Labor Parlamentaria

El señor AYLWIN.-

Señor Presidente, en el primer lugar de la Cuenta figura un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual se inicia la tramitación de un proyecto de acuerdo relativo a la "Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas". Se acordó su envío a la Comisión de Relaciones Exteriores.

Dicha Convención trata uno de los aspectos más esenciales en relación con los derechos humanos en nuestros tiempos, razón por la cual considero que necesariamente debe pasar a la Comisión de Derechos Humanos. No me opondría a que se remitiera a dos Comisiones, pero, en lo personal, creo que sólo debiera tratarse en la de Derechos Humanos. Solicito expresamente que así se haga.

He dicho.

La señora WÓRNER.-

Señor Presidente, en atención a que esta sesión especial tiene por objeto conocer los antecedentes reunidos en el proceso que se sigue en Italia por el atentado que sufrieran el ex Vicepresidente de la Repúblicadon Bernardo Leighton Guzmán y señora, la bancada del Partido por la Democracia va a ceder su tiempo reglamentario a don José Antonio Viera-Gallo, Diputado que hará el relato de parte de la información.

He dicho.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, en el mismo sentido de lo expresado por la Diputada señora Martita Wórner, la bancada de Diputados del Partido Socialista también cederá su tiempo en favor de los Diputados señores José Antonio Viera-Gallo y Gabriel Ascencio, quienes harán una exposición de los hechos que motivaron esta reunión.

Simultáneamente con lo anterior, la bancada socialista ha pedido al Diputado señor Jorge Pizarra que la intervención que hará en nombre de la Democracia Cristiana la realice también en nombre de los Diputados del Partido Socialista, del PPD y de los que conforman la Concertación de Partidos por la Democracia.

He dicho.

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente, debo hacer presente que, en compañía del Diputado señor José Antonio Viera-Gallo, logramos reunir gran cantidad de antecedentes sobre el hecho que nos ocupa. Intentaré hacer una síntesis de ellos, por cuanto la justicia italiana ha reunido más de 16 mil fojas en este proceso.

El 6 de octubre de 1975, Bernardo Leighton y su mujer, Anita Fresno, eran alcanzados por disparos mientras volvían a su casa. Leighton fue impactado por un proyectil en la sien y su mujer, que se había agachado para socorrerlo, era fríamente golpeada en la nuca. Ambos sobrevivieron, pero llevan para siempre las graves lesiones invalidantes. La señora Fresno, por muchos años inválida, recuperará parcialmente la capacidad locomotora. Don Bernardo Leighton estará para siempre, hasta su muerte (ya acaecida), fuera de la vida civil y política de su país, que lo había visto como Ministro del Interior, Vicepresidente de la República, dirigente de la Democracia Cristiana chilena y parlamentario.

Son llamados a responder del delito, Manuel Contreras Sepúlveda, quien, en ese entonces, era director de los servicios secretos -la Dina-; Eduardo Iturriaga Neumann, director de operaciones para el extranjero de la Dina, y Giulio Crescenzi, militante de Vanguardia Nacional, italiano. Se pretende probar, en el proceso, que el delito fue cumplido por orden de Contreras, que Iturriaga transmitió la orden a Michael Townley, su subordinado, el cual, a su vez, encargó esa misión a Stéfano delle Chiaie y a sus hombres; que Pierluigi Concutelli disparó con un arma proporcionada por Julio Crescenzi y que éste participó en las reuniones preparatorias del delito junto a delle Chiaie y a Townley.

En 1974, Stéfano delle Chiaie y Valerio Borghese se reunieron con altos oficiales chilenos. Michael Townley, agente de la Dina, y Stéfano delle Chiaie llevaron a cabo la operación dirigida a la eliminación física de Leighton. Tanto Townley como Virgilio Paz, un entusiasta alumno, se encontraban en Roma el día del atentado. De la copia de antecedentes verbales del proceso penal de 1979 ante el tribunal del distrito de Columbia, Estados Unidos, contra Guillermo Novo,

Alvin Ross e Ignacio Novo, imputados en el homicidio del ex Canciller Letelier, emergió una alucinante imagen de actividades terroristas realizadas por la Dina a través de una red de agentes, todos coordinados por Michael Townley.

Aldo Stéfano Tisei había declarado, en el curso de varios interrogatorios recopilados en un período de tiempo que va desde el 1° de septiembre de 1981 al 10 de noviembre de 1982, haber sabido por Concutelli, en los comienzos de 1977, quiénes eran los responsables del atentado. Concutelli había sido el autor material por encargo de los servicios secretos chilenos. Pertenecía a Vanguardia Nacional la persona que lo había acompañado en el auto al lugar de la emboscada. Los disparos habían sido hechos por una pistola Baretta, calibre 9 corto, con silenciador, dada por Giulio Crescenzi, de Vanguardia Nacional.

Los testigos comienzan a declarar que habían sido los agentes del servicio chileno - lo dijeron Concutelli, Vinciguera y otros-, los que comisionaron esa acción a delle Chiaie, pagando incluso la suma de 100 millones de liras.

Los testigos Sergio Latini y Walter Sordi declaran en forma similar. El mismo imputado lo contó también delante de los testigos Treda e Jzzo. Concutelli disparó a Leighton. La mujer se puso a gritar y entonces disparó a ésta. Luego de ello, se fue caminando solo hasta alcanzar a su cómplice que lo esperaba a bordo de un auto pequeño. El atentado había sido solicitado por delle Chiaie, el que actuaba a su vez por cuenta de los servicios secretos chilenos.

Sergio Calore declaraba que a fines de 1976 y también en 1981, ya en la cárcel, Concutelli le había hecho confesiones, delle Chiaie, "fiduciario" de los servicios secretos chilenos, había estipulado el contrato: la compensación debía consistir en una ayuda para la liberación de camaradas en la cárcel. Pero se habló también de armas. Un tal Andrés -Townley- hizo los contactos; algunos militantes de Vanguardia Nacional siguieron los movimientos de Leighton; el arma usada, una pistola calibre 9 corto, tuvo una disminución de potencia debido al silenciador.

Los tribunales italianos declararon que una serie de argumentos procesales impedían tener la seguridad de la responsabilidad de los acusados y que correspondía entonces a la justicia absolver a los acusados Falabella, Concutelli, y delle Chiaie, todos italianos. Sin embargo, ordenaron que copia de los antecedentes relativos a Townley y Paz debían ser remitidos a la Procuraduría de la República ante el Tribunal de Roma, a fin de investigar la responsabilidad de éstos en los episodios delictuosos investigados.

En 1978, Townley, mediante una declaración hecha como una especie de seguro de vida, ya había reconocido su participación y señalado como los mandantes a Manuel Contreras y a Eduardo Iturriaga. Sin embargo, tal documento fue entregado a la autoridad judicial italiana sólo en 1992. Ese manuscrito constituyó uno de los más importantes en el juicio. De él se desprende:

1°.- Que el mandato a matar lo recibió de Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la Dina, a través de Iturriaga Neumann, su superior directo y en ese período responsable del servicio exterior.

2º.- Que el rol de Townley en la transmisión había sido entregar esos antecedentes a delle Chiaie con la orden de matar a Leighton.

3°.- La inserción estable de Townley con misiones de gran relevancia en la Dina.

4°.- El apoyo de toda la estructura del servicio chileno en la fase preparatoria del atentado.

5°.- La contrapartida ofrecida al mismo delle Chiaie y a sus hombres para efectuar el delito y, en especial, el ofrecimiento de apoyo en la clandestinidad.

6°.- Los contactos con delle Chiaie y sus hombres, entre los cuales está Crescenzi, en Italia, en vía Sattorio para la preparación del atentado.

7°.- Por último, los contactos realizados para la preparación de un atentado a Carlos Altamirano y la ayuda ofrecida en Chile y en Argentina a las personas antes citadas.

En lo que se refiere a la responsabilidad del grupo Vanguardia Nacional, hay que remitirse a la sentencia del tribunal que da cuenta de la existencia de elementos de prueba convergentes en las atribuciones del delito a las personas de Stéfano delle Chiaie y Pierluigi Concuttelli, quienes operaron por cuenta del servicio secreto chileno y en especial por orden de Michael Townley.

Estos elementos están esencialmente constituidos por:

1°.- La confesión extrajudicial del delito de Concuttelli a numerosas personas vinculadas a él por lazos de solidaridad criminal y en un período en el cual hechos de esta naturaleza eran motivo de orgullo.

2°.- La admisión del hecho por parte de Concutelli, en presencia de delle Chiaie, en el curso de una acalorada discusión con otros miembros de la organización que no estaban de acuerdo con la acción de Concutelli.

3°.- La contradicción de dichas declaraciones constituida por el hecho de que delle Chiaie había llegado a Chile antes de los hechos, siendo recibido por importantes autoridades del Estado, para regresar luego en forma clandestina.

4º.- El vínculo existente entre delle Chiaie y Michael Townley.

5º.- El hecho de que el delito fue decidido por el servicio secreto al que pertenecía Townley, la Dina, y

6°.- Precisas indicaciones por parte de aquellos que habían recibido los testimonios de Concutelli, con detalles acerca del delito, entre los cuales está el tipo de arma efectivamente utilizado.

Elementos importantes que aparecieron en la verificación de los registros de los hoteles en los días inmediatamente precedentes y sucesivos a aquel delito, demuestran que Townley se hospedó en el Albergo Génova di Roma, con su propio nombre, junto con Virgilio Paz, desde el 6 al 8 de septiembre de 1975; en el hotel Homs, del 10 al 13 de septiembre, siempre con Virgilio Paz y bajo su mismo nombre; y desde el Io al 7 de octubre de 1975 en el hotel Touring, esta vez solo y bajo el nombre falso de Enyart Kenneth Williams.

Es necesario decir con mucha claridad que no fue fácil conseguir éstos y otros elementos de prueba. Se encontraron dificultades de todo tipo, que han comprometido gravemente las indagaciones y han llevado a éstas a retrasos por muchos años.

En 1978, la jefatura de policía de Roma respondió negativamente a la solicitud del juez instructor acerca de la presencia de Townley en hoteles romanos, incluso bajo los nombres falsos que la prensa de Estados Unidos había dado a conocer. Años después se demostró que efectivamente Townley estuvo en Roma el día del atentado.

Además, desde 1978 las autoridades judiciales italianas pidieron a los Estados Unidos interrogar a Townley o, por lo menos, tener copia de los expedientes del proceso en contra de él por el atentado a Letelier. Sólo en 1990 se logró tener copia de algunos de estos expedientes; otros todavía se esperan, y sólo en 1992 se logró interrogar a Townley.

La autoridad judicial chilena, luego, rechazó el interrogatorio de Manuel Contreras Sepúlveda, Eduardo Iturriaga Neumann, Pedro Espinoza Bravo, Cristopher Willeeke y Pedro Rojas.

Por otra parte, el extraordinario trabajo de investigación del juez y de la policía chilena en el proceso por el atentado contra el embajador Letelier permitieron adquirir un patrimonio de información que tiene gran fundamento en ese juicio.

El delito fue motivado por la voluntad de impedir a Leighton unificar a los grupos de oposición al régimen militar. Fue materialmente cumplido por Concutelli, que utilizó la pistola Baretta calibre 9 corta proporcionada por Crescenzi. Este proporcionó también apoyo logístico, hospedando a Townley en un lugar que tenía disponible Vanguardia Nacional.

Algunos años después, Concutelli diría a un amigo suyo, Aldo Tisei, que había disparado también a la mujer para impedirle que gritara. Es también posible que se quisiera alcanzar un efecto más profundo de intimidación, ya que el General Prats, refugiado en Argentina después del golpe de Estado, había sido asesinado el 30 de septiembre del año anterior junto a su mujer, mientras que el 21 de septiembre de 1976, el embajador Orlando Letelier había sido asesinado junto a su secretaria Ronnie Moffitt. Vemos que hay un hilo conductor único que une a estos tres delitos.

Townley fue condenado a 15 años de reclusión como mandante intermedio. Pero la justicia italiana no quiso poner punto final a una investigación que consideraba inconclusa. Con los nuevos antecedentes, y en especial con las declaraciones de Townley y otros numerosos testimonios y documentos, decidió que había llegado el turno a quienes consideraba los autores intelectuales de la acción criminal.

El 22 de noviembre de 1994, hace sólo algunos meses, el tribunal de Roma dispuso la remisión a juicio de Juan Manuel Contreras Sepúlveda, Eduardo Iturriaga Neumann y Giulio Crescenzi, por los delitos contemplados en los artículos 110, 56, 575, 577 número 3 del Código Penal italiano, porque en concurso entre ellos y con otros, entre los cuales se cuenta a Townley, Stefano delle Chiaie y, Pierluigi Concutelli, actuando como mandantes los dos primeros y proporcionando apoyo logístico el tercero, ejecutaron actos idóneos, dirigidos de modo unívoco a alcanzar la muerte de Bernardo Leighton Guzmán y de Anita Fresno Ovalle, disparando tiros de pistola contra ellos.

El fiscal Salvi declara: "Trataré de probar que el delito fue realizado por orden de Contreras, que el General Iturriaga transmitió la orden a Michael Townley, su subordinado, quien a su vez encargó a Stefano delle Chiaie y a sus hombres y que Pierluigi Concutelli disparó con un arma que le suministró Crescenzi."

Señaló, además, que de delle Chiaie había viajado "a Chile antes de estos hechos, donde fue recibido por las autoridades del Estado, que volvió ya cuando era prófugo de la justicia italiana después del delito, encontrando refugio y asistencia para sí mismo y para sus camaradas."

A cambio del atentado, estas organizaciones pidieron la benevolencia del régimen chileno, a fin de poder contar con bases seguras para sus prófugos y apoyo financiero, sobre todo porque España, ya en 1975, había comenzado a dejar de ser lugar seguro. Ese año empezó a agravarse la salud de Franco y después se perdió la ayuda de los aparatos del Ministerio del Interior; incluso se acabó un programa en italiano que transmitía una radioemisora de Madrid; España, entonces, dejó de ser un centro de confianza. Por eso, Orden Nuevo y Vanguardia Nacional buscaron el apoyo de Chile, donde después efectivamente se refugiaron muchos neofascistas.

A partir de esos años, los italianos de estos grupos que estaban en España se fueron para Chile, y los que quedaron fueron detenidos, sobre todo, en 1977.

Muchos son los hechos que demuestran la participación de la Dina, de su director y de sus funcionarios en la realización de este atentado.

A las órdenes de Townley -quien dependía directamente de Iturriaga, oficial de la Dina y encargado de la dirección de la Brigada Operativa Exterior, que tenía como misión la eliminación de los opositores (declaraciones de Olderock, Sandoval y Merino)- fue puesta toda una estructura operativa destinada a operaciones sucias y de naturaleza similar. Esta estructura llamada Grupo Quetro Pillén, formaba parte de la Brigada Mulchén, conducida por Iturriaga, cuya base estaba en el inmueble de Lo Curro, donde efectuaron espantosas misiones de homicidios, de torturas y de muertes, y trabajaron en la preparación de gases mortales como el "sarín", que se usaría también para la eliminación de opositores políticos.

Townley había viajado a Europa con el fin de organizar el atentado en compañía de su mujer y, en un primer tiempo, de Virgilio Paz, el cual estaba íntimamente vinculado con la Dina, quien también había seguido un curso de inteligencia, según declaraciones de Alejandra Damiani. Esto está confirmado por una serie de verificaciones, algunas de ellas también documentales.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su exposición inicial. Le quedan los minutos correspondientes al Comité del Partido por la Democracia.

Informo que se encuentra en la tribuna la señora Anita Fresno, viuda de Leighton.

-Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Puede continuar el señor Ascencio.

El señor ASCENCIO.-

Gracias, señor Presidente.

Townley y Christoph Willeeke, también miembro de la Dina y luego director del Departamento de Operaciones Extranjeras, fueron acompañados por Wolff von Arnswaldt a la habitación de Pedro Rojas, nombre falso de Guillermo Riveros, miembro de la Democracia Cristiana chilena en el exilio y que colaboraba con la Dina, para que éste se contactara con Leighton a fin de facilitar su individualización, según declaraciones de Wolff von Arnswaldt obtenidas en la comisión rogatoria, y de los policías chilenos Castillo y Jofré.

A través de distintas fuentes, el fiscal Salvi está probando, como resultante de todas las declaraciones y documentos obtenidos, pero también como elementos autónomos de prueba en contra de Contreras e Iturriaga, que en la fase preparatoria del delito otros sujetos contribuyeron funcionalmente con la Dina y que el atentado se incluía en un diseño mucho más amplio de neutralización de los opositores. En Italia se está llegando ya al final de este proceso; sólo restan las tres últimas audiencias que en principio se encuentran fijadas para el 18,19 y 20 de mayo. A estas audiencias deben concurrir importantes testigos; entre otros, debiera declarar Stéfano delle Chiaie; se espera a Michael Townley, a Mariana Callejas, a Alejandra Damiani, a Wolff von Arnswaldt, a la señora Ingrid Olderock, al señor Guillermo Riveros y a muchos otros. En estas últimas audiencias el fiscal Salvi presentará también importantes documentos, nunca antes exhibidos, que probarán su acusación.

Creo necesario hacer un público reconocimiento al fiscal Giovanni Salvi por el extraordinario esfuerzo que por años ha venido realizando con seriedad y paciencia, a fin de esclarecer absolutamente los detalles del atentado.

También es importante reconocer el activo rol de colaborador del Gobierno de Chile en este proceso, pues se ha mostrado permanentemente interesado en ayudar a la investigación, designando incluso a un brillante abogado penalista italiano, don Ricardo Olivo, para que en calidad de parte civil pueda aportar todos los antecedentes que considere necesarios.

Don Bernardo Leighton, político cristiano ejemplar, quien partió hace pocas semanas en forma silenciosa, y cuyos pasos dejaron huellas imborrables en la vida política nacional, y testimonio de cualidades éticas y morales que le valieron el reconocimiento de todos los sectores del país, no sólo ejerció como dirigente de su partido político, como Ministro de Estado o como Vicepresidente de la República, entre otras muchas responsabilidades, sino que también fue un brillante miembro de esta Corporación. Fue un extraordinario Diputado, y la historia del Parlamento da fe de ello.

Por lo tanto, lo mínimo que merece es el mayor de nuestros esfuerzos, lo mejor de nuestra colaboración, cumpliendo nuestro deber de velar para que se imponga la justicia y no queden impunes quienes contribuyeron a tan aberrante atentado.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, pretendo complementar la exposición hecha por mi colega señor Gabriel Ascencio con nuevos antecedentes que pueden mostrar un cuadro más general a la Cámara sobre los hechos que él muy claramente ya narró.

Como él precisaba, en el actual proceso que se sustancia en Roma los inculpados son el General Manuel Contreras -en esa época director de la Dina-, el General Eduardo Iturriaga Neumann -en esa época director de operaciones en el exterior de la Dina-, y Giulio Crescenzi, miembro del grupo neofacista Vanguardia Nacional.

Los dos primeros son procesados como mandantes o autores intelectuales del atentado; y el último, por haber participado en reuniones en que se planificó el delito.

Respecto de Michael Townley, ya se dictó sentencia condenatoria definitiva, con una pena de 15 años de reclusión, que no podrá ser aplicada mientras Townley se encuentre en los Estados Unidos, acogido a la protección de ese Gobierno, según acuerdo de colaboración suscrito con la justicia norteamericana.

Los autores materiales del atentado, Pierluigi Concutelli, que disparó, y Stefano delle Chiaie, que organizó el crimen, fueron absueltos en 1989, por insuficiencia de pruebas, debido a la falta de colaboración de los Estados Unidos con la justicia italiana de esa época. Hay que subrayar que esa actitud cambió a partir de 1990, año en el cual los Estados Unidos comienzan a proporcionar los antecedentes disponibles.

Sin embargo, Concutelli se encuentra condenado a cadena perpetua por otros atentados terroristas, mientras que delle Chiaie, líder de Vanguardia Nacional y hombre clave del terrorismo neofascista en Italia, está en libertad.

Señor Presidente, pido que se adjunte al acta de la sesión un memorándum preparado por el abogado del Gobierno chileno, señor Ricardo Olivo, que clarifica el desarrollo judicial del caso Leighton en sus tres fases ante la justicia italiana, para que los tres procesos que han tenido lugar queden establecidos con claridad ante la Cámara.

Lo que a estas alturas aparece indesmentible es que el atentado fue llevado a cabo gracias a la colaboración entre la Dina y los grupos de extrema derecha, Vanguardia Nacional y Ordine Nuovo. Cabe hacer notar que esos grupos han actuado al margen de la ley en Italia, cometiendo un conjunto de hechos terroristas desde el atentado con bomba de Piazza Fontana, en Milán, en 1969, hasta el atentado en la estación de Bologna, en 1980, que dejó más de 80 muertos. Son organizaciones extremistas que buscan subvertir el orden democrático para realizar lo que ellos llaman una "revolución nacional popular".

El ministerio público de Roma intenta probar que el atentado fue cometido por orden de Manuel Contreras, transmitida por el entonces mayor Iturriaga a Townley, quien, a su vez, encargó a Stefano delle Chiaie y sus hombres para que lo realizaran, disparando, finalmente, Pierluigi Concutelli.

No es fácil -como el fiscal Salvi señala y nos lo indicó al Diputado señor Ascencio y a mí- probar en juicio una orden de asesinato, especialmente cuando ha sido impartida dentro de un servicio secreto para que la lleve a efecto una organización política clandestina. Por definición, de esas órdenes no debieran quedar rastros. Sin embargo, en este caso, el mandante intermedio se encuentra confeso y condenado, y se conoce al ejecutor material del delito.

La -sentencia, que condenó a Townley a 15 años de reclusión en Italia, establece con precisión que él recibió la orden de matar a Bernardo Leighton mientras se encontraba en Alemania. Esta fue impartida, vía telefónica, directamente por el mayor Iturriaga, y para su realización Townley se puso en contacto con los grupos extremistas italianos. Luego, éste se lamentará de la lentitud con que operaron esos grupos.

Pero Townley no sólo se preocupó de la organización del crimen, sino que fue informado por delle Chiaie de que éste había sido realizado, por lo que abandonó Roma al día siguiente, convencido de la muerte de Bernardo Leighton y de su esposa.

Las organizaciones que intervienen tienen diversos móviles para actuar, pero confluyen hacia un objetivo común.

La Dina buscaba eliminar a. un importante y tenaz opositor, añadiendo el nombre de Leighton a una lista de dirigentes políticos chilenos exiliados que debían ser suprimidos, según consta en información proporcionada por el FBI, que brinda protección a algunos. Entre ellos, quiero señalar en este momento al actual Presidente del Senado, Senadordon Gabriel Valdés. También pretendía concertar un plan de coordinación entre diversas organizaciones anticomunistas extremas, que tendrían en Santiago uno de sus principales ejes. Este diseño es atribuido tanto por Townley como por el neofascista Vinciguerra a Manuel Contreras.

Quiero leer la declaración de Townley al fiscal Salvi.

"En aquel período -dice Townley-, uno de los objetivos de Contreras en Europa, como ya lo he dicho, era tomar contacto y hablar con diversos grupos de extrema Derecha. Con dos de estos grupos yo tomé contacto en Alemania, pero después lo interrumpí. Contreras se consideraba -dice Townley- un punto esencial o un jefe de los movimientos antimarxistas y de los grupos dispersos en Europa y en los Estados Unidos. Delle Chiaie se defim'a como uno de los más importantes, más antiguos y fuertes líderes de un grupo antimarxista en Europa, y dijo que estaba en condiciones de llevar a otros grupos en esta misma nebulosa red que Contreras estaba tratando de crear.

"Yo -dice Townley- era responsable en gran parte de las actividades de tomar contacto, examinar con atención y efectuar controles. En Europa realizaba este tipo de actividades."

Son muchas las declaraciones en ese mismo sentido. Lo interesante es que había un diseño a fin de unir a todos los grupos extremistas antimarxistas para realizar una acción a escala internacional.

Y Townley declara algo que, por lo menos para mí, resulta probatorio del grado de exaltación con que Contreras quería llevar adelante este proyecto. Dice:

"Mientras me encontraba en Europa, no sólo era responsable de Leighton y de otros dirigentes chilenos; en cierto punto yo también buscaba a "Carlos", el famoso terrorista internacional, con la misma intensidad -le dice al fiscal Salvi- con que usted me está interrogando a mí. Buscábamos siempre descubrir qué cosas estaban haciendo las Brigadas Rojas, qué hacía la Banda Bader Meinhof en Alemania y también nos preocupaba el IRA en Irlanda, y la ETA, en España."

Es decir, el señor Contreras pensaba que, desde Chile, él iba a ser capaz de realizar una actividad a nivel mundial y de sobrepasar en inteligencia a los propios servicios europeos.

Por eso, Townley toma contacto con Vanguardia Nacional en Italia y con otros grupos análogos en diversos países europeos, entre ellos España, Francia y Alemania. Lo mismo hace con algunas organizaciones cubanas en Estados Unidos, y en uno de sus viajes, como ha dicho el Diputado señor Ascencio, es acompañado por Virgilio Paz, que después estará involucrado en el asesinato de Orlando Letelier.

Prueba de esta relación es el documento cuya copia autenticada nos entregara el fiscal Salvi y que también pido que se adjunte a la versión junto con la interesante copia del documento que nos dirigiera el fiscal. Este fue requisado por la policía italiana el 2 de diciembre de 1975 en una sede clandestina de Vanguardia Nacional de vía Sartorio, en Roma. ¿Qué contiene? Una serie de nombres, direcciones y contactos del movimiento en el exterior.

Entre ellos, el primer contacto es el señor Julio Muñoz. Muchos se preguntarán -como lo hacíamos con el Diputado señor Ascencio- quién es Julio Muñoz. Por los antecedentes que obran en poder del fiscal Salvi, queda establecido con claridad que es un nombre de fantasía atribuible a la Dina, como institución, en la persona de quien ejercía el cargo de director de operaciones en el extranjero. El nombre de Julio Muñoz a veces se alterna con el de Luis Gutiérrez, según consta de la correspondencia habida entre la gente de la Dina, en Buenos Aires, y el director de operaciones en el exterior, con sede en Santiago. Es decir, este documento, al comienzo indica el primer contacto que tuvo Vanguardia Nacional con la Dina en el exterior, en 1975.

El segundo es el señor Guillermo Novo, bien conocido en Chile por ser un extremista cubano que un año después participó en el atentado contra Orlando Letelier. Lo mismo ocurre con el tercer nombre, Vlado, de origen croata. No aparece el apellido, pero, por declaraciones formuladas por exhorto en Chile, queda claro que también es una persona involucrada en el atentado a Letelier.

Por lo tanto, está probado que en 1975 ya había contactos precisos entre la Dina, Vanguardia Nacional y el grupo cubano que después intervino en el atentado contra Orlando Letelier.

Pido que este documento y la carta del fiscal Salvi se incluyan en la versión..

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, si hay acuerdo de la Sala, así se procederá.

El señor VIERA-GALLO.-

En esa época ya existía una red en formación. Townley lo dice con bastante claridad cuando Salvi le pregunta: "¿Sabía usted que se había concordado una operación para cubrir el atentado por un grupo que lo reivindicaría y que no sería el grupo italiano?" Él responde: "Hablamos con el Movimiento Nacionalista Cubano, que en los Estados Unidos y en el ámbito del ambicioso plan de Contreras formaba parte de esa alianza, y con otros grupos y movimientos antimarxistas. Los cubanos fueron informados de que habría ocurrido el atentado; lo sabían. Virgilio Paz se encontraba conmigo días antes en Italia. Se llegó a un acuerdo con ellos sobre la base de que asumirían la reivindicación de la responsabilidad del atentado".

Parte de la ideología del Movimiento Nacionalista Cubano sostenía que Fidel Castro no podría ser vencido si se combatía únicamente contra él en Cuba, sino que la lucha contra el marxismo debía ser a escala internacional. Efectivamente, el atentado en contra de Leighton fue reivindicado a los pocos días por un grupo de cubanos en los Estados Unidos.

Townley justifica la colaboración entre estos grupos y la Dina, diciendo que los unían los mismos ideales, propósitos y convicciones.

Resulta interesante leer aquí lo que una sentencia del tribunal de Bologna establece sobre los ideales de Vanguardia Nacional que, según Townley, eran los de la Dina. Al efecto señala: Vanguardia Nacional teoriza la hipótesis golpista clásica, inspirándose en el fascismo histórico y relacionándose con los regímenes militares de Europa y de América Latina, concebidos como etapa necesaria de la revolución nacional.

"Según esa visión estratégica, la toma del poder institucional debe pasar a través de la creación de un clima de tensión promovido por acciones violentas, que no puedan ser reivindicadas, y mediante la alianza con sectores claves de los aparatos del Estado, porque, para realizar ese proyecto, es indispensable que haya contactos con exponentes de las fuerzas armadas, de orden, de servicios de seguridad, los que en el momento oportuno deberán intervenir para restablecer el orden de un país lacerado".

Ésa ha sido la estrategia permanente de los grupos terroristas neofascistas italianos que colaboraban con el servicio secreto de la época en Chile.

También aparece demostrado en el proceso la colaboración con otros servicios secretos de países del cono sur de América Latina, especialmente de Argentina y Paraguay, relación que dio origen a la llamada operación "Cóndor", que duró hasta el final de la Dina, en 1978. También hubo contactos con algunos servicios secretos europeos en el ámbito del combate al comunismo, propio de la guerra fría. Tal vez lo que más sorprenda -por lo menos a mí-, es el hecho de que hubiera servicios secretos en democracias que luchaban por valores como la libertad y que, sin embargo, mantenían contactos con la Dina en el ámbito de la guerra fría de ese momento, que era un combate frontal entre el Este y el Oeste, al cual no escapó nuestro país.

Por su parte, Vanguardia Nacional y Orden Nuevo realizaron el atentado contra Leigthon, principalmente, por dos razones:

En primer lugar, para obtener, como recompensa, apoyo y protección de la Dina, lo cual era indispensable dada la evolución de la situación en España, país que, al igual que la Grecia de los coroneles, les servía de santuario. Cabe hacer notar que, en 1974, Vanguardia Nacional dejó de contar con la protección de ciertos servicios secretos y había sido declarado fuera de la ley.

En segundo lugar, para concretar un difícil proceso de coordinación entre Vanguardia Nacional y Orden Nuevo, planificado en Madrid, que dio origen a una seguidilla de atentados terroristas en Italia.

La prueba del acercamiento entre estas dos organizaciones terroristas italianas fueron esos atentados, Delle Chiaie era dirigente de Vanguardia Nacional, movimiento semipolítico y semiclandestino, mientras que Concutelli lo era de Orden Nuevo, simplemente una banda armada.

La colaboración entre la Dina y los grupos italianos siguió luego del atentado contra Leighton, como lo prueban las reuniones sostenidas por Townley, delle Chiaie y Vinciguerra en Madrid, en 1976, para planificar un atentado contra la vida de Carlos Altamirano, quien se dirigía a una asamblea de la Internacional Socialista, una vez muerto Franco. El proyecto fue abandonado debido a las medidas de seguridad que se adoptaron en esa oportunidad; sin embargo, Townley y Altamirano se encontraron casualmente en el aeropuerto de Madrid. Esas reuniones fueron confirmadas por Alejandra Damiani, secretaria de Townley, quien declaró en el proceso por la vía del exhorto.

Yo no voy a hablar de las otras personas que estaban en esta lista, ni de las acciones que se siguieron para ultimarlas, como el famoso viaje a México, porque, evidentemente, eso no consta en este proceso.

Como contrapartida del atentado, varios dirigentes neofascistas italianos, encabezados por Stefano delle Chiaie, en 1976, vinieron a vivir a Chile bajo al amparo de la Dina; alojaron en la casa de Townley, en Lo Curro, y luego, en un departamento de las torres de San Borja. Su punto de operaciones estaba en un departamento de avenida Los Leones. Permanecieron en Chile hasta mayo de 1978. Tan estrecha era la relación que delle Chiaie mantenía con la Dina, que participaba de las reuniones de los comandantes de brigada de la organización, según declaración de Vinciguerra.

Al disolver el Gobierno chileno la Dina, en abril de 1978, se trasladaron precipitadamente a Buenos Aires. Según Vinciguerra, el general Mena, que asumió la dirección de la CNI, no fue puesto al corriente de los lazos de colaboración entre la Dina y los grupos italianos. Por su parte, los dirigentes de la Dina destruyeron la información comprometedora, y el mismo Vinciguerra salió clandestinamente de Chile, pues se sentía desprotegido, especialmente luego de la entrega de Townley a las autoridades norteamericanas.

Durante su permanencia en Chile, los extremistas italianos prestaron varios servicios a la Dina, entre ellos realizaron funciones de espionaje en el Perú, para verificar el rearme de ese país ante el centenario de la Guerra del Pacífico, haciéndose pasar por turistas, pero sin mayor éxito.

Cabe hacer notar que la acción de los grupos extremistas italianos de derecha contó con la cobertura de los servicios secretos de su país que, con Vanguardia Nacional, mantenían una compleja relación de mutuas prestaciones, situación que ha sido investigada tanto por la magistratura como por el parlamento italiano.

La procuraduría de Bologna ha establecido que Vanguardia Nacional y Orden Nuevo "no han actuado nunca solos. Constantemente han mantenido vínculos con servicios del Estado que facilitan sus movimientos, ya que por años esos grupos han servido a esos servicios como piezas de ajedrez para realizar las acciones más abyectas, que no podían llevar a cabo directamente, y que se inspiraban en sus proyectos antidemocráticos de manipulación de los equilibrios políticos". En una época, incluso fueron ayudados financieramente.

En el caso Leighton, según los jueces italianos, hubo acciones de esos servicios que dificultaron las investigaciones -tal como lo ha señalado el Diputado señor Ascencio-, sea proporcionando pistas falsas o negando la información necesaria, como la presencia de Townley en Roma, justo antes y en el momento del crimen. Ella sólo pudo ser confirmada cuando la policía judicial, que depende directamente de la magistratura, incautó la documentación respectiva.

Señor Presidente, la Honorable Cámara se preguntará qué ha permitido que después de tantos años se puedan comenzar a esclarecer estos hechos. Además del cambio de la situación internacional con el término de la guerra fría y la confrontación Este-Oeste, podemos señalar, al menos, tres circunstancias importantes que intervienen en este caso.

En primer lugar, la colaboración de los Estados Unidos a partir de 1990 permitió que Townley fuera interrogado por el ministerio público italiano y proporcionara la documentación respectiva del caso Leigton, incluso, apuntes personales escritos en 1978, en los cuales inculpa directamente a Contreras e Iturriaga, documentos que sólo fueron entregados a las autoridades italianas en 1992.

Evidentemente, sorprende que entre dos países aliados a la Nato, que durante tantos años combatieron en conjunto el terrorismo, no hubiera colaboración de parte de uno de ellos; Estados Unidos. Hoy sí la hay, y dentro de ese marco es posible que Townley pueda ir a declarar a Roma.

En segundo lugar, la colaboración que comenzaron a prestar a la justicia italiana diversos neofascistas presos en 1982, entre los cuales cabe destacar a Vincenzo Vinciguerra, quien, paradójicamente, se encuentra condenado a cadena perpetua por un secuestro de avión y un grave atentado en Peteano, en 1972, Vinciguerra, fue arrestado durante las requisiciones en el departamento clandestino de vía Sartorio. Luego fue dejado en libertad. Viajó a Chile, donde permaneció desde 1976 hasta 1978; después, se dirigió a Argentina, y finalmente se entregó a la justicia italiana en 1979, cuando Vanguardia Nacional preparaba una nueva ola de atentados dinamiteros en ese país.

En tercer lugar, a mi juicio, el desmantelamiento, a fines de los años 70, de la red de agentes de la Dina en Argentina a causa de los conflictos limítrofes entre ese país y Chile. Incluso, fue requisado el archivo del jefe de esta estructura, Enrique Arancibia Clavel, quien operaba bajo el nombre de Luis Felipe Alemparte y se encuentra actualmente imputado por la muerte del General Prats. En su momento fue detenido por los servicios secretos argentinos, pero ahora se desconoce su paradero.

Esa documentación sólo fue enviada por la justicia argentina a la italiana en 1995. Llaman la atención los mensajes que el susodicho Arancibia enviaba desde Buenos Aires a la Dina, en Santiago, preocupado por las revelaciones que Townley podía hacer de informaciones relativas a operaciones realizadas en Argentina y Europa, entre ellas el caso de los 119 chilenos desaparecidos en Argentina y los atentados al General Prats y a Leighton. Esa documentación, proveniente de los Estados Unidos y de Argentina, se encuentra hoy en poder de la justicia italiana.

Todos los antecedentes y documentos recogidos apuntan a la Dina, y específicamente, a su director, general Manuel Contreras, y al director de operaciones en el exterior de la época, general Eduardo Iturriaga Newmann, quien, además de los nombres falsos institucionales, usaba el de Diego Castro Castañeda. En esta causa no se inculpa al brigadier Pedro Espinoza, porque en 1975 fue designado Agregado Militar en Brasil y, por tanto, no tuvo participación en los hechos.

La decisión de matar no fue tomada por Townley. Prueba de ello es que toda la estructura exterior de la Dina sirvió para preparar el crimen. Así queda demostrado por la presencia de oficiales chilenos, quienes tuvieron contactos con los grupos extremistas italianos antes de la llegada de Townley. Se habla de dos o tres oficiales jóvenes que recorrieron Europa y que habrían permanecido en Italia varios meses; del agente Crestoph Willikee junto a Townley, en Alemania, quien sustituiría a Iturriaga como jefe de la Dina exterior, y de las intervenciones de Wolff von Arnswaldt y Guillermo Riveros en ese mismo país, además de la estada en Europa de una misión de agentes de la Dina, de la cual formaba parte la mayor Olderock.

El proceso judicial en Italia se encuentra en la fase de plenario y se han fijado audiencias públicas para los días 18 al 20 de este mes, en las cuales deberían comparecer a declarar Michael Townley y las personas que lo hicieron por exhorto en Chile. Entre ellas, han sido citados Alejandra Damiani, secretaria de Townley, Mariana Callejas y Wolff von Arnswaldt. La comparecencia se debe a que, según las reformas del Código de Procedimiento Penal, de 1989, el peso de las declaraciones de esas personas es mayor si son sometidas a contrainterrogatorio por la defensa. Cabe hacer notar a la Cámara que el abogado de Giulio Crescenzi argumenta en el proceso defendiendo, en los hechos, a Manuel Contreras y a Eduardo Iturriaga.

Debiera haber sentencia de primera instancia en los próximos meses.

Con el Diputado señor Ascencio, hemos traído un conjunto de antecedentes -en italiano- relacionados con estos procesos, con las audiencias y con las sentencias anteriores, lo que permite formarse un cuadro completo y acabado de lo que estamos tratando.

Permítaseme una reflexión final. En 1975, en Chile actuaban en la Dina, no sin contrastes, personas con una mentalidad fanática y una ideología extremista. Ellos planificaron un crimen deleznable contra un hombre consecuente, íntegro y valiente, sin otra arma que su límpido ejemplo moral. En muchas ocasiones, en esos largos días de exilio, nos infundía confianza, serenidad y nos llamaba a la reflexión y a unir fuerzas sin prejuicios.

Más allá de la suerte de este proceso, quedará para siempre en la memoria del pueblo de Chile el recuerdo de ese gran hombre público. Quienes intentaron acallarlo sólo lograron exaltar su ejemplo y proyectar los ideales por los cuales vivió.

He dicho.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, en primer lugar, agradezco el gesto y la confianza que se me ha dispensado para hablar en nombre de los distintos partidos de la Concertación.

Hay oportunidades en la vida en que debemos referimos a temas que habríamos preferido no haber tocado jamás; pero, puestos en el trance de tener que hacerlo, lo asumimos con la convicción de que la historia nos impone el deber de exigir el establecimiento de la verdad y la consagración de la justicia. Ello nos permitirá seguir cumpliendo con el compromiso de ser artífices de nuestra anhelada reconciliación.

Aunque tal vez resulte innecesario recordar quién era Bernardo Leighton, porque él ya está en la historia de Chile, debemos decir que fue el hombre bueno, el hombre generoso, el "hermano Bernardo", el político honesto, el humanista, el cristiano, aquel que hizo realidad sus convicciones al ser fiel constructor de una nueva civilización. El "hermano Bernardo" fue la personalización constante de la tolerancia y el defensor a ultranza del pluralismo. En definitiva, fue el hombre que, buscando los acuerdos, jamás rehuyó tomar las decisiones. Fue como otros; quiso ser para otros.

Se destacó, como se ha dicho muy bien en esta Honorable Cámara, por su vida pública; por el amor eterno a su esposa Anita y a los pobres del Evangelio.

Cabe, entonces, plantear la interrogante: ¿Por qué intentaron asesinarlo? Lo hicieron para impedir su aporte insustituible a una visión unitaria de la reconstrucción democrática de nuestro país; lo hicieron para acallar a quienes, convergiendo desde distintos partidos y posiciones, pretendían lo mismo que Leighton buscó durante toda su vida, es decir, la unidad moral expresada en hechos políticos tendientes a revalorizar al hombre y al sistema democrático. ¡Qué otra cosa se podía esperar de un hombre como Leighton!

Durante toda su vida dio testimonio de esos principios. Siempre reaccionó contra los abusos del poder y combatió todas las dictaduras. Testimonios de esto hay muchos a lo largo de la vida de Leighton. Siendo muy joven, renunció al Ministerio del Trabajo ante un acto del PresidenteArturo Alessandri que consideró abusivo, apoyó a Eduardo Frei Montalva cuando éste renunció al Ministerio de Obras Públicas por los hechos de sangre en el Gobierno de Juan Antonio Ríos, y en este mismo Parlamento rechazó el estado de sitio y a la posterior promulgación de la Ley de Defensa de la Democracia en el Gobierno de Gabriel González Videla. Se opuso también a la dictadura de Ibáñez. Estuvo al lado de Juan Esteban Montero, derrocado por Dávila, y apoyó al Frente Popular del PresidentePedro Aguirre Cerda en la época del "Ariostazo".

Leighton, quien anunció que estaría en contra de cualquier golpe de Estado, en las primeras horas del 11 de septiembre de 1973 intentó ir a ver a su amigo Salvador en La Moneda, y producido el golpe, de inmediato lo condenó en forma resuelta. Por eso, cuando intentaron matarlo, la indignación en nuestro país fue generalizada y traspasó nuestras fronteras. La reacción contra este deleznable hecho no se hizo esperar. La condena moral llegó de todos los sectores de la vida nacional y de la comunidad internacional. Fue impresionante la solidaridad que se tuvo con él y, a través de él, la solidaridad con el pueblo de Chile.

Cuando ocurrieron los hechos, inmediatamente la Democracia Cristiana emplazó a la dictadura del General Pinochet para que investigara el atentado, lo que fue negado sistemáticamente por el gobierno militar. Asimismo, en esa época se pidió al Poder Judicial la apertura de un proceso con esa misma finalidad, diligencia que también resultó infructuosa. Por ello, quizás la mejor manera en que los actores políticos y sociales de la vida nacional rescatamos su ejemplo y su mensaje fue imponiendo en Chile, con el aporte de muchos políticos -algunos de ellos hoy están en la Oposición-, una nueva conciencia política y moral que exigía la unidad para obtener el retorno a la democracia. Esto se expresó en el llamado Acuerdo Nacional, firmado hace unos 10 años. Posteriormente, la mayoría de los participantes en el Acuerdo Nacional generamos un proyecto histórico que ha dado dos gobiernos democráticos a nuestro país. De esa manera, políticamente, el pueblo hacía justicia, dejaba atrás la dictadura.

Los parlamentarios de la Concertación de Partidos por la Democracia solicitamos al Gobierno del ex PresidentePatricio Aylwin que asumiera un rol activo en el proceso seguido por la justicia italiana. Y el gobierno democrático, de motu proprio, a través dél entonces Ministro del Interior, encargó al abogado italiano Ricardo Olivo la representación del Estado de Chile en el juicio por el atentado a Leighton. Idéntica actitud asumió el actual Gobierno del Presidente Frei, reiterando con ello la voluntad y el firme propósito de esclarecer estos gravísimos hechos.

Por otra parte, sin haber abandonado el propósito de verdad y justicia, el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana encargó a uno de sus mejores hombres, al juristaJaime Castillo Velasco, que nos representara ante la justicia italiana junto a Florencio Ceballos, quien representa a la familia Leighton y a su viuda, la señora Anita, presente en las tribunas.

La actual directiva también ha hecho un seguimiento permanente del juicio, razón por la cual se ha encomendado a uno de nuestros vicepresidentes la función de coordinar activa y permanentemente las tareas que se deben cumplir en este caso. Hemos recibido el apoyo, el respaldo y la solidaridad de todos los partidos de la Concertación, y de miles y miles de chilenos que exigen verdad y justicia. Todo lo anterior, porque reconocemos que Leighton era el espejo moral de nuestro Partido y, más que eso, porque fue y sigue siendo la conciencia moral de la política chilena. Pero la actitud de Leighton contrasta con la de quienes cobardemente decidieron y planificaron su asesinato, los que, hasta hoy, no reconocen su responsabilidad y se han convertido en obstáculo para el esclarecimiento de la verdad y el imperio de la justicia, lo que retarda la reconciliación nacional.

Sería bueno preguntarle al general Manuel Contreras y al brigadier Eduardo Iturriaga; ¿Cómo es posible que, ante pruebas tan evidentes, no les parezca que ya es tiempo de reconocer su participación en estos hechos que mancillan el honor militar y afectan el prestigio de Chile? En otras naciones, frente a errores manifiestos o violaciones abiertas a los derechos humanos, los responsables o sus superiores han tenido el coraje moral de pedir perdón; el mismo coraje moral de Bernardo Leighton y de su querida Anita, quienes, con sus cuerpos sangrantes, supieron perdonar a los que quisieron arrebatarles la vida. Los asesinos no pudieron, como en otros casos, cumplir con su cometido. Dios quiso que Bernardo Leighton se transformara en el baluarte vivo de los que no querían morir, de los que lucharon por la democracia, se inspiraron en el valor y en el principio de la libertad y se transformaron en el testimonio vivo de los desaparecidos, de los que sufrieron, de los que fueron asesinados. Hasta hace pocos días, hasta el momento en que su vida se apagó, fue el rostro vivo de Prats, de Letelier, de Soria, de Fernández y de tantos otros chilenos.

Por eso hoy, desde el lugar en que está, Bernardo Leighton nos sigue empujando en la búsqueda de la verdad; nos sigue alentando a clamar por justicia, siendo, al mismo tiempo, testimonio del perdón.

El establecimiento de la verdad, a estas alturas, es insoslayable. Por el bien del país, de nuestras instituciones, y sobre todo de las futuras generaciones, no debe quedar duda acerca de lo que realmente ocurrió y de quiénes tienen y tuvieron responsabilidad en tan graves hechos.

Conocer la verdad crea un ambiente espiritual que permitirá a los jueces fallar conforme a derecho, entendido éste como expresión máxima de la justicia. La verdad y la justicia abrirán las posibilidades de una real y definitiva reconciliación en nuestro país. Para ello, hay que desterrar la cobardía moral que se observa en quienes atentaron contra la vida de Bernardo Leighton y de su querida Anita Fresno, y en quienes pretenden cubrir ese alevoso hecho con un manto de olvido. Por el contrario, se requiere tener el coraje moral del que Bernardo Leighton dio testimonio permanente en todos y cada uno de los actos de su vida.

No puedo dejar de agradecer a todas las personas que, de una u otra forma, se han sumado al sentimiento de tristeza que nos produjo su reciente fallecimiento. Quiero hacer especial mención de los representantes de las distintas bancadas de Diputados y Senadores de todos los partidos políticos que, en esta Sala y en el Honorable Senado, rindieron homenaje a su ejemplo. Las voces de todos los que hablaron en el Congreso chileno siguen resonando en nuestras Salas, en nuestros oídos y en las conciencias de nuestros conciudadanos.

Todo esto nos obliga a actuar en forma coherente y a que el rol de nuestra Corporación sea el de condenar enérgicamente el crimen perpetrado en contra de Bernardo Leighton y su señora, y esperar que la justicia italiana pueda no sólo esclarecer definitivamente los hechos, sino sancionar a los responsables.

Como Corporación, también debemos respaldar las acciones que está desarrollando el Gobierno de Chile para lograr el objetivo de conocer la verdad y hacer justicia. La Cámara tiene la obligación moral de seguir, paso a paso, lo que está sucediendo en este caso. Nuestra Comisión de Derechos Humanos debe abocarse, en forma permanente, a seguir y analizar este caso y a mantenernos informados, porque de esa forma también estará informada la opinión pública de nuestro país.

Tal como decía al inicio de mi intervención, en la vida hay oportunidades en que tenemos que abordar temas que habríamos preferido no conocer; pero puestos en el trance de tener que hacerlo, debemos actuar con consecuencia, asumiéndolos con la convicción de que la historia nos impone la obligación de que se conozca toda la verdad, para que brille, de una vez por todas, la luz de la justicia. Sólo de esa forma seremos fieles a nuestro compromiso de contribuir a sanar las heridas, alcanzando así la reconciliación que exigen Chile y los chilenos.

Por todo eso luchó y dio su vida

Bernardo Leighton.

He dicho.

El señor CHADWICK.-

Señor Presidente, hace pocas semanas en esta misma Sala, con ocasión del sensible fallecimiento de don Bernardo Leighton, tuvimos oportunidad de rendirle -en presencia de su señora- un sentido homenaje, en el cual participaron todas las bancadas. Nos referimos a lo que fue la vida, el ejemplo y la trayectoria de don Bernardo.

El Diputado señor Víctor Pérez, en nombre de todos los Diputados de la UDI, junto con señalar el testimonio de vida y los valores de don Bernardo, rechazó categóricamente el brutal atentado que se cometió en contra de su persona y de su esposa. Hoy queremos reafirmar esas palabras ante la Cámara de Diputados y condenar, una vez más, con la mayor energía, el atentado brutal y detestable de que fueron víctima don Bernardo Leighton y su señora.

La violencia no tiene justificación alguna, y cualquiera que sea la forma que ella adopte, siempre recibirá de los parlamentarios de la UDI y de la Cámara, tal como ha ocurrido en otras oportunidades, el más enérgico rechazo. Como la hicimos ayer al recordar la muerte de don Bernardo Leighton, reafirmamos nuestra condena en esta sesión y esperamos seguir haciéndolo.

Hemos conocido importantes antecedentes entregados a la Sala por los Diputados señores Ascencio y Viera-Gallo, quienes en forma seria y responsable los recabaron en Italia.

Ante estos antecedentes y otros que puedan surgir en el proceso judicial que se sigue en ese país para investigar el atentado que comprometió la vida de un ex Vicepresidente de la República, queremos reafirmar nuestra voluntad de que la Cámara de acuerdo con sus atribuciones y facultades constitucionales y legales, continúe informando permanentemente sobre el avance de ese proceso.

Tenemos que buscar la forma que -respetando las facultades legales y constitucionales y sin interferir la acción de la justicia- nos permita obtener la información necesaria para estar vigilantes sobre la manera en que se lleva el proceso en dicho país. Vamos a contribuir con nuestra voluntad política a que ello ocurra, dentro de los márgenes que la Constitución nos permite.

Pero lo más importante es que hoy queremos reafirmar nuestra confianza en la acción de la justicia. Confiamos en los tribunales chilenos que, en pocos días más deberán dictar sentencia en la causa seguida por el asesinato de don Orlando Letelier. Confiamos en que ese fallo -de gran trascendencia- de acuerdo con el mérito del proceso y con nuestro ordenamiento jurídico, aplique la ley, determine las responsabilidades y haga justicia. También confiamos en los tribunales de justicia italianos porque, a la luz de los antecedentes que se nos han entregado, vemos que están procediendo en forma responsable y seria.

Nuestra gran responsabilidad como Cámara de Diputados y sector político, para los efectos de hacer justicia, aplicar el derecho y sancionar a los responsables de esos crímenes, quienesquiera que sean, es generar las condiciones que permitan a los tribunales de justicia actuar con todo su poder, con toda su potestad y con la máxima independencia y autonomía qúe sea posible.

Así como hoy hemos conocido estos antecedentes y deseamos que en el futuro próximo la Cámara esté debidamente informada acerca de la forma en que se lleva el proceso judicial italiano, también queremos generar -y esa es nuestra responsabilidad de hoy- el clima y las condiciones que permitan que la justicia chilena e italiana emitan fallos que apliquen el derecho, sancionen al responsable y cuenten con toda la legitimidad que la justicia necesita para cumplir su función.

Pero ello no se logra cuando, en vez de atenerse a los antecedentes judiciales y a las responsabilidades que puede involucrar, el debate, los planteamientos y las diversas posiciones se llevan al terreno de los conflictos, de las controversias y de buscar responsabilidades históricas donde quizás no han existido o de comprometer responsabilidades institucionales donde no corresponde.

Si queremos que se haga justicia -comprometemos nuestra voluntad en tal sentido-, tanto respecto del asesinato de don Orlando Letelier, como del atentado contra don Bernardo Leighton y su señora, contribuyamos a ello, pero sin esconder información y menos pretendiendo reservas o secretos. Contribuyamos juntos a conocer la verdad y a generar un ambiente -no en la confrontación, en el conflicto o en las responsabilidades históricas o institucionales- que permita a los tribunales de justicia actuar con su máxima potestad y con la mayor legitimidad para determinar los hechos, aplicar las normas jurídicas y condenar a quienes resulten responsables. Esa es la forma de saber la verdad, de hacer justicia, de superar las situaciones del pasado y de decir que los asesinatos cometidos, en este caso el atentado contra don Bernardo Leighton y su señora, en Chile, Italia o donde corresponda, serán sancionados.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, en nombre de los Diputados de Renovación Nacional, quiero entregar nuestro pensamiento sobre la base de una breve reflexión.

Fuimos invitados a esta sesión y quisimos participar en ella, porque nunca vamos a esconder la cara ante los hechos y pruebas de los acontecimientos relatados esta mañana.

Condeno ese atentado alevoso, y saludo -porque nunca he tenido la oportunidad de hacerlo- a la señora de don Bernardo Leighton, Anita Fresno, presente en las tribunas.

En el homenaje que hace muy pocos días se rindió en esta Sala, nuestro gran Diputadodon Maximiano Errázuriz entregó, con mucha sinceridad, un mensaje y un homenaje que representó a todos los Diputados de mi partido.

Asimismo, quiero manifestar que desconocíamos absolutamente la información que hemos escuchado hoy. Y soy muy sincero, porque sin conocerla es muy difícil tener un planteamiento. Éste no es un tribunal; no vamos a asumir la defensa de nadie que sea procesado en tribunales chilenos o extranjeros. Creemos que, dentro de los marcos del estado de derecho, se tiene que hacer justicia, y eso lo vamos a defender a cualquier precio y en cualquier circunstancia.

Dijimos en forma reiterada que no veíamos la conveniencia de celebrar una sesión como ésta en momentos en que el máximo tribunal de Chile, la Corte Suprema, debe emitir un fallo respecto de las personas que hoy han sido nombradas y que los antecedentes entregados las comprometen.

Por eso, respetuosos del derecho y de los procesos que se sustancian, considerábamos inconveniente realizar esta sesión. Pero también debo reconocer la actitud de las bancadas de la Concertación, que han tratado el tema con gran altura y respeto, como nosotros esperábamos.

Tema mucho temor de que en esta sesión se expresaran calificativos que no corresponden a la dignidad de la Cámara, pero hoy comprobamos que ha habido un gran respeto por la forma en que se deben llevar a cabo las sesiones en esta Corporación.

Hemos participado en esta sesión para señalar que vamos a respetar absolutamente los fallos que emita la Corte Suprema en los próximos días. Además vamos a participar en el seguimiento que hará la Comisión de Derechos Humanos del proceso que se lleva a cabo en Italia. Vamos a estar muy atentos, porque creemos que la justicia debe encargarse de condenar a quien corresponda por los errores cometidos en una etapa muy dolorosa del país.

Los Diputados de Renovación Nacional vamos a asumir siempre nuestra responsabilidad, y lo haremos con altura. Pero también creemos que revivir las heridas del pasado sólo nos condenará a un futuro muy difuso, en circunstancias de que queremos que sea claro y transparente.

Esperamos que se haga justicia. Es nuestro deseo muy sincero, y vamos a estar siempre en esa posición.

He dicho.