Labor Parlamentaria

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que introduce diversas modificaciones a la ley Nº 19.450, que sustituye escalas de multas que señala y modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la ley Nº 18.287 y el decreto ley Nº 645, de 1925.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Sergio Elgueta.

Antecedentes:

-Mensaje, boletín Nº 2014-07, sesión 60ª, en 15 de abril de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 1.

-Informe de la Comisión de Constitución, sesión 61ª, en 16 de abril de 1997. Documentos de la Cuenta Nº 6.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, por mi intermedio, pasa a informar acerca del proyecto de ley que modifica la ley Nº 19.450, que sustituye escalas de multas y modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la ley Nº 18.287 y el decreto ley Nº 645, de 1925.

Cabe recordar que la ley Nº 19.450, de 18 de marzo de 1996, se originó en una moción de los señores Ojeda , Elgueta , Ortiz , Sabag y Seguel , y de los ex Diputados señores Bosselin , Vilisic y Yunge . Su objeto principal consistía en sustituir las escalas de multas expresadas en sueldos vitales o en porcentajes de ellos, que aparecen en numerosas disposiciones del Código de Procedimiento Penal -alrededor de ciento treinta- por un instrumento reajustable como es la unidad tributaria, y señalar distintos tramos en aquellos delitos en que la pena privativa de libertad se establece en relación con el valor de la cosa afectada -lo que se conoce como los umbrales punitivos-, en especial para los delitos de hurto, malversación de caudales públicos, daños, estafas o defraudaciones e incendios.

Cuando en la Cámara se analizó el proyecto que después se convirtió en la ley Nº 19.450, se fijó un umbral punitivo relativamente bajo, equivalente al doble del medio sueldo vital existente en esa época. Pero, durante su tramitación en el Senado el umbral mínimo se elevó a cinco unidades tributarias, lo que originó una serie de reclamaciones de los jueces de policía local, sobre todo por la falta de infraestructura, de personal y, además, por el atochamiento que provocarían las causas derivadas de los juzgados del crimen. Como no existen en todas las comunas jueces letrados de policía local, sino sólo en 195, se podría producir un congestionamiento y dificultades en el juzgamiento y fallo de estas causas.

De ahí, entonces, que en virtud de la ley Nº 19.456, se amplió el plazo de entrada en vigencia de la ley Nº 19.450 hasta el 16 de mayo de 1997. En consecuencia, nos encontramos en presencia de un plazo legal, por lo cual es necesario despachar el proyecto en discusión.

La ley Nº 19.450, que se pretende modificar, significó un importante avance en nuestro sistema normativo, dado que incorporó una serie de medidas, entre las cuales destacan:

1º. Diversificación del catálogo de medidas aplicables a ilícitos penales.

2º. Mecanismos de agilización de procedimientos.

3º. Reconocimiento de la sana crítica como sistema de valoración de la prueba.

4º. Eliminación de la pena privativa de libertad para las faltas, y

5º. Conversión de las escalas de multas del Código Penal, expresadas en sueldos vitales, a unidades tributarias mensuales.

A ello debemos añadir, como efecto de los umbrales punitivos fijados en dicha ley, el traspaso a los jueces de policía local de los procesos referidos a delitos de malversación, hurto, incendio, ciertos daños, estafas y defraudaciones, que no excedan de cinco unidades tributarias.

Debido a las dificultades que he señalado, el Ejecutivo presentó la iniciativa en estudio, que introduce diversas modificaciones, con el objeto de corregir algunas deficiencias de la ley Nº 19.450; establecer plena concordancia de las penas y adecuar la capacidad que tienen actualmente los jueces de policía local para conocer y fallar estas causas.

Cabe señalar que la ley Nº 19.450 incluye un procedimiento para faltas, con el fin de concordarlo con el de los juzgados de policía local. Pero, como señala el mensaje, se llegó a un consenso con los propios magistrados, en el sentido de que todo este tema debería ser retirado de la ley Nº 19.450 y abordado en un proyecto que fije la competencia de los jueces de policía local y un procedimiento único para tratar todas las materias que les corresponde conocer y fallar.

El artículo 1º del proyecto en discusión introduce una serie de modificaciones a la escala de multas establecidas en el Código Penal. Todos los sueldos vitales o porcentajes de ellos se transforman en unidades tributarias mensuales.

Cabe señalar que en la Mesa se encuentra una indicación para suprimir la letra b) del artículo 1º por estar ya contemplada la multa de una unidad tributaria. De manera que no tiene utilidad alguna en la reforma de la ley Nº 19.450. Por lo tanto, solicito a la Mesa que, en su oportunidad, se vote la supresión indicada.

El artículo 2º introduce modificaciones a los artículos 46, 49, 170, 189, 233, 238, 281, 308, inciso segundo; 446, 448, 467, 477, 483 b), inciso segundo; 485, 486, 494, 495 y 496 del Código Penal. Lo que se hace es cambiar las unidades tributarias establecidas en la ley Nº 19.450 por porcentajes o múltiplos de ellas.

La Comisión efectuó algunas enmiendas, en especial en aquellas normas que fijaban como valor de la cosa afectada por el delito media unidad tributaria, y la elevó a una unidad tributaria.

Además, reemplazó la expresión “cinco unidades tributarias mensuales” por “una unidad tributaria mensual”, en los artículos 170 y 189, como también en otras disposiciones del Código Penal, ya modificadas por la ley Nº 19.450.

En la letra e) del artículo 2º, que reemplaza el artículo 233 del mismo Código, se cambia en su Nº 1 la expresión “cinco unidades tributarias mensuales” por “una unidad tributaria mensual.”

En la letra i), también del artículo 2º de la ley Nº 19.450, se sustituyen las expresiones “media unidad tributaria, ni exceder de una unidad tributaria mensual” por “un quinto a media unidad tributaria mensual.”

El valor de la unidad tributaria a abril de 1997 asciende a 23.719 pesos. Esto quiere decir que todas aquellas causas en que el valor de la cosa afectada, por ejemplo un hurto, no exceda esa cantidad, serán de conocimiento del juez de policía local, pues se trata de una falta. Lo mismo ocurre con los delitos de malversación, de daño, incendios y las estafas.

El proyecto ni la ley Nº 19.450 en nada afectan a la ley sobre cuentas corrientes bancarias y cheques, pues el artículo 22 de esta última señala expresamente que la competencia para conocer de las causas sobre cheques corresponde a los jueces del crimen, cualquiera que sea su monto. Además, si se tratare del giro doloso por una cantidad inferior a 23.719 pesos, se aplicará la pena del número 3º del artículo 467 del Código Penal, esto es, presidio menor en su grado mínimo; o sea, de 61 días a 540 días. De manera que se descarta el temor que algunos medios de información difundieron, en el sentido de que se estaría despenalizando este delito en el caso señalado. Distinta es la situación de la llamada caución, pues en el caso del giro doloso de un cheque, el juez dicta auto de procesamiento y ordena la detención del girador doloso, después que ha sido notificado del protesto y transcurrido el plazo legal. En los tribunales hay una discusión para determinar si es exigible una caución equivalente al capital, intereses y costos. En todo caso, no es materia de la ley Nº 19.450 ni de esta iniciativa.

Se han formulado indicaciones al artículo 2º. Una de ellas, para intercalar en el Nº 19 del artículo 494 del Código Penal, entre los artículos “189” y “446”, el “233”, con el objeto de llenar un vacío existente en ese cuerpo legal, respecto de la malversación, pues allí se fijan cuatro sueldos vitales como monto mínimo, pero nada se dice respecto de que lo inferior a esa cifra constituya falta. Aquí se corrige esa anomalía. En consecuencia, al transformarse la multa, todo lo inferior a una unidad tributaria será falta, aun tratándose del delito de malversación.

En el Nº 3 de la letra p), que modifica el artículo 495 del Código Penal, se sustituye la expresión “dos unidades tributarias mensuales” por “un cuarto de unidad tributaria mensual”, con el objeto de uniformar las sanciones y valores.

El artículo 3º deroga la letra a) del artículo 3º de la ley Nº 19.450, que modificaba el artículo 266 del Código Penal, y reemplaza su letra b), referida al artículo 553 del Código de Procedimiento Penal.

La actual letra b) del artículo 3º de la ley Nº 19.450 establece una norma para abreviar la investigación de las faltas que conocen ciertos jueces del crimen, la cual se sustituye por la siguiente: “b) Agrégase al artículo 553 los siguientes incisos:

“Con todo, no será necesaria la asistencia a declarar de los mencionados funcionarios policiales, ni de los que figuren como testigos en la denuncia, salvo que el inculpado impugne la declaración del funcionario o del testigo, o que el juez por resolución fundada ordene su comparecencia.”

El inciso siguiente señala qué debe contener la denuncia en el parte policial.

El inciso final agrega lo siguiente, también para concordar con esta misma norma: “Si la falta consistiere en el hurto de especies cuyo valor no exceda de media unidad tributaria mensual, se acompañará al respectivo parte policial una declaración jurada del afectado,”.

Esta norma simplemente rebaja de cinco unidades tributarias a media unidad tributaria el valor de las especies hurtadas, como ya se había establecido respecto del umbral mínimo de los delitos a los cuales me he referido.

La letra c) del artículo 3º propuesto reemplaza la letra d) del artículo 3º de la ley Nº 19.450, por una nueva, con el objeto de sustituir el artículo 559 del Código de Procedimiento Penal, que contiene todo el procedimiento de faltas, el cual establece una reglamentación respecto de la detención que pueda sufrir una persona por incurrir en su comisión.

La nueva letra d) dispone normas de información y de derechos del detenido, como ya se hizo en otros proyectos de ley, por ejemplo, en el que modificó la detención por sospecha o en el propuesto en la Comisión respectiva para reformar el Código de Procedimiento Penal y sustituirlo por otro nuevo.

El detenido tendrá derecho a que se dé noticia inmediata, por él mismo, por la policía o por el tribunal a cuya disposición estuviere, a su abogado, a sus familiares o a la persona que él designe, de su detención.

La letra d) del artículo 3º propuesto reemplaza la letra g), que se refiere al artículo 563 de la ley Nº 19.450, por la siguiente letra g) nueva, con el objeto de que las multas se enteren dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha en que quede ejecutoriada la resolución respectiva.

Aquí también se innova. Se dispone que en caso de retardo en el pago, el tribunal podrá decretar por vía de apremio la reclusión nocturna, medida moderna e interesante, para no perjudicarlo en su trabajo, y se da una equivalencia respecto de la unidad tributaria: una noche por cada media unidad tributaria mensual, con un máximo de quince noches.

El artículo 4º deroga el artículo 4º de la ley Nº 19.450, que establece un procedimiento especial, para unificarlo.

Como lo señalé anteriormente, esto va a ser motivo de otro proyecto de ley que va a reformar completamente la competencia de los jueces y a establecer un procedimiento único para todas las causas que lleven los jueces de policía local, quienes, como lo señalé, ya han concordado con el Ejecutivo .

El artículo 5º propuesto deroga el inciso final del artículo 556 del Código de Procedimiento Penal.

En el artículo 6º, que deroga el párrafo segundo de la letra e) del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, la Comisión introdujo un precepto que suprime la competencia que actualmente tienen algunos jueces del crimen para conocer ciertas faltas que se cometan dentro de las comunas de Santiago, Quinta Normal , Ñuñoa , Providencia, Las Condes y La Reina.

Los jueces del crimen están recargados con el conocimiento de estas faltas, que son delitos de bagatela, las que precisamente ocurren en las comunas de más recursos del país, como la mayoría de las mencionadas. Atendida la brevedad del plazo que tiene para ser despachado este proyecto de ley, nos enfrentamos a dos obstáculos: uno, que es necesario el informe previo de la Corte Suprema y, el otro, que es necesario el pronunciamiento del Tribunal Constitucional. De tal manera que la Comisión, encontrando correcta y justa la derogación de este párrafo segundo de la letra e) del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, propone que sea retirado del proyecto con el objeto de que se aborde en el texto que en definitiva va a normar el procedimiento y la competencia de los jueces de policía local. Es de interés, tanto de la Comisión como del Poder Ejecutivo innovar en esta materia. Pero en atención a que estamos contra el plazo, que vence el 16 de mayo, y por las razones que señalé, es de toda conveniencia, para el fácil despacho de esta iniciativa, que se elimine del texto el artículo 6º que propone esta derogación.

El artículo 7º sugiere sustituir, en el inciso primero del artículo 178 del Código Penal, la expresión “medio sueldo vital” por “una unidad tributaria mensual”, cuestión que no había abordado la ley Nº 19.450 ni el proyecto, con el objeto de readecuar el valor que en ella se señala.

Espero que este proyecto sea aprobado de inmediato con las indicaciones que señalé y con el retiro de la norma derogatoria del párrafo segundo, letra e), del artículo 45 del Código Orgánico de Tribunales, para su inmediato despacho al Senado.

He dicho.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , en la reunión de los Comités hice una advertencia respecto de las materias en las cuales no hay unanimidad. Dentro de ellas está la fijación del domicilio en el territorio urbano del tribunal tributario, la ley “tapón”, la suspensión de pagos en caso de cobranza judicial y la fiscalización en todo el territorio nacional del oficial del Servicio de Impuestos Internos.

Por lo tanto, los temas que le preocupan al Diputado señor Prokuriça están incorporados en la discusión.

Además, el otro acuerdo es votar este proyecto a las 12.30 horas, lo que no se dijo.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente , le agradezco su disposición, sin perjuicio de hacer una prevención de que nuestro ánimo siempre ha sido colaborar en el despacho inmediato de estos proyectos, pero lo máximo que se pueden limitar las intervenciones en los futuros proyectos es a una por bancada. Me parece conveniente que quede en la historia fidedigna de la ley el espíritu con que cada bancada ha concurrido a aprobar un proyecto de ley para los efectos de poder tener el día de mañana una correcta interpretación sobre lo que la Cámara de Diputados quiso resolver en esta materia.

Simplemente, quiero señalar que concurrí con la votación de nuestro partido a este proyecto de ley, que básicamente permite regular en forma adecuada las sanciones de multas, transformándolas todas en unidades tributarias mensuales, corregir los errores en que había incurrido el Senado de la República respecto del monto o los mínimos correspondientes a los delitos, particularmente de hurto, de incendio y de fraude al Fisco, que deben ser conocidos por los juzgados del crimen. Recordemos que el Senado elevaba esa cifra a 140 mil pesos, con lo cual todos los delitos multados con una cifra inferior a esa cantidad quedaban sin pena de cárcel. Hoy el umbral punitivo -como se denomina- se reduce a 23.719 pesos, que parece ser una cantidad bastante razonable.

Es evidente que el Estado chileno no puede tener a los tribunales del crimen, con su sobrecarga de trabajo, investigando procesos por cuantías tan bajas, los que deben ser conocidos por los juzgados de policía local, y aplicar las multas y sanciones que existan en la legislación actual.

Pero el tema de fondo es el siguiente.

En el actual Código Orgánico de Tribunales, en el artículo 45, letra e), inciso segundo, se establece una excepción a la norma general, en el sentido de que todas las faltas son conocidas por los juzgados de policía local. Sin embargo, en virtud de esta disposición, a los tribunales de las comunas de Santiago, Quinta Normal , Ñuñoa , Providencia, Las Condes y La Reina, que corresponden a quince juzgados del crimen, se les recarga su trabajo con el conocimiento de un conjunto de conductas ilícitas que se denominan faltas, y se les entrega la competencia para conocer de ellas. Me refiero a lesiones leves, hurtos, estafas menores, desórdenes públicos, defraudación a la venta al público, daños a las propiedades y desobediencia a la autoridad. La regla general es que todas estas conductas las conocen los juzgados de policía local. Sin embargo, en esas comunas de Santiago, que disponen, en la mayoría de los casos, de recursos suficientes para tener una buena infraestructura en materia de tribunales, los juzgados de policía local no conocen ese tipo de conducta, sino los juzgados del crimen, lo que no tiene ninguna justificación.

Tengo aquí un informe con la opinión de cada uno de los jueces del crimen de esas comunas, quienes concluyen, en forma unánime, en que lo conveniente es que las referidas faltas se radiquen en los juzgados de policía local y no en los del crimen, lo que significará desatocharlos de su actual cantidad de trabajo en aproximadamente un 18 ó 20 por ciento. Repito que esas comunas tienen recursos suficientes para que los juzgados de policía local puedan atender el número de causas en que se incrementaría su labor.

Por lo tanto, la indicación tenía por objeto permitir que los juzgados del crimen pudieran atender en el futuro, en forma más expedita y con mayor prioridad, los procesos de mayor relevancia y desahogar su actividad traspasando los juicios indicados a los juzgados de policía local.

Como la señora Ministra de Justicia me ha hecho presente que esta norma, por ser de ley orgánica, podría entorpecer la tramitación del proyecto, no tengo ningún inconveniente en retirar la indicación, aprobada unánimemente en la Comisión de Constitución. Esta modificación, tal como me lo ha expresado la señora Ministra de Justicia , cuenta con el respaldo del Gobierno y será incorporada en una iniciativa legal en un plazo razonablemente breve, lo cual, sin duda, será cumplido y permitiría abordar una situación que resulta angustiante en comunas donde se producen, lamentablemente, los mayores índices de delincuencia del país y, por lo tanto, necesitan juzgados del crimen que dispongan de tiempo y personal para atender las causas de mayor relevancia y eliminar todo este tipo de faltas que perfectamente pueden ser vistas por los juzgados de policía local.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

¿Habría acuerdo de la Sala para acceder al retiro de la indicación?

Acordado.

Corresponde votar el proyecto en los términos despachados por la Comisión.

Cabe hacer notar a la Sala que en su informe el Diputado señor Elgueta ha incorporado una indicación que establece concordancias relacionadas con los artículo 1º y 2º, a la luz de lo aprobado por la Comisión.

En votación el proyecto con las indicaciones de que he dado cuenta.

Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.

Aprobado.

Despachado el proyecto en general y en particular.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Corresponde conocer las modificaciones del Senado a diversas disposiciones de la ley sobre impuesto a la renta, de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, el Código Tributario y otras normas legales.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Jürgensen.

Solicito autorización para que ingresen a la Sala el director y el subdirector de Impuestos Internos.

Acordado.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , la Comisión de Hacienda me ha encargado dar un informe oral acerca de las enmiendas introducidas por el Senado al proyecto de ley, que modifica diversas disposiciones de la ley sobre impuesto a la renta, de la ley sobre impuesto a las ventas y servicios, el Código Tributario y otras normas legales.

Durante la discusión en la Comisión concurrieron, especialmente invitados, los señores Javier Etcheberry y René García , director y subdirector del Servicio de Impuestos Internos, respectivamente.

La Comisión efectuó una revisión completa de las modificaciones propuestas por el honorable Senado, sobre la base del boletín comparado elaborado por la Secretaría de la Cámara de Diputados y por la unanimidad de sus miembros sugiere la aprobación de las siguientes enmiendas:

En el artículo 1º, número 3, referida a los impuestos que deberán pagar los pescadores artesanales -quedan exentos quienes no tienen embarcaciones- se establece: “media unidad tributaria mensual a los dueños de una o dos embarcaciones que, en su conjunto, no superen las cuatro toneladas de registro grueso; una unidad tributaria mensual a aquellos pescadores propietarios de embarcaciones que tengan sobre cuatro y hasta ocho toneladas de registro grueso; dos unidades tributarias mensuales, cuando los pescadores que posean una o dos embarcaciones que, en conjunto, tengan sobre ocho y hasta quince toneladas de registro grueso”.

El número 5 ha pasado a ser 6; el nuevo número 6 ha pasado a ser 8, porque todas estas materias están referidas a la actual doble tributación por rentas percibidas en el extranjero

Las disposiciones aprobadas por el Senado corresponden a un reconocimiento en Chile, como crédito, de los pagos de impuestos realizados en el extranjero.

El Senado ha incorporado normas de perfeccionamiento, aumentando el efecto sobre las rentas de segunda categoría y ganancias de capital, así como también ha eliminado límites de impuestos por recuperar que en el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados eran innecesarios.

Igualmente se aprobó por unanimidad el número 5, relativo a los transportistas afectos al impuesto a la renta, con el fin de eximirlos de los pagos provisionales mensuales (PPM) cuando se presume una renta mensual inferior a una unidad tributaria anual.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se suspende la sesión por dos minutos para saludar al Diputado señor Guido Girardi , que se reincorpora al Parlamento.

-Aplausos.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Continúa la sesión.

Puede continuar el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente , también se aprobó por unanimidad el artículo 2°, números 1 y 2 nuevos, además de las adecuaciones formales propuestas. En estas disposiciones se amplía el plazo para recuperar el crédito fiscal de IVA por facturas atrasadas hasta por dos períodos, es decir, se aumenta el plazo a tres meses.

En el artículo 3º, se aprobaron el número 1, que suprime la disposición referida a los contribuyentes estafados en el pago de los tributos, porque esta disposición se incorpora en el artículo 196; el número 1, nuevo; la letra b) del Nº 2; 4, 6, 7, nuevo, 7 que ha pasado a ser 8º; 9 y 10, nuevos, sobre domicilios de los contribuyentes y aumento del plazo para reclamar retasaciones de avalúos fiscales; 8, que ha pasado a ser 11, letras b), c) y d) -en el Nº 11 se rechazó la letra a), también por unanimidad, que obliga a presentar declaraciones de iniciación de actividades a los agricultores y directores de sociedades anónimas-; 10, que ha pasado a ser Nº 13; 12, que ha pasado a ser 14; 15, nuevo; 15, que ha pasado a ser Nº 17; 19, nuevo, además de las adecuaciones formales propuestas.

En el artículo 4º, se aprobaron los números 1, 2, 3 y 4, salvo lo que se refiere a la letra g).

Se aprobó el artículo 6º, que ha pasado a ser 5º, que agrega un inciso segundo, nuevo, relativo a la derogación del pago del impuesto de diez pesos anuales, con cargo a los trabajadores, y a la suspensión de su devolución.

Se aprobaron los artículos 7º, 8º y 9º, que han pasado a ser 6º, 7º y 8º.

Se aprobaron, por unanimidad, los artículos 10, 11, 12, 13, nuevo; 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. El artículo 20 se refiere a la banda de precios de la harina de trigo. Otros tratan sobre exenciones de impuestos de timbres y estampillas y de rentas de viviendas de DFL Nº 2, arrendadas bajo el sistema de leasing habitacional, y también al pago de impuestos de estampillas y timbres respecto del reintegro simplificado.

Se aprobaron los artículos transitorios 1º, 2º y 3º.

Por mayoría de votos, se aprobó la eliminación del artículo 5º, relativo a la derogación de la ley Nº 18.320, comúnmente llamada “ley tapón”, que permite la revisión al Servicio de Impuestos Internos de sólo 12 meses en las declaraciones y pagos de IVA a los contribuyentes de buen comportamiento tributario.

La Comisión de Hacienda también acordó, por unanimidad, el rechazo de las siguientes modificaciones del Senado. En el artículo 3º, el número 9, que ha pasado a ser 12, referido a la pérdida o inutilización de libros de contabilidad, con el propósito de insistir en la letra a), del Nº 9, aprobado por la Cámara de Diputados; el Nº 11, que dispone que los contribuyentes deben establecer domicilios dentro de los límites urbanos del respectivo tribunal tributario; el Nº 13, acerca de la suspensión del cobro judicial cuando el contribuyente haya garantizado debidamente la obligación pendiente al tesorero provincial; el Nº 18, nuevo, que se refiere a la prescripción de las multas –ac-tualmente el plazo es de seis meses y la proposición de la Cámara es aumentarlo a tres años-, y el Nº 16.

En el artículo 4º, se rechaza la modificación relativa al Nº 4, que suprime la letra g) del Nº 2, con el fin de que el Servicio de Impuestos Internos tenga la facultad de administrar las disposiciones de los convenios que contengan materias tributarias, celebrados en Chile con gobiernos extranjeros. Su eliminación no le permitiría disponer de ella.

También se acordó, por mayoría de votos, proponer el rechazo de la letra a) Nº 8, que ha pasado a ser Nº 11, en el artículo 3º, referido a la pérdida de documentos y libros de contabilidad, y la enmienda Nº 5 del artículo 4º, a fin de que los funcionarios fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos ejerzan sus funciones en todo el territorio nacional.

La minuta de la Comisión de Hacienda parece que contiene un error, por cuanto el artículo 13 fue rechazado. La disposición establece facultades para que el Presidente de la República pueda refundir en un solo texto materias relacionadas con el impuesto territorial, ya que se estima demasiado limitarlas.

Según lo resuelto en la Comisión de Hacienda, irían a comisión mixta todas aquellas materias en las cuales no existe acuerdo entre la Cámara de Diputados y el Senado.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente , consideramos que la decisión del Senado de liberar a los agricultores y a los directores de sociedades anónimas de la obligación de presentar iniciación de actividades debe ser analizada en una Comisión Mixta, a fin de que se reponga lo acordado por la Cámara de Diputados.

Es muy conveniente que se inscriban estas personas, primero, porque se trata de un requisito para emitir boletas y facturas y, segundo, porque la iniciación de actividades es algo que ocurre una vez en la vida. La inscripción permite al Servicio de Impuestos Internos enrolar a los distintos contribuyentes y, por lo tanto, optimizar el sistema de control.

En cuanto al tema relativo a la dirección, en virtud de lo acordado por esta Corporación, se pide un domicilio conocido dentro del radio urbano jurisdiccional. En la Comisión de Hacienda se conversó la posibilidad de una dirección postal, ya que las personas que trabajan en el campo no tienen direcciones en el radio urbano. Esto es importante tanto para el Servicio de Impuestos Internos como para el contribuyente.

En la actualidad, teóricamente, es posible dejar una notificación en algún sitio eriazo, razón por la cual es muy relevante precisar el domicilio del contribuyente.

Respecto de los fiscalizadores, consideramos muy importante que los funcionarios puedan cumplir su función no sólo dentro de una región, sino a nivel nacional. Las empresas tienen libertad para definir la dirección donde funcionan. Es decir, pueden tener dirección en Santiago y desarrollar sus actividades en varias regiones.

El procedimiento actual es muy engorroso, pues en las regiones se hace desde Santiago. Hay actividades económicas netamente regionales, por lo tanto es importante que los inspectores estén facultados para fiscalizar en todo el territorio.

Finalmente, me referiré al tema de la “ley tapón”.

La Comisión, por una mayoría circunstancial en ese momento, aprobó la proposición del Senado en el sentido de no derogarla. Nosotros pensamos que es necesario y conveniente derogarla.

¿En qué consiste la referida ley? En que el Servicio de Impuestos Internos sólo puede examinar y verificar el cumplimiento del IVA en los últimos doce meses y, si se detectaren irregularidades, se puede extender ese plazo.

Esta disposición se dictó en 1984 y constituyó una alternativa para resolver incumplimientos tributarios más o menos generalizados, como consecuencia de la crisis económica habida en 1982, y como una manera de estimular el cumplimiento de esa obligación durante doce meses, lo que permitía sanear la situación de muchas empresas que habían sufrido crisis muy profundas.

El contexto económico actual es muy distinto. Se propone aplicar la norma general del impuesto a la renta, caso en el cual las operaciones se pueden verificar hasta tres años hacia atrás. En la práctica, cuando se efectúan revisiones de las declaraciones del impuesto a la renta se descubren problemas relacionados con el IVA, sin que el Servicio de Impuestos Internos pueda hacer algo.

¿Qué ocurre en otros países? En Estados Unidos -donde no existe el IVA, sino el impuesto a las ventas- se revisan tres años hacia atrás; en Canadá, cuatro; en Francia, tres; en España, cinco; en Holanda, cinco; en Argentina, cinco, y en Brasil, cinco. Nosotros, en virtud de la “ley tapón”, sólo tenemos doce meses.

A nuestro juicio, este debate es muy trascendente, por cuanto en Chile la evasión sigue siendo un problema real. En 1995, la evasión en el IVA alcanzó a 680 mil millones de pesos, según estimación del Servicio de Impuestos Internos. O sea, l.620 millones de dólares, varias veces la reforma tributaria que hemos discutido. Este monto implica una tasa de 23.8 por ciento de evasión.

Entre 1990 y 1994, la tasa de evasión bajó de 31.8 a 23.3, lo que representa una mayor recaudación en 1994 respecto de 1990.

En el resto de América Latina la evasión del IVA es superior a la de Chile; alcanza a cerca del 30 por ciento. En Chile, como decíamos, al 23.8. En países desarrollados, como Francia, Inglaterra, Nueva Zelanda, Israel y Suecia es inferior al 10 por ciento. En Estados Unidos, es del 15 por ciento.

¿Por qué derogar la “ley tapón”?

En el debate habido en la Cámara de Diputados, los señores Jürgensen y Sabag plantearon que la “ley tapón” debía mantenerse, porque -según ellos- protegía a los buenos contribuyentes y porque había sido eficiente. En verdad, estos argumentos no resisten mayor análisis.

Recordemos que el IVA es un impuesto que grava al consumidor final, y se recauda a través de la cadena de comercialización.

Por lo tanto, la evasión -en el caso del IVA- implica apropiarse de impuestos de retención, que han sido cobrados a otras personas, a otros agentes, y no entregados al Estado como corresponde. Una medida como la “ley tapón”, a estas alturas, en el actual contexto económico, sólo favorece a los contribuyentes que no cumplen su obligación. Es una competencia desleal que algunos contribuyentes no paguen el IVA, en perjuicio de los buenos contribuyentes que sí lo hacen. Por lo tanto, es todo lo contrario a lo afirmado por los señores diputados que mencioné.

Derogar la “ley tapón” favorece la transparencia y la competencia leal entre los distintos agentes económicos.

Una “ley tapón” entraba la capacidad fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos, respecto del impuesto que tiene mayor incidencia en la recaudación general.

La fuerza fiscalizadora del Servicio de Impuestos Internos es muy limitada. Tenemos un funcionario por cada 900 contribuyentes del IVA. Por lo tanto, la posibilidad de fiscalizar es bastante baja.

Lo más importante en relación con la “ley tapón” es que se le restan importantes recursos al Estado en la medida en que no se disminuya la tasa de evasión.

Hay muchos gastos pendientes en nuestra sociedad. Tenemos el caso de los jubilados y de los deudores hipotecarios antiguos. Se requiere enfrentar esto -entre otras cosas- a través de estas líneas de acción.

El hecho de que se mantengan las tasas de evasión actuales limita el debate y los cambios en las tasas impositivas y en la estructura tributaria.

Hoy se recarga a los que no evaden, porque no tenemos tasas de evasión inferiores.

Por lo expuesto, es necesario derogar la “ley tapón”. Esa medida creará un ambiente de sana competencia entre los agentes económicos y permitirá seguir mejorando el sistema tributario.

Creemos que esta materia debe ser analizada por la Comisión Mixta, a fin de modificar el criterio del Senado.

En el Senado el Ejecutivo propuso una alternativa: la aplicación escalonada de esta medida, para evitar un cambio brusco que afecte a algunos contribuyentes, para que tengan tiempo de adaptarse a la nueva situación.

Se propuso la derogación de la “ley tapón” a partir del 1º de enero de 1999, a fin de dar tiempo para corregir distintas situaciones. Mientras tanto, se propuso extender el plazo del Servicio de Impuestos Internos para fiscalizar de 12 a 24 meses, a partir del 1º de enero de 1998, y ampliar el plazo que tiene hoy para citar a los contribuyentes, que es sólo de tres meses, en el cual prácticamente no se alcanza a hacer.

Esta proposición de solución también fue rechazada en el Senado.

Creemos que la Cámara debe insistir en su punto de vista. La “ley tapón” no es razonable, ni moderna ni adecuada para la transparencia que buscamos en la actividad de los distintos agentes, ni con la competencia de los agentes económicos.

Por esto, esta materia debe ser solucionada por la Comisión Mixta.

Es cuanto puedo plantear en nombre de nuestra bancada.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Baldo Prokuriça.

El señor PROKURIÇA.-

Señor Presidente , tanto durante el primer trámite constitucional del proyecto como en la sesión anterior hice presente mi inquietud respecto de las modificaciones al artículo 125 del Código Tributario -en este caso, incluidas en el artículo 3º, número 11, del proyecto- porque, a mi juicio, atentarán en contra de un debido proceso a los contribuyentes.

Se ha dicho que la modificación apunta a que el reclamante debe indicar nombre, profesión u oficio suyos y de las personas que lo representan, naturaleza de la representación y designación de un domicilio conocido dentro de los límites urbanos en que funcione el respectivo tribunal tributario. Si no designare un domicilio en el lugar indicado, las resoluciones se le notificarán por el estado diario.

En verdad, si se tratara de tribunales ordinarios ésta sería una modificación muy sana; pero las diferencias entre los tribunales ordinarios y los tributarios son enormes, especialmente una: que estos últimos sólo existen en las capitales de las regiones.

Frente a esta realidad, un contribuyente que tiene su domicilio en otro lugar, tendría que inventar uno en la capital de su región.

Se ha dicho que esta modificación, aprobada por la Comisión rechazando la proposición del Senado, tiene el propósito de uniformar la información de los reclamantes con la exigida por los tribunales ordinarios en los requisitos de la demanda. A mi juicio, esta razón carece de fundamento por cuanto el requisito establecido en el artículo 49 del Código de Procedimiento Civil, en orden a que todo litigante deberá, en su primera gestión judicial, designar un domicilio conocido dentro de los límites urbanos del lugar en que funcione el tribunal respectivo, no tiene otro objetivo que el de hacer más expedita la diligencia de las notificaciones personales o por cédula que deban hacerse en el juicio.

Pues bien, en los artículos 123 al 148 del Código Tributario, de acuerdo con la ley vigente, todas las notificaciones se realizan por carta certificada, incluso la sentencia definitiva, salvo que el reclamante pida que se efectúen por cédula. Por lo tanto, la razón por la cual en los juicios regidos por el Código de Procedimiento Civil se ha establecido la obligación de fijar domicilio dentro del radio urbano no rige en materias tributarias, especialmente por el hecho de que no existen tribunales tributarios en todas las comunas del país.

Creo que de aprobarse esta disposición, no se perjudicará a los grandes contribuyentes que tienen recursos para pagar abogados que los defiendan en la capital de la región, sino que a los pequeños contribuyentes que se defienden solos o mandan a su contador, puesto que se les notificará en los lugares que no tienen domicilio real -toda vez que se ven obligados a fijar un domicilio ficticio-, o bien se les obligará a lo imposible: tener que viajar permanentemente a la capital de la región para saber si se ha dictado alguna resolución relacionada con el proceso que se les sigue.

Respecto de esta disposición reitero que recurriré al Tribunal Constitucional, debido a que infringe el artículo 19, número 3, de la Constitución, que asegura a las personas el debido proceso.

También quiero referirme a la modificación del artículo 147 del Código Tributario, contenida en el número 13 del artículo 3º del proyecto.

La modificación es para intercalar un nuevo inciso octavo, que señala: “La suspensión del cobro judicial a que se refiere este artículo surtirá efecto una vez que el contribuyente hubiere garantizado convenientemente la obligación a juicio del tesorero provincial.”

¿Qué puede ocurrir con esto? Que un contribuyente que reclame liquidaciones de impuestos y pierda en la primera instancia -que, por lo demás, es lo normal-, puede ser llevado a la ruina, pues antes de que se dicte sentencia favorable en la Corte de Apelaciones que revoque el dictamen del Servicio de Impuestos Internos que permitió efectuar los giros, la tesorería puede embargar y rematar sus bienes. Entonces, si seguimos la lógica del proceso, se da el absurdo de que si el tesorero provincial considera que no se ha garantizado la obligación y, por lo tanto, no se puede suspender el procedimiento de ejecución, tendremos un contribuyente con su casa y bienes rematados y una sentencia absolutoria de la Corte de Apelaciones en segunda instancia.

Por lo tanto, creo que esta disposición lesiona gravemente los derechos de los contribuyentes.

Los diputados de Renovación Nacional estamos de acuerdo con el Director del Servicio de Impuestos Internos en cuanto a que debemos procurar que no haya evasión tributaria y que la recaudación de impuestos sea lo más normal posible; sin embargo, ello no puede ser violando los derechos ni menos las garantías constitucionales de los contribuyentes. En este caso, también anuncio que recurriré al Tribunal Constitucional, porque se afecta la garantía establecida en el artículo 19, número 3, de la Constitución.

El Diputado señor Huenchumilla me pide una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla .

El señor HUENCHUMILLA .-

Señor Presidente , sólo para apoyar la argumentación del Diputado señor Prokuriça respecto del artículo 3º, número 11, en cuanto a que la carga que se le impone al contribuyente que no vive en la capital regional, donde supuestamente existe un tribunal tributario, violenta el número 3 del artículo 19 de la Constitución, que garantiza a las personas el debido proceso. Lo mismo ocurre con la sanción que establece la letra b), número 11, del artículo 3º.

En consecuencia, para resolver el tema deberíamos aprobar lo acordado por el Senado de eliminar las dos letras del número 11 del artículo 3º.

Gracias, señor Presidente.

El señor ELGUETA .-

Señor Presidente , en la sesión anterior, cuando se debatió el punto que ha abordado el Diputado señor Prokuriça , señalé un criterio contrario. Sin embargo, al estudiar mejor el tema, creo que la propuesta del Servicio de Impuestos Internos sólo se ajustaría al debido proceso si fuera obligatorio que las reclamaciones tributarias contra las liquidaciones se realizaran con el patrocinio de un abogado. Si existiera tal obligación, no cabe duda de que sería ajustado al debido proceso la designación de un domicilio conocido.

Por eso, considero un error establecer en las leyes que los contribuyentes o cualquier persona puedan presentarse solos ante los tribunales, porque eso conduce a que queden en la indefensión. Si tuvieran abogado, esta disposición debería quedar como lo propone el Servicio de Impuestos Internos; en caso contrario, cambio mi opinión en cuanto a que debería aprobarse lo propuesto por el Senado.

En cuanto a la suspensión de los cobros, ello puede llevar a un exceso, ya que mientras esté pendiente la apelación la Tesorería Provincial puede ejecutar y rematar los bienes. Entonces, surge una pregunta: si gana el contribuyente, ¿quién le devuelve los bienes o quién lo resarce de los perjuicios? Me gustaría que el Director del Servicio de Impuestos Internos me respondiera qué ocurre cuando el Servicio pierde el juicio y los bienes del contribuyente han sido rematados.

He dicho.

El señor PROKURIÇA.-

Señor Presidente , de acuerdo con la reforma que se propone al artículo 147, la segunda instancia en los juicios tributarios sería prácticamente inútil, pues aun en el caso de que el contribuyente logre que la Corte de Apelaciones revoque la sentencia de primera instancia, sus bienes ya estarán rematados por la tesorería provincial, como ha dicho muy bien el Diputado señor Elgueta .

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra, por tres minutos, el Diputado señor Kuschel.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente , sólo para insistir en un planteamiento hecho por la unanimidad de la Sala hace mucho tiempo, relativo a establecer una exención tributaria para los pescadores artesanales, sin que importara el tamaño de sus embarcaciones ni sus condiciones de trabajo. Ello debido, en general, a la situación que han vivido siempre y, en particular, a las dificultades que están soportando hoy en virtud de las diversas normativas y, especialmente, de las vedas que afectan a su actividad, decretadas por la escasez de recursos.

Aquí se establece una tributación que parece más bien un permiso de circulación para las embarcaciones, en circunstancias de que, paralelamente, la autoridad técnica -no la económica- establece, por ejemplo, una veda de dos años y medio, para las actividades de la pesca artesanal en determinadas zonas, como la que se estableció en Perhue, isla de Puluqui, cercana a Puerto Montt.

Por otra parte, aprovechando su presencia en la Sala, quiero llamar la atención sobre la poca coordinación que existe entre las autoridades técnicas y las económicas o tributarias, no sólo en materia de pesca artesanal, sino también en lo relativo a los algueros y buzos mariscadores que están en una situación relativamente similar en cuanto a las concesiones, ya que, aunque no tienen plenamente regularizadas ni entregadas a cabalidad las concesiones, se les cobra tributo. La Cámara también se ha pronunciado respecto de esta materia.

En el caso de los buzos mariscadores, también hay una situación institucional o de normativa precaria que se está alterando permanentemente.

Por último, adhiero a las expresiones vertidas por los Diputados señores Huenchumilla y Prokuriça en torno a que no se castigue a las personas que no tienen domicilio en la capital regional.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado don José García , por tres minutos.

El señor GARCÍA (don José) .-

Señor Presidente , quiero referirme a uno de los temas que produce mayor controversia: la “ley tapón”, que el Gobierno pretende derogar. A mi juicio, ella constituye un incentivo correcto al buen comportamiento tributario y, por lo tanto, favorece el aumento de la recaudación y no la perjudica, como se ha sostenido.

La “ley tapón” no significa que no se puedan revisar las declaraciones de los contribuyentes, sino que aquel contribuyente que durante doce meses ha tenido un comportamiento correcto, sin ninguna dificultad ni diferencia en el impuesto al valor agregado, el más importante, no se le revisan sus otros periodos tributarios. En consecuencia, existe el incentivo correcto de premiar al buen contribuyente.

El Diputado señor Montes dijo que existen dificultades para fiscalizar, en razón de que sólo hay un fiscalizador por cada novecientos contribuyentes. Todos sabemos que hoy la fiscalización se realiza, fundamentalmente, a través de sistemas computacionales. Las computadoras arrojan en forma rápida los resultados de la situación de aquellos contribuyentes con diferencias en el IVA o que muestran un notable incremento de las compras por sobre las ventas. Es algo que detectan de inmediato los sistemas computacionales y, de igual manera, entregan la información para proceder a fiscalizar a aquellos contribuyentes que presentan situaciones anómalas.

Por lo tanto, la relación de un fiscalizador por cada novecientos contribuyentes, con sistemas computacionales modernos como los que tiene el Servicio de Impuestos Internos en Chile, no constituye limitación alguna para una buena fiscalización.

Somos partidarios de mantener la “ley tapón” como existe, porque -repito- incentiva el buen cumplimiento tributario.

Finalmente, quiero hacer otra observación al Diputado señor Montes, quien dijo que en la Comisión de Hacienda se aprobó la propuesta del Senado de mantener vigente la “ley tapón”, por una mayoría circunstancial. Es efectivo que la Oposición es minoría en esa Comisión, como en todas las de esta honorable Cámara. Sin embargo, esa mayoría circunstancial fue la que permitió que hoy estemos tratando este proyecto. Por eso, pido respetar aquellas mayorías que muchas veces permiten que la Corporación despache los proyectos de ley que le son encomendados.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz, por tres minutos.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente , hablaré en nombre de la bancada democratacristiana y dentro de la minoría circunstancial que mencionó el Diputado señor José García , a quien le consta que participamos activamente en la tramitación de este proyecto.

El problema de fondo es que en este instante debemos votar un proyecto de ley que significa efectiva y realmente dar la posibilidad de que exista el concepto de justicia en lo que es la redistribución de los ingresos.

En el fondo, con este proyecto que modifica disposiciones sobre impuesto a la renta, impuesto a las ventas y servicios y al Código Tributario, lo que estamos haciendo posible es que quienes ganan más, tributen más, porque también tiene relación con las normas que estamos estableciendo.

En el caso concreto de la “ley tapón”, nos preocupa que todavía haya una evasión tributaria del 23,8 por ciento, lo cual está indicando que falta un aporte presupuestario muy importante de personas que no están cumpliendo con sus obligaciones tributarias, y eso va en desmedro de quienes tienen poco o nada en nuestro país.

Por eso, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, anuncio que solicitaremos que los seis temas que se han tocado vayan a Comisión Mixta para ver en qué forma llegamos a una legislación más justa para la gran mayoría, lo que conlleva el concepto de cumplimiento de las responsabilidades de nuestros conciudadanos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

La Secretaría ha especificado los seis temas discutidos que deben someterse a votación, con especificación de sus artículos.

Los temas planteados son los siguientes:

1) El número 3 del artículo 1º, nuevo, relativo a los pescadores artesanales.

2) El número 8 del artículo 3º, relativo a la declaración de pequeños agricultores.

3) El número 11 del artículo 3º, relativo a la designación de domicilio.

4) El número 13 del artículo 3º, que dice relación con la suspensión de cobro.

5) El número 5 del artículo 4º, sobre facultades fiscalizadoras a nivel nacional.

6) El artículo 5º, denominado “ley tapón”.

Adoptaremos, como mecanismo, votar la propuesta de la Comisión de Hacienda en relación con cada uno de estos temas, es decir, aprobar la del primer tema; rechazar las del segundo, tercero, cuarto y quinto, y aprobar las del sexto. Si no hay una propuesta distinta, se votará cada tema.

En votación la proposición de la Comisión de Hacienda para aprobar la enmienda del Senado al primer tema, relativo a los pescadores artesanales, que corresponde al artículo 1º, número 3, nuevo.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 39 votos; por la negativa, 18 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Aprobada.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bombal, Ceroni, De la Maza, Elgueta, Fuentealba, Gajardo, Girardi, González, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Muñoz, Navarro, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Espina, García (don René Manuel), Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Munizaga, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Ribera, Solís, Taladriz, Valcarce y Vargas.

-Se abstuvieron los Diputados señores:

Fantuzzi, Galilea, García (don José) y Paya.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde votar la proposición de la Comisión de Hacienda para rechazar la modificación del Senado al segundo tema, relacionado con la declaración de pequeños agricultores, que corresponde al número 8 del artículo 3º.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor LONGUEIRA .-

Señor Presidente , para orientar la votación, ¿aprobar la propuesta de la Comisión de Hacienda significa que el proyecto va a Comisión Mixta?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Es decir, se rechaza la modificación del Senado y el tema va a la Comisión Mixta.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 45 votos; por la negativa, 17 votos. No hubo abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Aprobada la propuesta de la Comisión de Hacienda.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bombal, Ceroni, Correa, De la Maza, Elgueta, Fuentealba, Gajardo, Girardi, González, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Muñoz, Navarro, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Paya, Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Tohá, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valcarce, Valenzuela, Venegas, Villegas y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Fantuzzi, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Martínez (don Rosauro), Munizaga, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Ribera, Solís, Taladriz y Vargas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde pronunciarse sobre el Nº 11 del artículo 3º, relativo al tema de designación de domicilio, en que Hacienda propone el rechazo de la modificación del Senado.

El señor LONGUEIRA .-

¿Me permite, señor Presidente?

Los que comparten la posición planteada por algunos señores diputados, entre ellos el señor Prokuriça , tienen que rechazar lo que propone la Comisión de Hacienda para que el tema no vaya a Comisión Mixta.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Cada diputado tiene que tomar su opción. No podemos inducir su votación.

El señor LONGUEIRA .-

¿Cómo nos está pidiendo votar?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Como se acordó, señor diputado : si se vota a favor del informe de la Comisión de Hacienda, se rechaza la modificación del Senado, en cuyo caso el tema pasa a Comisión Mixta.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 32 votos. No hubo abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Rechazada la propuesta de la Comisión de Hacienda.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, De la Maza, Fuentealba, Girardi, González, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Muñoz, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Villegas y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Aylwin (don Andrés), Correa, Elgueta, Fantuzzi, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Huenchumilla, Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Munizaga, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Ribera, Solís, Taladriz, Ulloa, Valcarce, Vargas y Vilches.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde pronunciarse sobre el Nº 13 del artículo 3º.

La Comisión de Hacienda propone rechazar la enmienda del Senado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 29 votos; por la negativa, 35 votos. No hubo abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Rechazada la propuesta de la Comisión de Hacienda.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, Fuentealba, Girardi, González, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Morales, Muñoz, Navarro, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Bombal, Correa, De la Maza, Elgueta, Espina, Fantuzzi, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Huenchumilla, Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Munizaga, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Ribera, Solís, Taladriz, Ulloa, Valcarce, Vargas, Vilches y Villegas.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde pronunciarse sobre el Nº 5 del artículo 4º, sobre facultades fiscalizadoras a nivel nacional.

La Comisión de Hacienda propone el rechazo de la modificación del Senado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 26 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Aprobada la propuesta de la Comisión de Hacienda.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, De la Maza, Elgueta, Fuentealba, Gajardo, García (don José), Girardi, González, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Montes, Muñoz, Navarro, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela y Walker.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Bombal, Correa, Espina, Fantuzzi, Galilea, García (don René Manuel), Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Leay, Longton, Martínez (don Rosauro), Morales, Munizaga, Pérez (don Ramón), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Ribera, Solís, Taladriz, Ulloa, Valcarce, Vargas, Venegas y Vilches.

-Se abstuvo el Diputado señor Paya.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Corresponde votar el artículo 5º sobre la “ley tapón”.

La Comisión de Hacienda propone aprobar la enmienda del Senado.

En votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 31 votos; por la negativa, 31 votos. No hubo abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Se va a repetir la votación.

-Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 30 votos; por la negativa, 32 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Rechazada la propuesta de la Comisión de Hacienda.

Despachado el proyecto.

-Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Álvarez-Salamanca, Bombal, Correa, Espina, Fantuzzi, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Hurtado, Jürgensen, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Munizaga, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokuriça, Ribera, Solís, Taladriz, Ulloa, Valcarce, Vargas y Vilches.

-Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló,Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Ceroni, De la Maza, Elgueta, Fuentealba, Gajardo, Girardi, González, Huenchumilla, Jocelyn-Holt, Letelier (don Juan Pablo), Martínez (don Gutenberg), Montes, Morales, Muñoz, Navarro, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Tohá, Urrutia (don Salvador), Valenzuela y Walker.

-Se abstuvo el Diputado señor Makluf.

TRATAMIENTO DE PROYECTOS DE ACUERDO.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Paya.

El señor PAYA.- Señor Presidente , existe una propuesta pendiente desde ayer, en el sentido de avanzar hoy en el despacho de proyectos de acuerdo hasta el que se presentó respecto de la situación del carbón.

Le pido que formule la solicitud para proceder de esa manera.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Solicito el acuerdo de la Sala para despachar seis proyectos de acuerdo, incluido el último, relativo a Enacar.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, solicito que se incluya el proyecto de acuerdo Nº 515.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Aguiló.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente , ¿nos podría precisar su propuesta?

Formulo la pregunta porque vamos a despachar seis proyectos y el último, en orden correlativo, podría no corresponder al de Lota-Enacar.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Por eso se tratarían los proyectos de acuerdo exactamente en orden correlativo hasta el de Enacar.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente , ¿qué número tiene el de Enacar?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El 513, señor diputado .

¿Habría acuerdo para tratarlos?

Acordado.

El señor ULLOA .-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ULLOA .-

Señor Presidente , el colega Valenzuela señaló que también podrían votarse otros proyectos de acuerdo, incluyendo el 516.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Específicamente, el Diputado señor Valenzuela solicitó el acuerdo para incorporar, además, el 515.

¿Habría acuerdo para tratar también los proyectos de acuerdoNos 514, 515 y 516?

No hay acuerdo.