Labor Parlamentaria

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto que modifica la ley Nº 6.371, de 1939, que protege el emblema de la Cruz Roja.

Antecedentes:

-Modificaciones del Senado, boletín Nº 1474-17, sesión 23ª, en 22 de julio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 5.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por tratarse de una iniciativa que podríamos calificar de fácil despacho en su contenido, sugiero a la Sala restringir el debate.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.

El señor OJEDA .-

Señor Presidente , como una manera de ilustrar a los honorables colegas, quiero informar que este proyecto es consecuencia de una inquietud y petición hecha por la Cruz Roja internacional y chilena, en orden a establecer normas perentorias y concretas en materia de protección del emblema de la Cruz Roja.

Este proyecto fue suscrito por los Diputados señores Miguel Hernández , Homero Gutiérrez y quien habla. Concretamente, reafirma la protección del emblema de la Cruz Roja, establecido en la ley Nº 6.371, del 1º de septiembre de 1939, para evitar su uso indebido. De ahí que se le introduzcan modificaciones a la ley para actualizarla.

En primer lugar, actualiza el texto en los términos consignados en los Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977. La ley vigente hace referencia a los Convenios de Ginebra de 1906 y 1929, cuyas disposiciones están incorporadas en aquellos instrumentos.

El proyecto es enfático al reiterar la obligatoriedad de dichos convenios, en orden a proteger, por los Estados pactantes, el emblema de la Cruz Roja, de acuerdo con sus artículos 38, 44, 53 y 54, según los cuales las altas partes contratantes cuya legislación resulte ya insuficiente, tomarán las medidas necesarias para impedir y reprimir en todo tiempo los abusos a que se refiere el artículo 53, que protege el emblema de la Cruz Roja.

En segundo lugar, el proyecto tiene por objeto modificar el monto de la multa por las infracciones que se cometan por el uso indebido del emblema, a fin de mantener su valor en una cifra reajustable, real y efectiva para impedir las infracciones y que no resulte irrisoria, como ocurre con la prevista en la ley Nº 6.371, de 1939, actual, que es de sesenta pesos. La modificación propuesta establece una multa que va de una a diez Unidades Tributarias Mensuales.

Además, el proyecto pretende actualizar la normativa en aquellos artículos desfasados en el tiempo, que ya no tienen aplicación por las circunstancias actuales, en virtud de la ley y de los Convenios.

Por último, armonizar la redacción con las nuevas leyes o Convenios internacionales.

En el Senado este proyecto fue estudiado y analizado por las Comisiones de Salud y de Economía; sin embargo, en la Cámara de Diputados, en su primer trámite, sólo fue visto por la Comisión de Salud. Como en aquellas Comisiones hubo pleno acuerdo sobre el fondo del proyecto y en la necesidad de legislar sobre esta materia, las modificaciones introducidas por el Senado son meramente formales.

Por otra parte, en la Comisión de Economía se tuvo presente que, de acuerdo con el artículo 20, letra a), de la ley Nº 19.039 -que establece las normas referentes a los privilegios industriales, como son las marcas comerciales- y con los Convenios de París, ratificados por nuestro país el 21 de septiembre de 1991, “Los escudos, las banderas u otros emblemas, las denominaciones o siglas de cualquier Estado, de las organizaciones internacionales y de los servicios públicos estatales” no pueden registrarse como marcas, razón por la cual este proyecto no debería contener normas repetitivas, pues se considerarían tácitamente derogadas por la Ley de Marcas.

Sin embargo, se señala que nada obsta a que, de conformidad con el artículo 3º, letras a) y b), del Convenio de París, los países signatarios acuerden rehusar o anular el registro y prohibir con medidas apropiadas su utilización sin permiso de las autoridades competentes, bien sean marcas de fábricas, elementos de las referidas marcas, de los emblemas, siglas o denominaciones, de las organizaciones internacionales intergubernamentales, de las cuales uno o varios países de la unión sean miembros -Cruz Roja Internacional-. Por ello, es perfectamente factible aceptar el artículo 5º del proyecto, que prohíbe el uso abusivo del emblema y establece las sanciones. Ésa es la sustancia del proyecto.

Las modificaciones introducidas por el Senado son meramente formales. Se conserva lo sustancial del proyecto, referido a subir la multa de 1 a 10 UTM, como una manera de hacer efectiva la protección que se pretende consagrar a través del proyecto.

El Senado entiende derogadas las demás disposiciones, porque algunas de ellas son repetitivas y se derogan tácitamente en virtud de la Ley de Marcas.

No obstante las modificaciones introducidas, el proyecto cumple fielmente con los objetivos enunciados por los autores, en cuanto a proteger el emblema de la Cruz Roja estableciendo las prohibiciones y compatibilizando las disposiciones legales atingentes con la materia.

Este proyecto tan sencillo está relacionado con las leyes números 6.371 y 3.924; con el decreto supremo Nº 136, del 1º de marzo de 1973, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el reglamento general de la Cruz Roja Chilena; con la ley Nº 19.039, y con los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.

Solicito la aprobación de las modificaciones introducidas por el Senado, porque en nada alteran el objetivo del proyecto, cuya tramitación se extiende por más de un año.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Dupré .

El señor DUPRÉ .-

Señor Presidente , quiero puntualizar dos cosas.

No me explico las razones del Senado para suprimir en el artículo 1º la frase “,y demás convenios internacionales que reglamenten cuestiones similares”, aspecto que, por su obviedad, fue aprobado sin más trámite por la Cámara de Diputados. Permanentemente, organismos internacionales adoptan importantes acuerdos sobre el uso del emblema de la Cruz Roja, por diferentes situaciones que se dan en muchos países del mundo. Las cosas no fueron similares durante la Primera y la Segunda Guerras mundiales, como tampoco lo han sido el rol que está jugando la Cruz Roja y el uso de los emblemas en conflictos más recientes, como el caso de la ex Yugoslavia, en particular en Bosnia. De manera que nos ha parecido absolutamente adecuado incorporar no sólo las disposiciones y los acuerdos internacionales normales y sus protocolos adicionales respecto de la Cruz Roja, sino también todos aquellos convenios internacionales que reglamenten cuestiones similares frente a situaciones que se le han presentado a la Cruz Roja.

En segundo lugar -lo planteo una vez más-, rechazamos el criterio del Senado en la modificación del articulado. Por ejemplo, en el número 4, cuyo artículo 5º sustituye, introduce una frase que no tiene nada que ver con el aspecto netamente jurídico: “En razón del homenaje rendido a la Confederación Suiza,”, como si el texto fuera un discurso o una poesía. Y esa modificación debe aprobarse para que el proyecto no vaya a Comisión Mixta, como señaló el Diputado señor Ojeda .

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ojeda.

El señor OJEDA .-

Señor Presidente , encuentro muy atendibles las inquietudes y observaciones del Diputado señor Dupré . En primer lugar, estimo que la exclusión de la frase final “demás convenios internacionales que reglamenten cuestiones similares”, se debe a que, a lo mejor, el Senado la estimó innecesaria, porque este proyecto sólo está dando aplicación concreta y material a los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales, que señalan de manera precisa la obligación de los Estados pactantes de establecer una reglamentación interna que efectivamente proteja el emblema de la Cruz Roja.

Respecto de la segunda observación, lo único que ha hecho el Senado ha sido repetir, de manera literal, lo que aparece en el Convenio de Ginebra referido al homenaje a la Confederación Suiza, y pienso que no altera el fondo del asunto. Seguramente, han querido ser bastante estrictos en lo que se refiere a este punto.

Estimo que la idea matriz del proyecto de proteger el emblema de la Cruz Roja está salvaguardada y no ha sido alterada por la modificación del Senado.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde conocer el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en moción, que deroga los artículos 311 y 312 del Código de Procedimiento Civil, eliminando la réplica y la dúplica, y modifica el artículo 328.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Gajardo.

Antecedentes:

-Moción, boletín Nº 1558-07, sesión 55ª, en 6 de abril de 1995. Documentos de la Cuenta Nº 10.

-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 23ª, en 22 de julio de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 8.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Antes de conocer el informe, sugiero a la Sala que fijemos un plazo de una hora, incluido el tiempo del informe, para despachar el proyecto en la presente sesión.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Tiene la palabra el señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, paso a informar sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Civil, derogando los artículos 311 y 312, y modificando el 328. Tuvo su origen en una moción del honorable Diputado señor Bombal , la que fue copatrocinada por los Diputados señores Claudio Alvarado , Alberto Cardemil , Andrés Chadwick , Sergio Elgueta , Luis Valentín Ferrada , Rubén Gajardo, Víctor Pérez , Jorge Ulloa y José Antonio Viera-Gallo . Su objetivo es agilizar los procedimientos civiles y, específicamente, el juicio ordinario.

En su inicio, el juicio civil ordinario tiene el llamado período de discusión, que comprende las siguientes actuaciones: la presentación de la demanda, la contestación a la demanda, la réplica y la dúplica.

El artículo 311 dispone que del escrito de contestación a la demanda, se dará traslado al demandante por el término de seis días para que éste replique y de este último escrito, traslado al demandado, por igual término, para que duplique.

¿Qué es posible hacer en estos escritos adicionales de réplica y dúplica? Según lo dispone el artículo 312, las partes pueden ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en los escritos de demanda y de contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal del pleito.

La jurisprudencia -según señala el informe- ha precisado el alcance de esta disposición, estableciendo que las facultades contempladas en el artículo 312 comprenden las de ampliar las acciones y excepciones, es decir, extenderlas, formular nuevas razones o argumentos para reforzarlas o comentarlas mejor; adicionarlas, o sea, añadir nuevos argumentos no expresados anteriormente destinados a respaldarlas y, finalmente, modificarlas, vale decir, limitar, determinar, restringir o reducir las cosas a los términos justos, templando los excesos. Lo importante es que la jurisprudencia concluye reiterando lo que dispone la norma, en el sentido de que todo ello es posible sin alterar o cambiar la esencia o forma de dichas acciones o excepciones.

Por lo tanto, está claro que en estos escritos de réplica y dúplica no se pueden deducir nuevas acciones ni oponer nuevas excepciones.

La pregunta que se hacen los autores del proyecto es si este trámite es verdaderamente necesario, porque para formular nuevas argumentaciones, hacer presente situaciones a las que la parte no se refirió, ni en la demanda, ni en la contestación, respecto de las acciones y excepciones opuestas, tiene abierta toda posibilidad de presentar en cualquier momento, los llamados escritos de “téngase presente”. Entonces, el trámite obligatorio de réplica y dúplica aparece como una instancia que sólo prolonga indebidamente los juicios ordinarios. Por esa razón se propone derogar los artículos que a ella se refieren.

Con el mismo propósito de agilizar los procesos civiles, se plantea la reducción del término probatorio a sólo quince días, en lugar de los veinte actuales. En consecuencia, se propone reemplazar, en el inciso primero del artículo 328, la expresión “veinte” por “quince”.

Es importante destacar que este plazo es fatal sólo para la rendición de la prueba testimonial pudiendo, en consecuencia, rendirse toda otra prueba necesaria en cualquiera oportunidad procesal.

Para los efectos reglamentarios, la Comisión dejó constancia de que ninguna de las disposiciones del proyecto tiene rango de ley orgánica constitucional o de quórum calificado; que ninguna de sus normas es de competencia de la Comisión de Hacienda; que el proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, y que no hubo artículos o indicaciones rechazados en la Comisión.

Por lo expuesto y los antecedentes contenidos en el informe, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta honorable Cámara recomienda la aprobación de este proyecto.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresiden-te).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , estoy de acuerdo con la idea de legislar sobre esta materia, por los fundamentos que expresó el señor Diputado informante . Atendido a que se confiere más rapidez a un juicio de lato conocimiento, con el Diputado señor Gajardo hemos presentado una indicación con las siguientes consecuencias:

El proyecto se presentó con dos artículos, pero técnicamente, debería constar sólo de uno, con el que se modifican diversas disposiciones del Código de Procedimiento Civil.

Las expresiones “réplica” y “dúplica” figuran en otras disposiciones del Código de Procedimiento Civil y, naturalmente, hay que efectuar una concordancia en relación con la supresión de estos trámites. Por ejemplo, el inciso primero del artículo 303, del Código de Procedimiento Civil, señala: “Si el demandado acepta llanamente las peticiones del demandante, o si en sus escritos no contradice en materia substancial y pertinente los hechos sobre que versa el juicio, el tribunal mandará citar a las partes para oír sentencia definitiva, una vez evacuado el traslado de la réplica.”. Indudablemente, al ser suprimido como trámite esencial del período de discusión del juicio de lato conocimiento, la expresión “réplica” debe ser reemplazada por “contestación”.

Una segunda observación se refiere a que el inciso segundo del artículo 316, que dice: “De la réplica de la reconvención se dará traslado al demandante por seis días.”, simplemente, debe ser suprimido, porque no tiene razón de ser, desde el momento en que se elimina este trámite.

Del mismo modo, en el artículo 521, referido a la tercería de dominio en el juicio ejecutivo, debe suprimirse la frase: “pero sin escrito de réplica y dúplica”, y colocar un punto seguido (.) en lugar de la coma (,). Esto también es materia de la indicación que presentamos.

En el artículo 698, referido a los juicios de menor cuantía, resultará innecesario decir que se omitirán los trámites de réplica y dúplica, por lo que habrá que suprimir la expresión que así lo establece. Lo mismo corresponde, y por la misma razón, en el artículo 749, contenido en el título de los juicios de Hacienda.

Otra norma que menciona los trámites de réplica y dúplica es el artículo 1º de la ley Nº 14.908, sobre abandono de familia y pensiones alimenticias. Igualmente, el artículo 18 de la ley Nº 4.310, sobre constitución de propiedad austral, en el que se indica que las causas que se originen por lo que dispone, se tramitarán como juicio ordinario de mayor cuantía, sin escritos de réplica y dúplica.

En definitiva, al suprimirse estos trámites, es innecesario reproducirlos en las disposiciones especiales. Por eso, las indicaciones que hemos presentado, que son de mera concordancia, estimo que deben ser acogidas, pues perfeccionan el proyecto, ya que eliminan en todos los preceptos que los exigían los trámites de réplica y dúplica. Solicito votarlas en esta sesión y aprobar completamente la iniciativa para despacharla al Senado.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ceroni .

El señor CERONI.-

Señor Presidente, entiendo que el objeto del proyecto es agilizar la administración de justicia, pero tengo serios reparos sobre la iniciativa.

No podemos olvidar que el juicio civil pertenece esencialmente a las partes. No estamos ante una materia penal, sino civil, en que las partes son las dueñas del juicio, en el cual plantean sus pretensiones para que sean dirimidas. Desde ese punto de vista, en mi opinión, debemos tener la más amplia flexibilidad para que las partes puedan dar a conocer -en nuestro sistema se hace por escrito- sus pretensiones y argumentos.

Si bien es cierto no se pueden modificar las acciones en los trámites de la réplica y de la dúplica, es posible aportar nuevos antecedentes, los que pueden ser muy aclaratorios para el juez al fijar los hechos controvertidos en la etapa de la prueba, lo que permitirá un fallo más fundado y claro.

Reitero que el juicio pertenece a las partes, ellas son las que deben procurar que sea más ágil y agotar las posibilidades de dar a conocer un sinnúmero de antecedentes para que el juez falle en mejor forma.

Me preocupa el hecho de que en los juicios civiles siempre hay una parte más débil. La práctica en el ejercicio profesional nos demuestra que muchas veces debemos atender a personas sin recursos económicos suficientes y que son sorprendidas por ciertas demandas. Incluso, en la primera etapa de la contestación de la demanda, los abogados no tenemos todos los antecedentes, pero el defendido puede aportarnos mayor información, la que se da a conocer en los otros escritos pertinentes para lograr una mejor defensa de las personas que, a veces, no tienen asistencia legal para enfrentar adecuadamente el juicio. En definitiva, perjudicaríamos a la parte débil, que no tiene suficiente asesoría ni ha sabido defenderse o exponer bien los hechos en la contestación de la demanda. ¿Por qué nos preocupa tanto el tema si es un asunto entre privados? Nosotros debemos darle a ellos las facilidades para que expongan sus pretensiones. Esto, más bien restringe los derechos que el Código de Procedimiento Civil otorga a las partes litigantes. Estoy de acuerdo en hacer todas las modificaciones para agilizar el sistema, pero creo que éste no es el camino adecuado.

Por eso, soy contrario a lo propuesto y creo que sería bueno discutir la materia. Me preocupa que haya pocos diputados inscritos para intervenir, porque es un cambio que tendrá consecuencias serias y va a perjudicar a muchas personas. De lo que se trata es de dar las máximas facilidades para que las partes puedan exponer sus hechos con suma claridad.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Wörner.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente, discrepo absolutamente de lo expresado por el Diputado señor Ceroni , porque la práctica profesional nos prueba que los trámites de la réplica y de la dúplica lo único que hacen es dilatar el procedimiento civil y demorar la administración de justicia.

Lo que el proyecto persigue es lograr una mejor economía procesal. Quienes lo discutimos y aprobamos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tuvimos presente que la eliminación de la réplica y de la dúplica del juicio ordinario civil no impide a las partes formular alegaciones en cualquier momento del proceso, las que pueden hacerse valer mediante los llamados “téngase presente”.

Los que hemos ejercido la profesión de abogado, sabemos que dichos trámites se traducen hoy en una petición al tribunal -la de que se tengan por evacuados, sin mayor diligencia-, y que el no hacerlo oportunamente entorpece la celeridad del procedimiento civil. De manera que, en ningún caso, su eliminación impedirá que las partes precisen, fundamenten o profundicen sus alegaciones y pretensiones, puesto que lo pueden hacer en cualquier etapa del juicio a través de los “téngase presente”.

Tampoco significará dejar en la indefensión a los sectores que tienen dificultades para acceder al asesoramiento jurídico, pues estamos ante procedimientos que exigen la comparecencia al tribunal a través de un letrado y cumplir con la ritualidad procesal. No se trata de procedimientos sustanciados sin forma de juicio, en los cuales las partes tienen la posibilidad de comparecer personalmente, sobre materias muy precisas establecidas por el ordenamiento civil que no corresponden a lo que hoy analizamos. Con el proyecto, como ya lo dije, se pretende lograr economía procesal, celeridad en los procedimientos y eliminar una ritualidad que carece de significación, de transcendencia, porque habitualmente las partes dejan transcurrir los plazos y evacuan a último momento en cuatro líneas el trámite, sólo para dar curso a los autos. Las alegaciones de fondo, para lo que primitivamente se propuso el trámite de la réplica y la dúplica, se hacen en otros momentos, o instancias, a través de las pruebas o de los “téngase presente”, ya que resumen, en definitiva, la fundamentación de las pretensiones.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable a este proyecto, que lo entiendo en el contexto en que lo he expuesto.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa .

El señor ULLOA .-

Señor Presidente , hemos escuchado sólo a los distinguidos colegas abogados. Sin embargo, también quienes no lo somos, en nuestros distritos siempre conocemos de problemas relacionados con procesos civiles. A menudo escuchamos que existen tramitaciones excesivamente largas, que, incluso, inciden en el desprestigio de la administración de justicia en nuestro país.

Por lo tanto, la moción originada en una idea del Diputado señor Bombal y copatrocinada por varios otros diputados, entre ellos el que habla, no busca más que lograr economía procesal, tal como lo ha dicho la Diputada señora Wörner . En suma, se trata de evitar que los procesos civiles se prolonguen. Cuando se habla de procesos civiles, uno no piensa en meses de duración, sino en años. Muchas veces, parte de la demora se debe a estos dos trámites que se pretende eliminar.

Por lo tanto, lo conveniente es reducir el procedimiento, toda vez que no se perjudican las posibilidades de la defensa. Tampoco se restringe la posibilidad de entregar nuevos antecedentes, porque, como lo han señalado de manera precisa el Diputado informante , señor Gajardo , y la Diputada señora Wörner , si es necesario entregar nuevas argumentaciones, reforzarlas o ampliarlas, ello puede hacerse mediante el uso de los escritos de “téngase presente”.

Me parece de vital importancia que en esta materia intervengan no sólo los abogados, porque la Cámara representa el sentir de todos los chilenos. Si el conjunto de ciudadanos que estamos en la Cámara quiere colaborar para que la gente sienta que es posible obtener justicia en un tiempo menor, hacia allá debemos apuntar. Más aún, si la propia Comisión de Constitución, Legislación y Justicia considera que el proyecto presentado por el Diputado señor Bombal y otros colegas -que apoyamos con entusiasmo- merece convertirse en ley, sin duda que debemos escuchar y atender sus propósitos.

Del estudio que hizo dicha Comisión se desprende que, efectivamente, constituye un paso en la dirección correcta para dar una señal más al país y decir: “Estimados conciudadanos, lo que queremos es que no sólo se imparta justicia, sino que se haga, ojalá, en forma oportuna, para no encontrarnos con la desagradable sorpresa de que algunos juicios civiles demoren hasta diez años.”

En ese sentido, hay que aprobar el proyecto porque constituye una necesidad; en realidad, es un imperativo hacerlo.

Por esa razón, apoyaremos con entusiasmo el proyecto.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Raúl Urrutia.

El señor URRUTIA (don Raúl) .-

Señor Presidente, me preocupa enormemente el entusiasmo con que se están modificando hoy todas las normas procesales de nuestro país.

En verdad, los trámites de la réplica y de la dúplica tienen un propósito claro y determinado: fijar exactamente cuál será el contenido definitivo de la litis, porque existen la demanda, donde el demandante hace valer sus pretensiones que es la acción, y la contestación de la demanda, que es la excepción, tanto perentoria como dilatoria, que puede oponer el demandante; pero también existen los otros dos trámites, la réplica y la dúplica, que tienen por objeto básico y fundamental, como lo señala el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, lograr que las partes puedan “ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en la demanda y contestación, pero sin que puedan alterar las que sean objeto principal del pleito.”

La honorable colega Wörner ha señalado que estos trámites pueden ser suprimidos porque las partes pueden hacer uso, durante el proceso, de los escritos de “téngase presente”. Pero la verdad es que si los eliminamos, una vez que se ha contestado la demanda, o en rebeldía del demandado, el juez, de acuerdo con lo que establece el artículo 318 del Código de Procedimiento Civil, debe fijar los puntos de prueba y señalará los hechos sustanciales controvertidos sobre los cuales tendrá que recaer la prueba.

Por lo tanto, los escritos de “téngase presente” presentados con posterioridad no tendrán importancia para ninguna de las partes en el proceso, porque es indudable que el juez no podrá tomarlos en consideración para fijar los hechos sustanciales controvertidos producidos en el proceso, en la demanda o en la contestación de la demanda.

Entonces, hoy tratamos de agilizar la justicia y todos estamos de acuerdo en que es necesario modificar nuestros códigos de procedimiento, penal y civil, pero quiero advertir a la Sala que es muy preocupante estar parchándolos, porque, en definitiva, podemos crear serios inconvenientes en la administración de justicia y a aquellos que van a buscar justicia a los tribunales. ¡Claro! Podré presentar todos los escritos de “téngase presente”, pero para el juez jamás tendrá valor para fijar los hechos sustanciales controvertidos, de modo que las partes puedan, en la etapa probatoria, hacer valer sus probanzas, con las cuales quieren obtener éxito en la sentencia definitiva.

Si queremos modificar en este aspecto nuestro Código de Procedimiento Civil, que tiene tantos años, hagámoslo, pero reduciendo los plazos de los trámites de réplica y dúplica; bajémoslos a la mitad, a tres días, en lugar de los seis de ahora. De esta manera, esta etapa del proceso civil ordinario bajará de doce a seis días, esto es, el proceso demorará seis días menos.

En definitiva, lo que importa es que las partes puedan hacer valer todas sus acciones y excepciones, y aclarar ante el juez, quien tendrá que sentenciar, cuáles son las pretensiones y las excepciones que se están haciendo valer en el proceso. Pero si sólo tenemos los trámites de la demanda y la contestación de la demanda, las partes jamás podrán hacer lo que establece el artículo 312: ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones.

He dicho que todos estamos de acuerdo en que hay que agilizar la justicia. Normalmente, las personas que llegan a conversar con nosotros sobre los problemas que encuentran en la administración de justicia se quejan de la demora de los juicios. Pero esta demora se debe básica y fundamentalmente a que las partes, que son las dueñas de los procesos civiles, abusan de las normas procesales a través de los escritos de “téngase presente” o de la interposición de incidentes, que dilatan por años los procesos. Nuestro Código de Procedimiento Civil establece plazos que si se cumplieran a cabalidad, los procesos no deberían durar más de seis u ocho meses. Ésa es la realidad que hemos palpado quienes hemos tramitado en los tribunales de justicia.

Por eso, hay que analizar con mucho cuidado todas y cada una de las reformas que se propone introducir a nuestros códigos, para que no se produzca una situación que, en definitiva, deje a las partes sin la debida administración de justicia.

Está bien que se baje el plazo del término probatorio del proceso ordinario, porque en estos veinte días fundamentalmente las partes sólo hacen valer una de las pruebas, la testimonial. Por lo tanto, perfectamente bien se podría bajar a 15 días, manteniendo el aumento del término ordinario del artículo 259 del Código de Procedimiento Civil, vale decir, el aumento del término del emplazamiento para los efectos de rendir pruebas en otro territorio del país o fuera de él. En este menor plazo perfectamente se puede rendir la prueba testimonial, que es tan importante cuando las partes quieren probar una determinada acción interpuesta en la demanda o una excepción, hecha valer al contestar la demanda.

Reitero, me inclino por no eliminar los trámites de la réplica y la dúplica, pero estoy dispuesto a bajar a la mitad los plazos que para cumplir esos trámites hoy establece el Código de Procedimiento Civil. Los litigantes que no quieran hacer uso de ellos podrán hacerlo. Como muy bien se ha señalado en esta Sala, siendo el proceso civil de las partes éstas sabrán si apuran más o menos el procedimiento. Pero, ¡por favor!, no empecemos a parchar nuestros códigos por tratar de aparecer hoy ante la opinión pública tratando de agilizar la acción de la justicia.

He dicho.

Al artículo único 1. De los señores Elgueta y Gajardo

2. De los señores Elgueta y Gajardo para suprimir el inciso segundo del artículo 316 del Código de Procedimiento Civil.

3. De los señores Elgueta y Gajardo para suprimir en el artículo 521 del Código de Procedimiento Civil lo siguiente: “pero sin escrito de réplica y dúplica,”, reemplazando la coma por un punto aparte luego de la palabra “ordinario”.

4. De los señores Elgueta y Gajardo para suprimir el número 1º del artículo 698 de dicho Código, corrigiendo la numeración el 2º pase a ser número 1 y así sucesivamente.

5. De los señores Elgueta y Gajardo para derogar el artículo 749 del Código de Procedimiento Civil.

6. De los señores Elgueta y Gajardo

7. De los señores Elgueta y Gajardo para suprimir en el artículo 18 de la ley Nº 4.319, sobre Propiedad Austral, la frase “pero sin los trámites de réplica y dúplica”.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, que agrega un artículo y un inciso al Código Penal, con el objeto de tipificar y sancionar la usurpación de aguas servidas y el vertimiento clandestino de sustancias.

Diputada informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es la señora Wörner.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín Nº 844-07 (S), sesión 4ª, en 7 de junio de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 5.

-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 9ª, en 14 de junio de 1994. Documentos de la Cuenta Nº 3.

La señora WÖRNER.-

Señor Presidente, informo, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley que agrega un artículo y un inciso al Código Penal, con el objeto de tipificar y sancionar la usurpación de aguas servidas y el vertimiento clandestino de sustancias, iniciado en mensaje de su Excelencia el Presidente de la República , cuyos fundamentos, finalidades y contenidos, según el informe de la Comisión, son los siguientes:

De acuerdo con lo expresado en el mensaje, con el proyecto se pretende tipificar y sancionar la usurpación de aguas servidas de los sistemas de alcantarillado, así como el vertimiento clandestino de sustancias riesgosas o peligrosas líquidas, gaseosas o sólidas, en los sistemas de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, sistemas de aguas lluvias u otros ductos similares, hechos que constituyen un riesgo sanitario de incalculables proporciones para la salud de la población.

Es usual la permanente intervención clandestina de los sistemas de alcantarillado para apropiarse de las aguas servidas, en especial con la finalidad de utilizarlas en labores de riego u otros menesteres domésticos.

Sin perjuicio del daño patrimonial que producen acciones de esta naturaleza, constituyen un riesgo sanitario no sólo para el autor de la acción usurpadora, sino también para la salud de la población en general.

Se destaca como un hecho de conocimiento público, el suceso ocurrido en la ciudad de Guadalajara, México , o en Temuco, en nuestro país, en que el vertimiento clandestino de ciertas sustancias líquidas, gaseosas o sólidas, a los sistemas de redes públicas sanitarias, ha causado pérdidas humanas y de bienes, situación que no es ajena a ningún centro poblado.

Se señala en el mensaje que en la legislación chilena no existe un delito específico de la naturaleza que se ha señalado, ni disposición que sancione drásticamente las conductas descritas, razón por la cual se ha estudiado un conjunto de preceptos legales tendientes a sancionar las usurpaciones de aguas servidas y el vertimiento clandestino en los sistemas de agua potable, alcantarillado de aguas servidas, sistemas de aguas lluvias y otros ductos de similar naturaleza.

Con tal finalidad, se propone en el mensaje:

a) Agregar un artículo 460 bis al Código Penal, que considere una sanción corporal y pecuniaria superiores a las establecidas en el actual artículo 459 del mismo cuerpo legal, para la usurpación de aguas en general, que se efectúe en tuberías de los sistemas de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas servidas y demás instalaciones de alcantarillado y sistemas de aguas lluvias, atendido el riesgo sanitario que implica la conducta de usurpación de aguas servidas. Con dicha conducta se tipifica y se determina al autor de la acción punible, presumiendo que es aquél que se beneficia con el uso de aquellas aguas.

En segundo lugar, se propone agregar, entre los delitos de incendio y otros estragos, un artículo 480 bis para sancionar el vertimiento clandestino de sustancias riesgosas en las redes de agua potable, alcantarillado, ductos de aguas lluvias u otros de similar naturaleza, atendido el inmenso riesgo y perjuicio que estas acciones podrían provocar, las que pueden traducirse en incendios, explosiones u otros estragos.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la honorable Cámara de Diputados, después de analizar los fundamentos, las finalidades y el contenido del proyecto, tanto del propuesto en el mensaje como del aprobado por el Senado, por la unanimidad de los diputados presentes acordó rechazar la idea de legislar por las razones que se expresan a continuación.

El proyecto tiene origen en dos hechos puntuales relacionados con los estragos que pueden ocasionarse con el vertimiento de combustibles en los sistemas de alcantarillado en la ciudad de Temuco y la utilización de aguas servidas en labores de riego u otros menesteres domésticos.

Hago presente que el tema volvió a ser debatido y del interés público a raíz de la situación surgida, en los últimos meses, en el río Loa y con la sequía, que obliga a actuar con mayor rigidez en la utilización de aguas servidas para el riego de hortalizas, principalmente en el área metropolitana.

A juicio de la Comisión, esas conductas pueden ser plenamente sancionadas hoy de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, sin necesidad de incorporar nuevas figuras penales.

Si se ha pretendido legislar porque las sanciones que en la actualidad se establecen resultan insuficientes, el mecanismo por seguir sería aumentar las penas vigentes y no generar nuevos tipos penales, con el único fin de sancionar corporalmente, con penas privativas de libertad, a quienes delinquen.

Entre las disposiciones legales que la Comisión tuvo presentes para proponer a la honorable Sala el rechazo de la iniciativa, figuran las contenidas en el Código Sanitario, en el Código de Aguas, en la ley Nº 3.133, en el decreto ley Nº 3.557, en la ley Nº 18.119, en el Código Penal y en la ley Nº 19.300, Ley de Bases del Medio Ambiente, respecto de la cual hubo una profusa discusión durante la tramitación parlamentaria.

La Comisión ha considerado también, en apoyo a la decisión que ha adoptado -esto es, de rechazo a la iniciativa-, que el bien jurídico protegido con estas figuras delictivas es el riesgo para la salud pública, por el incalculable riesgo sanitario que implican esas conductas para la población. En consecuencia, lo lógico habría sido incorporar estas figuras en el título correspondiente del Código Penal y no entre los delitos contra la propiedad.

Se estima que la gravedad de la conducta no está en el hecho de apropiarse de aguas servidas, sino que éste es el primer paso para una posterior utilización que pone en peligro la salud de las personas.

Por lo demás, la disposición no señala cuál es el riesgo que puede causarse con estas conductas, limitándose a señalar que de su gravedad dependerá la sanción que en definitiva se aplique.

En el caso particular del nuevo inciso que se agrega al artículo 480, como la conducta castigada es la de causar estragos, la norma no tendría justificación, ya que se encontraría tipificada en los artículos anteriores, a cuyas penas se remite precisamente la disposición aprobada.

Se hizo presente, por algunos señores diputados, que al hacerse aplicables a esta conducta las penas establecidas para los delitos de incendio y de estragos, en definitiva terminan castigándose con una misma sanción conductas ejecutadas con grados muy diversos de culpabilidad respecto de los resultados que derivan de ellas.

En apoyo de la resolución adoptada, la Comisión tuvo a la vista, por último, el informe evacuado por el profesor de derecho penal don Felipe de la Fuente Hulaud, de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso, anexo a los antecedentes del proyecto, muchos de cuyos reparos aún subsisten en la normativa que se informa.

En cuanto a las constancias reglamentarias, para los efectos previstos en el artículo 289 del Reglamento, se hace constar lo siguiente:

-El proyecto ha sido rechazado, en general, por unanimidad.

-No hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

-No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

En definitiva, el texto del proyecto de ley que el honorable Senado aprobó y que la Comisión recomienda rechazar, en general, es del siguiente tenor:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Penal:

“a) Intercálase, a continuación del artículo 460, el siguiente artículo 460 bis, nuevo:

“Artículo 460 bis.- Los que, sin título legítimo, sacaren o se aprovecharen de aguas provenientes del sistema de alcantarillado, plantas de tratamiento de aguas servidas, sistemas de aguas lluvias u otros semejantes, serán castigados con presidio menor en su grado medio a máximo y multa de 50 a 500 unidades tributarias mensuales, según la gravedad del riesgo causado.

“b) Agrégase al artículo 480, el siguiente inciso segundo, nuevo:

“En las mismas penas incurrirán los que causen estragos al descargar cualquiera substancia en las redes de alcantarillado, ductos de aguas lluvias u otros de similar naturaleza, provocando incendio, explosiones u otros daños.”

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ARANCIBIA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Melero .

El señor MELERO .-

Señor Presidente , el proyecto de ley en examen, por el cual se agregan determinados artículos al Código Penal con el objeto de tipificar y sancionar la usurpación de aguas servidas y el vertimiento clandestino de substancias, reviste, sin duda, gran importancia, dado algunas falencias que existen en nuestra legislación, como también por la necesidad de adecuarla a las realidades del desarrollo industrial y de las ciudades, especialmente. Asimismo, cuando parte de dicho desarrollo se está generando, en gran medida, sobre vastas zonas que hasta hace un tiempo estaban destinadas al uso agrícola y muchas de ellas son atravesadas por cauces naturales o creados por el hombre a fin de impulsar la actividad agrícola.

El vertimiento clandestino de líquidos industriales o contaminantes en los cauces naturales, o la usurpación de aguas servidas, con efecto muchas veces sobre las aguas que se destinan al riego, son acciones que se dan comúnmente en las zonas que represento, especialmente en la provincia de Chacabuco y las comunas de Quilicura y de Pudahuel, esta última en el caso del río Mapocho, generando contaminación, malos olores y daños a la salud humana.

Con este proyecto estamos dando un primer paso: la prohibición, la acción punitiva, el castigo o la sanción a quienes pudieran cometer este tipo de acciones.

Pero, el problema de fondo -más grande que el que analizamos- es la necesidad de que nuestro país avance sostenidamente en buscar una alternativa para los residuos industriales y su inertización, de modo que, una vez tratados, puedan ser vertidos a los cauces naturales. Creo que al respecto aún queda mucho por hacer.

Destaco el hecho de que se está desarrollando algún tipo de plantas de tratamiento en esta materia. Me correspondió conocer una de ellas en la comuna de Pudahuel, de la empresa Hidronor Chile S.A., constituida por capitales chilenos y españoles. Creo que es una de las pocas plantas a nivel nacional que está recibiendo residuos industriales con el fin de tratarlos, inertizarlos, y devolverlos nuevamente a los cauces o, sencillamente, trasladarlos a otras partes, incinerarlos o proceder con ellos de forma de evitar el camino más fácil -a que hoy se recurre-, cual es verterlos en los ductos de aguas lluvias u otros de similar naturaleza, como también en los sistemas de alcantarillado o a los cauces naturales.

Si bien el proyecto representa un primer paso, importante e imperioso, existe aún la necesidad de que el Estado incentive mecanismos que permitan realizar este tipo de inversiones. Considero que hoy no hay ningún incentivo para invertir en esas obras para enfrentar este tipo de problema. La legislación ambiental que se ha generado en el país, la ley marco del Medio Ambiente, los estudios sobre impacto ambiental, ayudan en estas materias, pero, insisto, el paso siguiente es buscar incentivos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas servidas, para el tratamiento de residuos industriales, como, asimismo es necesario castigar a quienes cometan esta clase de acciones.

En definitiva, la iniciativa es buena, está bien encauzada, no obstante constituir un primer paso insuficiente para una política nacional y, especialmente, metropolitana, en cuanto a tratamiento de líquidos que contaminan los ductos.

Por esas razones, la votaremos favorablemente.

He dicho.