Labor Parlamentaria

X. Otros documentos de la Cuenta.

1. Comunicaciones:

- De los Diputados señores Melero, Jürgensen y Pérez (don Ramón), por las cuales informan que se ausentarán del país por un plazo inferior a 30 días, a contar del 9 y 16 de octubre en curso, respectivamente.

2. Oficios:

-De la Contraloría General de la República, con los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Prokuriça, referente a legalidad del financiamiento de publicación con recursos fiscales.

-De los señores Masferrer y García-Huidobro, relativo a la construcción de conjunto habitacional en Puerto Pacífico de Viña del Mar.

-Del Ministerio del Interior, por los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Jürgensen, respecto de gastos de seguros operaciones proyectos del Fndr.

-Del señor Kuschel, sobre incorporación del alcalde de Puerto Montt en el directorio de la Fundación Chinquihue y en la operación del puerto pesquero artesanal, y creación de juzgado de policía local en comuna de Maullín.

-Del señor Letelier (don Juan Pablo), acerca de la existencia de estudios hidrogeológicos para perforación de pozos en localidades de la Sexta Región.

-Del señor Pérez (don Ramón), referente a construcción con aportes sectoriales de un galpón de almacenaje en localidad de Chiapa, comuna de Huara.

-Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, con el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Pérez (don Ramón), relativo a Cooperativa Eléctrica Camiña Ltda.

-Del Ministerio de Hacienda, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Vargas, relativo a oficina del Servicio de Impuestos Internos para la comuna de Quintero.

-Del señor Latorre, respecto de la aplicación de la ley N° 19.353 a las sociedades.

-De los señores Cantero, Latorre, Valcarce, Errázuriz, Jürgensen y la señora Cristi, sobre reavalúo de bienes raíces no agrícolas.

-Del señor Bombal y de los Comités parlamentarios de los partidos Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional, acerca de la adquisición de inmueble en remodelación de terrenos de ex cárcel pública de Santiago.

-Del Ministerio de Obras Públicas, con los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Valcarce, referente a agua potable de Arica, Primera Región.

-Del señor Rodríguez, respecto de programa de mejoramiento de caminos secundarios, provincias de San Felipe y Los Andes, Quinta Región.

-Del señor Munizaga, sobre lagunas de estabilización de Vicuña, Cuarta Región.

-Del señor Pérez (don Ramón), acerca de la situación del ex tranque Pachica, Primera Región ; situación del proyecto de riego de la Comunidad de Aguas Tarapacá, Primera Región .

-Del señor Jürgensen, referente a la ruta 225 Puerto Varas-Ensenada y ruta V-50 Puerto Varas-Nueva Braunau, Décima Región.

-Del señor Alvarado, relativo al mejoramiento de Carretera Austral , tramo caleta Puelche-Hornopirén, Décima Región; ruta W-775 Chonchi-bifurcación Teupa, Décima Región.

-De los señores Balbontín, Dupré, Seguel, Cantero y Caminondo, referente a defensas fluviales en las orillas del río Mataquito, en la localidad de Guaquén, Séptima Región.

-Del señor Navarro, sobre camino que une las localidades de Malal y Lo Martínez, comuna de Santa Juana, Octava Región.

-Del señor Latorre, referente a proyectos en las caletas de Matanzas y Boca de Rapel, comuna de Navidad.

-De la señora Wörner y del señor Ulloa, respecto de agua potable en comuna de Los Álamos, Octava Región.

-Del señor Letelier (don Juan Pablo), acerca de agua potable rural en localidades de la comuna de Coltauco.

-Del Ministerio de Agricultura, con el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Prokuriça, relativo a vigencia de las leyes N°s. 18.348 y 18.362.

-Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Latorre, acerca de convenio de seguridad social suscrito con Alemania.

-Del señor Correa, referente a aplicación de leyes N°s. 16.744 y 19.345 a personal de la Administración Pública, contratado a honorarios.

-Del Ministerio de Salud, mediante el cual responde el enviado en nombre de la Corporación, relativo a trasplantes hepáticos a pacientes con atresia biliar congénita.

-Del Ministerio de Minería, con el que responde el enviado en nombre de los Diputados señores Fuentealba, Ulloa, Gutiérrez y García-Huidobro, sobre carta metalogénica de la Décima y Undécima Regiones.

-Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Errázuriz, sobre situación de obligación hipotecaria de la Población San Ricardo, Santiago.

-Del señor Kuschel, acerca de proyectos de evacuación de aguas servidas y aguas lluvias de las ciudades de Calbuco y Maullín.

-Del señor Caminondo, referente a programas habitacionales en comunas de La Unión.

-Del señor Aylwin (don Andrés), relativo a terreno en población Rosario Vial, de Paine.

-Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Ceroni, relativo a Fondo de desarrollo de las telecomunicaciones.

-Del señor Encina, respecto de normativa de retiro de vehículos de locomoción colectiva.

-Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, con el que responde el enviado en nombre de los Diputados señores Palma (don Andrés), Dupré, Gajardo, Elizalde y Palma (don Joaquín), relativo a proyecto Pumalín.

-Del Ministerio de Planificación y Cooperación, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:

-Del señor Villegas, sobre estudio de iniciativa en beneficio de la comuna de Chañaral.

-Del señor Kuschel, acerca de la incorporación de comuna de Cochamó al programa especial de comunas pobres.

-De los señores Jara y Ortiz, referente a la fijación de políticas tendientes a ampliar la cobertura de atención a niños en edad preescolar.

-De los señores Vilches, Villegas y Letelier (don Juan Pablo), sobre la incorporación de la comuna de Diego de Almagro al programa especial de comunas pobres.

-De la Corporación de Fomento de la Producción, con el que responde el enviado en nombre del Diputado señor Alvarado, relativo a implementación de línea de alta tensión en la comuna de Chaitén.

III.- ACTAS

El señor ORTIZ (Presidente en ejercicio).-

El acta de la sesión 1ª se declara aprobada.

Las actas de las sesiones 2ª y 3ª quedan a disposición de los señores Diputados.

IV.- CUENTA

El señor ORTIZ (Presidente en ejercicio).-

El señor Prosecretario dará lectura a la Cuenta.

-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario ) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

V.- ACUERDOS DE LOS COMITÉS.

El señor ORTIZ ( Presidente en ejercicio).-

El señor Secretario dará lectura a los acuerdos de los Comités parlamentarios, adoptados por unanimidad en la reunión de hoy.

El señor LOYOLA ( Secretario ).-

Reunidos los jefes de los Comités parlamentarios bajo la presidencia del señor Ortiz, con la asistencia de los Diputados señores Makluf, De la Maza y Venegas, por el Comité Demócrata Cristiano; Vilches y Munizaga, por el Comité de Renovación Nacional; Pérez, don Víctor, por el Comité de la Unión Demócrata Independiente; Muñoz, por el Comité Socialista, y señora Rebolledo y señor Jara, por el Comité del Partido por la Democracia, adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º. Dejar sin efecto la sesión citada para las 19 horas de hoy, destinada a conocer los informes sobre la industria textil y el desarrollo del turismo.

2º. Despachar, entre las 11.30 y las 12 de la presente sesión, el proyecto que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas.

3º. Remitir para informe, por un plazo de 15 días, a las Comisiones de Vivienda y de Obras Públicas, respectivamente, las modificaciones introducidas por el Honorable Senado a los siguientes proyectos de ley:

-El que modifica la ley Nº 18.290, de Tránsito, en lo relativo a la obtención de las licencias de conducir, y

-El que modifica los artículos que indica de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y el artículo 24 del decreto ley Nº 1.305, con la finalidad de favorecer la mejor calidad de la construcción, y

4º. Colocar en primer lugar de la tabla del Orden del Día de la sesión ordinaria de mañana el proyecto de ley sobre copropiedad inmobiliaria.

El señor ORTIZ (Presidente en ejercicio).-

Ofrezco la palabra sobre estos acuerdos.

Tiene la palabra el Diputado señor Hosain Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente , sólo deseo consultar si la observación del Presidente de la República al proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 3.516 será tratada en la sesión de hoy, ya que tiene el carácter de urgente. Es un tema muy sencillo, muy simple.

He dicho.

El señor ORTIZ ( Presidente en ejercicio).-

Lo trataremos si nos alcanza el tiempo, señor Diputado . Está en el cuarto lugar de la tabla del Orden del Día. Depende exclusivamente de nosotros la tramitación de los tres proyectos anteriores. Si no lo podemos tratar hoy, quedaría automáticamente para la sesión de mañana.

VI.- FÁCIL DESPACHO.

IX. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del “Acuerdo para el establecimiento del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral”. (boletín Nº 1.641-10).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana pasa a informaros, en primer trámite constitucional, acerca del proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado multilateral denominado “Acuerdo para el establecimiento del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral”, sometido a vuestra consideración con “suma urgencia”.

I. ANTECEDENTES GENERALES.

El tratado en informe, adoptado el 27 de febrero de 1995 por la Conferencia Internacional de Estocolmo, responde a una iniciativa del Gobierno de Suecia, que, al tenor del mensaje, ha contado con la adhesión de las comunidades intelectuales y políticas de numerosos países.

El Presidente de la República señala que nuestro país participó activamente en la creación del Instituto. En una primera fase, numerosos intelectuales y responsables chilenos de actividades relacionadas con la asistencia electoral absolvieron consultas y dieron a conocer sus opiniones respecto de la iniciativa y, en una segunda etapa, sucesivas delegaciones chilenas celebraron conversaciones bilaterales y participaron en las instancias multilaterales que condujeron a la creación del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral, también conocido por la sigla IDEA.

La posición que el Instituto ha adoptado frente a la democracia responde, conforme lo indica el mensaje, a una concepción eurocentrista, que considera la igualdad de oportunidades como elemento esencial del concepto. De esta manera, se aleja tanto de la concepción individualista y puramente político-electoral como de la visión colectivista, que estima que los intereses de la comunidad prevalecen sobre los derechos individuales.

Frente a la asistencia electoral, el Instituto busca una estrecha colaboración con la ONU y la OEA, con miras a sistematizar las elecciones que el desarrollo de la asistencia técnica en este ámbito puede generar. Su propósito es desvincular la asistencia electoral de las ideas de crisis de la democracia o de la transición, para orientarla según bases permanentes y científicas que beneficien a todos los Estados.

Para lograr sus propósitos, este nuevo organismo buscará estructurar redes de cooperación intelectual internacional que permitan avanzar en el trabajo de conceptualización y aplicación práctica -a las distintas situaciones de la vida- de la democracia y de la asistencia electoral. Asimismo, se prevé la creación de bancos de datos, la publicación de trabajos y la realización de seminarios y conferencias que conduzcan al desarrollo de la cooperación en materia de democracia y de asistencia electoral.

El mensaje precisa que la ratificación de este tratado representa para Chile una oportunidad de renovar el tradicional contenido ético de su política exterior, ya que su participación en IDEA demostrará su fidelidad a los ideales democráticos que dieron origen a nuestra comunidad nacional.

Señala, además, que Chile es el único país de América del Sur que ha sido invitado a participar en la fundación de IDEA, considerada una importante e influyente instancia internacional de diálogo, análisis y participación en el proceso de promoción y de consolidación de la democracia en el nivel universal.

Durante el estudio de esta iniciativa, vuestra Comisión recibió una exposición del Director del Servicio Electoral , señor Juan Ignacio García Rodríguez , quien, en lo sustancial, destacó que las primeras ideas para crear un instituto electoral que promoviera la democracia, observara los procesos electorales y sirviera de consultor para determinados países surgieron de los señores John Biehl y Oscar Arias , ex Presidente de Costa Rica .

Explicó que ellas fueron acogidas por el Gobierno de Suecia, el que ofreció la ciudad de Estocolmo como sede para esta nueva organización internacional, que ha surgido con rasgos distintivos respecto de las organizaciones internacionales clásicas, tanto en sus objetivos e integración como en su estructura.

Informó que el Consejo Interparlamentario, órgano director de la Unión Interparlamentaria, aprobó por unanimidad, el 26 de marzo de 1994, la declaración sobre los criterios para las elecciones libres y justas, en la que se formulan los principios y normas fundamentales que inspirarán la acción de IDEA.

Agregó que a la Conferencia Internacional de Estocolmo, en la que se firmó este tratado, asistieron catorce países, entre ellos Chile y Costa Rica, como representantes de América Latina.

Indicó que, entre el 13 y el 14 de noviembre próximo, se celebrará en Estocolmo la reunión constitutiva de la Junta Directiva de IDEA, a la que Chile postula, y que para estos efectos es indispensable la ratificación oportuna de este tratado, cuyo contenido normativo se os reseña más adelante.

Respondiendo a consultas de los señores Diputados, el señor Director del Servicio Electoral recalcó que los aportes de Chile al financiamiento de IDEA serán voluntarios y por los montos que el Gobierno determine unilateralmente, los que, también unilateralmente, podrán dejar de hacerse.

Por otra parte, expresó que la participación chilena en IDEA no está determinada por la necesidad de recibir asesoramiento en materia democrática o electoral, sino que, por el contrario, para apoyar a otros países en este ámbito.

II. RESEÑA DEL CONTENIDO NORMATIVO DEL TRATADO.

Este instrumento, del cual se adjunta copia al final del informe, consta de dieciocho artículos, referidos, en lo esencial, a las materias principales siguientes:

El artículo I establece el Instituto, fija su sede en Estocolmo y le reconoce personalidad jurídica plena y capacidad para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos.

El artículo II determina sus objetivos, entre los que se contempla promover y fomentar la democracia sustentable y mejorar y consolidar los procesos democráticos electorales en todo el mundo, así como también expandir el entendimiento del pluralismo multipartidista y de los procesos democráticos.

Indica también el tipo de actividades que podrá efectuar el Instituto, entre las que se contempla el establecimiento de servicios de información, asesoría, investigación, divulgación y estudio.

El artículo IV dispone que podrán integrar el Instituto los Estados y las Organizaciones Intergubernamentales partes de este tratado y las organizaciones internacionales no gubernamentales.

El artículo V regula el financiamiento del Instituto, al que los Estados y Organizaciones miembros contribuirán en forma voluntaria. Los miembros no serán responsables, ni individual ni colectivamente, de ninguna deuda, pasivo u obligación del Instituto. Corresponderá al Gobierno sueco garantizar la factibilidad de que el Instituto cumpla con sus obligaciones.

Los artículos VI a XIII estatuyen la organización del Instituto, constituido por un Consejo, con representación de cada uno de los miembros; un Comité de Nominaciones, elegido por el Consejo, que deberá nominar a personalidades distinguidas para que se desempeñen en el Directorio o en su Presidencia ; un Directorio, integrado por un máximo de quince miembros (que durarán tres años en sus cargos), que podrá ser renovado y cuyas funciones principales consistirán en desarrollar la política del Instituto, basada en las instrucciones globales que le imparta el Consejo; un Secretario General y un Auditor Externo.

El Instituto y su personal gozarán en el país sede (Suecia) de los derechos, privilegios e inmunidades que se estipulen en el Acuerdo de Sede correspondiente.

Los artículos XIV a XVIII se refieren a las cláusulas finales propias de todo tratado multilateral. Específicamente, en este caso, a la disolución del Instituto, que podrá ser acordada por cuatro quintos de todos los miembros; a las enmiendas del Acuerdo constitutivo; al retiro de cualquiera de los miembros del Instituto; a la vigencia de este tratado, que se producirá cuando haya sido ratificado, a lo menos, por tres Estados, y a la adhesión, que queda abierta a cualquier Estado u organización intergubernamental.

III. DECISIONES DE LA COMISIÓN.

a) Aprobación del tratado, por unanimidad.

Concluido el examen de este instrumento, en el seno de vuestra Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana hubo consenso en compartir las consideraciones de mérito que han llevado a celebrarlo, por lo que, por unanimidad, decidió aprobarlo y proponer a la Cámara que adopte el artículo único del proyecto de acuerdo, con modificaciones formales menores que se recogen en el texto sustitutivo siguiente:

“Artículo único.- Apruébase el “Acuerdo para el establecimiento del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral”, adoptado en la Conferencia Internacional de Estocolmo, Suecia, el 27 de febrero de 1995.”

b) Designación de Diputado Informante .

Esta nominación recayó, por unanimidad, en el H. Diputado don IGNACIO BALBONTÍN ARTEAGA .

c) Constancias reglamentarias.

Para los efectos de los Nºs. 2 y 4 del artículo 287 del Reglamento de la H. Cámara, se os consigna que este tratado no contempla normas de rango orgánico-constitucional ni de quórum calificado, ni tampoco de aquéllas que deba conocer la H. Comisión de Hacienda.

-o-

Acordado en sesión del 3 de octubre de 1995, con asistencia de los Diputados señores:

-Pizarro Soto, don Jorge (Presidente en ejercicio de la Comisión);

- Balbontín Arteaga, don Ignacio ;

- Caminondo Sáez, don Carlos ;

- Fuentealba Vildósola, don Renán ;

-Jocelyn-Holt Letelier, don Ignacio ;

- Letelier Morel, don Juan Pablo ;

- Longton Guerrero, don Arturo ;

- Moreira Barros, don Iván ;

- Munizaga Rodríguez, don Eugenio ;

- Urrutia Cárdenas, don Salvador , y

- Valcarce Medina, don Carlos .

SALA DE LA COMISIÓN, a 3 de octubre de 1995.

(Fdo.): FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión.”

TRADUCCIÓN AUTÉNTICA

I-397/95

Acuerdo para el Establecimiento

del Instituto Internacional

para la Democracia y la Asistencia Electoral

Las PARTES signatarias del presente

TENIENDO PRESENTE que los conceptos de democracia, pluralismo y elecciones libres y justas se están arraigando en todo el mundo;

TENIENDO PRESENTE que la democracia es esencial para promover y garantizar los derechos humanos y que la participación en la vida política, incluido el gobierno, es parte de los derechos humanos, proclamados y garantizados por los tratados y declaraciones internacionales;

TENIENDO PRESENTE, ASIMISMO, que las ideas de democracia sustentable, buen gobierno, responsabilidad y transparencia han llegado a ser elementos fundamentales para las políticas de desarrollo nacional e internacional.

RECONOCIENDO que el fortalecimiento de las instituciones democráticas a nivel nacional, regional y mundial es conducente a una diplomacia preventiva, promoviendo así el establecimiento de un mejor orden mundial;

ENTENDIENDO que los procesos democráticos y electorales requieren continuidad y una perspectiva de largo plazo;

DESEANDO PROMOVER e implementar normas, valores y prácticas sostenidas universalmente;

CONSCIENTES de que el pluralismo presupone actores y organizaciones nacionales e internacionales con tareas y mandatos diferentes que no pueden ser subsumidos por otros;

RECONOCIENDO que un lugar de encuentro para todos los actores involucrados respaldaría y promovería el profesionalismo y la construcción de una capacidad sistemática;

CONSIDERANDO que se requiere de la existencia de un Instituto complementario internacional en esta área.

HAN ACORDADO lo siguiente:

Artículo I

ESTABLECIMIENTO, UBICACIÓN Y STATUS

1. Las Partes del presente Acuerdo por este acto establecen el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, como una organización internacional, en adelante denominado el Instituto o IDEA Internacional.

2. La sede del Instituto estará ubicada en Estocolmo, salvo que el Consejo decida reubicar el Instituto en otro lugar. El Instituto podrá establecer oficinas en otros lugares según fuere necesario para el apoyo de sus programas.

3. IDEA Internacional tendrá personalidad jurídica plena y gozará de aquellas facultades que pudieren ser necesarias para el ejercicio de sus funciones y el cumplimiento de sus objetivos, entre otras, la facultad para:

a. adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles;

b. celebrar contratos y otros tipos de acuerdos;

c. contratar personal y aceptar personal comisionado en calidad de préstamo;

d. entablar y defender procesos legales;

e. invertir el dinero y los bienes del Instituto; y

f. tomar otras medidas lícitas necesarias para cumplir los objetivos del Instituto.

Artículo II

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES

1. Los objetivos del Instituto son:

a. Promover y fomentar la democracia sustentable en todo el mundo;

b. Mejorar y consolidar los procesos democráticos electorales en todo el mundo;

c. Expandir el entendimiento y promover la implementación y divulgación de las normas, reglas y pautas que se aplican al pluralismo multipartidista y a los procesos democráticos;

d. Intensificar y apoyar la capacidad nacional para desarrollar la amplia gama de instrumentos democráticos;

e. Proporcionar un lugar de encuentro para los intercambios entre todos los actores involucrados en los procesos electorales en el contexto de la construcción de instituciones democráticas;

f. Aumentar el conocimiento e intensificar el aprendizaje sobre procesos electorales democráticos;

g. Promover la transparencia, responsabilidad, profesionalismo y eficiencia en los procesos electorales en el contexto del desarrollo democrático.

2. A fin de cumplir con los objetivos antes mencionados, el Instituto podrá dedicarse a los siguientes tipos de actividades:

a. Desarrollar redes a nivel mundial en el área de los procesos electorales;

b. Establecer y mantener servicios de información;

c. Proporcionar consejo, asesoría, y respaldo sobre el papel del gobierno y la oposición, los partidos políticos, las comisiones electorales, un poder judicial independiente, los medios de comunicación y otros aspectos del proceso electoral en un contexto democrático pluralista.

d. Promover la investigación, la divulgación y aplicación de los resultados de investigaciones dentro del ámbito de competencia del Instituto;

e. Organizar y facilitar seminarios, talleres y capacitación sobre elecciones libres y justas en el contexto de los sistemas democráticos pluralistas;

f. Dedicarse a otras actividades relacionadas con elecciones y con democracia a medida que surjan las necesidades.

3. Los miembros y miembros asociados se suscriben a los objetivos y actividades del Instituto según se señala en este artículo y se comprometen a promoverlos y a apoyar al Instituto en llevar a cabo su programa de trabajo.

Artículo III

RELACIONES DE COOPERACIÓN

El Instituto podrá establecer relaciones de cooperación con otras instituciones.

Artículo IV

DE LOS MIEMBROS

1. Los miembros del Instituto son:

a. Los Gobiernos de los Estados Partes de este Acuerdo.

b. Las Organizaciones Intergubernamentales partes de este Acuerdo.

2. Los miembros asociados del Instituto son organizaciones no gubernamentales internacionales. Dichas organizaciones deben tener como miembros a organizaciones debidamente constituidas o una combinación de organizaciones y personas naturales, con reglamentos definidos que regulen la admisión de sus miembros. La organización deberá incluir miembros de a lo menos siete Estados. La organización deberá tener un papel funcional y profesional compatible con el ámbito de actividad del Instituto.

3. Una Organización No-Gubernamental Internacional podrá notificar en cualquier momento al Secretario General su solicitud de hacerse Miembro Asociado del Instituto.

4. En ningún momento el número de miembros asociados excederá del número de miembros del Instituto.

Artículo V

FINANCIAMIENTO

1. El Instituto obtendrá recursos financieros a través de medios tales como aportes y donaciones voluntarios de los gobiernos y otros; de publicaciones y otros ingresos provenientes de servicios; e ingresos producto de intereses por fideicomisos, dotaciones y cuentas bancarias.

2. Las Partes de este Acuerdo no estarán obligadas a proporcionar apoyo financiero al Instituto aparte de sus contribuciones voluntarias. Tampoco serán responsables, individual o colectivamente de ninguna deuda, pasivos u obligaciones del Instituto.

3. El Instituto establecerá acuerdos satisfactorios para el Gobierno del país en el cual se encuentre ubicada la sede con el fin de garantizar la factibilidad de que el Instituto cumpla con sus obligaciones.

Artículo VI

ÓRGANOS

El Instituto estará constituido por un Consejo, un Comité de Nominaciones, un Directorio (“Directorio”), un Secretario General y una Secretaría.

Artículo VII

EL CONSEJO

1. El Consejo estará compuesto de un representante de cada miembro y miembro asociado del Instituto.

2. El Consejo se reunirá una vez al año en sesión ordinaria. Se convocará a una sesión extraordinaria del Consejo:

a. por invitación del Directorio.

b. por iniciativa de un tercio de los miembros del Consejo.

3. Se podrá invitar a observadores a las reuniones del Consejo; sin embargo, éstos no tendrán derecho a voto.

4. El Consejo adoptará su propio reglamento y elegirá a un presidente para cada reunión.

5. El Consejo deberá:

a. Impartir las instrucciones generales para el trabajo del Instituto.

b. Supervisar las actividades del Instituto.

c. Aprobar por mayoría de dos tercios a los nuevos miembros y miembros asociados del Instituto, a recomendación del Directorio.

d. Considerar y decidir por mayoría de dos tercios las recomendaciones del Directorio sobre la suspensión de miembros o miembros asociados.

e. Designar a los miembros del Directorio y al Presidente .

f. Designar al Comité de Nominaciones.

g. Designar a los auditores.

h. Aprobar los estados de cuentas verificados.

6. Las decisiones del Consejo serán adoptadas por consenso. Si después de haber agotado todos los esfuerzos no se hubiere logrado ningún consenso, el Presidente podrá decidir que se proceda a una votación formal. También se procederá a una votación formal si así fuere solicitado por un miembro con derecho a voto. Salvo cuando este Acuerdo estipule otra cosa, una votación formal del Consejo se decidirá por mayoría absoluta de los votos emitidos. Cada miembro del Consejo tendrá derecho a un voto, y en caso de igualdad de votos, el Presidente de la asamblea podrá emitir el voto decisivo.

Artículo VIII

EL COMITÉ DE NOMINACIONES

1. El Consejo elegirá a un representante de los miembros y a un representante de los miembros asociados y a un miembro del Directorio quienes ejercerán como miembros del Comité de Nominaciones.

2. El Comité de Nominaciones deberá:

a. Nominar a personalidades distinguidas para que se desempeñen en el Directorio o como Presidente del Directorio, por nombramiento efectuado por el Consejo.

b. Nominar a los auditores externos, por nombramiento efectuado por el Consejo.

Artículo IX

EL DIRECTORIO

1. El Instituto funcionará bajo la supervisión de un Directorio constituido por entre nueve (9) y quince (15) miembros. Un miembro del Directorio será designado por el país en que el Instituto tenga su sede ( Representante Permanente ). El Presidente del Directorio será elegido por el Consejo. Los miembros del Directorio serán seleccionados sobre la base de los logros en materia de derecho, técnicas electorales, política, investigaciones pertinentes, ciencias políticas, economía y otras áreas de importancia para la labor del Instituto. Estos se desempeñarán a título personal y no como representantes de los gobiernos u organizaciones.

2. El período de permanencia en el cargo de un miembro del Directorio y del Presidente , será de tres (3) años, pudiendo ser renovado. Los períodos de los primeros miembros del Director serán escalonados a fin de establecer una transición gradual de los miembros.

3. El Directorio se reunirá con aquella frecuencia que estime necesaria para llevar a cabo sus funciones. En su primera reunión de cada año el Directorio designará a un Vicepresidente.

4. El Directorio deberá también:

a. Emitir estatutos para la conducción del Instituto en conformidad con este Acuerdo;

b. Desarrollar la política del Instituto basada en las instrucciones globales que le imparta el Consejo;

c. Designar al Secretario General del Instituto ;

d. Aprobar los programas de trabajos anuales y el presupuesto del Instituto;

e. Recomendar nuevos miembros del Instituto para su aprobación por parte del Consejo;

f. Recomendar la suspensión de miembros y miembros asociados que se estime no se rigen por el Artículo II del párrafo 3 precedente.

g. Comentar los estados de cuentas verificados;

h. Desempeñar aquellas otras funciones que sean necesarias para ejercer las facultades delegadas al Directorio.

Artículo X

EL SECRETARIO GENERAL Y LA SECRETARÍA

1. El Instituto estará a cargo del Secretario General quien será nombrado por el Directorio para un período de cinco (5) años, pudiendo ser renovado.

2. El Secretario General nombrará a aquellos Profesionales y Personal de Servicios Generales que pudieren ser necesarios para el cumplimiento de los objetivos del Instituto en conformidad con las políticas de personal aprobadas por el Directorio.

3. El Secretario General será responsable ante el Directorio.

Artículo XI

DERECHOS, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

El Instituto y su personal gozarán, en el país de su sede, de aquellos derechos, privilegios e inmunidades que sean estipulados en un Acuerdo de Establecimiento de la Sede. Otros países podrán otorgar derechos, privilegios e inmunidades similares en apoyo a las actividades del Instituto en esos países.

Artículo XII

AUDITOR EXTERNO

Se deberá llevar a cabo anualmente una auditoría financiera completa de las operaciones del Instituto, la que será realizada por una empresa contable internacional independiente seleccionada por el Consejo, previa recomendación del Comité de Nominaciones. El resultado de dichas auditorías será puesto a disposición del Directorio y del Consejo.

Artículo XIII

DEPOSITARIO

1. El Secretario General del Instituto será el Depositario de este Acuerdo.

2. El Depositario comunicará todas las notificaciones relativas al Acuerdo a todos los miembros y miembros asociados.

Artículo XIV

DISOLUCIÓN

1. El Instituto podrá ser disuelto si una mayoría de cuatro quintos de todos los miembros y miembros asociados determina que el Instituto ya no es necesario o que ya no estará en condiciones de funcionar eficazmente.

2. En caso de disolución, cualquier activo del Instituto que quede después del pago de sus obligaciones legales será distribuido a las instituciones cuyos objetivos sean similares a los del instituto según lo decida el Consejo en consulta con el Directorio.

Artículo XV

ENMIENDAS

1. Este Acuerdo podrá ser enmendado con el voto de una mayoría de dos tercios de todas las Partes de ése. Una propuesta de dicha enmienda se hará circular con una anticipación de a lo menos ocho semanas.

2. La enmienda comenzará a regir treinta días después de la fecha en que dos tercios de las Partes hayan notificado al Depositario de que han cumplido las formalidades exigidas por la legislación nacional con respecto a la enmienda. A contar de esa fecha, será obligatoria para todos los miembros y miembros asociados.

Artículo XVI

RETIRO

1. Cualquiera de las Partes de este Acuerdo podrá retirarse de éste. Dicho retiro podrá hacerse efectivo tres meses después de la fecha en que ello sea notificado al Depositario.

2. Cualquier miembro asociado podrá retirar su calidad de miembro del Instituto. Dicho retiro se hará efectivo en la fecha en que ello sea notificado al Depositario.

Artículo XVII

ENTRADA EN VIGENCIA

1. Este Acuerdo estará abierto para la firma de los Estados que participen en la primera reunión del Consejo celebrada en Estocolmo el 27 de febrero de 1995, hasta la fecha de la segunda reunión del Consejo.

2. Este Acuerdo entrará en vigencia en la fecha en que haya sido firmado por a lo menos tres Estados y cada uno haya proporcionado al otro una notificación en la que comunique que se han cumplido las formalidades exigidas por sus respectivas legislaciones nacionales.

3. Para aquellos Estados que no puedan proporcionar dicha notificación en la fecha de su entrada en vigor, este Acuerdo entrará en vigencia treinta días después del recibo por parte del Depositario de la notificación en que se comunique que se han cumplido las formalidades exigidas por sus respectivas legislaciones nacionales.

Artículo XVIII

ADHESIÓN

Cualquier Estado u Organización Intergubernamental podrá notificar en cualquier momento al Secretario General su solicitud de adhesión a este Acuerdo. Si la solicitud fuere aprobada por el Consejo, el Acuerdo entrará en vigencia para ese Estado u Organización Intergubernamental treinta días después de la fecha de depósito de su instrumento de adhesión.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, estando debidamente autorizados para ello, han firmado este Acuerdo en un original único en idioma inglés, el que será depositado ante el Secretario General , quien enviará copias del mismo a todos los Miembros del Instituto.

Hecho en idioma inglés, en Estocolmo, a 27 de febrero de 1995.

SANTIAGO DE CHILE, a 5 de junio de 1995.

(Fdo.): RENATO VALDIVIA ALIAGA , Director de Asuntos Administrativos .

Conforme con su original.

(Fdo.): MARIANO FERNÁNDEZ AMUNÁTEGUI , Subsecretario de Relaciones Exteriores .

2. Segundo informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que exime del Impuesto a la Renta a los pescadores artesanales. (boletín Nº 1.601-05).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Hacienda procede a emitir su segundo informe relativo al proyecto de ley mencionado en el epígrafe, originado en un Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , en conformidad con lo dispuesto en el artículo 220 y siguientes del Reglamento de la Corporación y lo señalado en el artículo 17 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

Asistieron a la Comisión durante el estudio del segundo informe los señores Javier Etcheberry y René García , Director y Sub Director, respectivamente, del Servicio de Impuestos Internos.

I.- ARTÍCULOS QUE NO HAN SIDO OBJETO DE INDICACIONES NI DE MODIFICACIONES.

-Ningún artículo se encuentra en esta situación.

II.- DISPOSICIONES MODIFICADAS.

El artículo 1º relativo a la exención del impuesto a la renta de primera categoría y global complementario por las utilidades que obtengan los pescadores artesanales por el período que se indica.

El Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva de la zona citada, la cual fue aprobada por unanimidad, con adecuaciones formales, en uso de una mejor técnica legislativa, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 1º.- A contar del año tributario 1994 y por el término de los cinco años tributarios siguientes, las personas naturales de profesión pescadores artesanales, con matrícula vigente, quedarán exentas de pago de impuesto a la renta de la primera categoría y global complementario sobre las utilidades que obtengan en el ejercicio de esta actividad, siempre que la realicen directa y personalmente. En caso que operen embarcaciones, éstas no podrán tener una capacidad superior a 15 toneladas de registro bruto.”.

En el artículo 2º se exime de la declaración de renta del año 1994 a los referidos pescadores.

El Ejecutivo formuló una indicación sustitutiva de la norma citada, concordante con la indicación anterior, la cual fue aprobada por unanimidad, con adecuaciones formales, en uso de una mejor técnica legislativa, cuyo tenor es el siguiente:

“Artículo 2º.- Condónanse, por el solo ministerio de la ley, los impuestos, intereses y sanciones a que hubieren podido quedar afectos los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, que se hubieran devengado durante todo el año tributario 1994 y 1995.

La Tesorería General de la República procederá, conforme a las normas pertinentes del Código Tributario aplicables en el caso de impuestos pagados indebidamente, a devolver a los contribuyentes las cantidades que hubieren ingresado en arcas fiscales por los conceptos señalados en el inciso anterior, como, asimismo, el Servicio de Impuestos Internos procederá a dejar sin efecto toda liquidación o giro que por esos mismos conceptos hubiere formulado o emitido.”.

III.- ARTÍCULOS SUPRIMIDOS.

Por el artículo 3º se autoriza al Servicio de Impuestos Internos para aceptar que en la declaración de iniciación de actividades que presenten los pescadores artesanales se señale como origen del capital la autoconstrucción y otras formas de capitalización.

El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir este artículo, la que fue aprobada por unanimidad.

Por el artículo 4º se faculta al Presidente de la República para que, dentro del plazo de 90 días, dicte el reglamento de la presente ley mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Hacienda.

El Ejecutivo formuló una indicación para suprimir este artículo, la que fue aprobada por unanimidad.

IV.- INDICACIONES RECHAZADAS.

-Al artículo 1º, de los señores Balbontín y Elgueta para sustituir la expresión de “profesión” por la frase: “y de personas jurídicas siempre que estén compuestas exclusivamente por personas naturales”. (Por unanimidad).

-Al artículo 1º, de la señora Wörner para reemplazar las palabras “recolección y cultivo” por “recolección, cultivo y comercialización”. (Por unanimidad).

-Al artículo 1º, del señor Ulloa para suprimir el párrafo final.”. (Por unanimidad).

CONSTANCIAS

-No existen disposiciones con carácter de orgánica constitucional o de quórum calificado.

-No se ha introducido ningún artículo nuevo.

-o-

Por las consideraciones precedentemente expuestas y las que os dará a conocer el señor Diputado Informante , vuestra Comisión os recomienda la aprobación del siguiente texto:

PROYECTO DE LEY

“Artículo 1º.- A contar del año tributario 1994 y por el término de los cinco años tributarios siguientes, las personas naturales de profesión pescadores artesanales, con matrícula vigente, quedarán exentas de pago de impuesto a la renta de la primera categoría y global complementario sobre las utilidades que obtengan en el ejercicio de esta actividad, siempre que la realicen directa y personalmente. En caso que operen embarcaciones, éstas no podrán tener una capacidad superior a 15 toneladas de registro bruto.”.

“Artículo 2º.- Condónanse, por el solo ministerio de la ley, los impuestos, intereses y sanciones a que hubieren podido quedar afectos los contribuyentes a que se refiere el artículo anterior, que se hubieran devengado durante todo el año tributario 1994 y 1995.

La Tesorería General de la República procederá, conforme a las normas pertinentes del Código Tributario aplicables en el caso de impuestos pagados indebidamente, a devolver a los contribuyentes las cantidades que hubieren ingresado en arcas fiscales por los conceptos señalados en el inciso anterior, como, asimismo, el Servicio de Impuestos Internos procederá a dejar sin efecto toda liquidación o giro que por esos mismos conceptos hubiere formulado o emitido.”.

SALA DE LA COMISIÓN, a 6 de octubre de 1995.

Acordado en sesión de fecha 4 de octubre de 1995, con la asistencia de los Diputados señores Montes, don Carlos ( Presidente ); Alvarado, don Claudio ; Arancibia, don Armando ; García, don José ; Huenchumilla, don Francisco ; Jocelyn-Holt, don Tomás ; Jürgensen, don Harry ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Palma, don Andrés y Sabag, don Hosain .

Se designó Diputado Informante al señor KUSCHEL, don CARLOS IGNACIO .

(Fdo.): JAVIER ROSSELOT JARAMILLO , Secretario de la Comisión .”

3. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 25 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. (boletín Nº 659-07) (S).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los Honorables Senadores señores Sergio Diez Urzúa , Sergio Fernández Fernández y Carlos Letelier Bobadilla , y de los ex Senadores señores Máximo Pacheco Gómez y Hernán Vodanovic Schnake .

-o-

El proyecto aprobado por el Senado sustituye en su integridad el artículo 25 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

-o-

Vuestra Comisión, por la unanimidad de los señores Diputados presentes, os recomienda aprobar esta iniciativa legal en los mismos términos en que lo hiciera el H. Senado, por las con-sideraciones que pasan a expresarse.

-o-

Atendido su carácter de norma orgánica constitucional, el artículo único del proyecto requiere para su aprobación, del voto conforme de las cuatro séptimas partes de los Diputados en ejercicio.

-o-

El artículo 25 de la ley Nº 18.918, que se sustituye, se refiere a las declaraciones de admisibilidad y de inadmisibilidad de las indicaciones formuladas durante la tramitación de un proyecto de ley, en los siguientes términos:

“Artículo 25.- Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de declarar inadmisibles las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, la sala o la comisión, en su caso, podrá reconsiderar dicha inadmisibilidad.

“La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el presidente de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la corporación, en cualquier momento de la discusión del proyecto.

“La circunstancia de que el presidente de la corporación no haya declarado la inadmisibilidad de alguna indicación durante la discusión general, no obsta a la facultad del presidente de la comisión para hacerlo por su parte o para consultar a la comisión en caso de duda.

“La declaración de admisibilidad hecha en las comisiones no obsta a la facultad del presidente de la Cámara respectiva para hacer la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones o para consultar a la sala, en su caso.”

-o-

La iniciativa en informe reemplaza el artículo 25 con la finalidad de llenar algunos vacíos detectados en lo que va corrido desde que la norma entró en aplicación. Particularmente, se busca dilucidar si acaso la Sala y su Presidente tienen la atribución de revisar y revocar la declaración de inadmisibilidad efectuada por una de sus Comisiones, o su respectivo Presidente .

En cuanto dice relación con la declaración de admisibilidad de una indicación hecha por una Comisión o su Presidente , la disposición legal, en su inciso final, no deja ningún margen de duda: la Sala o su Presidente puedan revertirla.

Diferente es el caso de la indicación declarada inadmisible en Comisiones, materia sobre la cual nada dice el precepto que se viene reemplazando.

A juicio del H. Senado, habrían razones para sostener que ni la Sala ni su Presidente tienen la facultad de reconsiderarla y, también, para afirmar lo contrario.

El precepto legal vigente siembra dudas sobre su sentido y alcance en la medida que, en sus tres primeros incisos, regula la declaración de inadmisibilidad y, en el cuarto, la declaración de inadmisibilidad efectuada en las Comisiones.

El inciso primero indica que serán la Sala o la Comisión, en su caso, quienes podrán revisar la declaración de inadmisibilidad hecha por el respectivo Presidente , lo que ha dado pie para afirmar que ni la Corporación ni su Presidente pueden reconsiderar una declaración de inadmisibilidad hecha en Comisiones.

El argumento anterior -que el Senado no comparte- se ve reforzado si se tiene presente que el inciso cuarto dispone que la declaración de admisibilidad hecha en las Comisiones no obsta a la facultad del Presidente de la Cámara respectiva para hacer la declaración de inadmisibilidad de las indicaciones o para consultar a la Sala, en su caso.

Nada dice el artículo sobre la facultad de la Sala o de su Presidente para reconsiderar una declaración de inadmisibilidad efectuada en Comisiones.

-o-

Para obviar las dudas que ha merecido la interpretación del artículo 25, el Honorable Senado estima recomendable modificar la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, para dejar en claro que la Sala, como autoridad máxima de la Corporación, así como su Presidente , deben tener la facultad de reconsiderar las declaraciones de inadmisibilidad de indicaciones hechas en Comisiones.

-o-

El artículo aprobado por el H. Senado regula el tema de la admisibilidad o inadmisibilidad de indicaciones en los siguientes términos.

En lo que respecta a la titularidad de la facultad que otorga, pueden hacer las declaraciones de admisibilidad o de inadmisibilidad de una indicación el Presidente de la Sala o el de una Comisión, que son los que dirigen los debates de las corporaciones legislativas y de sus órganos de trabajo interno, respectivamente.

Esas declaraciones las pueden hacer de propia iniciativa o a solicitud de uno cualquiera de los miembros de la Corporación o de la Comisión.

También pueden declarar admisible o inadmisible una indicación la Sala o la Comisión misma, cuerpos colegiados que pueden resolver en lugar del respectivo Presidente , cuando éste les consulte, o como instancia revisora de la decisión de aquél cuando, a petición de alguno de sus integrantes, revoquen la decisión presidencial.

Sobre la oportunidad para hacer estas declaraciones, cabe señalar que las cuestiones de admisibilidad o de inadmisibilidad pueden ser planteadas por los Presidentes de la Corporación o de Comisiones en cualquier momento de la discusión del proyecto, mientras la Sala o la Comisión están abocadas a su estudio, esto es, en una sesión en que él figure en tabla y esté en discusión, general o particular.

La revisión, por la Sala o la Comisión, de la declaración pronunciada por su respectivo Presidente , deben efectuarse de inmediato, o sea, acto seguido de hecha aquella declaración y sin solución de continuidad.

Si la declaración no se ha hecho durante la discusión general nada obsta a que ella tenga lugar durante la particular. Si no se ha hecho en Sala, podrá hacerse en comisión y viceversa.

Respecto de sus efectos, las declaraciones de admisibilidad o de inadmisibilidad hechas por las Comisiones, o sus Presidentes, siempre pueden ser revisadas por la Sala o su Presidente .

A la inversa, si la Corporación o su Presidente resuelven una cuestión de admisibilidad o de inadmisibilidad, ni las Comisiones ni sus Presidentes podrán revisar esas declaraciones.

El efecto propio de una declaración de inadmisibilidad es que la indicación respectiva no puede ser discutida ni votada.

Constancias reglamentarias.

Para los efectos previstos en el artículo 289 del Reglamento de la Corporación, se hace constar lo siguiente:

-El Senado ha calificado como norma orgánica constitucional el artículo único del proyecto, criterio que esta Comisión comparte.

-No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

-No hay artículos ni indicaciones rechazados.

-El proyecto fue aprobado en general y en particular, por unanimidad y sin mayor debate, en los mismos términos en que lo hiciera el H. Senado, por compartir vuestra Comisión las ideas y fundamentos que lo sustentan.

Texto del proyecto.

El proyecto, cuya aprobación se recomienda, es del tenor siguiente:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único.- Sustitúyese el artículo 25 de la ley Nº 18.918, por el siguiente:

“Artículo 25.- Corresponderá al presidente de la sala o comisión la facultad de resolver la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de las indicaciones a que se refiere el artículo anterior. No obstante, a petición de cualquiera de sus miembros, la sala o la comisión, en su caso, podrá reconsiderar de inmediato la resolución de su presidente.

La declaración de inadmisibilidad puede ser hecha por el presidente de la Cámara respectiva o de una comisión, de propia iniciativa o a petición de algún miembro de la corporación, en cualquier momento de la discusión del proyecto.

La circunstancia de que no se haya planteado la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación durante la discusión general en la sala no obsta a la facultad del presidente de la comisión para hacer la declaración correspondiente o para consultar a la comisión en caso de duda.

Una vez resuelta por la sala, o su presidente , la cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de una indicación, ella no podrá ser revisada en comisiones.

La cuestión de admisibilidad o inadmisibilidad de indicaciones resuelta en comisiones no obsta a la facultad del presidente de la Cámara respectiva para hacer la declaración de admisibilidad o inadmisibilidad de tales indicaciones o para consultar a la sala, en su caso.”

-o-

Se designó Diputado Informante al señor Bombal Otaegui, don Carlos .

Sala de la Comisión, a 4 de octubre de 1995.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Chadwick (Presidente), Bombal, Cardemil, Elgueta, Luksic y Pérez Lobos.

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .”

4. Informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano sobre el Proyecto de Ley de Copropiedad Inmobiliaria. (boletín Nº 1627-14).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano pasa a informaros sobre el proyecto de ley, originado en un mensaje de S. E. el Presidente de la República , sobre copropiedad inmobiliaria.

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

En el sistema establecido en nuestro Código Civil, el dominio exclusivo y el condominio se presentan en forma aislada.

Así, reconoce la copropiedad o condominio como un cuasicontrato de comunidad (artículos 2304 al 2313), en que la propiedad de una cosa pertenece pro indiviso a varias personas. La administración y el destino de la propiedad indivisa se resuelven de común acuerdo entre todos los comuneros y existe siempre la posibilidad de reclamar la liquidación del bien común, a menos que se pacte indivisión, caso en el cual el pacto respectivo puede revisarse cada cinco años.

En cambio, la ley Nº 6071, de 1937, permitió, por primera vez en Chile, que los diversos pisos de un edificio y los departamentos en que se divide cada piso pudieran pertenecer a distintos propietarios, manteniéndose ciertos bienes en copropiedad. En efecto, su artículo 45 dispone que “cada propietario será dueño exclusivo de su piso o departamento y comunero en los bienes afectos al uso común”.

Como consecuencia de lo anterior, el dominio exclusivo y el condominio son inseparables, de manera que todo cambio, modificación o transacción jurídica que afecte al piso o departamento repercute en los bienes de uso común. El artículo 50 de la ley antedicha lo confirma, al expresar que: “Los derechos de cada propietario en los bienes que se reputan comunes son inseparables del dominio, uso y goce de su respectivo piso o departamento”.

En verdad, la ley Nº 6071, sobre propiedad horizontal, modificó el Código Civil en los siguientes aspectos esenciales:

Por una parte, permitió a la mayoría de los copropietarios que represente, a lo menos, los dos tercios del valor total del edificio, resolver sobre la administración de éste, dejando la exigencia de la unanimidad para materias específicas como la aprobación del reglamento interno.

De otro lado, estableció la indivisión forzada respecto de los bienes afectos al uso común de un edificio dividido por pisos o departamentos, al señalar en el inciso final de su artículo 46, que “Los bienes a que se refiere el inciso precedente en ningún caso podrán dejar de ser comunes”. Sin embargo, esta indivisión forzada termina cuando el edificio se destruye en su totalidad o en una proporción que represente, a lo menos, las tres cuartas partes de su valor.

Como consecuencia de la indivisión forzada, la ley en comento estableció la obligación de los copropietarios de contribuir a pagar las expensas derivadas de la administración, mantenimiento y reparación del edificio y el pago de los servicios y primas de seguros, en forma proporcional al derecho que ellos tuvieren sobre los bienes comunes.

Posteriormente, por medio del artículo 76 de la ley Nº 16.742, se permitió que los conjuntos habitacionales pudieren acogerse a la ley de Propiedad Horizontal, pero no se previó un sistema que hiciere concordantes las disposiciones de esta ley con los casos de condominios de viviendas.

En la actualidad, esta materia se encuentra regulada por diversos cuerpos legales y reglamentarios, tales como:

a) La ley Nº 6.071, de 1937, sobre venta por pisos y departamentos, cuyo texto definitivo se fijó en el Capítulo V del decreto supremo Nº 880, del Ministerio de Obras Públicas, en 1963;

b) El decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, que, en su Párrafo 3º, Capítulo I, Título III, trata sobre “Los edificios y viviendas acogidos a la ley de Propiedad Horizontal”;

c) El decreto supremo Nº 695, de 1971, que aprueba el “Reglamento sobre Comunidades de Copropietarios de Edificios”, y

d) El decreto supremo Nº 47, de 1992, que fija la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

II. MINUTA SOBRE LAS IDEAS FUNDAMENTALES O

MATRICES DEL PROYECTO.

Para los efectos previstos en los artículos 66 y 70 de la Constitución Política de la República y en los artículos 24 y 32 de la ley Nº 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, las ideas fundamentales o matrices del proyecto, contenidas en el mensaje, dicen relación a la necesidad de establecer normas que regulen adecuadamente la vida en comunidad que se deriva de la aplicación de la ley de Propiedad Horizontal a los edificios y viviendas que se construyan para ser habitados bajo el régimen de copropiedad inmobiliaria.

El fuerte incremento que actualmente experimenta la conformación de este régimen de propiedad como respuesta al constante crecimiento urbano que presentan nuestras principales ciudades, ha hecho necesario un replanteamiento de la normativa existente, con el fin de superar las diversas dificultades que en la práctica se constatan, principalmente, en materia de administración.

Este proyecto de ley tiene por objeto perfeccionar la legislación vigente sobre propiedad horizontal en los siguientes aspectos:

-Flexibilizar la administración de los grandes conjuntos habitacionales y permitir subadministraciones por sectores;

-Permitir que la junta de copropietarios establezca las modalidades de administración, uso y goce de los bienes comunes, mediante el reglamento de copropiedad, de manera tal que el interés de los dueños pueda reflejarse en forma amplia, dando preferencia a la autonomía de la voluntad;

-Suprimir la mayoría de los casos en que se requiere unanimidad de los copropietarios para adoptar decisiones en asamblea (salvo que incidan en la alteración del porcentaje de los derechos de los copropietarios sobre los bienes comunes) y determinar los quórum respectivos.

-Establecer normas sobre la cabida de cada uno de los lotes o unidades constitutivos de un condominio, así como sobre la altura de cada edificación;

-Permitir la compensación en dinero, o en terrenos situados fuera del condominio, como forma alternativa de cumplir con la obligación del loteador de ceder terrenos para los fines que señala el artículo 70 de la ley General de Urbanismo y Construcciones, cuando tales terrenos posean cabida inferior a 500 metros cuadrados;

-Definir los términos legales relativos a la propiedad horizontal o condominio, y distinguir los bienes comunes de carácter legal o convencional de los de uso y goce exclusivo;

-Efectuar una clasificación legal y una definición de los gastos comunes ordinarios y extraordinarios. Los gastos comunes ordinarios se subdividen, a su vez, en gastos de administración, de mantención, de reparación y de uso o consumo.

-Dotar de una redacción sistemática a las normas vigentes sobre propiedad horizontal, que se encuentran dispersas en distintos cuerpos legales y reglamentarios.

Desde el punto de vista formal, el proyecto de ley constaba de 43 artículos permanentes y un artículo transitorio, agrupados en cuatro Títulos, que contienen las siguientes materias:

-El Título I se refiere a la definición de los principales conceptos definidos en el proyecto.

-El Título II dice relación a la administración de los condominios.

-El Título III trata de la seguridad del condominio y reglamenta los casos en que la copropiedad puede ser modificada o bien en que se le puede poner fin.

-El Título IV comprende algunas normas generales y otras que derogan las antiguas disposiciones sobre la materia y aborda la manera en que las actuales comunidades podrán acogerse al nuevo sistema de copropiedad inmobiliaria.

III. MENCIÓN DE LOS ARTÍCULOS CALIFICADOS COMO NORMAS DE CARÁCTER ORGÁNICO CONSTITUCIONAL O DE QUÓRUM CALIFICADO.

La Comisión estimó que los artículos 31, 32, 41 y 43 requieren, para su aprobación, el quórum de ley orgánica constitucional.

IV. MENCIÓN DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS Y

DE LAS PERSONAS ESCUCHADAS POR LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión dirigió oficios a los Decanos de las Facultades de Derecho de las Universidades de Chile, Católica de Chile, Católica de Valparaíso, Adolfo Ibáñez , Andrés Bello y Diego Portales , con objeto de recabar las opiniones que les merecía el proyecto de ley en estudio. Sin embargo, lamentablemente, no pudo disponer de estos informes durante la discusión del proyecto.

En las sesiones destinadas al estudio de este proyecto de ley, vuestra Comisión contó con la participación del Ministro de Vivienda y Urbanismo , señor Edmundo Hermosilla ; de la Jefa de la División Jurídica de dicho Ministerio, señora Mirna Jugovic ; del Jefe de la División de Desarrollo Urbano , señor Jaime Silva , y de los asesores señora Jeannette Tapia y José Gabriel Varela ; del Superintendente de Electricidad y Combustibles , señor Guillermo Fernández ; del Director del Servicio Nacional del Consumidor , señor Francisco Fernández ; del Presidente del Instituto de Jueces de Policía Local , señor Carlos Varas , y del Director de dicho Instituto , señor Armando Gómez ; de la Directora y del arquitecto de la Dirección de Obras de la Municipalidad de Las Condes, señora María Eugenia Vial y señor Ramón Echeverría ; del Director de Obras subrogante de la Municipalidad de Santiago , señor Miguel Castillo , y del Jefe de Catastro e Informática de dicha Municipalidad , señor Gustavo Carrasco ; del Secretario Técnico de la Asociación Chilena de Municipalidades , señor Mario Cortés ; del Director de Obras de la Municipalidad de Providencia , señor Alfredo Cruz ; de la Directora de Obras Municipales de La Florida , señora Mariela Vaccaro ; de la Directora de Obras Municipales de La Pintana , señora Graciela Ramos ; de la arquitecto de la Dirección de Obras Municipales de Valparaíso, señora Cecilia Jiménez ; del arquitecto de la Dirección de Obras Municipales de Viña del Mar, señor Jaime Miranda ; del Director de Obras Municipales de Pudahuel , señor Camilo Ruiz ; del Director y del abogado de la Cámara Chilena de la Construcción, señores Juan Ignacio Silva y Augusto Bruna ; del Presidente y del asesor jurídico de la Asociación de Corredores de Propiedades ACOP. A.G., señores José Francisco Montalva y Patricio Figueroa ; del Director y del Secretario General de la Asociación de Corredores de Propiedades COPROCH. A.G., señores Edmundo Castro y Carlos Bravo ; de la Vicepresidenta, del Director y del asesor de la Asociación de Administradores de Edificios de Chile A.G., señora María Teresa Rodríguez y señores Claudio Canales y Jorge Wilson , y del Presidente de la Junta de Vigilancia y del asesor jurídico de la Comunidad Tomás Moro-Fleming de Santiago, señores José Riquelme Mellado y Arturo Barrios Arriagada .

V. ARTÍCULOS QUE DEBAN SER CONOCIDOS

POR LA COMISIÓN DE HACIENDA.

Vuestra Comisión estimó que el proyecto no contiene artículos que se encuentren en esta situación.

VI. DISCUSIÓN DEL PROYECTO.

Discusión general.

Hubo consenso en vuestra Comisión sobre la necesidad de legislar sobre el particular, atendido el hecho de que en un solo proyecto de ley se sistematiza toda la legislación aplicable al régimen de copropiedad inmobiliaria; se reconocen nuevas modalidades de condominios, se flexibiliza el mecanismo de los bienes comunes y se permite la participación de los copropietarios a través de sistemas de mayorías distintas y de quórum flexibles.

No obstante lo anterior, los señores Diputados integrantes de la Comisión plantearon, durante el debate, la conveniencia de incorporarle un nuevo Título, relativo a los condominios de viviendas sociales, que permita a un importante sector de nuestra población, carente de una adecuada organización, enfrentar con éxito los problemas que involucra la vida en comunidad.

Del mismo modo, hubo preocupación acerca del número de unidades que exige esta iniciativa legal para que puedan establecerse subadministraciones separadas en los grandes condominios, por tratarse de una materia compleja, en la cual no parece fácil determinarlo con exactitud.

Igualmente, se hizo hincapié en la conveniencia de establecer mayor flexibilidad para modificar la propuesta inicial del primer reglamento de copropiedad, en razón de que se estima que éste será impuesto por el primer propietario, a su arbitrio.

Finalmente, en lo relativo al corte de suministros básicos, por no pago de gastos comunes, vuestra Comisión fue partidaria de restringir solamente los consumos de energía eléctrica y de teléfonos, por estimar que los servicios de agua potable y de gas son esenciales para la salud de las personas y el bienestar de las familias.

Por las razones antes señaladas, vuestra Comisión prestó su aprobación en general al proyecto de ley, por unanimidad.

Discusión particular.

Los Títulos I, II, III y el Título IV, que pasa a ser V, por haberse intercalado, a continuación del Título III, un Título IV, nuevo, fueron aprobados, sin modificaciones, por unanimidad.

Se hace presente que el Título IV, nuevo, fue intercalado, a continuación del artículo 38, a través de la indicación formulada por S.E. el Presidente de la República , por oficio Nº 402-331, de 12 de septiembre de 1995, con objeto de incluir en esta ley normas destinadas a regular los condominios de viviendas sociales, pasando los artículos 39 al 43 del mensaje a ser artículos 49 al 53, respectivamente.

En el debate habido en la Comisión se tuvieron a la vista las observaciones formuladas por el Servicio Nacional del Consumidor, por el Instituto de Jueces de Policía Local, por la Asociación Chilena de Municipalidades, por la Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Santiago, por las Direcciones de Obras Municipales de Santiago, Las Condes, La Florida, La Pintana , Pudahuel, Valparaíso y Viña del Mar; por la Cámara Chilena de la Construcción, por las Asociaciones de Corredores de Propiedades (ACOP y COPROCH), por la Asociación de Aseguradores de Chile A.G., por la Asociación de Administradores de Edificios A.G., y por la Junta de Vigilancia de la Comunidad Tomás Moro-Fleming de Santiago. Algunas de ellas fueron acogidas como indicaciones respecto a determinados artículos del proyecto, en la forma que a continuación se señala:

ARTÍCULO 1º.

Otorga el derecho de acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria a todas aquellas construcciones o terrenos, con construcciones o sin ellas, emplazados en áreas normadas por el respectivo plan regulador o que estén dentro del límite urbano, con el fin de que las diversas unidades que los integran puedan pertenecer en dominio exclusivo a distintos propietarios, manteniéndose algunos bienes en el dominio común de todos ellos.

Hubo consenso en el seno de la Comisión en que el término “construcciones” podría ser equívoco y que era preferible utilizar la expresión “proyectos de construcción”, con lo cual el régimen de copropiedad inmobiliaria solamente puede extenderse a proyectos autorizados.

Por tal motivo, los Diputados señores ELIZALDE , ENCINA , MAKLUF Y PÉREZ, DON RAMÓN , presentaron una indicación para eliminar el vocablo “construcciones” la tercera vez que aparece en el texto propuesto, entre las palabras “o” y “que”.

-Puesto en votación el artículo 1º, con la indicación, fue aprobado por mayoría de votos.

ARTÍCULO 2º.

Este artículo, por medio de números, define los diversos conceptos generales que son utilizados en el proyecto de ley, de la siguiente manera:

Nº 1 DEL ARTÍCULO 2º.

Distingue dos tipos de condominios. El primero se refiere al que reconoce la legislación vigente, esto es, a aquel en que existe propiedad individual de una unidad construida y copropiedad sobre el terreno común. El segundo reconoce una nueva forma de condominio, consistente en la existencia de terrenos, con construcciones o sin ellas, en cuyo interior hay terrenos de dominio exclusivo y terrenos de dominio común.

Los Diputados señores ERRÁZURIZ , ELIZALDE y MAKLUF presentaron la siguiente indicación, de carácter formal, para reemplazar su texto, con el propósito de conferir una denominación específica a cada uno de estos tipos de condominios, distinguiendo entre condominios en altura y en extensión:

“1.- Condominios: a) En altura: las construcciones divididas en unidades emplazadas en un terreno de dominio común, y b) En extensión: los predios, con construcciones o sin ellas, en el interior de cuyos deslindes existan simultáneamente sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario y terrenos de dominio común de todos ellos. No podrán coexistir condominios en altura y condominios en extensión.”

-Puesta en votación, la indicación que sustituye el número 1, fue aprobada por mayoría de votos.

Nº 2 DEL ARTÍCULO 2º.

Define las unidades de un condominio como “cada una de las partes en que se divide un condominio, tales como pisos, departamentos, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales y otros, y cada uno de los sitios que se consideren para construir sobre ellos dominio exclusivo”.

Los Diputados señores ELIZALDE , ERRÁZURIZ y MAKLUF presentaron una indicación para reemplazar las expresiones “pisos, departamentos,” por el vocablo “viviendas”, por tratarse de un concepto más amplio y comprensivo en materia de condominios.

Puesto en votación el número 2 con la indicación, fue aprobado por mayoría de votos.

Nº 3 DEL ARTÍCULO 2º.

Reconoce como bienes comunes de carácter legal tanto los bienes imprescindibles como los bienes prescindibles. Los primeros, que no pueden dejar de ser comunes, son los necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio y los que permiten a cada propietario el uso y goce de las unidades de que se compone el condominio. Los segundos, están destinados al servicio, recreación y esparcimiento comunes de los propietarios y pueden ser enajenados por acuerdo de los copropietarios en asamblea extraordinaria.

-Puesto en votación, el número 3 fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

Nº 4 DEL ARTÍCULO 2º.

Consagra los bienes comunes de carácter convencional como “aquellos a los que se les otorgue tal carácter en el reglamento de copropiedad o que los copropietarios determinen usar o disfrutar en común”.

En el debate habido en la Comisión, surgió la necesidad de aclarar la definición, la que, dada su amplitud y generalidad, podría llevar a confundir los bienes de origen legal con los prescindibles.

Debido a ello, los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA , PÉREZ, don Ramón , y DE LA MAZA, patrocinaron una indicación para agregar a este número la siguiente frase final, reemplazando el punto (.) por una coma (,): “siempre que no sean de aquéllos a que se refiere el número 3 precedente.”

-Puesto en votación el número 4 con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

Nºs. 5, 6 y 7 DEL ARTÍCULO 2º.

Detallan lo que debe entenderse por bienes de dominio común de uso y goce exclusivo; por gastos comunes ordinarios, y por gastos de administración, respectivamente.

-Puestos en votación estos números, fueron aprobados, sin debate, por unanimidad.

Nº 8 DEL ARTÍCULO 2º.

Define lo que debe entenderse por gastos de mantención y precisa su concepto con ejemplos.

En relación con este tipo de gastos, los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA presentaron una indicación para reemplazar la expresión “e instalaciones” por la locución “maquinarias e instalaciones,” precedida por una coma (,).

-Puesto en votación este número con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

Nºs. 9, 10, 11 y 12 DEL ARTÍCULO 2º.

Consagran los conceptos de gastos de reparación; gastos de uso o consumo; gastos comunes extraordinarios, y de interesados, respectivamente.

-Puestos en votación estos números, fueron aprobados en los mismos términos, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO 3º.

Señala que cada copropietario es dueño exclusivo de su unidad y comunero en los bienes de dominio común y, además, otorga competencia al reglamento que se den los propios copropietarios para determinar el porcentaje o cuota de los bienes comunes que corresponde en dominio a cada unidad.

Hubo consenso entre los miembros de la Comisión en que el valor de la unidad debe determinarse con parámetros objetivos, como la superficie de la misma unidad, con objeto de evitar apreciaciones subjetivas o arbitrarias que incidan en la distribución de los gastos comunes del condominio.

Por ello, los Diputados señores ELIZALDE, ROCHA, VENEGAS, PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA presentaron una indicación para reemplazar su inciso segundo por el siguiente:

“El derecho que corresponde a cada unidad sobre los bienes de dominio común, de carácter legal o convencional, se determinará en el reglamento de copropiedad, atendiéndose para fijarlo, al avalúo fiscal o a la superficie de la respectiva unidad.”

-Puesto en votación este artículo con la indicación relativa al inciso segundo, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 4º.

Establece que los gastos comunes se determinarán a través del reglamento que rija a cada condominio, en proporción al valor de los derechos que por concepto de bienes comunes tenga cada copropietario. Asimismo, consagra legalmente la solidaridad en el pago de aquéllos, cuando la unidad pertenezca a dos o más personas, como también la obligación que tiene el dueño de una unidad de pagar los gastos comunes, aun cuando se encuentren devengados con anterioridad a la adquisición del bien.

Concordantemente con la modificación introducida en el artículo 3º, los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA patrocinaron una indicación para suprimir, en el inciso primero, la expresión “o en la forma que se establezca en el reglamento de copropiedad.”, agregando un punto (.) final a continuación de la palabra “común”.

-Puesto en votación el inciso primero con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

-Puesto en votación el inciso segundo, fue aprobado, sin debate, por la misma votación.

En lo que dice relación a los bienes comunes que sólo estén al servicio de un sector de un condominio, los mismos señores Diputados presentaron una indicación para reemplazar el inciso tercero por el siguiente:

“Si un condominio consta de diferentes sectores y comprende bienes o servicios destinados a servir únicamente a uno de esos sectores, sin perjuicio de la obligación de concurrir a los gastos comunes que impone el inciso primero precedente, el reglamento de copropiedad podrá establecer que los gastos inherentes a éstos serán sólo de cargo de los copropietarios del respectivo sector, en proporción al avalúo fiscal o a la superficie de la respectiva unidad, según determine el reglamento de copropiedad.”

-Puesta en votación la indicación que reemplaza el inciso tercero, fue aprobada por unanimidad.

-Puesto en votación el inciso cuarto, fue aprobado, sin discusión, por unanimidad.

-Por la misma votación, fue aprobado el artículo 4º.

ARTÍCULO 5º.

Otorga al administrador del condominio la posibilidad de aplicar una sanción al deudor moroso. Este puede solicitar de las empresas que proporcionen suministros básicos, como agua potable, energía eléctrica, gas o servicio telefónico, que suspendan el suministro de estos servicios, independientemente del pago oportuno que realice el moroso respecto de ellos.

Hubo un breve intercambio de opiniones respecto a la conveniencia de suspender consumos básicos, como lo son el agua y el gas, que estarían siendo restringidos para el copropietario, lo que afectaría a la salubridad de la vivienda y a la alimentación de la familia,

Como resultado de lo anterior, vuestra Comisión optó por excluir de dicho precepto los consumos de agua potable y de gas, para lo cual los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO , GARCÍA, don René Manuel ; PÉREZ VARELA y DE LA MAZA patrocinaron una indicación que sustituye su inciso tercero por el siguiente:

“Las empresas que proporcionen suministro de energía eléctrica o servicio telefónico, a requerimiento escrito del administrador y siempre que el reglamento de copropiedad así lo establezca, deberán suspender el servicio que proporcionan en un condominio, respecto de aquellas unidades cuyos copropietarios se encuentren en mora en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes. Si el condominio dispusiere de sistemas propios de control para el paso de energía eléctrica o de teléfonos que permitan la interrupción de estos servicios hacia las unidades, el reglamento de copropiedad podrá establecer que el administrador deberá proceder a la suspensión de dichos servicios respecto de las unidades cuyos copropietarios se encuentren en la misma situación antes descrita.”

Hubo, asimismo, debate acerca de la posible inconstitucionalidad de este inciso, y se concluyó que existen dos aspectos involucrados en ello.

Por una parte, se trata de una sanción para aquellos copropietarios que, estando al día en el pago de sus consumos, no pagan los gastos comunes, causando con ello un perjuicio a la comunidad.

En lo relativo a la implicancia constitucional, se señaló que la sanción deberá ser establecida en el reglamento de copropiedad, que será producto de un acuerdo de voluntades y que la medida, así estatuida, no constituye una limitación del dominio, según lo ha sostenido el constitucionalista señor José Luis Cea .

-Puesto en votación, el artículo con la indicación sustitutiva de su inciso tercero, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 6º.

Dispone que el cobro de los gastos comunes se efectuará por el administrador.

-Puesto en votación, el artículo fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO 7º.

Preceptúa que la administración de todo condominio debe considerar la formación de un fondo común de reserva, con el cual se atiendan las reparaciones de los bienes de dominio común de carácter legal o convencional o de gastos comunes urgentes o imprevistos.

Los Diputados señores VENEGAS , GARCÍA, don René Manuel ; PÉREZ, don Ramón ; ERRÁZURIZ , ELIZALDE y PÉREZ, don Víctor , presentaron una indicación que agrega la siguiente oración a su inciso segundo:

“Esta cuenta podrá ser la misma a que se refiere el inciso segundo del artículo 23.”

-Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado, por unanimidad.

ARTÍCULO 8º.

El inciso primero establece que en todo condominio deberá considerarse una cantidad mínima obligatoria de estacionamientos.

El inciso segundo permite que los sitios de un condominio tengan una superficie inferior a la exigida por el instrumento de planificación territorial respectivo, siempre que la suma de la superficie de los sitios y de los terrenos comunes, dividida por el número de sitios, sea igual o superior a la cabida mínima establecida por tal instrumento.

Hubo un breve debate, en el que algunos señores Diputados se refirieron a la conveniencia de consagrar legalmente una norma que precise que los planes reguladores comunales podrán establecer, en algunas zonas, uno o más estacionamientos por unidad y uno o más estacionamientos destinados a visitas, que no serán asignados a ninguna vivienda, con lo cual se aclaró que, si son exigidos por el plan regulador, tendrán la calidad de bienes comunes de carácter legal.

-Puestos en votación los incisos primero y segundo, fueron aprobados por asentimiento unánime.

En lo tocante al inciso tercero, que regula las construcciones en los sitios de un condominio, los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO ; GARCÍA, don René Manuel , y DE LA MAZA presentaron una indicación con objeto de eliminar la exigencia del límite de altura máxima que aparece en el texto del proyecto, del siguiente tenor:

“En cada uno de los sitios de un condominio que pertenezca en dominio exclusivo a cada copropietario, sólo podrán levantarse construcciones de una altura que no exceda la máxima permitida por el plan regulador o, en el silencio de éste, la que resulte de aplicar otras normas de dicho instrumento de planificación y las de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.”

-Puesto en votación el inciso tercero, nuevo, fue aprobado por unanimidad.

En lo relativo al inciso final, los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , PÉREZ OPAZO , ROCHA y DE LA MAZA patrocinaron una indicación para agregar la siguiente expresión, reemplazando previamente por una coma (,) el punto (.) con que finaliza dicho inciso: “salvo que concurran las circunstancias previstas en el inciso tercero del artículo 13.”

-Puesto en votación el inciso final con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

-Por la misma votación, fue aprobado el artículo 8º.

ARTÍCULO 9º.

Su inciso primero señala que todo condominio deberá cumplir con las normas de urbanización que indica la ley General de Urbanismo y Construcciones. Su inciso segundo regula un procedimiento para los casos de cesiones de áreas verdes y equipamiento, cuando los terrenos resulten de una superficie inferior a quinientos metros cuadrados.

Se produjo un breve debate en torno a que la norma establecida en el inciso segundo no es aplicable a las cesiones que deban efectuarse para equipamiento.

A causa de ello, los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO ; GARCÍA, don René Manuel , y DE LA MAZA presentaron una indicación respecto a dicho inciso, a fin de suprimir la expresión “y equipamiento”, las dos veces que se menciona, y agregar la siguiente oración, después del punto aparte (.), que pasa a ser punto (.) seguido:

“Lo anterior se aplicará igualmente a las superficies que deban cederse para equipamiento, cualquiera que sea el tamaño resultante, y, en caso de acordarse su compensación en dinero, la municipalidad sólo podrá invertir estos recursos en la ejecución de nuevas obras de equipamiento.”

-Puesto en votación el artículo con la indicación atinente al inciso segundo, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 10.

Señala el procedimiento para que un condominio pueda ser acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria.

Los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA patrocinaron una indicación que agrega la siguiente oración final a su inciso segundo:

“Este certificado deberá señalar las unidades que son enajenables dentro de cada condominio.”

-Puesto en votación el artículo con la indicación referente al inciso segundo, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 11.

Dispone que los planos deberán individualizar cada una de las unidades en que se divida un condominio, así como los sectores y los bienes de dominio común.

Los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA presentaron una indicación que reemplaza la expresión “y los bienes de dominio común, cada uno de ellos con su superficie y deslindes; los derechos de cada unidad sobre los bienes de dominio común, de conformidad al inciso segundo del artículo 3º”, por la locución “y los bienes de dominio común”.

-Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 12.

Indica que las escrituras públicas de transferencia de dominio de una unidad de un condominio deberán hacer referencia al plano a que alude el artículo anterior.

Los mismos señores Diputados patrocinaron una indicación para sustituir, en el número 4) del inciso segundo, la palabra “inmueble” por la expresión “condominio a que pertenece la unidad;”

-Puesto en votación el artículo con la indicación atinente al número 4) del inciso segundo, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 13.

Establece el modo en que cada copropietario podrá hacer uso de los bienes de dominio común, de carácter legal o convencional; cuáles bienes comunes podrán ser enajenados, y cuáles podrán asignarse en uso y goce exclusivo a uno o más copropietarios.

Los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA formularon una indicación para suprimir, en el inciso primero, la palabra “ordinario”, por estimar que la expresión “destino ordinario” puede inducir a equívocos.

Los mismos señores Diputados patrocinaron otra indicación, a fin de reemplazar, en el inciso tercero, la expresión “letra c) del artículo 2º” por la locución “letra c) del Nº 3 del artículo 2º”.

-Puesto en votación el artículo con ambas indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULOS 14 Y 15.

El artículo 14 establece que los derechos de cada copropietario en los bienes de dominio común son inseparables del dominio exclusivo de su respectiva unidad y el artículo 15 señala los requisitos que se deben cumplir para cambiar el destino de una unidad.

-Puestos en votación ambos artículos, fueron aprobados, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO 16.

Establece que las unidades de un condominio podrán hipotecarse y gravarse libremente, en la forma que se indica en este artículo.

Los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA presentaron una indicación, de carácter formal, que reemplaza en el inciso tercero, la expresión “permiso otorgado” por la locución “permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras Municipales.”

-Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 17.

Señala que todo lo concerniente a la administración de un condominio será resuelto por los copropietarios reunidos en asamblea, que las asambleas serán ordinarias y extraordinarias y precisa las materias que podrían tratarse en éstas.

Los Diputados señores ELIZALDE , ROCHA , VENEGAS , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA presentaron una indicación, de carácter formal, que reemplaza, en el número 5 del inciso quinto, la expresión “se refiere” por la locución “se refieren”.

Los mismos señores Diputados presentaron otra indicación para agregar, en el mismo inciso quinto, a continuación del número 6, el siguiente número 7, pasando los actuales números 7, 8 y 9 a ser números 8, 9 y 10, respectivamente:

“7.- Construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquéllos asignados en uso y goce exclusivo.”

-Puesto en votación el artículo con las indicaciones respecto del inciso quinto, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 18.

Regula las formalidades de la citación por carta certificada para la celebración de asambleas de copropietarios.

Los Diputados señores VENEGAS , ERRÁZURIZ , GARCÍA, don René Manuel ; PÉREZ, don Víctor ; PÉREZ, don Ramón , y ELIZALDE , patrocinaron una indicación para agregar, en el inciso segundo, la siguiente expresión, reemplazando previamente por una coma el punto con que finaliza dicho inciso:

“si la hubiere, o por el copropietario asistente que tenga mayores derechos en el condominio.”

-Puesto en votación el artículo, con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 19.

Fija los quórum que se requieren para efectuar las asambleas ordinarias y extraordinarias, así como también los quórum para adoptar acuerdos.

Se suscitó un breve debate acerca de la conveniencia de rebajar los quórum requeridos para que se constituyan las asambleas de copropietarios, al término del cual se concluyó que es necesario mantenerlos cuando se trate de citaciones a asambleas extraordinarias, en que, por el contenido de las materias (enajenación de bienes comunes; entrega de bienes comunes en uso y goce; modificación del reglamento de copropiedad, etc.), no resulta adecuado que puedan ser alteradas por mayorías circunstanciales.

Por este motivo, los señores Diputados ELIZALDE , ROCHA , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA formularon una indicación que sustituye, en el inciso segundo, la expresión “que representen el 80 por ciento”, por la locución “que representen a lo menos el 80 por ciento” y que reemplaza la frase “1 al 6” por “1 al 7”.

Además, hubo consenso acerca de la necesidad de rebajar la distancia que debe mediar entre la primera y segunda citación, por lo cual, los Diputados señores GARCÍA, don René Manuel ; PÉREZ OPAZO , VENEGAS y VEGA patrocinaron otra indicación que reemplaza, en el inciso tercero, la expresión “cuarenta y cinco días” por “quince días”.

-Puesto en votación el artículo con las indicaciones relativas a los incisos segundo y tercero, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 20.

Dispone que sólo pueden participar en las asambleas de copropietarios los interesados, personalmente o debidamente representados.

Los señores Diputados ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA , VEGA y PÉREZ OPAZO presentaron una indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 20.- Todo copropietario estará obligado a asistir a las asambleas respectivas, sea personalmente o debidamente representado. Si el copropietario no hiciere uso del derecho de designar apoderado o, habiéndolo designado, éste no asistiere, para este efecto se entenderá que acepta que asuma su representación el arrendatario o el ocupante a quien hubiere entregado la tenencia de su unidad, siempre que en el respectivo contrato así se hubiere establecido.

Sólo los copropietarios que tengan la calidad de interesados podrán concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. Cada interesado tendrá sólo un voto, que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común, de conformidad al inciso segundo del artículo 3º. El administrador no podrá representar a ningún copropietario en la asamblea.

La calidad de interesado se acreditará mediante certificado expedido por el administrador o por quien haga sus veces.”

-Puesta en votación la indicación sustitutiva del artículo 20, fue aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 21.

Establece que la asamblea de copropietarios deberá designar una junta de vigilancia de entre sus miembros, que tendrá la representación de la asamblea, con todas las facultades para el cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA, formularon una indicación con el propósito de que sea facultativa la constitución de una junta de vigilancia, debido a que en algunos condominios de tamaños pequeños no se justifica la existencia de dicha junta. Por ello, patrocinaron una indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 21.- La asamblea de copropietarios podrá designar una junta de vigilancia compuesta, a lo menos, de tres personas, que tendrá su representación con todas las facultades que ésta le delegue. No son delegables las materias que deban tratarse en sesiones extraordinarias. La junta de vigilancia durará en sus funciones el período que le fije la asamblea, el que no podrá exceder de tres años, y será presidida por el miembro que designe la asamblea, o en subsidio, la propia junta. Podrán ser designados miembros de la junta de vigilancia: a) las personas naturales que sean copropietarias en el condominio o sus cónyuges, y b) los representantes de las personas jurídicas que sean copropietarias en el condominio.”

-Puesta en votación la indicación sustitutiva del artículo 21, fue aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 22.

Dispone que todo condominio deberá ser administrado por un persona natural o jurídica, designada por la asamblea de copropietarios.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA formularon una indicación para reemplazar, en el inciso primero, las expresiones “miembros de la junta de vigilancia” e “integrar la junta de vigilancia” por las frases “miembros de la junta de vigilancia, en su caso”, e “integrar la junta de vigilancia, si la hubiere”, respectivamente, a fin de compatibilizar este precepto con la modificación del artículo anterior.

-Puesto en votación el artículo con la indicación al inciso primero, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 23.

Señala las facultades del administrador de un condominio, entre las cuales se cuenta la de representar en juicio activa o pasivamente a los copropietarios, en todas las causas concernientes a la administración y conservación del condominio; sancionar con el corte de los suministros básicos a todo copropietario moroso en el pago de tres o más cuotas de sus gastos comunes, y también la obligación de rendir cuenta documentada de su administración en las fechas que haya fijado la asamblea de copropietarios, o cuando ésta así lo requiera.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA , PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA presentaron una indicación para sustituir, en el inciso segundo, la expresión “a requerimiento del administrador o de la junta de vigilancia”, por la frase “a requerimiento del administrador o de la junta de vigilancia, si la hubiere,” y para suprimir, en el mismo inciso, la oración “Sin perjuicio de lo anterior, la junta de vigilancia podrá celebrar convenios, para la recaudación de los gastos comunes, con instituciones prestadoras de estos servicios.”

Los mismos señores Diputados presentaron otra indicación, para reemplazar, en el inciso tercero, la expresión “asamblea de copropietarios” por “asamblea de copropietarios o la junta de vigilancia, en su caso, y al término de su gestión”.

-Puesto en votación el artículo con ambas indicaciones, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULOS 24, 25 Y 26.

El artículo 24 indica que cualquier copropietario estará facultado para ejecutar actos urgentes de administración y de conservación, mientras no se proceda al nombramiento de administrador.

El artículo 25 establece la posibilidad de estatuir subadministraciones, encargadas de la gestión de alguna porción del condominio, manteniéndose una administración central.

El artículo 26 prescribe que la copia del acta de la asamblea válidamente celebrada tendrá mérito ejecutivo para el cobro de los gastos comunes acordados por la asamblea.

-Puestos en votación estos artículos, fueron aprobados, sin debate, por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 27.

Establece la obligación de suscribir un reglamento de copropiedad que regule todas las materias a que alude este proyecto y, en general, todas aquellas que se estime conveniente acordar.

Los Diputados señores ELIZALDE, VENEGAS, ROCHA, PÉREZ OPAZO y DE LA MAZA, con el objeto de ordenar las materias contenidas en el reglamento de copropiedad, formularon una indicación para reemplazarlo por el siguiente:

“Artículo 27.- Los copropietarios de un condominio deberán acordar reglamentos de copropiedad con los siguientes objetos:

a) Fijar con precisión sus derechos y obligaciones recíprocos;

b) Imponerse las limitaciones que estimen convenientes;

c) Dejar establecido que las unidades que integran el condominio, como asimismo los sectores en que se divide y los bienes de dominio común de carácter legal y convencional, están singularizados en los planos a que se refiere el artículo 11, señalando el número y la fecha de archivo de dichos planos en el Conservador de Bienes Raíces;

d) Señalar los derechos que corresponden a cada unidad sobre los bienes de dominio común, conforme a los cuales se determina la proporción que corresponde a cada unidad en la contribución a los gastos comunes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º;

e) Establecer lo concerniente a la administración y conservación de los bienes de dominio común;

f) Constituir derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios, sus alcances y limitaciones;

g) Otorgar a ciertos bienes el carácter de bienes comunes convencionales, y

h) En general, determinar su régimen administrativo.”

-Puesta en votación la indicación sustitutiva del artículo 27, fue aprobada por unanimidad.

ARTÍCULO 28.

Establece que el primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA , VEGA y PÉREZ OPAZO presentaron una indicación que sustituye la oración “El primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio” por esta otra: “El primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio y en él no podrán fijarse mayorías superiores a las establecidas en el artículo 19.”

-Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 29.

Se refiere a la vigencia del primer reglamento de copropiedad y a las normas supletorias contenidas en el reglamento de esta ley.

Hubo un breve intercambio de opiniones acerca de las materias que debe contener el reglamento de copropiedad.

- Puesto en votación el artículo, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 30.

Establece que las unidades deberán ser usadas en forma ordenada y tranquila, respetando su destinación específica, bajo la sanción de aplicación de multas por parte del tribunal competente.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA y DE LA MAZA presentaron una indicación que reemplaza, en el inciso primero, la expresión “el condominio está destinado o que deben presumirse de su naturaleza y ubicación o de la costumbre del lugar;” por la oración “el condominio está destinado según los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales”.

Los mismos señores Diputados patrocinaron otra indicación que agrega el siguiente inciso segundo, nuevo, pasando los actuales incisos segundo y tercero a ser incisos tercero y cuarto, respectivamente:

“El copropietario no podrá emplear su unidad o bienes comunes en forma contraria a la moral o a las buenas costumbres, ni arrendar su unidad o permitir el uso de bienes comunes a personas de notoria mala conducta, ni provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso, ni almacenar en su unidad materias que puedan dañar las otras unidades del condominio o los bienes comunes.”

-Puesto en votación el artículo con ambas indicaciones, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 31.

Otorga competencia al juez de policía local correspondiente para resolver los conflictos que afecten a los copropietarios entre sí, o entre éstos y el administrador, imponer sanciones por mal comportamiento de los copropietarios, exigir rendición de cuentas al administrador, todo con sujeción al procedimiento de los juzgados de policía local.

-Puesto en votación el artículo, fue aprobado, sin debate, por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 32.

Faculta a los copropietarios para que, en lugar del juez de policía local, otorguen competencia a un árbitro arbitrador de aquellos a que se refiere el artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales.

Hubo preocupación de parte de algunos señores Diputados respecto a la conveniencia de establecer esta institución, atendido el costo que puede representar para los propietarios. Después de un breve debate se acordó mantenerla, por su carácter opcional.

Puesto en votación el artículo en discusión, fue aprobado en los mismos términos, por unanimidad.

ARTÍCULO 33.

Establece la necesidad de contratar un seguro contra incendio por parte de cada copropietario sobre su respectiva unidad y sobre los bienes comunes de todo tipo, de acuerdo a la proporción de sus derechos.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA y DE LA MAZA, presentaron una indicación, de carácter formal, que sustituye, en el inciso primero, la expresión “los derechos que le corresponden sobre los bienes de dominio común” por la locución “los bienes de dominio común, en la proporción que le corresponde a la respectiva unidad”.

-Puesto en votación el artículo con la indicación relativa al inciso primero, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 34.

Regula la posibilidad de disolución del condominio en caso de destrucción del mismo en, al menos, sus tres cuartas partes.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA y VEGA patrocinaron una indicación que reemplaza la expresión “en sus tres cuartas partes” por la locución “en sus tres cuartas partes o la Municipalidad decretase la demolición, de conformidad a la legislación vigente en la materia”.

-Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULOS 35 Y 36.

El artículo 35 faculta a los copropietarios para adquirir los derechos de aquellos que no hubieren concurrido con su voto para la reconstrucción y establece las normas para fijar el valor de dichos derechos.

El artículo 36 faculta a la asamblea de copropietarios para acordar la reconstrucción del condominio en la situación que indica y el artículo 37 la autoriza para acordar su demolición, remodelación, rehabilitación o algún tipo de ampliación.

Hubo un intercambio de opiniones en cuanto al alcance del vocablo “rehabilitación”. Se concluyó que corresponde a un término urbanístico utilizado cuando se trata de la reparación de una vivienda.

-Puestos en votación ambos artículos, fueron aprobados, por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 37.

Establece las reglas que se aplicarán en los casos de la reconstrucción, demolición, remodelación, rehabilitación o ampliación de un condominio.

Los Diputados señores ELIZALDE , VENEGAS , ROCHA y DE LA MAZA presentaron una indicación que intercala, en la letra b) del inciso primero, a continuación de la coma (,) que sigue a la palabra “demolición”, el vocablo “remodelación”, seguido de una coma (,).

-Puesto en votación, el artículo con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 38.

Se refiere a que es irrevocable la resolución del Director de Obras Municipales que declara acogido un condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria y a la forma de dejarla sin efecto, a petición de la asamblea de copropietarios.

-Este artículo fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO 39.

El Ejecutivo presentó una indicación para considerar el siguiente artículo 39, nuevo:

“Artículo 39.- Los condominios de viviendas sociales se regirán por las disposiciones especiales contenidas en el presente Título, y en lo no previsto por éstas y siempre que no se contrapongan con lo establecido en ellas, se sujetarán a las normas de carácter general contenidas en los restantes Títulos de esta ley.”

-Puesto en votación este artículo, fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO 40.

El Ejecutivo presentó una indicación para contemplar el siguiente artículo 40, nuevo:

“Artículo 40.- Para los efectos de este Título se considerarán viviendas sociales las viviendas económicas de carácter definitivo, destinadas a resolver los problemas de marginalidad habitacional, cuyo valor de tasación no sea superior a cuatrocientas unidades de fomento.

El carácter de vivienda social será certificado por el Director de Obras Municipales respectivo, quien la tasará considerando la suma de los siguientes factores:

1. El valor del terreno, que será el de su avalúo fiscal vigente en la fecha de la solicitud del permiso.

2. El valor de construcción de la vivienda, según el proyecto presentado, que se evaluará conforme a la tabla de costos unitarios a que se refiere el artículo 127 de la ley General de Urbanismo y Construcciones.”

Hubo un breve intercambio de opiniones acerca del concepto de vivienda social, en el cual se concluyó que el Director de Obras Municipales, debe considerar en su tasación tanto el avalúo de la propiedad como la tabla de costos unitarios.

- Puesto en votación el artículo, fue aprobado, en los mismos términos, por unanimidad.

ARTÍCULO 41.

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar el siguiente artículo 41, nuevo:

“Artículo 41.- Los Gobiernos Regionales, las municipalidades y los Servicios de Vivienda y Urbanización, podrán invertir recursos en condominios de viviendas sociales emplazados en sus respectivos territorios, con los siguientes objetos:

a) Pago de remuneraciones de los administradores;

b) Pago de primas de seguros de incendio y adicionales para cubrir riesgos catastróficos de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, incendio a causa de terremoto u otros del mismo tipo;

c) En bienes de dominio común, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del condominio;

d) Gastos que demande la formalización del reglamento de copropiedad a que alude el artículo 44, y

e) Otros objetos que señale el reglamento de esta ley”.

Hubo debate respecto del alcance del vocablo “podrá” que utiliza este artículo, luego de lo cual se concluyó que se trata de una norma facultativa, que entrega una herramienta adecuada para que los organismos antedichos la usen en la forma que estimen conveniente.

En lo relativo a la utilización de los recursos, los Honorables Diputados miembros de vuestra Comisión, no fueron partícipes de autorizar el pago de remuneraciones para administradores provisionales.

Por el contrario, se llegó a un consenso, en el sentido de que los organismos antedichos deben contribuir al financiamiento de los otros gastos a que alude este artículo, por estimarse esenciales para una adecuada organización de los condominios de viviendas sociales.

Por estas razones, los Diputados señores GARCÍA, don René Manuel ; ERRÁZURIZ , VENEGAS , ELIZALDE , PÉREZ, don Ramón , y PÉREZ, don Víctor , presentaron la siguiente indicación:

“Para eliminar las letras a) y e) del artículo 41, y para que la letra c) pase a ser letra a); la letra d) pase a ser letra b), y la letra b) pase a ser letra c), respectivamente, en los mismos términos.”

-Puesto en votación el artículo 41 con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 42.

El Ejecutivo presentó una indicación para considerar el siguiente artículo 42, nuevo:

“Artículo 42.- Los Gobiernos Regionales, las municipalidades y los Servicios de Vivienda y Urbanización respectivos, a solicitud de la asamblea de copropietarios, previo acuerdo adoptado en sesión ordinaria, podrán designar administrador para los condominios de viviendas sociales. Esta designación podrá recaer en funcionarios de la respectiva institución o en personas ajenas a la misma cuyos servicios se contraten con este objeto.

Las personas designadas se desempeñarán temporalmente en el cargo de administrador, durante el plazo que se les fije al efecto, el cual no podrá exceder de dos años.

La asamblea de copropietarios, por acuerdo adoptado en sesión ordinaria, podrá solicitar a la respectiva entidad que hubiere designado al administrador, la sustitución de éste, por causa justificada.”

En la discusión de este artículo, intervino el Ministro de Vivienda y Urbanismo , señor Edmundo Hermosilla , quien manifestó que, al constituirse un condominio de viviendas sociales, se forma un grupo humano al que acceden personas de muy diversos lugares, absolutamente desconocidas entre sí y, en la mayor parte, sin formación previa sobre la vida en comunidad, la organización social, la acción que debe desarrollar una junta de vigilancia y la forma de llevar adelante la convivencia social.

Por estas razones, hizo presente la conveniencia de establecer, en los condominios de viviendas sociales, un ente nuevo, que ha tenido gran importancia en el desarrollo social comunitario de otras naciones.

Vuestra Comisión estimó de la mayor relevancia contar con un “servidor comunitario”, destinado por un breve periodo a ser el nexo entre los copropietarios; a ayudar en la organización social y en la formación de las juntas de vigilancia, administraciones y subadministración y, en general, a encauzarlos en las normas que deben regir la acción comunitaria.

Los integrantes de vuestra Comisión destacaron la inconveniencia de la duración de dos años, por estimarla excesiva y, principalmente, por la necesidad de eliminar de este artículo la posible participación de los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades, por considerar que los Servicios de Vivienda y Urbanización son las instituciones en las que debería recaer la responsabilidad en esta materia.

Por estas razones, los Diputados señores PÉREZ, don Víctor ; VENEGAS , ELIZALDE , ORTIZ y ENCINA patrocinaron una indicación para sustituir los incisos primero y segundo del artículo 42, por los siguientes:

“Artículo 42.- Los Servicios de Vivienda y Urbanización respectivos podrán designar, por una sola vez, en los condominios de viviendas sociales que carezcan de administrador, un servidor comunitario, quien actuará como administrador provisional.

La persona designada se desempeñará temporalmente mientras se designa el administrador definitivo, no pudiendo exceder el plazo de su desempeño de seis meses, contados desde su designación.”

-Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 43.

El Ejecutivo presentó una indicación para contemplar el siguiente artículo 43, nuevo:

“Artículo 43.- Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 31 y 32 de la presente ley, corresponderá a la respectiva municipalidad atender extrajudicialmente los conflictos que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador, pudiendo, para estos efectos, citar a reuniones a las partes en conflicto para que expongan sus problemas y proponer vías de solución, dejando constancia de lo obrado y de los acuerdos adoptados, en actas que se levantarán al efecto. La copia del acta correspondiente, autorizada por el Secretario Municipal respectivo, constituirá plena prueba de los acuerdos adoptados.”

En el seno de la Comisión, se señaló que la materia a que se refiere este artículo forma parte de una labor continua que debe ser atendida por los municipios, sin necesidad de respaldo legal alguno, razón por la cual se estimó necesario considerar favorablemente la disposición establecida en este precepto.

-Puesto en votación este artículo, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULOS 44, 45 Y 46

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar los siguientes artículos 44, 45 y 46, nuevos:

“Artículo 44.- No obstante lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 29 de esta ley, mediante resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se aprobará un reglamento de copropiedad tipo para los condominios de viviendas sociales, pudiendo cada condominio adaptar sus disposiciones a sus necesidades, no obstante lo cual, deberá someter este reglamento de copropiedad a las formalidades previstas en el artículo 28 de la presente ley.”

“Artículo 45.- Las empresas que proporcionen suministro de energía eléctrica, agua potable y gas, a un condominio de viviendas sociales, deberán cobrar, conjuntamente con las cuentas particulares de cada vivienda, la proporción que le corresponda a dicha unidad en los gastos comunes por concepto del servicio respectivo. Esta contribución se determinará en el respectivo reglamento de copropiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º de esta ley.”

“Artículo 46.- En relación con lo dispuesto en el artículo 9º de la presente ley, a los condominios de viviendas sociales se aplicará lo previsto en el Título 7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por decreto supremo Nº 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1992.”

-Puestos en votación estos artículos, fueron aprobados, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO 47.

El Ejecutivo presentó una indicación para agregar el siguiente artículo 47, nuevo:

“Artículo 47.- Tratándose de condominios de viviendas sociales integrados por más de un bloque, será obligatorio establecer subadministraciones por cada bloque, en la forma dispuesta en el artículo 25, cualquiera que sea el número de unidades que lo integren.”

El Diputado señor ELIZALDE presentó una indicación para agregar la palabra “independiente”, a continuación del vocablo “bloque”, la primera vez que se menciona.

-Puesto en votación el artículo con la indicación, fue aprobado por unanimidad.

ARTÍCULO 48.

El Ejecutivo presentó una indicación para considerar el siguiente artículo 48, nuevo:

“Artículo 48.- A los condominios de que trata este Título no les será exigible lo dispuesto en el artículo 7º y en el inciso segundo del artículo 23 de esta ley.”

-Este artículo fue aprobado, sin debate, por asentimiento unánime.

ARTÍCULOS 49, 50 Y 51.

(corresponden a los artículos 39, 40 y 41 del mensaje).

El artículo 49 indica que los estándares técnicos de diseño y de construcción exigibles para este tipo de construcciones se fijarán en la ley General de Urbanismo y Construcciones.

El artículo 50 deroga el Párrafo 3º “De los edificios y viviendas acogidos a la ley de Propiedad Horizontal”, del Capítulo I del Título III del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones.

El artículo 51 deroga la ley Nº 6.071, de 16 de agosto de 1937, sobre venta de pisos y departamentos.

-Estos artículos fueron aprobados, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO 52.

(corresponde al artículo 42 del mensaje).

Dispone la subsistencia de las disposiciones mencionadas en los artículos 50 y 51 para aquellos copropietarios que opten por mantenerse en el actual régimen de comunidad de copropietarios, dentro del plazo de un año, contado desde la publicación de esta ley en el Diario Oficial. En caso contrario, se entenderán sometidos al nuevo régimen creado por esta ley.

Los señores ELIZALDE, VENEGAS, ROCHA y DE LA MAZA presentaron una indicación, que agrega la siguiente frase final al inciso primero, con el objeto de aclarar que los copropietarios de condominios antiguos que se acojan a esta ley podrán optar por regirse por el reglamento de esta ley o aprobar su propio reglamento de acuerdo a sus disposiciones:

“y en tal caso se regirán por el reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 29, salvo que los copropietarios acordaren su propio reglamento de copropiedad de conformidad al artículo 27.”

Esta indicación fue aprobada por unanimidad. Posteriormente, y de conformidad a las normas reglamentarias, se reabrió debate sobre este artículo.

Los Diputados señores VENEGAS , ERRÁZURIZ , GARCÍA, don René Manuel ; PÉREZ, don Víctor ; PÉREZ, don Ramón , y ELIZALDE , presentaron una indicación que reemplaza la anterior, del siguiente tenor:

“y en tal caso se seguirán rigiendo por su propio reglamento de copropiedad vigente a esa fecha, en lo que no contravenga las normas de esta ley, y supletoriamente por el reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 29, todo lo anterior salvo que los copropietarios acordaren un nuevo reglamento de copropiedad en conformidad al artículo 27.”

-Puesto en votación, el artículo con la nueva indicación, fue aprobado por asentimiento unánime.

ARTÍCULO 53.

(corresponde al artículo 43 del mensaje).

Establece que las referencias que se hacen en la legislación vigente a las disposiciones legales derogadas, por medio de los artículos 50 y 51 se entenderán hechas a esta ley.

-Este artículo fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

Mantiene la vigencia del actual Reglamento sobre Comunidades de Copropietarios de Edificios, mientras no se dicte uno nuevo por parte del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

-Puesto en votación fue aprobado, sin debate, por unanimidad.

VI. SÍNTESIS DE LAS OPINIONES DE LOS DIPUTADOS CUYO VOTO

HUBIERE SIDO DISIDENTE DEL ACUERDO ADOPTADO

EN LA VOTACIÓN EN GENERAL DEL PROYECTO.

No las hubo.

VII. ARTÍCULOS O INDICACIONES RECHAZADOS POR LA COMISIÓN.

No los hubo.

VIII. TEXTO DEL PROYECTO DE LEY APROBADO POR LA COMISIÓN.

En mérito de las consideraciones anteriores y por las que, en su oportunidad, os podrá añadir el señor Diputado informante , vuestra Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano os recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY:

TÍTULO I.

DE LOS CONDOMINIOS.

Artículo 1º.- Podrán acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria para constituir condominios las construcciones o los terrenos, con construcciones o sin ellas, emplazados en áreas normadas por planes reguladores o que cuenten con límite urbano, o que correspondan a proyectos autorizados conforme al artículo 55 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, que cumplan con los requisitos establecidos en esta ley, con objeto de que las diversas unidades que los integran puedan pertenecer en dominio exclusivo a distintos propietarios, manteniendo algunos bienes en el dominio común de todos ellos.

Artículo 2º.- Para los efectos de esta ley, se entenderá por:

1. Condominios: a) En altura, las construcciones divididas en unidades emplazadas en un terreno de dominio común, y b) En extensión, los predios, con construcciones o sin ellas, en el interior de cuyos deslindes existan simultáneamente sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario y terrenos de dominio común de todos ellos. No podrán coexistir condominios en altura y condominios en extensión.

2. Unidades: cada una de las partes en que se divide un condominio, tales como viviendas, oficinas, locales comerciales, bodegas, estacionamientos, recintos industriales y otros, y cada uno de los sitios que se consideren para constituir sobre ellos dominio exclusivo.

3. Bienes de dominio común de carácter legal

a) Los que pertenecen a todos los copropietarios por ser necesarios para la existencia, seguridad y conservación del condominio, tales como los terrenos de dominio común, cimientos, fachadas, muros exteriores y soportantes, estructura, techumbres, instalaciones generales y ductos de calefacción, de aire acondicionado, de energía eléctrica, de alcantarillado, de gas, de agua potable y de sistemas de comunicaciones, recintos de calderas y estanques;

b) Aquellos que permiten a todos y a cada uno de los copropietarios el uso y goce de las unidades de su dominio exclusivo, tales como terrenos de dominio común, circulaciones horizontales y verticales, terrazas comunes, dependencias de servicio comunes, oficinas o dependencias destinadas al funcionamiento de la administración y a la habitación del personal, y

c) Los que estén destinados al servicio, la recreación y el esparcimiento comunes de los copropietarios.

4. Bienes de dominio común de carácter convencional: aquéllos a los que se les otorgue tal carácter en el reglamento de copropiedad o que los copropietarios determinen usar o disfrutar en común, siempre que no sean de aquéllos a que se refiere el número 3 precedente.

5. Bienes de dominio común de uso y goce exclusivo: los asignados expresamente en tal carácter a uno o más copropietarios.

6. Gastos comunes ordinarios: los gastos de administración, de mantención, de reparación y de uso o consumo del condominio.

7. Gastos de administración: los correspondientes a remuneraciones del personal de servicio, conserje y administrador, y los de previsión que procedan.

8. Gastos de mantención: los necesarios para el mantenimiento de los bienes de dominio común, tales como revisiones periódicas de orden técnico, aseo y lubricación de los servicios, maquinarias e instalaciones, reposición de luminarias, ampolletas, accesorios, equipos y útiles necesarios para la administración, mantención y aseo del condominio, y otros análogos.

9. Gastos de reparación: los que demande el arreglo de desperfectos o deterioros de los bienes de dominio común o el reemplazo de artefactos, piezas o partes de éstos.

10. Gastos de uso o consumo: los correspondientes a los servicios colectivos de calefacción, agua potable, gas, energía eléctrica, teléfonos u otros de igual naturaleza.

11. Gastos comunes extraordinarios: los gastos adicionales a los gastos comunes ordinarios.

12. Interesados: aquellos copropietarios que se encuentran al día en el pago de los gastos comunes.

Artículo 3º.- Cada copropietario será dueño exclusivo de su unidad y comunero en los bienes de dominio común.

El derecho que corresponde a cada unidad sobre los bienes de dominio común, de carácter legal o convencional, se determinará en el reglamento de copropiedad, atendiéndose, para fijarlo, al avalúo fiscal o a la superficie de la respectiva unidad.

Los avalúos fiscales de las diversas unidades de un condominio deberán determinarse separadamente.

Artículo 4º.- Cada copropietario deberá contribuir tanto a los gastos comunes ordinarios como a los gastos comunes extraordinarios, en proporción al derecho que le corresponde en los bienes de dominio común.

Si el dominio de una unidad perteneciere en común a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable del pago de la totalidad de los gastos comunes correspondientes a dicha unidad, sin perjuicio de su derecho a repetir lo pagado contra sus comuneros en la unidad, en la proporción que les corresponda.

Si un condominio consta de diferentes sectores y comprende bienes o servicios destinados a servir únicamente a uno de esos sectores, sin perjuicio de la obligación de concurrir a los gastos comunes que impone el inciso primero precedente, el reglamento de copropiedad podrá establecer que los gastos inherentes a éstos serán sólo de cargo de los copropietarios del respectivo sector, en proporción al avalúo fiscal o a la superficie de la respectiva unidad, según determine el reglamento de copropiedad.

La obligación del propietario de una unidad por los gastos comunes seguirá siempre al dominio de su unidad, aun respecto de los devengados antes de su adquisición, y el crédito correspondiente gozará de un privilegio de cuarta clase, que preferirá, cualquiera que sea su fecha, a los enumerados en el artículo 2481 del Código Civil, sin perjuicio del derecho del propietario para exigir el pago a su antecesor en el dominio constituido en mora y de la acción de saneamiento por evicción, en su caso.

Artículo 5º.- Cada copropietario deberá pagar los gastos comunes dentro de los diez días siguientes a la formulación de la respectiva cuenta. Si incurriere en mora en el pago de la cuenta, se devengará el interés máximo convencional.

El hecho de que un copropietario no haga uso efectivo de un determinado servicio o bien de dominio común, o que la unidad correspondiente permanezca desocupada por cualquier tiempo, no lo exime, en caso alguno, de la obligación de contribuir oportunamente al pago de los gastos comunes correspondientes.

Las empresas que proporcionen suministro de energía eléctrica o servicio telefónico, a requerimiento escrito del administrador y siempre que el reglamento de copropiedad así lo establezca, deberán suspender el servicio que proporcionan en un condominio, respecto de aquellas unidades cuyos copropietarios se encuentren en mora en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, de los gastos comunes. Si el condominio dispusiere de sistemas propios de control para el paso de energía eléctrica o de teléfonos que permitan la interrupción de estos servicios hacia las unidades, el reglamento de copropiedad podrá establecer que el administrador deberá proceder a la suspensión de dichos servicios respecto de las unidades cuyos copropietarios se encuentren en la misma situación antes descrita.

La norma anterior se aplicará en todos aquellos condominios en que sea posible la suspensión de los servicios respecto de cada unidad, sin afectar a la totalidad del condominio.

Artículo 6º.- El cobro de los gastos comunes se efectuará por el administrador del condominio. En el aviso de cobro correspondiente, deberá hacerse constar el derecho del respectivo copropietario en los bienes de dominio común de carácter legal o convencional, como asimismo la proporción en que debe contribuir a los gastos comunes.

El administrador podrá confeccionar presupuestos estimativos mensuales de gastos comunes por períodos anticipados y formular su cobro para su pago mensual anticipado, debiendo efectuar la correspondiente liquidación al término del siguiente período mensual, en relación a los gastos efectivamente producidos en el mes a que correspondió el cobro y a los pagos efectuados a cuenta de éstos.

Artículo 7º.- En la administración de todo condominio deberá considerarse la formación de un fondo común de reserva para atender a reparaciones de los bienes de dominio común de carácter legal o convencional o a gastos comunes urgentes o imprevistos. Este fondo se formará e incrementará con el porcentaje de recargo, no inferior al 5 por ciento ni superior al 20 por ciento, que la asamblea de copropietarios estime prudente fijar sobre el monto de los gastos comunes; con el producto de las multas e intereses que deban pagar, en su caso, los copropietarios, y con los aportes por concepto de uso y goce exclusivos sobre bienes de dominio común a que alude el inciso final del artículo 13.

Los recursos de este fondo se mantendrán en depósito en una cuenta corriente bancaria o en una cuenta de ahorro o en una cuenta de aquéllas a que se refiere la ley Nº 19.281, o se invertirán en instrumentos financieros que operen en el mercado de capitales, previo acuerdo adoptado por la asamblea. Esta cuenta podrá ser la misma a que se refiere el inciso segundo del artículo 23.

Artículo 8º.- En todo condominio deberá contemplarse la cantidad mínima obligatoria de estacionamientos que señale el plan regulador. Los estacionamientos que correspondan a la cuota mínima obligatoria antes mencionada sólo podrán enajenarse conjuntamente con la unidad a que han sido asignados. Los estacionamientos que excedan la cuota mínima obligatoria podrán enajenarse libremente. Los estacionamientos destinados a visitas tendrán el carácter de bienes comunes.

Los terrenos en que se emplacen los condominios no podrán tener una superficie predial inferior a la establecida en el instrumento de planificación territorial o a la exigida por las normas aplicables al área de emplazamiento del predio. Los tamaños prediales de los sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario podrán ser inferiores a los mínimos exigidos por los instrumentos de planificación territorial, siempre que la superficie total de todos ellos, sumada a la superficie de terreno en dominio común, sea igual o mayor a la que resulte de multiplicar el número de todas las unidades de dominio exclusivo por el tamaño mínimo exigido por el instrumento de planificación territorial. Para los efectos de este cómputo se excluirán las áreas que deban cederse conforme al artículo 9º.

En cada uno de los sitios de un condominio que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario, sólo podrán levantarse construcciones de una altura que no exceda la máxima permitida por el plan regulador o, en el silencio de éste, la que resulte de aplicar otras normas de dicho instrumento de planificación y las de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Los terrenos de dominio común y los sitios de dominio exclusivo de cada copropietario no podrán subdividirse ni lotearse mientras exista el condominio, salvo que concurran las circunstancias previstas en el inciso tercero del artículo 13.

Artículo 9º.- Todo condominio deberá cumplir con lo previsto en los artículos 66, 67, 70, 134, 135 y en los incisos primero y segundo del artículo 136 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones. Las calles, avenidas, plazas y espacios públicos que se incorporarán al dominio nacional de uso público conforme al artículo 135, antes citado, serán sólo aquellos que estuvieren considerados en el respectivo plan regulador.

Cuando las superficies que deban cederse para áreas verdes resulten inferiores a 500 metros cuadrados, podrán ubicarse en otros terrenos dentro de la misma comuna, o compensarse su valor en dinero, con una suma equivalente a la parte proporcional de esa superficie en el valor comercial del terreno, en cualquiera de ambos casos previo acuerdo con la municipalidad respectiva, la que sólo podrá invertir estos recursos en la ejecución de nuevas áreas verdes. Lo anterior se aplicará igualmente a las superficies que deban cederse para equipamiento, cualquiera que sea el tamaño resultante y, en caso de acordarse su compensación en dinero, la municipalidad sólo podrá invertir estos recursos en la ejecución de nuevas obras de equipamiento.

El terreno en que estuviere emplazado un condominio deberá tener acceso directo a un espacio de uso público o a través de servidumbres de tránsito. La franja afecta a servidumbre deberá tener, a lo menos, el ancho mínimo exigido por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones para los trazados viales urbanos, según la función que se le asigne en el proyecto, con la conformidad de la Dirección de Obras Municipales, o la que le haya asignado el instrumento de planificación territorial. Los sitios que pertenezcan en dominio exclusivo a cada copropietario deberán tener acceso directo a un espacio de uso público o a través de espacios de dominio común destinados a la circulación.

Artículo 10.- Para acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria, todo condominio deberá cumplir con las normas exigidas por esta ley y su reglamento, por la ley General de Urbanismo y Construcciones, por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, por los instrumentos de planificación territorial y por las normas que regulan el área de emplazamiento del condominio.

Corresponderá a los Directores de Obras Municipales verificar que un condominio cumple con lo dispuesto en el inciso anterior y extender el certificado que lo declare acogido al régimen de copropiedad inmobiliaria, haciendo constar en el mismo la fecha y la notaría en que se redujo a escritura pública el primer reglamento de copropiedad y la foja y el número de su inscripción en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces. Este certificado deberá señalar las unidades que son enajenables dentro de cada condominio.

Artículo 11.- Los planos deberán singularizar claramente cada una de las unidades en que se divide un condominio, los sectores en el caso a que se refiere el inciso tercero del artículo 4º y los bienes de dominio común. Estos planos deberán contar con la aprobación del Director de Obras Municipales y se archivarán en una sección especial del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo, en estricto orden numérico, conjuntamente con el certificado a que se refiere el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 12.- Las escrituras públicas mediante las cuales se transfiera el dominio de una unidad de un condominio deberán hacer referencia al plano a que alude el artículo anterior, y en la escritura en que se transfiera por primera vez el dominio de una de esas unidades, además, deberá insertarse el certificado mencionado en el inciso segundo del artículo 10.

La inscripción del título de propiedad y de otros derechos reales sobre una unidad contendrá las siguientes menciones:

1) La fecha de la inscripción;

2) La naturaleza, fecha del título y la notaría en que se extendió;

3) Los nombres, apellidos y domicilios de las partes;

4) La ubicación y los deslindes del condominio a que pertenece la unidad;

5) El número y la ubicación que corresponde a la unidad en el plano de que trata el artículo 11, y

6) La firma del Conservador.

Artículo 13.- Cada copropietario podrá servirse de los bienes de dominio común, de carácter legal o convencional, siempre que los emplee según su destino y sin perjuicio del uso legítimo de los demás copropietarios. Sólo la asamblea de copropietarios podrá acordar efectuar construcciones o alteraciones en bienes comunes y cambiar su destino, cumpliendo con las normas vigentes en la materia.

No podrán dejar de ser de dominio común, los bienes de dominio común de carácter legal a que se refieren las letras a) y b) del Nº 3 del artículo 2º.

Sólo podrán enajenarse los bienes de dominio común a que se refiere la letra c) del Nº 3 del artículo 2º, como asimismo los mencionados en las letras a) y b) del mismo precepto, cuando dejen de tener las características señaladas en dichas letras por circunstancias sobrevinientes, y los bienes de dominio común a que se refiere el Nº 4 del artículo 2º.

Sólo podrán asignarse en uso y goce exclusivo a uno o más copropietarios los bienes de dominio común mencionados en el inciso precedente. El uso y goce exclusivo no autorizará al copropietario titular de esos derechos para efectuar construcciones o alteraciones en dichos bienes, o para cambiar su destino, sin contar previamente con permiso de la Dirección de Obras Municipales y acuerdo de la asamblea. Serán de cargo del titular de estos derechos los gastos de mantención y conservación de dichos bienes. Asimismo, éste podrá estar afecto al pago de aportes en dinero por el uso y goce exclusivos, de acuerdo a lo que se señale en el reglamento de copropiedad. Estos recursos incrementarán el fondo común de reserva.

Artículo 14.- Los derechos de cada copropietario en los bienes de dominio común son inseparables del dominio exclusivo de su respectiva unidad y, por tanto, se entenderán comprendidos esos derechos en la transferencia del dominio, gravamen o embargo de la respectiva unidad. Lo anterior se aplicará igualmente respecto de los derechos de uso y goce exclusivos que se les asignen sobre los bienes de dominio común.

Artículo 15.- Para cambiar el destino de una unidad, se requerirá que el nuevo uso esté permitido por el instrumento de planificación territorial y que el copropietario obtenga, además del permiso de la Dirección de Obras Municipales, el acuerdo previo de la asamblea.

Artículo 16.- Las unidades de un condominio podrán hipotecarse o gravarse libremente, sin que para ello se requiera acuerdo de la asamblea, subsistiendo la hipoteca o gravamen en los casos en que se ponga término a la copropiedad.

La hipoteca o gravamen constituidos sobre una unidad gravarán automáticamente los derechos que le corresponden en los bienes de dominio común, quedando amparados por la misma inscripción.

Se podrá constituir hipoteca sobre una unidad de un condominio en etapa de proyecto o en construcción, para lo cual se archivará provisionalmente un plano en el Conservador de Bienes Raíces, en el que estén singularizadas las respectivas unidades, de acuerdo al permiso de construcción otorgado por la Dirección de Obras Municipales. Esta hipoteca gravará la cuota que corresponde a dicha unidad en el terreno desde la fecha de la inscripción de la hipoteca y se radicará exclusivamente en dicha unidad y en los derechos que le corresponden a ésta en los bienes de dominio común, sin necesidad de nueva escritura ni inscripción, desde la fecha del certificado a que se refiere el inciso segundo del artículo 10, procediéndose al archivo definitivo del plano señalado en el artículo 11.

La inscripción de la hipoteca o gravamen de una unidad contendrá, además de las menciones señaladas en los números 1º, 2º, 4º y 5º del artículo 2432 del Código Civil, las que se expresan en los números 4) y 5) del inciso segundo del artículo 12 de esta ley.

TÍTULO II.

DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CONDOMINIOS.

Artículo 17.- Todo lo concerniente a la administración del condominio será resuelto por los copropietarios reunidos en asamblea.

Las sesiones de la asamblea serán ordinarias y extraordinarias.

Las sesiones ordinarias se celebrarán, a lo menos, una vez al año, en la época que señale el reglamento de copropiedad, oportunidad en la que la administración deberá dar cuenta documentada de su gestión correspondiente a los últimos doce meses y en ellas podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses de los copropietarios y adoptarse los acuerdos correspondientes, salvo los que sean materia de sesiones extraordinarias.

Las sesiones extraordinarias tendrán lugar cada vez que lo exijan las necesidades del condominio, o a petición de la junta de vigilancia o de los copropietarios que representen, a lo menos, el veinte por ciento de los derechos en el condominio, y en ellas sólo podrán tratarse asuntos y adoptarse acuerdos relacionados directamente con los temas incluidos en la citación.

Las siguientes materias sólo podrán tratarse en sesiones extraordinarias de la asamblea:

1. Modificación del reglamento de copropiedad.

2. Cambio de destino de las unidades del condominio.

3. Constitución de derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios.

4. Enajenación de bienes de dominio común o la constitución de gravámenes sobre ellos.

5. Reconstrucción, demolición, remodelación, rehabilitación o ampliaciones del condominio, a que se refieren los artículos 35 y 36.

6. Petición a la Dirección de Obras Municipales para que se deje sin efecto la declaración que acogió el condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria, o su modificación.

7. Construcciones en los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de dichos bienes, incluso de aquéllos asignados en uso y goce exclusivo.

8. Remoción parcial o total de los miembros de la junta de vigilancia.

9. Gastos o inversiones extraordinarios que excedan, en un período de doce meses, del equivalente a seis cuotas de gastos comunes ordinarios del total del condominio.

10. Disolución de la copropiedad a que se refiere el artículo 34.

Artículo 18.- El administrador, o si éste no lo hiciere, el presidente de la junta de vigilancia, deberá citar a asamblea a todos los copropietarios o apoderados, personalmente o mediante carta certificada dirigida al domicilio registrado para estos efectos en la oficina de la administración, con una anticipación mínima de cinco días y que no exceda de quince. Si no lo hubiere registrado, se entenderá para todos los efectos que tiene su domicilio en la respectiva unidad del condominio. Si la citación se hiciere en virtud de resolución judicial, deberá notificarse en la forma prescrita en la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.

Las sesiones de la asamblea deberán celebrarse en el condominio, salvo que la asamblea acuerde otro lugar, y deberán ser presididas por el presidente de la junta de vigilancia, si la hubiere, o por el copropietario asistente que tenga mayores derechos en el condominio.

Artículo 19.- Las asambleas ordinarias se constituirán en primera citación con la asistencia de los copropietarios que representen, a lo menos, el sesenta por ciento de los derechos en el condominio; y en segunda citación, con la asistencia de los copropietarios que concurran, adoptándose en ambos casos los acuerdos respectivos por la mayoría absoluta de los asistentes.

Las asambleas extraordinarias se constituirán en primera citación con la asistencia de los copropietarios que representen, a lo menos, el ochenta por ciento de los derechos en el condominio; y en segunda citación, con la asistencia de los copropietarios que representen, a lo menos, el sesenta por ciento de los derechos en el condominio, adoptándose en ambos casos los acuerdos con el voto favorable del setenta y cinco por ciento de los derechos asistentes. Se exceptúan de lo anterior las materias señaladas en los números 1 al 7 del artículo 17, para las cuales se requerirá el acuerdo adoptado por los asistentes que representen, a lo menos, el setenta y cinco por ciento de los derechos en el condominio. Las modificaciones del reglamento de copropiedad que incidan en la alteración del porcentaje de los derechos de los copropietarios sobre los bienes de dominio común requerirán el acuerdo de la unanimidad de los copropietarios.

Tanto en las asambleas ordinarias como en las extraordinarias, entre la primera y la segunda citación, deberá mediar un lapso no inferior a cinco días ni superior a quince días.

Si no se reunieren los quórum necesarios para sesionar o para adoptar acuerdos, el administrador o cualquier copropietario podrá ocurrir al juez para que adopte las medidas conducentes. Se procederá en este caso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 654 del Código de Procedimiento Civil. A las resoluciones que se dicten en esta gestión se aplicará lo dispuesto en el Título III de la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.

Artículo 20.- Todo copropietario estará obligado a asistir a las asambleas respectivas, sea personalmente o debidamente representado. Si el copropietario no hiciere uso del derecho de designar apoderado o, habiéndolo designado, éste no asistiere, para este efecto se entenderá que acepta que asuma su representación el arrendatario o el ocupante a quien hubiere entregado la tenencia de su unidad, siempre que en el respectivo contrato así se hubiere establecido.

Sólo los copropietarios que tengan la calidad de interesados podrán concurrir con su voto a los acuerdos que se adopten. Cada interesado tendrá sólo un voto, que será proporcional a sus derechos en los bienes de dominio común, de conformidad al inciso segundo del artículo 3º. El administrador no podrá representar a ningún copropietario en la asamblea.

La calidad de interesado se acreditará mediante certificado expedido por el administrador o por quien haga sus veces.

Artículo 21.- La asamblea de copropietarios podrá designar una junta de vigilancia compuesta, a lo menos, de tres personas, que tendrá su representación y las facultades que ésta le delegue. No son delegables las materias que deban tratarse en sesiones extraordinarias. La junta de vigilancia durará en sus funciones el período que le fije la asamblea, el que no podrá exceder de tres años, y será presidida por el miembro que designe la asamblea o, en subsidio, la propia junta. Podrán ser designados miembros de la junta de vigilancia: a) las personas naturales que sean copropietarias en el condominio o sus cónyuges, y b) los representantes de las personas jurídicas que sean copropietarias en el condominio.

Artículo 22.- Todo condominio será administrado por la persona natural o jurídica designada por la asamblea de copropietarios y su nombramiento deberá constar en la respectiva acta de la asamblea en que se adoptó el acuerdo pertinente, reducida a escritura pública por la persona expresamente facultada para ello en la misma acta o, si no se expresare, por cualquiera de los miembros de la junta de vigilancia, en su caso. Copia autorizada de esta acta deberá mantenerse en el archivo de documentos del condominio. El administrador no podrá integrar la junta de vigilancia, si la hubiere.

El administrador deberá rendir la fianza o garantía que exija la asamblea de copropietarios y, si fuere persona natural, ser mayor de edad capaz de contratar y disponer libremente de sus bienes. La asamblea podrá, en todo caso, eximir al administrador de la obligación de rendir fianza o garantía.

Las personas jurídicas deberán tener entre sus objetivos la administración de condominios.

El administrador se mantendrá en sus funciones mientras cuente con la confianza de la asamblea y podrá ser removido en cualquier momento por acuerdo de la misma.

Artículo 23.- Corresponderá al administrador cuidar y vigilar los bienes de dominio común; ejecutar los actos de administración y conservación y los de carácter urgente sin recabar previamente acuerdo de la asamblea, sin perjuicio de su posterior ratificación; cobrar y recaudar los gastos comunes; velar por la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias sobre copropiedad inmobiliaria y las del reglamento de copropiedad; representar en juicio activa y pasivamente a los copropietarios, con las facultades del inciso primero del artículo 7º del Código de Procedimiento Civil, en las causas concernientes a la administración y conservación del condominio, sea que se promuevan con cualquiera de ellos o con terceros; citar a reunión de la asamblea; pedir al tribunal competente que aplique los apremios o sanciones que procedan al copropietario u ocupante que infrinja las limitaciones o restricciones que en el uso de su unidad le imponen esta ley, su reglamento y el reglamento de copropiedad. Le corresponderán, asimismo, las funciones y facultades que se establezcan en el reglamento de esta ley, en el reglamento de copropiedad y las que específicamente le conceda la asamblea de copropietarios.

El administrador deberá mantener una cuenta corriente bancaria o una cuenta de ahorro o una cuenta de aquéllas a que se refiere la ley Nº 19.281, exclusiva del condominio, sobre la que podrá girar, sin perjuicio de que la asamblea acuerde que un miembro de la junta de vigilancia firme conjuntamente con aquél. Las entidades correspondientes, a requerimiento del administrador o de la junta de vigilancia, si la hubiere, procederán a la apertura de la cuenta a nombre del respectivo condominio, en que se registre el nombre de la o de las personas habilitadas.

El administrador estará obligado a rendir cuenta documentada de su administración en las épocas que se le hayan fijado y, además, cada vez que se lo solicite la asamblea de copropietarios, en su caso, y al término de su gestión. Para estos efectos, los copropietarios tendrán acceso a la documentación correspondiente.

Artículo 24.- Mientras se proceda al nombramiento de administrador, cualquiera de los copropietarios podrá ejecutar por sí solo los actos urgentes de administración y conservación.

En caso de desacuerdo o negligencia para designar administrador, éste será designado por el tribunal, a petición de cualquiera de los copropietarios. Se procederá, en este caso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 654 del Código de Procedimiento Civil. A las resoluciones que se dicten en esta gestión serán aplicables las normas del Título III de la ley Nº 18.287, sobre procedimiento ante los juzgados de policía local.

Artículo 25.- El reglamento de copropiedad podrá establecer subadministraciones en un mismo condominio, debiendo siempre mantenerse una administración central. Para estos efectos, la porción del condominio correspondiente a cada subadministración deberá constar en un plano complementario de aquél a que se refiere el artículo 11. El reglamento de copropiedad especificará las funciones de las subadministraciones y su relación con la administración central.

Lo dispuesto en el inciso anterior será obligatorio para los condominios integrados por más de 150 unidades, excepto aquéllos constituidos por un solo edificio.

Artículo 26.- La copia del acta de la asamblea válidamente celebrada, autorizada por el administrador, en que se acuerden gastos comunes, tendrá mérito ejecutivo para el cobro de los mismos. Igual mérito tendrán los avisos de cobro de dichos gastos comunes, extendidos de conformidad al acta, siempre que se encuentren firmados por el administrador.

Demandadas estas prestaciones, se entenderán comprendidas en la acción iniciada las de igual naturaleza a las reclamadas, que se devenguen durante la tramitación del juicio.

Artículo 27.- Los copropietarios de un condominio deberán acordar reglamentos de copropiedad con los siguientes objetos:

a) Fijar con precisión sus derechos y obligaciones recíprocos;

b) Imponerse las limitaciones que estimen convenientes;

c) Dejar establecido que las unidades que integran el condominio, como asimismo los sectores en que se divide y los bienes de dominio común de carácter legal y convencional, están singularizados en los planos a que se refiere el artículo 11, señalando el número y la fecha de archivo de dichos planos en el Conservador de Bienes Raíces;

d) Señalar los derechos que corresponden a cada unidad sobre los bienes de dominio común, conforme a los cuales se determina la proporción que corresponde a cada unidad en la contribución a los gastos comunes, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 4º;

e) Establecer lo concerniente a la administración y conservación de los bienes de dominio común;

f) Constituir derechos de uso y goce exclusivo de bienes de dominio común a favor de uno o más copropietarios, sus alcances y limitaciones;

g) Otorgar a ciertos bienes el carácter de bienes comunes convencionales, y

h) En general, determinar su régimen administrativo.

Artículo 28.- El primer reglamento de copropiedad será dictado por la persona natural o jurídica propietaria del condominio y en él no podrán fijarse mayorías superiores a las establecidas en el artículo 19. Este instrumento deberá ser reducido a escritura pública e inscrito en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces respectivo como exigencia previa para obtener el certificado a que alude el inciso segundo del artículo 10.

Artículo 29.- El reglamento de copropiedad a que se refiere el artículo precedente se mantendrá vigente mientras los copropietarios reunidos en asamblea no acuerden su modificación o sustitución, debiendo observarse al respecto las mismas formalidades señaladas en el artículo anterior.

En la modificación del reglamento de copropiedad que acuerden los copropietarios, se podrán exigir mayorías superiores a las señaladas en el artículo 19 para reunirse válidamente o para adoptar acuerdos sobre diversas materias relativas a la administración del condominio.

En el silencio del reglamento de copropiedad, regirán las normas del reglamento de esta ley, que se aprobará mediante decreto supremo dictado a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Las normas del reglamento de copropiedad serán obligatorias para los copropietarios, para quienes les sucedan en el dominio y para los ocupantes de las unidades a cualquier título.

Artículo 30.- Cada copropietario usará de su unidad en forma ordenada y tranquila. No podrá, en consecuencia, hacerlo servir a otros objetos que los convenidos en el reglamento de copropiedad o, en el silencio de éste, a aquéllos a que el condominio está destinado según los planos aprobados por la Dirección de Obras Municipales; ni ejecutar acto alguno que perturbe la tranquilidad de los demás copropietarios o que comprometa la seguridad, salubridad y habitabilidad del condominio o de sus otras unidades.

El copropietario no podrá emplear su unidad o bienes comunes en forma contraria a la moral o a las buenas costumbres, ni arrendar su unidad o permitir el uso de bienes comunes a personas de notoria mala conducta, ni provocar ruidos en las horas que ordinariamente se destinan al descanso, ni almacenar en su unidad materias que puedan dañar las otras unidades del condominio o los bienes comunes.

Iguales restricciones regirán respecto del arrendatario y demás personas a quienes el copropietario conceda el uso o el goce de su unidad.

El tribunal, a petición del administrador o de cualquier copropietario, podrá aplicar al infractor multa equivalente desde una a tres unidades tributarias mensuales, y repetir esta medida hasta que cese la infracción, todo lo cual se entenderá sin perjuicio de las indemnizaciones que en derecho correspondan.

Artículo 31.- Las infracciones de esta ley, de su reglamento y de los reglamentos de copropiedad y las contiendas que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador, como asimismo en lo concerniente al cobro de gastos comunes, serán de competencia de los juzgados de policía local correspondientes, y se sujetarán al procedimiento establecido en la ley Nº 18.287, para lo cual estos tribunales estarán investidos de todas las facultades necesarias para la resolución de estas controversias, pudiendo declarar la nulidad de los acuerdos adoptados con infracción de las normas de esta ley y de su reglamento o de las de los reglamentos de copropiedad; citar a asamblea si el administrador o el presidente de la junta de vigilancia no lo hiciere; exigirle al administrador rendiciones de cuentas, fijándole plazo para ello y, en caso de infracción, aplicarle las sanciones indicadas en el inciso final del artículo anterior; remover al administrador en caso de incumplimiento grave de sus obligaciones y, en general, adoptar todas las medidas necesarias para la solución de los conflictos que afecten a los copropietarios.

Artículo 32.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, los copropietarios podrán someter esas controversias a la resolución del juez árbitro arbitrador a que se refiere el artículo 223 del Código Orgánico de Tribunales. En contra de la sentencia arbitral, se podrán interponer los recursos de apelación y de casación en la forma, conforme a lo previsto en el artículo 239 de ese mismo Código.

El árbitro deberá ser designado por acuerdo de la asamblea y, a falta de acuerdo, por el juez letrado de turno, pudiendo ser sustituido o removido en cualquier momento por acuerdo de la asamblea, siempre que no esté conociendo causas pendientes.

TÍTULO III.

DE LA SEGURIDAD DEL CONDOMINIO Y DEL TÉRMINO

O MODIFICACIÓN DE LA COPROPIEDAD INMOBILIARIA.

Artículo 33.- Todas las unidades de un condominio deberán ser aseguradas contra riesgo de incendio, incluyéndose en el seguro los bienes de dominio común en la proporción que le corresponde a la respectiva unidad. Cada copropietario deberá contratar este seguro y, en caso de no hacerlo, lo contratará el administrador por cuenta y cargo de aquél, formulándole el cobro de la prima correspondiente conjuntamente con el de los gastos comunes, indicando su monto en forma desglosada de éstos. Al pago de lo adeudado por este concepto, se aplicarán las mismas normas que rigen para los gastos comunes.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá mantenerse en el archivo de documentos del condominio un plano del mismo, con indicación de los grifos, sistemas de electricidad, agua potable, alcantarillado y calefacción, de seguridad contra incendio y cualquier otra información que sea necesario conocer para casos de emergencia.

Artículo 34.- Si un condominio se destruyere en su totalidad o, a lo menos, en sus tres cuartas partes o la municipalidad decretase la demolición, de conformidad a la legislación vigente en la materia, la asamblea de copropietarios podrá acordar la disolución de la copropiedad y la venta del terreno y de los materiales.

Artículo 35.- Si la destrucción a que se refiere el artículo anterior fuere inferior a lo allí señalado, la asamblea de copropietarios podrá acordar su reconstrucción, quedando autorizados los copropietarios para adquirir los derechos de aquellos que no hubieren concurrido con su voto a favor de la reconstrucción, para lo cual deberá recurrirse al tribunal que corresponda, conforme a los artículos 31 ó 32, el cual, oyendo a las partes, determinará, para estos efectos, el valor de dichos derechos.

Artículo 36.- Lo dispuesto en el artículo anterior se aplicará asimismo en caso de que se acordare la demolición del condominio, su remodelación, rehabilitación o ampliación del mismo.

Artículo 37.- En los casos a que se refieren los artículos 35 y 36, se deberá estar a las siguientes reglas:

a) Cada copropietario deberá concurrir a los costos de reconstrucción, demolición, remodelación, rehabilitación o ampliaciones de los bienes de dominio común, en proporción a los derechos que sobre ellos tenga. La copia del acta de la asamblea válidamente celebrada en que se acuerde la cuota correspondiente a cada copropietario tendrá mérito ejecutivo para su cobro;

b) El costo de reconstrucción, demolición, remodelación, rehabilitación o ampliaciones de cada unidad, será de cargo del respectivo copropietario, y

c) Si por no contribuirse oportunamente a los costos a que aluden las letras anteriores, se viere disminuido el valor del condominio, o surgiere una situación de riesgo o peligro no cubierto, el copropietario causante responderá de todo daño o perjuicio.

En casos de reconstrucción, remodelación, rehabilitación o ampliaciones, subsistirán las hipotecas y gravámenes en las mismas condiciones en que fueron constituidos.

Artículo 38.- La resolución del Director de Obras Municipales que declare acogido un condominio al régimen de copropiedad inmobiliaria será irrevocable por decisión unilateral de esa autoridad.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la asamblea podrá solicitar del Director de Obras Municipales que proceda a modificar o a dejar sin efecto dicha declaración, debiendo, en todo caso, cumplirse con las normas vigentes sobre urbanismo y construcciones para la gestión ulterior respectiva. Si se deja sin efecto dicha declaración, la comunidad que se forme entre los copropietarios se regirá por las normas del derecho común.

El Director de Obras Municipales tendrá un plazo de treinta días corridos para pronunciarse sobre la solicitud a que se refiere el inciso anterior, contado desde la fecha de la presentación de la misma. Será aplicable a este requerimiento lo dispuesto en los incisos segundo, tercero y cuarto del artículo 118 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones.

TÍTULO IV.

DE LOS CONDOMINIOS DE VIVIENDAS SOCIALES.

Artículo 39.- Los condominios de viviendas sociales se regirán por las disposiciones especiales contenidas en este Título y, en lo no previsto por éstas y siempre que no se contrapongan con lo establecido en ellas, se sujetarán a las normas de carácter general contenidas en los restantes Títulos de esta ley.

Artículo 40.- Para los efectos de este Título, se considerarán viviendas sociales las viviendas económicas de carácter definitivo, destinadas a resolver los problemas de la marginalidad habitacional, cuyo valor de tasación no sea superior a 400 unidades de fomento.

El carácter de vivienda social será certificado por el Director de Obras Municipales respectivo, quien la tasará considerando la suma de los siguientes factores:

1. El valor del terreno, que será el de su avalúo fiscal vigente en la fecha de la solicitud del permiso.

2. El valor de construcción de la vivienda, según el proyecto presentado, que se evaluará conforme a la tabla de costos unitarios a que se refiere el artículo 127 de la ley General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 41.- Los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y los Servicios de Vivienda y Urbanización podrán invertir recursos en condominios de viviendas sociales emplazados en sus respectivos territorios, con los siguientes objetos:

a) En bienes de dominio común, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes del condominio;

b) En gastos que demande la formalización del reglamento de copropiedad a que alude el artículo 44, y

c) En pago de primas de seguros de incendio y adicionales para cubrir riesgos catastróficos de la naturaleza, tales como terremotos, inundaciones, incendios a causa de terremotos u otros del mismo tipo.

Artículo 42.- Los Servicios de Vivienda y Urbanización respectivos podrán designar, por una sola vez, en los condominios de viviendas sociales que carezcan de administrador, un servidor comunitario, quien actuará como administrador provisional.

La persona designada se desempeñará temporalmente mientras se designa el administrador definitivo, no pudiendo exceder el plazo de su desempeño de seis meses, contados desde su designación.

La asamblea de copropietarios, por acuerdo adoptado en sesión ordinaria, podrá solicitar del Servicio de Vivienda y Urbanización que hubiere designado al servidor comunitario la sustitución de éste, por causa justificada.

Artículo 43.- Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 31 y 32, corresponderá a la respectiva municipalidad atender extrajudicialmente los conflictos que se promuevan entre los copropietarios o entre éstos y el administrador, pudiendo, para estos efectos, citar a reuniones a las partes en conflicto para que expongan sus problemas y proponer vías de solución, haciendo constar lo obrado y los acuerdos adoptados en actas que se levantarán al efecto. La copia del acta correspondiente, autorizada por el Secretario Municipal respectivo, constituirá plena prueba de los acuerdos adoptados.

Artículo 44.- No obstante lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 29, mediante resolución del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se aprobará un reglamento de copropiedad tipo para los condominios de viviendas sociales, pudiendo cada condominio adaptar sus disposiciones a sus necesidades, no obstante lo cual deberá someter este reglamento de copropiedad a las formalidades previstas en el artículo 28.

Artículo 45.- Las empresas que proporcionen suministro de energía eléctrica, agua potable y gas, a un condominio de viviendas sociales, deberán cobrar, conjuntamente con las cuentas particulares de cada vivienda, la proporción que le corresponda a dicha unidad en los gastos comunes por concepto del servicio respectivo. Esta contribución se determinará en el respectivo reglamento de copropiedad, conforme a lo dispuesto en el artículo 4º.

Artículo 46.- En relación con lo dispuesto en el artículo 9º, a los condominios de viviendas sociales se aplicará lo previsto en el Título 7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, aprobada por decreto supremo Nº 47, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de 1992.

Artículo 47.- Tratándose de condominios de viviendas sociales integrados por más de un bloque independiente, será obligatorio establecer subadministraciones por cada bloque, en la forma dispuesta en el artículo 25, cualquiera que sea el número de unidades que lo integren.

Artículo 48.- A los condominios de que trata este Título no les será exigible lo dispuesto en el artículo 7º y en el inciso segundo del artículo 23 de esta ley.

TÍTULO V.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo 49.- Los estándares técnicos de diseño y construcción exigibles a las construcciones en condominio se fijarán en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 50.- Derógase el párrafo 3º "De los edificios y viviendas acogidos a la ley de Propiedad Horizontal", del Capítulo I del Título III del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones, artículos 110 a 115, ambos inclusive.

Artículo 51.- Derógase la ley Nº 6.071, cuyo texto definitivo se fijó en el capítulo V del decreto supremo Nº 880, del Ministerio de Obras Públicas, de 1963, subsistente por expresa disposición del inciso segundo del artículo 169 del decreto con fuerza de ley Nº 458, de 1975, ley General de Urbanismo y Construcciones.

Artículo 52.- Las comunidades de copropietarios de los edificios y conjuntos de viviendas acogidos a la ley de Propiedad Horizontal con anterioridad a la fecha de publicación de esta ley podrán, dentro del plazo de un año, contado desde esa fecha, optar por permanecer sometidos a los cuerpos legales mencionados en los artículos 40 y 41 precedentes, previo acuerdo adoptado al respecto por la unanimidad de los copropietarios. Transcurrido el plazo señalado sin que se hubiere ejercido la opción que consagra este precepto, se presumirá de derecho que han optado por acogerse al régimen de copropiedad inmobiliaria que regula esta ley y, en tal caso, se seguirán rigiendo por su propio reglamento de copropiedad vigente a esa fecha, en lo que no contravenga las normas de esta ley, y supletoriamente, por el reglamento a que se refiere el inciso tercero del artículo 29, salvo que los copropietarios acordaren un nuevo reglamento de copropiedad en conformidad al artículo 27.

No obstante la derogación dispuesta por los artículos 40 y 41 precedentes, dichos cuerpos legales se mantendrán vigentes para los inmuebles cuyas comunidades de copropietarios hayan optado por permanecer sometidos a sus preceptos, conforme a lo previsto en el inciso anterior.

Las comunidades a que se refiere este artículo podrán establecer siempre subadministraciones en los términos previstos en el inciso primero del artículo 25, previo acuerdo adoptado conforme al procedimiento estatuido en el inciso segundo del artículo 19. Para estos efectos, la porción correspondiente a cada subadministración deberá constar en un plano complementario de aquél aprobado por la Dirección de Obras Municipales al acogerse el edificio o conjunto de viviendas a la ley de Propiedad Horizontal.

Artículo 53.- Las referencias que se hagan en la legislación vigente a las disposiciones legales que se derogan por los artículos anteriores se entenderán hechas a las de esta ley.

Artículo transitorio.- El actual Reglamento sobre Comunidades de Copropietarios de Edificios aprobado por decreto supremo Nº 695, de 1971, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, continuará rigiendo hasta la dictación del reglamento de esta ley, en lo que no se oponga a las disposiciones de la misma, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 42.

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Se designó Diputado Informante al señor Montes, don Carlos.

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Sala de la Comisión, a 4 de octubre de 1995.

Acordado en sesiones 47ª., 48ª., 49ª., 50ª., 52ª., 54ª, 55ª. y 56ª., ordinarias, celebradas los días 21 de junio, 5, 12 y 19 de julio, 9 y 23 de agosto, 6 de septiembre y 4 de octubre de 1995, con la asistencia de los señores Pérez, don Víctor ( Presidente ); Elizalde, don Ramón ; Encina, don Francisco ; Errázuriz, don Maximiano ; De la Maza, don Iván ; García, don René Manuel ; Makluf, don José ; Montes, don Carlos ; Ojeda, don Sergio ; Ortiz, don José Miguel ; Rocha, don Jaime ; Seguel, don Rodolfo ; Soria, don Jorge ; Tuma, don Eugenio ; Vega, don Osvaldo , y Venegas, don Samuel .

(Fdo.): HÉCTOR PIÑA DE LA FUENTE, Secretario de la Comisión.

5. Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo recaído en el Proyecto de Reforma Constitucional que establece la garantía constitucional de ejercicio y goce del derecho al turismo. (Se propone rechazar la idea de legislar). (boletín Nº 1487-03).

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros un proyecto de reforma constitucional, iniciado en una moción de los Diputados señores Elizalde, don Ramón ; Gutiérrez, don Homero ; Hernández, don Miguel y Ojeda, don Sergio y a la cual adhirieron los Diputados señores Munizaga, don Eugenio ; Villegas, don Erick , y Zambrano, don Héctor , que reforma la Constitución Política de la República de Chile, para establecer la garantía al ejercicio y goce del derecho al turismo.

I. SÍNTESIS DE LAS IDEAS FUNDAMENTALES O MATRICES DEL PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

Expresan los autores de la moción que existe conciencia que el turismo ha tenido una evolución muy fuerte en el último tiempo, lo que ha significado considerarlo en los programas de desarrollo del país. Es un instrumento que impulsa el progreso social y económico, mediante el aprovechamiento de los recursos naturales y geográficos que existen en nuestro territorio.

Representa el turismo el 8 por ciento del volumen total de las exportaciones, siendo la quinta fuente generadora de divisas para el país, ascendente a 800 millones de dólares. Durante el año 1994 visitaron el país 1.400.000 extranjeros, los que dejaron divisas por más de 950 millones de dólares y, según antecedentes reunidos por los servicios especializados, se espera que el año 2000, la cifra de extranjeros que visiten el país alcance a los 3 millones.

Por otro lado, la industria del turismo da trabajo cada año a más de 20.000 personas en forma permanente, sin considerar empleos temporales.

En las estadísticas mundiales, el turismo se ubica en el tercer lugar entre las industrias más importantes, después del petróleo y automotriz. Se debe tener presente que existen países que sustentan sus ingresos en el fomento al turismo. A pesar de que en nuestro país no se ha desarrollado en debida forma esta actividad, existe conciencia a todo nivel que constituye un mecanismo poderoso de desarrollo económico y social, debido a que genera productos, realiza consumo, crea empleos, aporta divisas, destina inversiones, difunde la cultura, afianza lazos de amistad entre los pueblos, contribuye al descanso, a la recreación y a las vacaciones.

Se expresa que una política nacional de turismo debe considerar principalmente la apertura de cauces, el fomento y aprovechamiento de las riquezas naturales y los espacios explotados que ofrece el país.

Debido al extraordinario crecimiento del intercambio entre las naciones, en todos los aspectos, ha obligado a los países y al nuestro en especial, de dotarse de capacidad de respuesta a estos requerimientos. Esta exigencia ha hecho que se asuma una política en turismo, facilitando la participación en el sector, mediante la creación de empresas.

Se insiste por los autores de la moción, en que el Estado se ha visto obligado frente a esta realidad, a construir la infraestructura necesaria que facilite el actuar de los agentes vinculados al rubro.

La Constitución Política de la República establece los fundamentos de la organización del Estado, su estructura, los derechos y deberes constitucionales y todo aquello que es medular y que requiere la atención preferente del Estado. Entre estas exigencias, se encuentra el turismo, que es una actividad esencial para el desarrollo del hombre, en todos sus aspectos.

Concluyen los autores, que consecuente con este planteamiento, se ve la necesidad de dar al turismo un rango constitucional, para que el Estado se obligue a adoptar políticas, planes y programas que se encaminen al óptimo aprovechamiento de las condiciones turísticas del país.

Por lo que proponen que se incorpore entre las garantías constitucionales que consagra la Constitución Política de la República, el ejercicio y goce del derecho al turismo.

II. DISCUSIÓN DEL PROYECTO DE LEY EN INFORME.

La Constitución Política de la República, en su artículo 19, asegura a todas las personas derechos y deberes constitucionales. Ahora bien, entre estos derechos, se propone agregar el ejercicio y goce del turismo, el que implica el derecho al descanso, a la recreación y a disfrutar de un período de vacaciones dentro de las actividades laborales que realice periódicamente. Por otro lado, también, este derecho lleva consigo la idea de que toda persona puede ejercer esta función, mediante la creación de empresas o actividades vinculadas.

En el estudio que realizó la Comisión, se argumentó en forma categórica por la unanimidad de los señores Diputados presentes, que no se consideraba al turismo como una actividad que requiriese su consagración constitucional en la Carta Fundamental y que, sin desconocer su importancia y la necesidad de darle el apoyo que merece, no tendría una connotación que exigiera que el Estado lo reconozca como un derecho que debe ser garantizado en la Constitución Política de la República.

Se agregó, asimismo, que existirían dudas acerca de la conveniencia de reconocer el derecho al turismo, cuando constituye una actividad lucrativa, que tiene otras normas de regulación, las que podrían contraponerse entre sí.

Luego de este debate, la Comisión por la unanimidad de los señores Diputados presentes, acordó rechazar la idea de legislar sobre la materia.

En consecuencia, vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo os propone que adoptéis similar acuerdo, teniendo en consideración los argumentos expuestos y los que os proporcionará en su oportunidad el señor Diputado Informante .

El texto del proyecto de Reforma Constitucional es el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL

“Artículo único. Modifícase el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en la siguiente forma:

a) Artículo 19. La Constitución asegura a todas las personas:

Nº 26 El ejercicio y goce del derecho al turismo.

El Estado velará porque se asegure a todas las personas este derecho, como asimismo el Estado deberá realizar acciones que creen las condiciones necesarias para el efecto.

b) El actual Nº 26 del artículo 19 de la Constitución Política pasa a ser Nº 27.”

-o-

Se designó Diputado Informante al señor Longueira, don Pablo.

Sala de la Comisión, a 30 de mayo de 1995.

Acordado en sesiones de fecha 16 de mayo y 20 de junio de 1995, con asistencia de los señores Tuma ( Presidente ), Dupré , García-Huidobro , Hernández , Longueira , León, Morales , Pérez Lobos , Pérez Opazo , Vargas y Villouta .

(Fdo.): LUIS PINTO LEIGHTON, Secretario de la Comisión .”

7. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que concede, por gracia, la nacionalidad chilena a la religiosa italiana sor Ana Pía Favero Pellizari . (boletín Nº 1685-17).

“Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los señores Jürgensen, don Harry ; Ojeda, don Sergio ; Caminondo, don Carlos ; Kuschel, don Carlos Ignacio ; Elgueta, don Sergio ; García, don José ; Reyes, don Víctor ; Alvarado, don Claudio ; Silva, don Exequiel , y Errázuriz, don Maximiano .

Durante el estudio de esta iniciativa legal estuvo presente el Diputado señor Harry Jürgensen , quien reafirmó los conceptos vertidos en la moción y que justifican el beneficio que ella propone.

El fundamento de la idea de legislar está nítidamente expresado en la moción, la cual da a conocer los antecedentes de la obra social y del ejemplo de vida de la religiosa italiana Ana Pía Favero Pellizari , a quien, por sus servicios a la comunidad, se le concede por ley el beneficio de la nacionalidad chilena.

El artículo 10 Nº 5 de la Constitución Política señala que son chilenos, además, los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. Este beneficio de la nacionalidad se otorga a aquellas personas que hayan prestado importantes servicios a Chile o a la Humanidad. Como se trata de conferir un honor, no se exige al beneficiario renunciar a su nacionalidad anterior, ni tampoco la Constitución le restringe el derecho a optar a cargos de elección popular, salvo al de Presidente de la República , pues se exige haber nacido en el territorio de Chile.

Sor Ana Pía, nació el 23 de marzo de 1929, en San Martino Di Luperi, provincia de Padova, Italia. Hija de una familia abnegada, cuyos padres, Mario Favero y Giuseppina Pellizari , supieron entregarle sólidos principios y valores cristianos que, junto a sus hermanas, Miranda , Mira , Teresa e Ida, impregnaron su vida, consagrándola más tarde a Dios y a la ayuda que incansablemente siempre ha entregado a los más necesitados.

En el año 1953 llega a Chile, a la ciudad de Puerto Montt, permaneciendo en ella hasta el año 1960. En esta ciudad se desempeña como profesora de religión en la escuela Arriarán Barros .

Ese mismo año -1960-, se traslada a la ciudad de Puerto Varas, donde reside en la actualidad. En este lugar realiza una vasta y fecunda labor en favor de la comunidad donde sus méritos son ampliamente reconocidos.

Destaca su vocación de servicio dirigida, principalmente, a personas de escasos recursos, de extrema pobreza, a enfermos y a alcohólicos, a quienes entrega no sólo la valiosa ayuda espiritual que les permite sobrellevar su existencia, sino también se esfuerza por proporcionarles respuestas concretas a sus necesidades.

Materializa la construcción de policlínicos, la formación de clubes de abstemios y de ancianos, y realiza múltiples labores de beneficencia.

Dentro de su amplia labor de servicio a la comunidad cabe mencionar, a modo de ejemplo, la creación, en el año 1960, de los comedores abiertos que entregaron alimentación gratuita a decenas de personas que sufrían hambre; la construcción, en el año 1970, de un Policlínico que atiende a personas de bajos recursos y que necesitan de atención de salud; funda, en 1971, un Club de Abstemios que en la actualidad aún dirige y que funciona cobijando a 260 personas que necesitan de su ayuda.

En 1992 hace realidad la construcción de un nuevo Policlínico, ofreciendo una atención médica más completa, donde se incluye la atención dental, kinesiológica y curaciones. Cabe hacer presente, que actualmente este centro asistencial atiende gratuitamente a un promedio de 80 personas diarias, en horario de 09.00 a 20.00 horas.

La labor de Sor Ana Pía no sólo se limita a lo anteriormente señalado, sino que ésta la continúa desarrollando como pedagoga en la escuela Felmer-Niklitsckek y realizando visitas diarias a enfermos y a hogares con problemas, llevándoles el apoyo y el consuelo espiritual que necesitan.

La obra de Sor Ana Pía no ha pasado inadvertida y es así como en mérito a su fructífera labor social el Gobierno de Chile le otorgó el Título “Orden del General Bernardo O’Higgins” el que fue entregado en la Intendencia Regional de Puerto Montt.

En el año 1992, la Ilustre Municipalidad de Puerto Varas le confiere el título de “Hija Ilustre de la ciudad”, galardón que se le entrega por sus méritos y sus obras.

Cabe señalar que durante el estudio de esta moción, el H. Diputado señor Jürgensen hizo entrega de copias de diversos certificados de estudio y diplomas que acreditan y avalan los merecimientos de la Religiosa.

Por las consideraciones anteriores, a los señores Diputados patrocinantes de esta moción les parece de justicia que la comunidad nacional reconozca en esta religiosa italiana el valioso aporte que ha significado su permanencia en Chile y es por eso que estiman que tiene los merecimientos necesarios para que se le dispense el honor de la nacionalización por gracia, que establece el artículo 10, Nº 5, de la Carta Fundamental.

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La Comisión compartió plenamente las razones que tuvieron en vista los señores Diputados autores de la moción, en orden a proponer se conceda la nacionalidad chilena, por gracia, a la religiosa Sor Ana Pía Favero Pellizari , reconociéndole sus méritos por la amplísima labor en favor de los más desposeídos.

En virtud de lo anterior, los señores Diputados presentes acordaron aprobar, por unanimidad, en general y particular esta iniciativa de ley.

Constancias reglamentarias:

Se deja constancia, para los efectos de lo previsto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación que:

-No hay en el proyecto normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

-No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

-No hay artículos ni indicaciones rechazadas.

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En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que en su oportunidad entregará el señor Diputado Informante , la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recomienda la aprobación del siguiente

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por especial gracia, a la religiosa italiana Sor Ana Pía Favero Pellizari .”

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Se designó Diputado Informante , al señor JÜRGENSEN, don Harry .

SALA DE LA COMISIÓN, a 4 de octubre de 1995.

Acordado en sesión de fecha 4 de octubre de 1995, con la asistencia de los Diputados señor Ascencio, don Gabriel (Presidente) y de los señores Naranjo, don Jaime; Ojeda, don Sergio y Villegas, don Erick.

Asistieron, además, los Diputados señores Jürgensen, don Harry , y Álvarez-Salamanca, don Pedro .

(Fdo.): ARTURO FIGUEROA HERRERA , Secretario Accidental de la Comisión .”

8. Informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, que concede, por gracia, la nacionalidad chilena al reverendo padre José Cappel Farsing . (boletín Nº 1684-17).

“Honorable Cámara:

La Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía pasa a informar, en primer trámite constitucional y reglamentario, el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción del Diputado señor Álvarez-Salamanca, don Pedro .

Durante el estudio de esta iniciativa legal estuvo presente el Diputado patrocinante de la moción, quien reafirmó los conceptos vertidos en ella y que justifican el beneficio que se propone.

El fundamento de la idea de legislar está expresado en la moción, la cual da a conocer la vida y la obra social desarrollada en nuestro país en beneficio de los más necesitados por el R.P. José Cappel Farsing , a quien, por su amor a la Patria y servicios a la comunidad, se le concede por ley el beneficio de la nacionalidad chilena.

El artículo 10 Nº 5 de la Constitución Política señala que son chilenos, además, los que obtuvieran especial gracia de nacionalización por ley. Este beneficio de la nacionalidad se otorga a aquellas personas que hayan prestado importantes servicios a Chile o a la Humanidad. Como se trata de conferir un honor, no se exige al beneficiario renunciar a su nacionalidad anterior, ni tampoco la Constitución le restringe el derecho a optar a cargos de elección popular, salvo al de Presidente de la República , pues se exige haber nacido en el territorio de Chile.

El Reverendo Padre José Cappel Farsing nació el 16 de noviembre de 1908, en la ciudad de Covington, Kentucky, en los Estados Unidos de América. El 6 de junio del año en curso cumplió 60 años de sacerdocio, de los cuales más de 40 han sido dedicados al servicio en Chile, en la Parroquia de Curepto.

Su educación se desarrolla en la ciudad de Norwood, Ohio.

Los estudios de sacerdote diocesano los realiza en el Seminario Menor St. Gregory y simultáneamente obtiene su licenciatura en filosofía en la Universidad de Dayton, en Ohio, en 1931.

En septiembre de dicho año ingresa a la orden de los Padres y Hermanos de Maryknoll, ordenándose sacerdote el 16 de junio de 1935.

Posteriormente, fue enviado a la Misión Chinnampo, Pen Yang, en Corea del Norte, siendo transferido en 1937 a la Misión Chu Ko Chin, en una área montañosa cercana al río Yalu.

En 1941 fue tomado prisionero por los japoneses, regresando a Estados Unidos al año siguiente. En esta época se le destina a Chile, a la ciudad de Chillán, donde se le nombra Superior de Grupo para la Región. En el año 1944 se le designa Segundo Asistente del Superior de la Sociedad y pastor de la Parroquia de San Vicente de Chillán.

En 1947, sirvió durante un año en los Estados Unidos, en el cargo de Director Asistente Espiritual en el Seminario Maryknoll, en Ossining, Nueva York.

A su regreso a Chile, en 1948, se desempeña como Pastor Asistente de la Parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Curepto.

Es en esta comuna donde el Padre Cappel realiza su mayor labor evangelizadora y de ayuda a la comunidad. Su Parroquia abarca una extensa zona, con la necesidad de asistir una escuela básica, un hospital, un asilo y cinco capillas.

En el año 1959, con recursos de su Congregación funda un pequeño hospital en la zona de Curepto.

Cabe hacer presente que hoy, a sus 87 años, continúa al servicio de estas instituciones y son muchos los beneficiados con su acción. Es querido por toda la comunidad, reconociéndole su abnegación y espíritu de entrega. Su método evangelizador ha sido siempre la acción en favor de los demás.

Desde su llegada a Chile se destacó por su espíritu creador puesto al servicio de la comunidad, dejando de lado sus intereses personales. Su vocación de servicio dirigida a las personas más necesitadas es ampliamente conocida por los habitantes de Curepto.

En reconocimiento a estos méritos, el Diputado señor Álvarez-Salamanca cree que el Reverendo Padre José Cappel Farsing es merecedor al otorgamiento de la nacionalidad chilena, por gracia.

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La Comisión compartió las razones que tuvo en vista el señor Diputado autor de la moción, en orden a proponer se conceda la nacionalidad chilena, por gracia, al Reverendo Padre Cappel , en reconocimiento a sus méritos por la abnegada labor en favor de los más desposeídos.

En virtud de lo anterior, los señores Diputados presentes acordaron aprobar, por unanimidad, en general y particular esta iniciativa de ley, con la sola enmienda de suprimir, en el texto del proyecto, la cédula de identidad del beneficiario.

Constancias reglamentarias:

Se deja constancia, para los efectos de lo previsto en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación que:

-No hay en el proyecto normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

-No hay artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

-No hay artículos ni indicaciones rechazadas.

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En mérito de lo expuesto y por las consideraciones que en su oportunidad entregará el señor Diputado Informante , la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía recomienda la aprobación del siguiente:

PROYECTO DE LEY

“Artículo único.- Concédese la nacionalidad chilena, por gracia, al Reverendo Padre don José Cappel Farsing .”

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Se designó Diputado Informante , al señor ÁLVAREZ-SALAMANCA, don Pedro .

SALA DE LA COMISIÓN, a 4 de octubre de 1995.

Acordado en sesión de fecha 4 de octubre de 1995, con la asistencia de los Diputados señor Ascencio, don Gabriel (Presidente) y de los señores Naranjo, don Jaime; Ojeda, don Sergio y Villegas, don Erick. Asistieron, además, los Diputados señores Álvarez-Salamanca, don Pedro y Jügensen, don Harry.

(Fdo.): ARTURO FIGUEROA HERRERA , Secretario Accidental de la Comisión .”

9. Oficio de la Comisión Investigadora ESVAL.

“Valparaíso, 4 de octubre de 1995.

La Comisión Investigadora de la situación que afecta a ESVAL por la paralización de las obras del colector de Valparaíso, en sesión celebrada el día de hoy, procedió a constituirse, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 del Reglamento de la Corporación, eligiendo como Presidente de ella al suscrito.

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): NELSON ÁVILA CONTRERAS , Presidente de la Comisión ; PEDRO N. MUGA RAMÍREZ , Secretario de la Comisión .”

Al señor

Presidente de la H. Cámara de Diputados

Presente.-

10. Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Valparaíso, 3 de octubre de 1995.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, en sesión de esta fecha, ha acordado crear el Grupo Interparlamentario Chileno-Uruguayo y comunicar esta resolución a los señores Diputados para que manifiesten, en la Secretaría de la Comisión, su intención de incorporarse a él.

Dios guarde. a Vuestra Excelencia,

(Fdo.): JORGE PIZARRO SOTO, Presidente en ejercicio de la Comisión; FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión.”

A Su Excelencia el Presidente de la Cámara de Diputados.

11. Oficio de la Comisión de Relaciones Exteriores.

“Valparaíso, 4 de octubre de 1995.

Tengo a honra poner en conocimiento de Vuestra Excelencia que la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, en sesión de esta fecha, procedió a constituir el Grupo Interparlamentario Chileno-Kuwaití, y eligió como Presidente del Grupo al Diputado señor Ramón Elizalde Hevia .

Asimismo, eligió como Vicepresidentes a los HH. Diputados Moreira Barros, Iván ; Prokuriça , Baldo , y Tuma Zedan , Eugenio .

Se designó Secretario del Grupo al señor Secretario de Comisiones de la H. Cámara , Sergio Malagamba Stiglich .

Dios guarde a Vuestra Excelencia.

(Fdo.): CARLOS CAMINONDO SÁEZ , Presidente Acc. de la Comisión; FEDERICO VALLEJOS DE LA BARRA, Secretario de la Comisión .”

A Su Excelencia el Presidente de la Cámara de Diputados.