Labor Parlamentaria

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Honorable Cámara, esta sesión ha sido convocada para tratar un tema de real trascendencia nacional que inquieta a todo el país, como es el problema de la salud. Por tanto, solicito que mantengamos en ella el clima adecuado para el debate, el cual probablemente puede ser intenso, pero respetuoso y tolerante.

Debo informar que, por acuerdo de los Comités en reunión efectuada ayer, los tiempos se han ampliado. Estos son los siguientes: Democracia Cristiana: 39 minutos; Renovación Nacional, 32; Unión Demócrata Independiente, 18; Partido Socialista, 16, y el Partido por la Democracia, 15. Estos tiempos comenzarán a regir después de la exposición del señor Diputado informante y de la intervención del señor Ministro de Salud.

Relator del informe de la Comisión de Salud es el Diputado señor Bayo, a quien dejo con la palabra.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, es motivo de satisfacción y orgullo para este parlamentario que la Comisión de Salud lo haya designado relator en relación con la tarea impuesta por la Honorable Sala a través de un proyecto de acuerdo que, bajo el número 148, aprobamos en octubre del año pasado. Mediante dicho proyecto se nos encomendó la realización de un estudio acerca de los problemas que afectan al denominado “sector salud” y de sus eventuales soluciones.

Para el cumplimiento de este cometido, la Comisión trabajó -como es habitual en la Corporación- con mucho ahínco. Tuvo más de 60 sesiones y escuchó a casi todos los actores involucrados en el quehacer del sector. Es así como concurrieron a nuestras sesiones el Ministro de Salud, sus asesores y jefes de entidades dependientes de su Ministerio; los decanos de las facultades de medicina del país, la directiva del Colegio Médico, la directiva del Colegio de Cirujanos Odontológicos, la Presidenta del Colegio de Enfermeras; la directiva de la Federación Nacional de Trabajadores de Salud y la directiva de la Coordinadora Nacional de Atención Primaria Municipalizada. También se escuchó a diferentes ejecutores directos de las acciones en salud y a representantes de institutos de estudios especializados.

Este voluminoso informe, de más de 120 páginas, sería imposible abordar en su totalidad en una sesión de tiempo limitado. Pero, mencionaremos que entre sus páginas 4 y 8 se consigna una breve reseña cronológica sobre la evolución de la atención de la salud en Chile que, ya iniciada en la época de la Conquista, demuestra cómo a través del tiempo y de la historia ha existido una preocupación permanente por entregar cada vez más y mejor salud a la población de nuestro país.

Entre las páginas 8 y 94 se contienen las opiniones que las personas invitadas expusieron en la Comisión, las cuales nos han permitido llegar a las conclusiones que se inician en la página 95.

Por razones obvias me referiré a lo que más nos interesa en esta oportunidad: las conclusiones y las sugerencias de nuestro trabajo, cual es precisamente la tarea que nos encomendó la Honorable Sala.

Debo resaltar que también es gratificante para este Diputado y para los integrantes de la Comisión que expongamos un informe único. Aquí no hay informes de mayoría ni de minoría, sino un informe único que en lo que se refiere a las conclusiones fue consensuado absolutamente, y en cuanto a las sugerencias, fue consensuado en un alto porcentaje. Sólo en dos o tres materias hay diferencias que serán motivo de análisis y discusión en esta Sala.

En relación con las conclusiones, empezaremos por decir que es necesario consignar que el estado de salud de la población ha experimentado una importante mejoría si se le compara con otros países latinoamericanos, y relativamente notoria cuando se le compara con el desarrollo del país. Pero, ésta no es resultante sólo del quehacer en el sector salud propiamente tal, sino que está vinculada al nivel de educación, al mejoramiento de las condiciones de vida y, en general al desarrollo económico y social alcanzado en nuestro país. Aquí también queremos dejar constancia de que ésta es la continuación de un quehacer en salud pública que se inició en la década de los 50, que ha prestigiado a Chile en todo el mundo y que en gran medida se sustenta en la disposición de dar siempre -en diferentes gobiernos- un tratamiento técnico a los problemas del sector, criterio que sustenta el actual equipo ministerial.

Sin embargo, creemos que a pesar de esto persisten algunos problemas como el de una gran inequidad, que se expresa en marcadas diferencias entre regiones y sectores sociales.

La demanda por mejor atención de salud sigue siendo la principal preocupación de nuestra opinión pública, y una serie de problemas de variada índole continúan afectando al sistema.

Algunos parlamentarios sostienen que los problemas de hoy deben empezar a ser resueltos de acuerdo con los medios actualmente disponibles en el seno, en el marco del sistema reconocido constitucionalmente; es decir, empezar a solucionarlos con los recursos que hoy se disponen. Otros, en cambio, reconociendo la existencia del sistema mixto de salud, estiman que los problemas ameritan un debate nacional previo acerca del modelo de atención que se debe aplicar, de la estructura del financiamiento y del ámbito de cobertura que cada subsistema debe tener.

Nosotros hemos sistematizado dichos problemas en una forma totalmente inédita. No podíamos agruparlos por áreas porque las transversalizan, y por ello los hemos sistematizado de acuerdo con las prioridades que nuestros visitantes les dieron y con lo que percibimos en la población, en general.

¿Cuáles son esos problemas?

El principal es la insatisfacción de la población, calificada por algunos de nosotros -incluyendo al Ministro de Salud- como de un alto grado, a pesar del buen nivel de salud del país.

Llama la atención que la insatisfacción es muy alta, muy crítica entre las personas que demandan atención, y diría que se cambia a grado de satisfacción bastante aceptable cuando ya la han conseguido.

Todos sabemos que las causas de insatisfacción en el sector público, son las largas colas, las postergaciones e inconvenientes y -algo muy importante- la atención por parte de funcionarios francamente desincentivados, hecho que destaco en forma especial.

Esa insatisfacción también está presente en el sector privado, y el tema ya lo hemos discutido aquí cuando nos referimos a las preexistencias, a los costos progresivos, a las acciones, etcétera.

El segundo problema dice relación con las desigualdades en el acceso a la salud. Ello es notorio, especialmente, cuando nos referimos al sector rural, pero en el sector urbano también hay grandes diferencias y la Región Metropolitana es testigo de ello.

Existe inequidad en la asignación de los recursos y no se consideran las diferencias geográficas, socioeconómicas, ni los diferentes perfiles epidemiológicos que exhibe nuestra larga y angosta faja de tierra. Esto confirma las desigualdades en el acceso.

Pero, hay un tercer factor que no es reconocido por la prensa ni por los medios de difusión, y que la Comisión estima necesario ponerlo de relieve: el escaso compromiso de las personas con el sistema. Los chilenos en general, los usuarios, esperan siempre ser servidos por el sistema, pero no se preocupan de él mientras no los toca directamente. Es probable que esta actitud humana, normal, se debe a que el sistema y las políticas han sido diseñados por técnicos, por los prestadores, y no por los usuarios que las demandan. Pero -repito- el hecho concreto que hay que resaltar es que hay un escaso compromiso de las personas con el sistema.

No hay ninguna duda de que se confirma lo ya aseverado, en el sentido de que no hay una distribución equitativa de los recursos existentes en el subsistema público.

Tampoco podemos dejar de resaltar un factor que para muchos de nosotros es quizás el más importante: la deficiente gestión administrativa en el sector público. A pesar de los esfuerzos realizados por el actual equipo ministerial para mejorarla, persiste en ese sector una centralización excesiva en la toma de decisiones que no parece necesaria, porque en algunos lugares del país -no en todos- existe personal técnico capacitado e idóneo para recibir responsabilidades y para absorberlas con conocimiento de causas, de efectos y realizando una acción más eficiente o eficaz que en la actualidad.

Sabemos que a nivel ministerial se están impartiendo cursos tratando de mejorar la capacidad de gestión en ese sentido, y creo que debería enfatizarse dicha gestión, porque es uno de los factores más importantes para solucionar los problemas de salud del país.

Creemos que la atención primaria municipalizada es otra materia que no podemos dejar de analizar. Algunos parlamentarios plantean claramente la conveniencia o posibilidad de que vuelva al ámbito estatal, y se basan en que algunas evaluaciones parciales han demostrado ineficiencia de la gestión en muchas comunas.

Por otra parte, la atención de las municipalidades aparece desvinculada de los niveles secundario y terciario que están en poder del Estado. Este es el principal problema que fue determinado en diferentes estudios sobre la materia desde que se creó la salud municipalizada. Hay falta de coordinación entre la salud municipal y la salud pública -llamémosla así- entregada por los hospitales y consultorios especializados.

Además, el financiamiento a través de Fapern es un sistema reconocidamente imperfecto y que está en vías de sustituirse por la asignación per cápita. cuyas bondades deberán evaluarse en su oportunidad.

Asimismo, existe a nivel municipal una evidente limitación de la capacidad de resolución de los establecimientos que incide negativamente en la calidad de la atención, y que hay apuro por derivar a la gente hacia otras personas, porque es poco aconsejable o rentable mantener al paciente en ese nivel.

No podemos dejar de mencionar que hay 'una insuficiente -algunos hablan de ausencia- política de recursos humanos acorde con la necesidades de la población. No siempre se forman profesionales y no profesionales acorde con ellas. Esto es especialmente notorio en relación con la formación y distribución equitativa de los especialistas en todo el país, puesto que su ausencia en muchos lugares influye negativamente en la salud de la población. No dejamos de reconocer la existencia de grupos de presión, especialmente a través de organizaciones de especialistas, factor que debemos considerar.

Existe un déficit de enfermeras universitarias, plantas rígidas en los establecimientos públicos, una carrera funcionada que privilegia la antigüedad y no el mejor desempeño, un deficiente sistema de calificación, una capacitación aún deficiente, a pesar de los esfuerzos realizados en este campo y algo que coincide con lo que expresé al comienzo: falla de reconocimiento a las funciones desempeñadas, que redunda en un grado alto en el daño progresivo de la autoimagen o autoestima. Además, hay una alta rotación del personal, especialmente notoria en el ámbito de la salud municipal.

También es importante consignar la insuficiente modernización del aparato estatal, como un grave problema.

La Comisión reconoce los esfuerzos realizados por el Ministerio en la modernización, pero estimamos que aún refleja falencias importantes en materias de productividad -a pesar de que esta expresión no les gusta a algunos-, relación de recursos, eficiencia, burocracia, insuficiente participación de los funcionarios en las decisiones, etcétera. Esto tiene que ver con la modernización del aparato estatal y debe señalarse claramente.

Hay también rigideces administrativas, legales y reglamentarias que todos conocemos: la ley N° 15.076, el Estatuto de Salud Municipal, los reglamentos de concursos, algunos de los cuales están en Contraloría. Tales rigideces dificultan la descentralización.

Llegamos al problema que quizás más nos dividió en la Comisión, dentro de un espíritu constructivo y de alto intercambio de opiniones: el imperfecto sistema de financiamiento del sector, en el cual me detendré algunos minutos.

Los ingresos del sector provienen, especialmente, del aporte fiscal y de las cotizaciones obligatorias, con evidente falta de transparencia tanto en el subsector público como en el privado. En el primero, las cotizaciones son recaudadas por el INP y el Fondo Nacional de Salud recibe una cantidad global que no permite conocer el número de cotizantes ni la estructura y distribución de las cotizaciones según tramos de renta. En el sector privado, aun cuando el origen de los recursos está claro, la falta de transparencia proviene de que no se conoce el monto del copago, es decir, lo que debe desembolsar el afiliado cada vez que recibe una atención.

En la distribución de estos dineros, en el sector público, se está incorporando el sistema de financiamiento per cápita para la atención primaria y el pago asociado a diagnóstico para los hospitales, pero ello se hace en el contexto de una cotización legal que no está en íntima relación con el riesgo a cubrir, lo que hace que no sea equitativa la distribución de fondos. El descuento, un 7 por ciento, es exactamente igual para una persona de 25 años que para otra de 60, sin importar el monto de sus ingresos.

Algunos miembros de la Comisión relacionan las imperfecciones en el sistema de financiamiento con insuficiencias en el aporte fiscal y con el hecho de que su estructura corresponde en un 70 por ciento al usuario, y plantean la conveniencia exclusiva, clara, fácil y cómoda de aumentar el aporte fiscal. En cambio, otros consideran necesario un análisis más integral del problema, técnicamente realizado e idealmente consensuado.

Otro aspecto que también es importante y que, desgraciadamente, no es asimilado o absorbido por la comunidad en general, es el incremento permanente en el costo de salud. Al respecto, podría hablar mucho acerca del motivo por el cual éste crece permanentemente en el mundo. En Chile, el aumento de las expectativas de vida, los cambios en el perfil epidemiológico, la incorporación de mayor tecnología en la atención de salud hacen que su costo sea cada vez más caro.

En relación con esta situación, deseo agregar un hecho que tampoco es frecuente verlo en los medios de comunicación. Aparentemente, la formación de profesionales en las universidades tiende a maximizar el uso de la instrumentalización, del laboratorio y de la tecnología, que cae rápidamente en obsolescencia, y minimiza o posterga la relación médico-paciente, la utilización de la clínica y abusa de la derivación, no siempre necesaria. Por supuesto, que esto tiende a deshumanizar la atención que hoy recibe la ciudadanía.

Para la Comisión es preocupante que la ciudadanía no tenga incorporado este hecho a su computador personal y no lo haga participar para solucionar el problema.

Otro problema detectado por la Comisión es la ausencia de diagnóstico epidemiológico regionalizado. Las diferencias son muy grandes a lo largo del país, y si queremos manejar en forma descentralizada el país y los recursos, es necesario que exista un diagnóstico epidemiológico regionalizado.

También echamos de menos algunas políticas específicas de salud. A pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades del sector para enfrentar los problemas del adulto mayor, los accidentes, las enfermedades catastróficas y laborales, el Sida, entre otros, aún se detectan insuficiencias en las políticas definidas para corregir estas situaciones. Al respecto, sabemos del funcionamiento de una comisión nacional para decidir una política sobre el adulto mayor.

Otro punto es la falta de una política nacional de medicamentos.-

Este problema fue conocido por la Corporación en la legislatura anterior, a través de un informe entregado por una Comisión especial, presidida por el Diputado señor Juan Pablo Letelier, la cual sugería, entre otras medidas, la formulación de una política nacional de medicamentos.

La necesidad de que nuestra población tenga acceso a medicamentos de buena calidad y a costos razonables, hace aconsejable la definición de esta política. Sabemos que se están haciendo cosas, pero la población aún no la percibe.

Hay una insuficiente valorización de la promoción de la salud por parte de prestadores y usuarios.

Normalmente, la gente recurre a curarse, a repararse, a recuperarse, y minimiza o posterga la prevención, que es más barata y eficaz que la curación o rehabilitación.

Es necesario que la comunidad sepa que debe priorizar la prevención y la promoción, junto con la rehabilitación, por sobre el factor de recuperación.

Otro punto que ofreció controversias en la Comisión fue el de los subsidios cruzados.

Entre otros, se constata el hecho de que beneficiarios de seguros de salud recurren al sistema público sin pagar por la prestación, y, paralelamente, cotizantes del Fondo Nacional de Salud usan en forma fraudulenta bonos de isapres bajo cierta permisividad profesional. Un hecho concreto que nadie puede desmentir.

Algunos miembros de la Comisión estiman que hay un traspaso de aportes estatales al sector privado, que es improcedente, aun cuando parte de estos recursos provengan fundamentalmente del sector previsional más que del de salud.

Con posterioridad, me referiré a este tema, porque en cuanto a los subsidios cruzados hay una falta de coincidencia en los conceptos a usar. Algunas personas, incluso en los medios de difusión se refieren a subsidios cruzados en relación con los programas de vacunación, preventivos o de alimentación complementaria, los que no son subsidios, sino programas.

Otra conclusión es la ausencia de legislación sobre especialidades médicas. Existe consenso en que faltan especialistas en distintas disciplinas y, además, de que están mal distribuidos. Su concentración en grandes ciudades deja desnudas a las más alejadas de estos centros poblados, y en ello influye la existencia de sociedades de profesionales que controlan su formación y la falta de atribuciones del Ministerio para adecuar el número y tipo de especialistas a las necesidades de la población.

Hay deficiencias en el control y fiscalización en relación con el ejercicio de la profesión. Ya en los últimos días han existido denuncias concretas acerca del ejercicio ilegal de la profesión médica, profusamente publicitadas y no fiscalizadas. Hay cierta tendencia a creer que con médicos traídos del extranjero se arregla la falta de atención. Les recuerdo que el tema fue tratado en la Sala a propósito de la discusión de la ley de retornados, y se estableció, en lo que se refiere a los médicos, que no podía prescindirse de las disposiciones legales que entregan a la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile la calificación y acreditación de estos profesionales. Con otras materias se puede jugar, con la salud, no.

Existen posiciones discrepantes entre la calidad y la cantidad de las acciones de salud. Quizás aquí aparece como presente el conflicto que todo Chile conoce. La discrepancia observada entre las personas que han recibido atención y las que la esperan refleja un problema de cobertura del sistema. Hay gente que privilegia entregar una mayor calidad de las acciones. Otros sostienen que no se puede entregar mayor calidad de atención mientras no se atienda a toda la población, lo que requiere el aumento de la cobertura.

En el seno de la Comisión se dieron ejemplos acerca del número de personas que dejan de ser atendidas en los sectores rurales. En mi región, La Araucanía, por ejemplo, hay que esperar interconsultas oftalmológicas cuatro, cinco o seis meses, lo cual tiene tanto o más valor que dar atención inmediata, aunque sea doloroso decirlo, a un enfermo que necesita cirugía cardiovascular, que ocupa gran cantidad de recursos que permitirían solucionar los problemas de miles de personas modestas de las regiones rurales.

A juicio de la Comisión, falta un mayor debate sobre la responsabilidad del Estado, en términos de garantizar un plan mínimo de atención con calidad suficiente para la población.

La eficiencia del sistema público debe ser evaluada con parámetros consensuados, compartidos y completos para medir efectivamente la productividad. Insistimos en lo de consensuados: es la única manera de avanzar en un camino que, hasta el momento, es bastante difícil.

Hay insuficiencia y obsolescencia de los sistemas de información. Lo que no requiere de mayores comentarios, porque todos los conocemos.

Reitero la falta de coordinación adecuada entre el subsistema público y el privado y entre niveles del mismo subsistema.

El objetivo último de todo sistema de salud es que el usuario reciba la mejor atención posible dentro del subsistema que él eligió, y, si es preciso, derivarlo al otro subsistema. Mientras aparezcan con mayor facilidad las posibilidades de coordinación entre diferentes niveles de un mismo subsistema o entre los subsistemas público y privado, mejor será la calidad de atención que reciba la población.

Por último, en las conclusiones, debemos dejar constancia del debilitamiento de contenidos valóricos y sentido social de quienes trabajan en salud. Por una parte, ello está en directa relación con la formación que los profesionales de la salud reciben en los establecimientos de educación superior. En general, esta educación es muy adecuada en lo técnico, pero adolece de falta de contenidos valóricos y sentido social. Por otra parte, incide en esta conclusión la existencia de estilos de vida y el marco valórico de la sociedad que llevan a un escaso compromiso con la comunidad, y terminan por ser influidos por el ambiente laboral y la falta de reconocimiento a que ya habíamos hecho referencia.

En la segunda parte y final de mi intervención. trataré de resumir las sugerencias orientadas en el mismo sentido con que fueron elaboradas las conclusiones, para que exista consecuencia en el debate.

Pensamos que una estrategia nacional para enfrentar los problemas de salud debe ser global para abordar con eficiencia los aspectos estructurales, financieros, de formación y desarrollo, de recursos humanos, de atención directa y modernización de sistemas.

A juicio de la Comisión, esto implica la formulación de una gran reforma de salud nacional que con carácter de política de Estado haga posible el imperio de los grandes principios orientadores que han sido tradición y orgullo de la salud pública chilena.

A título muy personal, estimo que si bien es cierto que en el adecuado uso del lenguaje, el concepto de reforma puede usarse cuando hay cualquier forma, tradicionalmente lo hemos limitado a grandes cambios. Cuando se organizó el sistema público a través del sistema nacional de salud en 1952, y cuando hubo la gran reforma posterior, cuando ese servicio único de salud se transformó en un sistema nacional del servicio de salud, ésa fue una gran reforma. Reitero, siendo adecuado desde el punto de vista del buen uso del lenguaje la palabra reforma, tradicionalmente, hoy podríamos plantear la conveniencia de perfeccionar lo existente antes de introducir una gran reforma.

Consideramos la necesidad imperiosa de reconocer la existencia de un sistema mixto y de reiterar o considerar el sector bajo política de Estado y no sólo de Gobierno.

Como decíamos, hemos estimado que la sistematización aplicada para la sugerencia debería ser parecida a la de las conclusiones.

¿Y qué decimos, en primer lugar? Que en relación con el sistema de salud, respetamos el derecho de cada persona consagrado en la Constitución Política, de atenderse en el subsistema que prefiera. Creemos necesario, como paso previo, el enunciado de una estrategia nacional consensuada, definiendo claramente los ámbitos de acción -esto es muy importante- y de cobertura de cada uno de los dos subsistemas.

Que el Estado sepa exactamente qué le corresponde hacer y financiar, y que el sector privado también lo sepa con toda claridad. No hacerlo, significaría la persistencia de los actuales problemas.

Como Comisión pensamos que la prioridad que le ha dado el Ministerio al diseño de un modelo de atención para Chile, acorde con la realidad epidemiológica actual, apunta en el sentido correcto y el modelo debe orientarse hacia la salud y no hacia la enfermedad. Creemos que este modelo se debe materializar a la brevedad, reestructurando o adecuando la red asistencial al nuevo modelo de atención.

También creemos que hay necesidad de modernizar el subsistema público y que aquí juega un papel fundamental la descentralización y la mayor participación de la comunidad.

Hay necesidad de fortalecer la gestión transformando los servicios de salud en entes autónomos, como lo dice la ley: '‘responsables de la salud de su población” usando la estructura y los recursos humanos existentes acorde con las necesidades específicas, y la descentralización debe llegar hasta el nivel loca! con libertad para manejar los recursos públicos, tanto humanos como materiales, controlando y supervisando el quehacer del sector privado, todo ello en el contexto de una gestión administrativa descentralizada, pero responsablemente ejecutada.

Respecto de esta descentralización y manejo de la salud cada vez más cerca de la gente, algunos integrantes de la Comisión estiman que el nivel primario de atención debe volver a ser administrado por los organismos descentralizados del sistema, es decir, por los servicios de salud, como ya lo habíamos expresado.

Otros, entre los que nos contamos, por el contrario, estimamos que ello significaría un retroceso a lo que se ha avanzado en materia de salud en los últimos años, y que, en vez de retroceder al pasado, hay necesidad de avanzar para aumentar las posibilidades de la descentralización, usando a las municipalidades como un instrumento para llegar a ella, pero no el único.

Para lograr esta descentralización, se precisa la participación activa de toda la comunidad, incorporando a las personas al proceso de planificación estratégica. Pensamos que no hay descentralización posible si no se mejoran estos aspectos y no se hace participar a la gente.

No me referiré al proceso de modernización ya iniciado en el Ministerio de Salud, incompleto en algunas partes y bien orientado en otras. Confiamos en que se materialice a la brevedad, pues estimamos que apunta en la dirección correcta.

En relación con el financiamiento del subsistema público, tema conflictivo, existe consenso en la necesidad de aumentar la transparencia en el financiamiento del sector.

También hay acuerdo en que, independientemente de los ingresos del sector, deben estar relacionados con una buena utilización, es decir, con el arbitrio de medidas de ordenamiento de gestión y de mejoramiento de los índices de costo-eficiencia. Es indispensable financiar las acciones a su costo real para aclarar el futuro.

Es necesario que los ingresos provenientes de las cotizaciones de los afiliados al Fonasa, lleguen directamente a esta repartición y que en la Ley de Presupuestos se detallen los recursos que se destinan a las regiones, modificación que tiene la ventaja de acentuar decididamente el proceso de descentralización.

¿De dónde vienen los fondos que es preciso manejar bien? Ahí aparecen las discrepancias. Algunos integrantes sostienen que los aportes deben tener un origen tripartito, esto es, patronal, de los trabajadores y del Estado. Y agregan que este último aporte debe, por lo menos, duplicarse para alcanzar los niveles históricos de alrededor del 3 por ciento del producto geográfico bruto.

La actual estructura financiera es francamente inequitativa, ya que el 70 por ciento de los aportes provienen de los usuarios con ingresos medios y bajos.

Otros parlamentarios proponen mantener el aporte fiscal, en el entendido de que ello posibilita el financiamiento de acciones programadas por el Estado, especialmente relacionadas con los programas de fomento y de protección a la salud, de alimentación complementaria y de educación, en el primer caso, y referidos a vivienda, agua y soluciones sanitarias, en el segundo. En todo caso, es conveniente que se incremente el aporte fiscal cuando la situación económica del país lo permita y se demuestre un buen manejo de los recursos que se entreguen al sector salud.

Esta proposición se complementa con la posibilidad de flexibilizar el monto de la cotización legal obligatoria, que hoy es de un 7 por ciento. Hacerla más proporcional con el riesgo a cubrir y de común acuerdo con el usuario, por supuesto.

Sin embargo, algunos de los parlamentarios sostienen que esta proposición introduce un sesgo muy peligroso en un subsistema cuya principal característica es la solidaridad. De todos modos, hay consenso en dos proposiciones de la mayor importancia. La primera, en pro de la equidad, consiste en eliminar la cotización de los jubilados cuyas pensiones estén por debajo del salario mínimo. La segunda, como ya se planteó, en la autonomía del Fondo Nacional de Salud para recaudar y manejar los recursos provenientes de las cotizaciones.

En lo referente a la distribución de los fondos, se sostiene por algunos integrantes de la Comisión, que la tarea iniciada en Fonasa está orientada adecuadamente y deben arbitrarse las medidas complementarias que la materialicen a cabalidad, pues es necesario financiar las acciones de responsabilidad del Estado. Allí se incluiría el plan básico de salud.

El manejo centralizado de hoy debe ser modificado, transfiriendo a los servicios de salud funciones financieras, lo que posibilita un mejor uso de los recursos. Si a esta descentralización se incorporan los criterios de premiación y estímulo que fomenten la creatividad de ejecutivos locales responsables, estimamos que los siempre escasos recursos económicos serán mejor usados.

Es necesario perfeccionar el sistema per cápita para la atención primaria, con costos reales, como ya lo establecimos, alrededor de incentivos y creatividad, tratando de evitar la derivación innecesaria; igual acción se propone para los niveles secundarios y terciarios.

Algunos parlamentarios sostienen que se debería estudiar la entrega a nivel primario de atención de los montos a manejar, incluyendo sus propias acciones a costos reales, como las de sus derivaciones a los niveles secundarios y terciarios, independientemente de quién administre la atención primaria. Ello facilitaría el manejo de los recursos, evitaría la derivación innecesaria, porque tendría un costo -pensamos que es una materia a discutir-, y de esta manera se focalizaría hacia las personas y ejecutivos locales el manejo de un presupuesto que hoy está completamente centralizado y se transformaría o cambiaría por una mayor capacidad de resolución a nivel local.

Otros parlamentarios estiman que esta idea es peligrosa para el financiamiento de los otros niveles, para la integridad del sistema y sostienen que este punto debe ser objeto de un debate muy profundo.

En relación con los problemas del sector privado parece evidente la necesidad de complementar los avances que han significado las modificaciones últimas a la ley de isapres. No me referiré a la necesidad de aumentar la competencia en el sistema, al estudio de la posibilidad de seguros adicionales para cubrir prestaciones de alto costo y tratar de eliminar los subsidios del sistema estatal al privado, haciendo notar la conveniencia de estudiar la posibilidad de convenio de las instituciones con los establecimientos públicos; descentralizando también esta posibilidad, maximizando el uso de los recursos en salud, cualquiera que sea su origen. No importa si el día de mañana la cama es pública o privada, sino que tenga un uso útil.

En lo que se refiere al problema de las licencias médicas hay necesidad de estudiarlo. La transparencia del sistema, así como los problemas puntuales ampliamente conocidos, muestran que no es deseable que una institución sea al mismo tiempo captadora de cotizaciones, ejecutora de acciones y contralora de las licencias médicas. Esto que va para las isapres también va para el Fonasa, porque éste recauda, ejecuta y controla, y por sobre ambos entes se olvidan de que está la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, Compin. De manera que se deberían fortalecer las atribuciones de esta Comisión.

En relación con los recursos humanos, hay necesidad de recuperar el sentido social y los contenidos valóricos de quienes trabajan en salud, en una acción conjunta entre las instituciones formadoras y el Ministerio. Asimismo, de definir con claridad una política de recursos acorde con la necesidad de la población; que se formen profesionales y personal de colaboración que respondan a la realidad epidemiológica, social y geográfica del país; que se reformulen las estructuras curriculares y los planes de estudio en las diferentes entidades de educación superior, que permitan materializar esto con un perfil profesional adecuado a las necesidades actuales. A lo mejor, si esto se hubiera hecho, no estaríamos enfrentados a los problemas de hoy.

Reestudiar el problema de la sobre-especialización, facilitar y dotar de fondos al Ministerio de Salud, para la formación directa e indirecta dentro o fuera del país, de los recursos humanos en falencia, terminando por materializar el estudio de una ley de especialidades médicas y establecer las normas precisas acerca del ejercicio de la profesión. Aquí existe una ineludible responsabilidad de las universidades y de la Facultad de Medicina, que deben plantearse objetivamente el tema de la acreditación y de la capacitación permanente.

No hay ninguna duda de que el tema de los recursos humanos da para mucho. Podríamos referirnos al ejercicio ilegal de la profesión, a la necesidad de que este recurso humano sea manejado descentralizadamente, porque establece en mejor forma la humanización del sistema. Incorporar la mística, el sentido de pertenencia que hoy no tienen los funcionarios del sector público. Reitero, tendríamos toda una tarde para referirnos al tema, hay que buscar los mecanismos para corregir el actual e indeseable fraccionamiento de la carrera funcionarla, que supone la doble dependencia municipal y pública de quienes trabajan en el sistema estatal.

En relación con el financiamiento del sector, algunos señores Diputados sostienen que el sistema de instituciones de salud previsional adolece de una fuerte regresividad e inequidad, tanto en el origen como en el uso de los recursos que capta, y que hoy no se justifica el traspaso de fondos públicos hacia esas instituciones, independientemente del hecho de que los recursos provengan del sector salud, del sector previsional o del aporte de los empleadores. Por lo tanto, argumentan que, en esta materia, es necesario abrir un debate de fondo, pues corresponde a los sectores público y privado encontrar la o las fórmulas que permitan un financiamiento adecuado del sistema en su totalidad, sobre todo tomando en cuenta el incremento de los costos.

Otros señores Diputados han sostenido que es necesario distinguir entre subsidios indeseados y programas de cobertura nacional que, por su naturaleza, deben ser financiados por el Estado. Aquí aparece nuevamente la necesidad de definir los ámbitos de acción; así tenemos el Programa Nacional Ampliado de Inmunizaciones, el Programa de Alimentación Complementaria y el Subsidio Maternal. Ambas partes se muestran dispuestas, no a eliminarlos, sino a considerar su focalización hacia sectores de menores ingresos a flexibilizar el monto de la cotización adicional de 2 por ciento y a estudiar el tema de las excenciones tributarias a las cotizaciones.

Asimismo, en el seno de la Comisión existió acuerdo en cuanto a que debe terminar la transferencia de fondos del sistema público al privado, por concepto de consultas de cotizantes privados en hospitales y consultorios que ocultan su condición y a que las atenciones de beneficiarios de isapres en el sistema público, pactadas por convenio, deben ser pagadas en sus valores reales.

Ya nos referimos a los temas específicos: del adulto mayor, del sida, de las enfermedades catastróficas; a la necesidad de insistir en las políticas de privatización y de englobar toda esta materia en una política de Estado. En esta materia, el financiamiento del subsistema privado debería realizarse con los fondos acumulados en la cuenta de capitalización individual, pero, al mismo tiempo, el Estado debería subsidiar la diferencia entre este monto y el costo total del tratamiento curativo o de rehabilitación cuando la situación particular así lo amerite. No sólo la gente del sector público se ve enfrentada a situaciones catastróficas, sino también la del privado.

En el N° 8, Varios, se dice que es imprescindible definir claramente las acciones programadas por el Estado que deben ser financiadas por éste.

Debe fortalecerse el rol normativo, supervisor y evaluador del Ministerio de Salud el que, a su vez, debe promover la intersectorialidad en la solución de los problemas que inciden en salud.

Finalmente, se deja constancia de que para algunos integrantes de la Comisión muchos de estos problemas ameritarían la realización de un amplio debate nacional, por la inexistencia de un necesario acuerdo sobre algunos aspectos macro de la política del sector.

Termino pidiendo a la Honorable Cámara que me disculpe por lo lato de mi informe, pero es imposible referirse a temas tan complejos en forma más breve.

Asimismo, quiero hacer resaltar, para constancia de la Sala y del país, el alto espíritu de cooperación que permanentemente estuvo presente en todos los integrantes de la Comisión, en la cual se le dio un trato técnico a las diferentes materias analizadas, y las posiciones discrepantes, por lo general generalmente vinculadas a planteamientos políticos o filosóficos diferentes, fueron expuestas con gran altura de miras y con el respeto que nos debemos unos a otros, sin diferencias.

Por último, agradezco a los miembros de la Comisión su forma de trabajar y de hacer verdadera política, lo cual prestigia a nuestra Comisión y al Parlamento, y al equipo de Secretaría de la Comisión que jugó un papel fundamental en el trabajo que los señores Diputados tienen en su poder.

He dicho.

-Aplausos.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Recabo el acuerdo unánime para que ingrese a la Sala el doctor Juan Luis González, uno de los acompañantes del señor Ministro quien no pudo ingresar al comienzo de la sesión.

-Acordado.

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Tohá.

E] señor TOHÁ.-

Señor Presidente, hubiera deseado que la presente sesión, convocada para escuchar y discutir el informe de la Comisión de Salud en relación con la tarea que se le asignó respecto a identificar los principales problemas que afectan el área de la salud y proponer sugerencias, no estuviera cruzada con el actual conflicto y, en especial, con el paro en desarrollo. Pero esa realidad y sus pormenores, tal vez comprometan e inciten a toda la comunidad a definirse y a manifestarse.

Chile se siente orgulloso de mostrar que, a pesar de sus limitados recursos, ha alcanzado grandes logros en el sector salud. Ello ha sido posible, porque ha habido hombres preclaros, sobre todo médicos, capaces de implementar un sistema de salud acorde con nuestra realidad y ha contado con profesionales y trabajadores de la salud con alto espíritu de servicio y abnegación. Junto a lo anterior, han primado valores que han marcado su sello, como son la solidaridad y la búsqueda de la equidad.

La salud no ha quedado al margen de los cambios sufridos por nuestra sociedad; pero, en general, no son precisamente los que exaltan dichos valores. Por ello, celebramos que los Presidentes de los gobiernos democráticos lo hayan reconocido y dentro de sus programas hayan enfatizado la necesidad y el imperativo ético de fomentar estos valores si queremos construir una sociedad más justa.

Como Presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, no puedo dejar de señalar lo satisfactorio que es para mí presidir una Comisión que durante más de tres meses, con responsabilidad y seriedad, se ha abocado a cumplir la misión que se le ha encomendado.

Debo reconocer que en ella ha primado en forma permanente la voluntad de lograr el mayor grado de concordancia en el enfoque de los problemas, sin renunciar a sus legítimas diferencias y perspectivas.

En ella hemos recibido al Ministro de Salud, al Presidente del Colegio Médico de Chile, a presidentes y representantes de diferentes organizaciones gremiales y a todas las personas que podían contribuir en esta discusión.

Creemos que al proceder de esa manera, hemos ayudado a dignificar la labor de la Comisión y, por lo tanto, del Parlamento. Es de justicia enfatizar que nadie entre sus miembros, a pesar de visiones tan distintas en algunos aspectos, han negado la importancia de buscar la preservación de la solidaridad y la equidad en la gestión de salud.

Además, en cumplimiento del rol que la Comisión me encomendó, he tratado de manera responsable, ajeno a todo afán protagonista y publicitario, de transmitir a las partes la gran preocupación de los miembros de la Comisión frente al actual conflicto, apelando a que se busquen los caminos adecuados para restablecer el diálogo, en pos de una solución que satisfaga las aspiraciones del gremio médico en forma compatible con las responsabilidades del Gobierno de velar por el bien común.

Como parlamentario de esta bancada, reconozco el gran esfuerzo en recursos, inversiones e implementación de los dos gobiernos democráticos para reparar el grado de deterioro y postergación máxima con que fue recibido el sector público de salud, lo que no me impide reconocer también el alto grado de insatisfacción ciudadana y de los beneficiarios, provocados por situaciones como las largas esperas en la atención, en la postergación de operaciones, etcétera. Igualmente, el descontento de los diversos sectores de profesionales y trabajadores frente a algunas condiciones de trabajo o remuneraciones.

Lo limitado del tiempo me impide extenderme sobre los aspectos que consideramos más relevantes a considerar, como aporte a la solución de los problemas que, inevitablemente, inciden en el mejoramiento de la gestión y el financiamiento.

Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer el sector público de salud. Creo en la palabra del señor Ministro cuando dice que no se toman medidas para incursionar en la privatización de esta área pública de salud. Nos preocupa la no delimitación nítida del campo de responsabilidad del Estado en relación con los sectores de población que debe atender, ya que personas de bajos ingresos, que debieran ser atendidas por el sector público, han sido captadas por el sector privado, donde, indudablemente, no encontrarán solución adecuada a sus problemas de salud.

De igual forma, manifestamos nuestra oposición a las persistencia de subsidios del sector público al privado, en perjuicio de los intereses de la mayoría de la población, sobre todo de los grupos más pobres, restando recursos a su atención.

Creemos indispensable, junto con el mejoramiento de la gestión, perfeccionar el sistema de financiamiento, en especial en lo concerniente a Fonasa, y a elevar el aporte del Estado, a lo menos, para llegar a los niveles históricos del 3 por ciento del producto global bruto, si queremos así fortalecer la salud pública en sus aspectos de recursos materiales y humanos.

También debo expresar que es de esperar y deseable que estos mayores recursos vayan destinados a ampliar horarios de atención, a lograr un funcionamiento más prolongado, a mejorar la utilización de los pabellones, etcétera, para así satisfacer y responder a las mayores inquietudes que la ciudadanía ha manifestado en relación con estos problemas.

Compartimos la necesidad de avanzar en la modernización, en la descentralización y, en forma especial, en lograr la participación adecuada de la gente, comprometiéndola con el desarrollo estratégico del modelo.

Pensamos que se debe realizar una evaluación exhaustiva e integral de la atención primaria municipalizada, segregada del resto del sistema y con manifiestas faltas de incentivos para trabajar en ella.

En resumen, Honorable Cámara. Primero, reafirmamos nuestro compromiso de contribuir a fortalecer el sector público de salud, ya que sólo así se puede garantizar la equidad, no sólo referida a la posibilidad de acceder a la atención, sino también a su calidad.

Como se ha dicho, por ejemplo, a un modesto trabajador afectado por neumonía u otra patología grave, se le debe asegurar su recuperación al igual que a aquella persona que recibe atención en la mejor clínica privada. Y no hablemos de comodidad de nivel de hotelería, sino de las condiciones técnicas mínimas que requiere su dignidad como persona.

Segundo, no debemos olvidar que los indudables avances y logros que ha experimentado la sociedad moderna también han creado condiciones que parecen perversas al exaltar el exacerbado individualismo sobre la equidad y la solidaridad y el desmedido afán de lucro por sobre la búsqueda del bien común.

Como lo he expresado, los socialistas reafirmamos nuestro compromiso con los principios de la solidaridad y la equidad.

La vida es el principal valor que debemos preservar cuando hablamos de salud. Debemos protegerla, velar por ella y entregar la mejor atención para lograrlo. A nosotros, como representantes de la voluntad popular y de los intereses de la gente, se nos exige apelar al sentido de la responsabilidad de las partes frente al conflicto actual, para que se abandonen posturas rígidas, se restituya un clima de diálogo y de comunicación respetuoso, ajeno a las descalificaciones, necesario para lograr el entendimiento y una relación adecuada y eficaz para encontrar una solución equitativa, ya que se reconoce un grado significativo de concordancia en diferentes aspectos del problema y sólo falta una mayor voluntad y generosidad para superar los elementos que impiden lograrla.

Un país que tiene pretensiones de alcanzar un alto grado de desarrollo no puede descuidar un aspecto tan vital y de tanta importancia para la gente, como es la salud, y no puede olvidar que sólo a través de un estado de bienestar físico y sicológico un pueblo puede construir y alcanzar un destino mejor.

He dicho.

-Aplausos

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, debo partir con una afirmación central: la salud de los chilenos no mejora. En efecto, con desilusión la gente percibe que la salud no mejora. La opinión pública, en una reciente encuesta, ha puesto una nota de 3,8 al Gobierno en su gestión en la salud. Ello significa que está repitiendo curso en la materia y perdiendo a su paciente. De manera que la afirmación de que las cosas se han hecho bien y que debemos estar tranquilos no es enteramente correcta a la luz de las cifras que arrojan las encuestas de opinión pública.

¿Por qué, pese a las buenas intenciones de los gobiernos de la Concertación no ha mejorado la salud?

En primer lugar, porque no existe un proyecto claro y definido. En esta materia, como en tantas otras, la Concertación está prisionera en un pantano generado por sus propias contradicciones ideológicas, que determinan la falta de claridad, y aún la contradicción, en los tratamientos que aplica.

En segundo lugar, no ha mejorado la salud, porque nosotros tenemos claro que, aunque el Ministro señor Massad ha iniciado la adopción de las soluciones que van en la dirección correcta, los propios partidarios del Gobierno se las echan por tierra.

El señor Ministro recién ha citado las declaraciones contradictorias de un dirigente del gremio médico, que también es un destacado adherente de la Concertación y a la Democracia Cristiana, lo que comprueba absolutamente el empantamiento que en esta materia tiene el Gobierno y del que está prisionero.

El Gobierno no ha tenido la decisión de avanzar enfrentando decididamente los conflictos internos, porque ese camino dejaría en evidencia la pugna con sus componentes más reaccionarios.

Hacemos una proposición concreta al señor Ministro en esta materia, respecto de la cual nos ha contado todas las dificultades e injusticias que ha encontrado en el gremio médico: Envíe ahora todos los proyectos de ley que digan relación con una solución de fondo al problema de reorganización del Ministerio, y las bancadas de la Oposición ayudarán aprobarlos, de manera que resolvamos de una vez por todas los problemas que están castigando a la gente más modesta del país.

La tercera razón, a nuestro juicio, se debe a que el Gobierno aún no se convence -pero con una convicción profunda- de que los hospitales no pueden seguir siendo manejados centralmente desde Santiago.

Estas son las tres razones centrales por las cuales los gobiernos de la Concertación no han podido aún mejorar la salud.

El Gobierno ha hecho un esfuerzo -sería injusto negarlo- que ha encarecido el tratamiento. Efectivamente, entre 1990 y 1994 el gasto real por persona en el sistema público de salud aumentó en 110 por ciento, y el gasto en remuneraciones se duplicó. Por otra parte, se aumentó en 13 por ciento el número de funcionarios, los que en la actualidad llegan a cerca de 64 mil. Simultáneamente, se ha invertido en infraestructura y equipamiento la importante suma de 355 millones de dólares en cinco años. Este esfuerzo ha sido financiado con mayores aportes del Fisco, a los que se suman los fuertes aumentos de los aportes de los propios usuarios, quienes con pagos complementarios han más que duplicado los fondos que destinan al sistema público de salud. Sin embargo, el esfuerzo gigantesco hecho por el país no se nota no se traduce en mayores y mejores beneficios para los ciudadanos.

¿Qué está pasando, señor Presidente, Sus Señorías, señor Ministro? Está pasando, a nuestro juicio, que el Gobierno aplica remedios equivocados.

Remedios equivocados, porque los propios sectores adherentes a la Concertación alientan demagógicamente las presiones reivindicativas en el sector de la salud, al igual que en el de la educación, de los cuales el Estado es el más importante empleador.

Remedios equivocados, porque los médicos siguen ganando poco y presionando por aumentos de remuneraciones obtenidas a través de huelgas y de concesiones logradas con paros, como el que hoy nos afecta, con lo que alienta nuevas reivindicaciones, todo lo cual representa un claro castigo para los pacientes.

Remedios equivocados, porque los mejores profesionales del sector público están renunciando y buscando nuevas y mejores oportunidades de trabajo en el sector privado; porque hoy falta personal en diferentes servicios clínicos, lo que impide atender a los pacientes, quienes deben seguir esperando.

Se detecta un preocupante número de profesionales extranjeros que ejercen sin revalidar sus títulos y que carecen, muchas veces, de una adecuada formación profesional.

Remedios equivocados, porque en los hospitales es habitual el desabastecimiento de los insumos más elementales para las atenciones, la que terminan realizándose en condiciones de alto riesgo o se postergan con la frase eufemística pero trágica para los pacientes del “más adelante”.

Remedios equivocados, porque las colas no se solucionan y siguen las listas de espera para resolver el problema de la salud. Para lograr una atención, se ha empezado a institucionalizar el sistema de los recomendados, es decir, el amigo del burócrata o del político que logra perforar el sistema de esperas y pasar al lugar preferente para ser atendido.

Remedios equivocados, porque existe un alto número de días-cama utilizados para que el paciente -también como se dice eufemísticamente- “espere turno” o el examen previo a la intervención quirúrgica.

Remedios equivocados, porque el notable aumento de las inversiones, que equivalen nada menos que a media reforma tributaria, que nosotros mismos aprobamos, se ha traducido en aumentos del número de camas en algunos servicios, mientras quedan hospitales con un alto porcentaje de camas desocupadas por falta de personal, insumos y presupuestos.

Remedios equivocados porque al mismo tiempo, debido al aumento explosivo y desordenado de la inversión, varios proyectos privados están a la espera bajo el temor de concretarse simultáneamente con una expansión impredecible de los servicios públicos.

Remedios equivocados, porque se han comprado muchos equipos, pero como las compras se deciden en el nivel central, este esfuerzo no se traduce en beneficios para los pacientes, porque en el hospital no existe personal especializado, con lo cual aquellos terminan deteriorándose en las bodegas de la burocracia.

Remedios equivocados, porque las contrataciones se deciden centralmente y los directores de hospital no disponen de atribuciones ni para obtener los recursos humanos ni para hacer las adecuaciones exigidas por la realidad de su demanda.

Remedios equivocados, porque hay una gran cantidad de equipamiento subutilizado por la necesidad de repuestos o reparaciones, para las cuales el hospital no dispone de fondos o depende del nivel central.

Remedios equivocados, porque los municipios, pese a su esfuerzo financiero adicional, no cuentan con el financiamiento estatal necesario para satisfacer los requerimientos de la población que atienden.

En síntesis, remedios equivocados, porque se ha gastado mucha plata en salud, pero se ha gastado mal, porque las decisiones las toma centralmente la burocracia del Ministerio y los hospitales están lejos de ella.

La evidencia empírica demuestra que la plata está, pero invertida en edificios que se subutilizan, en camas que no se pueden poner en servicio, en profesionales que no pueden ejercer debidamente por falta de elementos o en camas ocupadas porque los enfermos están a la espera de exámenes, o porque los laboratorios están atochados de trabajo o porque la maquinaria está en reparación o porque el pabellón no se puede usar.

No podemos seguir destinando más recursos a un sistema colapsado. La crisis del sistema no obedece a la falta de recursos, sino que responde a un problema de estructuras superadas. La actual organización del sistema es incompatible con una mínima eficiencia que resuelva las legítimas y urgentes necesidades de salud de los chilenos.

Por eso, con razón hemos dicho y decimos ahora que el sistema de salud chileno requiere de cirugía mayor para modernizar completamente su organización.

Planteamos tres objetivos centrales o básicos en la modernización del sistema de salud. Primero, la búsqueda de la equidad. Ello significa garantizar a todos los chilenos, independientemente de su nivel socioeconómico, el acceso igualitario a un plan básico de salud que cubra las necesidades fundamentales de la familia.

El segundo principio es la libertad. Ello significa que todos los chilenos, incluyendo a aquellos que por su situación socioeconómica desmejorada reciben subsidios del Estado, puedan elegir libremente con qué médico y en qué hospital se atienden y lo hagan en el subsistema público privado. Si no tienen más que una opción, el hospital al que acceden debe contar con las condiciones mínimas de atención.

El tercero es la eficiencia. Ella significa crear, en ambos subsistemas, igualdad de oportunidades para cumplir eficientemente su función, mediante un grado adecuado de descentralización y autonomía para las unidades prestadoras de servicios; mecanismos de incentivo al mérito y a la excelencia y legislación laboral que no discrimine entre los dos subsistemas.

No queremos quedarnos en los diagnósticos ni en las ideas generales. Proponemos hoy un plan de acción inmediato que contemple las siguientes medidas concretas:

1°.- Crear un subsidio a las personas para que ellas, sumándole su aporte personal, puedan acceder al plan básico de salud con libertad de elección. Para los indigentes, este subsidio deberá ser equivalente al costo del plan básico, y para los sectores desmejorados, a la diferencia entre la cotización que la persona pueda hacer y el costo del plan básico.

2°.- Afianzar el sistema mixto de salud, mediante acciones concretas orientadas a modernizar el sistema público en su organización, forma de financiamiento, gestión y régimen laboral de sus funcionarios.

3°.- Asegurar el acceso a los programas de prevención y protección de la salud pública, mediante intervenciones de acceso generalizado ejecutadas con eficiencia.

4°.- Terminar de una vez con la asfixiante centralización de la gestión de los establecimientos públicos, bajo un concepto de doble autonomía de los servicios de salud respecto del nivel central y de los hospitales respecto de los servicios de salud.

5°.- Otorgar a los hospitales una estructura jurídica e independiente, con participación preferente de los funcionarios que ahí laboran y las entidades interesadas en asociarse con aquellos para el desarrollo del sistema.

6°.- Con todas sus letras, cambiar el régimen laboral, asimilándolo a las normas generales del Código del Trabajo que rigen para la enorme mayoría de los trabajadores chilenos.

7°.- Ampliar el radio de acción de los hospitales, a fin de que éstos puedan expandir sus prestaciones a los cotizantes de los sistemas privados de salud mediante convenios u otras formas de asociación.

8°.- Fortalecer el Fonasa a través de un programa urgente de modernización que lo habilite para cumplir su tarea en la etapa de descentralización. Dicho programa deberá proporcionar los recursos necesarios para:

a)Mantener un adecuado registro computacional con todos los cotizantes del sector público y los beneficiarios del mismo, emitiendo la credencial que deberá ser presentada para acceder a la atención.

b)Hacer explícito el aporte fiscal que recibe el Fonasa, cuya magnitud deberá corresponder a los costos reales de atención a la población indigente y al financiamiento de los programas de salud pública.

c)Efectuar la recaudación de las cotizaciones a través del Fonasa, directamente o en convenios con terceros, para terminar con el actual desvío de recursos que influye perniciosamente en el actual desfinanciamiento del sistema público.

d)Poner en marcha un nuevo sistema de traspaso del sector a los centros asistenciales que, dentro de un marco de autonomía, incentive la solución eficiente de las necesidades de salud.

9°.- Concretar de una vez la reestructuración del Ministerio y sus entidades, fortaleciendo las funciones que le son propias y dotándolo de los medios para cumplirlas. Dentro de esta orientación deberán fortalecerse sus funciones normativas y de fiscalización, descentralizar el ejercicio de las mismas en las secretarías regionales ministeriales y reemplazar la actual Central de Abastecimientos por un ente que maneje un sistema computarizado de información de proveedores y precios de medicamentos e insumos médicos, al cual puedan suscribirse libremente las entidades prestadoras.

Por su parte, el Instituto de Salud Pública deberá racionalizarse, separando sus funciones de producción de las de fiscalización. Las primeras, deberán transferirse mediante licitaciones públicas a sociedades privadas interesadas, preferentemente las constituidas por los actuales funcionarios de la institución.

10°.- Esclarecer y fortalecer el rol del sector privado en la oferta de salud, mediante el perfeccionamiento del marco legal vigente relativo a las Isapres, que resuelva el problema de cobertura para la población de la tercera edad y las enfermedades catastróficas, revisar, asimismo, el subsidio estatal del 2 por ciento, focalizándolo en los cotizantes de menores recursos y perfeccionar los mecanismos de control.

Estamos convencidos de que es posible mejorar la salud pública chilena. A disposición del Gobierno hay un arsenal de remedios simples, directos, que no representan un mayor gasto y que, en su conjunto, significarían un mejoramiento notable.

Estoy seguro de que la gente que se angustia por este debate, porque sufre en carne propia los problemas de salud, tiene la impresión de que de cuando en cuando se pone de moda entre nosotros hablar de temas como el mal estado de la salud o de la educación, pero que al final todo termina en aumento de sueldo para los profesores o para los médicos y funcionarios, en los porcentajes que se negocian entre el Gobierno y los dirigentes gremiales, de ahí no se sale.

Estoy seguro de que la ciudadanía estima que ha llegado la hora de la precisión, del rigor, de la coherencia, de la voluntad; de poner de una vez por todas en marcha una política de Estado en materia de salud, en lugar de quedarnos pegados en el pantano de los dimes y diretes entre el Gobierno y los sectores gremiales que tienen más voz.

Porque aquí cabe preguntarse qué ocurre con los que no tienen voz, con los sin voz; con los enfermos, con los que no pueden ir a un médico particular, con los que no tienen acceso a la salud, con los que se levantan de madrugada y concurren, con apenas una taza de té en el estómago, a conseguir un número para que los atiendan, después de hacer una humillante y casi interminable cola.

A ellos nos debemos, a los enfermos, a los necesitados, a los que no constituyen un grupo de presión; a los que no pueden botarse en huelga, a los que no pueden ir a paro y necesitan, sin poder esperar más, que el Estado, que es la formulación jurídica de la Nación, cumpla con su función en materia de salud.

Es nuestra intención decidida llevar este programa concreto de acción en materia de salud a la mesa de diálogo que estamos promoviendo con el Gobierno de la Concertación, que tendrá por objeto plantear nuestras alternativas, nuestras soluciones de fondo a los problemas reales que afectan a los chilenos: comparar diagnósticos, comprobar coincidencias, impulsar soluciones concretas cuando haya coincidencias, y confrontar, cara al pueblo, las disidencias, pero, lo que es más importante, los fundamentos de las disidencias.

Es posible mejorar la salud, y aquí hay a disposición del Gobierno un plan de acción inmediata con 10 medidas concretas para los problemas reales. Si tiene claridad conceptual y voluntad política, puede llevarlo adelante, para lo cual, lealmente, las bancadas de Oposición le ofrecen su concurso. El Gobierno, señor Ministro, queda con la palabra.

He dicho.

-Aplausos.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputados señor Héctor Zambrano.

El señor ZAMBRANO.-

Señor Presidente, intervengo en esta sesión especial de la Cámara de Diputados, en la cual se pretende analizar la situación actual de la salud en Chile, en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana.

Me apartaré del texto escrito de mi intervención para intentar hacer algunas preguntas.

¿A qué Partido perteneced colega que me antecedió en el uso de la palabra? Porque estos planteamientos que hemos escuchado, nunca se han postulado por los integrantes de Renovación Nacional o de la UD1 en el trabajo serio y técnico desarrollado en la Comisión de Salud.

Yo pregunto: ¿por qué el colega señor Cardemil no aplicó estos planes tan hermosos que ha formulado hoy en la Cámara cuando durante tanto tiempo, 17 años, tuvo responsabilidades políticas y el poder total en este país?

-Aplausos.

El señor ZAMBRANO.- ¡Todo el poder político!

El me lleva a estas respuestas. No he querido entrar en este terreno. Pero fueron diecisiete años sin Parlamento, sin Oposición, sin prensa libre, sin Contraloría General; donde hubo un abandono total al sistema de salud público, privilegiando estricta y exclusivamente el sector privado; en aquellos años en los cuales no se construyeron hospitales -como se hace hoy-; no se construyeron postas -como se hace hoy-, y ni habían jeringas ni apósitos en los centros hospitalarios.

Creo que son buenas las ideas, pero hay que hacer análisis a fondo para llegar a un buen diagnóstico.

En 1989, el primer Gobierno de la Concertación recibió un cadáver de la salud pública en Chile. Por ello, nuestro Gobierno ha tenido que hacer esfuerzos inmensos para remediar esta situación tan seria.

Nadie puede discutir la decisión política irrefutable de los Gobiernos de la Concertación para privilegiar y priorizar su preocupación por la salud de nuestro país.

Sólo breves antecedentes para justificar esta aseveración:

1°.- Es indiscutible el aumento de la inversión pública en el sector durante los últimos cinco años. En el último año del gobierno representado por el colega señor Cardemil (1989), el gasto en salud pública fue de 339 mil millones de pesos, en moneda del mismo valor. Esto equivale a un aumento acumulado real de una 92,4 por ciento muy superior al crecimiento experimentado por el producto durante este mismo período.

Durante el mismo lapso, el gasto en remuneraciones del sector ha tenido un incremento de un 90 por ciento. De 112 mil millones de pesos, en 1989, ha subido a 314 mil, millones para el año recién pasado.

En lo relativo a las políticas de recursos humanos, las plantas de personal del sector público de salud han tenido incrementos importantes entre 1990 y 1994. Seguramente se dirá que no son suficientes. Es verdad. Pero constatamos un avance efectivo. Los cargos médicos han aumentado en 3.205 nuevos contratos, lo que equivale a un 52,67 por ciento; un incremento de 6,83 por ciento en los profesionales dentistas; y un 26, 32 por ciento en el personal químico farmacéutico o bioquímico.

En materia de mejoramiento de remuneraciones de los médicos -tema de actualidad-, éstas han experimentado aumentos reales, entre 1989 y 1994, que fluctúan entre un 28,80 por ciento para algunos -los que trabajan 11 horas- y un 107,48 por ciento para los médicos de jomada completa. Es decir, mucho más alto que el promedio de cualquier otro funcionario público en este mismo período.

En inversión en infraestructura hospitalaria, sólo durante el primer año del Gobierno del Presidente Frei -1994- se han construido nuevos centros de salud en El Pino, Pudahuel, Peñalolén, La Florida y el Centro S otero del Río en la Región Metropolitana, y se han mejorado y equipado los hospitales de Antofagasta, Calama, Puerto Montt, Castro, Iquique. Chillán, Temuco, Los Andes y Valdivia.

Finalmente, en la Región Metropolitana se terminaron los consultorios San Martín de Maipú, Pudahuel Sur, el Barrero de Huechuraba y el Redoble de La Pintana. Son éstos, a modo meramente ejemplificador, algunos de los principales logros de los Gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei en la salud pública chilena, cuyo mayor detalle, para los colegas de las bancadas de Oposición, se puede extraer de la cuenta pública del señor Ministro de Salud, de 11 de marzo pasado.

Señor Presidente, de las conclusiones del informe de la Comisión de Salud que se ha rendido en esta Sala, cabe inferir que el estado de salud de la población de nuestro país ha experimentado una mejoría importante si se lo compara con el de otros países del mundo americano. Como lo decía nuestro colega relator, ello como consecuencia de la acciones de salud llevadas a cabo, de las condiciones de vida y el nivel de educación y, en general, del desarrollo económico y social experimentado por Chile en los últimos años.

El Gobierno del Presidente Frei se ha fijado como gran objetivo de su política el fortalecer y modernizar el sistema público de salud, basado en los principios de equidad, participación y descentralización. En suma, existe una política definida sobre la materia, la que sólo podrá ser evaluada con objetividad al término de su Gobierno.

En lo relativo a la detección de los principales problemas que subsisten en el sistema de salud, nuestra Comisión ha concluido que la demanda por una mejor atención de salud aparece como preocupación prioritaria de la comunidad nacional. De estudios realizados por las autoridades del Ministerio, se concluye que, en verdad, existe un grado de insatisfacción de la población respecto de los sistemas de salud, tanto público como privado. Se aprecia, sí, una diferencia entre las personas que demandan esta atención, cuya apreciación es muy crítica, con aquellas que ya han obtenido la satisfacción de dicha necesidad.

El problema está, entonces, en resolver las largas esperas, las postergaciones de las horas de consulta y -hay que decirlo-, muchas veces, la mala atención por parte de los funcionarios del sector.

Para aminorar estas deficiencias el Ministerio de Salud ya ha dispuesto la celebración de compromisos de gestión con diversos servicios de salud del país y ha puesto en marcha sistemas fonomáticos en la Región Metropolitana, con el objeto de que los usuarios puedan solicitar hora y día de atención en forma telefónica y debidamente programada. Al mismo tiempo, en más de la mitad de los consultorios del país se están implementando otros sistemas, como es el otorgamiento de horas escalonadas, distribuidas y diferidas; horas especiales para ancianos y niños graves; horas distribuidas y diferidas en dos jornadas.

2°. La Comisión también ha detectado desigualdades en los accesos a la salud, lo que se expresa, especialmente al no distinguirse entre la atención de los sectores urbano y rural, por una falta de equidad en la asignación de los recursos, al no considerar las diferencias geográficas, socioeconómicas, ambientales, ni los cambios epidemiológicos experimentados en el país en los últimos años, los que son particulares para determinados lugares o regiones del país. La búsqueda de soluciones a este tipo de deficiencias justifica plenamente la política de descentralización que impulsa y va a seguir impulsando nuestro Ministerio de Salud.

3°. Se aprecia una distribución no equitativa de los recursos existentes en el subsistema público, lo que es más grave en el área de la atención primaria.

En este sentido, la bancada demócrata-cristiana valora el esfuerzo que implica el nuevo sistema de asignación de recursos per cápita para la atención primaria dispuesta por el Ministerio, lo que redunda en mayores recursos, precisamente, para las comunas rurales y más pobres.

4°. La Comisión ha concluido que persiste una deficiente gestión administrativa, tanto en el sector público como en el privado. En el sector público, pese a los esfuerzos del Ministerio por acelerar el proceso de descentralización, entregando la toma de decisiones a los servicios de salud y a los hospitales, aún se aprecian deficiencias serias en dicho sentido.

En muchos lugares del país los servicios de salud cuentan con especialistas que pueden cumplir labores descentralizadas., lo que posibilita ciertamente la delegación de facultades desde el nivel central.

En el sector privado, la Comisión estimó que estas deficiencias se aprecian en la gestión y en los excesivos gastos de administración de ésta.

5°. También hemos concluido que existe ausencia de una política de recursos humanos acorde con las necesidades de la población. Dicha falencia se expresa en la distribución no equitativa de los especialistas, en un déficit grande de profesionales, especialmente -como ya se ha dicho- de enfermeras universitarias y de odontólogos en muchas regiones del país; en privilegiar la carrera funcionaría, los años de servicio y la antigüedad, en desmedro de la calidad y de la capacidad de la persona; los deficientes sistemas de calificación, la falta de capacitación y perfeccionamiento y una alta rotación que se aprecia en el sector médico, especialmente en los profesionales adscritos al sistema municipal.

6°. Otro grave problema detectado se refiere a las rigideces administrativas, legales y reglamentarias. Estas limitan la creatividad, Deficiencia y la iniciativa, lo que, reconocido por el Ministerio, hace urgente la necesidad de modificar la ley N° 15.076, el Estatuto Médico Funcionario, el Estatuto de la Salud Primaria, y los reglamentos de concursos, y enfrentar una reforma a fondo a la Ley de Isapres.

Llama la atención que, siendo tan evidente la necesidad de modificar la ley N° 15.076, los colegios profesionales -entre ellos el Colegio Médico- hayan tardado casi tres años en aceptar la invitación del Ministerio de Salud para sentarse a conversar sobre una profunda reforma, lo que en forma conceptual ha quedado ya acordado en el documento del acuerdo marco de modificaciones a esta ley, suscrito entre los colegios profesionales de la salud y el Ministerio, en febrero recién pasado.

7°. Finalmente, la Comisión concordó en que existe un imperfecto sistema de financiamiento del sector. Se estimó que hay falta de transparencia en la información sobre los ingresos, tanto en el subsector público como en el privado, las cotizaciones son recaudadas por el INP y por el Fonasa, que recaudan y reciben, respectivamente, cantidades globales, por lo cual se desconoce el número de cotizantes, la estructura y la distribución de las cotizaciones, según tramos de rentas.

En el sector privado se desconoce el monto del copago, es decir, lo que desembolsa cada afiliado cada vez que es atendido por un servicio médico.

El Ministerio está abocado a corregir dicho sistema de información, sobre todo en lo relativo al Fonasa, remitiendo a los servicios de salud los listados de los cotizantes de las isapres para corregir los subsidios cruzados.

Me he referido sólo a las principales conclusiones del informe de la Comisión de Salud.

En lo relativo a las sugerencias, después del detallado análisis hecho por la Comisión y de haber escuchado la opinión de un sinnúmero de especialistas, de decanos de facultades de medicina de universidades; de colegios profesionales, y de personal del Ministerio, la Comisión recomienda una serie de medidas que en forma somera enumeraré, las que apoyamos en su totalidad, teniendo en vista que muchas de ellas ya se están implementando por el Ministerio de Salud.

1°. Estimamos preciso formular una reforma nacional de salud, que haga posible el imperio de los grandes principios orientadores de la salud chilena y que la conciben como un derecho basado en la solidaridad y en la equidad, con predominio de éstos sobre estratificación y discriminación.

2°. En relación con la modernización del subsistema público, es necesario profundizar el sistema de descentralización y participación de la comunidad. La descentralización exige fortalecer la gestión de los servicios de salud; ésta debiera llegar también, y especialmente, al nivel local, con facultades suficientes para la utilización de recursos humanos y materiales, controlando y supervisando el desempeño del subsistema privado en lo que al cumplimiento de las normas técnicas se refiere.

En lo relativo a la participación, es preciso incorporar a las personas al proceso de planificación, comprometiéndolas en el modelo. La gente organizada debe participar en la elaboración del diagnóstico y hacer sentir sus necesidades. Así será posible planificar mejor y diseñar acciones de salud que satisfagan las demandas reales de la población. Ello se deberá traducir en la creación o el fortalecimiento de los consejos consultivos de salud que ya existen a niveles regionales y locales.

Respecto del financiamiento del subsistema público, la Comisión está de acuerdo en que se requiere aumentar su transparencia. Los ingresos deben estar relacionados con su eficiente utilización, un ordenamiento de la gestión y un mejoramiento de los índices de soto eficaz. Es indispensable financiar las acciones de salud en su costo real.

En relación con el origen del financiamiento, estamos de acuerdo en que los aportes deben tener un origen tripartito. Esto es, aportes patronales, de los trabajadores y del Estado. Este último, en nuestro concepto, debiera aumentarse para alcanzar un porcentaje cercano al 3 por ciento del PGB.

Estimamos que la actual estructura financiera no es equitativa, ya que la mayor parte de los aportes provienen de los usuarios, especialmente de las personas de ingresos medios y bajos.

En lo relativo a la distribución de los ingresos, sostenemos que la tarea iniciada por Fonasa está orientada adecuadamente y deben arbitrarse medidas complementarias al respecto.

En cuanto a los problemas del sector privado, la Comisión sugiere la Ley de Isapres y está de acuerdo en que, primero, debe propenderse a aumentar las competencia en el sistema, segundo, establecer seguros adicionales por las Isapres para cubrir las prestaciones de alto costo, tercero, eliminar los subsidios del sistema público y privado: cuarto, estudiar la situación que se presenta con las licencias médicas, donde la isapre es captadora de recursos. Ejecutora de acciones y, al mismo tiempo, organismo contralor; y por último, establecer la participación del sistema privado en acciones de fomento y protección de la salud. La ausencia de las isapres en este campo constituye uno de los puntos de mayor inequidad del sistema.

Finalmente, la bancada de la Democracia Cristiana estima que debe fortalecerse el rol normativo, supervisor y evaluador del Ministerio de Salud, el que debe promover la participación coordinada de los sectores público y privado en la solución de los problemas de salud de los chilenos.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Patricio Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, son tan injustas y tan imprecisas las afirmaciones del Diputado señor Zambrano. que me obliga de inmediato a contestarlas y -más que una afirmación personal- referirme a la sesión especial que la Honorable Cámara de Diputados celebró el 19 de abril de 1972, en la que evaluó la gestión y la situación de la salud en el país, de dos años después del gobierno marxísta-socialista de la Unidad Popular y. asimismo, de que fuera Presidente el padre del actual Presidente de la República, el democratacristiano Eduardo Frei Montalva.

¿Cuáles fueron las conclusiones de la misma Cámara de Diputados que, veinte años después, nos lleva a analizar la situación de la salud en el país?

“La atención al enfermo es, en general, burocratizada y deshumanizada. En general puede afirmarse que el exceso de trabajo, las trabas burocráticas y la falta de adecuado material han llevado a una extrema frustración y tensión a los personales profesionales y trabajadores de la salud.

"Los datos recogidos por la Cámara de Diputados permiten afirmar que las condiciones descritas redundan en el hecho de exhibir Chile cifras de mortalidad y morbilidad entre las más altas de Sudamérica, y, en algunos casos, las más altas del mundo. Este hecho es evidentemente más manifiesto en la morbilidad y mortalidad materno-infantil.”

Ese fue el país que heredamos y que tuvimos que cambiar, y no la historia tergiversada que el Diputado señor Zambrano quiere presentarle al país.

Yendo al problema de fondo, en materia de desarrollo del sistema de salud chileno, pueden distinguirse tres períodos: uno inicial, de intervención del Estado, progresivo y profundo, propio de las ideologías de seguridad social imperantes, hacia un Estado benefactor que culmina en un Servicio Nacional de Salud cuyo máximo desarrollo se alcanza hacia comienzos de los años 60.

Una segunda etapa de reformas descentralizada, alcanzada durante el Gobierno de las Fuerzas Armadas y de Orden, con un importante componente de privatización que terminó con mucho de la anterior estructura sin resolver, eso sí, todos los problemas que se presentaban. Ello se traduce en el desarrollo de las isapres, la descentralización del sistema público de salud, la creación de 27 servicios y el traspaso de la atención primaria a los municipios; pero -también es justo reconocerlo- en una caída en el presupuesto público y otras tareas que quedaron a medio camino.

Hoy enfrentamos una tercera etapa o reforma que se estudia, se ofrece o promete desde 1990, pero que aún no vemos como se consolida, la cual, al parecer, busca un equilibrio de este sistema mixto, público y privado, revalorizando el rol del Estado, fortaleciendo el sistema de salud pública -como ha dicho el señor Ministro- mediante un proceso de autonomía progresiva de las unidades prestadoras y una reforma del financiamiento hacia mecanismos que incentiven la gestión y los resultados; a través de una legislación, que, sin ser restrictiva, corrija, además, los errores del sistema privado sin asfixiarlo, y genere cambios en los programas de salud que se están implementando.

El ex PresidenteAylwin, al inicio de su gobierno, criticó duramente la situación de la salud del país. Al asumir dijo: “La salud del país se encuentra en un ciego abandono de los hospitales y en un desastroso estado de la salud pública.” y prometió soluciones rápidas y eficaces. Transcurrieron cuatro años y al término de su gestión sólo consiguió un Ministro de Salud destituido de su cargo -el único del Gabinete-, varios paros médicos, varios paros de la Fenats y una encuesta determinante: El 60 por ciento de los chilenos señala que la situación de la salud del país se mantuvo igual o empeoró y, lo que es más grave, el ex PresidenteAylwin reprobó su programa de salud: le puso nota 3,4.

Cabe entonces preguntarse: ¿Por qué el Gobierno de la Concertación fracasó y sigue fracasando en sus acciones de salud? Nuevamente nos encontramos con que han transcurrido cinco años. Ya no corre el tongo ni el argumento del gobierno militar; han tenido suficiente tiempo para hacer algo. ¿Por qué no han podido cumplir sus promesas?

Al respecto, entonces, permítanme señalar que, gracias al crecimiento económico y a la reforma tributaria de los años 90, la asignación de recursos del sector salud se ha incrementado por los gobiernos actual y anterior, en un 95 por ciento. El gasto de hoy asciende a 652 millones de pesos, en tanto que en 1990 era de 334 mil millones de igual moneda. Se ha dotado al sistema de 3.205 nuevos cargos médicos entre 1990 y 1995. Los gastos reales de remuneraciones han aumentado de 112 millones de pesos a 214 mil millones. ¿Qué ocurre? Más plata, más profesionales, más equipos, más hospitales; pero, peor salud, pero evaluación. ¿Cuál es la respuesta? Una: El diagnóstico y los programas del Gobierno son equivocados.

La Concertación, en su primer período, se ha limitado, básicamente, a dar prioridad al tema de las remuneraciones, sin que ello -como lo vamos a ver más delante- haya significado mayor productividad.

¿Qué proyectos de ley tratamos en ese primer período? Una modificación a la ley de isapres y un estatuto de atención primaria. El primero, un fuerte desincentivo a la acción privada y, el segundo, una centralización que hoy se propone descentralizar. No entendemos; hay contradicciones. Nada demasiado nuevo; sí, muchos problemas por solucionar.

Con lo anterior, entonces, queda demostrado que el problema de la salud pública, más que financiero -puesto que ha sido fuertemente mejorado-, es estructural, y se refleja en que el esfuerzo presupuestario logrado en los últimos años no ha significado mejorar la atención de salud. Siguen las colas de amanecida en los consultorios -como lo comprobó la UDI en su visita a terreno hace cinco meses-; siguen las largas esperas para ser operado en los hospitales; siguen las dificultades burocráticas, las tramitaciones y hoy día los paros. Ocurre que no existen los incentivos adecuados para lograr mejor calidad en ella.

Si coincidimos en que el problema es estructural más que de recursos, partamos entonces por reformar las estructuras, y el primer paso, a nuestro juicio, es diferenciar claramente el rol subsidiario y normativo del Estado del rol ejecutor de acciones que a éste le corresponde tanto en la atención como en el financiamiento.

Dichos roles hoy están mezclados, confundidos. Hay subsidios cruzados -como se ha mencionado-; hay todavía desfocalización del gasto, inflexibilidades jurídicas, falta de incentivos a las contrataciones y excesivo centralismo.

En ese sentido, debemos partir por afirmar que el Estado no puede sustraerse de su obligación de responder por lo que se conoce como bienes públicos de salud, que corresponden a determinadas acciones que benefician a la comunidad en general y cuya omisión generaría externalidades negativas. Por ejemplo, son roles insoslayables del Estado los programas de vacunación, la protección del medio ambiente, los programas de alimentación complementaria y de entrega de leche, por mencionar algunos.

Además, creemos que el Estado debe cumplir y asumir su rol subsidiario, facilitando los medios para que todas las personas tengan acceso a recibir un nivel de prestaciones mínimas de salud.

Por último, al Estado también le corresponde un rol indelegable en materia normativa y contralora de los sistemas de salud, fijando el marco legal y reglamentario en que éstos se desenvuelven y estableciendo los controles necesarios para garantizar el acceso a niveles de salud dignos.

El sector privado, por su parte, también puede y debe cumplir un rol preponderante, como la ha demostrado en la última década.

En este orden de ideas, entonces, resulta claro que la administración de los recursos que los propios beneficiarios y el Estado aporten para cubrir el costo de las prestaciones de salud, puede traspasarse perfectamente a instituciones del sector privado. Igualmente, las mismas prestaciones pueden otorgarse por instituciones privadas, tal como lo han hecho hasta ahora las Isapres, que cubren aproximadamente el 25 por ciento de la población.

Los principios enunciados, respecto de la definición del rol del Estado y de los privados, nos aclaran la dirección en que debe avanzarse para resolver adecuadamente los problemas que persisten en nuestro sistema, sin que sigan enredándose las situaciones y los roles que a cada uno le corresponden y que generan la razonable insatisfacción de usuarios y trabajadores.

Esta orientación debe reconocer, desde luego, que en materia de salud el rol del Estado es insustituible y de su esencia, derivado tanto de su función subsidiaria como de su papel normativo y contralor, por lo que, para romper todo tipo de mitos respecto de nuestra posición, cabe partir de la base de que debe existir un sistema mixto para responder cabalmente a las necesidades del país en esta materia. No estamos por privatizar ni estatizar todo; creemos que es viable un sistema mixto en la medida en que se definan claramente los roles de cada una de las partes.

Dentro del contexto descrito, debe evolucionarse hacia mayores niveles de libertad de elección para los usuarios. Esto trae, inevitablemente, como consecuencia, transferir más poder a la gente y menos poder al Estado.

El efecto real que produce el aumento de facultades para el usuario o paciente se compromete con mayor claridad si se hace un paralelo entre el concepto tradicional del paciente que asiste a un centro de salud estatal y el de un cliente que compra servicios en un mercado determinado.

No quiero ser mal interpretado en esto. No digo que un paciente sea igual a un cliente que compra una mercancía; pero permítanme el ejercicio para ver lo que ocurre.

¿Qué es el paciente? Un ser cautivo. El Estado asigna recursos a instituciones que le administran su salud y le circunscriben su ámbito de acción. Además de ser cautivo, tiene una actitud pasiva, ya que desde la administración central se decide por él. El paciente está resignado, porque si no es atendido en el lugar que se le ha determinado, no tiene alternativa.

Obviamente, en este esquema son escasos sus derechos y recibe un trato impersonal.

En cambio en cualquier mercado abierto, basado en la competencia, el cliente no es cautivo; es libre. En consecuencia, no es pasivo; es activo. Ya no es resignado ni dependiente; es independiente y tiene derechos, y como puede ejercerlos, el prestador del servicio no tiene otra alternativa que brindar una atención personalizada.

De acuerdo con lo que apreciamos, la única forma de transformar a ese paciente cautivo en un ser libre y con derechos, es abrir la entrega de atenciones de salud a prestadores alternativos, tanto a nivel primario como secundario y terciario, y que compitan entre sí por captar pacientes que les reporten ingresos.

Quiero referirme en forma especial al tema del Hospital Luis Calvo Mackenna, porque me parece una experiencia novedosa e interesante, que defino como el fin de una utopía y el comienzo de una esperanza.

Durante el trabajo en la Comisión, recibimos el proyecto del Hospital Calvo Mackenna; “El cambio de salud. Una mirada desde un hospital público”.

Y ¿qué hicieron? Partieron por definir al hospital como una empresa. Hicieron su diagnóstico, señalaron las modificaciones legales que hay que realizar, criticaron el sistema de incentivos, cuando en el proceso de calificación hoy vemos que el 95 por ciento de los funcionarios de salud califica en lista 1.

Dicen que sería deseable que la entrada al sistema público de salud fuera susceptible de revisarse durante los dos primeros años del desempeño laboral; flexibilidad en los contratos. La descentralización real y efectiva constituye la estrategia fundamental para mejorar la gestión de los hospitales. La descentralización requiere, eso sí, tanto de la voluntad política para ejecutarla como de la socialización del proceso.

Las ventajas de un hospital-fundación, como es éste, radican en que se pueden regir por el ordenamiento jurídico del derecho privado.

No quiero alargarme más sobre una experiencia dirigida por médicos de gobierno. El doctor Julio Montt, hijo del anterior Ministro de Salud, y el doctor Artaza, de distintos bandos de la Concertación, han dado un ejemplo, una evidencia empírica hacia el camino sobre el cual podemos avanzar.

Sin perjuicio de los problemas de fondo que he planteado y sobre las propuestas concretas de la UDI que el Diputado señor Masferrer hará en esta materia, no puedo eludir la situación coyuntural que nos afecta: el nuevo paro médico decretado por 72 horas.

Este nuevo conflicto no es sólo de ahora, sino que se inició a comienzos del Gobierno del PresidenteFrei. Digámoslo en forma clara: a los médicos no les gusta un economista en la Cartera de Salud, menos un posgraduado en Chicago. El 25 de enero de 1994, la mesa directiva nacional del Colegio Médico de Chile, respecto del nombramiento del Ministro señor Massad, decía: Es precisamente el profundo conocimiento que tenemos de los problemas del sector lo que despierta nuestra inquietud. Son enormes las variedades de problemas, que van desde el manejo de una ambulancia hasta la más sofisticada intervención quirúrgica. Se comprometen mejor las aprensiones sobre lo difícil que le puede resultar a un economista manejarse con comodidad y eficiencia en un Ministerio tan complejo. Pero, en fin, se le dio su oportunidad.

El señor LÁTORRE (Vicepresidente).-

Diputado señor Melero, lamento hacerle presente que a su bancada le restan dos minutos y medio.

El señor MELERO.-

Termino de inmediato, señor Presidente.

Los motivos del conflicto reflejan que desde un comienzo no gustó el nombramiento. Las razones de fondo no están claras. Según el Ministro, es una sola: el problema de remuneraciones. Según el Colegio Médico, son muchas otras: incumplimiento, privatización, remuneraciones, etcétera; pero la gran afectada es la opinión pública, el 60 por ciento de chilenos que hoy está sin atención.

Debemos enfrentar, entonces, los problemas estructurales. Hoy la salud requiere de cirugía mayor, como se ha dicho. Hay que extirpar los tumores de la burocracia, del centralismo y de la inflexibilidad; luchar contra los anticuerpos de los centros de poder que se resisten al cambio, para llegar a una recuperación sostenida.

Señor Ministro, desde esta bancada opositora, que le tiene aprecio y reconocimiento por lo que ha sido y ha hecho, le expresamos que no le haga caso al Colegio Médico, que no le haga caso a la Fenats ni a la CUT. Aquí, en este Parlamento, está la representación de los 13 millones de chilenos. ¡Mande los proyectos; se los vamos a aprobar!

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Como había otro Diputado de la UDI inscrito, hago presente que a este Comité sólo le resta un minuto y medio.

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor José Luis González.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, lamento que el honorable colega Cardemil haya llegado tarde con sus remedios naturales y caseros, con esta especie de homeopatía demagógica, pues muchas de las racionales medidas propuestas ya se están implementando por el Ministerio de Salud. En justicia, también tengo que alabar la pericia arqueológica del Diputado señor Melero para desenterrar un informe de hace 23 años, que se refería a un problema concreto: una denuncia contra el Hospital San Juan de Dios.

Vamos a los hechos. Los problemas enunciados en el completo informe de la Comisión de Salud y, en gran medida, también en las sugerencias de solución planteadas, revelan un hecho de fondo, enunciado pero no discutido, hasta cierto punto -diría- eludido aun en las iniciativas y acciones emprendidas con gran entusiasmo por el Ministerio de Salud, durante los gobiernos de los Presidentes Aylwin y Frei, esfuerzo que valoramos y reconocemos: la falta de una política de Estado que oriente la necesaria reforma de la salud chilena. Ello produce un conflicto serio. No hay correspondencia alguna entre el modelo de salud y la organización del sistema de la misma. Esta contradicción no se supera con declaraciones demagógicas de sectores que hoy adoran lo que antes quemaron.

Cuando en el informe de la Comisión se dice que se debe definir con claridad el ámbito de cobertura y acción de cada una de las partes del sistema público y privado, se apunta a esta contradicción.

¿Cuáles son las características del modelo que planteamos al país en los programas de la Concertación y que recibieron el respaldo ciudadano? Dijimos que el modelo de atención de salud debía tener, en primer lugar, cobertura nacional y permitir el acceso universal; había que eliminar los bolsones y la falta de acceso. Ningún chileno debería quedar marginado de la atención de salud.

En segundo lugar, expresamos que la salud debía ser integral, es decir, tenía que considerar las acciones de protección y fomento con tanto o mayor peso que la recuperación y la rehabilitación.

En tercer lugar, señalamos que debería haber continuidad entre los distintos niveles del sistema. No se gana nada si una persona es atendida rápidamente en el nivel primario y tiene serias dificultades para acceder a un hospital cuando lo requiere.

En cuarto lugar, la atención debería ser oportuna, humanizada y de buena calidad. Estos puntos se explican por sí mismos.

En quinto lugar, la atención de salud debe ser racional en su planificación, es decir, afrontar los problemas reales, dar respuesta ágil en la disposición de sus recursos de toda índole a una realidad epidemiológica cambiante en el tiempo y distinta en los espacios geográficos.

En sexto lugar, manifestamos que debía ser eficiente en su administración y eficaz en sus resultados, que debía alcanzar el cumplimiento del máximo de sus objetivos al menor costo y en el menor tiempo posible.

Por último, decíamos que debía ser suficiente en su financiamiento, punto clave en esta discusión. A eso nos comprometimos. Esto es lo que debemos tener siempre presente, y a la luz de estos principios hemos de caracterizar el modelo de salud.

En consideración a la experiencia mundial y nacional, no cabe duda laguna de que, básicamente, el modelo debe ser mixto, con un componente público predominante. Aquellos países que han basado su modelo de salud en sistemas de seguro privado exhiben resultados que no queremos ver en Chile: enormes vacíos de cobertura y una espiral creciente de costos que ni aun los países más ricos están en condiciones de sostener.

Esta característica de un fuerte subsistema público no se cumple hoy en Chile. Su deterioro durante la dictadura es de todos conocido, y los esfuerzos de los gobiernos democráticos para recuperarlo no han tenido la decisión, ni la cuantía, ni el peso suficiente.

En aras del tiempo, no nos vamos a detener en los principios que no se cumplen. Pero hay un punto que, como dijimos, es fundamental y que constituye la principal barrera y punto de conflicto como el actual.

Se ha puesto en discusión la modernización del sistema y el mejoramiento de la gestión. Ese no es el problema; caemos en un falso dilema. Sí lo es el que ambos objetivos, dígase lo que se dijere, no son posibles de alcanzar sin un financiamiento suficiente.

Desde la institucionalización del sector privado con las isapres, se apreció una fuerte regresión en la distribución de los recursos para la salud, que no se ha corregido en absoluto. Hemos transitado de un sistema público a uno mixto en forma regresiva, inequitativa, no solidaria e ineficiente. La regresión es manifiesta. Cercenamos del sistema global el 40 por ciento de los fondos provenientes del 25 por ciento de los cotizantes de más altos ingresos. Eso, sí es un fuerte factor regresivo, agravado con los traspasos de fondos no deseados del sector público al privado.

El debate si se trata de subsidios o programas, si provienen de fondos de salud o previsionales, es irrelevante y tiende a eludir el problema de fondo. Es -si se me permite la expresión- un emborrachamiento de la perdiz.

En la actualidad, en Chile, los sectores de ingresos bajos y medios financian la salud de los indigentes, lo que es positivo en favor de la solidaridad; pero también aportan a las ganancias de las isapres, curiosamente del mismo monto de los subsidios. Es decir, también subsidian al 20 ó 30 por ciento del sector de más altos ingresos de la población.

Esta situación no puede continuar; es necesario corregir la inequidad y la regresión. Si no lo hacemos hoy, cuando las isapres lleguen a captar el 51 por ciento de las cotizaciones, se habrá privatizado la salud en Chile por la vía de los hechos consumados, lo que sería un pésimo negocio para el país, porque inmediatamente el gasto en salud se multiplica por tres.

El Partido por la Democracia sostiene que, sin poner en peligro los equilibrios macroeconómicos, es posible cubrir el déficit del subsector público de la salud y que para ello existen, no una sola opción, sino diversas posibilidades de corrección en la distribución de los recursos. Sin embargo, y es necesario hacerlo notar, Chile es el único país del mundo donde no existe un aporte patronal directo al sector salud en su conjunto, lo que atenta contra la equidad.

Otro factor regresivo es que el 70 por ciento del gasto en salud descansa en el aporte de los usuarios a través de las cotizaciones. El Estado no ha invertido en salud en la proporción adecuada.

Hemos dicho que un sistema de salud eficiente debe mostrar solidaridad en su conjunto. En este punto debemos encontrar alternativas viables y focalización hacia los sectores más deprimidos desde el punto de vista socioeconómico. En definitiva, debemos nivelar hacia arriba.

Es necesaria la creación de un seguro nacional de salud que capte las cotizaciones y las reparta proporción al mente de acuerdo con un per cápita consensuado.

Es indispensable revisar, sin ideologismos, todos los traspasos de fondos públicos al sector privado. Sólo algunas medidas, como la distribución per cápita ya mencionada, la partición de las cotizaciones entre empleadores y empleados, en una proporción tan modesta como el 2 y el 5 por ciento, y la mayor captación de cotizantes independientes aportarían al sistema público alrededor de 200 mil millones de pesos anuales.

Debemos volver a los niveles históricos del aporte fiscal, porque no es lo mismo triplicar a partir de menos de un punto del producto geográfico bruto, que haberlo hecho a partir del 3 por ciento correspondiente al nivel histórico del gasto público en salud en Chile.

La transparencia en el origen y en la distribución de los fondos es otra premisa indispensable de un financiamiento adecuado. Es otra condición que hoy no se cumple, como lo manifestó, entre otras, el Diputado señor Zambrano.

Hemos ido llegando a un sistema ineficiente. Sostenemos enfáticamente que, al contrario de lo que se dice, la ineficiencia es mucho mayor en el sector privado que en el público. Con una proporción mucho mayor de recursos, el sector privado entrega menos acciones, sin ninguna integridad, a un costo enormemente superior y los gastos administrativos desmesurados.

Se ha sostenido sistemáticamente que el financiamiento debe ir asociado a una mejoría de la gestión. Ellos es cierto y estamos absolutamente de acuerdo, pero también es verdad -es necesario decirlo- que con los actuales niveles de financiamiento del subsistema público, el margen de maniobra para una administración eficiente es muy estrecho, y se reduce a administrar una pobreza franciscana.

Queremos aportar también al debate consideraciones sobre otros puntos del informe, entre otros, y en íntima relación con los problemas financieros, está el hecho de que nos es posible administrar el subsistema público si las acciones no se pagan a su costo real. Es un factor relacionado directamente con la eficiencia y la equidad.

Hemos sostenido que el sistema debe modernizarse, pero no caigamos en la falacia de hacer sinónimos los términos de modernización, privatización y jibarización. Por ejemplo, se ha dicho que es necesario reconvertir la Central de Abastecimientos en un ente de intermediación, porque actualmente participa en una proporción pequeña en la venta de insumos a los establecimientos y es una fuente de corrupción. Si esto es real, resulta indudable que parece necesario mejorar la gestión, aumentar los controles y no terminar con un organismo que puede aportar extraordinariamente a la contracción de costos en el área de medicamentos y equipos, que encarece altamente la atención a la salud.

Aún más, el anuncio de cambio de funciones se ha hecho sin participación de los funcionarios, con consiguiente incertidumbre y frustración.

Con respecto a los funcionarios en general, se ha hablado aquí de deshumanización, desincentivación y frustración. ¡Cómo no va a ocurrir con un sistema en crisis, con una autoestima perdida, con falta de incentivos y con una carrera rígida, que no puede asociar la progresión al mejor desempeño!

Decimos en el informe que es necesario comprometer a usuarios y ejecutores con el sistema, acentuar la descentralización; adecuar la formación de profesionales de personal de colaboración a la realidad de nuestro país. Estamos de acuerdo con que ello es imprescindible, pero hay que hacerlo ahora y con audacia.

También es necesario enfrentar la municipalización de la atención primaria, pero de acuerdo con evaluaciones técnico-administrativas y sin trabas, ni presiones ideológicas.

No podemos dejar de referirnos en forma constructiva al conflicto actual entre los profesionales afectos a la ley N° 15.076 y el Ministerio de Salud.

Tenemos la firme convicción de que, como se dijo en la Comisión de Salud, los puntos en disenso son mucho menores que lo publicitado, y que tanto el Ministerio como los profesionales están dispuestos a fortalecer con gran energía el subsistema público de salud. Los médicos saben que el solo reajuste de remuneraciones no resuelve de modo permanente el conflicto.

Señor Presidente, ayer recibí una propuesta de los médicos colegiados de mi provincia, Valdivia, que contribuiría a la solución temporal del actual conflicto. Mientras se modifica la ley N° 15.076, actualmente anacrónica en el breve plazo, con participación de todos los sectores involucrados-, es posible focalizar el reajuste en los profesionales diurnos a través de una asignación transitoria con el compromiso de derogarla cuando se modifique la ley. Estoy seguro de que, como lo han hecho antes, los colegas de los servicios de urgencia mostrarán solidaridad y compromiso con los médicos más deprimidos en sus remuneraciones. Sería sólo un sacrificio más entre todos los que han hecho en los últimos veinte años; pero esta vez a plazo fijo.

Señor Presidente, el tiempo de que disponemos no nos permite discutir en profundidad otros puntos del informe; pero el PPD está dispuesto a participar en toda instancia de discusión y resolución de estos problemas, con disposición al diálogo, sin ideologismos, con afán de consenso y competencia técnica y política, y la voluntad concreta de los parlamentarios de esta Bancada a concurrir con sus votos, no sólo con sus palabras, a la aprobación de las iniciativas legales concretas, que esperamos de usted para corregir los problemas detectados.

He dicho.

-Aplausos.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, me habría gustado que quienes han pronunciado fogosos discursos críticos en contra del Gobierno, también hubieren participado en el estudio y análisis de los problemas de la salud; pero no ha sido así, como en el caso del Diputado señor Cardemil, que ni siquiera pertenece a la Comisión de Salud. Un discurro, por supuesto, demagógico, cuyos argumentos y planes para solucionar los problemas, perfectamente podría haberlos aplicado cuando era funcionario de gobierno.

Por otro lado, me he sentido muy impresionado por la ternura con que ha manifestado una preocupación por lo que no tienen voz. Pero si recuerda, en la época de su gobierno hubo un pueblo entero oprimido, acallado y marginado de las grandes decisiones nacionales.

Asimismo -no sé si felicitarlo o no-, quiero hacer resaltar una de las grandes obras del gobierno autoritario y dictatorial, cuando el señor Cardemil era Subsecretario del Interior: durante 86 días en 1968, mantuvieron encarcelado al presidente del Colegio Médico, don Juan Luis González. ¡No creo que ésa sea la gran obra que aportó el gobierno dictatorial!

- Hablan varios señores Diputados a la vez

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, no importa exactamente el año; lo grave fue que encarcelaron al presidente del Colegio Médico, y también a dos parlamentarios médicos.

El conflicto es uno de los motores de la historia; los conceptos que hoy manejamos, las ideas que defendemos y los valores que acogen nuestra convivencia, son fruto de múltiples conflictos, de variadas colisiones, inevitables e imprescindibles, que van construyendo la historia personal de cada uno de nosotros y de toda la sociedad. Sin el encuentro y el roce de nuestras sensibilidades y experiencias sociopersonales, el paisaje humano sería inmóvil, estático, inerte, sin vida. Una sociedad de autómatas en perfecta coordinación, pero el ser humano es una posibilidad siempre abierta: recoge y responde. Y en este juego constante de ida y vuelta, encuentra soluciones a sus problemas; a veces, con dificultad, cometiendo muchos errores; pero siempre con la convicción de que sólo en un constante movimiento -hablando en términos médicos, “sístole y diástoles-” con sus congéneres, se irá acercando a la solución de sus problemas, a la síntesis que recoge en armonía la tesis y la antítesis.

Es más, me atrevo a describir toda democracia como el justo hogar para el conflicto, pues lejos de neutralizarlo, tal como lo intentan los sistemas autoritarios y dictatoriales, ofrece canales de expresión que produzcan frutos que beneficien a toda la sociedad.

Entonces, conflicto y democracia están íntimamente ligados; ello implica que si no somos responsables en la forma de manejar nuestro conflictos, ponemos en peligro la posibilidad de la convivencia democrática.

Como en todas las cosas, quienes abusan de lo que se les ofrece terminan por liquidar la fuente misma de la oferta, provocando tan sólo destrucción.

Si la democracia, el justo hogar para el conflicto, nos permite expresar nuestros disensos, no podemos abusar de este verdadero permiso que nos otorgan, pues terminaremos por afectar el hogar que nos acoge. Y hoy no estamos lejos de la presencia, al interior de esta democracia, de hechos que podrían calificarse como excesivos y que terminan como abusos. Los problemas que nos plantea la actual coyuntura, nos presenta un conflicto médico en pleno desarrollo y que hoy se concreta en un nuevo para de 72 horas por las peticiones que, según este gremio, no habrían sido atendidas por el Gobierno.

¿Se podrá decir que en la forma como se actúa se está ejerciendo con licitud el legítimo derecho a disentir?

Expreso mi admiración por la labor que realiza el médico y sus colaboradores más anónimos, lo que los hace respetables e imprescindibles desde todo punto de vista; pero pienso que el espíritu de contradicción que está mostrando dicho cuerpo gremial tiende a desconocer el innegable esfuerzo que los gobiernos democráticos han realizado en tan sólo 5 años de arduo trabajo en el sector salud, para revivirlo luego del prolongado estancamiento que sufrió entre 1973 y 1989.

Señor Presidente, si en 1990 el gasto de salud fue de 334.590 millones de pesos, durante este año tiene asignado un presupuesto de 652.276 millones de pesos, lo que significa un 86,88 por ciento de aumento real. Asimismo, si en 1990 las inversiones del sector eran de 2.826.162 millones de pesos, actualmente ascienden nada menos que a 43.800.000 millones de pesos.

Los mismos médicos han experimentado un incremento en sus remuneraciones del 58 por ciento entre 1990 y 1995, mientras que en el resto del sector público ascendió en un 39.1 por ciento, cifra bastante menor.

Los médicos solicitan un 50 por ciento de reajuste; el Gobierno sólo está en condiciones de otorgar lo que se ha anunciado; el 18 por ciento que, sin duda, resta recursos a la inversión programada, porque equivale a 7.560 millones de pesos que servirían para construir 15 consultorios, 3 centros de referencia de salud en La Florida. 3 centros de diagnóstico terapéutico en el Hospital Sótero del Río y 210 camas hospitalarias. No obstante el aumento de los gastos de inversión, quedarían obras sin implementar.

El 50 por ciento que solicitan los médicos significaría no construir hospitales, postas y consultorios, además de la mitad del gasto en materia de salud primaria municipalizada.

Entre 1990 y 1995, la dotación de médicos aumentó en 3.205, lo que significa un crecimiento del 52,67 por ciento.

Las cifras hablan por sí solas. Por ello, es injusto este ambiente de hostilidad y de abierto conflicto contra el Gobierno y su política de salud, que tan sólo en 5 años ha hecho más del doble de lo que se realizó en 20 años, en el campo de la salud, en este país.

La democracia posibilita los acuerdos. Hoy tenemos al trente un Ministerio de puertas abiertas que, de manera acostumbrada y sostenida, ha invitado al diálogo y al trabajo conjunto. El Ministerio está llano al diálogo y, últimamente, ha hecho otras ofertas. Entonces, /.cuál es el verdadero sentido o la real motivación de este paro? ¿La salida del Ministro? ¿Las remuneraciones? No entendemos.

¿Qué pasa, señor Presidente? ¿Y el juramento hipocrático y el espíritu de servicio público? ¿Es que la economía social de mercado crea un verdadero ambiente selvático, porque ya no hay competencia leal, ha pisoteado y hecho trizas los más elementales y sagrados principios del ejercicio de las profesiones, que instan a servir desinteresadamente la prójimo?

¿Es ético decir, como lo hace el Presidente del Colegio Médico, señor Vacarezza, que el paro es una lástima para los pacientes, un éxito para los médicos y un fracaso para el Gobierno, cuando causa perjuicio evidente a los pobres?

Por fortuna, existen reservas morales; hay hombres que dan luz cuando hay oscuridad. Cuando se produjo el conflicto, el doctor Osvaldo Artaza dijo: “Yo no pienso renunciar; ésta es mi vida”. Señor Presidente, ésa es su vida, un apostolado al servicio de los demás.

¿Por qué tantos ataques a un Ministerio que se ha destacado en el progreso y en la atención de la salud? Estamos hablando de un Ministerio que ha cumplido a plena satisfacción la mayor parte de los acuerdos que pusieron fin al conflicto generado por los médicos de urgencia; que ha llegado a acuerdo con los médicos en relación con las demandas formuladas en la convención de abril de 1994; que ha implementado 976 cargos para los servicios de urgencia; que está remunerando los turnos de reemplazo, según el monto percibido por los profesionales sustituidos; que ha implementado un programa de educación continua para el personal del servicio de urgencia, junto con la contratación de especialistas en carácter de interconsultores, que está promoviendo un adecuado trámite de concurso, que provee de fondos para el pago de médicos por sus prestaciones de servicios en horas extraordinarias; que aportó un coordinador nacional de urgencia.

Estamos hablando de un Ministro que, además, está redefiniendo los programas en todos los servicios de salud del país; que está atendiendo las nuevas realidades epidemiológicas, que se ha empeñado seriamente en campañas sanitarias de prevención; que está cubriendo con éxito la atención ambulatoria de patologías complejas, que ha puesto en marcha la descentralización de los sistemas de abastecimiento de medicamentos e insumos para los hospitales; que ha destinado al pago de personas la asignación de recursos para atención primaria, lo que permite la inscripción de las personas en los establecimientos que ellos elijan voluntariamente.

Finalmente, hablamos de un Ministerio que ha logrado un protocolo de acuerdo con la Fenats para la creación de un sistema de evaluación e incentivos al desempeño laboral.

Es incuestionable que existe un acuerdo con los médicos; pero pensamos que su cumplimiento debe ser progresivo y en buena forma. Se habla de una deuda del Gobierno del ex Presidente Aylwin y de que el reajuste solicitado sólo sería una promesa de nivelación por los servicios de urgencia, el cual estaría pendiente y debería pagar este Gobierno.

El ex Ministro Secretario General de la Presidencia, señor Edgardo Boeninger, ha señalado que jamás hubo un compromiso de nivelar los sueldos de los médicos diurnos con los de urgencia, y que lo único que se acordó fue estudiar una reestructuración del sistema de remuneraciones de los profesionales de la salud. Nunca se mencionaron modalidades, montos ni fechas; no obstante, el Ministro está llano a escuchar y a atender las necesidades de los médicos.

Nuestro país ha sobresalido a nivel latinoamericano en materia de desarrollo y en políticas de salud, fundamentalmente dirigidas a posibilitar el acceso a ella de la mayor parte de la población chilena. Sin embargo, las nuevas condiciones económicas, sociales y epidemiológicas, así como los avances tecnológicos, han superado los métodos y sistemas de atención de salud y obligado a desarrollar otros modelos para responder a los nuevos desafíos.

En el estudio realizado por la Comisión, se detectó una serie de problemas que afectan a la salud y se formulan sugerencias para corregirlos.

Todo esto demuestra que el problema de la salud es histórico, dos años; un problema que debe enfrentarse en forma global, no parcialmente, y el Gobierno está haciéndolo; no obstante, la responsabilidad no es sólo suya sino de todos los sectores involucrados en él.

Materias importantes en esta discusión deben ser la descentralización, la gestión y la equidad, tareas urgentes para la atención de la salud. Es indispensable buscar un apropiado equilibrio entre la calidad de las prestaciones y la cobertura de las mismas. Existe alto grado de insatisfacción de la población chilena respecto de los sistemas de salud; el acceso a ellos es desigual y la mayoría de la gente se siente ajena a los mismos.

Las conclusiones y sugerencias del informe nos indican que el problema de salud es vasto, pero, más que cortar las comunicaciones, exige que los involucrados en él se sienten en la misma mesa a analizarlos y discutirlos para llegar a un denominador común: la preocupación primordial por una mejor atención de la salud, que debe ser resuelta con los medios actualmente disponibles.

Los problemas existentes ameritan un debate nacional acerca del sistema de atención, la estructura de financiamiento y el ámbito de cobertura que cada subsistema debe tener, a pesar de la existencia del sistema privado y público.

El aumento de remuneraciones no resuelve el problema; sólo representa una solución de parche. Es necesario enfrentar los distintos problemas que enuncia el informe.

No hay temor por la privatización de la salud, tema que tanta desconfianza le causa al Colegio Médico. En la Comisión de Salud se comprobó que el Ministerio y el Colegio Médico coinciden plenamente en robustecer la salud pública.

En el contexto de la salud y su financiamiento, es necesario reformar el Estatuto Médico Funcionario, creando condiciones jurídicas acordes con la necesidad de interesar a los facultativos para que trabajen a gusto en los hospitales, neutralizando, así, la ventaja que el sector privado lleva la público en esa competencia, debido a que aquél, por carecer de preocupación social, puede ofrecer mejores sueldos y condiciones de trabajo. Esto puede producir el desangramiento del sector público, situación que Chile, con los niveles de pobreza existente, no puede aceptar.

Hay que generar, entonces, condiciones de trabajo satisfactorias para quienes laboran en el sector salud, mediante el estudio y redacción de un proyecto que reemplace la ley N° 15.076, dictada en 1952, época distinta y con realidades diferentes a las actuales.

En el conflicto se plantearon siete puntos, de los cuales seis han sido resueltos, persistiendo el de las remuneraciones.

La creación del mundo en siete días es una poética metáfora contenida en la primeras páginas de La Biblia. Nadie la puede interpretar literalmente sin pecar de poco entendimiento.

Podemos aplicar esta simbología al caso de la salud, por lo complejo y vasto de su problemática, puesto que es importante y posible solucionarlo en cuestión de días.

La reparación del daño sufrido por el sector salud exige el paciente compromiso y la leal participación de todos. No es lógico refugiarse en actitudes confrontacionales, cuando la única herramienta válida, en este momento es el diálogo, y están dadas todas las condiciones para ello.

Recordemos que hace pocos años, en la época del gobierno dictatorial, era una aspiración imposible sentarse a la mesa con las autoridades, no digo para solucionar juntos los problemas - vana ilusión-, sino con el propósito más humilde de plantear las inquietudes de los diversos sectores.

Hoy, todos los gremios, las personas, las organizaciones políticas y sociales, como el Colegio Médico, tienen la posibilidad de coparticipar en la solución de sus problemas. La democracia, una vez más, ofrece el justo cauce del conflicto, y no se puede rechazar fácilmente esa vía. Por desgracia, quienes reciben el castigo de este rechazo son el propio sistema democrático y las personas, muchas de las cuales, a pesar de recibir menos beneficios de los que el Estado les concede a los médicos, aún esperan pacientemente la oportunidad en que serán sanadas.

He dicho.

-Aplausos

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la Diputada señora Cristi.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, tengo muy claro que el problema de la salud tiene enormes alcances y la necesidad de solucionarlo es urgente.

Sin embargo, también estoy convencida de que las descalificaciones o agravios entre los distintos sectores no resolverán el problema, y lamento que algunos Diputados hayan caído en esa mala costumbre que en nada ayuda al debate.

Como nos sentimos aludidos para la referencia hecha a un gobierno pasado, quiero recordar, con muy buena disposición, que si bien aceptamos que faltaron por hacer muchas cosas, durante ese gobierno los índices de salud mejoraron en forma ostensible, como nunca antes había ocurrido. La tarea quedó pendiente; lo tenemos claro. Pero hablemos de tareas pendientes, no de culpar a uno u otro gobierno. Es urgente, sí, mejorar la salud.

Señor Presidente, quiero referirme a una parte del grave problema, que percibo con mucha fuerza, que dice relación con la urgente necesidad de implementar en mejor forma la salud mental.

Lo dijo el señor Ministro en su intervención y también lo ha hecho la Cámara de Diputados. Todos conocemos el alarmante aumento de las patologías psíquicas que afectan a nuestra sociedad, las cuales se reflejan en el aumento de la violencia, de la delincuencia e, incluso, de la violencia intrafamiliar. Recientemente hemos sido impactados por las cifras dadas respecto del maltrato de menores al interior de los hogares.

Por otra parte, todos sabemos muy bien los graves problemas que ocasionan las adicciones al tabaco, al alcohol y a las drogas, y que cada día afectan más a la población. Las depresiones, las neurosis, las angustias y las esquizofrenias son parte de nuestra vida diaria y aumentan día a día, con el grave impacto que representan para nuestra sociedad.

El drama radica en que si bien hoy día la atención de la salud física resulta difícil, la atención de la salud psíquica -a pesar de los esfuerzos del Ministerio en tal sentido- es casi imposible. Por lo tanto, está área requiere ayuda y apoyo especiales.

El señor Ministro manifestó en la Comisión Especial que trató el problema de las drogas el interés de su Ministerio por prevenir estos problemas; a nosotros nos preocupa lo mismo. Revisando las estadísticas hasta 1989, el número de personas que mueren en el país por causas asociadas al alcoholismo es superior a las 7.600, cifra que encuentro impactante, y que, sin duda, representa un problema de salud gravísimo. En un estudio anterior se decía que en el sector salud se ocupaban más de 130 mil días-cama, por concepto de problemas derivados del consumo excesivo de alcohol. Por último, el costo del alcoholismo en Chile, incluyendo el de la salud, supera los 2 mil millones de pesos al año, cifra entregada en un estudio relativamente antiguo.

Entonces, pregunto: ¿Es conveniente invertir en la prevención y rehabilitación en materia de alcoholismo si ello representa para el país más o lo mismo que los presupuestos anuales de salud y educación? Creo que aquí tenemos un área que requiere realmente una inversión que tendría enorme rentabilidad social.

En tal sentido, aprovecho la oportunidad de solicitar el apoyo del señor Ministro a un proyecto que modifica la ley de alcoholes, el cual está estudiando la Comisión de Salud de la Cámara, y estamos entrampados, precisamente, en las materias que tienen que ver con la prevención. Necesitamos su apoyo y el del Gobierno, porque la respuesta al problema del alcoholismo requiere la participación de toda la sociedad.

Por otra parte, quiero referirme muy brevemente a la situación que afecta a la salud terciaria que reside en los consultorios, que hoy dependen de los municipios, donde es más urgente prevenir las enfermedades. Todos sabemos que los médicos se han unido al paro, y que la medicina primaria de los consultorios requiere un esfuerzo importante. Es cierto que solicitamos más recurso para los municipios, pero también lo es que hay municipios que no priorizan las necesidades del sector salud.

Por eso, el sector salud debería plantear la forma de apoyar mejor a los consultorios, porque hoy día faltan médicos, ambulancias y remedios; existe éxodo de profesionales; hay angustia; sobra leche, y una serie de situaciones que deben resolverse.

Aprovecho la oportunidad de felicitar al señor Ministro por su actuación en el grave conflicto de la salud en nuestro país, y de rescatar lo que se dijo aquí en cuanto a la falta de mística que se observa en algunos médicos, sin que con ello se pretenda que dediquen su vida a la profesión recibiendo bajos sueldos. Al respecto, quiero citar el ejemplo de la Universidad de Los Andes, donde la carrera de medicina está orientada a formar futuros profesionales con vocación de servicio público, de amor a los demás, aspecto que a veces se olvida un poquito en otras universidades. Cuando la carrera se convierte en algo más comercial que de bien común o social, se pierde el objetivo que en medicina debe ser muy importante.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Cardemil.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Cardemil.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, varios señores Diputados se han referido a mi persona en sus intervenciones.

Al respecto, quiero plantear, en forma muy precisa, lo siguiente:

En primer lugar, no es mi estilo, no lo ha sido ni lo será jamás, hacer críticas y alusiones personales en política. Mis planteamientos son conceptuales, mi crítica es política, y creo que ello a quedado perfectamente claro en mi discurso. Entiendo que cuando uno hace críticas debe hacer proposiciones concretas, y eso es lo que he hecho.

En segundo lugar, respecto de mi representatividad de los sectores populares, no obstante el alto concepto que tengo de los señores Diputados y amigos, creo que no son ellos los llamados a juzgarla, sino mis electores, que ya se han pronunciado una vez, y no sé si lo harán de nuevo. En todo caso, son ellos los que tienen la palabra, no los señores Diputado.

En tercer lugar, ha sido poco afortunada y poco oportuna la alusión hecha a mi eventual participación como Subsecretario de Salud en un conflicto médico anterior. Les recuerdo que en el diario “La Segunda”, de ayer, el Ministro del Interior nos informó que está estudiando la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado a la directiva del gremio que está en huelga. Si cumpliendo su función, y siguiendo varios consejos que aquí se han dado, y el Ministro del Interior llegara a aplicar la ley, no seré yo -y creo que ninguno de los Diputados presentes lo hará- quien lo descalifique o exprese que no está cumpliendo con la función para la cual el Gobierno lo nombró.

He dicho

El señor DUPRÉ (Presidente accidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Masferrer.

El señor MASFERRER.-

Señor Presidente, está sesión especial convocada para tratar un tema tan importante como es la salud en Chile sería absolutamente inútil si no planteáramos derechamente nuestras propuestas de solución. Por ello, en esta oportunidad quiero centrar mi intervención en proponer medidas concretas para producir un cambio radical en el sistema, porque los niños, las madres y los ancianos no viven en análisis teóricos, sino de soluciones prácticas.

La salud en Chile necesita cambios profundos y no de soluciones cosméticas.

El Diputado señor Melero, en su intervención ha hecho un análisis integral sobre la situación que afecta a los sistemas de salud pública y privada. Por eso, creo indispensable desarrollar un conjunto de proposiciones concretas diseñado para tal efecto.

Primero. Crear un plan básico de salud.

La atención de salud de la población no podrá mejorar nunca si no se garantiza la libertad de elección a los usuarios. Proponemos la creación de un plan básico de salud, que contempla un conjunto de prestaciones mínimas y que sea financiado, en parte, por el Estado y por los usuarios que dispongan de la capacidad económica para hacerlo. Con este sistema, las personas podrán elegir en qué establecimiento hospitalario se atenderán, con el profesional que prefieran y sin esperar meses para optar a una revisión mínima.

Asimismo, el sistema, al garantizar la libertad de elección, permite hacer más eficiente la gestión de los hospitales, ya que introduce la competencia como el principal estímulo para asignar correctamente los recursos, mejorando, de esta forma, la calidad de atención recibida por los usuarios.

Este plan no es utópico. Es perfectamente financiable con los recursos que en la actualidad se destinan al sistema público, especialmente si el costo de los programas básicos ofrecidos por las isapres es cada vez más cercano a lo que se destina hoy por persona en salud pública.

2° Descentralización administrativa y autonomía de los centros de salud del sistema público.

El hospital debe ser definido como una empresa. Desde este punto de vista, constituye una empresa de servicios compleja, por cuanto existen diferentes líneas de producción entre las que se pueden distinguir: la producción clínica, constituida por los egresos hospitalarios; las intervenciones quirúrgicas y las consultas; la producción técnico médica, esto es, los exámenes de laboratorio, de radiología y la emisión de recetas de farmacia y, por último, la producción industrial.

Este análisis no es mío. Corresponde a los jóvenes y destacados doctores Julio Montt y Osvaldo Artaza, Director y Subdirector del Hospital Luis Calvo Mackenna, respectivamente, que, con visión de futuro, has sido capaces de salir de los dogmatismos añejos y proponer soluciones modernas y técnicas.

A partir de esta concepción, debe profundizarse sustancialmente la descentralización administrativa de nuestros hospitales, dotándolos de la autonomía suficiente para implementar medidas que pongan término, de una vez por todas, a la burocracia que hoy impera en los centros públicos de salud y que es la principal responsable de la atención deshumanizada que reciben miles de chilenos.

3° Flexibilidad del estatuto laboral de los trabajadores y profesionales de la salud.

La actual legislación laboral de los trabajadores y profesionales de la salud impide una administración flexible de los establecimientos de salud pública, que no permite evaluar a los trabajadores en función de su desempeño y su entrega. De esta manera se produce la paradoja de que los que hacen bien su trabajo y quienes lo hacen mal, ganan lo mismo. Por lo tanto, es imprescindible avanzar en un sistema de remuneraciones que considere el desempeño como el principal factor de evaluación.

Asimismo, es urgente reconocer que la actual ley N° 15.076 debe modificarse en términos tan radicales que es aconsejable proceder a su derogación y reemplazo por otra normativa.

El señor DUPRÉ (Presidente accidental).-

Señor Diputado, está excedido en su tiempo.

El señor MASFERRER.-

Dos minutos para redondear, señor Presidente.

4° Flexibilizar la cotización del 1% obligatoria.

Es casi irrisorio el hecho de que coticen lo mismo una persona joven y una persona de mayor edad. ¿Ambas necesitan la misma atención de salud? Lógicamente que no. ¿Por qué entonces no permitir que los jóvenes paguen menos en salud y ahorren para los gastos médicos que deberán enfrentar en una edad más avanzada? De esta manera permitiremos que la cotización tenga relación con el grado de riesgo que deba cubrir y no con el ingreso de las personas.

Por último, las enfermedades catastróficas y de tercera edad.

Las enfermedades catastróficas, por su elevado costo, no son cubiertas adecuadamente por los sistemas de salud. Está situación comienza a revertirse a través del diseño de planes especiales ofrecidos por las isapres. Es posible avanzar en un sistema de solución, por lo cual propongo la creación de un seguro colectivo para este tipo de enfermedades, ofrecido tanto por el sistema privado como el público, y que permita enfrentar sólidamente el financiamiento de dichas enfermedades.

Finalmente, la Unión Demócrata Independiente junto con Renovación Nacional, están dispuestas a apoyar esta iniciativa, como muy bien lo ha dicho el Diputado señor Cardemil. Por lo tanto, la palabra la tiene el Gobierno; y como está presente el Ministro, que lleve este mensaje al Presidente Frei para que envíe los proyectos que corresponden para tener una mejor salud para todos los chilenos, especialmente para la gente más modesta.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

La Mesa hace presente que las consideraciones que ha tenido con el Diputado señor Masferrer y su Comité, también las tendrá con el resto de los Comités en su momento.

En el tiempo correspondiente al Partido Socialista, tiene la palabra la honorable Diputada señora Fanny Pollarolo.

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, colegas de la Cámara, autoridades del Ministerio de Salud, creo que este conflicto, que nos afecta a todos, de alguna manera está siendo un acicate para profundizar un debate constructivo en torno a la necesidad de cambios en el sector salud, que ha planteado el Ministro señor Massad.

Es de todos conocido -y aquí se ha reiterado- que, a pesar de los esfuerzos que hemos realizado los gobiernos de la Concertación, en el sistema de salud persiste una gran insatisfacción. Y no sólo en el sistema público, sino también, Diputado señor Cardemil, en el privado. Lo aludo -espero que no requiera réplica- porque tuve la impresión de que Su Señoría era extraordinariamente tolerante con el funcionamiento del sistema privado, muy poco crítico, en circunstancias de que, efectivamente, también hay una profunda insatisfacción en los usuarios de ese sistema.

En el problema central de esta análisis, lo que debe servir de eje ordenador de nuestro debate en el problema de la salud es la equidad. Pienso que corresponde al sentido más profundo de nuestro desarrollo democrático. Es decir, ¿Qué haremos para logra equidad en el sector salud? El Ministro señor Massad ha dicho que la ciudadanía percibe la existencia de una crisis que se arrastra desde hace muchos años, y la ha llamado “crisis de inequidad”.

La inequidad está radicada, en primer lugar, en el gravísimo deterioro que aún experimenta el sistema público. Aquí tengo que reiterar cuestiones que han dicho colegas de los partidos de la Concertación, especialmente el doctor González. La raíz de este deterioro es indiscutiblemente -lo digo aún a riesgo de que me abucheen los que quedan al frente- la brutal reducción del aporte fiscal producida bajo la dictadura militar. Las cifras están a la vista. Ya se habló de esta reducción dramática: de un 3 por ciento del PGB en el aporte que hacía el Fisco, a un 0,8 por ciento, el que hoy, con grandes esfuerzos, se ha podido elevar a un 1.2; pero que sigue siendo muy inferior a las necesidades del sector.

Otra cifra. Aquí se ha hablado de que se han colocado grandes cantidades de recursos que tuvieron que orientarse especialmente a la infraestructura. ¿Por qué? Lo que era la inversión histórica en esta materia, que alcanzaba a 80 millones de dólares anuales, en el régimen militar se redujo a 4 millones de dólares anuales. Eso estaba a la vista en calderas, en ausencia de camas, en piezas cerradas, en pabellones imposibles de habilitar.

¿Qué hubo en el fondo de esto, que aquí también se ha mencionado? Hubo un cambio muy profundo de la estructura del gasto. A nuestro juicio, aquí radica lo esencial del mecanismo de inequidad, que persiste en el sector. Hemos pasado a tener una situación rara en el mundo: el 70 por ciento lo coloca el bolsillo del usuario, y en un país con una distribución del ingreso tan inequitativa, se produce un fenómeno que es fundamental: un sistema profundamente estratificado. Son más de dos tipos de salud.

Quienes están en el sistema público pueden acceder a una salud de 90 dólares per cápita al año, de los cuales sólo una parte está dirigida a la asistencia, porque tendrán que cubrirse todas las externalidades que abarca el sistema público, mientras que quienes acceden al sistema privado -aun cuando allí también hay profundas estratificaciones, pero n lo grueso- tienen una atención de salud de 280 dólares per cápita al año, sin cubrir externalidades, orientados íntegramente a las acciones de salud propiamente tales.

Sobre esto, deseo formular una precisión. Los socialistas creemos que en salud no corresponde la lógica de: "Quienes tienen más dinero y quieren gastar más en salud, que lo hagan. Bienvenidos.” Esa es la lógica de los zapatos, de los automóviles; pero no de la salud, no puede serlo. En los zapatos, si tengo la libertad, poique tengo el dinero -naturalmente, la libertad, siempre está condicionada- me lo podré comprar en 30 mil pesos, y si no tengo dinero, usaré zapatos usados, y eso pasa en nuestro país.

Cuando hablamos de equidad en salud, estamos diciendo que quien debe intervenirse, quien tiene una infección urinaria o quien tiene un infarto al miocardio, debe tener el mismo acceso y la misma atención, venga de Cerro Navia o de Las Condes. Esa es equidad en salud; ese es el problema.

Entonces, cuando Renovación Nacional plantea, por ejemplo, el subsidio a la demanda, pregunto con qué se va a subsidiar si, por otra parte, cuando señalamos la necesidad de una nueva reforma tributaria, se escandalizan. Con qué se va a subsidiar si el Estado no tiene recursos; lo que pedimos es más recursos para el sistema público.

Esa fórmula no tiene lógica dentro del propio razonamiento de Renovación Nacional. Me gustaría escuchar aclaraciones al respecto.

Aquí se ha dicho que se han hecho inmensas inversiones, pero se han tenido que volcar fundamentalmente a infraestructura: 325 por ciento a infraestructura, 90 por ciento a recursos humanos.

¿Estoy en el límite del tiempo?

El señor MONTES.-

Cédale algunos minutos, señor Presidente.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Debo aclarar a Su Señoría que ya hemos cedido algunos minutos extras a la Diputada señora Pollarolo.

Puede redondear su idea.

La señora POLLAROLO.-

Trataré de hacerlo.

Deseo agregar otro aspecto fundamental. El sistema privado, las isapres, los seguros privados de salud, están sobreexpandidos. Ya se ha dicho que están subsidiados, lo que tiene que ser eliminado totalmente, Diputado señor Cardemil.

El señor LATORRE (Vicepresidente). -

Ruego a Su Señoría dirigirse a la Mesa.

La señora POLLAROLO.-

Le pido que me disculpe.

Están sobreexpandidos. Sabemos que el 22 por ciento de los cotizantes tienen ingresos de 130.000 pesos. Con eso no pueden pagar hospitalizaciones o intervenciones. Por eso se produce lo que se ha llamado "subsidio cruzado”, que es la barbaridad que los obliga a convertirse en mentirosos, porque están mal ubicados. ¿Por qué? Porque es un negocio demasiado lucrativo y el esfuerzo por expandirse es realmente el gran peligro que tenemos encima.

En el sistema público es indispensable ir a una verdadera descentralización, sin desarticulación. El Partido Socialista tiene propuestas muy concretas, alrededor de 10, que no alcanzo a formular; pero se trata de hacer un análisis muy a fondo para ver si entendemos lo mismo cuando hablamos de equidad, y si tenemos voluntad de alcanzar esa equidad, que nuestro pueblo está esperando.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En el tiempo del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Balbontín.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, en primer lugar quiero plantear si estamos hablando del problema de los médicos, que se cruza hoy, o del problema de la salud. Desgraciadamente, nos encontramos frente a un paro de 72 horas, que puede tener un costo en vidas y en dolor humano. Pero no estamos aquí para apoyar a los oportunistas.

Como han señalado Diputados de Oposición, el problema de la salud es estructural, pero como en todos los problemas estructurales hay que buscar sus causas, y no quedarse sólo en las consecuencias.

Fue fundamentalmente en el período del régimen autoritario, con Ministros y Subsecretarios conocidos, que se dejó de intervenir en salud durante largo tiempo. El aporte del Estado a la salud se disminuyó en cerca del 40 por ciento, lo que significó un deterioro en la infraestructura: en cirugía se caían los quirófanos mientras se operaba a los enfermos, no había abastecimiento para los hospitales, ni siquiera vendas para curar a los enfermos. Eso fue lo que produjo la reacción del Colegio Médico y de la Asamblea de la Civilidad, encabezada por el doctor Juan Luis González.

Pero, desgraciadamente, hay diferencias muy grandes entre una dictadura y una democracia. El paro realizado durante la dictadura, en el cual participé, al igual que el Vicepresidente de la Cámara que está presidiendo la sesión, le costó la vida a Rodrigo Rojas Denegrí y ser quemada viva a Carmen Gloria Quintana. La no violencia y la capacidad de movilización de un pueblo permitieron recuperar progresivamente la democracia.

Es bueno hacer historia en Chile. Con ello, no aludimos a nadie en particular. La verdad no es un agravio, sino que pasa a ser un elemento fundamental de la historia.

En Chile hubo un sistema de salud pública antes que en toda América Latina y a la par que en muchos países desarrollados. Es cierto que fue a iniciativa de los médicos. Se lo debe la historia del país. Por eso, no quiero hablar en contra de los médicos. Tengo parientes, amigos, gente muy cercana que ha dado mucho a la medicina. Pero quiero que pongamos los puntos sobre las íes. La responsabilidad radica en quienes dejaron de invertir en salud, porque era más conveniente invertir en enriquecerse, porque era mejor generar condiciones para que los más ricos se enriquecieran, porque se gobernó para los ricos y no para los pobres, porque -como dijo impúdicamente el Capitán General- ellos aportaban más para el crecimiento del país.

Por eso no acepto -y quiero decirlo con todas sus palabras- que un ex Ministro de Estado y un ex Subsecretario de ese régimen, que sacaron 18 mil soldados a la calle, y se dieron el lujo de poner en tanto riesgo la vida de los chilenos, hagan hoy mofa y quieran dar clases de moral. Me alegro de que este dinosaurio de la política se haya reincorporado, porque esto nos permite poner las cosas en claro entre lo del pasado y lo del presente.

Sin embargo, ahora debemos hablar a la luz del presente. El Ministro señor Massad ha señalado que las políticas de salud del Gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle se orientan fundamentalmente a través de principios claros. En primer lugar, está el principio de la equidad, para que haya igualdad para todos; una base de salud que no distinga entre los pobres y los ricos. Que se modernicen los recursos del Estado, con el fin de que los chilenos que invertimos en salud sepamos cómo llega a los más pobres y desposeídos, pero que también se vaya equiparando la calidad de la salud de cada cual. Que haya una política de salud de carácter solidario y participativo, para que los pobres no terminen pagando la medicina de los ricos, como sucede con las isapres.

Quiero ubicar esta materia a la luz de los problemas de hoy día, pero sabiendo que tuvieron un origen real en el pasado y que no tenemos derecho a negarlo.

Señor Presidente, en el gobierno de Patricio Aylwin se invirtieron más de 500 millones de dólares para modernizar la salud. Se obtuvieron créditos especiales del Banco Mundial para infraestructura de hospitales. Se invirtió no sólo en infraestructura, sino en mejorar la calidad de la salud.

Sin embargo, esto no bastó. Debido a que no hemos sido suficientemente eficaces -y esto hay que reconocerlo-, se produce el primer paro médico durante el Gobierno de don Patricio Aylwin.

El conflicto entre el Colegio Médico y el Ministerio de Salud se inicia a mediados de 1992, cuando los médicos de urgencia, es decir, los de las postas, lograron del Gobierno de don Patricio Aylwin un reajuste salarial equivalente al 80 por ciento de sus ingresos de esa época y. además, la renuncia del Ministro de Salud de aquel entonces, don Jorge Jiménez de la Jara.

Desde ese entonces y hasta ahora, el Colegio Médico ha tenido una permanente política reivindicativa en lo salarial y ha estado exigiendo una activa participación, quizás hasta un cogobierno en el área de la salud pública y privada.

Respetando la historia de la creatividad de los médicos para generar una salud de carácter social, no puedo dejar de señalar que no les corresponde a ellos, por su condición profesional, cogobernar, sino que prestar un servicio. Para eso los chilenos les pagan.

Durante largo tiempo la educación de los médicos apuntaba a generar una forma cultural y de expresarse, que era de servicio público; sin embargo, eso se transformó durante el período del régimen autoritario. Hoy prima una mentalidad individualista, la que se ha desarrollado por un sistema educacional cultivado durante 17 años.

La decisión del Presidente Frei de nombrar Ministro al señor Massad, un economista y experto en administración, no fue aceptada por muchos miembros de esta casta médica que hoy domina. Fue asumida por ellos desde el comienzo como una aspiración de racionalizar y, por qué no decirlo, de privatizar parcial o totalmente el sistema de salud, con mucho prejuicio. Dada la hipersensibilidad cutánea de muchos de los colegas del Colegio Médico, también fue vista como un desaire para la clase profesional, para la casta profesional. No se trataba de eso, se trataba de poner el índice en la necesidad de modernizar la salud, que es indispensable para la eficiencia.

Así se hacen las cosas en democracia. Ésta es la diferencia cuando se actúa con los fusiles y cuando se actúa con los votos.

Desde el 11 de marzo de 1994 a la fecha, el conflicto ha sido permanente. Todos sabemos lo que ha sido el proceso, porque aquí ha sido recordado el primer paro, de 48 horas, y ahora, el de 72 horas.

En esas circunstancias, el Ministro opta por el apoyo de los partidos políticos que actuaron como garantes del compromiso de conceder los seis puntos solicitados por el Colegio Médico y, con responsabilidad, dejando la petición del aumento de las remuneraciones para cuando se despache la modificación de la ley N° 15.076, que es básica para modernizar.

Por lo tanto, acepto el emplazamiento de la Derecha. ¡Despachemos la reforma de la ley N° 15.076! ¡Despachemos este cambio que es indispensable para que pueda avanzar y modernizarse la salud! No actuemos de manera tan banal y superficial, como para señalar que la privatización de la salud se confunde con la modernización de la salud. Queremos equidad. queremos modernización, queremos que no prime el individualismo, sino que la solidaridad y la participación. Eso es lo que pretendemos los democratacristianos.

Recogemos el guante, pero es por el bien del país.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Sin perjuicio de ofrecer la palabra al Ministro, si desea intervenir, resolveremos, si es posible, concluir esta sesión con un proyecto de acuerdo, que la Mesa todavía no ha recibido.

Tiene la palabra el Diputado señor Francisco Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi preocupación por el cariz que ha ido tomando la sesión, que empezó con un informe tranquilo, sereno, neutral, pero que ha ido entrando en calor y con una temperatura creciente, lo cual demuestra una verdad del porte de una catedral, que hoy se confirma en la Sala, cual es que en Chile todos saben de fútbol y de salud.

Es comprensible la falta de información en el común de la población, pero no lo parece que esta falta de información se vea en la Sala, y que escuchemos aseveraciones que no tienen el respaldo más elemental, desde el punto de vista técnico o científico, para sostenerlas.

Es comprensible que las encuestas demuestren una opinión determinada frente a la salud; pero el análisis de esas encuestas hechas en forma racional, como corresponde al medio en que nos encontramos, debe orientarnos por el camino conecto y no por el equivocado. Estamos en un medio que, se supone, tiene mayor preparación que otros que también tienen acceso a las encuestas.

En todo el mundo la opinión de la población sobre la salud es siempre negativa. Si preguntan en Estados Unidos cuál es el principal problema que enfrenta el PresidenteClinton, les dirán que es el de la salud. En este país se destina el 19.2 por ciento del producto geográfico bruto al sector y hay 30 millones de norteamericanos que no tienen acceso a la salud. De manera que puedo asegurar, responsablemente, que en lo que se refiere a acceso a la salud, en Chile estamos mucho mejor que en Estados Unidos.

Con esto doy respuesta a aquellas aseveraciones que se hacen acerca de la necesidad de aumentar los recursos para salud. Se ha demostrado que el aumento de los recursos en los últimos años no ha significado un mejoramiento sustantivo de la salud y estoy demostrando que con el 19.2 por ciento del producto geográfico bruto del país más grande del mundo, su población está insatisfecha. Sin embargo, Inglaterra, que destina a este concepto sólo el 7 por ciento de su producto geográfico bruto, tiene una población satisfecha.

Respecto del debate acerca de si acaso un país debe manejar la salud con 90 dólares o con 200, puedo afirmar que los 200 dólares de las isapres los entrega el particular, no el país. Y en los 90 dólares que se le entregan al sector público está la plata de los particulares quienes, a través de sus cotizaciones, ayudan al sector público.

Estas son las materias que deben discutirse con tranquilidad, con racionalidad y no con el apasionamiento en que hemos ido cayendo esta mañana.

En Chile, hoy estamos gastando en el sector el 6.2 por ciento del producto geográfico bruto y el acceso al nivel primario de salud -ya lo dijimos- es mejor que el de Estados Unidos.

No repetiré lo dicho en el informe que felizmente -me alegro de ello- ha sido repetido reiteradamente por los distinguidos oradores que me han precedido en el uso de la palabra. Pero me referiré a algunas expresiones parlamentarias, algunas extraordinariamente diferentes en la forma y en el fondo a las vertidas en el seno de la Comisión, o en la privacidad.

No es conveniente que aquí se califique tan fácilmente el pasado y el presente. Soy un convencido de que la intencionalidad que han tenido todos los gobiernos en lo que a salud se refiere ha sido positiva. Pueden haber estado equivocados, pero ha sido positiva. Por lo tanto, no puedo quedarme callado cuando se descalifica lo que se hizo durante el gobierno militar en esta materia, no en la dictadura. También en esa época se hicieron bien las cosas.

Aquí puedo demostrar cuál ha sido la evolución de la tasa de la mortalidad infantil en Chile entre los años 1970-1990. La tasa de mortalidad infantil en 1970 era de un 80 por mil y la media de América Latina era de 41. Hoy Chile está bajo 14 por mil y la de América Latina está sobre 35.

Por esto no podemos descalificar tan fríamente, así al voleo sin argumentaciones sólidas que respalden muestras posiciones pasadas o presentes, para poder ser escuchados como nos ha escuchado permanentemente el señor Ministro. Tenemos que ser muy serios en nuestras críticas y en nuestras aseveraciones.

Termino rescatando el convencimiento más absoluto de que tenemos que incorporar en nuestro computador que la salud es un proceso. No es una contingencia; no es un hecho de hoy, de ayer o del mañana. Es un proceso en que cuyos resultados se ven a distancia.

Cuando uno está convencido de que está haciendo bien las cosas, debe perseverar en ese camino, y yo le pido al señor Ministro que persevere en el camino que ha iniciado, incluso contra sus compañeros de la Concertación. Y en ese camino, en el de la modernización cada vez más completa, en el perfeccionamiento de los sectores público y privado. En la complementación que exista entre ambos está el camino del futuro.

El señor Ministro debe acelerar este proceso. En esa posición, va a contar con el apoyo de Renovación Nacional y, estoy seguro, de todos los miembros de la Cámara que piensen que el bien de la salud de Chile es el objetivo común de todos nosotros.

Señor Ministro, envíe a esta Cámara los proyectos de ley que permitan materializar, a la brevedad, lo que hoy todo Chile demanda. Recibirá nuestro apoyo y nuestro aplauso.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, el proyecto de acuerdo presentado avanza sobre ese punto. Más bien habrá acuerdo sobre aquellas materias en que hay consenso, porque en otras, que en el mismo informe se dan posiciones de mayoría o de minoría, obviamente no se puede lograr una aprobación unánime. La lectura del acuerdo va a dar mayor claridad.

He dicho.

En votación.

- Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 67 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 3 abstenciones.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Aprobado el proyecto de acuerdo.