precio para público general, fijado en 220 pesos.

Lo justo, ético y legal es que no exista discriminación negativa en contra de los empleados, menos en contra del público y de los ahorrantes en los fondos de pensiones.

Se ha señalado la conveniencia de la operación, porque Endesa-España aportará otros 1.000 millones de dólares a Enersis. Eso es muy importante y positivo. Enersis necesita recursos frescos. Está bien que reciba estos 1.000 millones, pero ello constituye una afirmación destinada a desviar la atención de lo fundamental, reconociendo así la inmoralidad de lo obrado.

Si se afirma que se constituirá una nueva sociedad, Endesis, en conjunto con los españoles, ella puede constituirse igualmente, y con mayor razón, si la venta de acciones es de Enersis que si la venta es de Chispas.

Por otra parte, se anuncia la constitución de una nueva sociedad, clonada de las sociedades que se venden, llamada Euroluz, que sería innecesaria si se hubieran vendido en forma directa las acciones de Enersis, para comprar parte de las acciones de Endesa-España, cuestión que es parte de la negociación y que también posibilitaría que se materializase la inversión adicional en Enersis.

También se ha señalado la conveniencia de la operación, fundada en el hecho de que hoy los accionistas que vendan ganarán más por sus activos, pero:

Primero, la ganancia de capital ya se realizó a lo largo de los últimos diez años.

Segundo, la ganancia de precio de las acciones Enersis es mayor que la de aquellas que son producto del canje de ellas y que hoy son las que se venden, por lo que podría hablarse aún de una pérdida relativa, y

Tercero -lo destaco-, todos los accionistas de Chispas, salvo los de la serie ?B?, dejan de ganar cuantiosos recursos por la forma en que se realiza este negocio, que parece negocio para muchos, pero negociado para unos pocos.

Como Cámara de Diputados también debemos reflexionar sobre esta transacción desde la perspectiva de que se ha negociado el traspaso de Enersis, Endesa , Transelec , Chilectra y Manso de Velasco a Endesa-España, una empresa del Estado español. De una u otra manera, esto significa revertir un proceso de privatización que costó mucho a nuestro país. De hecho, las últimas ventas de activos del Estado -Edelnor, Colbún- han significado tanto ingreso para el país como el que representó el conjunto de empresas que ahora analizamos, y que pasan a ser propiedad de otro país.

Se argumenta que esta empresa será privatizada por el actual gobierno de España. Es posible. Pero ésa es una decisión que soberanamente tomará dicho gobierno. Si cambia de opinión, lo que no parece probable ni deseable, claro está, los chilenos no tendremos derecho a opinar ni a reclamar. De ello y de las manos en que puedan quedar las empresas chilenas, habrá que preocuparse cuando se produzca esa privatización.

Por último, también debemos preocuparnos de otros temas. Se nos informa que se constituirá una nueva sociedad chilena para invertir en el extranjero, Euroluz. Esta sociedad podrá beneficiarse de las franquicias tributarias establecidas en el artículo 57 bis, letra a), de la ley de rentas, lo que significa que estas acciones serían pagadas a lo largo de cinco años por todos los chilenos mediante nuestros impuestos. Ello no debe ser así. Más aún, si es necesario, debemos derogar dicha disposición ahora, que parece haber consenso con motivo de la reforma tributaria que debatiremos el próximo año, para que no sea aplicable a esta operación financiera.

Los antecedentes que he expuesto ameritan un debate serio por parte de la Sala. Más que ello, ameritan que discutamos la legislación que regula este tipo de operaciones; que discutamos nuestros instrumentos de fiscalización y, principalmente, qué tipo de país estamos construyendo. ¿Queremos llevar la ética de nuestro país a los negocios de nuestro país o queremos llevar la ética de los negocios a que rija los destinos de nuestro país?

Para lo último, muchos no estaremos disponibles, pero para lo primero, creo que todas las voluntades de la Corporación deberían sumarse con energía.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tuma, por siete minutos.

El señor TUMA.-

Señor Presidente , el Diputado señor Andrés Palma ha expuesto nítidamente los problemas que tiene la sociedad chilena cuando ha llegado al punto en el cual nos encontramos, que permite que un grupo de catorce personas haga un negocio del volumen que conocemos sin participación obligatoria de los accionistas, que en un momento determinado entregaron su confianza a personas que manejaron un negocio fundamentalmente en su interés Podría ser discutible si jurídicamente es válido, pero, sin duda, éticamente no lo es.

Comparto la interrogante del diputado expositor, en el sentido de que más que en esta sesión, la sociedad chilena toda debería preguntarse qué tipo de relación quiere entre los agentes económicos y los poderes del Estado.

A la luz de esta negociación, uno se da cuenta lo poco que significan los tres Poderes del Estado juntos: mucho menos que un grupo económico que controla y dirige gran parte de la economía del país.

Ello ha ocurrido por la política de consensos y de búsqueda de mayor libertad para afianzar la democracia. Se ha avanzado en el modelo económico, pero ha llegado el momento de revisar hasta qué punto la sociedad está dispuesta a que, en definitiva, unos pocos tengan más poder que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial en conjunto.

Hace algunos años, cuando dirigía el país un gobierno que no fue elegido, o al menos no por un sistema democrático, se argumentó, principalmente por las fuerzas que se llamaban “nacionalistas”, que era bastante más conveniente y eficiente para nuestra sociedad que las empresas del sector eléctrico, que hasta entonces eran públicas, fueran manejadas por los privados. Entonces, se privatizaron las empresas públicas que eran del Estado, incluyendo a quienes las dirigían. Hoy nos encontramos con que volverán a ser empresas públicas, pero no chilenas, sino de otro Estado.

No sé cuál es el argumento que podrán dar ahora los nacionalistas cuando, gracias a su política, una parte importante de la economía de Chile, como es toda la distribución y generación eléctrica del país, ha sido entregada a un Estado extranjero.

Ha llegado el momento en que la sociedad chilena establezca hasta qué punto está dispuesta a privilegiar esta globalización sin límites de la economía, o, en su defecto, a consagrar los resguardos que permitan mantener la identidad y control por parte de su pueblo, porque cuando era una empresa estatal, del gobierno chileno, los ciudadanos, al emitir su voto, por lo menos tenían la opción de decidir qué destino u orientación se le daba a esa empresa. ¿Qué va a decir el ciudadano chileno cuando vote ahora, si no tiene ninguna posibilidad de influir sobre un gobierno extranjero que controla una empresa que ya ni siquiera es chilena?

Es bueno establecer nuestra participación en una economía moderna, competitiva y de libre mercado, pero también es necesario que la sociedad chilena ponga los límites para defender los intereses nacionales y los de la mayoría.

Sin duda, lo que hoy ha narrado el Diputado señor Andrés Palma preocupa a toda la sociedad, y creo que de esta manera no vamos a seguir construyendo lo que esperamos: una sociedad más justa, que vaya creciendo y desarrollándose en forma más equitativa.

Desde ese punto de vista, en nombre de la bancada del Partido por la Democracia vamos a postular y a apoyar que se constituya una comisión de la Cámara de Diputados para que no sólo investigue y mejore una legislación que fije un marco regulatorio para el sector eléctrico, sino que también revise hasta qué punto el modelo económico permitirá que el país y los tres Poderes del Estado sigan perdiendo influencia en beneficio de grupos transnacionales o gobiernos extranjeros que dirigirán no sólo nuestra economía, sino, además, el modo de hacer las cosas.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , desde hace ya varios años, he conocido y estudiado el proceso tan poco transparente de privatización del sector eléctrico de nuestro país, acaecido en las postrimerías del gobierno militar.

Cuando días atrás el destacado ejecutivo señor José Yuraszeck entregó, en una conferencia de prensa, los antecedentes que explican en detalle en qué consiste esta transacción, la culminaba diciendo: “Aquellos que tuvieron la oportunidad de investigar y no llegaron a conclusiones, no tienen autoridad para hacer alcances en esta fecha.” Y me nombraba.

Quiero hacer presente que las investigaciones realizadas por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados respecto de la situación de las empresas privatizadas en general, y de las eléctricas en particular, vio permanentemente inhibido su trabajo en función de dos elementos que no son menores.

Primero, la existencia de una norma transitoria de la ley orgánica constitucional del Congreso, que impide taxativamente la posibilidad de formular cargos por hechos ocurridos con anterioridad al 11 de marzo de 1990.

La interpretación de esa cláusula puede ser controvertida, pero, de hecho, ha sido aludida sistemáticamente para evitar que, frente a este tipo de situaciones, pudiéramos llegar a conclusiones que obviamente interesaban en una comisión investigadora.

Pero ésta no es la única limitación. La otra, que ya no tiene que ver con ese período anterior al 90, dice relación con un planteamiento sistemáticamente hecho por autoridades de distintos niveles, tanto del sector público como del privado, en cuanto a que investigar lo ocurrido en el sector eléctrico generaba inestabilidad en un área que tenía un rol extraordinariamente importante en el desarrollo económico del país, por cuanto todos los índices señalaban que en un período de diez años debía duplicarse la capacidad generadora de energía. En consecuencia, cualquier tipo de perjuicio hacia ese sector generaría inestabilidad en ese proceso necesario.

Una segunda consideración, que tampoco tiene que ver con ese período, se relaciona con un argumento mucho más manoseado en forma permanente. Se refiere a que cualquier juicio crítico respecto de lo que pasaba en el sector eléctrico generaría inestabilidad en el valor de las acciones, creando un efecto negativo para las pensiones de los trabajadores, cuyas cotizaciones estaban invertidas en ese sector en un volumen importante.

Eso ha hecho que mucho de lo que hoy se analiza en forma retrospectiva no haya pasado más allá de determinadas denuncias.

Quiero dejar establecido que en 1990, cuando señalé públicamente, como presidente de la Comisión de Economía, que en el sector eléctrico, en particular del grupo Enersis , había personas privilegiadas, quienes, a través de la estructura legal de las denominadas “Chispitas”, tenían la posibilidad de administrar el paquete accionario de los trabajadores y que con ello manejaba absolutamente a estas empresas, tuve como respuesta una inserción pública, pagada por Enersis, en la que alrededor de 1.800 trabajadores de ese conglomerado señalaban que yo no decía la verdad.

Después de algunos años, quiero agradecer al señor Yuraszeck por haber aclarado públicamente, de modo definitivo, que lo planteado por mí en esa oportunidad era cierto; que efectivamente aquí se había generado un mecanismo a través del cual se eludía lo que se pretendió por medio del capitalismo popular, y cómo a través de la generación de estas empresas denominadas “Chispitas” se había originado un inteligente mecanismo mediante el cual un grupo de ejecutivos privilegiados pasaba a controlar la administración y representación del paquete accionario de los trabajadores de ese grupo, y, con esa mayoría, el conjunto de las empresas, incluso la participación de muchos pequeños accionistas, sobre los cuales nada se ha dicho en estos días, que no tienen acceso, por ninguna vía, a una negociación que, evidentemente, es privilegio de algunos, pero que no entrega un resultado satisfactorio para la gran mayoría.

Comparto plenamente los juicios emitidos por el colega señor Andrés Palma , y le agrego que felizmente en estos días, en cierta prensa que siempre tuvo dificultades para opinar sobre el tema, algunos ya empiezan a manifestar lo que debió decirse en el país hace mucho tiempo. Le encuentro toda la razón a un hombre tan destacado como Roberto Godoy , quien señala explícitamente en la revista “Estrategia” que lo aseverado por el señor José Yuraszeck a la periodista Raquel Correa en una entrevista para “El Mercurio” del domingo recién pasado, constituye un hecho criticable desde el punto de vista ético. Expresa que la respuesta textual de Yuraszeck, al preguntarle respecto de la privatización de estas empresas, había sido: “Le ofrecieron la que fue su gran oportunidad: dirigir Chilectra , entonces en manos del Estado”. (Esto en palabras de Raquel Correa). “Se aseguró de que existiera la voluntad de privatizar la compañía. La ordenó y traspasó a manos privadas, bajo el alero del “capitalismo popular”. Vendió el único bien raíz (un sitio) y compró todas las acciones que pudo”. Y concluye Oscar Godoy “que no es admisible que el administrador de una empresa pública se beneficie con su privatización”.

Pero eso ya es historia. Incluso, pareciera que el país lo aceptó por distintas razones; pero no por eso deja de ser considerado, clara y nítidamente, un hecho corrupto, probablemente el más notable que haya existido en la historia de nuestro país.

En definitiva, queda claro que el capitalismo popular sólo sirvió para que unos pocos llegaran a administrar estas empresas, a fin de que, después de aproximadamente diez años, pudieran capitalizar la utilidad que estaba oculta en el momento del traspaso de las acciones, porque nadie podrá aceptar que el mayor valor de esta transacción radica sólo en la buena administración que puedan haber tenido las empresas. Hay una serie de elementos sobre los cuales podemos entregar un juicio categórico respecto de cómo las acciones, en su momento, no fueron valoradas en forma adecuada.

Por último, vale la pena comparar el precio de las acciones del sector eléctrico vendidas en los años recientes, hacer una escala de precios, y darse cuenta de que la diferencia es sustancial.

Es válido señalar la tremenda inconsecuencia de que un proceso que tendía a socializar la propiedad de empresas estatales, termine nuevamente en la transferencia a un Estado que no es el chileno, sino el español.

Me parece que ahí existe un hecho evidente, no menor desde el punto de vista político, que refleja que la reacción que muchos chilenos...

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señor diputado , se han cumplido los diez minutos de su tiempo. Puede continuar con la autorización de su Comité.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , este hecho no es menor porque aquí hay una situación que afecta el interés nacional. Incluso, muchas personas piensan que hemos solicitado esta sesión con la intención de revertir procesos que pueden haberse vivido en el sector. Sin embargo, como se ha demostrado en años anteriores, es difícil hacerlo cuando han sido legitimados de distinta forma y por diferentes instituciones, las cuales no han estimado prudente poner en discusión los orígenes de hechos que eventualmente pueden tener una connotación ilegal, inmoral o atentatoria a la probidad que deben poseer quienes están a cargo de la administración de organismos del Estado.

Apoyo la idea de que podamos conocer más en detalle esta operación a través de una comisión investigadora, a fin de analizar qué significó, por ejemplo, el fallo de la Comisión Antimonopolios emitido hace un par de semanas, que permitió la integración vertical del grupo Enersis ; averiguar por qué semanas antes de ese fallo esta negociación, que culminó con la transferencia de acciones “Chispita”, tenía otra connotación, y por qué se nos anunciaba que era posible una transferencia de acciones Endesa y que, en la medida en que hubiera un fallo distinto sobre la citada integración vertical, la negociación podría haber tenido otro carácter.

Quiero que esas personas vengan a nuestra comisión y nos indiquen por qué, a pesar de saber, como se ha sostenido históricamente, que la integración vertical en el sector distorsionaba la posibilidad de competencia o generaba barreras de entrada para que ella existiera, de todas maneras se dictó un fallo que muy pronto se vio como la oportunidad para que ese grupo privilegiado de ejecutivos pudiera concretar una negociación definitiva.

Deseo que en esa comisión la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones nos diga derechamente si esto perjudica las acciones de los trabajadores y de las administradoras de fondos de pensiones; que nos señale explícitamente qué hay sobre esa realidad, que algunos nos piden denunciar, porque incluso los representantes de esos fondos no se atreven a decirlo derecha y públicamente; que, además, la Superintendencia de Valores y Seguros nos señale si en el proceso de gestación de estas empresas, que eran limitadas, y en su traspaso a sociedades anónimas hubo algún hecho que efectivamente atentara contra alguna disposición vigente; que, en definitiva, hagamos claridad respecto de aquellas normas que en nuestro país debieran existir para cautelar el bien común, de manera de garantizar que el esfuerzo empresarial sea real y no termine en una operación comercial que genere buenos dividendos sólo a un pequeño grupo -a lo mejor está en su derecho a hacerlo-, cuyos fines nada tienen que ver con el bien común del país. Por lo tanto, insisto en la conveniencia de que se forme una comisión que analice los efectos mencionados.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Dentro de los cinco minutos que restan al Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, cinco minutos es un tiempo breve, pero a lo mejor suficiente para lo que tengo que decir.

En primer lugar, creo que estamos cayendo en un procedimiento errado al revestir con caracteres de escándalo cosas que son perfectamente legales. Eso erosiona el estado de derecho, porque si una transacción comercial, hecha entre empresas privadas, se sujeta a las normas vigentes, no tiene por qué ser objeto de sanción, censura, escándalo o debate en un poder político como éste.

Aquí están presentes los Ministros de Hacienda y del Trabajo y los superintendentes, y les pregunto si hay alguna ilegalidad o irregularidad en esta transacción. Si la hay, evidentemente estamos ante una situación muy seria; si no la hay, nada tenemos que discutir en este tema, porque estamos en un país donde existe una economía de mercado. Aquí ha habido una venta de acciones, una asociación con una empresa extranjera. Si la empresa es de propiedad del Estado o de un particular, tampoco es problema nuestro; no está prohibido vender una empresa privada chilena a una empresa estatal extranjera. Para la solidez del estado de derecho es fundamental respetar la normativa legal, y lo que es legal no es escandaloso ni puede ser objeto de censura. Ahora, si queremos cambiar la ley, hagámoslo.

Aquí se trajo a colación el tema de las privatizaciones. Cuando apoyamos al entonces Presidente Aylwin en nuestro programa, dijimos que íbamos a revertir las privatizaciones; sin embargo, no lo hicimos. Y la norma legal a que alude el honorable Diputado señor Latorre dice relación con las acusaciones constitucionales, no con la imposibilidad de investigar. De hecho, investigamos los cheques girados al hijo del general Pinochet, hecho anterior a 1990. Se podía actuar, pero, por distintas razones, resolvimos no hacerlo.

No voy a decir que esta sesión es inconstitucional, pero se aparta de las funciones propias de la Cámara de Diputados. Ninguna autoridad se puede arrogar otras facultades que las que la Constitución expresamente le confiere. ¿Qué hacemos aquí analizando una transacción entre privados? ¿Por qué vamos a constituir una comisión investigadora para analizar una transacción entre privados? Si hay accionistas -tampoco están desvalidos- que se sienten pasados a llevar en sus derechos, pueden recurrir a los tribunales, a la Superintendencia de Valores y Seguros, a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones o a la Comisión Antimonopolios. Esos organismos y no la Cámara de Diputados son las instancias legales -no tengo tiempo para desglosar en detalle lo que ha planteado el honorable Diputado señor Andrés Palma , aunque considero que hay mucho que decir en ese sentido- a las cuales puede acudir ese accionista o grupo de accionistas que se siente agredido.

Aquí -reitero- hay una transacción entre privados. Cuando uno compra una acción, tiene ciertas expectativas: si es tipo A o B, si tiene o no privilegios de acuerdo con los estatutos de la empresa, etcétera. Eso lo determina el mercado y el valor de la acción; no hay misterios. En tal contexto, ésta o cualquiera otra transacción es transparente.

Para no excederme en el tiempo, sólo quiero agregar una cosa más.

Considero que lo que estamos haciendo en esta Sala constituye una pésima señal para los inversionistas chilenos y extranjeros. Resulta que, a partir de hoy, una transacción comercial de envergadura que da origen -algunos lo pueden considerar bueno, otros, malo; en lo personal, no lo considero malo- a una megaempresa, que puede participar en procesos de privatización en México, en Brasil o en otros lugares -no me importa si la mayoría es chilena o extranjera; ello tampoco debiera importar cuando vamos a Argentina, a Río de Janeiro o a Sao Paulo a controlar la electricidad-, puede ser cuestionada políticamente, a pesar de ser completamente transparente y ajustada al estado de derecho. Al final, para enlodar y cuestionar las cosas, terminan existiendo caminos paralelos que no son los que corresponden.

Yo pregunto, ¿qué va a decir el Ministro de Hacienda en esta sesión? ¿Va a tomar partido por los diputados que han pedido la sesión? ¿Va a defender al señor Yuraszeck y a la Endesa o va a decir que el Gobierno no ve nada malo en esta transacción? Si el Gobierno, los superintendentes o los ministros no ven nada malo, ¿por qué lo hemos de ver nosotros? Alguien puede tener una opinión de cómo se gestó la operación -es legítimo y puedo compartirlo-, pero estamos en un estado de derecho, en una economía de mercado y hay una transacción legal entre particulares.

Por ello, sostengo que, desde el punto de vista constitucional, esta sesión nunca debió haberse efectuado.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra, por cinco minutos, el Diputado señor Mario Acuña.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente , un aspecto de importancia capital en este “negocio del siglo” es la actuación que cabe a las administradoras de fondos de pensiones como principales accionistas de las empresas eléctricas, en las cuales participan con un 32 por ciento de su capital.

Un hecho cierto es la imposibilidad de que las administradoras de fondos de pensiones puedan aceptar la oferta de Endesa España para vender las acciones que poseen en la empresa Euro Luz, Sociedad Anónima a un precio significativamente mayor al del mercado. Esto es, en nuestra opinión, un nuevo castigo para los ahorros previsionales.

Además, es preciso saber que los fondos de pensiones están hoy legalmente impedidos para suscribir el aumento de capital que efectuará Enersis , lo que puede afectar negativamente el ahorro previsional de los trabajadores chilenos, ya que dicho impedimento puede reducir el valor de la opción preferente, en caso de suscribir las nuevas acciones de Enersis.

Sólo una autorización excepcional a las administradores de fondos de pensiones para vender estas acciones de la empresa Euro Luz, puede permitir que los ahorros previsionales accedan a un precio igual al de otros inversionistas y significativamente mayor al del mercado, a la vez que permitiría una cierta holgura en los límites de inversión de las acciones de Enersis.

Asimismo, la adquisición por parte de Endesa-España de una parte significativa de las acciones de Enersis importará una reducción de los límites máximos de inversión en los fondos de pensiones, y las futuras inversiones que efectúe la nueva sociedad en el extranjero implicarán, adicionalmente, una reducción en esos límites máximos de inversión.

Una forma de impedir este perjuicio a los ahorrantes, es incrementar temporalmente el límite máximo de inversión de las administradoras de fondos de pensiones, a fin de que ellos no sufran pérdidas al no poder participar en la próxima emisión de acciones de Enersis que permitirán capitalizar Endesis . Ante estas consecuencias, a simple vista negativas para los ahorros previsionales, creemos preciso que la autoridad haga correcciones que lo impidan.

También cabe preguntarse sobre el grado de participación que tendrán Endesa , Chilectra y Enersis en los consorcios que postulen a los nuevos negocios en otros países. ¿Tendrán un rol importante o serán absorbidos por Endesis?

Las múltiples interrogantes resultan de vital importancia para proyectar el desarrollo futuro de estas sociedades, y todos los que participan deben tomar los resguardos y exigir que las condiciones queden establecidas en el acuerdo de accionistas, para reducir la posibilidad de futuros conflictos de intereses.

No obstante las particularidades de esta operación, es necesario dejar establecido ante la opinión pública nacional que esta operación, que ha sido llamada “el negocio del siglo”, no habría podido realizarse en Estados Unidos ni en otros países desarrollados de Europa, porque las fuertes y claras normas regulatorias de estos Estados lo habrían impedido.

Esta operación, que con mucha seguridad sus gestores y defensores han calificado de legal, posiblemente lo sea; pero, más que una transacción legal, diría que se trata de otro criollismo, el cual ha sido posible gracias a una endeble regulación, la cual, sin lugar a dudas, debe ser perfeccionada para evitar que estas situaciones se repitan.

Por las razones expuestas, desde estas bancas, también apoyamos la formación de una comisión que permita llevar claridad, transparencia y evitar que en el futuro quede una sombra de dudas ante negocios de esta envergadura.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Camilo Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente , la solicitud de 46 diputados y diputadas de convocar a esta sesión especial se ajusta plenamente a las funciones políticas y constitucionales de la Cámara de Diputados. Corresponderá, pues, en esta sesión adoptar otras decisiones, si así corresponde. No hemos anunciado una acusación constitucional; va a formarse un juicio sobre si corresponden otras acciones legales o constitucionales con relación al tema que nos convoca.

Desde ese punto de vista, considero que esta sesión puede ser un aporte a una preocupación creciente en el país respecto del tipo de sociedad y de democracia que estamos construyendo; porque lo que está involucrado no sólo es un negocio -algunos le han llamado “el negocio del siglo”- por cerca de 1.300 millones de dólares, en los cuales, lógicamente, aparece el hecho, completamente anormal, de que un grupo de ejecutivos adquiera más de un tercio de esa cantidad, es decir, cerca de 500 millones de dólares, por el mero efecto de tener las acciones que le permiten el control de la empresa, sino que, además -como se confirmó en la sesión de la mañana respecto de los derechos de aguas- está involucrado el interés del país, porque la Endesa tiene, hasta la fecha, el 58,9 por ciento del caudal total constituido en el país sobre derechos de agua y solicitudes que le permitirían alcanzar el 80 por ciento del total de dichos derechos, que en esta operación han sido traspasados a una empresa que es propiedad de España, otro Estado. Pero, además, paradójicamente, es una empresa cuya privatización se ha anunciado. Es decir, cerca del 60 por ciento de los derechos de agua del país van a ser controlados por un dueño que no conocemos, y si ello no debiese motivar la preocupación del Parlamento, en particular de la Cámara de Diputados, francamente, no sé qué ha de hacerlo. Aquí hay absolutamente comprometidos problemas de interés nacional.

También vale la pena subrayar que esta preocupación no sólo abarca a las bancadas de la Concertación. Por eso, me llama la atención la preocupación de la Oposición. Desde mi punto de vista, es un hecho positivo que “El Mercurio”, en el análisis de esta operación, haya puesto una frase muy importante -valoro que aparezca ahora, aunque sea por primera vez- en la sección “Empresas y Negocios”: “Ganaron los que tenían el control; no los que tenían la propiedad de la empresa”. Esta afirmación, que, sin duda, lo dice todo, indica que, en realidad, no prevalecieron la libre competencia ni las leyes del mercado, sino los mecanismos que se establecieron bajo el régimen militar para favorecer a empleados públicos que de un día para otro se transforman en los principales empresarios privados del país. Aquellos 14 ex ejecutivos públicos, que probablemente tenían rentas muy bajas -de menos de un millón de pesos, de acuerdo con los valores actuales-, fruto de esta operación -repito-, por 480 millones de dólares, cada uno de ellos obtendrá, de un día para otro, una suma cercana a los 15 mil millones de pesos. Esta frase de “El Mercurio” está indicando que aquí hubo hechos que atentan contra el interés del país y de todos los chilenos.

En concordancia con ello, una persona que tampoco puede ser acusada de devaneos izquierdistas, don Eleodoro Matte Larraín , en un artículo muy importante del propio diario “El Mercurio”, titulado: “No es el país que queremos”, señala: “La libre competencia en lo económico y la democracia en lo político requieren de reglas claras, conocidas, transparentes, que se hagan respetar para todos.” Luego, señala: “También se debe precaver la tendencia, muy en boga hoy en día, a relativizarlo todo, o a creer que cualquier medio es lícito para conseguir un fin, sea éste económico, político, de poder o figuración.”

En otros términos, pienso que, después de siete años de transición democrática, el país empieza a tomar conciencia de que no puede prolongarse una situación en la que el Estado nacional es impotente. Lo quiero decir con mucha franqueza: no puede, de un día para otro, no puede a las cuatro de la mañana de un día cualquiera, sin conocimiento siquiera del Presidente de la República , menos del Ministro de Hacienda , traspasarse la propiedad de las empresas eléctricas e, indirectamente, el control de cerca del 80 por ciento de los derechos de aguas de nuestro país. ¡No puede ocurrir de esa manera! Es nuestra responsabilidad como Parlamento. Es nuestra responsabilidad constitucional, política y moral velar por que este tipo de cosas no prosiga. Entre otras medidas, debiese derogarse urgentemente el artículo 57 bis que incentiva y estimula este tipo de acciones claramente irregulares y lesivas para el interés nacional.

Llama la atención el silencio de las bancadas de la Oposición, porque es un secreto a voces, entre otros, que las campañas electorales de la UDI han sido financiadas con los recursos de Enersis. ¿Por qué no lo vamos a decir aquí? ¿No es un secreto a voces en los pasillos de este Parlamento que es así? Entonces, ¿hasta qué punto hay consecuencia y vamos a tener una actitud que relativiza todo y que en último término dice relación con la solidez y estabilidad de la democracia chilena?

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jorge Pizarro.

Restan 4 minutos del Comité del Partido Demócrata Cristiano.

El señor PIZARRO .-

Señor Presidente , por su intermedio, quiero decirle al Diputado señor Schaulsohn que no hay un cuestionamiento a la iniciativa privada ni a los empresarios, sino la obligación de la Cámara de Diputados de analizar o estudiar con el máximo de profundidad una operación que, más allá de la estética publicitaria de la que han hecho gala sus ejecutivos, presenta una serie de problemas de falta de transparencia bastante graves.

En primer lugar, es obligación del Estado garantizar las pensiones mínimas de los afiliados cuando la rentabilidad de los fondos administrados por las AFP son insuficientes. Esta operación que se viene denunciando está causando efectos sobre dichos fondos; las acciones han bajado y puede seguir esa tendencia.

Aprovecho la oportunidad de preguntarles al Ministro del Trabajo , al Superintendente de AFP y al Superintendente de Valores y Seguros qué efectos produce esta operación, de qué manera se verán involucradas las AFP y si pueden verse afectadas en términos negativos o positivos.

También aquí hay un marco legal y ético.

La ley de valores regula las transacciones comerciales que pudieran afectar a personas relacionadas con una sociedad anónima, con el objeto de resguardar los intereses de los accionistas minoritarios. Por lo tanto, el espíritu y la letra de la ley apuntan a resguardar el interés público en general, frente a los abusos que pudiera sufrir por parte de estas personas relacionadas. ¿Quiénes son dichas personas? Los directores, los controladores, los gerentes o accionistas mayoritarios que se han enriquecido -y enriquecen- ilícitamente en desmedro de otros accionistas que no tuvieron acceso a la información privilegiada o no estuvieron en una posición privilegiada, como la que permitió a los 14 controladores de Enersis negociar un precio mayor para ellos a costa de otro menor para los accionistas minoritarios. Ésa es la razón por la cual creemos que esta operación comercial obliga a que esta Cámara analice, estudie e investigue el problema, a fin de establecer la verdad de esta “venta del siglo” que a todas luces aparece poco transparente y que constituye, en mi opinión, un tipo de corrupción inédita en nuestro país. Aquí se han establecido distintos niveles de privilegio -por decirlo así-. Las personas relacionadas que hicieron la negociación se llevan la gran tajada, pues obtienen por sus acciones un precio absolutamente superior al del resto y hacen uso y abuso de la información a la cual accedieron por estar involucrados directamente en la negociación.

Después, establecen un segundo nivel de privilegio para los empleados de Enersis y de Chilectra, y de otras sociedades que están relacionados indirectamente, y, luego, un tercer nivel para el público en general, y aquí es donde creo que tenemos mucho que decir, porque las importantes sumas que las inmobiliarias han invertido en estas cinco sociedades, también involucran a los fondos de pensiones, que son los mayores accionistas de Enersis.

La Cámara tiene facultades para plantearse por qué se produce esta discriminación o por qué no ha habido ninguna reacción de parte de los propios representantes de las AFP. No se ha planteado tampoco por parte de la Superintendencia respectiva ningún cuestionamiento sobre esta materia. Lo justo, legal y ético es que no exista ninguna discriminación negativa en contra de empleados y menos del público en general. Hasta el momento, esta negociación habla muy mal del funcionamiento del mercado de valores de Chile, que pretende ser centro financiero internacional.

Por eso, junto con otros colegas, vamos a presentar un proyecto de acuerdo para crear una Comisión especial investigadora que elabore un informe amplio sobre la normativa en que se encuadra este tipo de operaciones y el rol que les corresponde a las entidades administrativas que tienen por misión regularlas.

Creo que hay que investigar y hacer acopio de toda la información que tengamos disponible. De esa forma se podrá establecer si es extraño o no que esos 14 personeros, de la noche a la mañana, por la vía de la especulación, obtengan un enriquecimiento ilícito más allá de todo lo razonable y ético; pero lo peor es no discutir esta materia que tiene efectos en la opinión pública, en instituciones públicas, en los fondos de pensiones y, por sobre todo, en la forma como se realizan las operaciones comerciales en el país.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Se ha completado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

Sólo restan 4 minutos al Partido Socialista más el tiempo de la UDI y el de Renovación Nacional.

Tiene la palabra el Diputado señor Ángel Fantuzzi.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente , escuché con mucha atención las intervenciones de los Diputados señores Andrés Palma y Juan Carlos Latorre , pronunciadas con la vehemencia con que ambos acostumbran al plantear estos temas.

Es verdad que somos representantes del pueblo, pero también es verdad -y me evita decirlo, por el hecho de no ser un hombre de formación jurídica- lo que ha expresado el Diputado señor Schaulsohn .

Creo, sinceramente, que, como Cámara, no nos corresponde intervenir en una negociación entre privados. Me parece que la Constitución es bien clara en precisar nuestras atribuciones. Es verdad que se puede hacer un análisis desde el punto de vista ético, pero tampoco somos los encargados de determinar si esa transacción fue ética o no. Más aún cuando las bancadas oficialistas tienen gran facilidad de contactarse con los ministros y autoridades del Gobierno encargados de velar si las leyes del país se están aplicando en forma correcta o incorrecta.

Si queremos tener un debate serio sobre el tema, por lo menos debiéramos haber dado la oportunidad a quienes ejercieron su derecho en esta transacción, que todos han denominado “del siglo”, la posibilidad de defenderse y de exponer cómo se han hecho las cosas. Aquí se han dado cifras y muchos argumentos al respecto; pero me parece que la contraparte algo tiene que decir, porque no todo será como lo ha planteado tan elocuentemente el Diputado señor Andrés Palma . Creo que quienes representaron a la empresa en esta transacción tendrán otros argumentos dignos de ser escuchados por nosotros.

Me hubiese gustado que tanto el Diputado señor Andrés Palma como el Diputado señor Latorre hubiesen puesto el mismo entusiasmo cuando en esta Cámara hemos discutido sobre la falta de ética -no voy a acusar a nadie- de algunos funcionarios públicos, los cuales han sido defendidos por las bancadas oficialistas.

No tengo los argumentos técnicos para defender a quienes han llevado este negocio; pero, a todas luces, como representantes del pueblo, me parece que no nos corresponde inmiscuirnos en un acto que las autoridades de Gobierno, la Superintendencia de Sociedades Anónimas, la de las AFP, los ministerios involucrados, tienen la responsabilidad de atender.

Por las mismas razones, no votaré a favor de la formación de una comisión investigadora al respecto. Sinceramente, creo que no corresponde. Y ustedes, colegas diputados de las bancadas oficialistas, tienen todo en sus manos para acercarse a las autoridades de Gobierno y preguntarles si se han pasado a llevar los intereses de los que aquí representamos, si ha habido algo contra Chile y los chilenos.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA .-

Señor Presidente , no cabe duda de que esta sesión es una de las más sorprendentes y curiosas que hemos tenido quienes llevamos siete años en el Parlamento.

Sorprendente, porque quienes debemos legislar y fiscalizar -para lo cual somos elegidos- tenemos, según los medios de comunicación, cientos de proyectos pendientes en el Congreso y una labor fiscalizadora por realizar. Muchas cosas no están ocurriendo de conformidad con la ley en varios lugares modestos de Chile. Sin embargo, estamos abocados -en vez de legislar y de fiscalizar- a analizar y desmenuzar la relación entre privados desde un punto de vista económico.

Curiosa, porque hace cuatro años no tuvimos los votos necesarios en la Sala para tratar lo que sucedió en la empresa pública R.P.C. con el tema del “desmalezado”. Pero hoy sobran los votos para estudiar la venta de acciones de una empresa privada.

He oído atentamente lo planteado por los diputados de la Concertación que solicitaron esta sesión, y francamente no puedo entender sus alcances.

¿Qué se reprocha? Primero, aparentemente una estructura original de la empresa, producto de una privatización, que impediría efectuar determinadas acciones. No puedo creer que ése sea el argumento de fondo.

Transcurridos cinco años de haber pedido una comisión investigadora en la Cámara de Diputados para analizar todas las privatizaciones del país, y de haber citado 16 veces a sesión, 13 de las cuales fracasaron por falta de quórum, no puedo creer que se quiera insistir, después de no haber cumplido con ese deber, en que hay un problema estructural en la operación privatizadora, que hoy es digna de reproche.

Si en su momento no se tuvo la decisión o voluntad de concurrir a la comisión respectiva, no veo por qué se utiliza con posterioridad el argumento de que algo anduvo mal en el origen privatizador, como para que hoy todo lo que de ahí se derive sea censurable.

No puedo creerlo, cuando en forma permanente veo al Presidente de la República viajando con sus ministros al extranjero -mu-chas veces tiene razón de hacerlo- precisamente con estos empresarios, los que han logrado cambiar el modelo económico y transformar las empresas públicas, otrora ineficientes, en entes eficientes, y exhibirlos como el Chile moderno, el Chile que se necesita, el Chile emprendedor, el Chile que logra avanzar para superar la pobreza. Entonces, no puedo creer que ése sea el argumento de fondo cuando en forma permanente vemos al Presidente de la República dar el ejemplo de los empresarios chilenos para mostrar la pujanza del país y de sus leyes.

No puedo creer que hoy se esté pretendiendo cambiar el modelo económico a partir de la operación exitosa de un grupo A, B o C. Por ello, ese argumento no puede estar tras el sustento de esta sesión.

Una segunda interpretación radica en que corresponde un debate de fondo respecto de la composición accionaria. Y se afirma que no es justo que haya operaciones con acciones A, B y C que reciban dineros distintos, porque la sociedad es la misma. Basta leer “La Segunda” de hoy para ver que existen acciones A, B, C, D y E, todas de la misma empresa, que se transan libremente en la Bolsa de Comercio, y todas con precios diferentes, porque es obvio que la estructura jurídica moderna considera situaciones diversas al interior de una sociedad.

Es perfectamente legal que existan características y categorías distintas desde el punto de vista accionario de las empresas, y es natural que todas ellas tengan precios diferentes.

Hace un año, en la Cámara se aprobaron -y el señor Ministro de Hacienda bien lo sabe- leyes relativas a la reestructuración del pasivo de la banca, lo que dio origen a acciones de distinta naturaleza, con precios diversos de los actuales. Pero, sobre todo, no puedo creer que sea argumento, porque la compra y la venta de acciones son, por esencia, voluntarias.

Se reprocha públicamente porque hay acciones que tienen un valor equis, y otras, de la misma empresa, un valor ye, en circunstancias de que poseen características diferentes y obedecen a realidades distintas, perfectamente amparadas por la legislación vigente.

No hay norma en Chile que impida estas operaciones, y para información de todos, en muchas sociedades existen estructuras societarias diferentes. Por eso, tampoco puedo creer que el tema de fondo sea la composición accionaria.

Una tercera interpretación consiste en reprochar la internacionalización. Se reprocha que haya empresas extranjeras que compran en Chile. Francamente, tampoco puedo creer que, después de años de andar felicitándonos porque las empresas chilenas adquieren importantes empresas extranjeras en Brasil, Argentina, Bolivia, Perú, Venezuela, en distintos países, ahora, porque una empresa extranjera compra parte de una sociedad privada chilena, levantemos las manos diciendo “esto no puede ser”.

No puedo aceptar que esto amerite una sesión especial. Sobre todo, porque nunca vi a ninguna de las personas que la pidieron, alzar la voz, levantar la mano o hacer un guiño cuando la empresa telefónica española estatal compró un paquete importante de la CTC chilena. Nadie denunció los problemas o los escándalos que eso involucraba. Por lo tanto, no puedo creer que ése sea argumento cuando no se habló en esas circunstancias.

Tampoco puedo creer que sea el tema de fondo, porque querría decir que toda la estrategia que hemos diseñado para avanzar depende de que Chile venda en el extranjero, pero estamos cerrados a que alguien compre en nuestro país. Sería una contradicción absolutamente inviable dentro de la economía chilena.

Se podría pensar que esto tiene que ver con el monto de la operación, que es muy alto como para que no haya sufrido ciertas trabas o determinados análisis por parte de la autoridad. Tampoco puedo creerlo, porque nunca nadie en la Sala levantó la voz porque la misma empresa vendió, hace pocos años, el 22 por ciento en ADR. Nadie dijo nada, y naturalmente se trató de compradores extranjeros.

Tampoco he visto especial preocupación de la autoridad en esta materia. Con toda razón, porque hasta donde entiendo, la inversión española está autorizada por el decreto ley Nº 600. Entonces, tampoco puedo creer que el tema de fondo sea el monto de la operación.

Otros estiman que hubo falta de transparencia por la premura del negocio. No puedo creer que sea un argumento serio y que alguien reproche que porque esto se concretó a las 4 de la mañana, muy rápidamente, significa que está mal hecho.

Desde esta perspectiva, parlamentarios de quienes soy amigo creen que esto podría revelar una falta de transparencia. Irónicamente, la ley de probidad, legislación que más necesita Chile para que la haya, quizás por ser muy transparente, lleva dos años y medio de tramitación y todavía no sale una sola norma. Mil veces prefiero que algo se demore 48 horas antes que dos años y medio.

Otros argumentan que esto podría ser un mal negocio para algunas instituciones, particularmente para las AFP. En la mañana, pedí a la Superintendencia información sobre cuánto había sido el negocio de las AFP con este tipo de empresas nacionales; y según los antecedentes que me dieron, ellas invirtieron 600 millones de dólares en la empresa que aparece cuestionada y hoy tienen 3.400 millones de dólares. Si alguien considera que es malo invertir 600 y ganar 3.400 millones, que me demuestre dónde está ese mal negocio.

De ahí que tampoco pueda creer que el argumento del precio sea el fondo de la petición de la sesión especial y de la comisión investigadora que se ha anunciado.

Se dice que la venta sería obligatoria para los empleados, pero entiendo que es una operación absolutamente voluntaria. El que quiere, el que tenga una acción, la vende o no la vende; el que enajena tiene un incentivo: le pagan un 40 por ciento más del valor, y el que no vende, se atiene a lo que resulte el nuevo negocio. No puedo creer que alguien considere que eso es inmoral, antiético, ilegal o cualquier otro calificativo que quiera colocarse.

Se dice que aquí los mandatarios habrían traicionado la confianza de los accionistas; pero ¡si los accionistas si quieren venden o no! Entonces, ¿de qué traición se habla?

Por eso, francamente, esta sesión no se entiende. No se comprende que haya un intento de manchar o de enturbiar un proceso económico fundamental dentro de la marcha del país; que refleja el éxito y el avance de las empresas chilenas, que han sido capaces de conquistar mercados que aparecían imposibles; de imponer tecnologías, y que hoy son admiradas y modelos en todos los continentes.

No puedo creer que, a través de tratar de enlodar a las personas involucradas o de hacer aparecer que aquí hay cosas turbias o enredadas, hoy se pretenda destruir un esquema que, indudablemente, ha sido fundamental para la historia de Chile.

Por eso, no entiendo esta sesión. Tengo la muy amarga sensación de que si esta empresa, en lugar de ser exitosa, hubiera quebrado, con su secuela de miles de cesantes, miles de alfiliados con menos ingresos y una pésima señal internacional, nadie habría dicho nada. Cuando más, alguien habría sostenido que eran las reglas del mercado y que quien se arriesga y le va mal, pierde.

Pero pasó algo al revés. Los mismos que lograron resultados en empresas otrora deficitarias y produjeron una transformación profunda dentro del mercado, hoy son puestos en la picota porque han realizado operaciones exitosas. En esa perspectiva, no entiendo el país que se quiere formar.

Al que le va bien, lo van a investigar. No entiendo las señales que se dan a los empresarios chilenos y al mundo. Los que venden en el exterior son felicitados, pero los que quieren comprar en Chile son castigados.

No puedo entender cuál es el sentido, la ética y el fundamento de una sesión que, además de postergar el análisis de los problemas reales de los chilenos, pone un gran signo de interrogación sobre el verdadero sentido y alcance de la transformación que Chile vive.

He dicho.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

En los cuatro minutos que restan al Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela.

El señor VALENZUELA .-

Señor Presidente , en este breve tiempo quiero reivindicar el legítimo derecho de haber citado a esta sesión.

En primer lugar, porque no sólo somos colegisladores, que hacemos leyes y debemos hablar sólo respecto de temas legales, sino porque, además, somos fiscalizadores y debemos cumplir una labor de fiscalización, referida no sólo a lo señalado en el artículo 48, de la Constitución, sino también, a mi juicio, a los antecedentes que sirven de base a las leyes que dictamos. Pero, por sobre todo, aparte de nuestra típica función fiscalizadora, somos hombres políticos, vivimos en la polis y, por lo tanto, estamos obligados a estudiar el fundamento de la legislación y de la fiscalización.

Este tipo de reuniones no es para dictar leyes, sino, fundamentalmente, para analizar la ética y la moral de la legislación que necesitamos para corregir y perfeccionar el sistema. Desde ese punto de vista, considero correcto que revisemos estas negociaciones entre privados, pero que son susceptibles de corregir, y que es bueno que revisemos si la legislación actual permite establecer si se está haciendo uso abusivo del derecho, en cuanto a las facultades que el Código Civil entrega a aquellos que reciben mandatos sobre cosas importantes en que está en juego, por ejemplo, la previsión de los trabajadores.

También es posible revisar si la legislación que regula las relaciones entre particulares permite el enriquecimiento sin causa de algunas personas que tienen mandato para actuar respecto de otras.

Mi bancada votará favorablemente la creación de la comisión, por estimar que es posible corregir el sistema privado. No estamos contra la globalización ni contra la internacionalización de la economía, pero no estamos de acuerdo en que, como lo dijo nuestro expositor, unas personas se lleven la parte chica cuando venden, aunque sea optativo el derecho de venta, y otros se lleven la parte del león. Eso es incorrecto e inmoral. Puede que todo sea legal, pero tengo la sensación de que la Derecha no se ha referido al tema fundamental, sino que más bien está tratando de justificar tácitamente esta cosa inmoral que perjudica a los trabajadores que por a, be o ce motivos se ven obligados a vender.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCÍA (don José) .-

Señor Presidente , confieso que asisto a esta reunión con el mayor interés, porque se trata de una transacción comercial importante, que involucra fuertes sumas de dinero y donde también está detrás el interés de los trabajadores, manifestado a través de los fondos de pensiones.

Sin embargo, luego de escuchar las intervenciones de los diputados oficialistas, me quedo finalmente con una de las expresiones del Diputado señor Schaulsohn , quien sostuvo que ésta es una sesión que entrega una pésima señal al sector privado.

Esperaba que algunos de los señores parlamentarios que solicitaron esta sesión especial expresara cuáles son las normas que se han transgredido en esta operación comercial o que algunos de los organismos fiscalizadores, como la Superintendencia de Valores o la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones, nos señalaran dónde está, para esta última, la pérdida para los trabajadores, para los ahorrantes previsionales, o dónde están las transgresiones de las normas, que hacen de éste un negocio oscuro, que esté al borde de la legalidad; no lo he escuchado. Más bien se ha oído una profunda desconfianza en la empresa privada. Eso es lo grave y ésa es la mala señal a que se refería el Diputado Schaulsohn .

El Diputado señor Escalona llevó las cosas a un punto mucho más extremo. Dijo que le parecía inconcebible que una operación de esta naturaleza se hiciera sin el conocimiento del Presidente de la República y de los ministros. ¡Por favor! Si se trata de permitir que el sector privado sea el motor del desarrollo; se trata de que lo haga mientras actúe dentro del marco regulatorio que el Estado le señala y de acuerdo con la Constitución y las leyes, para generar fuentes de trabajo y de riqueza, que es lo que hace grande al país.

Permanentemente, estamos escuchando al Presidente de la República , a los ministros de Estado y a los medios de comunicación llamar insistentemente al sector privado a constituirse en el motor del desarrollo, a generar fuentes de trabajo, a crear condiciones especiales para dar oportunidades a esos miles de jóvenes que buscan trabajo y no lo encuentran. Cada vez que el país necesita de una campaña solidaria se recurre a la generosidad de los empresarios y se golpean sus puertas. En definitiva, cada vez que necesitamos que el país progrese, se desarrolle y crezca, recurrimos a los empresarios; pero, ¡ay de ellos que hagan un negocio!, porque rápidamente queremos mancharlos y tildarlos de que tienen propósitos o acciones oscuros. ¡Ay de ellos que cometan algún error!, porque rápidamente queremos sancionarlos. Así no funciona la sociedad que deseamos. Si lo que buscamos es más riqueza para que ésta se reparta equitativamente, si lo que queremos son más fuentes de trabajo, debemos dar confianza a los empresarios, y motivarlos e incentivarlos para que perseveren en esa senda.

No veo por qué debemos tener una preocupación enorme porque una empresa eléctrica verá incrementado su capital en mil millones de dólares; no veo por qué debemos preocuparnos, en lugar de alegrarnos, de que una empresa que hace un par de años costaba 150 millones de dólares, hoy supere los 5 mil millones de dólares y, como aquí se ha dicho, va a la vanguardia de la modernización del país.

Por lo tanto, cuando no se ha proporcionado ningún tipo de antecedentes que nos permitan siquiera formarnos la idea de que en esta materia hay algo irregular y oscuro o que se han transgredido disposiciones legales, me parece que no hay razón alguna para constituir una comisión especial que vaya a investigar lo que aquí ha ocurrido.

Yo esperaba que en esta sesión, particularmente por parte del Ejecutivo, se nos entregaran antecedentes, se nos presentaran los hechos oscuros o aquellos que han perjudicado a los trabajadores, como se ha sostenido. Nada de eso ha ocurrido e, insisto en que creo que esta sesión terminará siendo una muy mala señal para el sector privado.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

El señor BARTOLUCCI .-

Pido la palabra.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Lamentablemente, se le acabó el tiempo a la Unión Demócrata Independiente.

El señor FANTUZZI .-

Que hable con cargo a nuestro tiempo, señor Presidente .

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Con la venia del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Bartolucci .

El señor BARTOLUCCI.-

Señor Presidente, deseo entregar un testimonio personal que me ha venido a la memoria al escuchar las intervenciones en esta sesión.

Gracias a una especial deferencia de su Excelencia el Presidente de la República , me tocó formar parte de la comitiva que lo acompañó al Reino Unido, donde estuvimos en Gran Bretaña. El Presidente de la República , los ministros que lo acompañaron y todos quienes formamos parte de esa delegación, hicimos el mayor esfuerzo conjunto para mostrar un país sólido y para invitar a los empresarios del Reino Unido a invertir en Chile. Recuerdo su intervención magistral ante la Cámara de Comercio Británica, en la cual mostró la solidez de la economía chilena e invitó a los inversionistas británicos a que trajeran sus capitales a nuestro país.

Por lo tanto, hoy resulta sorprendente escuchar a quienes forman parte del oficialismo cómo desautorizan al Presidente de la República y plantean aquí que quienes vienen a invertir a nuestro país están haciendo negocios oscuros, en circunstancias de que el Primer Mandatario ha pedido en sus giras al extranjero que vengan los capitales y empresarios extranjeros a invertir en Chile.

Por eso, concordamos con el Diputado señor Juan Antonio Coloma cuando dice que esta sesión es sorprendente, porque lo que aquí se ha hecho es desautorizar al Presidente de la República , a la economía privada y a todo el esfuerzo de la economía chilena. Es increíble que los propios partidarios del Gobierno, los propios miembros del oficialismo, entreguen aquí argumentos que tiendan a desincentivar la inversión extranjera, en circunstancias de que el Presidente , en sus innumerables viajes, de lo cual he sido testigo, presenta a la economía chilena e invita a los empresarios a que vengan a comprar empresas chilenas e invertir en nuestro país.

He dicho.