Labor Parlamentaria

X. Otros documentos de la Cuenta.

1. Oficios:

Contraloría General de la República

-De los Diputados señores Prokuriça y Vilches, investigación para comprobar cumplimiento de estándares de calidad exigidos a materiales y obra en la pavimentación de la Ruta 5 Norte.

-De la Diputada señora Prochelle y Diputados señores Jürgensen, Caminondo y José García, no entrega de títulos de propiedad por parte de la Cooperativa de Viviendas y Servicios Habitacionales Villa Almagro Limitada.

-Del Diputado señor Ojeda, auditoría en la Municipalidad de La Unión por posible déficit presupuestario.

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.

-Del Diputado señor Juan Pablo Letelier, situación de estudiantes ante cierre de entidad educacional.

Ministerio de Hacienda

-Del Diputado señor Reyes, modificación al D.L. 701.

-De la Corporación, asignación por turno en Servicio de Gendarmería.

Ministerio de Defensa Nacional

-Del Diputado señor Seguel, ley N° 19.195 y administradoras de fondos de pensiones.

-Del Diputado señor Navarro, unidad de suministro combustible en Penco.

Ministerio de Agricultura

-De los Diputados señores Galilea, Ulloa y Karelovic, ayuda en forraje para pequeños agricultores localidad de Lonquimay, Novena Región.

Ministerio de Planificación y Cooperación

-Del Diputado señor Navarro, anexo con inversión pública de comunas, gasto 1990-1996.

III. ACTAS

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El acta de la sesión 19ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 20ª queda a disposición de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

ARCHIVO DE PROYECTO.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Solicito el acuerdo de la Sala para acceder a la petición del Senado de archivar el proyecto que habilita a deudores de la Corporación de Fomento de la Producción para participar directamente en la licitación de sus deudas.

Acordado.

V. ACUERDO DE LOS COMITÉS.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Los Comités parlamentarios han acordado destinar hasta una hora, dividida proporcionalmente, para debatir las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley que faculta a los sostenedores para pagar los aumentos de remuneraciones a los profesionales de la educación indicados en la iniciativa.

También acordaron destinar el resto del tiempo del Orden del Día a la discusión de la reforma constitucional que reduce el mandato presidencial, la cual se acordó despachar y votar hoy a las l3.00 horas.

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VI. FÁCIL DESPACHO

IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Oficio de S.E. el Presidente de la República.

“Honorable Cámara de Diputados:

Tengo a bien poner en conocimiento de V.E. que he resuelto retirar la urgencia que hiciera presente para el despacho del proyecto de ley que modifica el Decreto Ley Nº 3.500, de 1980, en lo relativo al costo de los Servicios que prestan las Administradoras de Fondos de Pensiones. (Boletín Nº 1656-13).

Dios guarde a V.E.,

(Fdo.): EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE , Presidente de la República ; JUAN VILLARZÚ ROHDE , Ministro Secretario General de la Presidencia .”

2. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 17 de julio de 1997

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara sobre remuneraciones de los profesionales de la educación que quedaron afectos a lo establecido en el artículo 26 transitorio del decreto con fuerza de ley Nº 1, de Educación, de 1996, con la sola enmienda de sustituirlo por el siguiente:

“Artículo único.- Facúltase a los sostenedores del sector municipal a que se refiere el artículo 19 del decreto con fuerza de ley Nº 1, del Ministerio de Educación, de 1996, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley Nº 19.070, para pagar a los profesionales de la educación, que quedaron afectos a lo establecido en el artículo 26 transitorio de dicho decreto con fuerza de ley, el aumento de remuneraciones establecido en la ley Nº 19.504, a partir de la fecha señalada por la misma en su artículo 12, esto es, el 1º de febrero de 1997, sin que éste se absorba por la planilla suplementaria correspondiente.”.

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Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1553, de 10 de julio de 1997.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

3. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 21 de julio de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha rechazado las modificaciones introducidas por esa honorable Cámara al proyecto de ley sobre modificaciones al Código de Minería en relación con la superposición de pertenencias mineras, con la sola excepción de la letra a), del Nº 3, que pasó a ser Nº 8.

Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme a lo preceptuado en el artículo 68 de la Constitución Política de la República y, por tanto, la Corporación designó a los honorables Senadores miembros de la Comisión de Minería para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1307, de 12 de noviembre de 1996.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

4. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 21 de julio de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha aprobado las modificaciones introducidas por esa honorable Cámara al proyecto de ley que modifica el régimen jurídico aplicable al sector de servicios sanitarios, con excepción de los números 2, 4, nuevo, 5 (que ha pasado a ser 6), 7 (que ha pasado a ser 8), 8 (que ha pasado a ser 9), 9 (que ha pasado a ser 10), 11, nuevo, 10 (que ha pasado a ser 12), 11 (que ha pasado a ser 13), 13 (que ha pasado a ser 15), 14 (que ha pasado a ser 16), 17, nuevo, 15 (que ha pasado a ser 18), 19, nuevo, 17, 18, 20 (que ha pasado a ser 22), 21 (que ha pasado a ser 23), 24, nuevo, 23 (que ha pasado a ser 26) y 30 del artículo primero; 1 y 2, nuevos, 2 (que ha pasado a ser 4), 4 (que ha pasado a ser 6), 6 (que ha pasado a ser 8), 7 (que ha pasado a ser 9), 9 (que ha pasado a ser 11), 13, nuevo, 11 (que ha pasado a ser 14) y 14 (que ha pasado a ser 18) del artículo segundo; 1, 3, 4, 5, 7, nuevo, 7 (que ha pasado a ser 8), 9, 10, y 11, nuevos, 8 (que ha pasado a ser 12), en lo referido a las enmiendas introducidas a los artículos 27 y 28, contenidos en este numeral, y a la introducción en este número de los artículos 31 y 32, nuevos, 9 y 13, nuevo, del artículo tercero; los artículos cuarto, quinto, sexto y octavo; los artículos noveno, décimo y undécimo, nuevos, y los artículos 1º transitorio y 4º transitorio, nuevo, que ha rechazado.

Corresponde, en consecuencia, la formación de una Comisión Mixta que deberá proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras, conforme lo preceptuado en el artículo 68 de la Constitución Política de la República y, por tanto, la Corporación designó a los honorables Senadores miembros de la Comisión de Economía, para que concurran a la formación de la aludida Comisión Mixta.

Lo que comunico a V.E., en respuesta a su oficio Nº 1485, de 10 de junio de 1997.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

5. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 21 de julio de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha dado su aprobación al proyecto de ley de esa honorable Cámara que modifica la ley Nº 6.371, de 1939, que protege el emblema de la Cruz Roja, con las siguientes enmiendas:

ARTÍCULO ÚNICO

Número 1

Lo ha sustituido por el siguiente:

“1. Reemplázase el artículo 1º, por el siguiente:

“Artículo 1º.- El emblema de la Cruz Roja sobre fondo blanco y las expresiones “Cruz Roja” o “Cruz de Ginebra”, sólo podrán emplearse, sea en tiempo de paz o en tiempo de guerra, en los términos señalados por los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y sus Protocolos Adicionales de 1977.”.”.

Número 4

Lo ha sustituido por el siguiente:

“4. Reemplázase el artículo 5º, por el siguiente:

“Artículo 5º.- En razón del homenaje rendido a la Confederación Suiza, por la adopción de los colores federales invertidos, se prohíbe, en todo tiempo, el empleo por particulares o por Sociedades, de las armas de la Confederación Suiza o de signos que constituyan una imitación, sea como marca de fábrica o de comercio o como elementos de estas marcas, o en formas de publicidad o en condiciones que puedan lesionar el sentimiento nacional suizo.”.”.

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Ha incorporado el siguiente número 6, nuevo:

“6. Elimínase en el artículo 7º la oración final “Su valor se entregará al Comité Central de la Cruz Roja Chilena.”.”.

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Números 6 y 7

Los ha suprimido.

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Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1198, de 18 de julio de 1996.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

6. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 21 de julio de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E. que el Senado, en sesión de 17 de julio en curso, acordó, previo acuerdo de esa honorable Cámara, disponer el archivo del proyecto de ley que habilita a deudores de la Corporación de Fomento de la Producción para participar directamente en la licitación de sus deudas.

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 819, de 5 de octubre de 1995.

Acompaño los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

7. Oficio del Senado.

“Valparaíso, 21 de julio de 1997.

Tengo a honra comunicar a V.E., que el Senado ha aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa honorable Cámara, el proyecto de ley que autoriza la construcción de un monumento, en la ciudad de Osorno, en memoria del arquitecto y deportista don Mario Recordón Burnier .

Lo que comunico a V.E. en respuesta a su oficio Nº 1142, de 18 de junio de 1996.

Devuelvo los antecedentes respectivos.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .”

8. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia recaído en el proyecto de ley que deroga los artículos 311 y 312 del Código de Procedimiento Civil, eliminando la réplica y la dúplica, y modifica el artículo 328. (boletín Nº 1558-07)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia viene en informar el proyecto de la referencia, originado en una moción del Diputado señor Carlos Bombal Otaegui y copatrocinada por los Diputados señores Claudio Alvarado Andrade , Alberto Cardemil Herrera , Andrés Chadwick Piñera , Sergio Elgueta Barrientos , Luis Valentín Ferrada Valenzuela , Rubén Gajardo Chacón , Víctor Pérez Varela , Jorge Ulloa Aguillón y José Antonio Viera-Gallo Quesney .

La Comisión, en atención a la sencillez y claridad de la iniciativa, acordó prescindir del trámite de las audiencias públicas a que se refiere el artículo 211 del Reglamento de la Corporación.

ANTECEDENTES

1. El Libro II del Código de Procedimiento Civil trata del juicio ordinario y en su Título VII de la contestación y demás trámites hasta el estado de prueba o de sentencia.

En el Título VII mencionado se encuentran los artículos 311 y 312 que reglan los trámites de la réplica y de la dúplica, los que en conjunto con la demanda y la contestación a la misma, constituyen lo que en doctrina se conoce como el período o etapa de discusión antes de la prueba.

El artículo 311 dispone que del escrito de contestación a la demanda, se dará traslado al demandante por el término de seis días para que éste replique y de este último escrito, traslado al demandado, por igual término, para que duplique.

Según lo señala el artículo 312, en los escritos de réplica y de dúplica, las partes pueden ampliar, adicionar o modificar las acciones y excepciones que hayan formulado en los escritos de demanda y de contestación, pero sin que puedan alterar las que sean el objeto principal del pleito.

Los términos de seis días que señalan estas disposiciones, tienen el carácter de perentorios o fatales, es decir, el derecho que tienen las partes para replicar o duplicar, según el caso, sólo puede ejercerse dentro de los plazos señalados.

2. Terminada la etapa de discusión, si hubieren en el proceso hechos controvertidos sobre materias sustanciales y pertinentes, el juez deberá recibir la causa a prueba, la que deberá producirse, por lo general, dentro del plazo que fija el artículo 328. Esta disposición, ubicada en el Título X del mismo Libro II, señala que las partes para rendir prueba dentro del territorio jurisdiccional del tribunal que conoce de la causa, tendrán un plazo de veinte días.

3. El patrocinante de la moción funda su iniciativa en la necesidad de agilizar los procedimientos y en la responsabilidad que cabe a los legisladores en cuanto garantizar su racionalidad y justeza. Estima que el tiempo que suelen ocupar los procedimientos hoy día, ideados para épocas en que no existían los avances tecnológicos del presente, hace que dichos procedimientos no siempre resulten ser racionales y justos.

Por ello propone eliminar los trámites de la réplica y de la dúplica en el procedimiento civil ordinario y en rebajar el plazo del término probatorio de 20 días a sólo 15.

Recuerda que dichos trámites sólo tienen por finalidad ampliar, adicionar o modificar las pretensiones o defensas interpuestas sin que alteren las que sean objeto principal del pleito.

Hace presente que tales trámites fueron considerados en nuestro derecho, como consecuencia de antiguas tradiciones provenientes del derecho español y que la misma jurisprudencia nacional ha fijado sus alcances, concediendo facultades limitadas a las partes en relación a las acciones y excepciones deducidas en los escritos de demanda y de contestación.

Más adelante, profundizando en la jurisprudencia que cita, señala que dichas facultades comprenden las de ampliar las acciones y excepciones, es decir, extenderlas, formular nuevas razones o argumentos para reforzarlas o comentarlas mejor; adicionarlas, o sea, añadir nuevos argumentos no expresados anteriormente destinados a respaldarlas y, finalmente, modificarlas, vale decir, limitar, determinar, restringir o reducir las cosas a los términos justos, templando los excesos. Todo lo anterior, sin alterar o cambiar la esencia o forma de dichas acciones o excepciones.

Por todo lo anterior, considerando, además, que los trámites que se propone suprimir, no pueden constituir una oportunidad procesal para plantear nuevas acciones o excepciones distintas a las ya hechas valer en la demanda y en la contestación, concluye que su supresión no tendrá efecto pernicioso alguno sino que, por el contrario, redundará en una agilización del procedimiento. A mayor abundamiento, las partes con esta reforma no se verán privadas de la oportunidad de reforzar las acciones o excepciones esgrimidas, toda vez que siempre tendrán a su disposición los escritos de “téngase presente”, los que permiten efectuar tal refuerzo sin dar lugar a la dilación del procedimiento.

Termina señalando que la reducción del término probatorio a sólo 15 días, en lugar de los 20 actuales, los que parecen excesivos, obedece al mismo propósito anterior, lográndose con todo ello una disminución de 17 días hábiles en la tramitación de acuerdo al procedimiento civil ordinario.

IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO Y SÍNTESIS DE SU CONTENIDO.

La idea central del proyecto se orienta a conseguir una agilización del procedimiento civil ordinario, por la vía de la supresión de trámites y de la reducción de plazos.

Tal idea, la que es materia propia de ley de conformidad a lo establecido en el artículo 60 Nº 3 de la Constitución Política, el proyecto la concreta por medio de dos artículos.

En efecto, por el artículo 1º deroga los artículos 311 y 312 del Código de Procedimiento Civil.

Por el artículo 2º reemplaza, en el inciso primero del artículo 328 del mismo Código, la expresión “veinte” por “quince”.

DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

a) Discusión en general.

Durante la discusión en general del proyecto, la Comisión concordó con las explicaciones dadas por el Diputado señor Gajardo acerca de la conveniencia de la iniciativa toda vez que, sin entorpecer el derecho de las partes a sostener sus pretensiones y defensa, lograría una reducción apreciable de tiempo en la ritualidad del procedimiento civil ordinario. Para la consecución de lo anterior, el proyecto suprime trámites innecesarios toda vez que la réplica y la dúplica son actuaciones que no pueden fundar nuevas acciones o excepciones, sino que únicamente argumentaciones para reforzarlas o ampliarlas, efecto que igualmente puede lograrse por la vía de los escritos de “téngase presente”. En consecuencia, aprobó la idea de legislar por unanimidad.

b) Discusión en particular.

En la discusión detallada del proyecto, la Comisión procedió a aprobar, sin mayor debate y en forma separada, por unanimidad, los dos artículos que lo componen.

Sin perjuicio de lo anterior, atendiendo a razones de técnica legislativa y de la necesaria complementación de las reformas procesales que se introducen, convino en lo siguiente:

1º Refundir en uno solo los dos artículos del proyecto, toda vez que se trata de modificaciones a un mismo cuerpo legal.

2º Acondicionar a las modificaciones que se introducen, por razones de congruencia, las distintas disposiciones del Código de Procedimiento Civil que hagan mención a los trámites que se suprimen.

CONSTANCIA.

Para los efectos de lo establecido en los números 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1º Que ninguna de las disposiciones del proyecto tiene rango de ley orgánica constitucional o de quórum calificado;

2º Que ninguna de sus normas es de la competencia de la Comisión de Hacienda;

3º Que el proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, y

4º Que no hubo artículos o indicaciones rechazados por la Comisión.

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Por las razones expuestas y las que oportunamente dará a conocer el señor Diputado informante, esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de conformidad al siguiente texto:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código de Procedimiento Civil:

a) Deróganse los artículos 311 y 312;

b) Suprímese en el inciso primero del artículo 313 la frase “una vez evacuado el traslado de la réplica”, reemplazando la coma (,) que la precede por un punto final (.);

c) Suprímese el inciso segundo del artículo 316;

d) Reemplázase en el inciso primero del artículo 328 la expresión “veinte” por “quince”;

e) Suprímese en el artículo 521 la frase “pero sin escrito de réplica y dúplica.”, reemplazando la coma (,) que la precede por un punto seguido (.);

f) Suprímese el párrafo primero del Nº 1º del artículo 698, y

g) Derógase el artículo 749.

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Sala de la Comisión, a 15 de julio de 1997.

Se designó Diputado Informante al señor Rubén Gajardo Chacón .

Aprobado en sesión de igual fecha con la asistencia de los señores Diputados Aldo Cornejo González ( Presidente ), Juan Antonio Coloma Correa , Sergio Elgueta Barrientos , Rubén Gajardo Chacón , Aníbal Pérez Lobos , Zarko Luksic Sandoval , José Antonio Viera-Gallo Quesney y Martita Wörner Tapia .

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Secretario .?

9. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”. (boletín Nº 1225-10)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado internacional denominado “Acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), es una organización internacional de cooperación intergubernamental en los campos de la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura en el contexto del desarrollo integral, según lo expresado en el artículo 1 de sus estatutos.

Chile participa en ella desde el año 1969, junto con otros 22 países de América, África y Europa: Argentina, Bolivia , Brasil , Colombia, Costa Rica , Cuba, República Dominicana, Ecuador , El Salvador , España , Guatemala, Guinea Ecuatorial , Honduras , México , Nicaragua, Panamá , Paraguay , Perú, Portugal , Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Sus actuales estatutos fueron aprobados por la honorable Cámara durante el Período Legislativo 1990-1994, y han sido promulgados por el decreto supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 1.520, de 1993, publicado en el Diario Oficial del 1º de marzo de 1994.

Conforme a los artículos 15, 16 y 17 de dichos estatutos, la sede central de la OEI ha sido establecida en Madrid, España, sin perjuicio de que sus distintos órganos puedan ser instalados en cualquiera de los países iberoamericanos que les garanticen la libertad de acción para el cumplimiento de sus fines, la salvaguardia de su condición de organización internacional y el apoyo oficial o privado necesario para su sostenimiento.

En el caso que así lo decidiere, la OEI debe celebrar con el Gobierno del respectivo país un acuerdo especial que fije las condiciones en que podrá instalarse y funcionar el órgano correspondiente.

En ese contexto, el objetivo fundamental del Acuerdo de sede sometido a vuestra consideración formaliza la presencia de una Oficina Técnica de Programas de la OEI en Chile, encargada, como lo señala el mensaje, de la representación ante nuestro Gobierno y del enlace con otras entidades de cooperación internacional y regional con sede en nuestro país, siendo, además, la responsable de la promoción, coordinación y ejecución de algunos proyectos de la OEI para América Latina.

Al informaros sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio de los actuales estatutos de la OEI, se os señaló que la participación de Chile en esta Organización se acentúa a partir de 1990, con la intervención de especialistas del Ministerio de Educación en la elaboración del proyecto “Desarrollo de Estudios Prospectivos para el Diseño de Políticas y Estrategias de Educación, Ciencia y Cultura”; con su participación en la Reunión Subregional sobre “Descentralización Educativa”, y en las consultas sobre el proyecto “Educación y Democracia”.

Para este año, se proyecta realizar, con la colaboración de la OEI y la Sociedad de Matemáticas, las X Olimpiadas Iberoamericanas en Matemáticas, uno de cuyos objetivos es revisar y actualizar los contenidos y metodologías de la enseñanza de las matemáticas en Iberoamérica en el nivel medio.

A partir de 1996, se proyecta que nuestro país apoye los programas “La Enseñanza en Valores para un Mundo en Transformación” e “Interculturismo, Desarrollo y Educación”, con lo que se espera fortalecer las políticas educativas nacionales en ambos aspectos.

Por último, cabe informaros que la instalación de una Oficina de la OEI en Santiago demandará un aporte anual de US$ 25.000, además de las prerrogativas, privilegios e inmunidades que se han convenido en el tratado sometido a vuestra consideración y que se os reseña a continuación.

II. RESEÑA DEL ACUERDO DE SEDE EN TRÁMITE.

Este instrumento, del cual se adjunta una copia al final del informe, consta de treinta y siete artículos, en los cuales se regula, principalmente, el régimen jurídico de la sede de la OEI en Chile y el tratamiento que el Gobierno otorgará a su personal.

A.- El régimen jurídico de la sede de la OEI en Chile.

En este plano, el Gobierno de Chile acepta la instalación en Santiago de una Oficina Técnica de Programas de la OEI y le reconoce personalidad jurídica o capacidad legal para cumplir sus fines y, en consecuencia, facultad para contratar, adquirir bienes muebles e inmuebles, poseer recursos financieros, disponer libremente de ellos, y entablar juicios cuando convenga a los intereses de la Organización (artículos 2 y 3).

La sede de esta Oficina Técnica estará bajo la autoridad y responsabilidad de la OEI y le serán aplicable los reglamentos sanitarios y otras disposiciones legales nacionales pertinentes (artículo 4).

Además, esta sede y los archivos de la Oficina serán inviolables, de manera que las autoridades nacionales competentes no podrán ingresar a ella, en el ejercicio de sus funciones, sin el consentimiento del Director, a menos que se trate de un incendio u otro siniestro que ponga en peligro la seguridad pública, casos en los cuales se presumirá dicho consentimiento (artículo 6).

Para evitar el uso abusivo de tal inviolabilidad, la OEI se compromete a no permitir que su sede sea utilizada como refugio de quienes intenten eludir la acción de la justicia o de quienes sean requeridos por el Gobierno o reclamados para su extradición y entrega a otro Estado, y, además, se obliga a usarla en forma compatible con sus fines y funciones (artículos 7 y 8).

Por otra parte, la sede de la Oficina Técnica y sus bienes gozarán de inmunidad de jurisdicción y de ejecución en el territorio nacional, excepto cuando la OEI renuncie expresamente a ella. Tampoco gozará de inmunidad en los casos de infracciones de tránsito o de acciones civiles por daños a terceros, lesiones o muerte causados por un vehículo, nave o aeronave perteneciente o utilizado en nombre de la OEI y en caso de actividades comerciales de ésta (artículo 9).

Como una derivación de dichas inmunidades, los bienes de la Oficina Técnica de la OEI estarán exentos de registro, requisa, confiscación y embargo. Podrán, sin embargo, ser expropiados por causa de utilidad pública o interés nacional calificada por ley, lo que armoniza con las normas constitucionales aplicables en el país (artículo 10 del Acuerdo, en relación con inciso tercero del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política).

Los bienes de la Oficina Técnica también estarán exentos de toda forma de restricción o injerencia administrativa, judicial o legislativa, salvo que sea temporalmente necesaria para la prevención o investigación de accidentes con vehículos motorizados u otros medios de transporte de la OEI o utilizado en su nombre (letra c) del artículo 10).

En el ámbito de la legislación tributaria y aduanera, la Oficina gozará de las liberaciones siguientes:

1) De exención de impuestos y gravámenes, excepto los que constituyan una remuneración por servicios públicos o los que deba satisfacer la persona que contrate con el organismo o su representante en beneficio de los locales y dependencias de que sea propietaria o arrendataria la Oficina (artículo 11), y

2) De exención de toda clase de derechos de Aduana, impuestos y gravámenes respecto de la importación y exportación de artículos, publicaciones y bienes destinados al uso oficial de la OEI, los que no podrán ser comercializados sin la autorización del Gobierno (artículo 12).

Finalmente, para facilitar las comunicaciones de la OEI se le reconoce el derecho a hacer uso de claves y despachar su correspondencia ya sea por correo o en valijas selladas que gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que se conceden a otras organizaciones internacionales y de un trato no menos favorable que el otorgado por el Gobierno de Chile a cualquier otro organismo internacional (artículos 28 y 29).

B.- El tratamiento convenido en favor del personal de la Oficina de la OEI en Santiago.

Las principales disposiciones referidas a este personal son las siguientes:

El Director y el personal extranjero o no residente permanente en el país, cuando deba permanecer en el territorio nacional por un período no inferior a un año, tendrá derecho a importar libre de derechos de aduana, impuestos y gravámenes, sus bienes y efectos personales, los que no podrán ser comercializados en el país sin autorización del Gobierno, y exportarlos, en las mismas condiciones, al término de sus funciones en la Oficina (artículo 13).

En cambio, los chilenos o quienes residan permanentemente en el país, contratados para desempeñarse en la OEI, tendrán derecho a exportar sus bienes y efectos personales al momento de viajar para asumir sus funciones y a importarlos cuando retornen por jubilación, retiro o finalización de su misión, en ambas situaciones en las condiciones que permitan la legislación y reglamentación nacional (artículo 14).

Todo este personal, sin distinción de nacionalidad, gozará de franquicias para la importación de artículos de consumo, en la forma que los permitan las normas vigentes en el país, y de modo similar al de otros organismos internacionales acreditados en la República (artículo 16).

Ahora bien, tanto la OEI como su Director y personal gozarán de las facilidades y exenciones monetarias y cambiarias que Chile reconozca a otros organismos internacionales (artículos 17 y 18).

Tratándose de la legislación laboral y de seguridad social, se establece que ella será aplicable al personal local (chilenos y extranjeros residentes permanentes en Chile), correspondiéndole a la OEI efectuar los aportes previsionales de dicho personal (artículo 19).

Conforme a una interpretación armónica de esta norma con las disposiciones del decreto ley Nº 3.500, de 1980, procede sostener que la obligación de la OEI consistirá en enterar en las Administradoras de Fondos de Pensiones las cotizaciones previsionales que deduzca de las remuneraciones de su personal, según lo disponen los artículos 17 y 19 del citado cuerpo legal.

Ésta es una materia que incide en el ejercicio del derecho a la seguridad social de los trabajadores de la OEI, de manera que conforme al inciso segundo del Nº 18 del artículo 19 de la Constitución Política deberá ser decidida con quórum calificado.

Por otra parte, el Director, los miembros del personal y expertos de la OEI, cualquiera que fuere su nacionalidad, gozarán de inmunidad de jurisdicción aún después de haber concluido su misión respecto de actos, incluidos sus palabras y escritos, ejecutados en el ejercicio de sus funciones oficiales y dentro de los límites de sus obligaciones, excepto en los casos relativos a infracciones o accidentes de tránsito, a las acciones reales sobre inmuebles particulares, a las acciones sucesorias y a los derivados de su ejercicio de actividades profesionales o comerciales (artículo 21).

También se reconoce a este personal la inviolabilidad de documentos y escritos oficiales relacionados con el desempeño de sus funciones y se le exime del impuesto a la renta sobre sueldos y emolumentos percibidos por la Organización (letras a) y b) del artículo 21).

La exención de impuesto a la renta no distingue entre funcionarios extranjeros y de nacionalidad chilena, lo que llevó a esta Comisión a formular al Ministerio de Relaciones Exteriores reparos sobre su constitucionalidad, ya que se estimó que atentaría en contra de los principios que rigen en materia tributaria, tales como el de la igual repartición de los tributos y el de la igualdad ante la ley, el que chilenos, trabajadores de la OEI, puedan ser liberados de dicho impuesto como consecuencia de la aplicación de la referida norma internacional.

La situación planteada dio lugar a un intercambio de notas entre el Gobierno de Chile y la OEI, que han enmendado la letra b) del artículo 21 del Acuerdo de Sede, agregando una norma que permitirá que dicha exención de impuesto a la renta no se aplicará a quienes posean la nacionalidad chilena o sean extranjeros residentes en Chile.

Posteriormente, S.E. el Presidente de la República procedió a formular una indicación sustitutiva del artículo único del proyecto, la que permite, en lo sustancial, aprobar el Acuerdo de Sede con el Acuerdo Complementario a que dio lugar el intercambio de notas ya comentado, quedando, en definitiva, salvada la observación de constitucionalidad.

Ahora bien, sólo respecto del personal extranjero de la OEI se establecen exenciones de las disposiciones restrictivas de inmigración y tránsito de extranjeros y de toda prestación personal y de las obligaciones del servicio militar o servicio público de cualquier naturaleza, además de facilidades para su repatriación en caso de crisis internacional (letras c), d) y e) del artículo 21).

En seguida se contemplan diversas disposiciones que tienen por objeto asegurar la cooperación de la OEI con la administración de justicia.

En primer término, la que permite que su personal pueda ser llamado a comparecer como testigo en procedimientos judiciales o administrativos, con la condición de no ser obligado a declarar sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones ni a exhibir correspondencia o documentos oficiales referentes a ellas (artículo 22).

En segundo término, las que obligan formalmente a la OEI a cooperar con la administración de justicia y a velar por el cumplimiento de las leyes, y la que declara que ninguna disposición del Acuerdo de sede deberá ser interpretada como impedimento para la adopción de medidas apropiadas de seguridad para los intereses del Gobierno (artículos 23 y 24).

Lo importante en esta materia es que los privilegios e inmunidades que se otorgan a la Oficina Técnica de la OEI en Santiago, no se otorgan para beneficio personal de sus funcionarios, sino que para salvaguardar el ejercicio independiente de sus tareas. Por ello, la OEI tendrá el derecho y la obligación de renunciar a las inmunidades cuando ellas puedan impedir el curso de la justicia (artículo 25).

Más aún, frente a casos de abusos en el goce de los privilegios e inmunidades, el Gobierno realizará consultas con la OEI, las que, en situaciones de gravedad, podrían dar lugar a un requerimiento para que el causante abandone el territorio nacional (artículo 26).

Por último, se contemplan normas orientadas al ordenamiento administrativo de la Oficina de la OEI en Santiago, como la que dispone que el número de su personal no deberá exceder los límites de lo que sea razonable y normal, habida cuenta de las funciones de la Oficina (artículo 27); la que obliga a la OEI a notificar por escrito al Gobierno el nombramiento, llegada y salida de su personal (artículo 30); la que permite a la OEI otorgar a su personal un documento que acredite su calidad y la naturaleza de sus funciones, y la que la obliga a informar al Gobierno sobre la ubicación de los locales o dependencias ocupados por ella y cualquier cambio que realice con relación a éstos (artículo 33).

Las cláusulas finales que se contemplan entre los artículos 34 y 37 son las propias de todo tratado, en las que, en lo esencial, se dispone que este instrumento tendrá una duración ilimitada a partir de la fecha en que el Gobierno comunique a la OEI que lo ha aprobado conforme a los procedimientos constitucionales correspondientes.

III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.

A) Aprobación del tratado y del proyecto de acuerdo.

Vuestra Comisión, al concluir el estudio de este Acuerdo de sede, decidió aprobarlo por unanimidad y proponer a la honorable Cámara que adopte el proyecto de acuerdo en los términos en que lo formula la indicación sustitutiva presentada por S.E. el Presidente de la República , con modificaciones formales menores que se salvan en el texto siguiente:

“Artículo único.- Apruébanse el “Acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, suscrito en Santiago, el 26 de septiembre de 1991, y su acuerdo complementario, adoptado entre las Partes Contratantes por cambio de notas de fechas 20 de septiembre y 13 de octubre, de 1994.”.

B) Designación de Diputado Informante .

Esta designación recayó en el honorable Diputado don Carlos Dupré Silva . Diputado Informante alterno fue designado el honorable Diputado don Renán Fuentealba Vildósola .

C) Menciones reglamentarias.

Para los efectos de lo dispuesto en los Nºs. 2 y 4 del artículo 286 del Reglamento de la honorable Corporación, se consigna:

1. Que el artículo 21 del Acuerdo de sede incide en materias legales de quórum calificado, conforme lo dispuesto por el inciso segundo del Nº 18 del artículo 19 de la Constitución Política. En consecuencia, y atendida la indivisibilidad de la votación que se impone al momento de decidir sobre la aprobación o rechazo de un tratado, el proyecto de acuerdo deberá ser adoptado con dicho quórum, y

2. Que los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 del Acuerdo de sede deben ser conocidos por la honorable Comisión de Hacienda.

-o-

Acordado en sesiones de los días 5 y 19 de julio; 2, 9 y 16 de agosto, de 1994; 3 de enero y 2 de mayo, de 1995, con asistencia de los señores Diputados Pizarro Soto, don Jorge , y Dupré Silva, don Carlos ( Presidente de la Comisión en los años señalados, respectivamente); Balbontín Arteaga, don Ignacio ; Caminondo Sáez, don Carlos ; Coloma Correa, don Juan Antonio ; Fuentealba Vildósola, don Renán ; Jocelyn-Holt Letelier, don Tomás ; Letelier Morel, don Juan Pablo ; Longton Guerrero, don Arturo ; Matthei Fornet, doña Evelyn ; Moreira Barros, don Iván ; Munizaga Rodríguez, don Eugenio ; Soria Machiavello, don Jorge , y Valcarce Medina, don Carlos .

Sala de la Comisión, a 2 de mayo de 1995.

(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión.

ACUERDO DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE

LA REPÚBLICA DE CHILE Y

LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS

PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA

El Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

Considerando que la República de Chile es miembro de la Oficina de Educación Iberoamericana, hoy Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, cuyos Estatutos ratificó mediante instrumento suscrito por el Presidente de la República el 10 de octubre de 1969 depositado en la Secretaría General de la Organización el 19 de noviembre de 1969.

Que de acuerdo con los Estatutos, Cap. VII, artículos 16 y 17, la Secretaría General puede tener sedes regionales, nacionales o representantes fuera del Estado Sede, concertando para ello con los Gobiernos respectivos los oportunos Acuerdos o Convenios de Sede que garanticen el normal desarrollo de las actividades de la Organización, y

Que la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura desea instalar en la ciudad de Santiago de Chile una Oficina Técnica de Programas encargada de la representación ante el Gobierno, del enlace con organismos de cooperación internacional y regional con sede en ese país y responsable de la promoción, coordinación y ejecución de algunos proyectos de la Organización en América Latina.

Han convenido lo siguiente:

ARTÍCULO 1

A los efectos del presente Acuerdo se entiende por:

a) “Gobierno”, al Gobierno de la República de Chile;

b) “Organización”, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura;

c) “Oficina Técnica”, a la Oficina Técnica de Programas de la Organización;

d) “autoridades competentes”, a las autoridades de la República de Chile de conformidad a sus leyes;

e) “sede”, a los locales y dependencias, cualquiera sea su propietario, ocupados por la Organización;

f) “bienes”, a los inmuebles, vehículos, derechos, fondos en cualquier moneda, haberes, ingresos, otros activos y todo aquello que pueda constituir el patrimonio de la Organización;

g) “archivos” a la correspondencia, manuscritos, fotografías, diapositivas, películas cinematográficas, grabaciones sonoras; disketes, así como todos los documentos de cualquier naturaleza que sean de propiedad o estén en poder de la Organización;

h) “director”, al Jefe de la Oficina Técnica de Programas en la ciudad de Santiago, designado por el Secretario General de la Organización;

i) “miembros del personal”, a los funcionarios de la Organización;

j) “expertos”, a las personas contratadas por la Organización sometidas a la autoridad del Director ante el cual son responsables, que están sujetos al Reglamento y Estatutos de la Organización como los funcionarios de la misma;

k) “miembros de la familia”, a todo familiar que dependa económicamente y esté a cargo de las personas mencionadas en los incisos h), i) y j);

l) “personal local”, a las personas contratadas localmente por la Oficina Técnica para tareas administrativas o de servicios.

ARTÍCULO 2

El Gobierno acepta la instalación en la ciudad de Santiago de una Oficina Técnica de Programas.

ARTÍCULO 3

El Gobierno reconoce la personalidad jurídica de la Organización, en virtud de la cual la Oficina Técnica gozará en el territorio de la República de Chile de capacidad legal para cumplir sus fines y, en consecuencia, está facultada para:

a) contratar;

b) adquirir bienes muebles e inmuebles y poseer recursos financieros disponiendo libremente de ellos;

c) entablar procedimientos judiciales o administrativos cuando así convenga a sus intereses.

ARTÍCULO 4

La sede de la Oficina Técnica estará bajo la autoridad y responsabilidad de la Organización. Sin embargo, le serán aplicables los reglamentos sanitarios y otras disposiciones legales nacionales pertinentes.

ARTÍCULO 5

El Gobierno no será responsable por actos u omisiones de la Oficina Técnica, o de cualquiera de los miembros del personal y los expertos.

ARTÍCULO 6

La sede de la Oficina Técnica y sus archivos serán inviolables. Las autoridades competentes podrán entrar en la sede de la Oficina Técnica en el ejercicio de sus funciones con el consentimiento del Director, pero se presumirá que aquel ha dado su consentimiento en caso de incendio u otro siniestro que ponga en peligro la seguridad pública.

ARTÍCULO 7

La Organización no permitirá que la sede de la Oficina Técnica sea utilizada como refugio de personas que intenten eludir su detención o el cumplimiento de diligencias judiciales en conformidad a la legislación nacional, como asimismo, de personas requeridas por el Gobierno o reclamadas para su extradición y entrega a otro Estado.

ARTÍCULO 8

La sede de la Oficina Técnica no deberá ser utilizada de manera incompatible con los fines y funciones de la Organización.

ARTÍCULO 9

La sede de la Oficina Técnica y sus bienes gozarán de inmunidad de jurisdicción y de ejecución en el territorio de la República de Chile, excepto:

a) Que la Organización renuncie expresamente en un caso particular a la inmunidad de jurisdicción o a la inmunidad de ejecución;

b) En el caso de una acción civil interpuesta por terceros por daños, lesiones o muerte originados en un accidente causado por un vehículo, nave o aeronave perteneciente o utilizado en nombre de la Organización;

c) En el caso de una infracción de tránsito en que esté involucrado un vehículo perteneciente a la Organización o usado por cuenta de ella;

d) En el caso de una contrademanda relacionada directamente con acciones incoadas por la Organización;

e) En el caso de actividades comerciales de la Organización.

ARTÍCULO 10

Los bienes de la Oficina Técnica, cualquiera que sea el lugar donde se encuentren y quienquiera los tenga en su poder, estarán exentos de:

a) Toda forma de registro, requisa, confiscación y embargo.

b) Expropiación, salvo por causa de utilidad pública o interés nacional calificada por la ley.

c) Toda forma de restricción o injerencia administrativa, judicial o legislativa, salvo que sea temporalmente necesaria para la prevención o investigación de accidentes con vehículos motorizados u otros medios de transporte pertenecientes a la Organización o utilizados en su nombre.

ARTÍCULO 11

Los locales y las dependencias de los que sea propietaria o arrendataria la Oficina Técnica o sus representantes estarán exentos de impuestos y gravámenes nacionales, provinciales y municipales, excepto los que constituyan una remuneración por servicios públicos.

La referida exención fiscal no se aplicará a los impuestos y gravámenes que según la legislación chilena deba satisfacer la persona que contrate con el organismo o su representante.

ARTÍCULO 12

La Oficina Técnica estará exenta de toda clase de derechos de Aduana, impuestos y gravámenes respecto de la importación y exportación de artículos, publicaciones y bienes destinados al uso oficial de la Organización, los que no serán comercializados en la República de Chile sin la autorización del Gobierno.

ARTÍCULO 13

El Director y los funcionarios de la Oficina Técnica que no sean ciudadanos chilenos o que no tengan residencia permanente en la República de Chile, cuando deban permanecer en el país en razón de sus funciones por un período no menos de un (1) año y que hayan sido acreditados ante el Gobierno en la forma prescrita en el artículo 31, podrán importar dentro de los seis (6) meses de su llegada libre de derechos de aduana, impuestos y gravámenes, sus bienes y efectos personales, que no podrán ser comercializados en el país sin autorización del Gobierno. Este mismo derecho lo tendrán para exportar sus bienes y efectos personales a la terminación del ejercicio de sus cargos en la Oficina Técnica y abandonar el país.

ARTÍCULO 14

Los ciudadanos chilenos o las personas que tengan residencia permanente en la República de Chile, cuando sean designados o contratados por la Organización como miembros de su personal o expertos para desempeñar funciones en el exterior, podrán exportar sus bienes y efectos personales rigiéndose por las leyes y reglamentos que el Gobierno tiene para este fin.

Asimismo, los ciudadanos chilenos o las personas que hayan tenido residencia permanente en la República de Chile y que retornen al país por jubilación, retiro o finalización de una misión desempeñada en el exterior por cuenta de la Organización, podrán importar sus bienes y efectos personales, rigiéndose por las leyes y reglamentos que el Gobierno tiene para este fin.

ARTÍCULO 15

Las personas que sin ser funcionarios de la Organización, están cumpliendo misiones encomendadas por ella o son invitadas por la Organización a la sede de la Oficina Técnica para asuntos oficiales, gozarán de las prerrogativas e inmunidades especificadas en el artículo 21 con excepción en el caso de las personas de nacionalidad chilena, de lo establecido en las letras b) y e).

ARTÍCULO 16

El Director, los miembros del personal y expertos gozarán de franquicias para la importación de artículos de consumo según las normas vigentes en la República de Chile. Las franquicias se otorgarán de acuerdo con las disposiciones establecidas, y de modo similar a otros organismos internacionales acreditados en la República de Chile.

ARTÍCULO 17

La Organización no estará sujeta a restricciones monetarias o cambiarias y tendrá derecho a:

a) Tener fondos, oro o divisa corriente de cualquier clase y llevar sus cuentas en cualquier divisa;

b) Transferir sus fondos, oro o divisa corriente dentro del país o al exterior.

ARTÍCULO 18

El Director, los miembros del personal y expertos, cuando sean funcionarios de nacionalidad extranjera, gozarán de las mismas facilidades y exenciones en materia monetaria y cambiaria que se otorgan a los funcionarios de rango similar de otros Organismos Internacionales acreditados en la República de Chile.

La Organización en ejercicio de los derechos que le son acordados en el presente artículo, dará debida consideración a toda observación que le fuera hecha por el Gobierno y procurará en lo posible atenderla salvaguardando sus propios intereses.

ARTÍCULO 19

El personal local estará sujeto a la legislación laboral y de seguridad social de la República de Chile. La Organización deberá efectuar los aportes previsionales correspondientes para el personal local.

ARTÍCULO 20

El Director, los miembros del personal y expertos gozarán de inmunidad de jurisdicción aún después de haber concluido su misión respecto de actos, incluidos sus palabras y escritos ejecutados por ellos en el ejercicio de sus funciones oficiales y dentro de los límites de sus obligaciones salvo:

a) Respecto de una acción civil iniciada por terceros por daños originados en un accidente causado por un vehículo, nave o aeronave de su propiedad o conducido por ellos, o en relación con una infracción de tránsito que involucre a dicho vehículo y sea cometida por ellos;

b) Respecto de una acción real sobre bienes inmuebles particulares radicados en la República de Chile, a menos que sean poseídos por cuenta de la Organización y para cumplir los fines de ésta;

c) Respecto de una acción sucesoria en la que el Director, miembros del personal o expertos figure a título privado y no en nombre de la Organización, como ejecutor testamentario administrador, heredero o legatario;

d) Respecto de una acción referente a cualquier actividad profesional o comercial antes o durante el desempeño de sus funciones oficiales.

El Director, los miembros del personal y expertos no podrán ser objeto de ninguna medida de ejecución, salvo en los casos previstos en los incisos a), b), c) y d).

ARTÍCULO 21

El Director, los miembros del personal y expertos, gozarán de los siguientes privilegios, exenciones y facilidades:

a) Inviolabilidad de documentos y escritos oficiales relacionados con el desempeño de sus funciones;

b) Exención de impuesto a la renta sobre sueldos y emolumentos percibidos de la Organización;

Además, cuando el personal mencionado no sea de nacionalidad chilena gozará de los siguientes privilegios, exenciones y facilidades:

c) Exención de las disposiciones restrictivas de inmigración y trámite de registro de extranjeros;

d) Facilidades para la repatriación que en caso de crisis internacional se concede a miembros del personal de organismos internacionales;

e) Exención de toda prestación personal y de las obligaciones del servicio militar o servicio público de cualquier naturaleza.

ARTÍCULO 22

El Director, los miembros del personal y los expertos podrán ser llamados a comparecer como testigos en procedimientos judiciales o administrativos, debiendo la autoridad competente que requiera el testimonio evitar que perturbe el normal ejercicio de sus funciones. La autoridad competente aceptará, si fuera posible que la declaración sea hecha por escrito.

Se entiende que el Director, los miembros del personal y expertos no estarán obligados a declarar sobre hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones, ni a exhibir correspondencia o documentos oficiales referentes a aquellas.

ARTÍCULO 23

La Organización tomará las medidas adecuadas para la solución de:

a) las disputas originadas por contratos u otras cuestiones de derecho privado en las que ella sea parte;

b) las disputas en la que sea parte el Director, un miembro del personal o un experto que, en razón de su cargo oficial, disfruten de inmunidad siempre y cuando la misma no haya sido renunciada.

La Organización deberá cooperar para que, ante la falta de solución de una disputa en la que aquella, el Director, un miembro del personal o un experto sea una parte, quede expedita la posibilidad de recurrir a un tribunal.

ARTÍCULO 24

La Organización cooperará con las autoridades competentes para facilitar la administración de la justicia y velar por el cumplimiento de las leyes.

Ninguna disposición del presente Acuerdo deberá ser interpretada como impedimento para la adopción de medidas apropiadas de seguridad para los intereses del Gobierno.

ARTÍCULO 25

Los privilegios e inmunidades reconocidos en el presente Acuerdo no se otorgan al Director, a los miembros del personal y a los expertos para su beneficio personal sino para salvaguardar el ejercicio independiente de sus funciones. Por lo tanto, la Organización tiene el derecho y el deber de renunciar a la inmunidad concedida a aquellos en cualquier caso en que, según su opinión, la inmunidad impediría el curso de la justicia. Si la Organización no renuncia a la inmunidad deberá hacer todo lo posible para llegar a una solución justa en relación al caso.

ARTÍCULO 26

Si el Gobierno considera que ha habido abuso de un privilegio o inmunidad concedido en virtud del presente Acuerdo, realizará consultas con la Organización a fin de determinar si dicho abuso ha ocurrido y, en ese caso evitar su repetición. No obstante, si la situación creada fuera de gravedad, el Gobierno podrá requerir a la persona que abandone el territorio. Se entiende que en este caso se aplicarán los procedimientos usuales para la salida de funcionarios de organizaciones internacionales de rango similar.

ARTÍCULO 27

El número de miembros del personal y de expertos no excederá los límites de lo que sea razonable y normal, habida cuenta de las funciones de la Oficina Técnica en la República de Chile.

ARTÍCULO 28

La Oficina Técnica tendrá derecho a hacer uso de claves y despachar su correspondencia ya sea por correos o en valijas selladas que gozarán de las mismas inmunidades y privilegios que le conceden a los correos y valijas de otros organismos internacionales.

ARTÍCULO 29

La Oficina Técnica gozará para sus comunicaciones oficiales en el territorio de la República de Chile de un trato no menos favorable que el otorgado por el Gobierno de Chile a cualquier otro organismo internacional, en lo que respecta a prioridades, tarifas e impuestos aplicables a la correspondencia, cablegramas, telegramas, comunicaciones telefónicas y otras comunicaciones, como así también a las tarifas de prensa para las informaciones destinadas a la prensa, radio o televisión.

ARTÍCULO 30

La Organización notificará por escrito al Gobierno lo antes posible:

a) el nombramiento del Director, los miembros del personal y expertos, así como la contratación del personal local, indicando cuando se trate de ciudadanos chilenos o de residentes permanentes en la República de Chile. Asimismo informará cuando alguna de las personas citadas termine de prestar funciones en la Organización;

b) la llegada y salida definitiva del Director, los miembros del personal y expertos, como la de los miembros de la familia de aquellos.

ARTÍCULO 31

El Gobierno expedirá al Director, a los miembros del personal, y a los expertos una vez recibida la notificación de su designación, un documento acreditando su calidad y especificando la naturaleza de sus funciones.

ARTÍCULO 32

Las solicitudes de visados para funcionarios que vienen a prestar servicios en el país presentados por los titulares de un documento oficial de viaje y solicitados por la Organización serán atendidos en la forma más rápida posible.

El Director, los miembros del personal y los expertos gozarán de las mismas facilidades de viaje que el personal de rango similar de otros organismos internacionales.

ARTÍCULO 33

La Organización informará al Gobierno la ubicación de los locales o dependencias ocupados por ella y cualquier cambio que realice con relación a éstos.

ARTÍCULO 34

El presente Acuerdo entrará en vigor en la fecha en que el Gobierno comunique a la Organización haberlo aprobado conforme a sus procedimientos constitucionales.

ARTÍCULO 35

El presente Acuerdo tendrá una duración ilimitada. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes, mediante comunicación escrita a la otra. La denuncia surtirá efecto a los SEIS (6) meses contados a partir de la fecha de recibo de la notificación a la otra Parte.

ARTÍCULO 36

Las Partes por mutuo consentimiento, podrán introducir modificaciones al presente Acuerdo, las que entrarán en vigor en la fecha y forma en que las Partes lo establezcan.

ARTÍCULO 37

Para el cumplimiento de los fines del presente Acuerdo, el Gobierno y la Organización concertarán protocolos adicionales referidos al mantenimiento de la sede y al personal local, con la finalidad de asegurar el objetivo fundamental de la Oficina Técnica que es hacer posible el ejercicio eficiente de sus funciones y el logro pleno de sus propósitos.

Hecho en la ciudad de Santiago, a los 26 días del mes de septiembre del año mil novecientos noventa y uno, en dos ejemplares originales, ambos igualmente auténticos.

(Fdo.): Por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, José Torreblanca Prieto , Secretario General ; Por el Gobierno de la República de Chile, Edmundo Vargas Carreño , Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante .

Conforme con su original.

(Fdo.): JOSÉ MIGUEL INSULZA SALINAS , Subsecretario de Relaciones Exteriores .”

10. Informe de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (boletín Nº 1225-10)

“Honorable Cámara:

La Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación viene en informar el proyecto de acuerdo de la referencia, originado en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República .

El referido proyecto de acuerdo fue ya analizado, en su carácter de técnica, por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, pronunciándose favorablemente respecto a su aprobación.

ANTECEDENTES

1. La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es un organismo internacional de carácter gubernamental, que tiene por objeto la cooperación internacional en la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, en un contexto de desarrollo integral.

Chile es parte de esta Organización desde el año 1969, cuando ratificó el acta de protocolización de los primeros estatutos, y junto a él forman parte del tratado, otros 22 países de América, África y Europa.

Los actuales estatutos de la Organización fueron aprobados por el Congreso en el anterior período legislativo y promulgados mediante el decreto Nº 1520, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de 1993, publicado en el Diario Oficial de 1 de marzo de 1994.

Según lo disponen dichos estatutos, y en lo que interesa más directamente a este informe, la sede central de la Organización se encuentra en Madrid, sin perjuicio de que sus distintos órganos puedan instalarse en el territorio de los estados iberoamericanos miembros, que le garanticen la suficiente libertad de acción para el cumplimiento de sus fines, salvaguarden su condición de organización internacional y le aseguren el apoyo oficial o privado para su sostenimiento.

El emplazamiento de los órganos de la Organización en el territorio de alguno de los miembros iberoamericanos, debe estar precedido de un acuerdo especial entre el ente internacional y el Estado de que se trate, en el que se establecerán las condiciones de la instalación y del funcionamiento del organismo.

2. El Mensaje, junto con efectuar una reseña del origen de la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, expresa que el objetivo fundamental del Acuerdo que se somete a la consideración del Congreso, es formalizar la presencia en el país de una Oficina Técnica de Programas de la Organización, la que se encargará de la representación ante nuestro Gobierno; del enlace con otras entidades de cooperación internacional y regional que tengan sede en el país, y se responsabilizará de la promoción, coordinación y ejecución de algunos proyectos de la Organización en América Latina.

Más adelante efectúa un comentario del contenido del articulado del Convenio, señalando que, en lo pertinente, el Gobierno acepta la instalación en Santiago de una Oficina Técnica de Programas y reconoce la personalidad jurídica de la Organización, en virtud del cual ésta gozará de la capacidad necesaria en el territorio para poder cumplir con sus fines.

Asimismo, para facilitar la labor de la Oficina, el Gobierno le reconoce la independencia y la libertad de acción que corresponde a los organismos internacionales, de conformidad con la costumbre y las normas que les son aplicables. Con el mismo propósito se establecen en su beneficio los privilegios, exenciones e inmunidades característicos de este tipo de organismos, los que se extienden también a sus funcionarios, en exclusiva salvaguardia de la independencia de sus funciones.

Por su parte, la Organización no podrá permitir que la sede de la Oficina Técnica pueda ser utilizada como refugio de personas que intenten eludir su detención o el cumplimiento de diligencias judiciales en conformidad a la legislación nacional, y, además, deberá cooperar con las autoridades nacionales competentes, para facilitar la administración de justicia y el correcto cumplimiento de las leyes. En este sentido, ninguna de las disposiciones del Convenio podrá entenderse con alcances que puedan constituir un impedimento para la adopción de medidas de seguridad de los intereses de Chile.

Por último, para el cumplimiento de los fines de este Acuerdo, el Gobierno y la Organización podrán concertar protocolos adicionales referidos al mantenimiento de la sede y al personal local.

3. Diversos antecedentes proporcionados por la Oficina de Relaciones Internacionales del Ministerio de Educación, señalan que nuestro país asumió la Presidencia del Consejo Ejecutivo de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en la VII Asamblea General, realizada en Buenos Aires, en octubre de 1994, cargo que deberá entregar en noviembre de 1998, al realizarse la VIII Asamblea General, la que tendrá como sede a Chile.

Asimismo, dichos antecedentes explican que la asunción de la Presidencia le significó al Ministerio de Educación el aporte de recursos financieros y apoyo técnico, habiéndose comprometido a respaldar en el presente año los programas sobre “La enseñanza en valores para un mundo en transformación.” e “Interculturalismo, Desarrollo y Educación.”.

Finalmente, siempre en el ámbito de las funciones que competen al Ministerio en razón de la presidencia chilena, cabe señalar el patrocinio en el año 1995 de la X Olimpíada Iberoamericana en Matemáticas, efectuada en nuestro país y la participación en la próxima Cumbre Presidencial, también a realizarse en Chile, cuyo temario será el de “Gobernabilidad y Educación”.

IDEAS MATRICES O FUNDAMENTALES DEL PROYECTO DE ACUERDO.

La idea central del proyecto de acuerdo consiste en recabar la aprobación legislativa del “Acuerdo sobre Sede entre el Gobierno de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura.”.

Dicha idea, de conformidad a lo establecido en el artículo 50 Nº 1) de la Constitución Política, implica la aprobación de un tratado internacional y, como tal, debe someterse a los trámites propios de una ley.

La síntesis de las disposiciones del Acuerdo Internacional en estudio, como del acuerdo complementario concertado por medio de notas reversales, se encuentra claramente reseñada en el informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, a cuyos términos se remite este trabajo.

DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO.

Durante el análisis de los términos del Acuerdo Internacional sometido al conocimiento de la Comisión, el Diputado señor Ulloa lamentó la tendencia centralista que envuelve la ejecución del tratado, toda vez que resulta común que las sedes se concentren en una sola ciudad del país -la capital- cuestión que no parece buena y que atenta contra el desarrollo armónico de Chile.

No obstante lo anterior, la Comisión se mostró conforme con los términos del Acuerdo Internacional y, una vez cerrado el debate, se manifestó favorablemente respecto del proyecto aprobatorio conforme al texto propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, por 3 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones.

CONSTANCIA

Para los efectos de lo establecido en los Nºs. 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión dejó constancia de lo siguiente:

1º Que el artículo 19 del Acuerdo Internacional incide en materias propias de la seguridad social y, en consecuencia, tiene rango de quórum calificado, circunstancia que obliga a votar el proyecto de acuerdo con el quórum correspondiente, dada la indivisibilidad de la votación.

2º Que los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y 29 del Acuerdo Internacional, se refieren a materias propias de la competencia de la Comisión de Hacienda.

3º Que el proyecto de acuerdo no fue aprobado por unanimidad (3 votos a favor, ninguno en contra y 3 abstenciones).

4º Que no hubo artículos ni indicaciones rechazados por la Comisión.

-o-

Por las razones expuestas y las que dará a conocer en su oportunidad el señor Diputado Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto de acuerdo de conformidad al texto propuesto por la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, el que es del siguiente tenor:

PROYECTO DE ACUERDO:

“Artículo único.- Apruébanse el “Acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, suscrito en Santiago, el 26 de septiembre de 1991, y su acuerdo complementario, adoptado entre las Partes Contratantes por cambio de notas de fechas 20 de septiembre y 13 de octubre, de 1994.”.

-o-

Sala de la Comisión, a 12 de junio de 1996.

Se designó Diputado Informante al señor Homero Gutiérrez Román .

Aprobado en sesión de igual fecha con la asistencia de los señores Diputados Edmundo Villouta Concha ( Presidente ), Pedro Pablo Álvarez-Salamanca Büchi , Francisco Bayo Veloso , Homero Gutiérrez Román , Víctor Pérez Varela , Claudio Rodríguez Cataldo , María Antonieta Saa Díaz , Jorge Ulloa Aguillón y Felipe Valenzuela Herrera .

Asistieron también a la sesión los Diputados señores Maximiano Errázuriz Eguiguren y José Miguel Ortiz Novoa .

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Secretario .?

11. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo de sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”. (boletín Nº 1225-10)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto la señora Josefina Lira y el señor Oscar Agüero , Directora de la Oficina Internacional y Asesor, respectivamente, del Ministerio de Educación, y los señores Raimundo Barros , Francisco Vío , Gabriel Meza , Director Jurídico , Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional , Asesor del Departamento de Cooperación Técnica, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El propósito del Convenio en informe consiste en formalizar la presencia de una Oficina Técnica de Programas de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura en Chile, la cual se encargará de la representación de dicha entidad ante nuestro país y del enlace con otras organizaciones de cooperación internacional y regional, siendo, además, la responsable de la promoción, coordinación y ejecución de algunos proyectos de la OEI para América Latina.

Se hizo presente en la Comisión por la representante del Ministerio de Educación que Chile participa en la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) desde el año 1969. Destacó que nuestro país, a través del Ministro de Educación , asumió la Presidencia del Consejo Ejecutivo de la OEI en la VII Asamblea General, realizada en Buenos Aires, en octubre de 1994, cargo que deberá entregar en noviembre de 1998, al realizarse en Chile la VIII Asamblea General y, también, la importancia de los programas en actual aplicación relacionados con materias de la educación, formación docente e interculturalismo que cuentan con el patrocinio y financiamiento de la OEI.

Respecto a la instalación de una Oficina de la OEI en Santiago que demandará un aporte anual de US $ 25.000, se precisó que dicha suma estaría aprobada en la Ley de Presupuestos para 1997.

En el informe financiero elaborado por la Dirección de Presupuestos, se señaló que el costo a solventar por el Gobierno de Chile, por concepto de cuotas de afiliación o de aportes adicionales, provendrá de los recursos que para transferencias a Organismos Internacionales se aprueben anualmente en el Presupuesto de la Secretaría y Administración General y Servicio Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que a esta Comisión le corresponde conocer los artículos 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 del Acuerdo de Sede aprobado por ella. La Comisión de Educación agregó a la nómina anterior el artículo 29.

En relación con el análisis del articulado del Convenio, cabe señalar lo siguiente:

Por el artículo 11, se establecen exenciones de impuestos y gravámenes nacionales, provinciales y municipales que pudieran afectar a los locales y dependencias de que sea propietaria o arrendataria la Oficina Técnica o sus representantes, salvo que constituyan una remuneración por servicios públicos o deba satisfacer la persona que contrate con el Organismo o su representante.

Por el artículo 12, se libera a la Oficina Técnica de los derechos de aduana, impuestos y gravámenes respecto de la importación y exportación de artículos, bienes y publicaciones destinados al uso oficial de la Organización, los que no serán comercializados en Chile sin la autorización del Gobierno.

Por el artículo 13, se autoriza al Director y funcionarios de la Oficina Técnica que señala, para importar sus bienes y efectos personales libre de derechos de aduana, impuestos y gravámenes, en las condiciones que indica y exportarlos al abandonar el país al término del ejercicio de sus funciones.

Por el artículo 14, se hace referencia a la legislación pertinente para que los ciudadanos chilenos que laboren para la Organización en el exterior exporten o importen sus bienes y efectos personales, aplicándose igual normativa respecto a los ciudadanos chilenos o personas con residencia permanente en Chile que retornen al país por jubilación, retiro o finalización de una misión desempeñada en el exterior por cuenta de la Organización.

Por el artículo 15, se conceden las garantías e inmunidades especificadas en el artículo 21 letras b) y e) (exención al impuesto a la renta y de toda prestación personal, obligación del servicio militar o servicio público) a quienes cumplan misiones encomendadas por la Organización o sean invitadas a la Sede de la Oficina Técnica para asuntos oficiales, salvo que se trate de personas de nacionalidad chilena.

Los artículos 16, 17 y 18, consagran franquicias a la importación de artículos de consumo y la liberación de restricciones monetarias y cambiarias en favor de la Organización, el Director y los miembros del personal y expertos.

En el artículo 21, se establecen privilegios, exenciones y facilidades en favor del Director, los miembros del personal y expertos de la OEI. Por la letra b), se exime del impuesto a la renta los sueldos y emolumentos percibidos de la Organización sin distinguir si se trata de trabajadores chilenos o extranjeros.

La Comisión de Relaciones Exteriores formuló reparos acerca de la constitucionalidad de la norma, lo que dio lugar a un intercambio de Notas entre el Gobierno de Chile y la OEI para excluir de la exención a quienes posean la nacionalidad chilena o sean extranjeros residentes en Chile. Esta circunstancia está recogida en el proyecto de Acuerdo que la Comisión tuvo a bien aprobar.

Por el artículo 29, se dispone que la Oficina Técnica gozará para sus comunicaciones oficiales en el territorio de Chile de un trato no menos favorable que el otorgado por el Gobierno a cualquier otro organismo internacional.

Teniendo presente los antecedentes de la iniciativa, la Comisión acordó, por unanimidad, sugerir a la Sala de la Corporación la aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el “Acuerdo de Sede entre el Gobierno de la República de Chile y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura”, suscrito en Santiago, el 26 de septiembre de 1991, y su acuerdo complementario, adoptado entre las Partes Contratantes por cambio de Notas de fechas 20 de septiembre y 13 de octubre, de 1994.”.

Sala de la comisión, a 17 de julio de 1997.

Acordado en sesiones de fechas 30 de julio de 1996 y 16 de julio de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Longueira, don Pablo ( Presidente ); Montes, don Carlos ( Presidente ); Arancibia, don Armando ; Estévez, don Jaime ; Galilea, don José Antonio ; García, don José ; Jürgensen, don Harry ; Makluf, don José ; Matthei, señora Evelyn ; Ortiz, don José Miguel ; Palma, don Andrés ; Rebolledo , señora Romy , y Schaulsohn, don Jorge .

Se designó Diputado Informante al señor ESTÉVEZ, don JAIME .

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión .”

12. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana sobre el “Convenio Básico de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba”. (boletín Nº 1821-10)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros sobre el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado bilateral denominado “Convenio básico de cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba”, sometido a la consideración de la honorable Corporación en primer trámite constitucional.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

El 7 de abril de 1995, los Gobiernos de Chile y de Cuba, inspirados en el deseo de desarrollar sus vínculos de amistad sobre la base de los principios de la igualdad de derechos, respeto de la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de otros Estados y demás principios contenidos en la Carta de las Naciones Unidas, resolvieron reanudar sus relaciones diplomáticas.

A partir de ese momento, se inició un proceso de gradual profundización de las relaciones bilaterales, del cual es testimonio la visita oficial que en enero de 1996 efectuó a Cuba el Ministro de Relaciones Exteriores , señor José Miguel Insulza , acompañado de una delegación que incluyó autoridades de gobierno, parlamentarios y empresarios del sector privado. En esta ocasión, ambos Gobiernos suscribieron un acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones y el convenio básico de cooperación que se os informa en este acto.

En el ámbito comercial, ha existido un intercambio limitado, por la inexistencia de servicios regulares de transporte marítimo entre los dos países. Sin embargo, la tendencia debiera ser hacia su expansión, una vez que se concreten proyectos de inversión chilena en Cuba ya avanzados, que implicarán mayores flujos de mercaderías en ambos sentidos.

El intercambio comercial chileno-cubano alcanzó en 1995 a US$ 15.357.000, de los cuales US$ 14.943.000 corresponden a exportaciones chilenas y US$ 414.000 a importaciones chilenas. En materia de turismo, las cifras muestran que anualmente se incrementa la cantidad de chilenos que viajan a Cuba por motivos de recreación: en 1994, fueron alrededor de 8.000 y más en 1995.

Por su parte, las inversiones chilenas alcanzan, aproximadamente, a US$ 33.000.000, ligadas, principalmente, a la producción de frutas, jugos y calzados.

En este nivel de relación, que en términos generales se os ha descrito, los Gobiernos de Chile y de Cuba han suscrito el convenio de cooperación sometido a vuestra consideración, el que, según lo señala el mensaje de S.E. el Presidente de la República , tiene por objetivos fundamentales el fortalecimiento de los lazos de amistad existentes entre los dos pueblos; la promoción y fomento del progreso de sus economías, y el aprovechamiento de las ventajas de la cooperación mutua.

II. RESEÑA DEL CONVENIO EN TRAMITACIÓN.

Este instrumento, del cual se adjunta una copia al final del informe, consta de once artículos que, en términos programáticos, análogos a los que se emplean en los tratados de este tipo, imponen a los Gobiernos los compromisos siguientes:

a) En primer término, se comprometen a elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación, con la participación de organismos y entidades de los sectores público y privado y, cuando sea necesario, de las universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales.

En ellos, deberán considerar, además, la importancia de la ejecución de proyectos nacionales de desarrollo y de proyectos de desarrollo regional integrado (artículo I).

b) En seguida, convienen en elaborar conjuntamente programas bienales de cooperación, en consonancia con las prioridades de sus respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social.

En estos programas deberán especificar, entre otros elementos, sus objetivos, metas, recursos financieros y técnicos e, incluso, las obligaciones financieras de cada una de las Partes Contratantes (artículo II).

c) En la ejecución de los programas y proyectos de la cooperación bilateral, se comprometen a considerar la participación y el financiamiento de organismos económicos universales, internacionales, y regionales de cooperación técnica, así como de instituciones de terceros países (artículo III).

d) Además, determinan las formas y las áreas de especial interés mutuo para la cooperación (artículos IV y V).

Entre otras formas de la cooperación, se considera el envío de expertos, equipo y material necesario para la ejecución de proyectos; la concesión de becas de estudio para especialización; la organización de seminarios y conferencias; el intercambio de información y “know-how”.

Las áreas de especial interés mutuo son la planificación, las finanzas y el desarrollo; el medio ambiente y los recursos naturales; las innovaciones tecnológicas y productivas; la energía, la electrónica, la minería; la pesca; la agricultura y la agroindustria; los puertos; los transportes y las comunicaciones; la vivienda y urbanismo; el turismo; la salud y previsión social; el comercio, las inversiones y la promoción de exportaciones; el desarrollo social y la pobreza, y la cooperación internacional.

e) Para evaluar, analizar y supervisar el funcionamiento del convenio, establecen una Comisión Mixta Binacional que se reunirá alternadamente en las capitales de Chile y de Cuba, cada dos años (artículo VI).

f) Además, designan los órganos encargados, fundamentalmente, de velar por la continuidad de los trabajos de preparación, aplicación y seguimiento de los acuerdos que adopte la Comisión Mixta: por Chile, la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), y por Cuba, el Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC) (artículo VII).

g) Los pasajes aéreos de ida y vuelta que implique el envío de personal en el ámbito de la cooperación serán de cargo de la Parte que lo envía, y los gastos de estadía de la Parte receptora (artículo VIII).

El financiamiento de estos gastos será materia de los acuerdos complementarios de este convenio.

h) Por último, se comprometen a otorgar, en favor de funcionarios, expertos, equipos y materiales empleados en la ejecución del Convenio, los privilegios y exenciones establecidos en la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas (artículos IX y X).

III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.

a) Aprobación del tratado por mayoría de votos.

Durante el estudio de este tratado, vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana escuchó al Director de la Dirección de América del Ministerio de Relaciones Exteriores , señor Juan Martabit , quien sostuvo, básicamente, que este convenio no presenta mayores diferencias normativas respecto de los celebrados con diversos países. Agregó que, en este caso particular, se han tenido en consideración los elementos políticos que han contribuido a la reanudación de las relaciones diplomáticas entre los dos países.

Concluido el estudio de este tratado, vuestra Comisión decidió prestarle su aprobación, por mayoría de votos.

El señor Diputado Bombal, don Carlos, votó en contra de su aprobación.

Por lo anteriormente expuesto, más las consideraciones que os podrá agregar el señor Diputado informante , vuestra Comisión os sugiere adoptar el artículo único del proyecto de acuerdo en los mismos términos en que lo formula el mensaje, con modificaciones formales menores que se salvan con el texto que os propone a continuación:

“Artículo único.- Apruébase el “Convenio Básico de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba”, suscrito en La Habana, el 10 de enero de 1996.”

b) Designación de Diputado informante .

Esta designación recayó en el honorable Diputado JORGE PIZARRO SOTO .

c) Constancias reglamentarias.

Para los efectos de los Nºs. 2 y 4 del artículo 287 del Reglamento de la honorable Cámara, se consigna que este tratado no contiene disposiciones que requieran quórum calificado u orgánico-constitucional para su aprobación, y que sus artículos IX y X, por las liberaciones tributarias y arancelarias que implican, deben ser conocidos por la honorable Comisión de Hacienda.

-o-

Acordado en sesiones de los días 16 y 30 de abril de 1996, con asistencia de los señores Diputados Fuentealba Vildósola, don Renán ( Presidente de la Comisión ); Bombal Otaegui, don Carlos ; Caminondo Sáez, don Carlos ; Dupré Silva, don Carlos ; Escalona Medina, don Camilo ; Jocelyn-Holt Letelier, don Tomás ; Letelier Morel, don Juan Pablo ; Longton Guerrero, don Arturo ; Munizaga Rodríguez, don Eugenio ; Pizarro Soto, don Jorge ; Ribera Neumann, don Teodoro ; Sota Barros, don Vicente , y Urrutia Cárdenas, don Salvador .

SALA DE LA COMISIÓN, a 30 de abril de 1996.

(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión.

CONVENIO BÁSICO DE COOPERACIÓN ENTRE

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CHILE Y

EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA

El Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba, en adelante denominados las “Partes Contratantes”;

Animados por el deseo de fortalecer los tradicionales lazos de amistad existentes entre los dos pueblos;

Conscientes de su interés común para promover y fomentar el progreso de sus economías y de las ventajas recíprocas que resultarían de una cooperación en campos de interés mutuo;

Convencidos de la importancia de establecer mecanismos que contribuyan al desarrollo de este proceso y de la necesidad de ejecutar programas específicos de cooperación, que tengan efectiva incidencia en el avance económico y social de sus respectivos países;

Acuerdan lo siguiente:

ARTÍCULO I

1. Las Partes Contratantes se comprometen a elaborar y ejecutar, de común acuerdo, programas y proyectos de cooperación en aplicación del presente Convenio que les servirá de base.

2. Estos programas y proyectos considerarán la participación en su ejecución de organismos y entidades de los sectores público y privado de ambos países y, cuando sea necesario, de las universidades, organismos de investigación y organizaciones no gubernamentales. Deberán tomar en consideración, asimismo, la importancia de la ejecución de proyectos nacionales de desarrollo y de proyectos de desarrollo regional integrado.

3. Además, las Partes Contratantes podrán, cuando lo consideren necesario, pactar Acuerdos Complementarios de cooperación, en aplicación del presente Convenio que les servirá de base.

ARTÍCULO II

1. Para el cumplimiento de los fines del presente Convenio, las Partes Contratantes elaborarán conjuntamente Programas Bienales, en consonancia con las prioridades de ambos países en el ámbito de sus respectivos planes y estrategias de desarrollo económico y social.

2. Cada programa deberá especificar objetivos, metas, recursos financieros y técnicos, cronogramas de trabajo, como asimismo las áreas donde serán ejecutados los proyectos. Deberá igualmente especificar las obligaciones, inclusive financieras, de cada una de las Partes Contratantes.

3. Cada programa será evaluado periódicamente, mediante solicitud de las entidades coordinadoras mencionadas en el artículo VII.

ARTÍCULO III

En la ejecución de los programas y proyectos realizados en conformidad con el presente Convenio, las Partes Contratantes podrán, siempre que lo estimaren necesario, incentivar y solicitar la participación y financiamiento de organismos internacionales, universales y regionales de cooperación técnica, como asimismo de instituciones de terceros países.

ARTÍCULO IV

Para los fines del presente Convenio, la cooperación entre los países podrá alcanzar las siguientes formas:

a) Realización conjunta o coordinada de programas de investigación y/o desarrollo.

b) Envío de expertos.

c) Envío del equipo y material necesario para la ejecución de proyectos específicos.

d) Elaboración de programas de pasantía para entrenamiento profesional.

e) Concesión de becas de estudio para especialización.

f) Elaboración y realización conjunta de proyectos de desarrollo.

g) Organización de seminarios y conferencias.

h) Prestación de servicios de consultoría.

i) Intercambio de información y de know-how.

j) El desarrollo de actividades conjuntas de cooperación en terceros países.

k) Cualquier otra modalidad pactada por las Partes Contratantes.

ARTÍCULO V

Sin perjuicio de la posibilidad de extender la Cooperación a todos los ámbitos que las Partes Contratantes estimen conveniente, se señalan como áreas de especial interés mutuo las siguientes:

-Planificación, Finanzas y Desarrollo

-Medio Ambiente y Recursos Naturales

-Innovaciones Tecnológicas y Productivas

-Energía

-Electrónica

-Minería

-Pesca

-Agricultura y Agro-industria

-Puertos

-Transportes y Comunicaciones

-Vivienda y Urbanismo

-Turismo

-Salud y Previsión Social

-Comercio, Inversiones y Promoción de Exportaciones

-Desarrollo Social y Pobreza

-Cooperación Internacional

ARTÍCULO VI

1. Con el fin de efectuar la coordinación de las acciones para el cumplimiento del presente Convenio y de lograr las mejores condiciones para su ejecución, las Partes Contratantes establecen una Comisión Mixta compuesta por representantes de ambas Partes, que se reunirá, alternadamente cada dos años, en Santiago y en La Habana. Esta Comisión Mixta tendrá las siguientes funciones:

a) Evaluar y demarcar áreas prioritarias en que sería factible la realización de proyectos específicos de cooperación;

b) Analizar, evaluar, aprobar y revisar los Programas Bienales de cooperación;

c) Supervisar el buen funcionamiento del presente Convenio y efectuar a las Partes las recomendaciones que considere pertinente.

2. Sin perjuicio de lo previsto en el punto 1 de este Artículo, cada una de las Partes podrá someter a la otra, en cualquier momento, proyectos específicos de cooperación, para su debido estudio y aprobación por las Partes Contratantes. Asimismo, las Partes podrán convocar, de común acuerdo y cuando lo consideren necesario, reuniones especiales de la Comisión Mixta.

ARTÍCULO VII

A los efectos de garantizar la continuidad necesaria de los trabajos de preparación, implementación y seguimiento de los acuerdos que adopte la Comisión Mixta que se establece en el artículo anterior, las Partes Contratantes designan por la parte chilena a la Agencia de Cooperación Internacional (AGCI), y por la parte cubana al Ministerio para la Inversión Extranjera y la Colaboración Económica (MINVEC) para la realización de las siguientes funciones:

a) Elaborar diagnósticos globales y sectoriales representativos de la cooperación técnica de ambos países;

b) Proponer a la Comisión Mixta el Programa bienal o modificaciones a éste, identificando los proyectos específicos a ser desarrollados, así como los recursos necesarios para su cumplimiento, y aprobar los proyectos e iniciativas presentados por cualquiera de las Partes en el período que media entre las reuniones de la Comisión Mixta;

c) Garantizar la elaboración de proposiciones de interés mutuo destinadas a la ampliación y la profundización de la cooperación;

d) Efectuar el control sobre el cumplimiento de los acuerdos complementarios de cooperación y de sus resoluciones;

e) Promover la participación de organismos internacionales multilaterales, regionales y subregionales; de entidades gubernamentales e instituciones públicas o privadas de terceros países; de universidades, instituciones o centros académicos y de investigación; de entidades nacionales de sectores públicos, privados, regionales, comunales y de organizaciones no gubernamentales;

f) Celebrar las reuniones que consideren necesarias para el cumplimiento de sus funciones.

ARTÍCULO VIII

Los costos de pasajes aéreos de ida y vuelta que implique el envío del personal a que se refiere el Artículo IV del presente Convenio, de una de las Partes al territorio de la otra, se sufragará por la parte que lo envíe. El costo del hospedaje, alimentación, transporte local y otros gastos necesarios para la ejecución del programa, se cubrirán por la Parte receptora. Expresamente se podrán especificar otras modalidades en los programas o en los Acuerdos Complementarios.

ARTÍCULO IX

Se aplicará a los funcionarios y expertos de cada una de las Partes Contratantes, designados para trabajar en el territorio de la otra, las normas sobre los privilegios y exenciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, suscrita el 13 de febrero de 1946.

ARTÍCULO X

Se aplicará a los equipos y materiales suministrados a cualquier título, por un Gobierno u otro, en el marco de proyectos de cooperación, las normas pertinentes de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, de 13 de febrero de 1946.

ARTÍCULO XI

1. El presente Convenio entrará en vigor en la fecha de la última notificación en que una de las Partes comunique a la otra que se ha dado cumplimiento a los trámites jurídicos internos correspondientes.

2. Este Convenio tendrá una vigencia indefinida. Podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación escrita formulada por la vía diplomática. La denuncia producirá sus efectos seis meses después de la fecha de su notificación.

3. En cualquier caso de término de la vigencia de este Convenio, los programas y proyectos en ejecución no se verán afectados y continuarán hasta su conclusión, salvo que las Partes convinieren de algún modo diferente.

El presente Convenio Básico se firma en idioma español, en dos ejemplares, siendo ambos textos igualmente auténticos.

Hecho en la ciudad de La Habana, a los diez días del mes de enero del año mil novecientos noventa y seis.

(Fdo.): Por el Gobierno de la República de Chile; Por el Gobierno de la República de Cuba.”

13. Informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de acuerdo que aprueba el “Convenio Básico de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba”. (boletín Nº 1821-10)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda pasa a informaros el proyecto de Acuerdo mencionado en el epígrafe, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional y conforme a lo dispuesto en los artículos 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La iniciativa tiene su origen en un Mensaje de S.E. el Presidente de la República.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto los señores Raimundo Barros , Francisco Vío y Gabriel Meza , Director Jurídico , Director Ejecutivo de la Agencia de Cooperación Internacional y Asesor del Departamento de Cooperación Técnica, respectivamente, del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El propósito del Convenio objeto del proyecto de Acuerdo en informe consiste en promover y facilitar la cooperación entre Chile y Cuba, y responde al mejoramiento de las relaciones bilaterales entre ambos países, proceso iniciado en 1995 con la reanudación de sus relaciones diplomáticas. En enero de 1996, se suscribieron los Acuerdos básico de cooperación y de promoción y protección recíproca de inversiones durante la visita efectuada a Cuba por una delegación chilena que incluyó autoridades de gobierno, parlamentarios y empresarios del sector privado.

El Convenio básico de Cooperación objeto de este informe tiene el carácter de acuerdo marco y contiene diversos compromisos que obligan a los Gobiernos firmantes a elaborar y ejecutar programas y proyectos de cooperación en áreas de interés mutuo.

Los representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores pusieron de relieve el especial interés de Cuba en contar con la cooperación chilena en materias de finanzas y desarrollo; medio ambiente y recursos naturales; energía, electrónica, minería y pesca, así como, en comercio internacional.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento de los artículos IX y X del Convenio.

En relación con el articulado del Convenio antes referido, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo IX, se señala que a los funcionarios y expertos de cada una de las Partes Contratantes, designados para trabajar en el territorio de la otra, se les aplicarán las normas sobre privilegios y exenciones de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, suscrita el 13 de febrero de 1946, decreto Nº 794, de 27 de octubre de 1948.

En el artículo X, se dispone que la normativa antes mencionada se aplicará a los equipos y materiales suministrados a cualquier título, por un Gobierno a otro, en el marco de proyectos de cooperación.

Se tuvo presente en la Comisión que las franquicias contempladas en el Convenio podrían constituir un menor ingreso fiscal cuya determinación y cuantía dependerá de las oportunidades en que se apliquen.

La Comisión acordó, por unanimidad, sugerir a la Sala de la Corporación la aprobación del proyecto de Acuerdo que aprueba el “Convenio Básico de Cooperación entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República de Cuba”, suscrito en La Habana, el 10 de enero de 1996.

Sala de la Comisión, a 18 de julio de 1997.

Acordado en sesión de fecha 16 de julio de 1997, con la asistencia de los Diputados señores Montes, don Carlos ( Presidente ); Estévez, don Jaime ; García, don José ; Jürgensen, don Harry ; Matthei, señora Evelyn ; Ortiz, don José Miguel , y Palma, don Andrés .

Se designó Diputado Informante al señor GALILEA, don JOSÉ ANTONIO .

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión .”