Labor Parlamentaria

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el Orden del Día corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que complementa la ley N° 19.396, sobre deuda subordinada.

Diputado informante es el señor José García .

Antecedentes:

Mensaje del Ejecutivo, boletín Nº 1830-05, sesión 62ª, en 9 de abril de 1996. Documentos de la Cuenta Nº 2.

Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta Nº 8, de esta sesión.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, la Comisión de Hacienda pasa a informar, en cumplimiento del inciso segundo del artículo N°17 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, el proyecto de ley que complementa la ley N°19.396, sobre deuda subordinada.

La iniciativa tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, calificada de discusión inmediata para su tramitación legislativa.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del proyecto don Manuel Marfán , Subsecretario de Hacienda; don Jorge Marshall , Vicepresidente del Banco Central; don José Florencio Guzmán , Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras, y don René García , Subdirector del Servicio de Impuestos Internos.

La iniciativa, tiene por objeto perfeccionar la ley N°19.396, sobre deuda subordinada, con el propósito de aclarar el alcance de la norma tributaria contemplada en su artículo 33 y complementar la norma sobre dación en pago de la letra b) del artículo 18.

El proyecto consta de dos artículos permanentes; a su vez, el artículo 1º tiene tres numerales.

La actual letra b) del artículo 18 de la ley Nº 19.396, sobre deuda subordinada, dispone que esta obligación se extinguirá una vez que el banco obligado entregue al Banco Central de Chile, en dación en pago, la totalidad de las acciones equivalentes al número máximo a emitir, conforme al artículo 11, es decir, cuando se produce un déficit mayor al 20 por ciento de su capital pagado y reservas en el pago de la cuota fija, o una vez que se licite y pague el total de las acciones que formen parte del programa de licitación, según lo dispone el artículo 13. En ambos casos, rige para los bancos con obligación subordinada superior a 40 cuotas.

El proyecto propone reemplazar el texto de la letra b) del artículo 18, reafirmando, como formas de extinguir la deuda, las ya señaladas en los artículos 11 y 13, y precisando, para mayor certeza jurídica, que las formas de extinción de la deuda subordinada se extienden también al mecanismo del artículo 24, letra b), referida a las acciones prendadas de las denominadas sociedades espejo y a la aplicación de pagos anticipados o prepagos que se efectúan en las condiciones establecidas en el artículo 20. Es decir, resumir en una sola norma todas las formas de extinción de la deuda por dación en pago.

El numeral 2 aclara que el beneficio del artículo 57 bis de la Ley sobre Impuesto a la Renta es aplicable a las personas que adquieran del Banco Central de Chile acciones que le hayan sido entregadas a éste en dación en pago, en cumplimiento de la obligación subordinada.

El numeral 3 agrega un inciso al artículo 33 para que, en el caso de los bancos que opten por el procedimiento de las llamadas sociedades espejo, se hagan extensivas a la sociedad matriz, a la sociedad administradora, al nuevo banco y a los accionistas de todos ellos, las disposiciones tributarias aplicables a los bancos que ejerzan la opción de convenir con el Banco Central de Chile el pago de su obligación subordinada.

Como consecuencia de este nuevo inciso, no podrán cobrarse mayores impuestos a las referidas sociedades y a sus accionistas, de tal forma que la opción de una u otra fórmula no podrá significar beneficios adicionales ni perjuicios o tratamientos tributarios diferentes.

El artículo 2º de la presente iniciativa dispone que las normas del proyecto regirán también para los bancos que a la fecha de su publicación ya hayan celebrado su respectivo contrato de pago de deuda subordinada con el Banco Central de Chile, sin que sea necesaria la dictación de una nueva ley al respecto, salvando así la exigencia del inciso final del artículo 1º de la ley Nº 19.396, que establece que toda modificación de contrato, además de contar con el acuerdo de las partes, requerirá de dictación de ley.

Finalmente, se dispone que, para los efectos de la dación en pago o para los pagos anticipados o prepagos, los bancos que ya hayan celebrado contrato con el Banco Central de Chile deberán realizar la correspondiente junta extraordinaria de accionistas con el objeto de facultar a su directorio para acogerse a lo dispuesto en la presente iniciativa.

La Comisión de Hacienda cumple con señalar a esta honorable Sala que los dos artículos del proyecto requieren para su aprobación quórum de ley orgánica constitucional y que fueron aprobados por unanimidad. En consecuencia, su recomendación es que la Sala proceda de igual forma.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, la ley Nº 19.396, publicada el 29 de julio de 1995, dispone un tratamiento de la obligación subordinada de determinados bancos comerciales con el Banco Central de Chile. Esa misma ley dio un plazo de un año para que los bancos puedan acogerse a sus disposiciones, lo que hasta la fecha no ha sido posible, entre otros inconvenientes, fundamentalmente, porque las materias tributarias no quedaron debidamente aclaradas en esa ley.

Por eso reviste interés este proyecto, ya que facilita la aplicación de la ley Nº 19.396 sobre deuda subordinada por la vía de aclarar algunos aspectos pendientes, porque en materia tributaria se señala que cualquiera sea la modalidad que se acuerde entre el banco obligado y el Banco Central, ello no significará un beneficio, un perjuicio o un tratamiento tributario diferente ni para el Banco Central, ni para el banco obligado o las sociedades que se constituyen de acuerdo con el párrafo V de la ley, ni tampoco para los accionistas.

También se establece la posibilidad de extinguir la deuda subordinada por una dación en pago convencional, a través de la entrega de acciones, incluso en un plazo y modalidad diferente. Con esta disposición, se está aclarando que las partes también pueden convenir, en cualquier momento, la entrega inmediata de las acciones. Eso que resulta lógico según el espíritu de la iniciativa, pero no quedaba claramente establecido en la ley Nº 19.396.

Por las razones expuestas, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto de ley.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Rebolledo; a continuación, el Diputado señor Orpis.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, como se ha dicho, este proyecto de ley complementa y facilita la aplicación de la ley Nº 19.396 para la solución del problema de la deuda subordinada.

Esa ley se aprobó luego de un gran esfuerzo del Congreso Nacional. A mi juicio ello ha mejorado nuestro prestigio y demuestra que cuando las cosas se hacen bien y se es constante, se puede llegar a acuerdos y tener éxito en la búsqueda de soluciones, muchas veces muy difíciles.

Esta iniciativa viene a complementar la ley Nº 19.396 en dos aspectos en que hubo claridad y unanimidad en el espíritu de los legisladores, pero que, sin embargo, eso no fue expresado en la misma forma en su texto. Se refieren al tema tributario en la formación de las sociedades espejo y a regular la dación en pago de acciones, como forma de extinguir la deuda.

Es nuestro ánimo, como legisladores y partido, que los bancos puedan, optar y llegar a un acuerdo con el Banco Central respecto de las fórmulas de extinción del pago de la deuda subordinada antes del próximo 28 de julio, razón por la cual vamos a apoyar y prestar todos nuestros esfuerzos para que este estupendo proyecto de ley sea aprobado en la forma más rápida posible y pueda ser aplicado de la manera en que unánimemente este Congreso lo decidió.

Por eso, reitero, el Partido por la Democracia apoya esta iniciativa de ley.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, tal como lo señaló el Diputado informante, básicamente este proyecto de ley aborda dos tipos de materias: la primera, de carácter tributario, con el objeto de aclarar que los beneficios tributarios que favorecen en la actualidad a las instituciones financieras también serán aplicables a las distintas modalidades establecidas en este proyecto. Ello porque han surgido distintas interpretaciones del texto aprobado por el Legislativo. Para otorgar mayor seguridad al sistema, se prefirió aclarar el punto en la ley y no dejar la interpretación sujeta a las propias autoridades administrativas.

La segunda materia se refiere a la manera de extinguir la obligación subordinada. En el proyecto aprobado por el Parlamento se consideraron distintas modalidades y, a partir de la dictación de la ley, se inició el proceso de negociación entre el Banco Central y las instituciones financieras. Presumo que en el transcurso de éste y de la aplicación práctica de la ley fueron surgiendo distintos inconvenientes.

Lo adicional y novedoso del proyecto radica en que el inciso tercero de su artículo 1º da mayor flexibilidad para que, dentro de las distintas opciones, el Banco Central, que es el negociador, pueda llegar a feliz término con las negociaciones.

Fundamentalmente, se consagra la figura de la dación en pago convencional de acciones. Entre las distintas opciones, el Banco Central puede convenir plazos y modalidades para acordar y ejercer el rescate de las acciones y su dación en pago. A partir de este instante, el Congreso le está otorgando una herramienta adicional para que, dentro de las alternativas que establece la ley original, pueda tener mayor flexibilidad.

Confiamos en que al llevar a cabo estas negociaciones resguardará el patrimonio público. En esa perspectiva, la bancada de la Unión Demócrata Independiente está de acuerdo en otorgar esta mayor flexibilidad dentro de las opciones que establece la ley actual.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, los Diputados democratacristianos también apoyaremos la iniciativa.

La discusión sobre el tema de la deuda subordinada ya la tuvimos en la Cámara con ocasión de la tramitación y despacho de la ley Nº 19.396, que fijó normas alternativas para los contratos vigentes sobre deuda subordinada.

Este proyecto lo aprobaremos por las razones entregadas por el Diputado informante, en el entendido de que facilitará el acuerdo entre los cinco bancos que aún mantienen deuda subordinada y el Banco Central de Chile, a fin de que se sujeten a las normas de la ley Nº 19.396.

En nuestra opinión, el proyecto no entrega nuevos elementos a la ley Nº 19.396, sino que precisa su espíritu para evitar interpretaciones en áreas que suscitaron dudas por parte de algunos de los agentes interesados en esta materia.

En tal sentido, entendemos que la situación podría haberse resuelto por la vía reglamentaria, pero consideramos preferible hacerlo por ley, de manera de dar tranquilidad, en el largo plazo, a todos los afectados y no dejarlos sujetos a una eventual interpretación reglamentaria. Por ejemplo, si el Gobierno de la Concertación terminara antes de 40 años, un gobierno en otra orientación política podría darle una interpretación diferente. Como no podemos prever esa situación, entonces, es mejor dejarlo establecido en la ley.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Hago presente a los señores Diputados que el proyecto, para ser aprobado, requiere 68 votos a favor.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Por no haber sido objeto de indicaciones, queda también despachado en particular.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Alvarado,  Álvarez-Salamanca, Allamand, Ascencio, Ávila, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bayo, Bombal, Cardemil, Coloma, Cornejo, Correa, Chadwick, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Espina, Estévez, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Huenchumilla, Hurtado, Jeame Barrueto, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Andrés), Paya, Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Sabag, Seguel, Silva, Solís, Taladriz, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Venegas, Vilches, Villegas, Villouta, Wörner (doña Martita) y Zambrano.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Corresponde seguir ocupándose del proyecto, en primer trámite constitucional, que establece normas sobre adopción de menores.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, ayer comenzamos la discusión de las modificaciones a las leyes vigentes en Chile en materia de adopción.

La Unión Demócrata Independiente quiere manifestar su interés en que el proyecto sea despachado lo más pronto posible, pero que, al mismo tiempo, permita que las adopciones en Chile puedan tramitarse con mayor facilidad y rapidez.

Es siempre útil tener presente cuál es el problema que se quiere corregir para juzgar si una legislación es buena o mala. El tema de fondo es la gran cantidad de niños que necesitan de una familia, que no la tienen, y los trámites tremendamente engorrosos, eternos, dificilísimos y caros que debe realizar una familia dispuesta a incorporarlo a su seno por la vía de la adopción, los cuales muchas veces frustran ese intento y, en la práctica, impiden que ese niño abandonado tenga una familia. Éste es el tema de fondo y no otro.

Hay un segundo problema, menor, que no es el tema central.

Con razón se ha manifestado la preocupación por ciertas irregularidades que se producen en los procesos de adopción por parte de personas inescrupulosas que realizan gestiones ilegales, procurándose ganancias y estableciendo una suerte de tráfico de niños.

Pero no nos confundamos: el tema central es la enorme cantidad de niños que necesitan una familia y el gran número de parejas que quieren adoptar un niño y no pueden hacerlo, porque la ley es engorrosa, lenta, complicada y no se los permite. Por lo tanto, la perspectiva desde la cual emitimos nuestra opinión es facilitar el proceso de adopción. Si en verdad se quiere evitar la salida ilegal de menores del país, su tráfico, la solución no está en dar al juez más o menos atribuciones, sino en que el acceso al mecanismo legal de adopción sea lo más expedito, fácil y rápido posible. De lo contrario, las vías ilegales e informales, que permiten dicho tráfico, no sólo no serán eliminadas, sino que crecerán.

Creemos que el principio inspirador del proyecto debiera ser fomentar la existencia de instituciones privadas como las que hoy existen, que con mucha honestidad y sin fines de lucro participan en programas de adopción con bastante éxito, no obstante las dificultades que presenta la ley. Lo contrario, o sea, dificultarles el trabajo, hacer más engorroso, lento y complicado el trámite, sólo las desincentivará, y como digo producirá un efecto contrario al que se persigue.

A nuestro juicio, un cambio muy importante efectuado por unanimidad en la Comisión de Familia al proyecto presentado por el Ejecutivo, fue el que permite que las instituciones privadas que deseen participar en programas de adopciones, lo hagan con solo acreditar ante un organismo, en este caso el Sename, que cumplen con los requisitos exigidos por la ley y convenios internacionales sobre la materia, en lugar de requerir una autorización discrecional de la autoridad, del Sename o de otros organismos, para participar en programas de adopción, como lo establecía el proyecto originalmente.

Nos parece que la forma de incentivar el desarrollo de estos programas de adopción es a través de normas objetivas, que, por la vía de acreditar que se cumplen los requisitos, permiten que una institución privada se incorpore y participe en la ejecución de dichos programas de adopción.

A nuestro juicio, las irregularidades no se cometen en el ámbito de las organizaciones que ejecutan programas de adopción. En nuestro país, hay instituciones privadas serias y prestigiosas, que actúan con absoluta seriedad y bastante eficiencia para buscar lo mejor para el niño, por lo que no sería bueno que, como consecuencia de la aprobación de este proyecto, se produjera un entorpecimiento, por parte de la ley y del Estado, en el trabajo que ellos ejecutan. Las irregularidades se están produciendo en otra parte, fuera de estas instituciones, justamente porque las familias que quieren adoptar a un niño se encuentran con que es imposible o tremendamente complicado hacerlo por la vía legal. Eso genera la posibilidad de que inescrupulosos actúen en esta materia.

Aumentar la burocracia en este punto, obviamente no va a ayudar. Por eso se formularon múltiples indicaciones en la Comisión destinadas a hacer más expedito, fácil y rápido el trámite de adopción.

Quiero detenerme en un punto en particular. Debo confesar que no entiendo por qué la Comisión no resolvió una gran omisión, que fue discutida in extenso, relacionada con el artículo 33, que establece los requisitos que deben cumplir las parejas extranjeras para adoptar un niño chileno, a quienes, lisa y llanamente, se les impone un conjunto de requisitos y papeleos, a mi juicio, kafkianos, entre otros, certificados de nacimiento de los solicitantes; certificado de matrimonio; certificado expedido por el cónsul chileno de profesión, en que conste que los solicitantes cumplen con los requisitos para adoptar, según la ley de su país de residencia; un certificado de la autoridad de inmigración del país de residencia de los solicitantes, en que consten los requisitos que debe cumplir el menor adoptado para ingresar a ese país; un certificado autorizado por el gobierno del país de residencia de los solicitantes, donde conste el compromiso de ese gobierno de efectuar el seguimiento de la situación del menor por el lapso estipulado en el convenio respectivo si se exige la existencia de un convenio, firmado por el gobierno de ese país como requisito para que se pueda intentar la adopción internacional, ¿para qué pedimos, además, un certificado del gobierno en que se comprometa a cumplir lo que, por convenio, debe estar formalizado con anterioridad?; un informe social emitido por ese organismo gubernamental del país extranjero; certificados de salud física, mental y sicológica de los solicitantes, otorgados por las autoridades de salud del país de residencia de los solicitantes se imaginan tener que ir al ministerio de salud respectivo y esperar el despacho de este trámite; tres cartas de honorabilidad de los solicitantes, otorgadas por organizaciones comunitarias, religiosas o autoridades gubernamentales; antecedentes que acrediten la capacidad económica de los solicitantes ¿qué antecedentes? ¿Los que pide un banco o una embajada al momento de sacar la visa?, y finalmente, fotografías recientes de los solicitantes. Todos los certificados deben ser en original, autenticados, autorizados o legalizados, según corresponda, y traducidos al español.

En este listado no se omitió nada, salvo exigir un boleto ganador del kino. Se está imponiendo una serie de requisitos que, a mi juicio, hacen absolutamente inviable y desincentivan completamente el interés de parejas extranjeras por adoptar niños en Chile, lo que es muy importante, puesto que la experiencia demuestra y así lo han manifestado los representantes de las instituciones que participaron en el debate de la Comisión que normalmente son las más interesadas en niños que casi nadie quiere adoptar en Chile. No me refiero sólo a los bebés ni a niños de poca edad, sino también a adolescentes, a veces enfermos o con defectos físicos. Para dar una verdadera oportunidad a esos niños, es muy indispensable facilitar todo lo posible la adopción internacional. A mi juicio, el artículo 33 la hace prácticamente imposible.

Por lo anterior, voy a presentar indicación para eliminar ese artículo, con el objeto de exigir requisitos realmente racionales y, de esa manera, seguir perfeccionando el proyecto para transformarlo en una herramienta que haga fácil y expedita la adopción, con el fin de que estos niños puedan juntarse con aquellas familias que en verdad quieren adoptarlos, cosa que hoy se ven imposibilitadas de hacer.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Balbontín .

El señor BALBONTIN.-

Señor Presidente, he pedido la palabra porque hay una cuestión que no quiero dejar de mencionar, amén de los argumentos que se han dado en esta honorable Sala y que dicen relación con la necesidad de modernizar todo aquello que está vinculado con la ley de adopción de menores.

En primer lugar, las disposiciones relativas a la adopción son de enorme antigüedad. La ley Nº 5.343, de 1934, modificada por la ley Nº 7.613, de 1943, y la ley Nº 16.346, de 1965, actualmente derogada, consideraban la adopción más bien como una cuestión de índole contractual, y su contenido daba la sensación de que tendría carácter mecánico una cuestión absolutamente clave, que se ha ido haciendo cada vez más clara y notoria, en la medida en que la humanidad ha ido avanzando.

Cuando hablamos de niños, nos estamos refiriendo a personas dependientes, de cuya formación, desarrollo y capacidad intelectual debe preocuparse la sociedad.

Comparto plenamente la lógica de las medidas que hoy se proponen, porque no solamente encauzan la legislación chilena al avance de la civilización, concentrada en la Convención de los Derechos del Niño, de 1990, sino que, además, abarcan cuestiones que anteriormente no se habían considerado en la sociedad.

Al incorporarse a la sociedad, toda persona humana vive un proceso de socialización; es decir, de adaptación progresiva a la sociedad.

Lo que hicimos en el pasado, como consecuencia de que no se resolvían los problemas en la institución familiar, fue encerrar a los niños de alto riesgo, como hoy se denominan, en lugares donde, posteriormente hemos sabido, por la televisión y otros medios de comunicación, que podían estar sometidos a cierto tipo de excesos.

La línea que plantea esta ley de adopción corresponde a la modernización de la sociedad, pero con sentido humano, ya que considera a los niños como personas y no como objetos.

¿De qué se trata? Fundamentalmente de los tópicos más importantes de las disposiciones incorporadas en este último tiempo por el Ejecutivo. Aparte de lo ya señalado respecto de la Convención de los Derechos del Niño, se establece que el Servicio Nacional de Menores llevará un registro nacional de las familias interesadas en adoptar a algún menor en situación de ser adoptado.

A mi juicio, esto significa que el Servicio Nacional de Menores podrá aplicar una política tendiente a hacer una mejor selección de los hogares disponibles. Es decir, este instrumento legal permitirá la existencia de una política encaminada a una mejor incorporación de los niños a la sociedad, a través de nuevas familias que le pueden dar refugio, cobertura, y el ambiente de carácter sicológico que requieren para su formación.

En segundo lugar, comprende un programa de adopción, con el fin de evitar maniobras indebidas y fraudulentas. Desgraciadamente, durante mucho tiempo fuimos testigos, a través de los medios de comunicación o de la prensa, de los abusos en la “exportación” de niños, así como también los que cometían quienes aparecían adoptándolos, pero que, en definitiva, los usaban. Estas maniobras podrán ser impedidas gracias a estas disposiciones de carácter legal y, además, se sancionará con la debida gravedad, a quienes cometan este tipo de excesos.

En tercer lugar, establece que son susceptibles de ser adoptados los niños de filiación desconocida, los declarados en estado de abandono por resolución judicial y respecto de los cuales sus padres hayan declarado explícitamente no poder hacerse cargo de ellos en forma responsable.

Sabemos que uno de los problemas centrales de nuestra sociedad es el de la pobreza, y que uno de los mecanismos que reproduce la pobreza es, precisamente, la marginación de los niños. No sólo me estoy refiriendo a los 55 mil niños que han estado a cargo del Servicio Nacional de Menores, sino que a los desplazados de los sistemas educacional y familiar y que, por lo tanto, terminan en la vagancia y bajo condiciones de altísimo riesgo, ya que, al ser marginados, canalizan sus expresiones a través de la delincuencia o de la droga. En consecuencia, aquí estamos atacando, a través de una política adecuada, las causas, y no los efectos, de problemas mayores para la sociedad.

En cuarto lugar, otorga al juez un plazo máximo de 30 días para que se resuelva la adopción; o sea, establece un procedimiento rápido, que no transformará este sistema en trámites meramente burocráticos.

En quinto lugar, contempla un procedimiento único para la constitución de la adopción plena tanto nacional como internacional. De este modo se logra que la garantía no sólo sea del hogar receptor en el territorio chileno, sino también en el internacional, con lo que se evita insisto la “exportación” de niños a cualquier destino y los abusos que se puedan cometer con ellos, sean físicos o de carácter sicológico, especialmente en el extranjero, donde tienen menor protección.

En sexto lugar, dispone que la adopción internacional sólo procede respecto de los nacionales de aquellos países con los que Chile tenga vigente un convenio bilateral o multilateral. El objetivo de esta norma es que existan condiciones culturales, sociales y sicológicas previamente pactadas para garantizar lo que he señalado anteriormente.

En séptimo lugar, la adopción se constituirá por sentencia judicial, quitándole su actual carácter contractual.

Me detengo en esto, que planteé al comienzo, porque, a mi juicio, es lo más sensible y lo más importante. Normalmente, las personas que escuchan nuestros debates sólo aprecian la discusión pormenorizada y no el contenido valórico de los debates. Se trata de cambiar el sentido a disposiciones legales que, de alguna manera, “cosifican” la relación con el niño. De una cuestión meramente mecánica, se pretende transformarla en un asunto personalizado que lo respete como corresponde, al generar las mayores garantías posibles para que tenga la formación moral adecuada y, además, la capacitación intelectual suficiente.

Por lo tanto, la normativa que se propone es de enorme importancia. Constituye la concreción de una política nacional que tiende a evitar el fenómeno de la extrema pobreza y de la miseria que se produce a partir de las condiciones miserables y de marginación sicológica e intelectual de muchos niños en Chile. Permitirá la adopción de menores en forma más humana, moderna y eficiente.

Felicito a las instituciones que han participado en su elaboración, especialmente al Servicio Nacional de Menores y a quienes nos ilustraron sobre la materia en la Comisión.

Quiero manifestar mi aprobación en general al proyecto, pues representa un gran avance.

He dicho.

La señorita SAA .-

Señor Presidente, todos los Diputados que han hecho uso de la palabra han coincidido en la valoración del proyecto, que significa un tremendo avance en la adopción de niños y se suma a otras medidas contenidas en leyes recientes, como la de separación de menores de las cárceles de adultos y la de filiación. Sin embargo, hay tareas pendientes en la dignificación de los niños chilenos.

Aunque ya se han abordado casi todos los aspectos del proyecto, quiero referirme al concepto de adopción centrado en el interés del niño y a los factores sociales, étnicos y sicológicos que ella reviste.

En nuestro país no existe cultura de la adopción. Sólo algunas fundaciones se dedican a la adopción y sus representantes contribuyeron mucho a la reflexión en la Comisión de Familia. El Diputado señor Paya citó unas muy importantes.

Repito: en Chile no existe cultura de la adopción. Muchas veces, es mirada desde el punto de vista de consuelo del matrimonio sin hijos, pero no se asumen las necesidades de los niños.

En la Comisión se analizó lo que dijo el Diputado señor Paya . Los extranjeros adoptan en Chile niños enfermos y con problemas; en cambio, nuestros compatriotas, en general, buscan el niño sano y más parecido a la familia. La adopción no se centra en el niño, sino en el dolor de los matrimonios que no han podido tener hijos.

En este sentido, el proyecto ahonda en el tema y pone en primer lugar los derechos del niño a tener una familia. Sus disposiciones son ordenadoras. La declaración previa de abandono, separada del proceso de adopción, con plazo, que no es necesaria en el caso de los niños de filiación desconocida, significa un camino mucho más expedito para la adopción. Sin embargo, debemos crear la cultura respectiva.

En muchos casos, la adopción por extranjeros es vista como la salvación del niño, se considera como un golpe de suerte para él. Debemos reflexionar al respecto. El carácter social de la adopción implica una familia y ámbitos culturales y de identidad. Por eso, es importante la posición de la Comisión de Familia, en el sentido de que el matrimonio chileno tiene preferencia y prioridad sobre el matrimonio extranjero para adoptar un niño, porque el contexto social y cultural es de primer orden y su ausencia, a pesar del amor de la familia, puede producir inadaptación del niño a las condiciones de otro país.

En Suecia, un grupo de Diputadas y la Ministra del Sernam pudimos ver que muchos niños provenientes de países latinoamericanos o africanos adoptados por familias suecas, al crecer, tenían conflictos con la sociedad porque carecían del conjunto de condiciones para su adaptación y no porque les faltara el amor familiar. Por ello, no se trata de impedir la adopción por extranjeros, sino dar prioridad a la adopción por connacionales para que los niños chilenos permanezcan en nuestro país.

El proyecto es muy adecuado. Concede atribuciones reguladoras de la adopción al Servicio Nacional de Menores y abre puertas y caminos a las organizaciones privadas que han demostrado ser gravitantes en ella.

Avanza de manera importante en la dignificación de nuestros niños y es parte de políticas de Gobierno que desarrollan el Sename, el Ministerio de Educación y otras instituciones empeñadas en que no sólo sean sujetos de derecho, sino que también de protección de parte de la sociedad.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Evelyn Matthei .

La señora MATTHEI.-

Señor Presidente, urge legislar sobre adopción de menores, porque la verdad es que miles de niños chilenos están sufriendo y se está arruinando el resto de sus vidas por la falta de una familia, ya que en las instituciones, si bien reciben alimentación y educación, carecen de lo más importante para el ser humano: el cariño, el afecto de una familia. He estado muchas veces en hogares de niños y, a pesar del cariño que ponen las tías o las voluntarias, he notado el retraso patente en su desarrollo, básicamente, por falta del cuidado y de la atención que entrega la familia.

El proyecto contiene aspectos que mejoran la situación actual y otros que me merecen reparos.

Hay que destacar la declaración que conlleva el artículo 1º: “Las disposiciones de esta ley tienen por objeto fundamental velar por el interés superior del niño y restablecer su derecho esencial a vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde los cuidados y el afecto necesarios y satisfaga responsablemente sus necesidades espirituales y materiales.” Este aspecto es muy importante, porque revela el espíritu del legislador y obliga al juez, en caso de conflicto, a interpretar conforme a esta declaración.

En segundo lugar, me parece sumamente positivo que el procedimiento de adopción conste de dos etapas, que en la legislación vigente se confunden y, en el fondo, demoran el proceso y provocan daños irreparables al menor, además de inseguridad en quienes están tratando de adoptar, que es terriblemente cruel.

Muchas veces una pareja ha tenido en tuición a un niño, se ha encariñado con él; se han establecido lazos y vínculos de cariño. Cuando ha llegado el momento de declarar el abandono del menor, alguien se ha opuesto y todo el proceso ha debido ser revertido. Ese niño, que ha estado viviendo en una familia y ha sido tratado como un hijo, al final es arrancado de su seno. Eso hay que evitarlo.

El proyecto innova en una forma muy importante, porque distingue dos fases: una, destinada a declarar al menor en situación de abandono y, por lo tanto, de ser adoptado, proceso que puede iniciarse por el Sename o, incluso, de oficio por el juez, que no requiere la existencia de interesados para iniciar su adopción. La segunda tiene por objeto declarar la adopción del menor, pero es independiente de la declaración de abandono. Esto va a evitar muchos dolores y bastante tramitación. También puede evitar el chantaje de quienes se opongan a la declaración de abandono del menor cuando vean a una familia pudiente interesada en el niño.

Otro punto muy destacable, en concordancia con la Convención de los derechos del niño, es el que da la posibilidad al menor que tenga más de siete años de edad para participar y manifestar su voluntad en el procedimiento de adopción. Esto es importante, porque el niño a los siete años, y mucho antes, sabe lo que quiere.

En un centro de niños que visité, una niñita de cuatro años salió corriendo y me dijo: “Tía, voy a tener papás. Me voy a Italia”. ¡Una niñita de cuatro años! Por lo tanto, ojalá pueda rebajarse esa edad.

También es positivo que, con el objeto de evitar el tráfico de menores y situaciones irregulares, se exija que en las autorizaciones que permiten la salida de un menor al extranjero tanto notariales como judiciales, se indique que ellas no habilitan para que éste pueda ser adoptado en el exterior.

Además, encuentro muy positivo que se elimine la figura de la adopción-contrato de la ley Nº 7.613, pues se trata de una institución artificial e inútil. Es artificial porque impone un carácter contractual a una figura que tiene un sentido eminentemente familiar; es inútil, porque exige la celebración por escritura pública de un convenio, siendo también necesaria la declaración judicial para su perfeccionamiento.

¿Cuáles son los aspectos que, en nuestra opinión esperamos que la Comisión los acoja, requieren perfeccionamiento o modificación?

En cuanto a la adopción internacional, el número 2 del artículo 4º del proyecto exige, para que ésta sea procedente: “Que no existan matrimonios chilenos o extranjeros con residencia permanente en Chile, interesados en adoptarlo.”

Esto no es justo, porque si el objetivo principal del proyecto es propender al bienestar del niño, se debe buscar a la familia más adecuada a sus necesidades. Sin embargo, en este artículo se ha puesto por sobre el interés del niño un supuesto sentido de nacionalidad en cuanto a la permanencia del menor en nuestro país.

Tuve la ocasión de conocer Suecia, donde estuve con muchos niños que han sido adoptados en el extranjero, y pude apreciar las facilidades que se les entregan en cuanto a educación y cariño. Cuando uno advierte, además, la inmensa cantidad de niños que están regresando a Chile, muchas veces con sus padres adoptivos, para conocer el país en que nacieron, se concluye que es difícil que hayan recibido semejante bienestar de parte de familias chilenas. A mi juicio, este tema debiera discutirse con mucha calma, porque siempre debe primar el interés del niño.

Por otra parte, es ilógico hacer diferencias que no tienen razón de ser entre chilenos y extranjeros, más aún cuando la Constitución Política de la República y el artículo 14 del Código Civil consagran la igualdad de los hombres ante la ley.

Además, las normas contenidas en el proyecto hacen muy dificultosa la adopción internacional, porque no indican ningún plazo durante el cual los nacionales o los extranjeros residentes en Chile deban hacer uso de su derecho preferencial. Podría darse el caso, por ejemplo, que justo antes de que la sentencia que declara la adopción plena quede ejecutoriada, surja algún matrimonio chileno interesado en el niño objeto de la adopción y, por lo tanto, se revierta todo el proceso anterior. Esto crea una situación de inseguridad absoluta en los adoptantes extranjeros, lo cual desincentivará las adopciones de este tipo.

En el artículo 3º, los requisitos exigidos a los cónyuges extranjeros, en algunos casos, son absolutamente innecesarios y sólo tienden a demorar el procedimiento de adopción. Por ejemplo, en el número 4 del artículo 33 se exige un certificado de la autoridad de inmigración del país de residencia de los solicitantes en que consten los requisitos que el menor adoptado debe cumplir para ingresar en el mismo. ¡Esto es absolutamente absurdo!

Aplausos en las Tribunas.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Advierto a las personas que están en las tribunas que está prohibido hacer manifestaciones.

La señora MATTHEI.-

Esta exigencia es innecesaria, porque la adopción internacional sólo procede respecto de los países con los cuales el Estado de Chile haya celebrado el convenio correspondiente y es ahí donde deben establecerse los requisitos que el menor debe cumplir para ingresar al país. Es absurdo que cada pareja deba presentar un certificado, puesto que ello debiera consignarse en el convenio.

El Nº 5 del artículo 33 también exige un certificado en el que conste un compromiso del gobierno extranjero de efectuar el seguimiento de la situación del menor por el lapso que estipula el convenio. Eso también es absurdo. Para eso está el convenio.

El Nº 8 del artículo 33 solicita tres cartas de honorabilidad de los solicitantes otorgadas por organizaciones comunitarias, religiosas o autoridades gubernamentales. Esto es casi risible porque, en primer lugar, se pueden falsificar. En Chile, ¿quién va a calificar si esas organizaciones comunitarias o religiosas existen o son serias? Para eso están los certificados de psicólogos y las certificaciones que se piden a la pareja para que cumpla con los requisitos de adopción de un niño.

De manera que, en materia de adopción internacional, hay muchas cosas que se deben revisar.

Quiero contar un caso que ocurre en este momento. Una familia que vive en Estados Unidos el marido es chileno y está casado con una norteamericana adoptó un niño chileno que ya tiene 7 años. Ahora han venido a Chile a adoptar otro. Deben estar pocos días, puesto que ambos trabajan. Ya se ha creado un lazo afectivo con una niña de un año tres meses que quieren adoptar. Ella tiene un retraso de cuatro meses en su desarrollo es como si tuviera 11 meses por falta de cuidados. Además, tiene estrabismo, sinusitis, reflujo y una enorme cantidad de problemas que requieren de operaciones. A esta familia le han dicho que el proceso de adopción puede durar entre cinco y ocho meses más, período en el cual se siguen produciendo en la menor problemas de salud, de desarrollo motriz y afectivo. Mientras tanto, continúa la angustia de esos futuros padres que deben viajar de un país a otro.

Mi pregunta es: ¿quién gana con esto? Si esa pareja ya fue autorizada para adoptar un niño chileno, con todas las de la ley y ya le dieron sus certificados psicológicos, ¿por qué la demoran con más trámites? ¿Por qué los niños y las parejas que quieren adoptarlos deben sufrir este tremendo retraso? Esto se debe a una terrible desconfianza en las adopciones internacionales, debida, básicamente, a que algunos abogados han ganado mucho dinero con ello, lo cual es cierto. Pero no es lógico que cuando vienen parejas que cumplen con todos los requisitos exigidos para la adopción, se creen estos tremendos retrasos.

Para el procedimiento de declaración de abandono y adopción son competentes los tribunales de menores, los cuales pueden adoptar medidas de protección. En las comunas donde no existen jueces de letras de menores es competente el juez de letras de jurisdicción civil o común. En muchos casos, esto ha producido una desidia absolutamente inaceptable en la tramitación de la adopción. Hay jueces que sencillamente se niegan a las adopciones, porque no creen en ellas; y los procesos quedan detenidos por años, siendo el menor quien sufre las consecuencias más terribles.

Por ello, proponemos las siguientes modificaciones al proyecto:

El inciso tercero del artículo 16, sobre declaración de abandono, señala: “En la misma oportunidad, haya o no oposición, decretará de oficio las diligencias necesarias para verificar la veracidad de los hechos y circunstancias que se invocan para solicitar la declaración de abandono...”. Consideramos conveniente reemplazar la expresión “En la misma oportunidad,” por “En la resolución que recibe la causa a prueba”, porque ello agilizaría el proceso y no daría al juez la posibilidad de dilatarlo.

Por su parte, el artículo 17, señala: “Concluido el término probatorio y las diligencias señaladas en los artículos precedentes, el juez dictará sentencia.” Echamos de menos una disposición que fije un plazo para dictar la sentencia, el cual, en nuestro concepto, no debiera ser superior a veinte días, debido a la naturaleza del proceso.

En el artículo 15, para los efectos de la declaración de abandono, “el juez ordenará que se cite personalmente a los consanguíneos más próximos, especialmente a sus ascendientes legítimos. Si el menor no fuere hijo legítimo, se citará también a los consanguíneos más próximos, incluyendo especialmente a quienes tengan un vínculo sólo consanguíneo similar al de ascendiente”.

Nos parece que la citación debiera limitarse, porque sólo los parientes más cercanos presentan un vínculo verdadero con el menor. Así se evitará que se presenten situaciones que detengan la marcha del proceso.

Muchas veces se da lo que comúnmente se denomina “perro del hortelano”: familiares, tíos que se oponen a que se declare el abandono y a que un niño sea adoptado. Pero ellos tampoco están dispuestos a aceptar la responsabilidad de hacerse cargo del niño, llevándolo con su familia y prefieren dejarlo de por vida en una institución. Eso no es aceptable.

Creemos que solamente deberían citarse los ascendientes en toda la línea recta; y los colaterales hasta el tercer grado, inclusive, si el hijo tiene carácter de legítimo. En caso contrario, sólo a los ascendientes que le hayan reconocido conforme al artículo 271, Nºs 1 y 5, porque ellos son los que han presentado un interés verdadero por el menor y no los que han establecido el vínculo en forma forzada por una sentencia judicial.

Una indicación similar a ésta fue propuesta en la Comisión de Familia por la Diputada señora Cristi y fue rechazada por mayoría. Pienso que este punto amerita una segunda discusión.

Sobre otra materia, el artículo 20 establece: “Por excepción, podrá otorgarse la adopción plena al viudo o la viuda, en vida de ambos cónyuges si se hubiere iniciado la tramitación correspondiente o, no habiéndose iniciado ésta, el cónyuge difunto hubiere manifestado su voluntad de conceder el beneficio, conjuntamente con el sobreviviente y siempre que, al tiempo de la defunción, el menor hubiere completado un período bajo la tuición o cuidado de los cónyuges de a lo menos seis meses,...”

El artículo 21 repite esta misma exigencia respecto de los ex cónyuges cuyo matrimonio hubiere sido disuelto y a los cónyuges divorciados.

Esta exigencia de seis meses es excesiva y, además, contradictoria con el artículo 23, inciso segundo, del proyecto. Excesiva, porque el matrimonio que decide adoptar al menor se encuentra en una situación especial respecto del futuro adoptado, por cuanto ya se han creado los vínculos afectivos lo que ocurre en un plazo menor de seis meses y no es justo arrancarle a esa familia ese niño que ha estado viviendo con ellos sólo porque uno de ellos murió o porque se separaron. Si existe voluntad para seguir adelante con la adopción, basta con que hayan estado dos meses juntos para que pueda seguir su curso.

Asimismo, es contradictoria porque el artículo 23, inciso tercero, le da al juez facultad para conceder la tuición hasta por seis meses. Entonces, por un lado se le dice al juez: “Usted puede dar la tuición hasta por tres meses” y, por el otro, se le conceden seis meses como mínimo para seguir adelante con la adopción. Por lo tanto, ahí hay una clara contradicción, porque si el juez ha dado una tuición de dos meses es porque consideró que ese plazo bastaba.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Señora Diputada, le queda un minuto y medio de sus dos tiempos.

La señora MATTHEI.-

Perfecto.

Hay una situación que no se ha contemplado, y es que sería conveniente que el juez tuviera la facultad de decretar en forma provisional la concesión de derechos previsionales y de seguridad social para los niños, porque en el período previo a la adopción plena no tienen ninguno, y los necesitan, sobre todo el de salud. Esto ocurre especialmente a las familias que se hacen cargo de niños con problemas de salud, en especial cuando es necesario operarlos y no cuentan con ninguna ayuda o carecen de algún plan de salud.

Finalmente, dada la tremenda lentitud de los procesos y la desidia de algunos jueces, es recomendable que en el Título V, relativo a las sanciones, se establezcan en forma expresa medidas disciplinarias para los jueces que retarden los procesos en forma indebida o por negligencia.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela .

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero reivindicar al legislador chileno, porque en la Sala se mencionó que la legislación sobre adopción es muy antigua.

El proyecto comprende tres partes fundamentales: una tiene por finalidad transformar la adopción simple, que de acuerdo con la ley de 1943 sólo se llamaba “adopción”. Otra modifica la ley de legitimación adoptiva del año 1965, que hoy se llama “adopción plena”. Es decir, si el Código Civil tiene alrededor de 150 años, la ley de legitimación adoptiva es más o menos reciente. Y la tercera y aquí está lo novedoso, porque no se encuentra en la adopción plena ni en la simple regula la adopción internacional. En esta materia, disiento de las opiniones expresadas por la Diputada señora Matthei y por el Diputado señor Paya , ya que, si bien es cierto que para otorgar la adopción no hay que atenerse al interés de los padres, sino al del niño, por sobre el interés de éste hay que considerar el de la patria. Sería muy fácil solucionar el problema de los niños abandonados haciendo un llamado público internacional es un caso exagerado para buscar padres adoptivos con el fin de que se los lleven; pero ello significaría incumplir uno los principales deberes del Estado, porque delegaríamos en otros la responsabilidad de proteger a la infancia. En todo caso, hay que tener presente lo que se recordó en la sesión anterior: en 1991, en una conferencia realizada en Quito, se reveló que teníamos el segundo récord, después de Colombia, como país que “exportaba” niños.

A pesar de haber hecho mi tesis para recibirme de abogado en materia de régimen jurídico del menor, me da pena legislar sobre adopción, porque implica reconocer una tragedia social: la existencia de muchos niños abandonados en Chile.

Junto con colegas de mi bancada y de los señores Sota y Jara, del PPD, en 1992 presentamos un proyecto sobre adopción, mediante el cual planteamos algunas modificaciones a la adopción internacional, a raíz de que detectamos un tráfico de niños muy grave en Antofagasta, ciudad en la que un juez con tendencias homosexuales había creado un mecanismo para que de diferentes sectores del país concurrieran hacia ese tribunal, en el que sólo con la realización de una audiencia se daba autorización, previa medida precautoria de cuidado, para trasladarlos al extranjero.

Esta moción sirvió de base para la iniciativa que hoy analizamos así lo señala el mensaje, lo que no fue mencionado por el Diputado informante. En ella propusimos tres modificaciones, una de las cuales fue acogida, que faculta en forma amplia y casi exclusiva al Servicio Nacional de Menores para que informe fundadamente al juez de menores sobre la conveniencia de la adopción internacional.

Pero quiero referirme a los otros dos puntos que no contempla la iniciativa en discusión y que sugerimos en el proyecto que ha dormido el sueño de los justos en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que no son temas menores.

Primero, el problema de las adopciones solicitadas por matrimonios que en una época tuvieron el mismo sexo. En Antofagasta ha sucedido, no voy a decir usualmente, pero hay casos en que han contraído matrimonio dos personas que antes tuvieron el mismo sexo. Intervenciones quirúrgicas y rectificaciones de partidas de nacimiento hacen que alguien que fue hombre, sea mujer y que, al día siguiente, se case con un varón.

El matrimonio solicitó al juez de menores la adopción de un niño y después de otro, las que les fueron otorgadas. Ese hecho a lo mejor soluciona un problema de esos seres que hacen una vida que para muchos puede ser considerada normal, pero que crea un trauma en los niños, especialmente cuando van a la escuela, sobre todo a colegios particulares de orientación católica y ven que en las reuniones de apoderados, no comprenden la forma de ser y de vivir de los padres.

Sobre la materia, vamos a formular la siguiente indicación al proyecto en discusión: Es ilícita, y por tanto prohibida, la adopción cuando el adoptante hubiera cambiado de sexo. De esa manera, a nuestro juicio, hacemos imposible la adopción por un matrimonio en el cual alguno de los cónyuges haya cambiado de sexo.

En segundo lugar, planteamos que en el procedimiento de adopción se imponga el trámite que se usa muy bien en el proceso de nulidad de matrimonio, que es un juicio mentiroso, en el que las partes se ponen de acuerdo para transgredir la ley, lo que ha obligado al sistema a establecer que las cortes de apelaciones, como segunda instancia, revisen la causa y vean si está acomodada la mentira. Si es así, la confirman.

A raíz de lo que comprobamos en Antofagasta, que obligó a la designación de un ministro en visita, al traslado primero y luego a la destitución de este juez de menores que realizaba un negocio con algunas personas, ni siquiera abogados, sino que egresados de derecho, que cobraban 30 mil dólares por gestión a una agencia de Nueva York que se dedicaba a llevar niños al extranjero, conseguimos de la Excelentísima Corte Suprema que dictara un auto acordado que dispuso que las cortes respectivas debían revisar la tramitación de la causa.

Como pensamos que no basta este auto acordado, vamos a formular indicación para establecer que en el caso de que la sentencia no sea apelada, deberá ser consultada a la corte respectiva.

Éste es un buen proyecto y lo vamos a aprobar. Pero, repito, en la parte importante y medular, que regula la adopción plena internacional, comparto la tesis de que debemos legislar, pero cuidando siempre el patrimonio más importante y fundamental del Estado y de la Nación, que no está en las cosas materiales, que pueden variar, sino en la vida de los hombres y, especialmente, de los niños.

He dicho.