Labor Parlamentaria

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial; modifica el decreto ley Nº 3.058, de 1979; crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y modifica el Código Orgánico de Tribunales.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Viera-Gallo, y de la de Hacienda, el señor Makluf.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2006-07, sesión 55ª, en 1 de abril de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informes de las Comisiones de Constitución y de Hacienda, sesión 30ª, en 7 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nºs. 7 y 8, respectivamente.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente , me corresponde informar sobre el proyecto de ley que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial; modifica el decreto ley Nº 3.058, de 1979; crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y modifica el Código Orgánico de Tribunales.

Durante el estudio de esta importante iniciativa, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de la Ministra de Justicia , señora María Soledad Alvear ; del Subsecretario de Justicia , don José Antonio Gómez , y de la señora Consuelo Gazmuri , Jefa de la División judicial. También asistieron, por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, su Primer Vicepresidente , señor Guillermo Quiroz , y otros dirigentes.

El proyecto que hoy conoce la Sala viene acompañado del respectivo informe técnico-financiero del Ministerio de Hacienda, al cual se referirá con mayor detalle el diputado informante de la respectiva Comisión.

Es conveniente destacar que este proyecto de ley es el fruto del trabajo conjunto del Ministerio de Justicia y de la Excelentísima Corte Suprema, que han ido elaborando diversos cuerpos legales que contribuyan efectivamente a la modernización del Poder Judicial y de la justicia, muchos de los cuales ya han sido conocidos por la Cámara y el Senado.

Cabe recordar que durante el Gobierno del Presidente Aylwin se implementó el denominado “Plan Quinquenal”, cuya finalidad era duplicar el aporte fiscal inicial de 1991 al Poder Judicial , estableciendo para ello porcentajes de incremento iguales al 20, 30, 20, 15 y 15 por ciento para los años 1992 a 1996, ambos inclusive.

En la práctica, al primer trimestre de 1994, se había alcanzado un incremento del 71 por ciento.

La aplicación de dicho plan permitió alcanzar diversos objetivos, entre los cuales cabe mencionar el mejoramiento de las remuneraciones de los funcionarios y empleados del Poder Judicial; aumentos de grado para el personal de empleados; creación de juzgados y de nuevas salas en las cortes de apelaciones; creación de diversos cargos de auxiliares de la administración de justicia; regionalización de la Corporación Administrativa; desarrollo y perfeccionamiento del sistema computacional del Poder Judicial ; proyectos de inversión en infraestructura, etcétera.

En el mes de octubre de 1995, el entonces presidente de la Excelentísima Corte Suprema , don Marcos Aburto , y la Ministra de Justicia , señora Soledad Alvear , se reunieron -según los antecedentes de la Comisión-, con el objeto de evaluar y tratar el cumplimiento del plan quinquenal.

Para continuar con el proceso de modernización del Poder Judicial , en mayo de 1996, el Ministerio de Justicia encargó a los departamentos de Ingeniería Industrial y de Investigaciones, de las universidades de Chile y Diego Portales , un estudio acerca del “Diagnóstico y plan de gestión de recursos humanos y diseño del sistema de remuneraciones para el personal del Poder Judicial ”. Los objetivos generales de este diagnóstico tendieron a determinar con precisión los principales defectos del sistema de administración de personal vigente, con proyección a los cambios en perspectiva, tanto en el ámbito de la administración de justicia como de la administración pública en general, para lo cual se estudió cada uno de los subsistemas que comprende, a saber, reclutamiento, selección, asignación, capacitación y entrenamiento; calificación, evaluación de desempeño y otros parámetros.

Entre lo que interesa del diagnóstico realizado por las universidades ya mencionadas, cabe señalar: la creación de la Unidad de Personal dentro de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a fin de que actúe en la práctica -si se puede denominar así dentro de ese ámbito- como una verdadera gerencia de recursos humanos, y el establecimiento de un sistema de remuneraciones fijas y otro de remuneraciones variables, con incentivos al desempeño individual y colectivo, como también parámetros para el control de gestión.

Este sistema de remuneraciones se sustenta en factores tales como la equidad, la eficiencia y la factibilidad.

Los incentivos al desempeño individual surgen de la necesaria búsqueda de eficiencia y equidad, y su objetivo es motivar al personal para lograr un mejor desempeño en sus labores y remunerar a las personas de acuerdo con los resultados y con la calidad de su actuación personal.

Cabe señalar que estas conversaciones o reuniones entre el Poder Judicial , la Excelentísima Corte Suprema y el Ministerio de Justicia se materializan en un protocolo de acuerdo que suscriben la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia, el cual está transcrito íntegramente en el informe que tienen los señores diputados. Entre sus elementos principales cabe destacar el compromiso que asume el Poder Judicial de introducir mejoras sustanciales en la gestión de los tribunales de justicia, la cual está íntimamente vinculada con el plan de reajuste de remuneraciones de que trata el presente proyecto de ley, y que se materializa en una serie de puntos contenidos en el protocolo, referidos a distribución de jornadas de trabajo, concesión de permisos sin goce de sueldo, días administrativos, sistemas horarios, etcétera.

Respecto de esta iniciativa, la Excelentísima Corte Suprema, mediante oficio Nº 1407, de 7 de abril de 1997, acogió favorablemente las modificaciones propuestas, haciendo la salvedad de que, a su juicio, el número de abogados integrantes en las cortes de apelaciones de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia , se incrementan en un número inferior al propuesto por ella.

Con el objeto de abreviar este informe, quiero hacer mención especial de que en la discusión del proyecto en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, algunos señores diputados presentaron indicaciones para modificar el horario de funcionamiento de los tribunales de justicia.

Una de ellas, que modifica el artículo 312 del Código Orgánico de Tribunales, no obstante ser declarada inadmisible por el Presidente de la Comisión , finalmente fue aprobada.

Con posterioridad, esa Comisión resolvió escuchar a una comisión designada al efecto por la Excelentísima Corte Suprema, integrada por dos ministros. Pero, antes y después de la comparecencia a la reunión de dicha Comisión, la Corte dictó autos acordados, ambos relativos al tema, a los cuales podrá referirse la señora Ministra de Justicia con mayor propiedad. Por lo tanto, en mi opinión -espero que también sea la del resto de los señores diputados-, esas indicaciones, aprobadas respectivamente en las Comisiones de Constitución y de Hacienda, habrían perdido su sentido, toda vez que las materias a que se refieren se encuentran a la fecha reguladas por dos autos acordados por la Corte Suprema.

Hago presente esta situación, dado que el objeto de ambas indicaciones se cumple mediante los autos acordados dictados por la Corte Suprema en uso de sus facultades.

En síntesis, el artículo 1º del proyecto dispone los porcentajes de reajustes, los sueldos bases mensuales, la asignación judicial y las bonificaciones.

El artículo 2º establece, a partir del 1 de enero de 1997, una asignación de responsabilidad superior para los integrantes del escalafón del personal superior del Poder Judicial.

El artículo 3º, también establece, a partir del 1 de enero de 1997, una asignación de nivelación para el personal del mismo escalafón.

El artículo 4º concede un bono de gestión institucional, consistente en un estipendio anual equivalente al cinco por ciento de la suma del sueldo base.

El artículo 5º señala, a contar del 1 de enero de 1997, los gastos de representación que en él se dan cuenta.

El artículo 6º incrementa la asignación de movilización de las asistentes sociales del Poder Judicial , cuestión no menor, dada la función que ellas desempeñan en los diferentes tribunales de justicia.

El artículo 8º dispone: “A contar de la fecha de publicación de esta ley, no se aplicarán al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial las normas sobre remuneraciones aplicables a los demás personales del Sector Público, salvo disposición legal expresa en tal sentido”.

Con ello, a partir de la publicación de esta ley, en lo que a remuneraciones se refiere, el Poder Judicial queda excluido de las normas que se aplican a los funcionarios del sector público.

Finalmente, cabe mencionar que el artículo 9º del proyecto contiene una indicación respecto del artículo 65 del Código Orgánico de Tribunales, en el sentido de modificar el horario de funcionamiento de las cortes de apelaciones.

Quiero detenerme sobre este punto y señalar que respecto de esta modificación es aplicable lo que señalé en relación con el artículo 312 del Código Orgánico de Tribunales. Es decir, ha perdido sentido, toda vez que se han dictado los autos acordados respectivos relativos al horario de funcionamiento.

Por último, el proyecto aumenta los abogados integrantes en diferentes cortes del país y crea el departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo cual es concordante -lo señalé al comienzo del informe- con el intento de introducir una modificación en la forma de “gerenciar”, fundamentalmente, la administración de los recursos humanos del Poder Judicial.

Ésos son los aspectos más sustantivos del informe de la Comisión de Constitución.

He dicho.

-Por acuerdo de la Sala, se incluye la siguiente intervención del Diputado Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente , paso a informar a esta Sala, por encargo de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , que reajusta las remuneraciones del Poder Judicial , modifica el decreto ley Nº 3.058, crea el departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y modifica el Código Orgánico de Tribunales.

Con el objeto de requerir la máxima información respecto de los objetivos y alcances de la iniciativa en análisis, la Comisión contó con la asistencia de la señora Ministra de Justicia , Soledad Alvear ; del Subsecretario , don José Antonio Gómez ; de la jefa de la División Judicial, doña Consuelo Gazmuri , y de asesores de dicha Cartera.

Asimismo, participaron de la discusión del proyecto representantes de la Asociación de Empleados del Poder Judicial y de los secretarios de los juzgados de letras de asiento de Corte.

Marco general.

El proyecto en estudio se enmarca en los esfuerzos del Gobierno por la modernización del Estado. Tal acción, en lo que se refiere al Poder Judicial , debe perseguirse a través de la puesta en práctica de diversas modificaciones que permitan agilizar la justicia y facilitar el acceso a ella de la ciudadanía, las que apuntan en dos sentidos fundamentales:

Perfeccionamiento de los procedimientos e infraestructura del Poder Judicial.

Optimización de los recursos humanos.

Perfeccionamiento de los procedimientos e infraestructura del Poder Judicial.

Respecto de esta temática, se encuentran en el Congreso Nacional dos proyectos de singular importancia, cuales son la modificación al Código de Procedimiento Penal, que incluye la creación del Ministerio Público, destinado a mejorar y agilizar el proceso penal.

Al mismo tiempo, se encuentra en trámite una iniciativa destinada a crear las Corporaciones Regionales de Asistencia Judicial, que permitirán la mejor atención de los sectores de menores ingresos, facilitando su acceso a la justicia.

Por último, el Gobierno ha anunciado la creación de los Tribunales de Familia, que permitirán un conocimiento más ágil y especializado de diversas materias, actualmente radicadas en la justicia de menores y civil, que resultan fundamentales para muchos compatriotas.

A lo anterior se suman la creación de nuevos juzgados, construcción y habilitación de infraestructura, como también el mejoramiento en el equipamiento de apoyo a la función judicial.

Todo ello, con el fin de agilizar las actuaciones judiciales. Sabemos que ésta es una de las más sentidas aspiraciones de la opinión pública, puesto que resulta evidente la lentitud del sistema judicial, por diversas causas; muchas de ellas escapan a las buenas intenciones de sus funcionarios de atender los requerimientos de los ciudadanos y dicen relación con su precaria implementación técnica y con un excesivo recargo de trabajo.

Así, los juicios se dilatan largamente, dificultándose la administración de justicia, que, en muchas ocasiones, resulta inoportuna y no logra satisfacer las demandas de los afectados.

Optimización de los recursos humanos.

Particular importancia tiene la política de recursos humanos del personal del Poder Judicial, a la que apunta este proyecto de ley y se complementa con los esfuerzos reseñados precedentemente.

En efecto, al asumir los Gobiernos de la Concertación, las remuneraciones se encontraban en un nivel muy deteriorado. Ello motivó, durante la administración del Presidente Aylwin , la elaboración de un plan quinquenal destinado a elevar paulatinamente el nivel de los ingresos, duplicando, en el curso de los cinco años siguientes a su implementación, los aportes fiscales al Poder Judicial.

Entre los logros alcanzados por el Plan Quinquenal se cuenta el mejoramiento de remuneraciones de los funcionarios y empleados, aumento de grados, creación de juzgados y de nuevas salas en las cortes de apelaciones, creación de cargos auxiliares, regionalización de la Corporación Administrativa, funcionamiento de la Academia Judicial, desarrollo de un sistema computacional y la materialización de diversos proyectos de infraestructura y equipamiento.

Pues bien, la evaluación positiva del cumplimiento del Plan Quinquenal, efectuada en 1995, permitió generar un acuerdo entre el Gobierno y el Poder Judicial tendiente a adelantar la provisión de algunos ingresos destinados a éste, permitiendo efectuar un reajuste de remuneraciones al personal.

Al mismo tiempo, se concordó en la necesidad de practicar un estudio para establecer un nuevo sistema de remuneraciones, cuestión que sería estudiada por consultoras especialistas en la materia. El Ministerio de Justicia encargó la realización de dichos estudios a las Universidades de Chile y Diego Portales.

Sus correspondientes informes permiten determinar con precisión los defectos que se perciben en el sistema de administración del personal al analizar las falencias existentes en los diversos ámbitos, tales como reclutamiento, selección, asignación, capacitación, calificación, evaluación de desempeño, ascensos, promociones y egresos.

De dicho análisis se desprenden dos conclusiones generales que son abordadas por el proyecto que informo a esta Sala:

La primera de ellas, dice relación con la necesidad de crear una Unidad de Personal al interior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, destinada a contribuir a la formulación y ejecución de la política de recursos humanos del Poder Judicial.

En segundo lugar, en materia de remuneraciones, se precisó la necesidad de mejorar el sistema actual, a través del establecimiento de remuneraciones fijas y variables, con incentivos al desempeño individual y colectivo, al tiempo que se introducen elementos que permitan el control de la gestión, cuestión que se aborda en esta iniciativa.

Tales apreciaciones se incluyen en un Protocolo de Acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema y que consta en el informe para ilustración de los señores diputados.

De aquél resulta importante destacar algunas conclusiones que tienen gran significación y relevancia en el tema que abordamos, muchas de las cuales se abordan en el presente proyecto de ley; otras se tratarán en futuras enmiendas legales, y algunas se reservan al área administrativa.

Entre éstas figuran la necesidad de redefinir el rol del secretario del tribunal, descongestionar el trabajo de los juzgados restando de su competencia algunas gestiones de escaso carácter judicial y la separación, al interior del Poder Judicial , de las funciones administrativas de las jurisdiccionales.

Resulta fundamental, para los efectos de comprender cabalmente el alcance del proyecto en trámite en la Corporación, señalar que en el acuerdo que se acompaña en el informe suscrito entre el ministerio y la Corte Suprema, ésta última, en aras del mejor servicio judicial, ha considerado llevar a cabo desde ya, por la vía administrativa, algunas iniciativas de indudable significación práctica, referidas a la atención al público y a la óptima utilización de los recursos humanos.

La más importante de éstas, sin duda, se refiere a la revisión del “Reglamento para la labor de los sábados y la distribución de la jornada de trabajo en los tribunales y reparticiones judiciales los días lunes a viernes de cada semana”. Ello, previa comunicación de cada una de las cortes del país, permitirá perfeccionar el horario, extendiendo su duración de modo de atender de mejor forma al público, siendo ésta una de sus mayores inquietudes.

En ese marco general que he reseñado y que contribuye a clarificar sus objetivos, se inserta el presente proyecto de ley, cuyas ideas matrices son las siguientes:

Aumento de remuneraciones del Poder Judicial.

La integración de ciertas cortes de apelaciones.

La carrera judicial en ciertas categorías del escalafón primario del Poder Judicial , de forma de facilitar la promoción de sus funcionarios.

La creación de una unidad de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

Así, su artículo 1º establece un reajuste extraordinario que favorece al personal de los escalafones superiores del Poder Judicial , personal de asistentes sociales y personal de empleados del Poder Judicial , a contar del 1º de enero de 1997, que se aplicará gradualmente hasta el año 2000, adicional a la inflación esperada y que se calculará sobre los sueldos bases mensuales, la asignación judicial y las bonificaciones establecidas en el artículo 3º de la ley Nº 18.566, en los artículos 10 y 11 de la ley Nº 18.675 y en los artículos 3º y 4º de la ley Nº 18.717.

Dicho incremento alcanza una cifra cercana al 14%, siendo de un 2% en 1997 y de un 4% en cada uno de los años restantes, para el escalafón superior y asistentes sociales, y de un 15% para el personal de empleados, siendo, en este caso, de un 3% en el presente año.

A través de una indicación, se extendió este reajuste extraordinario a los funcionarios de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El artículo 2º, establece una asignación de responsabilidad superior para los integrantes del escalafón del personal superior del Poder Judicial que señala y para los jueces letrados que se indican, la que se pagará gradualmente, tal como en el caso del reajuste anterior, exceptuándose de esta asignación a las autoridades de la Corporación Administrativa y al director del Departamento de Recursos Humanos de ésta. Una indicación extendió el alcance de esta asignación al grado VII del escalafón alcanzando a jueces y secretarios de juzgados de letras de comunas asiento de corte de apelaciones y secretarios de juzgados de menores de lugar de asiento de corte de apelaciones del trabajo y secretarios de juzgados del trabajo de primera categoría.

El artículo 3º establece una asignación de nivelación, con el objeto de que las remuneraciones del escalafón superior del Poder Judicial responda a un adecuado concepto de carrera funcionaria. Tal asignación, con diversos montos, beneficia también a las autoridades de la Corporación Administrativa, al Jefe del Departamento de Recursos Humanos y a los profesionales contratados por ella.

En el artículo 4º, tal como se ha hecho en otros servicios públicos, a contar del 1º de enero de 1998, existirá un bono de gestión institucional, que se otorgará una vez al año al 66% del personal que tenga un mejor desempeño, correspondientes a los grados V al XI del escalafón superior, al escalafón de empleados, al escalafón de asistentes sociales, a la Academia Judicial y a la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

A través de una indicación del Ejecutivo, que precisará en mejor forma el diputado informante de la Comisión de Hacienda , se modificaron los criterios tendientes a acotar este beneficio de forma que contribuya efectivamente a incentivar el mejoramiento en el desempeño funcionario.

En el artículo 5º, se contiene una modificación al cálculo de los gastos de representación para los cargos de ministro y fiscal de la Corte Suprema, de presidente de la Corte de Apelaciones y de presidente de la Corte del Trabajo.

A través del artículo 6º se duplica la asignación de movilización de los asistentes sociales, aumento que se divide en un 50% desde el 1º de enero de 1997 y el 50% restante desde la misma fecha del año 1998.

Ésta es una materia de fundamental importancia en lo que dice relación con el funcionamiento de muchos juzgados de menores, donde la tramitación de muchas causas se ven dificultadas por los recursos involucrados en el desplazamiento de estos profesionales.

El artículo 7º complementa una disposición de la ley Nº 19.390, que contempló un ascenso del prosecretario de la Corte Suprema, aumentando también sus remuneraciones al incorporarlo al grado VIII.

A través de los artículos 8º y 14º se recoge una sentida aspiración del Poder Judicial en orden a desvincular las futuras normas relativas a este Poder del Estado de las que se dicten para el resto del sector público, a menos que se disponga expresamente lo contrario, lo que hace patente la autonomía del Poder Judicial.

Entiendo que hay una indicación del Ejecutivo relativa a los aguinaldos de Navidad, Fiestas Patrias y bonos de escolaridad.

El artículo 9º establece diversas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales, con el objeto que se indica a continuación:

a) Aumentar los abogados integrantes en las cortes de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Valparaíso , San Miguel y Concepción, lo que en el caso de las primeras cuatro de ellas viene a corregir una omisión de la ley Nº 19.298, que no consideró el aumento de éstos al incrementarse las salas. Con ello se logra que en todas las cortes del país existan dos abogados integrantes por sala, más uno de reserva para toda la corte.

b) Crear el departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, cuestión que se aborda también en los artículos 10 y 11, en los que se señalan sus funciones; en el artículo 12, que establece los requisitos que deberá cumplir el jefe de dicho departamento, y en el artículo 13, que detalla su planta.

Respecto de esta materia, cabe hacer presente que la Comisión estimó pertinente precisar que, con el objeto de perfeccionar la técnica legislativa, tales disposiciones deberían contenerse en el mismo Código Orgánico de Tribunales y no en una ley especial.

A través de indicaciones que debieron ser votadas en segunda oportunidad luego de haberse declarado inicialmente inadmisibles, se incorporan aspectos de gran importancia relativos al horario de funcionamiento de los tribunales.

Así, un nuevo artículo 65 establece como horario de funcionamiento para las cortes de apelaciones, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas para la vista de las causas en tabla y de 15 a 17 para resolver las causas en cuenta, las agregadas y demás materias que encomiende su presidente. A través de un nuevo artículo 100, el mismo horario se hace extensivo a la Corte Suprema.

Por su parte, una modificación al artículo 96, numeral 4º, relativo a las atribuciones del pleno de la Corte Suprema, establece como restricción a su facultad de determinar los días y horas de trabajo del personal, aquellos horarios mínimos que se han incorporado en las indicaciones a que me refiero.

Por último, una enmienda al artículo 312 establece la obligación de los jueces de desempeñar sus funciones durante 44 horas a la semana. (Se rechazó en la Comisión de Hacienda).

Se trata, honorables colegas, de una materia de gran relevancia, puesto que es uno de los aspectos más sensibles para la ciudadanía, que habitualmente se queja por el breve horario de funcionamiento de los tribunales, lo que sería, en gran medida responsable del retraso de las causas. Por ello, se ha estimado la necesidad de establecer a través de la ley la existencia de ciertas normas mínimas de funcionamiento, que pueden ser complementadas, de acuerdo a las atribuciones de la Corte Suprema.

En otro sentido, resulta fundamental acotar, según lo expresé en el inicio y lo indica el criterio que permitió abordar estas indicaciones en la Comisión, que tales enmiendas se encuentran en la raíz del acuerdo entre el Gobierno y el Poder Judicial , por lo que tales lineamientos no hacen otra cosa que adelantarse a lo que el propio Poder Judicial está realizando por vía administrativa.

A través del artículo 15 se soluciona un problema que se creó con la ley Nº 19.298, que perjudicó al oficial del fiscal de la Corte de Concepción, a quien, por un error, se asignó a un grado inferior al equivalente en otras cortes del país.

A través del artículo 1º transitorio se resuelve una situación puntual compleja suscitada con la derogación del artículo 268 del Código Orgánico de Tribunales, que permite evitar el estancamiento de la carrera funcionaria.

Por su parte, el artículo 2º transitorio establece el financiamiento de la iniciativa a través de su imputación, en la parte pertinente, al presupuesto de 1997.

Para efectos reglamentarios, hago presente a la Sala que el artículo 9º, tiene el carácter de orgánico-constitucional, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales.

En la Comisión, el proyecto fue aprobado en general por unanimidad y no hay indicaciones o artículos rechazados.

Por las razones expuestas, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Corporación, recomienda la aprobación del proyecto.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda, señor Makluf.

El señor MAKLUF.-

Señora Presidenta , en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, y de lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación, vuestra Comisión pasa a informar el proyecto de ley cuyo objetivo principal consiste en mejorar las remuneraciones del Poder Judicial mediante los reajustes que señala, y el otorgamiento de la asignación de responsabilidad superior y del bono de gestión institucional y de desempeño individual; crear el departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y aumentar el número de abogados integrantes de las cortes de apelaciones que se indican.

Durante su estudio, asistieron a la Comisión la señora María Soledad Alvear , Ministra de Justicia ; el señor José Antonio Gómez , Subsecretario de Justicia ; las señoras Consuelo Gazmuri , jefa de la División Judicial, y Margarita Madrid , asesora de dicha Cartera, y los señores Ramón Figueroa , Carlos Pardo y Oscar Cooper , subdirector y asesores de la Dirección de Presupuestos, respectivamente, del Ministerio de Hacienda.

Especialmente invitados concurrieron los señores Marcos Aburto , Presidente subrogante de la Corte Suprema ; Hernán Álvarez , ministro de dicho tribunal, Luis Manríquez y Omar Rebolledo , director y jefe, respectivamente, del Departamento de Finanzas y Presupuestos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, y los señores Guillermo Quiroz , Benjamín Ahumada y la señora Oriana Escalante , en representación de la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.

La señora Ministra efectuó una breve exposición acerca de los estudios y planes ejecutados por el Poder Judicial en coordinación con el Ejecutivo , destinados a mejorar el sistema de justicia, desde 1991 en adelante, que se han plasmado en diversas leyes orientadas a la creación de juzgados, de nuevas salas en las cortes de apelaciones, de nuevos cargos en los respectivos escalafones e incremento de remuneraciones.

La iniciativa legal en informe estaría también inserta en el propósito anterior, tendiente a lograr la modernización del Poder Judicial.

El señor Marcos Aburto , presidente de la Corporación Administrativa del Poder Judicial , se manifestó de acuerdo con el proyecto en general y sólo planteó su disconformidad con la proposición de establecer por ley el horario de funcionamiento de un Poder del Estado.

El señor Guillermo Quiroz , dirigente de la Asociación de Funcionarios, planteó observaciones a la fórmula de reajuste propuesta en el artículo 1º, que omitiría la variable “productividad país” y, en consecuencia, podría dejar a los funcionarios judiciales en situación desmejorada con respecto al sector público. De igual modo, hizo presente que el proyecto no les garantiza el pago de los aguinaldos de Fiestas Patrias y de Navidad, y el bono de escolaridad, entre otros. Posteriormente, esta inquietud fue salvada con una indicación del Ejecutivo al artículo 8, que señalaré en su oportunidad.

El debate de la Comisión tuvo relación, fundamentalmente, con diversas normas del proyecto que requirieron de explicaciones de los representantes del Ministerio de Justicia o que fueron consideradas susceptibles de perfeccionamiento en este trámite legislativo.

En relación con el mecanismo de reajuste de remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial que señala el artículo 1º del proyecto, mereció dudas el hecho de que se establezca un esquema distinto del que rige para el sector público. En este sentido, se afirmó, por los representantes del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, que el reajuste sobre el IPC esperado para cada año y la determinación anticipada del porcentaje aplicable para lo próximos cuatro años, formaba parte de un acuerdo destinado precisamente a desvincular el reajuste del sector público del reajuste cuadrienal propuesto para los funcionarios del Poder Judicial.

Un amplio debate respecto de los indicadores de gestión necesarios para aplicar los artículos 4° y 5° del proyecto, que establecen un bono de gestión institucional y otro de desempeño individual, derivó en los perfeccionamientos contemplados en dos indicaciones del Ejecutivo que se consignan en el análisis en particular del articulado de este informe, ya que esta Comisión consideró que sería conveniente establecer los elementos esenciales de dichos bonos en la ley, sin perjuicio de que un auto acordado de la Corte Suprema pudiera complementar la norma legal.

Hubo dos informes financieros. Uno, relacionado con el texto del proyecto contenido en el mensaje, que estimaba el costo total de este proyecto en 10.355 millones de pesos para los siguientes rubros: reajuste especial (artículo 1°); asignación de responsabilidad superior (artículo 2°); bono de gestión institucional (artículo 3°); gastos de representación (artículo 4°); asignación de movilización para las asistentes sociales (artículo 5°); aumento de grado del prosecretario de la Corte Suprema (artículo 6°); aumento del número de abogados integrantes de las cortes de apelaciones (artículo 8°), y creación del departamento de recursos humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (artículo 12).

-Informes financieros complementarios a dos indicaciones del Ejecutivo: de 16 de junio y de 23 de julio del presente año.

El primer informe afirma que la indicación implica un mayor costo total del proyecto de 10.556 millones de pesos para 1997, 1998, 1999 y 2000, en un desglose que figura en la página N° 6 del informe.

El segundo informe complementario se hace cargo de las modificaciones a los artículos 4° y 5°, que otorgan los bonos de gestión institucional y de desempeño individual al Poder Judicial , a la Corporación Administrativa y a la Academia Judicial, y da a conocer el mayor costo total del proyecto en un cuadro actualizado de cifras totales anuales que se incluye también en la página N°7 del informe.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda tomara conocimiento de todo el proyecto aprobado por ella. Sin embargo, la Comisión consideró que el artículo 9°, números 1, 2, 3, 6, 7 y 9, no eran de su competencia. No obstante lo anterior, agregó el artículo 5°, nuevo, y el número 8 nuevo del artículo 9°, ambos propuestos mediante indicación del Ejecutivo , y el número 11 nuevo del artículo 9°, originado en indicación parlamentaria.

En el artículo 1° se presentó indicación sustitutiva para reemplazar su inciso primero, de manera de incorporar en el reajuste que indica, los sueldos bases mensuales, la asignación judicial y las bonificaciones establecidas en diversas disposiciones legales aplicables al personal del escalafón superior y al escalafón de asistentes sociales del Poder Judicial ; al personal de planta y contrata del escalafón superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y al personal de la Academia Judicial. Se señalan diversos alcances formales, con el objeto de dar verdadero sentido a algunas referencias contenidas en dicha indicación.

Asimismo, se presentó una indicación para sustituir el inciso segundo de la siguiente forma: “Para el personal del escalafón de empleados del Poder Judicial y el personal del escalafón de empleados, de planta y contrata, de la Corporación Administrativa de éste, el reajuste del sueldo base y de las asignaciones y bonificaciones señaladas en el inciso primero, será del 3 por ciento a partir del 1 de enero de 1997 y de los mismos porcentajes señalados para el personal indicado en el inciso primero, en los años 1998, 1999 y 2000.”

En el artículo 2°, se formuló indicación con el objeto de reemplazar la redacción original de su inciso primero, en el sentido de establecer, a partir del 1 de enero de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, una asignación de responsabilidad superior para el personal del escalafón primario del Poder Judicial , ubicado en los grados I al VII de la escala de sueldos bases mensuales establecidos en el decreto ley N° 3.058, de 1979, en los montos mensuales que en cada caso se indica para cada grado, montos que no fueron modificados.

La modificación de este inciso implica incluir el grado VII en la escala de sueldos del Poder Judicial en el reajuste de asignación de responsabilidad superior.

El artículo 3º establece una asignación de nivelación para el personal superior del Poder Judicial , las autoridades de la Corporación Administrativa, el jefe del departamento de recursos humanos y los profesionales contratados por ella, asimilados al grado VI de la escala de sueldos bases mensuales, en las condiciones que señala.

El artículo 4º, que junto con el artículo 5º fue uno de los de mayor debate en la Comisión, contempla, a partir del informe de la comisión técnica, un bono de gestión institucional anual, a contar del 1 de enero de 1998, equivalente al 5 por ciento de las remuneraciones que señala para cada funcionario, el cual se otorgaría al 66 por ciento del personal con mejor desempeño de los grados V a XI del escalafón del personal superior y a los escalafones de empleados y de asistentes sociales del Poder Judicial y de la Academia Judicial y Corporación Administrativa.

El Ejecutivo , en la discusión de este artículo, recogió las observaciones formuladas por diversos señores diputados miembros de la Comisión respecto del mecanismo propuesto para el bono de gestión institucional y formuló dos indicaciones. En primer lugar, la que vincula el otorgamiento de dicho bono con el cumplimiento de metas de gestión que cada año fijaría la Corte Suprema para los tribunales, con la asesoría de un organismo independiente y tomando en consideración la oportunidad y eficiencia del desempeño jurisdiccional, en base a la cantidad y composición de las causas en tramitación, de los medios con que se cuente y otros factores que se estimen pertinentes.

La segunda indicación recogió el criterio predominante de la Comisión, que consideraba inconveniente premiar al 66 por ciento del personal que ha cumplido con las metas propuestas, ya que el otorgarlo a tan elevado número de funcionarios no lograría el efecto deseado de estimular el mejoramiento del servicio judicial. Por lo tanto, circunscribió el beneficio al 90 por ciento del personal perteneciente al 40 por ciento de los tribunales con mejor desempeño. Igualmente, premia el desempeño individual del 30 por ciento de los funcionarios mejor calificados.

Las redacciones propuestas para los artículos que contienen el criterio sobre gestión y desempeño individual, están contenidas en el informe de la Comisión de Hacienda.

En el artículo 5º, que pasa a ser 6º, se modifica el cálculo de los gastos de representación para los cargos de ministros y fiscal de la Corte Suprema, de presidente de corte de apelaciones y de presidente de corte de trabajo, a partir del 1 de enero de 1997.

El artículo 6º, que pasa a ser 7º, incrementa la asignación de movilización de las asistentes sociales del Poder Judicial en un 50 por ciento a partir del 1 de enero de 1997 y en otro 50 por ciento a contar del 1 de enero de 1998.

El artículo 7º, que pasa a ser 9º, mejora la ubicación del cargo de prosecretario de la Corte Suprema desde el grado X al grado VIII del escalafón del personal superior del Poder Judicial.

El Ejecutivo formuló indicación de carácter formal para que el actual artículo 7º pase a ser 8º y el actual artículo 8º pase a ser 7º, a fin de ordenar los temas incluidos en la ley en orden de mayor a menor importancia.

El artículo 8º señala que a contar de la publicación del proyecto no se aplicarán las normas sobre remuneraciones del sector público al personal del Poder Judicial , de la Academia Judicial y de la Corporación Administrativa, salvo disposición legal que indique lo contrario.

En este sentido, como lo señaláramos en relación con las personas que habían intervenido en la discusión del proyecto, el Ejecutivo se hizo cargo de las observaciones planteadas por los funcionarios y propuso el siguiente inciso segundo: “Con todo, serán aplicables a estos personales las leyes que otorgan aguinaldos de Navidad y Fiestas Patrias y bonos de escolaridad a los demás personales del sector público.”

Lo anterior, con el fin de establecer un principio de igual tratamiento respecto de los funcionarios del Poder Judicial en beneficios que pudieran ser otorgados o mantenidos respecto de los del sector público.

El artículo 9º, que pasa a ser 10, introduce diversas modificaciones al Código Orgánico de Tribunales.

La Nº 4 representa gastos y modifica el inciso primero del artículo 219 del Código Orgánico, aumentando a nueve el número de abogados integrantes de las cortes de apelaciones de Valparaíso, San Miguel y Concepción, y a cinco los de las cortes de Arica, Antofagasta, La Serena, Rancagua , Talca, Temuco y Valdivia.

La modificación Nº 5, propuesta por la Comisión técnica, sustituye la obligación que afecta a los jueces de asistir todos los días a la sala de su despacho y a permanecer en ella por cuatro a cinco horas diarias, según el caso, por una más amplia de 44 horas semanales.

Puesta en votación en la Comisión de Hacienda, fue rechazada en forma unánime por estimarse que se trataba de una facultad de la Corte Suprema.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar un nuevo Nº 8, pasando el actual 8 a ser 9 y el 9, 10, la cual señala la obligación de remitir a los ministerios de Justicia y de Hacienda, cuando le sean requeridos, los informes y estudios que obren en su poder o que se los soliciten, relacionados con materias de su competencia. Esto es en relación con la eliminación de la disposición que hacía muy reglamentadas las funciones del departamento de recursos humanos de la Corporación Administrativa.

El Nº 8, que pasó a ser 9, sustituye el artículo 507, que contempla la estructura orgánica de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, agregando el departamento de recursos humanos.

Los Diputados señores Montes y Andrés Palma , la señora Evelyn Matthei y quien habla formulamos indicación para agregar un Nº 11, del siguiente tenor:

“Sustitúyese los incisos primero y segundo del artículo 513 por los siguientes:

“El director -se refiere al de la Corporación- durará cuatro años en el cargo y deberá tener título profesional universitario con especialidad en administración. El subdirector, los jefes de departamento y el contralor interno, deberán tener título profesional universitario en la especialidad que determine la Corte Suprema. En todo caso, sólo podrán ser nombrados en estos cargos personas que posean título profesional de carreras universitarias de a lo menos ocho semestres académicos.

“El personal de la Corporación se regirá por las normas legales y reglamentarias aplicables a los empleados del Poder Judicial , con las excepciones que se indican en los incisos siguientes:”.

El artículo 10, que pasa a ser 11, crea un departamento de recursos humanos en la Corporación Administrativa, cuya función será asesorar técnicamente a la Corte Suprema en esta materia y ejecutar la administración correspondiente.

El artículo 11 establece las funciones del departamento de recursos humanos.

La Comisión debatió la conveniencia de reglamentar en exceso estas funciones y, en definitiva, el Ejecutivo formuló indicación para suprimir este artículo, con lo que los artículos 12, 13, 14 y 15 pasan a ser 11, 12, 13 y 14, respectivamente.

El artículo 12 dispone que el cargo de jefe del departamento de recursos humanos deberá ser desempeñado por un profesional especializado en materias de recursos humanos, con al menos cinco años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en el sector público.

La Diputada señora Evelyn Matthei formuló indicación para sustituir el artículo por el siguiente:

“El cargo de jefe del departamento de recursos humanos deberá ser desempeñado por un profesional con al menos cinco años de experiencia en cargos de alta responsabilidad en administración de recursos humanos.”

Puesta en votación, fue aprobada por unanimidad.

El artículo 13 fija la planta de personal para el departamento de recursos humanos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, que comprende un total de once cargos, cinco profesionales y seis empleados administrativos.

La Comisión analizó los requisitos profesionales exigidos a los distintos cargos propuestos y sugirió modificaciones, consignadas en indicación de los Diputados señores Jürgensen y Montes para agregar, respecto del jefe del departamento de recursos humanos, entre las palabras “profe-sional” y “grado”, las expresiones “con especialidad en el área administración”; para reemplazar respecto del jefe de unidad de análisis organizacional, la palabra “psicó-logo” por “profesional”; para reemplazar respecto del jefe de unidad de organización y estudios, la expresión “ingeniero comercial” por “profesional”.

El Ejecutivo formuló indicación para introducir las siguientes modificaciones a los grados asignados a los cargos uno, en el inciso quinto, en la frase referida a los asistentes de recursos humanos, reemplazando el guarismo “XV” por “IX”; en el inciso sexto, en la frase referida a la Secretaría del departamento, el guarismo “XVI” por “XV”; en el inciso séptimo, en la frase referida a los coordinadores administrativos, el guarismo “XIX” por “XV”.

El artículo 13, con las indicaciones, fue aprobado en forma unánime.

El artículo 14 deroga el artículo 11 del decreto ley Nº 3.058, de 1979, que dispone que las remuneraciones del personal del Poder Judicial serán reajustadas de acuerdo a las normas generales que rijan para el sector público.

El artículo 15 sustituye la expresión “Grado XVI” por la expresión “Grado XIII” de la letra e) del artículo 30 de la ley Nº 19.298, para corregir un error que se produjo en la tramitación legislativa de esa ley al darle al cargo de oficial del fiscal, tercera categoría del escalafón de empleados de la Corte de Apelaciones de Concepción, un grado inferior al que correspondía.

El artículo 1º transitorio señala que los jueces letrados de comuna o de agrupación de comunas y los secretarios de juzgados de letras que al 30 de mayo de 1997 contaban con más de cinco años de permanencia en la categoría, y los que a esa fecha servían en propiedad tales cargos, una vez que cumplan cinco años, tendrán para los efectos de los ascensos los mismos derechos que los funcionarios de la categoría inmediatamente superior.

Se explicó en la Comisión que esta norma corrige una omisión de la ley Nº 19.390, que dejó a algunos jueces al margen de esa normativa.

El artículo 2º transitorio establece que el mayor gasto que irrogue la aplicación del proyecto durante 1997, se financiará con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público.

Puestos en votación, los dos artículos transitorios fueron aprobados en forma unánime.

Se deja constancia de que no hay disposiciones nuevas que deban aprobarse con quórum especial; que las disposiciones rechazadas se refieren sólo al número 5 del artículo 9º, actual 10; que de la indicación rechazada, es sólo la número 6 del Ejecutivo , referida al artículo 5º, actual 6º, y finalmente, que se remitió oficio con fecha 6 de agosto de 1997 a la Excelentísima Corte Suprema para conocer su opinión respecto de las modificaciones introducidas al proyecto en este trámite.

Igualmente, cabe señalar que se incluyen los informes financieros, el primero y el complementario, que dan cuenta de los gastos que irroga este proyecto.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora Martita Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente , el proyecto de ley que debatimos, cuyo origen fue un protocolo suscrito entre el Ejecutivo y el presidente de la Corte Suprema , incrementa las remuneraciones del Poder Judicial , modifica el decreto ley Nº 3.058, de 1979; crea el Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial y modifica el Código Orgánico de Tribunales.

Tal como lo ha señalado la señora Ministra de Justicia , la iniciativa establece, junto con el reajuste de las remuneraciones del personal del Poder Judicial , elementos de evaluación que ayudarán a modernizar ese Poder del Estado y generar condiciones distintas, a fin de promover una más eficiente y eficaz administración de justicia. En resumen, se destinan más recursos, pero para obtener una justicia de mejor calidad.

Durante muchísimos años se ha discutido si sería posible mejorar la mala evaluación que hace la opinión pública chilena de nuestro sistema de administración de justicia a partir de la creación de más tribunales o, junto con ello, entregar mejores remuneraciones a quienes allí se desempeñan. Ciertamente, ha quedado demostrado que ni lo uno ni lo otro son suficientes para mejorar dicha evaluación.

En el debate general de esta iniciativa, creo oportuno referirme a la evaluación del Poder Judicial hecha en las últimas semanas. Quiero hacer una reflexión muy sucinta sobre la declaración formulada ayer por el Pleno de la Corte Suprema, en torno a las dos últimas acusaciones constitucionales que afectaron a algunos de sus integrantes.

En primer lugar, como bancada del Partido Por la Democracia, no compartimos la afirmación de que el ejercicio de un derecho constitucional, que los parlamentarios hemos ejercido al presentar tales acusaciones, constituya un atentado o un riesgo para la institucionalidad del país; por el contrario, se ha afirmado hasta la saciedad, dentro de las facultades que ejercemos como Cámara de Diputados, tal derecho constitucional no hace otra cosa que enmarcarse dentro de lo que la normativa constitucional nos permite y, dentro de ese marco, no debe temerse que atente contra la institucionalidad.

En segundo lugar, las acusaciones tampoco han perseguido explicitar a la opinión pública la percepción de que todo el Poder Judicial es corrupto o que en este momento está afectado por la influencia negativa del narcotráfico. Como quedó latamente demostrado en las largas horas de debate, ha sido precisamente el ejercicio de un derecho constitucional por parte de la Cámara de Diputados y la intención de analizar conductas individuales lo que no permite generalizar respecto de la actitud o conducta de los integrantes del Poder Judicial , calificándolo de corrupto.

Por lo tanto, aquí sólo se ha practicado el sano ejercicio de derechos democráticos, lo que ha permitido -allí está lo positivo- dejar planteada ante el país la discusión de que nuestro sistema judicial requiere un urgente y estricto cambio, que debemos modernizar las instituciones, a fin de que estén acordes con los avances y la modernidad que ha llegado a otros Poderes del Estado, principalmente, al Poder Ejecutivo y al propio Parlamento.

Hecha esta precisión, como bancada del Partido Por la Democracia, nos sentimos complacidos de dar nuestra aprobación en general y en particular -nos gustaría que fuera el criterio unánime de la Cámara, de manera que hoy pudiéramos despachar este proyecto- a esta importante iniciativa que busca mejorar las condiciones en que se está administrando la justicia en nuestro país, esta vez, estableciendo un sistema de remuneraciones que introduce factores de equidad que consideran la eficiencia y la factibilidad. Por cierto, al establecer bonos de incremento, de acuerdo con parámetros de gestión institucional y mejoramiento de remuneraciones a partir de la evaluación del desempeño personal, se están generando condiciones de igualdad respecto de los parámetros que se pretenden introducir en las instituciones del Estado en pos de la modernidad que trae aparejada la eficiencia.

Por tanto, las ideas matrices del proyecto que analizó la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia dicen relación con el incremento de las remuneraciones del Poder Judicial , en general, y de algunos estamentos y funcionarios, en particular; con la destinación de recursos para incrementar el número de miembros de ciertas cortes de apelaciones, como consecuencia del aumento de salas establecido en un proyecto que se aprobó hace pocos meses; con la creación de un Departamento de Recursos Humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para que asuma con propiedad técnica la administración del personal.

En definitiva, recoge una sentida aspiración del Poder Judicial: ser sacado, atendida su condición de Poder del Estado, del mecanismo de reajuste de remuneraciones que rige para el resto del sector público.

Por muchas décadas, uno de los reclamos del Poder Judicial fue lograr la independencia económica, la cual ha sido preocupación permanente del Ejecutivo. Ya se avanzó sustancialmente con la creación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Ciertamente, el proyecto subraya ese aspecto y satisface esa demanda de los integrantes del Poder Judicial , al entregar parámetros de evaluación diferentes a los de los otros Poderes del Estado, y al introducir, con la creación de dicho organismo, un ente técnico independiente y distinto, que permitirá dar más eficiencia a la gestión del Poder Judicial.

Finalmente, estamos ciertos de que en nuestro país se requieren más tribunales, una mejor infraestructura y, paulatinamente, ir mejorando las remuneraciones del Poder Judicial. Sin embargo, con lo que ya se ha hecho -la creación de la Academia Judicial, los distintos proyectos aprobados y los que en este momento están en estudio y anunciados por el Ejecutivo y el Ministerio de Justicia-, se están dando pasos significativos para concretar un anhelo de toda la sociedad chilena: una justicia más eficiente, más eficaz, más oportuna y a la que tengan acceso, por igual, todos los sectores de la sociedad.

De manera que, con mucha complacencia, anuncio el voto favorable de la bancada del Partido Por la Democracia a esta feliz iniciativa y, por supuesto, comprometemos nuestro apoyo al requerimiento hecho presente por la Ministra de Justicia de avanzar paralelamente en la aprobación de otras reformas e iniciativas que en este momento se debaten en el Parlamento, en particular el proyecto que crea la institución del ministerio público, que el Congreso Pleno deberá discutir y despachar el próximo 30 de agosto.

He dicho.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente , quiero referirme brevemente a lo expresado por la honorable Diputada señora Martita Wörner , respecto de la declaración pública del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En realidad, cuando los ministros del más alto tribunal de la República señalan expresamente que durante este último tiempo ha existido una campaña sostenida en su contra, no se están refiriendo al derecho que tenemos los parlamentarios de acusar constitucionalmente a las personas señaladas en la letra c) del número 2 del artículo 48 de la Constitución Política, sino que a un hecho distinto: los ataques constantes y permanentes lanzados por diputados de algunas bancadas de la Cámara en contra del Poder Judicial y, específicamente, de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia.

Basta con leer uno de los editoriales de “El Mercurio” de Santiago que, como todos muy bien saben, durante el último tiempo ha tenido una posición muy definida respecto de las acusaciones. En “La Semana Política” del domingo pasado dice: “Si se examina la historia del país, se puede comprobar que un procedimiento de excepción, rara vez empleado -refiriéndose a las acusaciones constitucionales- en más de un siglo, se ha vuelto bastante común en el último tiempo. Desde la reapertura del Congreso en 1990, no menos de 13 acusaciones constitucionales han afectado a los jueces del máximo tribunal.”

La verdad es que, como lo hemos podido ver en la Cámara, estas acusaciones constitucionales siempre han adolecido de infringir la causalidad constitucional, puesto que normalmente han sido inconstitucionales al no respetar la norma del artículo 73 de la Constitución Política. Eso es lo que reclaman los máximos jueces del país: que cada vez que sean acusados constitucionalmente, lo sean efectivamente en virtud de una causal establecida en la Carta Fundamental; pero no que cada vez que dicten un fallo que no le guste a un sector político del país, ello sea motivo para una acusación constitucional.

Por eso, nosotros -especialmente quien habla- acogemos el reclamo formulado por la Corte Suprema de Justicia.

Si bien es cierto que estamos haciendo todos los esfuerzos -que iniciamos en 1997-, para reformar el Poder Judicial, no lo es menos que debemos garantizar que este Poder del Estado pueda ejercer sus funciones con la más absoluta independencia, a fin de que en Chile pueda imperar el estado de derecho.

Ahora, respecto de este proyecto, quiero señalar brevemente que para el Poder Judicial -tan vapuleado durante el último tiempo- resultan importantísimas las normas enviadas al Congreso Nacional por el Ejecutivo y que dicen relación con un aumento sostenido, hasta el año 2000, de las remuneraciones y asignaciones en los artículos del proyecto, fundamentalmente en los primeros.

Como ya los diputados informantes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia, y de Hacienda, señalaron todos y cada uno de los puntos que contiene el proyecto, y la Ministra de Justicia explicó latamente los principios en que se inspiraron para establecer un nuevo sistema remuneracional para el Poder Judicial , sólo quiero referirme a algunos puntos que me preocupan, y que dicen relación, fundamentalmente, con la forma en que se aplicará el IPC a las futuras remuneraciones contempladas para él desde 1998 hasta el año 2000. El inciso cuarto del artículo 1° del proyecto en discusión establece que “se aplicará sobre dichas remuneraciones el porcentaje de inflación esperada que determine el Ministerio de Hacienda, mediante decreto supremo, en el proceso presupuestario del año respectivo.

La Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial, en las entrevistas que sostuvo la Comisión de Constitución, señaló expresamente que no estaba de acuerdo con la forma de calcular el IPC y que, por el contrario, esperaba que se aplicara, a partir de 1998, el acuerdo a que había llegado con el Ministerio de Justicia, es decir, el reajuste de los años anteriores, como en el sector público.

La Comisión de Constitución señaló en reiteradas ocasiones, tanto al subsecretario de Justicia como a los representantes del ministerio, que el artículo 8º del proyecto -artículo 7º original-, establecía que a los funcionarios del Poder Judicial no les sería aplicable, a contar de la publicación de esta ley, las remuneraciones del sector público. Y agregaba: “salvo disposición legal expresa.”

En la Comisión argumentamos la necesidad de dejar constancia de que, aun cuando no se aplicarían al personal del Poder Judicial las normas sobre remuneraciones del sector público, sería beneficiario de las relativas a aguinaldos de Navidad, de Fiestas Patrias y de bonos de escolaridad de dicho sector. Felizmente, el Poder Ejecutivo escucha más a los miembros de la Comisión de Hacienda de la Cámara -por razones obvias, puesto que es quien le otorga financiamiento para realizar sus trabajos- que a los de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que en reiteradas ocasiones señalamos la necesidad de establecer un inciso como el que hoy aprobó la Comisión de Hacienda por indicación del Ejecutivo.

Asimismo, quiero señalar que la Comisión de Constitución, a instancias del Diputado señor Elgueta , incorporó un artículo 9º, por lo que sus miembros denominaron a la iniciativa “ley Elgueta”. Sin embargo, creemos que es inadmisible, porque el inciso primero del artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional expresa: “Sólo serán admitidas las indicaciones que digan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto.” Así lo entendió el Diputado señor Aldo Cornejo , Presidente de la Comisión , quien declaró inadmisible la indicación. Posteriormente, la Comisión, por mayoría de votos, determinó que era admisible. No obstante, considero que la indicación contenida en el artículo 9º del proyecto debe ser declarada inadmisible, por cuanto las ideas matrices o fundamentales de la iniciativa del Ejecutivo dicen relación con las remuneraciones del Poder Judicial en general, y algunos de sus estamentos y funcionarios en particular, las cuales se propone reajustar e incrementar; con la integración de ciertas cortes de apelaciones, debido a dificultades como consecuencia del aumento de salas; con el estancamiento de la carrera judicial en ciertas categorías del escalafón primario del Poder Judicial y con la creación de una unidad de recursos humanos en la Corporación Administrativa del Poder Judicial, para que asuma con propiedad técnica la función de administración del personal. Ésas son, en definitiva, las ideas centrales del proyecto que aprobamos en la Comisión de Constitución.

El artículo 9º incorporado, que -repito- hemos denominado “ley Elgueta”, dispone un horario de funcionamiento del Poder Judicial. Y, como lo señalaron tanto el señor Diputado informante como la señora Ministra , el propio Poder Judicial , a través de un auto acordado, ha señalado de manera expresa el horario de funcionamiento de las cortes de apelaciones, comenzando por las de Santiago y San Miguel , y extendiéndose, con posterioridad, al resto del país. Es obvio que ese Poder del Estado , al igual que el Poder Legislativo, fije el horario de funcionamiento de su personal y de los tribunales de justicia.

Insistimos en que la Mesa de la Cámara debe declarar inadmisible el artículo 9º contenido en la indicación del Diputado señor Elgueta , por las razones señaladas en el inciso primero del artículo 24 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional.

Por último, en relación con el departamento de recursos humanos que se agrega a la Corporación Administrativa, en la Comisión de Constitución manifestamos -quere-mos también hacerlo presente a la Sala- la conveniencia de elevar del grado VII al contralor interno de la Corporación, quien hoy debe fiscalizar a otros jefes de departamento con grado V; es decir, con grado superior al que él ostenta.

Como esa medida implica recursos -y no podemos presentar una indicación para esos efectos, porque también sería inconstitucional-, hacemos presente la inquietud a fin de que el Ministerio de Justicia la tome en consideración y remita al Congreso Nacional un proyecto de ley en el sentido de modificar la ley Nº 18.969 y también crear dos cargos de planta, grados VII y VIII, en la contraloría, que en la actualidad están siendo ocupados por personal a contrata.

Señora Presidenta , el Diputado señor Luis Valentín Ferrada me ha pedido una interrupción. Por su intermedio se la concederé.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

El Diputado señor Ferrada puede hacer uso de la interrupción por 2 minutos, con cargo al tiempo de su Comité.

El señor FERRADA.-

Señora Presidenta , solamente para añadir la siguiente consideración:

En el proyecto se propone un sistema de aumento de abogados integrantes para las cortes de apelaciones, lo que, en cierto modo, va en contra de la idea -pareciera ser predominante- de que, en general -al menos en la Corte Suprema- se elimine la figura de abogados integrantes.

“El Mercurio” de hoy trae una sugerencia de un abogado, Zúñiga Espinoza , sumamente interesante, que valdría la pena que el Ministerio de Justicia pudiera estudiarla. En vez de la figura de aumentar los abogados integrantes, debiera permitirse que el cargo de integrante, por la forma de suplencia, lo sirvieran, respecto de la Corte Suprema, ministros de las cortes de apelaciones; respecto de las cortes de apelaciones, jueces de letras, y respecto de jueces de letras, la subrogación correspondiente por los secretarios. Es decir, permitir que la integración de los tribunales superiores se hiciera por la vía de un sistema de suplencias de integraciones dentro de la carrera judicial. Ello tendría grandes efectos, desde luego en lo que toca a la independencia del Poder Judicial ; pero, principalmente, esto permitiría una suerte de capacitación de los jueces inferiores que, al hacer integración supletoria en los tribunales superiores, tendrían la posibilidad de ir adquiriendo en forma normal mayores responsabilidades dentro de la carrera.

Por su intermedio, someto esta idea a consideración de la señora Ministra.

Gracias.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Recupera la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señora Presidenta , deseo manifestar que los diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente el proyecto, porque consideramos que su normativa incrementará de manera importante las remuneraciones de los funcionarios del Poder Judicial. En definitiva, hará justicia a la labor importante que realizan y por la cual han recibido durante muchos años remuneraciones que no se condicen con ella.

Por último, no sólo es necesaria la medida, sino que también se aumenten considerablemente los ingresos de ese Poder del Estado, para que pueda cumplir en mejor forma y con más eficiencia la labor que la Constitución Política y las leyes le han encomendado a fin de mantener el estado de derecho en el país.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

En el tiempo del Comité Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Montes.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta , brevemente me referiré a cinco temas.

En primer lugar, el sistema de reajustes ha provocado inquietud entre los funcionarios del Poder Judicial. Se establece sobre la base de la inflación esperada y no de la efectiva, lo cual provoca preocupación. Cuando la inflación sea creciente, sería favorable a los trabajadores; si fuera decreciente, desfavorable. Sin embargo, como estamos en un período de inflación baja, relativamente estable, el efecto no es significativo.

Creo que la objeción de los funcionarios más bien se relaciona con la posibilidad de que haya reajustes especiales para el sector público y en los cuales no sean considerados. Otro reajuste -a lo mejor del estilo Singapur que multiplicó varias veces las remuneraciones de todos los funcionarios públicos. Ojalá alguna vez llegáramos a algo de esa naturaleza-, en todo caso, debería considerarse en una ley especial y, por lo tanto, ser materia de debate en el Parlamento, en el marco de esa ley especial. Por eso, creo que las preocupaciones quedan resueltas.

En segundo lugar, el sistema de estímulo por desempeño fue muy discutido en la Comisión de Hacienda, que hizo un gran esfuerzo para buscar la mejor manera de resolver este tema. Lo hemos acordado en las leyes de aduanas, de educación, en distintas leyes y creemos que este sistema es superior a otros y combina bien el estímulo del desempeño en equipo con el del desempeño individual. Mezcla ambos sistemas para que el resultado sea superior.

La Comisión de Hacienda quiso que el estímulo fuera mayor al del proyecto original, que era sólo del 3 por ciento. En definitiva, puede llegar, incluso, al 10 por ciento de la remuneración anual en los términos en que ha quedado expresado.

Deseo valorar esto porque no figuraba en el proyecto. Fue un aporte de la Comisión que enriquece y permite avanzar en la manera de estimular el desempeño. Pero, me preocupa que se resuelva en forma adecuada, porque no es lo mismo el desempeño en un tribunal con poca carga de trabajo que en otro con mucha carga. Por ejemplo, el juzgado 27ª de La Florida , recibe 10 mil causas anuales, en relación con otros que sólo recibe 4 mil. No es fácil tener buen desempeño cuando se está con sobrecargo de trabajo. Por lo tanto, es necesario resolver el problema de esos tribunales.

En tercer lugar, en relación con la Corporación Administrativa del Poder Judicial, la Comisión ha estimado necesario hacer un esfuerzo para modernizarla por su importancia en todo el gobierno judicial.

Hemos incorporado una indicación para que su director sea elegido por concurso cada 4 años; es decir, que ejerza en un plazo limitado y no indefinido como en la actualidad.

A la Comisión le causa gran preocupación porque la instancia que administra el Poder Judicial , encargada de comprar los insumos, de la mantención de los edificios, no tenga la suficiente celeridad y modernidad. Que de los diez tribunales del crimen aprobados para la Región Metropolitana en 1992, con recursos asignados desde ese año, a la fecha sólo estén funcionando cuatro -entiendo que las cifras generales son peores para el resto del país-, indica que algo falta en la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Con mucho énfasis, pedimos modernizar la Corporación Administrativa.

Otro aspecto que quiero señalar se refiere a la secretaría única, que no quedó en el proyecto, a pesar de que lo advertimos en muchas ocasiones.

Se ha hablado mucho sobre el tema. Cuando se crearon los cuatro tribunales en La Florida se dijo que sería la primera experiencia piloto. A varias magistradas se las entusiasmó para que se incorporaran con esta idea. A la fecha no tenemos dicha experiencia. La secretaría única significa que habrá alguien que administre algunos aspectos: la atención al público, la administración de las especies, los trámites fuera del tribunal, para que los secretarios sean efectivamente un refuerzo del juez.

Se suponía que en los tribunales de La Florida iba a funcionar de manera piloto, pero ello aún no ocurre. Como el argumento que se da a veces es que esto requiere ley, y otras que no requiere ley, que es una materia administrativa, pregunto a la señora Ministra : ¿qué ha ocurrido, qué piensa, qué se va a hacer? Esta materia la planteé en muchas ocasiones en la Comisión y es necesario acumular experiencias nuevas en la forma de gestión de los tribunales.

Finalmente, dos palabras sobre los meritantes, respecto de los cuales la Comisión discutió durante mucho tiempo. Pensamos que es de alto riesgo tener a personajes que no son funcionarios públicos, pero cumplen labores esenciales, por cuanto no es lógico que tengan acceso a información confidencial, circulen por el interior de los tribunales y cumplan roles muy centrales dentro de ellos. No son funcionarios públicos, pero pueden recibir aportes por lo que hacen, porque, si no reciben sueldo, de alguna u otra forma deben financiarse. Hay que terminar esta institución de una vez por todas.

En el debate en la Comisión se nos hizo ver que esta figura podía terminarse por un auto acordado de la propia Corte Suprema, que generara un mecanismo de suplencia en los distintos tribunales, sobre la base de los cargos de planta de que dispone el Poder Judicial.

También quiero consultar a la señora Ministra , por su intermedio, cuál es la visión del Ejecutivo sobre los meritantes y cómo se va a asegurar que se supere de una vez por todas esta figura de alto riesgo y que se presta para muchas distorsiones.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señora Presidenta , como han señalado los diputados informantes y la señora Ministra , el proyecto es fundamental dentro del proceso de reforma y de modernización del Poder Judicial.

En el conjunto de medidas que se están adoptando no sólo hay una muy sustancial mejora económica del personal del Poder Judicial , sino también un sistema de calificación que lo vincula a las remuneraciones que no habíamos conseguido instaurar en ningún otro servicio o subsistema del sector público.

Al establecer un bono de gestión institucional y, al mismo tiempo, un bono de desempeño individual, el proyecto mezcla la calidad de los juzgados o de las cortes de apelaciones con la individual de cada funcionario, lo cual puede ser muy exitoso para estimular la corrección y mejorar la eficiencia del sistema judicial, que, independientemente de los debates habidos en el último tiempo, hay consenso en que debe ser perfeccionado de manera sustantiva. Sin embargo, no soluciona otros problemas de envergadura, que vimos en la Comisión de Hacienda durante dos largos meses y a los cuales ha hecho una breve mención el Diputado señor Carlos Montes.

El colega hizo alusión a juzgados pendientes de instalación en la Región Metropolitana. A nivel nacional, son once los juzgados del crimen pendientes, pero los recursos para establecerlos están disponibles en la Corporación Administrativa del Poder Judicial.

El señor MONTES.-

¡Desde 1992!

El señor PALMA (don Andrés).-

Desde 1992, según acota.

Si al final del ejercicio presupuestario del año pasado quedaron disponibles, sin ser utilizados, 4 mil millones de pesos, quiere decir que la Corporación Administrativa es ineficiente. Tiene las facultades legales para proceder a la instalación de los juzgados, cuestión que constituye una demanda nacional, pero no lo ha hecho, lo que constituye una traba enorme al buen desempeño del Poder Judicial.

Además, me quiero referir a otro hecho que, lamentablemente, no aparece consignado en el informe de la Comisión de Hacienda. El Diputado señor Montes hizo una breve alusión a él, pero yo recuerdo con detalles su discusión, que fue incentivada por la Diputada señora Matthei. Se trata de los llamados meritantes.

Como no todos son abogados en esta Sala, me detendré un momento para explicar quiénes son y por qué se llaman así, según lo que aprendí en la Comisión de Hacienda.

Se llaman meritantes porque son personas que hacen mérito para entrar como funcionarios al escalafón administrativo o al profesional del Poder Judicial. Trabajan ad honorem en los tribunales, donde a veces desempeñan funciones de actuarios o administrativas.

Después de discutirla en la Comisión de Hacienda, llegamos a la conclusión de que su existencia constituye una grave irregularidad, primero, porque son personas que desempeñan funciones para las cuales no han sido comisionadas y, por lo tanto, al ser voluntarias, podrían ser vulnerables a “coimas”.

¿De qué viven? Según se nos informó en la Comisión, les dan una propina para que saquen una fotocopia o lleven un expediente. Pero ellos deciden respecto de qué expediente llevan o qué fotocopia sacan. El problema radica en que no tienen responsabilidad alguna por lo que hacen, pues, al no ser funcionarios, nadie se la puede imputar. Por ende, constituyen un grupo de personas que, aunque estén impulsadas por una muy buena fe, dan origen a un funcionamiento irregular de nuestros tribunales.

En una primera información, se nos dijo que existían en todos los tribunales; pero el señor Luis Manríquez , máximo directivo de la Corporación Administrativa, la misma instancia que no supo utilizar en forma eficiente los recursos para instalar los tribunales que se encuentran pendientes, negó su existencia. Explicó que los meritantes son muy pocos -incluso añadió que podría entregarnos la lista- y, en lugar de trabajar por mérito, hacen reemplazos cuando los funcionarios salen de vacaciones o hacen uso de licencias médicas.

Personalmente, pedí que se enviaran los antecedentes sobre las licencias médicas, pero se contestó que no son tantas. Además, el personal del Poder Judicial tiene vacaciones colectivas, en su gran mayoría, y, por lo tanto, no hay reemplazos en esa época.

Lo más grave es un hecho que califico de intento de engaño a la Cámara de Diputados por parte del señor Luis Manríquez : los propios ministros señores Álvarez y Zurita , presentes en la Sala de la Comisión de Hacienda, lo desmintieron. El señor Álvarez dijo que, en opinión de la Corte Suprema, los meritantes constituyen una irregularidad y debe terminarse con ellos, a diferencia de lo que afirmó el señor Manríquez , en el sentido de que su supresión significaría un grave problema de funcionamiento del Poder Judicial. Por eso, mi protesta.

Respecto del informe de la Comisión de Hacienda, entendí que los ministros señores Álvarez y Zurita se comprometieron a que en el futuro próximo habría un auto acordado de la Corte Suprema para poner término a la existencia de los meritantes; no a que se iba a estudiar. Fue parte del porqué despachamos el proyecto de la manera bastante perfeccionada y positiva que la Cámara conoce.

Parte de la discusión abarcó el funcionamiento de la Corporación Administrativa, que podemos calificar como ineficiente, y la existencia -como señaló el Diputado señor Carlos Montes - de los meritantes, que, en mi opinión, constituyen una grave irregularidad que no debe subsistir y que, además, motivó un intento de engaño a la Comisión de Hacienda por el señor Luis Manríquez.

Debemos estampar nuestra protesta por la actitud del señor Manríquez , director de la Corporación Administrativa en la Comisión de Hacienda. No es admisible que un funcionario público, por salvar su responsabilidad en una mala administración, intente engañar a diputados que consultan sobre un problema específico.

En mi opinión y en la de los diputados democratacristianos, el proyecto es fundamental y constituye la piedra angular del proceso de reforma del Poder Judicial , pues no basta con modificar los códigos, sino que hay que mejorar las remuneraciones, poner estímulos, perfeccionar el funcionamiento de los tribunales; pero también hay que poner el “dedo en la llaga” cuando algunos funcionarios, como en el caso que percibo en la Corporación Administrativa, no se desempeñan adecuadamente y cumplen de modo inapropiado sus funciones.

Señora Presidenta , la Diputada señora Wörner me solicita una interrupción y, con su venia, se la concedo.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Con cargo al tiempo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra la Diputada señora Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señora Presidenta , en forma muy breve, deseo pedir al honorable Diputado señor Andrés Palma que, como integrante de la Comisión de Hacienda, nos ilustre acerca de la situación en que quedaría el actual director de la Corporación Administrativa, porque con la indicación se fijaría un plazo de cuatro años, y a futuro su designación sería concursable, lo que es acorde con los intentos de modernizar y agilizar las instituciones del Estado, pero, al parecer, significaría un vacío.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señora Presidenta , es posible que haya un vacío, pero entiendo que el proyecto volverá a la Comisión de Constitución y podrá ser corregido.

Por el debate habido, el cargo continuará siendo de la confianza exclusiva de la Corte Suprema, pero deberá ser evaluado periódicamente, sin que esto signifique, por así decirlo, un trauma administrativo.

La evaluación de cargos de plazo indefinido, prácticamente, significa la destitución. Por eso, al fijarse por cuatro años, si el desempeño se estima bueno, podrá volver a ser nominado. De lo contrario, debe buscarse otra persona, sin que eso signifique un conflicto institucional. Es una medida que nos pareció razonable en la Comisión de Hacienda.

La situación del señor Luis Manríquez , actual director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, compete plenamente, en mi opinión, a los integrantes de la Corte Suprema, porque con las actuales disposiciones pueden llamar a concurso, ratificarlo en el cargo o destituirlo.

Era importante que la Sala conociera en detalle lo que ocurrió en la Comisión de Hacienda en relación con los recursos de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y de los meritantes. No obstante ello, espero que todos contribuyamos a aprobar el proyecto, que me parece de la mayor importancia para la reforma del Poder Judicial.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Harry Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señora Presidenta , estamos debatiendo el proyecto de ley que reajusta e incrementa las remuneraciones del Poder Judicial. En ese sentido, se otorga un reajuste especial entre los años 1997 y 2000, se crea una asignación de responsabilidad para el escalafón del personal superior, se aumentan los gastos de representación, la asignación de movilización para el escalafón de asistentes sociales, el grado de prosecretario de la Corte Suprema y los abogados integrantes de varias cortes de apelaciones.

Quiero referirme, en especial, al bono de gestión, al departamento de recursos humanos y a los llamados meritantes.

Entre otras cosas, el desarrollo del país depende de la existencia de un sistema judicial donde las controversias se resuelvan en un plazo razonable y sin mayores costos para las personas que soliciten la intervención de un tribunal. En ese contexto, la respuesta oportuna que el Estado pueda entregar en materia judicial es fundamental para que las leyes que consagran derechos y establecen ciertas garantías sean respetadas y, en definitiva, cumplan con los objetivos previstos al momento de su promulgación.

Es fundamental que, además de garantizar la intervención imparcial del órgano jurisdiccional, existan las condiciones para alejar toda clase de presiones ilegítimas de cualquier otro Poder del Estado. Concretamente, a la hora de perseguir la responsabilidad de los organismos públicos, debe descartarse cualquier intervención, directa o indirecta, de otro poder político. La independencia también debe ser funcional. En este terreno, la competencia efectiva entre los integrantes del Poder Judicial por obtener buenos resultados en su gestión constituye una forma de alcanzar esa meta.

Cuando se anunció esta iniciativa legal, se dijo que el mayor aumento de remuneraciones estaría dirigido básicamente a premiar a quienes desarrollen una mejor gestión. Para ello -se señaló- se estaban elaborando criterios que permitirán cumplir con esta finalidad, pero en la propuesta original las aspiraciones anteriores no estaban reflejadas. Las normas sólo tendían a mejorar las remuneraciones de los jueces y empleados del Poder Judicial , con prescindencia de los elementos novedosos que parecían contener.

Entre los diferentes reajustes, el proyecto consagra un bono por desempeño, o sea, un incentivo para quienes efectúan una mejor labor. La Comisión de Hacienda dividió el bono en dos tipos: uno de gestión institucional y otro de desempeño individual. Cada uno será equivalente al 5 por ciento de la suma del sueldo base, la asignación judicial y la asignación profesional devengadas el año anterior. Aquí reclamamos también la incorporación de las asignaciones de zona, que no están consideradas, con lo cual se perjudica a los funcionarios que se desempeñan alejados de la capital.

Tendrá derecho al bono de gestión institucional el 90 por ciento del personal mejor calificado perteneciente a los juzgados que constituyan el 40 por ciento con mayor cumplimiento de la meta de gestión a nivel nacional y considerando la tipología homogénea de los tribunales; y al bono de desempeño individual, el 30 por ciento del personal mejor calificado de cada escalafón perteneciente al ámbito jurisdiccional de las cortes de apelaciones del país.

La determinación del 40 por ciento de los tribunales que haya dado mejor cumplimiento a las metas, así como la de los funcionarios beneficiarios por ambos bonos, corresponderá a la Corporación Administrativa. Se estableció en esta indicación, aprobada en la Comisión de Hacienda, que no tendrán derecho a percibir ninguno de los bonos los funcionarios calificados en lista condicional o deficiente, ni aquellos que durante al año anterior al pago del mismo hayan presentado licencias médicas por seis o más meses, excluidas las que corresponden a los descansos establecidos en el artículo 181 del Código del Trabajo. Los bonos serán pagados en una cuota durante el mes de junio de cada año.

En la Comisión de Hacienda presentamos indicaciones tendientes a mejorar la gestión de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, a través de requisitos profesionales diferentes a los que consagraba el proyecto original. Con el Diputado señor Montes formulamos varias indicaciones, que fueron aprobadas, para incorporar el grado de especialidad en el área de administración de ciertos cargos de dicha Corporación.

Quiero dar mi opinión respecto de la institución de los meritantes. Se trata de alrededor de 500 personas que trabajan en el Poder Judicial , sin rentas regulares y que, al parecer, desarrollan importantes labores, pero que están expuestos a recibir aportes de los usuarios del sistema judicial. Luego de un largo debate en la Comisión de Hacienda, llegamos al acuerdo de que era preferible eliminar paulatinamente los meritantes y crear un mecanismo de reemplazo o, incluso, aumentar la planta, para evitar que existan personas sin rentas regulares, porque de esa forma exponemos al Poder Judicial a pagos no regulares y a otorgar favores que no corresponden.

Renovación Nacional apoyará y votará a favor el proyecto, tanto en general como en particular.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señora Presidenta , quiero anunciar que la bancada de la UDI, con mucho agrado, votará a favor la iniciativa del Ejecutivo , pues desde hace muchos años todos los sectores hemos venido planteando que se necesitaba, al menos, abrir el camino de mejoramientos sustantivos en lo relativo a remuneraciones del Poder Judicial. Esta iniciativa va encaminada en esa dirección, así como otras a las cuales también hemos concurrido a aprobar, respecto del mejoramiento de la infraestructura y creación de nuevos tribunales en el país.

Creemos firmemente, contra todo lo que se diga, que éste es un momento especialmente favorable, por el clima que se ha generado, para hacer salir al Poder Judicial del estado de postración, de ser el pariente pobre, y situarlo en la altura y consideración que debe tener, semejante en su categoría, aunque diverso en su naturaleza, al resto de los Poderes del Estado del país.

Nos preocupa y queremos hacernos parte en la inquietud planteada en el último tiempo, con bastante despliegue informativo, en el sentido de que existiría una campaña de desprestigio contra el Poder Judicial y sus autoridades. Incluso, se ha sostenido que se habría llegado al extremo de realizar acciones inconstitucionales, como lo señaló el Diputado señor Raúl Urrutia hace pocos momentos, en circunstancias de que ni la Mesa ni la Sala de la Cámara de Diputados nunca señalaron que adolecían de ese vicio. Es más, cuando en la segunda acusación se planteó la cuestión previa, fue rechazada por unanimidad, incluso por la bancada de Renovación Nacional. De suerte tal que no se pueden hacer juegos de palabras para indicar que una acción que legítimamente ha efectuado esta Corporación, en uso de sus atribuciones constitucionales, ha formado parte de una maquinación destinada a desacreditar o desprestigiar a un Poder del Estado.

Quienes presentamos la primera acusación constitucional, la ratificamos en todas y cada una de sus partes de nuevo esta mañana, no obstante que en virtud de un empate no fue aprobada. Sin embargo, caramba que nos hace fuerza que la mitad de esta Corporación haya considerado los hechos que la fundaban y estimado grave que en nuestro Poder Judicial pueda existir la amenaza, la sombra de duda acerca de lo que puede llegar a ser el poder corruptor del narcotráfico y de sus agentes que, tras las organizaciones criminales, siempre están pretendiendo conseguir apoyo, ya sea en los Poderes Judicial, Ejecutivo o Legislativo o en cualquier otra institución influyente de la Nación.

Por eso, creemos que el resultado de todas las acciones que legítima y constitucionalmente hemos ejercido parlamentarios de esta Corporación, con un sentido profundo de responsabilidad, ha estado encaminado a advertir que existe un problema grave en la sociedad chilena, cual es que los agentes corruptores provenientes del narcotráfico pueden llegar a influir en nuestras organizaciones públicas. Ello cobra más fuerza cuando todo esto no lo decimos los diputados acusadores, sino otra institución, el Consejo de Defensa del Estado, al que también debiéramos prestarle todo el apoyo -como lo hacemos hoy con el Poder Judicial a través de este proyecto-, y al que el Presidente de la República le ha prometido recursos y apoyo para que sea un factor coadyuvante en la acción que le corresponde a los tribunales de justicia frente al flagelo del narcotráfico.

Contra todo lo que se presagia o se dice, creo que estamos en un momento muy bueno, porque todos los sectores hemos logrado crear un clima y un ambiente muy favorable para acometer las urgentes modificaciones que requiere nuestra justicia, partiendo, como en esta mañana, por las remuneraciones.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

¿Me permite, señor diputado? La señora Matthei le solicita una interrupción.

El señor BOMBAL.-

En seguida se la concedo.

Como decía, hemos partido por las remuneraciones y seguiremos con las otras reformas que mañana el Senado verá en la Comisión de Constitución, Legislación Justicia y Reglamento, las que luego ingresarán a la Sala de esa Corporación y, con posterioridad, a esta Cámara.

Como Partido, ayer conversamos con las autoridades del Ministerio de Justicia y hemos concordado las posiciones como corresponde, en busca de las mejores alternativas, las que ojalá se encaminen a lograr la tan necesaria autonomía económica del Poder Judicial. Sabemos que ello requiere de un mayor tiempo de maduración, pero lo que ayer se veía como muy difícil, hoy comienza a tomar forma, gracias a que hemos abordado estos temas con un profundo sentido de responsabilidad histórica y política. Reconocemos que ello se ha dado dentro de una contingencia dura y difícil, pero no por eso la podíamos silenciar. De ahí que hoy prevalezca un concepto muy de fondo: que los chilenos, en especial los de sectores más necesitados, perciben que la acción de la justicia no les alcanza, que resulta muy difícil llegar a un tribunal para ejercer y hacer valer sus derechos, que el sistema es tremendamente engorroso; que sólo algunos, que tienen poder o dinero, pueden acceder a una mejor justicia y que por prácticas que se realizan en los tribunales, por influencias de todos conocidas, algunos logran fallos a su favor.

El otro día, un grupo de abogados jóvenes me decía: “¡Qué complicado es decirle a mi cliente que no gané un juicio, a pesar de que tenía la razón, porque no tenía las influencias necesarias en su momento. Cuando suceden esas cosas en los tribunales de justicia, y todos sabemos que ocurren a diario, uno se dice que es necesario modificar las estructuras. Por eso hemos logrado concordar la reforma procesal penal. Es más, creo que se nos viene encima una profunda reforma -y esperamos que la señora Ministra de Justicia la encabece de manera tan brillante como lo ha hecho con las reformas procesales penales-, de la justicia civil, de la estructura orgánica de los tribunales de justicia. Debemos encaminarnos decididamente hacia una modernización de la justicia, sin mirar atrás, sino hacia adelante, porque podríamos recriminarnos, una y otra vez, sobre situaciones pasadas que acontecen desde hace muchas décadas. Pero me quedo con algo que me parece muy valioso: en 1986, en 1992 y en 1996, directorios del Colegio de Abogados integrados por todos los sectores de la vida nacional, han coincidido unánimemente en que deben hacerse urgentes e inminentes reformas. Nos hemos demorado más de quince años desde que se empezaron a hacer esas advertencias para impulsar estas reformas. No importa. Lo importante es que hoy hay coincidencias muy sustantivas en que le harán muy bien al país.

Desde esa perspectiva, formulo un llamado a los señores magistrados para que, reunidos en Pleno o en asociaciones, no vean en la acción política que legítimamente estamos realizando, un afán perverso de destrucción, de demolición o de desprestigio, sino el ejercicio legítimo de derechos gracias a que en el país hay un marco institucional que lo permite y, donde, juntos, con el respeto y con la severidad que nos debemos, planteemos responsablemente cuestiones de Estado, sin que algunos piensen que tras la intención o la acción de los legisladores pudiera existir un avieso u oscuro propósito.

Por eso, consideramos el proyecto como algo muy importante dentro del contexto de lo que ha de ser la reforma del sistema judicial, y también lo vemos inmerso en lo que mañana se ha de resolver en el Senado y en lo que próximamente ha de ver esta Cámara.

Creemos que la justicia está en un gran momento. Si bien han quedado al descubierto situaciones por todos conocidas, lo importante es asumirlas, reconocerlas, en lugar de encerrarse en actitudes corporativas que a nada conducen, ni en el Poder Judicial , ni en éste ni en el Ejecutivo ; admitir que existen falencias, las que, por lo demás, las viven a diario la inmensa mayoría o la totalidad de los chilenos. Por eso es muy importante recoger esa experiencia social, política y real que hoy existe en Chile, para decirle al país, a través del proyecto del Ejecutivo , de la discusión de este Parlamento, y de las otras iniciativas y debates que vienen, que el mundo político, que representa a los sectores de toda la vida nacional, está dispuesto, junto con los magistrados, a encabezar esta necesaria transformación.

Termino señalando que, como dije en un comienzo, la UDI, con especial agrado, concurrirá favorablemente con sus votos a esta iniciativa que, reitero, es una más dentro de las que próximamente han de venir, y a las que esperamos también entregarles todo nuestro apoyo.

Señor Presidente , con su venia, le concedo una interrupción a la Diputada señora Matthei.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Matthei.

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente , quiero contestar una pregunta de la Diputada señora Martita Wörner , la que, a mi juicio, sólo fue parcialmente respondida por el Diputado señor Palma, don Andrés.

En el proyecto no está clara la situación en que quedaría el actual director de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, lo que, obviamente, requiere de un artículo transitorio.

Sin embargo, quiero dejar en claro que la voluntad de los miembros de la Comisión de Hacienda era que la disposición que hemos propuesto, de ser aprobada en el Congreso y de promulgarse, empiece a regir lo antes posible. Para ello, se requeriría un artículo transitorio y también establecer algún tipo de indemnización o de beneficio de esa naturaleza, lo que obligaría a que la norma se originara en una indicación del Ejecutivo.

Por eso, quiero dejar en claro que ésa era la voluntad de la Comisión de Hacienda y, por lo tanto, pido a la señora Ministra que estudie y proponga un artículo transitorio que permita que la disposición que hemos propuesto, de ser aprobada, pueda regir a la brevedad.

Asimismo, señor Presidente , por su intermedio, pido a la señora Ministra de Justicia un pronunciamiento respecto del tema de los meritantes. Dado que no quedó consignado en el informe de la Comisión de Hacienda toda la discusión que hubo sobre este tema, sería muy importante que la señora Ministra se pronunciara al respecto y nos dijera cuál es la posición del Ministerio de Justicia y del Ejecutivo en cuanto al futuro de los meritantes y que, ojalá, diga también cuál fue, a su entender, la posición de los representantes del Poder Judicial en la materia.

En la Comisión de Hacienda no hubo ninguna voz discrepante; estuvimos todos de acuerdo en que la institución de los meritantes debería desaparecer.

Por eso, estimo importante que la señora Ministra se pronuncie al respecto y que esto quede como parte de la historia fidedigna de la ley.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo por cinco minutos y fracción.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente , en primer lugar, quiero pedir disculpas, pues era el diputado informante , pero no me fue posible llegar a tiempo, por lo que solicito la inserción del discurso que había preparado.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

-El discurso cuya inclusión se acordó, figura en la página 16, después de la intervención del Diputado señor Cornejo.

El señor VIERA-GALLO.-

En segundo lugar, haré una reflexión muy breve sobre este punto.

Se ha sostenido que la crisis del Poder Judicial deriva de la falta de recursos. Como lo han expresado varios diputados y la señora Ministra , el proyecto resuelve un problema que ya había sido enfrentado con el plan quinquenal del ex Presidente Aylwin. La aprobación de este proyecto por toda la Sala significará la confirmación de que el país entrega al Poder Judicial un nivel de remuneraciones muy significativo, de manera que tendrá que desaparecer de la conciencia ciudadana la idea de que el funcionario judicial está mal pagado; por el contrario, hoy no está tan mal pagado, y con este proyecto, estará bien pagado.

Pero el problema no es sólo de remuneraciones. Por eso, además, el proyecto interviene en otro punto muy importante, como aquí se ha indicado: la transformación de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, por cuanto ésta no ha sido eficiente en el uso de los recursos, pues ha dejado de invertir fondos que la Ley de Presupuestos le ha entregado.

Por otra parte, el proyecto innova en un punto muy importante al introducir incentivos de remuneración para el mejor desempeño, tanto a nivel institucional como individual.

Recalco que ese incentivo debiera estar calculado por escalafón, de manera que después, por la calificación de quien va a atribuir estos recursos, no se interprete que todo eso va a un determinado escalafón y se concentra en él, sino que el buen criterio y el espíritu de la Sala y de la ley es que ese incentivo se aplique por escalafón.

En segundo lugar, el proyecto sustrae al Poder Judicial del sistema general de remuneraciones de la Administración Pública hasta el año 2000, y es justo que así sea, pues hay todo un sistema que va más allá de lo que son los reajustes normales de la Administración Pública. Pero, a partir del año 2000, lo natural es que los funcionarios de ese Poder del Estado , como los funcionarios del Congreso Nacional -ambos poderes públicos que no estarían incorporados dentro de la legislación normal de la Administración del Estado-, se vean beneficiados por las leyes generales de reajuste. Es seguro que desde el año 2001, cada ley general de reajustes indicará que se aplicará a los empleados del Poder Judicial , tal como se ha hecho hasta ahora con el personal del Congreso Nacional.

Respecto de los otros temas de fondo que se han tocado con ocasión del proyecto, he pedido tiempo en la hora de Incidentes del Comité del Partido Socialista, a fin de referirme a ello, porque no creo conveniente mezclar lo que es un justo proyecto de remuneraciones con situaciones coyunturales que todos conocemos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ,

don Gutenberg (Presidente).-Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, comparto todos los conceptos que se han emitido sobre las virtudes de este proyecto.

Por lo tanto, me referiré sólo a algunas observaciones del Diputado señor Urrutia, don Raúl , -quien, lamentablemente en este momento no está en la Sala-, sobre una indicación que él denominó “Ley Elgueta”, suponiendo que con ello me colocaba en un mal pie frente a todos los funcionarios judiciales.

Muchas veces hay que aceptar ciertos costos, porque significan en definitiva un beneficio para todos los justiciables, como denomina la Corte Suprema a los usuarios de la justicia.

En consecuencia, desde ese punto de vista, no hay nada que temer; por el contrario, gracias a esa indicación sobre el horario de los tribunales presentada en la Comisión en el mes de abril, la Corte Suprema dictó dos autos acordados en junio de 1997 para establecer jornadas de trabajo que se compadecieran con las necesidades de los justiciables.

También quiero hacerme cargo de la afirmación del Diputado señor Urrutia, don Raúl , de que esto es inadmisible. Basta ver la suma del mensaje de este proyecto de ley para señalar que es admisible, pues allí se consigna que se modifica el Código Orgánico de Tribunales. También es posible que él se haya olvidado de que el artículo 312 está en el Código Orgánico de Tribunales y que este cuerpo legal tiene alrededor de 600 disposiciones. En consecuencia, cuando el mensaje dice que el proyecto modifica el Código Orgánico de Tribunales, significa que la disposición que modifica dicho Código, indudablemente está dentro de las ideas matrices.

Quiero señalar un profundo error, que coloca en jaque la competencia del Poder Legislativo, que comete la Comisión de Hacienda, en la página 20 de su informe, que dice: “Puesto en votación este numeral” -que se refiere al horario-, “fue rechazado en forma unánime por estimarse que se trata de una facultad de la Corte Suprema.”

Reitero, es un profundo error, porque en primer lugar, el artículo 312 del Código Orgánico de Tribunales, con el carácter de normal general, establece la obligación de los jueces de “asistir todos los días a la sala de su despacho, y a permanecer en ella desempeñando sus funciones durante cuatro horas como mínimo cuando el despacho de las causas estuviera al corriente, y de cinco horas, a lo menos, cuando se hallare atrasado, sin perjuicio de lo que en virtud del Nº 4º del artículo 96, establezca la Corte Suprema”. Sin embargo, el artículo 94 es algo subsidiario; es decir, respecto de aquellos temas, materias u órganos del Poder Judicial que no tengan un horario establecido mediante ley, son aplicables las facultades del Pleno de la Corte Suprema.

Ése es el esquema que han postulado todos los profesores de derecho procesal. Leeré la opinión de uno de ellos: “La obligación de asistencia impuesta a los jueces será de cuatro horas, como mínimo, cuando el despacho de causas estuviera al corriente, y de cinco horas, a lo menos, cuando se hallare atrasado, lo cual debe entenderse por lo que respecta a los tribunales colegiados, las cortes de apelaciones y Corte Suprema, sin perjuicio de las funciones que les están encomendadas con motivo de su jurisdicción disciplinaria, conservadora y económica, en especial de los recursos de queja, cuestiones todas estas que deben verificarse fuera de las horas ordinarias de audiencia de dichos tribunales”.

En consecuencia, es perfectamente legítimo presentar una indicación de esta naturaleza y no es una materia que constitucionalmente corresponda a la Corte Suprema, puesto que el propio informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia coloca a este numeral entre las leyes orgánicas constitucionales, razón por la cual su aprobación requiere quórum especial.

Por su parte, el artículo 60, Nº 1), de la Constitución Política señala que sólo son materias ley “Las que en virtud de la Constitución deben ser objeto de leyes orgánicas constitucionales.” Pues bien, aquí nos encontramos con una norma relativa a la ley orgánica constitucional de los tribunales, que es el Código Orgánico de Tribunales. Incluso, el informe cita una sentencia del Tribunal Constitucional que declara que esta norma requiere de quórum de ley orgánica constitucional.

En consecuencia, se trata de una disposición legal que debe reglamentarse y, desde ese punto de vista, reivindico las facultades del Poder Legislativo.

Por lo demás, si algún nombre debieran tener los autos acordados de la Corte Suprema para ampliar la jornada de trabajo de los tribunales, éste debería ser -reivindico mi nombre- “autos acordados Elgueta ”, aun cuando no se admitiera la norma que modifica el artículo 312 del Código Orgánico de Tribunales.

Por otra parte, dicho artículo establece que los jueces permanecerán en sus funciones cuatro horas como mínimo. Esta regla viene de una ley de 1875, y, obviamente, después de transcurridos más de 120 años, las cosas en este país y el trabajo de los tribunales algo han cambiado.

Aquí se ha dicho que las remuneraciones del Poder Judicial deben ser mejores, en virtud del trabajo que desarrollan sus funcionarios. No tengo ningún inconveniente en que, si es reglamentario, se retire ese numeral del proyecto, pues no abrigo interés alguno en generar dificultades a los tribunales. Confío en que, a través de esta norma de la Corte Suprema -espero que sea permanente y que no se cambie el día de mañana-, se establezca un horario de atención de los tribunales que permita el acceso de los abogados de las partes, de la gente más modesta, e incluso que, en alguna medida, se proteja a aquellas personas que, estando privadas de libertad, no son atendidas ni los sábados en la tarde ni los domingos, a pesar de que nuestro propio Código de Procedimiento Penal dispone que para esos efectos no hay días ni horas inhábiles.

A propósito de esto último, pregunto: en materia penal, ¿hay algún tribunal que funcione los sábados en la tarde, los domingos o que se establezca un turno para tratar una detención arbitraria, que no esté de acuerdo con los cánones del derecho? ¿Qué magistrado atiende en esos momentos? ¿A quién se recurre cuando, muchas veces, una persona está detenida en un lugar inapropiado, su vida corre peligro, está sujeta a alguna arbitrariedad o sometida a una tortura? No hay tribunal, aun cuando esté de turno, que pueda atender un sábado en la tarde o un domingo. Sería bueno que estos autos acordados se hagan cargo de la situación, que es peor aún en febrero, cuando los tribunales gozan de feriado judicial. Esa norma también debería abordarse en el futuro.

Por eso, aceptando lo dicho por la Corte Suprema en los autos acordados, en una reforma más global habrá que considerar el feriado judicial, el funcionamiento de algunos juzgados de turno los sábados y domingos, y otras reformas sobre jornadas de trabajo, a fin de que exista igualdad en el trabajo de los funcionarios que laboran para el Estado.

Termino señalando que votaré favorablemente.

Señor Presidente , por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Balbontín.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Puede hacer uso de la interrupción su Señoría.

Restan dos minutos a la bancada democratacristiana.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente , aunque coyuntural, la última declaración de la Corte Suprema, adoptada como auto acordado, sobre las acusaciones constitucionales, a mi juicio, incurre en un error grave de interpretación de carácter jurídico.

En verdad, la facultad de la Cámara de Diputados, establecida en el artículo 48, Nº 2), de la Constitución, de “declarar si han o no lugar las acusaciones constitucionales por notable abandono de deberes”, es un derecho inalienable que apunta a mejorar, entre otras cosas, el rendimiento del Poder Judicial.

En segundo término, las distintas intervenciones habidas en la Sala, a propósito de esta reforma de la estructura del régimen jurídico del Poder Judicial , han dejado en claro que prácticamente existe unanimidad para favorecer tal reforma, mediante su modernización, el mejoramiento de remuneraciones, la creación del departamento de recursos humanos y la modificación de las disposiciones pertinentes del Código Orgánico de Tribunales.

Por último, felicito al Ejecutivo en su labor colegisladora, por esta iniciativa que pretende acelerar al máximo posible una reforma que, obviamente, está siendo demandada por todo el país. Ello, sin perjuicio de que, hasta el momento, las reformas no nos permiten solucionar algunos problemas pendientes, tales como el acceso a la justicia y el mejoramiento de la política judicial a través del consejo superior de la justicia.

Creo que estos mecanismos pueden mejorar notablemente el rendimiento de nuestro Poder Judicial y satisfacer la inquietud colectiva que se evidencia día a día.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Ha terminado el tiempo del Comité Demócrata Cristiano.

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

Restan 3 minutos y 15 segundos a su Comité.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente , quiero sumarme a las palabras de elogio formuladas respecto de este proyecto porque, sin lugar a dudas, este mejoramiento de remuneraciones de los miembros del Poder Judicial , constituye un avance importantísimo y un significativo apoyo del Estado.

Tengo la impresión de que muchas de las críticas formuladas al Poder Judicial en el último tiempo tienen su origen en la falta de apoyo del Estado a la administración de justicia durante muchos años. Por eso, no puedo sino alegrarme de anunciar que votaré favorablemente el proyecto.

Sin embargo, por su intermedio, solicito a la Ministra de Justicia , presente en la Sala, que en el siguiente trámite constitucional del proyecto, se considere una situación que, a mi juicio, es injusta para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial que cumplen sus tareas en las regiones más aisladas del país.

Dentro de las actuales remuneraciones que se van a considerar para el cálculo de la asignación de estímulo, no está incluida la asignación de zona, que significa que cuanto más distante del centro del país están las regiones, más significativo es el porcentaje de incremento de la respectiva remuneración. Me parece profundamente injusto que precisamente cuando se trata de estimular a los mejores jueces y funcionarios del Poder Judicial , se deje fuera de la base de cálculo este importante porcentaje constituido por la asignación de zona.

La semana pasada se dieron a conocer los índices de desempleo en el país correspondientes al último trimestre móvil abril-mayo-junio, y al comentar la tasa de desempleo, el Ministro de Economía señaló una cifra que nos debe preocupar enormemente a quienes somos representantes de regiones: dijo que el 90 por ciento de los empleos generados en el último tiempo lo habían sido en la Región Metropolitana. Pues bien, si cuando se trata de dar un estímulo a los funcionarios del Poder Judicial suprimimos como base de cálculo la asignación de zona, lo que estamos haciendo indirectamente es incentivar a los funcionarios para que se vengan a Santiago y a las zonas del centro del país, fomentando con ello los empleos en Santiago en perjuicio de las regiones extremas.

Por ello, termino solicitando que esta situación se reestudie en los trámites siguientes.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente , felicito a la señora Ministra de Justicia por este proyecto de ley que significa que, en general, todos los estamentos ( Poder Judicial , Corporación Administrativa del Poder Judicial , Academia Judicial), recibirán un reajuste de sus remuneraciones, por sobre la estimación del I.P.C. efectuada por el Ministerio de Hacienda, a contar del 1º de enero de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, y que equivaldrá al 2%, 4%, 4% y 4%, respectivamente. En forma especial, para el año 1997, el escalafón empleado percibirá un aumento de 3% de sus remuneraciones.

Se considera el efecto que tendrá este aumento en las remuneraciones variables (asignaciones de zona, antigüedad, suplencias, entre otros). El gasto total estimado por este concepto asciende a 6.182 millones de pesos (4.668 personas).

Para los grados I al VII del escalafón superior del Poder Judicial , se considera la creación de una asignación de responsabilidad superior, la cual está asociada a la función jurisdiccional que les corresponde a los grados mencionados; ésta se otorgará en cuatro años, a contar del 1º de enero de 1997.

Se incluye la provisión de fondos para las suplencias internas correspondientes. El gasto estimado por este concepto asciende a 1.521 millones de pesos y favorece a 961 funcionarios (sólo del Poder Judicial).

Además, en este escalafón se creará una asignación de nivelación, la que se encuentra ligada al concepto de carrera funcionaria; al igual que la anterior se otorgará en cuatro años, a contar del 1º de enero de 1997.

El gasto estimado por este concepto asciende a 1.644 millones de pesos y favorece a 1.002 funcionarios (considera al personal de la Corporación Administrativa del Poder Judicial y Academia Judicial). Se incluye la provisión de fondos para las suplencias internas correspondientes.

Asimismo, en el escalafón superior, se efectuarán dos cambios específicos:

-Aumento de gastos de representación mensuales para los grados I, II y III, en $ 100.000, $ 100.000 y $ 80.000 respectivamente, a contar del 1º de enero de 1997. Beneficia a 37 personas y el gasto asociado es de 49 millones de pesos.

-La Prosecretaria de la Corte Suprema sube de Grado X al VIII. El gasto es de 9 millones de pesos y beneficia a una persona.

En el escalafón asistentes sociales, se aumentará al doble la actual asignación de gastos de movilización (actual $ 14.100); este aumento se realizará en dos años, a contar del 1º de enero de 1997 y de 1998 respectivamente. El gasto total asociado a este concepto es de $ 39 millones, y beneficiará a 212 funcionarias.

Además se creará una asignación de desempeño, consistente en:

-Un bono por una vez al año, calculado en base al 5% de la sumatoria del sueldo base, asignación judicial y profesional recibida en el año anterior.

-Tendrán la posibilidad de recibir este bono, las áreas de trabajo (juzgados, departamentos u otros), que cumplan los indicadores de gestión que se definan para estos efectos.

-Se otorgará un bono de desempeño individual, al personal que se encuentre en el 30% mejor calificado, dentro de cada escalafón. En casos de empate por este concepto, el proyecto de ley contempla normas de desempate.

-De acuerdo a lo anterior, existe la posibilidad que algunas personas obtengan ambos bonos, otras uno de ellos y otras ninguno.

El gasto asociado a este concepto es de 917 millones de pesos.

Asimismo, se creará un Departamento de Recursos Humanos que dependerá de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, e iniciará funciones en el año 1998. Se contempla la creación de 11 cargos y se incluye gastos de instalación, operación y equipamiento. Presenta un gasto total de 152 millones de pesos.

-Se sube al oficial del fiscal de la Corte de Concepción del grado XVI al XIII, subsanando así el error en que había incurrido la ley Nº 19.248.

Se aumenta el número de abogados integrantes de las cortes de apelaciones que lo precisan, siendo el gasto asociado a este concepto de 61 millones de pesos. La de Concepción sube de 7 a 9 abogados integrantes.

Finalmente, se resuelve la situación de los funcionarios de la 5ª, 6ª y 7ª categorías que habían quedado afectados por la derogación del artículo 268 del Código Orgánico de Tribunales, manteniendo el derecho a ser considerados en la categoría superior para los efectos de los ascensos a quienes cumplían el requisito que disponía ese artículo a la fecha de su derogación.

El gasto total asociado a este proyecto, asciende a 10.574 millones de pesos.

Nos alegra haber ayudado en la Comisión de Hacienda a mejorar este proyecto. Con esto se está en el camino correcto de reconocer a un poder del Estado tan vital, como es el judicial.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, participo plenamente de los fundamentos y disposiciones del presente proyecto de ley que establece importantes mejoras económicas al Poder Judicial.

En primer lugar porque constituye un avance significativo en el proceso de elevar las remuneraciones. En seguida, porque aparece precedido por un Protocolo de Acuerdo entre el Gobierno y la Corte Suprema; y finalmente porque incorpora una fórmula novedosa para hacer efectivo el aumento de remuneraciones en base a indicadores de eficiencia en la gestión.

No puedo, en relación a la Corte Suprema, dejar de referirme al reciente acuerdo del Pleno en el cual denuncia una campaña en su contra, incluyendo en esa campaña las recientes acusaciones constitucionales contra cuatro señores Ministros de ese alto Tribunal.

Estoy de acuerdo que muchas declaraciones de parlamentarios y comentarios de prensa no han guardado la debida mesura y respeto que merece un Poder del Estado. Pero una cosa muy diferente es el derecho que tienen los parlamentarios dentro de la esfera de su competencia para deducir acusaciones constitucionales. El hecho, además, de que ambas hayan sido rechazadas constituye una clara manifestación de la seriedad con que la Cámara de Diputados, como Corporación, resolvió sobre la materia. En otras palabras, la institucionalidad operó eficazmente conforme a las exigencias de nuestro estado de derecho, de manera que nadie, menos la Corte Suprema en su condición de poder conservador de dicho estado de derecho, tiene derecho alguno a cuestionar.

Hay otro aspecto de la declaración que llama la atención porque expresa una visión del tema judicial que, honestamente, pensaba superado.

Señala la Corte que “nunca ha desconocido que algunas críticas formuladas a la administración de justicia son razonables e, incluso, las comparte... pero resulta evidente que tales fallas obedecen a la escasez de recursos humanos y materiales que no está en manos del Poder Judicial solucionar”.

Nos dice la Corte, con una abismante ausencia de la autocrítica más elemental, que todos los males de la justicia están fuera de la justicia. Tenemos que entender en el Gobierno, parlamento, instituciones policiales, servicios públicos vinculados, etc. En muchas partes, pero ninguna responsabilidad cabe al Poder Judicial mismo.

Hemos escuchado planteamientos parecidos frente a absolutamente todos los proyectos de reforma al Poder Judicial y pensábamos que se había avanzado algo en la materia.

Pero quiero destacar un antecedente para mostrar que el Poder Judicial puede hacer mucho por mejorar su funcionamiento, si se lo propone.

Recién, como reacción a la indicación que presentamos varios diputados para establecer por ley un horario de funcionamiento a las Cortes y Juzgados, la Corte Suprema emitió un auto acordado en los mismos o parecidos términos. Eso lo pudo hacer la Corte mucho antes, pero no lo hizo. No era un problema de recursos, sino exclusivamente de voluntad.

¿Por qué fue necesario que el Parlamento reparara en esta situación para que la Corte extendiera el horario de funcionamiento?

A propósito de esta indicación y entendiendo que la finalidad perseguida al presentar la indicación está alcanzada con el auto acordado, con el colega Elgueta estamos de acuerdo en retirarla.

Termino, señor Presidente , expresando que ratifico la posición sostenida en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y anuncio mi voto favorable a este proyecto.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde votar en general el proyecto.

Por la manifestación de opiniones que hubo durante el debate, podría aprobarse en general por unanimidad.

¿Habría acuerdo?

No lo hay.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 93 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En consecuencia, el proyecto queda aprobado en general.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allamand, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Caminondo, Ceroni, Coloma, Cornejo, Dupré, Elgueta, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Hamuy, Hernández, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Pizarro, Prokuriça, Reyes, Ribera, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villegas, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

Señores diputados, al comienzo de la sesión se dio a conocer el acuerdo de los Comités de que al término del Orden del Día votaríamos el proyecto que modifica el inciso segundo del artículo 74 de la Constitución, estableciendo la oportunidad para solicitar el pronunciamiento de la Corte Suprema, y fija un plazo para que emita su opinión acerca de los proyectos que, por mandato constitucional, requieren de dicho trámite.

Solicito el acuerdo de la Sala para votar sin discusión.

Acordado.

Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Constitución, sesión 27ª, en 5 de agosto de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 29.

En votación el inciso primero del artículo único, hasta donde dice: “, la Cámara de origen”.

Se requiere un quórum de 71 señores diputados.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 78 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobado el inciso primero del artículo único.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allamand, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Bombal, Caminondo, Ceroni, Coloma, Cornejo, Dupré, Elgueta, Encina, Escalona, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Hamuy, Hernández, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Kuschel, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Aníbal), Prokuriça, Reyes, Ribera, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Sota, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Viera-Gallo, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvo el Diputado señor Galilea.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En votación los incisos segundo y tercero del artículo único. Corresponden a modificaciones que propone la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia al texto del Senado.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 77 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En conscuencia, se declaran aprobados también los incisos segundo y tercero del artículo único del proyecto.

Aprobada y despachada la reforma.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Aguiló, Alvarado, Álvarez-Salamanca, Allamand, Allende (doña Isabel), Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Bartolucci, Bombal, Caminondo, Ceroni, Coloma, Cornejo, Dupré, Elgueta, Encina, Errázuriz, Escalona, Estévez, Fantuzzi, Ferrada, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Girardi, Hamuy, Hernández, Hurtado, Jara, Jocelyn-Holt, Jürgensen, Kuschel, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Melero, Montes, Morales, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Prokuriça, Reyes, Ribera, Rocha, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Villouta, Walker, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

-Se abstuvo el Diputado señor Martínez (don Gutenberg).