Labor Parlamentaria

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, en enero pasado solicité esta sesión especial, junto con el Diputado señor Isidoro Tohá, debido a la preocupación por las consecuencias que podría tener el fallo del Tribunal Constitucional, que impugnó aquella parte de la Ley de Drogas, que aprobara esta Corporación, referida al lavado de dinero.

Al solicitar las 40 firmas que dispone el Reglamento para pedir la sesión especial, pude constatar con satisfacción que la unanimidad de los Diputados a quienes me acerqué y todos los que estaban presentes en la Sala, accedieron a firmar la solicitud, compartiendo así de manera unánime la preocupación por la acelerada penetración del narcotráfico en el país y por asumir nuestro papel de legisladores y actuar en consecuencia.

En verdad, no fue una sorpresa esta reacción unánime de preocupación de la Cámara de Diputados, porque hace bastante tiempo, diría quizás tres años, se constituyó una Comisión especial para analizar el tema de las drogas y su eventual penetración en Chile. Entonces, fue la obra de un grupo visionario de colegas, en especial de los que representaban a las ciudades de Arica e Iquique, donde el flagelo era muy intenso, y de los integrantes de la Comisión de Salud, quienes por su propia especialidad, estaban altamente preocupados.

Reconozco que como muchos la observé como una tarea importante, pero distante. Sin embargo, desde hace unos dos años la penetración del narcotráfico y sobre todo el consumo de pasta base de cocaína ha sido acelerada y creciente en el distrito que represento, la zona sur de la ciudad de Santiago, al igual como ha ocurrido con otras regiones del país. Entonces, he podido comprender la pasión, y diré también la obsesión, con que aquellos Diputados de la Comisión especial de Drogas analizaron y trabajaron tres años en el problema. El resultado obtenido honra al Parlamento. Con un trabajo riguroso, en pleno acuerdo y concordancia con las autoridades del Ejecutivo, la Comisión Nacional contra los estupefacientes y los Ministerios de Salud y del Interior, se logró aprobar una importante ley antidrogas, que ha entrado en vigencia el 31 de enero de este año.

Tantas veces se dice que el debate parlamentario, la aprobación de leyes o la creación de Comisiones no tiene sentido y no da resultados. Creo que los efectos podemos apreciarlos hoy todos los chilenos, cuando vemos el impresionante aumento de la eficacia policial, a partir de febrero de este año, donde una tarea abnegada, dura, difícil, que se había estado realizando antes, cuenta ahora con mejores instrumentos legales para producir el desbaratamiento de las bandas dedicadas al narcotráfico y, al mismo tiempo, la captura de los elementos de las drogas.

Tal vez por esto, quizás, muchos de nosotros reaccionamos con dolor y con grave preocupación cuando vimos que personas ajenas a este proceso lanzaban imputaciones de tipo genérico al Parlamento.

Creo que es obligación de los parlamentarios ser transparentes y, al mismo tiempo, responsables. Ayer obtuvimos un amplio acuerdo de esta Corporación para dilucidar una materia extraordinariamente clara: pensamos qué es incompatible nuestra función con el consumo de drogas, que asimismo es absolutamente imposible que pueda ostentar un cargo público una persona que consuma drogas, como, por demás, creo, que tampoco corresponde a ningún chileno, y ojalá que nadie cayera en este vicio.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia ha sido encomendada por la Sala para tratar este problema, y probablemente nos proponga fórmulas legales que permitan que esto quede zanjado y que, por tanto, se produzcan las medidas concordantes, que es lo que nos corresponde a nosotros como parlamentarios.

El debate que hoy llevamos a cabo está orientado al centro del problema, a la creciente penetración del narcotráfico en el país. Por eso, hemos invitado al Ministro del Interior para que nos dé la visión del Gobierno y nos informe lo que ocurre.

Estoy plenamente convencido de que, si bien en Chile el consumo de drogas, especialmente de pasta base y de cocaína, se ha incrementado peligrosamente en el último tiempo, la justicia chilena, el Parlamento chileno, el Ejecutivo, nuestras policías de Carabineros y de Investigaciones, son instituciones sanas que no están corrompidas y que están en plena disposición de dar esta batalla.

Es importante señalar esto, porque creo que la imagen internacional del país ha sido afectada, cuando en un mundo convulsionado pareciera, porque quizás a veces no somos precisos en el debate, darse la impresión de que Chile fuera ya reo de una situación de la cual no lo es.

Naturalmente, puede haber elementos en el seno de la Policía, de la justicia, del propio Parlamento o del Ejecutivo que pudieran caer en un vicio como éste, pero es tarea de las instituciones ser muy transparentes y categóricas al respecto.

Creo que es importante que fortalezcamos nuestras instituciones, y para eso, junto con las medidas de transparencia que hemos acordado ayer, tenemos que asumir nuestra tarea legislativa, que implica fortalecer una legislación que, recién aprobada, ya, sin embargo, se encuentra con una realidad que ha adquirido proporciones mucho más vastas.

Pienso que el núcleo central de esta materia es el lavado de dinero. Ya he dicho que el tráfico de la droga se orienta a obtener ganancias. No es su negocio tener viciosos. Es una manera de producir sus ganancias, pero su objetivo es producir el lucro y la ganancia.

En otros países del mundo, cuando se ha buscado corromper a la autoridad, no se ha hecho por la vía del consumo. Baste recordar que una nación hermana, que tanto dolor ha tenido con el problema de la droga, como fue el caso de Colombia, contó como Senador de la República con el señor Pablo Escobar, que era jefe de un cartel de drogas, quien, por cierto, no era consumidor y que ningún examen sobre su eventual consumo iba a resolver este problema.

No digo esto para atenuar de ninguna manera la afirmación clara y categórica de que no es posible para un parlamentario ser consumidor de drogas, como no lo es para un Ministro de Corte, para un Ministro de Estado, para un Subsecretario, para un General de Carabineros, del Ejército o de cualquier otra alta investidura.

Seremos implacables y duros para señalar, también, que nosotros necesitamos, a su vez, ligar esto con un financiamiento claro de las actividades públicas, con el límite al gasto en las campañas, y con vigilar cualquier otra forma de corrupción que pueda existir.

He dicho.

Aplausos.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En el tumo correspondiente al Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable Diputado señor Víctor Reyes.

El señor REYES.-

Señor Presidente, la bancada democratacristiana se congratula de haber contribuido con sus firmas para provocar este debate, el que, estamos ciertos, toca hoy una materia especialmente importante y sensible que interesa y preocupa al país y que debe obligamos, en consecuencia, a abordarla con seriedad, con responsabilidad y con alturas, como corresponde a nuestra condición de legisladores y representantes de la voluntad popular.

Formulo, entonces, un fervoroso llamado para qué los puntos de vista y las posiciones sean planteadas con respeto, sin pretender lograr el aplauso fácil, y empeñándonos todos, sinceramente, en efectuar, a través de esta discusión, una contribución efectiva al país, que así lo demanda, espera y exige de nosotros.

Y para que seamos claros, como lo dijo el Diputado señor Estévez, y hagamos honor a lo que ha sido el papel del Parlamento en esta materia, es necesario reiterar que no es la primera vez que en esta Corporación estamos analizando el tema de la droga y el narcotráfico. Lo hicimos ya en septiembre de 1990. cuando se realizó la primera sesión secreta especial sobre este tema, y en la que participaron también, como hoy, Ministros de Estado y los altos mandos de las instituciones policiales. Lo hicimos cuando constituimos y participamos con parlamentarios de todas las bancadas en la Comisión Especial Investigadora sobre el Problema de la Droga en Chile, y también cuando conocimos el resultado de su trabajo, su conclusiones y proposiciones. Lo hicimos en los años 1993 y 1994, cuando analizamos el proyecto de la que es hoy la ley N° 19.936, promulgada recientemente por el Presidente Frei. y lo estamos haciendo nuevamente hoy. Esto demuestra, estimados colegas, que no ha habido en esta materia una actuación parlamentaria que pudiera interpretarse por nadie como que no hemos tenido la capacidad o el coraje de abordar una materia que es de por sí compleja.

Con esa tranquilidad de conciencia respecto de nuestra actuación colectiva, que no puede ser empequeñecida por denuncias al voleo, mal intencionadas y cuya veracidad debería ser demostrada por quienes las lanzan, quisiera plantear algunas consideraciones que desde nuestra perspectiva nos parece importante consignar.

Lo primero es señalar nuestra convicción de que estamos inmersos en un problema que no es propio de Chile, ni de nuestra historia, ni de nuestra cultura. Se trata de una situación que afecta a la sociedad contemporánea en su conjunto, que se extiende a través del mundo y que busca penetrar allí donde se dan las condiciones propicias para hacerlo. Hay elementos que se dan en determinadas sociedades y que hacen posible la acción del narcotráfico: la ubicación geográfica, por ejemplo, el contexto socioeconómico; pero, además, lo son los cambios profundos en materia de principios y valores que hasta ayer aparecían inmutables y que hoy son cuestionados o simplemente desechados.

El consumismo que todo lo permite y la pobreza extrema que todo lo niega, la ostentación, el exhibicionismo, el dinero fácil, las ansias de poder, las frustraciones y necesidades insatisfechas, las profundas desigualdades sociales y la falta de oportunidades, los quiebres familiares, el ritmo propio de los tiempos en que estamos, son factores todos, más otros, sin duda, que contribuyen o hacen posible la acción destructora del consumo y del tráfico ilícito de estupefacientes.

Cabe aquí señalar, también, como conductas funcionales para la expansión del narcotráfico, las que dicen relación con el socavamiento del prestigio, la credibilidad, el respeto y la confianza pública que deben rodear a las instituciones básicas de una sociedad. Nada puede ser más dañino que introducir elementos de confusión, de duda, de desconfianza y de controversia al interior de las mismas y de procurar separarlas del resto de la comunidad a través de la descalificación de sus integrantes y de su sistema de funcionamiento.

Creo que hoy los chilenos tenemos el derecho a preguntamos si las denuncias de los últimos meses y días no están siendo útiles a la estrategia del narcotráfico en el logro de sus objetivos, y si. al mismo tiempo, no están logrando que apartemos nuestra atención de donde debemos tenerla efectivamente centrada, y que es la acción de la droga y de los traficantes en nuestras poblaciones marginales, en nuestros pobres o con los jóvenes carentes de esperanza. Debemos, entonces, tener cuidado con nuestras actuaciones y con nuestros dichos para no caer en el juego de lo que decimos querer evitar.

Lo segundo que quiero consignar es que la manera de enfrentar dicha situación implica un compromiso colectivo de la Nación en su conjunto, a través de políticas de Estado, asumidas y consensuadas por toda la sociedad, prestigiando y consolidando sus instituciones fundamentales, dotando de medios e instrumentos a quienes intervienen en los distintos campos de acción, posibilitando leyes eficaces, trabajando con eficiencia en los campos de la educación, la prevención y la rehabilitación, provocando cambios valóricos y abriendo espacios y oportunidades especialmente a los sectores más vulnerables. En Chile, más allá de la espectacularidad publicitaria con que algunos han pretendido abordar el tema, creemos que se está trabajando en la línea correcta. Lo demuestran hechos como la dictación de la ley 19.936, que por primera vez como se dijo en nuestro ordenamiento ataca un elemento clave en el negocio del narcotráfico, cual es el denominado delito de lavado de dinero. Lo ratifica el funcionamiento del Consejo Nacional Contra los Estupefacientes y las comisiones que a nivel regional tienen la tarea de coordinar acciones, proyectos e iniciativas en los órganos públicos del sector privado. También la destinación de recursos extraordinarios para la ejecución de programas y proyectos, preferentemente en el campo de la prevención y la rehabilitación. Las propias iniciativas que en este Parlamento se están presentando para corregir deficiencias o vacíos de nuestra legislación, y la toma de conciencia creciente que se registra en nuestra sociedad respecto del tema que nos ocupa.

Sin duda resta mucho por hacer, pero creo que están claras la voluntad del Gobierno y del país. Corresponde ahora que esta Cámara, haciendo honor a sus obligaciones y a lo que ha sido su trabajo sobre esta materia, desde el momento de su reinstalación, asuma también el papel que corresponde en las actuales circunstancias, razón por la cual valoramos y reiteramos nuestro respaldo al proyecto de acuerdo aprobado ayer que nos compromete y nos obliga a todos sin excepción.

Para los democratacristianos el problema de la droga y la acción del narcotráfico son cuestiones que tocan lo más íntimo de nuestras convicciones. Durante el curso del debate, diversos colegas de nuestra bancada analizarán distintos aspectos de la temática que nos preocupa. Permítaseme tan solo agregar que nuestra inspiración sustentada en los valores del humanismo cristiano y nuestra aspiración de sociedad nos indican claramente que hay una incompatibilidad profunda con la práctica de la drogadicción y con quienes, a través de la droga y aprovechándose de las necesidades o debilidades humanas, no trepidan en envilecer a la persona, destruir a su familia y deteriorar gravemente la convivencia social. De allí a afectar la organización misma del Estado y de sus instituciones fundamentales, hay un solo paso. Estamos conscientes de que vivimos un momento importante y en algún sentido crucial a este respecto, por lo que en función de nuestra historia, de nuestros principios inspiradores, de nuestro compromiso democrático y humanista, reiteramos solemne y responsablemente la voluntad de los Diputados democratacristianos de empeñar todo nuestro esfuerzo y capacidades, individuales y colectivas, dentro del Parlamento y fuera de él, para contribuir a la tarea que como país debemos acometer.

Invitamos a todas las demás bancadas y a todos los colegas a compartir este compromiso y actuar en consecuencia.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tumo del Comité del Partido Demócrata Cristiano, tiene la palabra el honorable Diputado señor José Makluf.

El señor MAKLUF.-

Señor Presidente, “en lugar de crear polémica sobre el consumo de drogas o estar acusándose unos a otros, lo realmente positivo y provechoso para el país es que todos los chilenos se unan en tomo a la prevención de este flagelo.”

Estas palabras del señor Cardenal Arzobispo de Santiago nos permiten iniciar adecuadamente esta intervención y debieran reflejar el espíritu con que esta Cámara de Diputados y todas las autoridades del país enfrenten este drama que penetra lenta e implacablemente en las sociedades contemporáneas desde hace algunas décadas y su potencial vinculación con la corrupción y la violencia, de las cuales Chile no está exento.

Por la naturaleza compleja y multifacética del problema, éste no podrá enfrentarse con éxito sin el desarrollo de una política coherente que coordine las funciones que las diferentes entidades del Estado y de la sociedad deben cumplir en esta materia y que contemple la prevención, la rehabilitación y la sanción social, cuando corresponda.

El Congreso Nacional discutió durante tres años una normativa legal destinada a hacer más eficiente el control del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y la represión de las organizaciones vinculadas con tales delitos compatibilizando, a la vez, la legislación nacional con las convenciones y acuerdos internacionales suscritos por el país.

El 30 de enero del presente año entró en vigencia la ley N° 19.366, que, a nuestro juicio, responde a los requerimientos y a la dinámica que han asumido las conductas que se relacionan con el tráfico ilícito y el consumo de drogas. Esta normativa legal se debe constituir en un instrumento de inestimable valor para la prevención de tales conductas y para la represión eficaz de los delitos que contempla.

Como es sabido, esta norma incorpora algunas figuras modernas en el plano de las investigaciones policiales, como el agente encubierto, el informante privado, las entregas veladas y el arrepentimiento eficaz; instituciones que han sido reconocidas internacionalmente como un avance sustantivo para la represión adecuada y efectiva de estos delitos, y recomendadas para que otros países las incorporen en sus respectivas legislaciones o en el estudio de sus futuras modificaciones.

Otros aspectos de especial relevancia que consagra esta legislación es la necesaria cooperación internacional, al establecer de manera diáfana la procedencia de la extradición, ya sea activa o pasiva, incluso en casos en que no exista tratado o reciprocidad, y las disposiciones que permiten sancionar de acuerdo a la jurisdicción interna, acciones ilícitas realizadas en Chile que pudieran afectar a otros Estados.

Pero lo más importante para abordar con éxito el combate contra el narcotráfico, es lograr la neutralización de las organizaciones internacionales del lavado de dinero. Cifras entregadas en la Cumbre Social de Copenhague por organismos de Naciones Unidas especializados, señalan que se movilizan en el comercio ilícito de las drogas alrededor de 400 a 500 mil millones de dólares americanos anuales, valor que equivale aproximadamente entre el 10 y el 13 por ciento del total del comercio internacional. Mucho más de lo que se mueve en la industria mundial del petróleo, que es del orden del 9,5 por ciento, y de todo el intercambio de alimentos, bebidas, animales y tabacos del mundo, que, en su conjunto, también llega al porcentaje del 9 por ciento, Y es 7 a 8 veces el valor de lo aportado por los países más desarrollados para la asistencia oficial de los menos desarrollados. Y si a estas cifras, ya de por sí espectaculares y preocupantes, añadimos que el valor agregado o la utilidad bruta obtenida por quienes transportan y comercializan estas drogas ilícitas bordea el 93 al 98 por ciento de los valores finales pagados por los consumidores, llegamos a la conclusión de que hay incalculables recursos financieros en poder de estas organizaciones internacionales.

Es de generalizada aceptación en el mundo financiero internacional que una parte considerable de los 50 mil millones de dólares especulativos cuyo retiro han detonado en la crisis mexicana son de esta procedencia.

La ley 19.366 contempla normas que sancionan el delito de lavado de dinero, y establece una investigación preliminar a cargo del Consejo de Defensa del Estado, que permite desarrollar, a nuestro juicio, una acción oportuna y adecuada para la persecución de este tipo de delitos.

En el curso de esta investigación previa, y gracias a un acuerdo de consenso logrado en la Comisión Mixta de Senadores y Diputados que resolviera la diferencia entre ambas Cámaras, el Consejo de Defensa del Estado, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, quedaba autorizado para recoger e incautar documentación y antecedentes necesarios para la investigación de los hechos y para imponerse del movimiento de cuentas corrientes bancadas, depósitos y otras operaciones sujetas a secreto. No obstante, el 4 de enero pasado el Tribunal Constitucional, en cumplimiento de las facultades que le otorga el artículo 82, N° 1°, de la Constitución Política de la República, declaró inconstitucionales algunas disposiciones fundamentales para estas investigaciones, contenidas en el inciso tercero del artículo 16 de la ley N° 19.366.

Los vicios de constitucionalidad esgrimidos en el fallo de mayoría del Tribunal Constitucional y que provocaron la eliminación de las potestades del Consejo de Defensa del Estado anteriormente señaladas, pueden resumirse en dos ideas: primera, la actuación del Consejo de Defensa del Estado, al no requerir autorización judicial, podría afectar el derecho constitucional al debido proceso; y segunda, las atribuciones que une el proyecto se confieren para alzar el secreto bancario y requerir el auxilio de la fuerza pública, serían exclusivas del orden jurisdiccional y, por lo tanto, atribuciones del Poder Judicial.

En cuanto a la primera objeción de constitucionalidad. el fundamento básico que invoca el Tribunal para declarar inadmisible las facultades que el Parlamento otorgara al Consejo de Defensa para enfrentar eficazmente el lavado de dinero, se refiere a la posible vulneración de derechos y libertades al disponerse de una facultad administrativa que pudiera afectar el principio del debido proceso.

Ello se produciría dado que en el proyecto de ley no se contempló un procedimiento judicial posterior de revisión ante eventuales arbitrariedades que pudieran afectar a particulares investigados por lavado de dinero.

Al respecto, cabe hacer notar que esta óptica doctrinaria no toma en consideración que la legislación chilena autoriza actualmente a determinados órganos públicos, como el Servicio de Aduanas y el Servicio de Impuestos Internos, entre otros, para realizar acciones de investigación e incautación de similares características a las que el Parlamento otorgara al Consejo de Defensa del Estado y que el Tribunal Constitucional le ha negado.

En el caso del Director de Impuestos Internos, por ejemplo, está facultado para adoptar diversas medidas destinadas a evitar la evasión tributaria, situación que consideramos tan importante de combatir como el lavado de dinero, estableciéndose la oportunidad de un reclamo jurisdiccional con posterioridad a la aplicación de las mismas, y se confiere al mismo la potestad para requerir auxilio de fuerza pública sin necesidad de trámite previo, pudiendo incluso procederse al allanamiento y descerrajamiento, como es el caso de la clausura de establecimientos comerciales.

Por su parte, la Ley orgánica de Aduanas faculta al Director Nacional para que falle en última instancia en los reclamos sobre clasificación arancelaria y aplicación de derechos, impuestos y tasas, resolución que no admite ulterior recurso ni puede ser desconocida o invalidada por otra autoridad, sin perjuicio de las cuales las acciones judiciales están vigentes para quienes se sientan afectados.

A estos dos casos deben añadirse algunas medidas regladas por la ley que son actualmente utilizadas cuando los organismos policiales realizan por sí mismos diligencias tendientes a establecer el cuerpo del delito, para posteriormente decidir si presentan o no denuncia ante el tribunal competente.

En segundo lugar, la mayoría del Tribunal Constitucional consideró que las atribuciones conferidas en el proyecto para alzar el secreto bancario y requerir la fuerza pública serían propias del Poder Judicial en el ejercicio de su potestad de jurisdicción, vulnerando así la Carta Fundamental,

Respecto de ello, debe considerarse que la potestad que la ley confiere al Consejo de Defensa del Estado no es propiamente jurisdiccional, pues no significa conocer, ni menos juzgar ni hacer ejecutar una causa civil o criminal. La atribución otorgada al Consejo es propiamente fiscalizadora y preventiva y corresponde a órganos que representan el interés social. En este sentido, nos quedamos con la definición de jurisdicción que respaldó el voto de minoría del Tribunal Constitucional del 4 de enero y que también fue base para fundamentar la sentencia recaída en el proceso N° 165 del mismo tribunal, y que señala que debe entenderse por jurisdicción el poder que tienen los tribunales para conocer y resolver, por medio del proceso y con efecto de cosa juzgada, los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promueven en el orden temporal dentro del territorio de la República y en cuya solución les corresponde intervenir.

Al respecto, cabe reiterar que el texto de la ley establece claramente que el carácter de la investigación a cargo del Consejo sería preliminar, administrativo y no contencioso. Es preliminar, justamente porque contribuye a formarse un juicio acerca de la conveniencia de iniciar la acción judicial, como es el caso de las facultades otorgadas a los servicios de Impuestos Internos, Aduanas y Policía que comentamos y esto implica, lógicamente, que en forma previa no pudo haber proceso judicial alguno.

En el derecho comparado esta actuación es propia del ministerio público y no de los tribunales de justicia. Por ello la solución de las dudas de constitucionalidad que se generaron en este caso y que se pueden producir en el futuro en temas relacionados, no se resolverán por completo sino cuando se perfeccione nuestro sistema procesal civil y penal, institucionalizando el ministerio público como eje fiscalizador de los intereses colectivos y protector de los derechos procesales de las personas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha concluido el tiempo que le ha concedido su Comité.

El señor MAKLUF.-

Voy a completar la idea.

El Gobierno ha tomado conciencia de esta situación y ha enviado un proyecto complementario de la ley N° 19.366, que ha sido felizmente aprobado tanto en la Cámara como en el Senado.

Retomando la cita de Monseñor Oviedo, creemos que respecto del flagelo del narcotráfico la misión de quienes formamos parte de este Poder del Estado no es crear polémica o proferir acusaciones, sino tratar de trabajar unidos para generar herramientas legales eficaces y proponer políticas adecuadas de prevención y rehabilitación que posibiliten erradicarlo de nuestro país. Este flagelo ha sido caracterizado por una alta autoridad mundial como la esclavitud del Siglo XX.

Quienes respetamos la libertad y la dignidad del hombre y creemos que el fin del Estado es hacerlas posible, tenemos el deber de seguir actuando.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Andrés Allamand.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente, tengo el honor de dirigirme, en mi noble calidad de Diputado y de Presidente de Renovación Nacional, ante esta Cámara y ante el país, para Compartir algunas reflexiones respecto del motivo de fondo que justifica esta importante sesión.

UN PROBLEMA MAL CALIBRADO

De las intervenciones de las autoridades públicas y de algunos parlamentarios, es evidente que en el país estamos enfrentando un gravísimo problema que, hasta ahora, no se encontraba, pese a los esfuerzos en la línea correcta, suficientemente calibrado.

En primer lugar, es importante que el Parlamento reconozca lo anterior que, por lo demás, demuestran los hechos. Es evidente que ha existido un desplazamiento, del consumo de la pasta base desde la zona norte, en los últimos cuatro o cinco años, hacia la zona central; también es cierto que hay mayor precocidad y mayor cantidad de uso y abuso de alcohol y drogas entre los jóvenes; es I efectivo que ha aumentado el policonsumo; es cierto que se ha terminado con el denominado “efecto escalera”; esto es, una forma de acceder al fatídico mundo de las drogas que se iniciaba con el neoprén, seguía con la marihuana, pasaba a la pasta base y terminaba en la cocaína o quizás dónde. Hoy existe una incorporación bastante directa, en particular de los jóvenes a través de la pasta base que como todos sabemos, tiene un altísimo poder adictógeno

En consecuencia, el problema de la droga dejó de ser, como aquí se ha dicho, un problema de otras latitudes, otros continentes, otros países, otras sociedades. Está aquí entre nosotros y tenemos que enfrentarlo con rigor.

AUSENCIA DE UNA POLÍTICA DE ESTADO

En segundo lugar, y sin desconocer tanto los esfuerzos del actual Gobierno como de los anteriores, y muy particularmente los esfuerzos de esta Cámara y del Poder Legislativo en su conjunto, es evidente que, hasta ahora, el país ha carecido de una auténtica política de Estado global, moderna, eficaz, para enfrentar este problema, esta agresión , que todos sufrimos. Pienso que no reconocerlo también sería un error.

La información general de la ciudadanía respecto de la gravedad del fenómeno sigue siendo insuficiente y precaria. Algunos siguen pensando con ingenuidad que todavía “no somos un país consumidor”. Hay cierta inadvertencia oficial. Estamos conscientes y orgullosos, en particular los miembros de Renovación Nacional, de los esfuerzos hechos por esta Cámara. Por ejemplo, el diputado señor Carlos Valcarce participó activamente en la solicitud de la primera sesión secreta que se celebró durante la legislatura anterior, pero también es cierto que este problema no ha figurado como tema prioritario de la agenda pública durante los últimos años. No figuró como prioridad, por ejemplo, en los programas de las últimas candidaturas presidenciales y no recibió mención alguna en el último Mensaje Presidencial del pasado 21 de mayo.

También es importante admitir que se requiere por parte de la sociedad una enorme capacidad de maniobra y reacción porque, como se ha dicho, apenas se perfecciona la legislación se advierte que los vericuetos del narcotráfico son más diestros y más hábiles que nuestras defensas. También no hay que cometer errores y caer en inconsecuencias. Hay que reconocer que medidas como la del indulto a un narcotraficante no son las que más ayudan.

RECHAZAR DE PLANO LA LEGALIZACIÓN DE LA DROGA.

Pero al margen de lo expuesto, en esta sesión ya se expresa una fuerte voluntad para seguir trabajando en la línea correcta. Sin embargo, no vamos a tener éxito en este combate si este Parlamento y la sociedad chilena no despejan primero una cuestión previa: hay que zanjar el debate intelectual acerca de la conveniencia de legalizar o no la droga. En tal sentido, Renovación Nacional está muy conforme con las expresiones del señor Ministro de Salud que ha abordado el tema en esta sesión.

¿Por qué lo decimos? Porque la verdad es que la sola existencia de este debate es una pésima señal pública. ¿Qué ven los ciudadanos comunes y corrientes? Que en Chile en menor medida, pero muy fuertemente en otros países las autoridades, los políticos, los intelectuales, los artistas, parecen confusos, impotentes, ambiguos. Unos están en la tesis de la “tolerancia cero”, esto es, penalizar toda la cadena: producción, comercialización, cultivo, tráfico y consumo. Otros, en la de la “legalización total”, esto es, en la antípoda de la anterior.

Esa ambigüedad conceptual es, por cierto, extraordinariamente perniciosa, porque, por una parte, confunde a la ciudadanía y, por otra, genera un efecto de neutralización en las políticas públicas.

Se ha dicho tantas veces: “Contra el narcotráfico hay que declarar una guerra”. Pero, señor Presidente: No se pueden ganar las guerras si los ejércitos están permanentemente vacilando respecto de la estrategia a seguir.

En concreto, pienso que es importante que en la sociedad chilena se descarte de plano el camino de la legalización para enfrentar este flagelo.

Yo no quisiera, bajo ningún aspecto, caer en esa simplificación absurda, en esa desviación maniquea, torpe y chata, de imputar aviesas intenciones o perversos propósitos a quienes son partidarios de la legalización. Creo en la buena fe de la gente. Simplemente opino que quienes piensan que ese puede ser un camino, más que ser perversos, están equivocados.

Hay que zanjar este debate en la sociedad chilena a través de un razonamiento intelectual, porque, en definitiva, la argumentación a favor de la legalización' no se sostiene ni es sólida.

Primero, se dice que el carácter criminal de la droga conecta tales actividades con una espiral de delito y violencia.

También se sostiene en un rápido resumen de argumentos que la acción represiva es, a la vez, cara e ineficaz y que los recursos que se destinan, por ejemplo, a la represión policial, podrían utilizarse de mejor manera, por ejemplo en prevención.

Por último, se dice que la ilegalidad de la droga es fuente de corrupción, de socavamiento de las bases de la sociedad.

Tales argumentos deben refutarse.

En primer lugar, nada asegura que la legalización de la droga la separe del mundo del crimen. Las pocas experiencias que han existido en el mundo sobre legalización han demostrado exactamente lo contrario. La droga siempre mantiene su cordón umbilical con el asesinato, con la extorsión, con el chantaje, con la prostitución y con el crimen organizado. Esa es la evidencia que existe.

En segundo lugar, quizás por el más elemental sentido común, me resulta muy absurdo el argumento de la ineficacia de las políticas como pretexto para propender a la legalización. Muchas veces las sociedades se han enfrentado a agresiones de este tipo. Si, por ejemplo, en los años 30 ó 40 se hubiese estimado que el crimen organizado era tan fuerte como efectivamente era, y que las tareas y leyes para combatirlo eran ineficaces, para acto seguido concluir que había que desistirse de las segundas y admitir el primero; qué duda cabe que aquel habría proliferado.

La ineficacia de las políticas públicas es un argumento para perfeccionarlas, pero jamás para abandonarlas.

En tercer lugar, nada asegura que la legalización de la droga, en cualquiera de los modelos teóricos pensados, no vaya a generar un doble mercado: uno formal regulado y otro informal carente de toda regulación. En consecuencia, quedaríamos en el peor de todos los mundos.

En estricta lógica económica, alguien podría sostener, por el carácter inelástico de la demanda de droga, que una baja en el precio impactaría, finalmente, a los sectores más vulnerables, es decir, a los pobres y a los jóvenes.

Por último, aún los más fervientes partidarios de la legalización admiten que, en una primera etapa, aquella aumentaría el consumo. Se supone que, con posterioridad, las medidas de rehabilitación y prevención, revertirían el fenómeno. Esto lleva a un Premio Nobel partidario de la legalización hay varios, no sólo uno a sostener que sería lógico establecer algo así como un período de cinco años en el mundo para legalizar la droga, para ver si la hipótesis de que, después de un curso ascendente de consumo, se inicia otro descendente, es o no real. Pero, yo pregunto, si en definitiva la hipótesis de estos economistas no resulta. ¿Quién responde por las consecuencias? ¿Estamos hablando quizás de ratones de laboratorio o de seres humanos?

A su tumo, desde un punto de vista filosófico esto para quienes tenemos fe en el ideario liberal, a veces nos hace fuerza se podría sostener que los hombres son libres y, en consecuencia, serían también libres para drogarse.

No señor Presidente, doble error conceptual. En primer lugar, la drogadicción, por definición, elimina la libertad del individuo; de hecho, lo transforma en un esclavo. Y nadie puede suponer que un recto ejercicio de la libertad es aquel que conduce precisamente a su aniquilamiento.

En segundo lugar, el límite de la libertad es también el efecto que los actos propios provocan a terceros. Y es evidente que la drogadicción, mucho más que un problema individual, afecta e impacta al tejido social en su conjunto.

Finalmente, en mi opinión y en la de Renovación Nacional, hay que estar en contra de la legalización por una cuestión valórica. La sociedad no puede ser neutral frente a la droga: la droga mata en vida, destruye la voluntad, afecta la identidad misma de las personas: ¡Una sociedad que, a través de sus organismos públicos, tolera la droga, en mi opinión, abdica de su obligación de buscar el bien común, esto es, asegurar las condiciones para que los hombres tengan la más alta realización material y espiritual posible!

Por lo tanto, ojalá que este debate sirva para que la sociedad chilena se unifique, en términos de rechazar tajantemente la idea de legalizar la droga en el país.

EL EFECTO TENAZA CONTRA LA DROGA

¿Qué hacer contra la droga? Muchas co¬sas. No quiero abusar de la paciencia de la

Cámara con un conjunto de medidas concretas, algunas de las cuales se han propuesto, y seguramente en el resto de la sesión continuarán expresándose.

En todo caso, quiero señalar un concepto general. Aquí hay que generar un “efecto tenaza” para que realmente podamos tener una política efectiva contra la droga. ¿Qué supone esto? Actuar simultáneamente sobre el tráfico y también sobre el consumo. Gran parte de las políticas públicas que han sido eficaces en diversos países, han fallado precisamente porque han puesto todo el énfasis en el tráfico, esto es, en la oferta, o todo el énfasis en el consumo, es decir, en la demanda.

Por ejemplo, en Estados Unidos durante mucho tiempo supuso que había que impedir que la droga llegara a sus costas. Grave error. No se dio cuenta de que en el patio de atrás proliferaba el hábito y la voluntad por consumir. Al mismo tiempo, si se pretende actuar únicamente sobre el consumo y se menosprecia la peligrosidad del tráfico, se incurre en el mismo error.

¡Aquí hay que hacer más difícil el tráfico y más difícil el consumo! ¡Hay que generar una tenaza para actuar sobre los dos ejes del problema!

ACCIONES Y MEDIDAS CONCRETAS

¿Qué otras cosas se pueden hacer?

Muchas Sr. Presidente.

Continuar sensibilizando a la sociedad respecto de la gravedad del fenómeno.

Implementar programas de participación interactiva, con conceptos claros. Los programas tienen que ser descentralizados y focalizados: Si el consumo hoy se inicia a los 15 años, hay que hacer el principal esfuerzo en los niños y niñas que tienen 12,13 ó 14.

Comprometer a la comunidad educativa. Hay que abrir un enorme espacio para la sociedad civil que, en muchos casos, en el ejercicio o materialización de estos programas, es aún más eficaz que el Estado. Hay allí una enorme energía dormida de la sociedad para luchar contra la droga.

Hay que trabajar fuerte en programas de rehabilitación. Los fondos disponibles para ello son absolutamente ridículos. Más aún, quizás hay que avanzar en caminos legales para que la rehabilitación sea obligatoria.

También, otro concepto central. Toda la energía de la sociedad y ninguna compasión con los traficantes, pero también toda la solidaridad y toda la humanidad de la sociedad para con los adictos, para con los enfermos, para darles una mano y rescatarlos del abismo de amargura y autodestrucción en que se encuentran sumidos.

¿Y la familia? Esto hay que decirlo: la familia es la institución fundamental para que realmente los jóvenes chilenos puedan defenderse de este flagelo. Quizás todos quienes somos padres deberíamos sacamos de la cabeza una falsa ilusión. Tal vez nos gustaría soñar con una policía tan efectiva que controlara inmediatamente a los narcotraficantes; con un sistema de control de fronteras tan eficaz que no entrara un gramo de cocaína o de pasta base; una sociedad donde no hubiera tentaciones. Ese mundo feliz no existe. Todos los padres de esta tierra tenemos que inculcarles a nuestros hijos los valores para que ellos se defiendan de esta amenaza letal con la cual, nos guste o no, van a tener que convivir en parte importante de sus propias vidas.

En el caso del tráfico, son necesarios más control policial, más recursos y también más coordinación. Si vamos a hablar con la verdad, debemos decir que en Chile siguen subsistiendo serios problemas de coordinación entre Carabineros e Investigaciones en la lucha contra el narcotráfico. Esto hay que decirlo, porque es necesario resolverlo.

Otro campo es el de la eficacia judicial. El sistema procesal penal chileno está colapsado desde hace décadas. Por eso, aplaudimos la iniciativa de la Ministra Alvear y de la Fundación Paz Ciudadana para introducir una reforma de fondo al sistema penal.

¿Y el sistema de seguridad penitenciaria? ¿Hasta cuándo vamos a seguir con una venda sobre los ojos para damos cuenta de que no resiste un día más? ¿Se requiere la reiteración de episodios como los de la última semana para damos cuenta que también, pese a los esfuerzos, en eso estamos muy atrás?

Sin duda hay que mejorar la legislación. El tema del lavado de dinero es prioritario, y hay que encontrar equilibrios. Algunos quisieran la máxima liberalidad para que este país fuera un paraíso financiero. Pero, un momento, señor Presidente; está bien alentar las inversiones, pero nunca al extremo que Chile sea un paraíso para el lavado de dinero.

En mi opinión, todo el conflicto generado a propósito de las facultades otorgadas al Consejo de Defensa del Estado apunta a una cuestión de fondo. Estamos intentando dar una facultad a un organismo que, en verdad, tal vez no debería tenerla. Mientras sigamos usando un mecanismo híbrido y no vayamos de frente a un Ministerio público o a una Fiscalía Nacional que tenga las facultades que se necesitan para impedir el lavado de dinero, el problema no se resolverá.

En materia de propuestas legislativas, los diputados de Renovación Nacional, encabezados por Alberto Espina, han propuesto un conjunto de medidas legislativas tendientes a perfeccionar la legislación existente. Ellas apuntan a dar mayor rigor para hacer efectiva la rehabilitación obligatoria en el caso del consumo privado; a reservar la identidad de quienes se sometan a rehabilitación; a dar más facilidades a quienes denuncien a los narcotraficantes, que hoy quedan expuestos a las “vendettas” más fáciles; a imponer restricciones a la libertad provisional de los traficantes; a otorgar mayores facultades a los municipios para que ayuden en esta batalla; a modificar la Constitución para restringir la facultad del indulto; a racionalizar el sistema de penas, etcétera.

Hay un inmenso campo en el cual debe trabajar él Parlamento. Por supuesto, no es menor sino básico impedir la penetración del narcotráfico en las instituciones y en el aparato público de la sociedad.

El proyecto de acuerdo aprobado ayer es un gran paso en ese sentido. También compartimos el punto de vista en cuanto a la transparencia de los recursos públicos, tema pendiente en la sociedad chilena, que dice relación con la política y los gastos electorales. En fin, tenemos un conjunto de acciones legislativas por delante que abordar.

DESPRESTIGIO DEL PARLAMENTO: OBJETIVO DE LOS NARCOTRAFICANTES Y LOS ENEMIGOS DE LA DEMOCRACIA

Desde otra perspectiva quiero manifestar, Señor Presidente que este debate me parecería hipócrita si no aludiéramos a alguno de los conflictos que hemos presenciado durante las últimas semanas. En verdad, este debate no puede realizarse como si nada hubiera ocurrido. Hemos asistido a una secuela de hechos que, finalmente, han conducido al escenario ideal para los narcotraficantes. Porque ¿cuál es el propósito del narcotráfico al pretender infiltrar a los poderes públicos? Muy simple: su desprestigio. Lo que quiere el narcotráfico es que en una sociedad nadie confíe en el Gobierno, nadie confíe en la policía, nadie confíe en el Parlamento. Lo que quiere el narcotráfico, señor Presidente, es una sociedad sin instituciones, porque una sociedad sin instituciones es una sociedad sin defensas, y una sociedad sin defensas es una sociedad de rodillas frente a esta agresión.

Quiero señalar lo siguiente, y decirlo con todas sus letras: los propósitos de los narcotraficantes coinciden, objetivamente hablando, en una alianza o en una complicidad con los enemigos de la democracia, porque estos últimos también desean, para hacer viables sus propósitos totalitarios o autoritarios, una sociedad con instituciones democráticas vapuleadas y con servidores públicos desprestigiados.

Aplausos.

He querido hablar de la complicidad objetiva que se genera con el narcotráfico, porque hay una irresponsabilidad infinita en la denuncia sin fundamento plausible, porque hay una gravedad enorme en la propagación de denuncias hechas al “voleo”, porque unas y otras generan daños irreparables a las instituciones y a las personas.

¿Y cuáles han sido las señales que el conjunto de la sociedad chilena ha dado frente a estos hechos en los últimos días?

Repasémoslo frente al país.

Primera señal. En Chile, de pronto, fácilmente, se rompe un principio básico de toda convivencia civilizada. En cualquier sociedad civilizada a la gente se la presume inocente, no culpable; en cualquier sociedad civilizada la carga de la prueba recae sobre aquel que acusa. El que acusa tiene la obligación moral de probar. En caso contrario, la convivencia social se hace imposible.

El país entero debiera leer este artículo notable, publicado en el diario “La Segunda”, de un hombre también notable, Gonzalo Vial, Ministro de Educación del gobierno militar, pero también nuestro miembro de la Comisión Rettig, quien ha advertido al país sobre los peligros de institucionalizar la “caza de brujas”.

Segunda señal. En Chile la forma más rápida para alcanzar notoriedad pública es la acusación genérica a instituciones y personas. Mientras más altas sean las investiduras, mientras más prestigio tengan las instituciones, más grandes serán los titulares de la prensa. Aquí, para ser figura, hay que difamar. Y que lo sepan los Diputados que han trabajado en forma anónima y silenciosamente durante cinco o más años en el tema de la droga; los que legislan, los que perfeccionan la ley, los que estudian, los que trabajan, los que investigan. A ellos no los van a convidar a ningún programa de televisión, a ellos no los van a tener de “entrevistados estrellas” el día domingo en ningún diario. ¡Para ellos el anonimato, pero para los que difamen con escándalo, toda la celebridad, toda la popularidad, toda la visibilidad! ¡¡Ese es un incentivo perverso!!

Aplausos.

Estoy consciente de que estoy entrando en un terreno peligroso, porque hay una suerte de norma no escrita en orden a que los políticos deben cuidarse de criticar a los medios de comunicación. Por lo menos en mi caso particular, no estoy dispuesto a admitir esa suerte de extorsión tácita.

ORQUESTACIÓN PROFESIONAL DEL RUMOR Y COBARDÍA MORAL

Tercera señal. En Chile puede prosperar, aunque sea en forma incipiente, la herramienta política más abyecta y perversa. ¿Y cuál es esa? La que hemos visto operar en estos días: la del rumor propagado con orquestación profesional en un ambiente donde es aceptable la cobardía moral.

Así, señor Presidente, se difama a los parlamentarios en bloque, pero siempre con astucia, para no individualizar a ninguno. Así, se ataca públicamente a todos, pero a la vez, a nadie. Por lo mismo, nadie puede defenderse, porque el que quiere salir en su defensa entonces inmediatamente es sindicado con aquel viejo refrán; Ah, “el que se excusa se acusa”; pero no es menos cierto que “el que calla otorga”.

Esta táctica, señor Presidente, es muy vieja. El refrán popular también dice que “el ladrón cree a todos de su condición”. ¿Y qué hacen los mentirosos cuando se enquistan en 

las instituciones? Pretenden que todos son mentirosos. Ya lo dijo Mariano Grondona, ese inteligente pensador argentino, a propósito de la corrupción: los que alientan la corrupción pretenden o que nada es corrupto o que todo es corrupto, porque entonces el menor error administrativo es un acto doloso. Así, la sombra de la duda lo cubre todo.

Así circulan listas anónimas; se deslizan por parte de algunos, nombres al oído de los periodistas. Se habla de supuestas redadas en que algunos, parlamentarios habrían sido detenidos, y se menciona que habría habido tráfico de influencias para sacarlos de ese atolladero; se sostiene en los pasillos lo que nadie está dispuesto a decir aquí en la Sala. Siempre, además, hay una buena excusa para no dar ningún antecedente concreto, un cómodo “off the record” y evadir todo emplazamiento. ¡Lógico! Una estrategia de esta naturaleza siempre requiere tanto de la sombra, de la penumbra, como del tiempo prolongado. Sólo así la orquestación profesional del rumor hace el daño que se pretende. Mientras más dura la incertidumbre, entonces, más posibilidades hay de dañar, de esta forma artera, a las instituciones y a las personas. Y, por supuesto, en este ambiente, siempre está abierto el expediente de dar por válida cualquier fuente.

No quiero, señor Presidente, desviar la atención de esta sesión, pero quiero señalar a usted y al país que Renovación Nacional va a exigir al Gobierno que haga presente a esta Cámara todos los antecedentes que tiene sobre el señor Lenín Guardia. Y vamos a pedir también a los Tribunales de Justicia que investiguen la participación que a este sujeto, ex miembro de la Central Nacional de Inteligencia, le ha correspondido en todo este episodio, para que se sepa, hasta donde sea posible, qué hay detrás de todo esto. ¡¡Así actuaremos con transparencia, y le demostraremos al país que no tenemos temor alguno frente a denuncias que se formulan de esta manera!!

EL TESTIMONIO MORAL DEL PARLAMENTO

Por último, señor Presidente, quiero terminar, si Su Señoría me lo permite, con una experiencia personal que es al mismo tiempo una reflexión. Hace cinco años, junto con el retomo a la democracia, se instaló de nuevo este Parlamento, y, por cierto, esta Cámara de Diputados. La verdad es que cualquiera que conozca algo de la historia de Chile sabe que el prestigio nacional e internacional de esta Cámara se ganó palmo a palmo, a través del trabajo y el esfuerzo de muchos de los más notables hombres de esta tierra. Por distintas razones políticas, no tuve la oportunidad, hace cinco años, de estar entre los que juraron como los primeros diputados en esta nueva etapa de la vida del país. Y como no estuve entre ustedes, sí los pude mirar, y como los pude mirar, les pude mirar los ojos, y ¡claro! en los ojos de ustedes había alegría, pero había también orgullo y responsabilidad. Orgullo por pertenecer a una institución prestigiosa. Responsabilidad, a la vez, por el altísimo honor de representar al pueblo y también por ser herederos de una tradición valiosa que había que cuidar.

En estos días he visto en algunos desánimo, náusea, impotencia al sentirse manipulados, injustamente agredidos. Quiero hacer presente que. aunque sea en algunos de nosotros, prolongar ese estado de cosas sería una gigantesca victoria para los narcotraficantes y para los enemigos de la democracia.

Que de ahora en adelante este Parlamento gane en transparencia; que elaboremos todos juntos, gobierno y oposición, las políticas de Estado que se necesitan para derrotar al narcotráfico. Habrá espacio, por cierto, también para nuestra autocrítica, para que hagamos las cosas mejor. Nadie pretende ser perfecto.

En cualquier caso, por sobre todo, más allá de nuestro testimonio legislativo, este Parlamento dé al país un testimonio moral.

Que le diga, mirando a la gente a los ojos, que pueden confiar en nosotros, que no estamos arrepentidos de ser políticos; que no tenemos nada que esconder. Y que afirme con fe que en la política chilena y que en esta Cámara de Diputados hay mucha más verdad que mentira; mucha más vocación de servicio público que ambición desenfrenada, mucha más honestidad que deslealtad entre nosotros, mucha más grandeza que miseria. ¡¡ Así el Parlamento chileno y esta Cámara podrán transformarse en la vanguardia que permita a esta tierra liberarse del flagelo perverso y asesino de la droga!!

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo del Comité del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Camilo Escalona.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, el conocimiento de mi tumo para intervenir me impidió concurrir al lugar donde se encuentra el Diputado señor Andrés Allamand, al igual que lo hicieron otros colegas, para felicitarlo por su brillante intervención y sobresaliente argumentación en esta sesión tan importante de la Cámara de Diputados.

Creo que ha quedado de manifiesto que concurrimos al debate de un problema que ha escapado de su dimensión estrictamente policial; y no sólo ha escapado de sus dimensión estrictamente policial, sino que también, y con creces, ha sobrepasado lo que podría ser su vinculación con las políticas sectoriales, ya sean de salud, de educación, de interior o de otras áreas de la acción de Gobierno o del Estado.

Estamos en presencia de circunstancias que afectan en realidad al futuro de la vida social del país, pero también, por cierto, de circunstancias que dicen relación con el futuro de la sociedad política.

Más allá de la gravedad del problema, del cual muchos de nosotros somos testigos directos, de la masificación del consumo de cocaína y de la llamada pasta base en las poblaciones y sectores populares de las principales urbes del país; más allá de la enorme dimensión social y de la angustia que más de alguno sentimos al ser testigos de cómo se ven envueltos por el narcotráfico poblaciones, familias u hogares, incluso dirigentes sociales con los cuales más de alguna vez hemos tenido una relación de amistad o de cercanía, en los últimos días en el país se ha sembrado la duda respecto de la integridad, la dignidad y la honorabilidad de las instituciones democráticas básicas de la nación y, en particular, del Parlamento chileno.

Sobre eso queremos hacer una primera afirmación. Afortunadamente, estamos viviendo en una sociedad democrática. Dicho de otra manera, en países vecinos en que la entronización del narcotráfico coincidió con la existencia de regímenes dictatoriales, la suerte de esas sociedades ha sido, por cierto, extraordinariamente triste y negativa.

Se ha insinuado, y no pocas veces, que la sociedad democrática no es capaz de defenderse frente al terrorismo o el narcotráfico. Sin embargo, en naciones vecinas en las cuales prevalecieron durante largo tiempo regímenes dictatoriales, sus Estados terminaron consumidos por la corrupción, por la impotencia y por la disolución moral de las sociedades.

En consecuencia, es efectivo que el narcotráfico ha sido capaz de afectar diariamente las bases de sustentación de países vecinos, algunos con largos períodos de regímenes dictatoriales; otros con un sistema político democrático en que el narcotráfico llegó a promover procesos de desestabilización política y de conflictos sociales y morales de profundidad hasta ahora no resuelta.

A la luz de esas experiencias, podemos preguntar quién pierde con el narcotráfico.

En primer lugar, la gente humilde, muy especialmente la juventud pobladora y estudiantil, que se ve incorporada a un círculo catastrófico de agravamiento de la pobreza y la marginalidad como consecuencia del tráfico y consumo de drogas.

Algunos de nosotros, hemos recibido hace apenas cinco días en el Congreso a la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de El Bosque de la Región Metropolitana. Entregó un detallado documento al Presidente de la Cámara en que enfatiza y reclama una conducta de todos los parlamentarios para poner atajo a una dinámica que arrastra, fatalmente, a miles de jóvenes a la delincuencia y que acentúa la violencia y la criminalidad en los sectores populares.

Por ello descartamos cualquier alternativa que conlleve una señal de permisividad o de contemplación frente a los narcos. Sin embargo, hay que tener sumo cuidado en unilateralizar la represión, sobre todo si la misma conduce a conductas o hábitos de represión, masiva hacia los jóvenes.

Los abusos, atropellos y violencia innecesarios hacia la juventud no hacen sino favorecer a los narcotraficantes. Asimismo, es nuestra convicción que el país debe democratizarse aun más para hacer realidad una sociedad más equitativa, más digna, justa y tolerante, en la cual no ocurra que la impotencia ante la pobreza y la marginalidad sea el trasfondo en que se asiente y desarrolle el narcotráfico.

Es evidente que la riqueza y los frutos del desarrollo deben llegar a todos los chilenos. Sobre todo, es necesario luchar contra el mayor desempleo relativo que existe en los jóvenes. Es necesario luchar contra el mayor desempleo relativo que existe entre los jóvenes, especialmente aquello que lo buscan por primera vez.

Asimismo, es indispensable disminuir las tasas de deserción escolar y enriquecer el uso del tiempo libre en todas aquellas extensas áreas de las ciudades, donde la sola práctica del deporte comienza a ser un privilegio ante la falta de equipamiento y el crecimiento irracional de las grandes urbes.

Más que perseguir a la víctima, la sociedad y los organismos del Estado deben perseguir la responsabilidad de los auténticos victimarios; es decir, de aquellos que se enriquecen velozmente y sin escrúpulos gracias a la droga.

En esa dirección, el Congreso Nacional ha realizado un sistemático esfuerzo para perfeccionar nuestra legislación sobre la materia, creando esta Cámara una Comisión especial y luego a través de la tramitación y despacho de la ley N° 19.366.

Dicho texto legal persigue dos objetivos fundamentales. El primero, actualizar nuestra normativa, de modo de favorecer la efectiva rehabilitación de los drogadictos; el segundo, ajustar nuestra legislación para encarar los procedimientos utilizados por el narcotráfico, permitiendo la eficacia en la investigación y detección del denominado “lavado de dinero”, es decir, la ejecución de inversiones y negocios especulativos con recursos obtenidos de la comercialización y distribución de drogas.

Cabe señalar que dicho lavado de dinero resulta fundamental para los procedimientos de los narcotraficantes. No sólo ello; el lavado de dinero es el corazón del narcotráfico. Sin él, este macabro e inmoral comercio perdería el centro de gravedad de su propia sustentación y sentido de ser. Su fuente de financiamiento y su capacidad de penetrar en la vida de la sociedad se verían fuertemente anulados.

Por ello, es fundamental evitar el lavado de dinero para luchar contra el narcotráfico. Y, para no hacer sólo de esta sesión un buen ejercicio protocolar, nosotros demandamos de la totalidad de las fuerzas políticas del país un pronunciamiento sobre la materia.

Desde nuestro punto de vista, el fallo del Tribunal Constitucional no es causal. Se conecta con la existencia de poderes fácticos que tienen un profundo poder de intervención sobre asuntos decisivos en la vida de la sociedad chilena.

Valoramos que el presidente del principal partido de Oposición haya subrayado que, no obstante, cualquiera que sea nuestra apreciación sobre el modelo o tipo de desarrollo de nuestro país, no es posible pensar que éste se haya convertido en el paraíso de la circulación de dineros especulativos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, terminó el tiempo que le asignó su Comité.

El señor ESCALONA.-

Concluiré, señor Presidente.

En consecuencia, para nosotros es fundamental que la totalidad de las bancadas parlamentarias se pronuncie sobre el particular, en especial la de la Unión Demócrata Independiente, que no lo ha hecho, para que podamos suscribir un compromiso político y legislativo de modo de dotar al país de la legislación que permita a sus instituciones democráticas encarar el problema de fondo: ^ es decir, de las siderales cantidades de dinero que se legalizan provenientes del narcotráfico, puesto que en la actualidad no tienen capacidad para actuar. Con ello demostraremos coherencia e indicaremos que queremos anular el narcotráfico y, por consiguiente, evitaremos que la democracia chilena se vea debilitada por los fenómenos que tan fuertemente han afectado a países vecinos.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el turno del Comité del Partido por la Democracia, tiene la palabra la honorable Diputada señora Martita Wörner.

La señora WÓRNER.-

Señor Presidente, estamos debatiendo hoy uno de los más graves problemas de la sociedad contemporánea y lo hacemos ante una gran expectación e interés de los medios de comunicación y de la ciudadanía entera.

Es un hecho evidentemente positivo que, por fin, el problema de la droga se haya puesto en el centro de las preocupaciones políticas de nuestro país.

Pero fue el 7 de abril de 1992 que el Gobierno de la Concertación envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, y penaliza el consumo público y concertado.

Por treinta meses se prolongó la discusión y tramitación de esta ley, que fue despachada para su promulgación el 30 de agosto de 1994.

Queremos expresar, en esta ocasión, con absoluta claridad, la posición de la bancada parlamentaria del PPD frente al ingente problema de la droga en Chile.

En términos generales, estimamos que el consumo de droga no es sólo un problema político, sino también el de salud pública más importante que enfrenta la humanidad, junto al problema del Sida.

La epidemia de la droga, como toda epidemia, está predeterminada por factores de riesgos existentes en la sociedad, y es también la expresión de aspectos culturales y antropológicos de una comunidad.

No cabe duda de que en una sociedad donde subsisten problemas de pobreza, insatisfacción, frustración, expectativas no cumplidas y falta de autorrealización, existe lo que se denomina un mayor riesgo psicosocial que favorece el consumo de sustancias estimulantes.

Pero no son sólo las personas las afectadas por el flagelo de la droga. Esta ataca también el cuerpo y el alma de la sociedad, intenta penetrar sus instituciones fundamentales, subvertir sus normas internas, deslegitimar su funcionamiento básico y, en definitiva, cuestionar la confianza en las relaciones sociales y las normas.

Por eso, como Partido por la Democracia, decimos categóricamente no a la droga, porque constituye de verdad una seria amenaza a la estabilidad democrática y a la convivencia social, y la sociedad toda debe reaccionar en defensa propia contra esa amenaza.

Aquí, más que nunca, se requiere de todos nosotros, y principalmente de los políticos, una visión amplia de país y no una mirada estrecha que busque sacar pequeños dividendos personales o partidarios de un drama social que comprende el presente y el futuro de nuestra sociedad.

La epidemia de la droga en Chile es de aparición tardía. Los primeros casos de muerte por sobredosis se detectaron a finales de los años 80 y principios de los 90. Por ser ésta una epidemia en plena fase de instalación, es todavía una enfermedad evitable, es decir, existe una población susceptible de alto riesgo que aún no ha adquirido la enfermedad adicción, pero que tiene más predisposición a hacerlo. Esto determina que, principalmente, sea un problema de salud pública, y la estrategia para enfrentarlo es, fundamentalmente, la prevención. Esto significa que la población de susceptibles, que aún no ha adquirido la enfermedad adicción, debe ser parte de una estrategia de prevención cuyos instrumentos fundamentales son la educación y la resolución de problemas sociales, como la pobreza, la cesantía y la necesidad de fortalecer los lazos familiares.

Además, es necesario eliminar los factores de riesgo que facilitan el acceso al consumo.

Debemos comprender a cabalidad la magnitud y las características reales y precisa del problema para enfrentarlo con posibilidades de éxito. Debemos ser claros. La incomprensión del problema de la droga conducirá inevitablemente al fracaso de la lucha contra ella. Y hay equivocaciones que Chile no puede darse el lujo de cometer.

No debemos perder de vista, a la hora de emprender el combate contra la droga, que el consumidor es una víctima, y el traficante, el victimario; que la persona que consume drogas no es un delincuente, sino un enfermo; que la responsabilidad de la sociedad frente a quienes consumen ocasionalmente sustancias psicotrópicas es evitar su transformación en adictos, detener la dependencia de sustancias de creciente toxicidad, educar sobre los riesgos y consecuencias del consumo y romper el vínculo con la oferta de la droga que a veces se impone, con métodos brutales, sobre una demanda débil e incluso inexistente; que la obligación de la sociedad chilena frente a quienes sufren de adicción, es otorgarles espacio y oportunidades reales de rehabilitación; que la obligación de la sociedad frente a quienes trafican sustancias psicotrópicas, es desbaratar sus redes de distribución, sofocar su proceso de producción, impedir el blanqueo de recursos obtenidos con este tráfico y, en definitiva, aplicarles todo el rigor de la ley. Esto, sin cometer el error de sentimos como “jaguares” de América Latina e intentar descubrir la pólvora cuando sabemos que desde hace siglos es usada por la humanidad.

En el mundo hay experiencias suficientes de lucha contra la droga, de las cuales podemos extraer conclusiones y sugerencias para enfrentar el problema con mayor éxito, porque se han explorado ya muchos caminos y todos tienen sus virtudes y defectos. Por eso, debemos salir de nuestro narcisismo habitual y examinar sin prejuicios las distintas experiencias desarrolladas en el mundo contra el narcotráfico y la drogadicción; porque aquí no hay fórmulas mágicas. Estados Unidos, por ejemplo, pese a las crecientes magnitudes de recursos financieros y humanos, de órdenes inalcanzables invertidas en tareas represivas, no ha logrado detener el progreso sostenido de consumo, la adicción y el tráfico de drogas en sus territorios.

Creemos que la penalización del consumo de droga privado no aporta nada a la lucha contra la droga y, de paso, introduce odiosas discriminaciones sociales. Asimismo, la bancada de Diputados del PPD no apoya la legalización de drogas blandas, como la marihuana, porque creemos que constituiría una señal de legitimación social que conllevaría el riesgo de generalizar el consumo y porque, a nuestro juicio, abre una compuerta legal a la entrada de drogas más poderosas y adictivas. Enfatizo: la bancada de Diputados del PPD no apoya la legalización de drogas blandas; sin embargo, reconoce que éste es un debate legítimo y que debe llevarse a cabo en nuestro país. En nada contribuye una respuesta ciega e inquisitiva que clausure o impida el debate o discusión, por la vía de hacer aparecer a sus defensores como prodrogas. El debate existe en todos los países afectados por la drogadicción y el narcotráfico, y sus promotores tienen argumentos que requieren una respuesta reflexiva y consecuente con la situación concreta de la droga en Chile. Debemos tener debate, si es necesario, y confiar en nuestros argumentos, en que primen nuestro criterio y opinión para que no avance ese vicio en nuestro país. No incurramos en el error de hablar de la droga sin referencia alguna al contexto social en que se desarrolla el consumo, porque es cierto que éste no es nuevo en Chile ni en el mundo. En verdad, tiene raíces que se pierden en el tiempo y en la historia. Sin embargo, la droga, como problema masivo, la adicción y el narcotráfico han emergido sólo en el último tiempo en nuestro país.

Es verdad, como se dice, que la droga está asociada al malestar cultural del hombre contemporáneo; a la pérdida creciente de valores e identidad y a una cultura consumista, individualista, que centra su fuerza en perseguir el éxito fácil; el éxito y el poder muchas veces sólo centrado en el dinero. Esta tiene, a la vez, un vínculo más preciso, particularmente aquellas sustancias más d¬ñinas, relacionado con la incapacidad de nuestra sociedad de integrar a sus jóvenes a la economía, a la sociedad y a la cultura.

Por supuesto que la visión masiva sobre el consumo de neoprén en nuestro país, durante los años 80, tuvo que ver con la pérdida del horizonte y desarrollo para todo un sector de jóvenes chilenos. Asimismo la explosión del consumo de pasta base, fabricada a partir de desechos del proceso de producción de la cocaína, tiene que ver con los índices de desocupación juvenil, que en el grupo de 15 a 24 años alcanzan al 13,3 por ciento y que en nuestras ciudades altamente segregadas llega a cifras cuatro o cinco veces mayores. También tiene que ver es evidente con la crisis de destino de la educación media, que prepara a jóvenes casi exclusivamente para la frustración de no poder ingresar a la educación superior.

De acuerdo con numerosas investigaciones, la educación integral constituye uno de los principales protectores contra el consumo de drogas.

En Chile, la mala calidad de la educación, el 10 por ciento de repitencia que existe en la educación básica y media y el elevado índice de deserción escolar, constituyen importantes factores de riesgo de consumo y adicción.

Insistimos; no podemos incurrir en el error de abstraer el problema de la droga de su contexto y no conseguiremos hacerla retroceder si no intervenimos como sociedad para cambiar el terreno social que le ofrece condiciones de expansión.

Combatir la droga, entonces, implica también hacer cambios profundos en el sistema educacional, incrementar la inversión en capacitación para el empleo, crear espacios comunales de recreación y convivencia social, fijar políticas deportivas; en fin, todo aquello que represente puentes de integración a la vida social de los jóvenes marginados.

Como partido hemos insistido en que la educación chilena debe abrir los ojos al problema de la droga y participar activamente en su prevención. Las mallas curriculares han de incluir esta temática desde los últimos años de enseñanza básica y debe formarse a los profesores para que puedan trabajar en favor de la prevención del consumo.

Nos alegra escuchar el énfasis, la fuerza y el compromiso del Gobierno en esta materia, el que queda de manifiesto en las intervenciones de los Ministros del Interior y de Salud.

Proponemos el desarrollo de campañas de información y comunicación sobre la droga, pero específicamente orientadas a la población de alto riesgo, porque las experiencias de otros países nos han demostrado que éste es el camino más eficaz.

Nada se resuelve legislando y penalizando, si Chile no destina recursos en magnitud suficiente para encarar el problema de la droga y la propia aplicación de la ley. No existe una infraestructura adecuada de rehabilitación ni recursos humanos para realizar esta tarea; sin embargo, la ley determina que demostrada la adicción de un detenido, éste ha de ser enviado a un centro de rehabilitación. Eso, hoy digámoslo con todas sus letras es una ficción. El sistema penitenciario es un espacio de ingreso al mundo de la droga, cuando no de consolidación de una adicción incipiente o francamente de integración a las redes del narcotráfico.

Por otra parte, para el Partido Por la Democracia, una de las principales claves de la lucha contra la drogadicción es el combate al narcotráfico. Como país no podemos permitimos debilidades.

Fijemos políticas claras y financiadas para prevenir y educar, tengamos fuerza y ninguna muestra de debilidad para combatir y excluir el narcotráfico.

Condenamos, por tanto, la actitud del Tribunal Constitucional que desconoció la unanimidad del Parlamento en orden a crear mecanismos para evitar el lavado de dinero. Esta acción es una señal distorsionadora del sentir social colectivo que debilita fuertemente la lucha que el Gobierno y el Parlamento llevan adelante para combatir con eficacia el narcotráfico y abre una puerta de vulnerabilidad al anteponer la facultad de los tribunales y los derechos individuales sobre el bien común.

El país debe tomar conciencia sobre la gravedad que reviste el fallo del Tribunal Constitucional; que haya impedido la creación de instrumentos eficaces par terminar con el narcotráfico.

Nos alienta la esperanza de corregir este grave error con el proyecto que acaba de aprobarse en el Parlamento y que repone la posibilidad de perseguir el lavado de dinero.

Por otra parte, si queremos ser consecuentes en la lucha contra el narcotráfico, debemos demandar al Estado que destine los recursos necesarios para ello. Hoy existe una enorme desproporción entre los grados de organización y recursos de las redes que pueden infiltrarse en nuestro país y las condiciones en que los servicios especiales de Carabineros e Investigaciones desempeñan su labor.

En la puerta de entrada de la droga, la Primera Región, lo han hecho presente en reiteradas oportunidades los Diputados Salvador Urrutia y Jorge Soria, parlamentarios de esta bancada, ni siquiera están cubiertas las dotaciones de personal fijadas por la ley y no se cuenta con los vehículos aéreos y terrestres suficientes para contrarrestar con eficacia la acción del narcotráfico.

Los Diputados del PPD estamos dispuestos a buscar acuerdos para otra reforma tributaria, si es necesario, orientada a estos objetivos específicos. También estamos abiertos a la posibilidad de que con la venta, enajenación o incorporación de capitales privados a las empresas públicas, que aumenten su rentabilidad, se creen fondos destinados a la lucha contra el narcotráfico.

Finalmente, queremos alertar a los políticos y a los medios de comunicación sobre los efectos negativos y permisivos que tiene la exageración, el rumor, la generación de desconfianza y la caza de bruja sobre la democracia y sobre el propio combate al narcotráfico.

Por cierto, aplaudimos y hacemos nuestra la brillante intervención de nuestro honorable colega Andrés Allamand.

El narcotráfico presiona sobre todas las instituciones públicas para que sirvan a sus objetivos. Es un dato de la realidad que no podemos negar ni evitar ver, pero la desconfianza infundada es tan dañina como la droga y sólo contribuye a borrar los contornos del verdadero adversario de la democracia: el narcotráfico.

Por eso los Diputados del PPD, cuando han recibido antecedente suficientes para fundamentar y llevar adelante una denuncia pública sobre un caso de connivencia judicial con los narcotraficantes, han entregado la información a los tribunales, de cara al país, para que sean éstos los que actúen. Esto debemos tenerlo presente y proceder con la responsabilidad y transparencia con que lo hicieron en su oportunidad la DiputadaMaría Antonieta Saa y los Diputados Guido Girardi y Nelson Ávila. Sus denuncias permitieron separar de sus cargos a aquellos elementos que dañan nuestra convivencia y ayudan a que este flagelo de la droga nos invada como sociedad.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señora Diputada, concluye su tiempo.

La señora WÖRNER.-

Termino, señor Presidente.

Queremos aprovechar esta ocasión, claro ejemplo de la preocupación de la Honorable Cámara por este problema, para decirles a los jóvenes que los invitamos a no dar pasos que puedan hacer perder el control de sus destinos, que vivir la juventud no puede significar el sacrificio del futuro. Como Partido nos interesa crear instancias efectivas donde puedan expresarse, participar activamente, manifestar sus inquietudes y entregar sus aportes en la fijación de políticas que ayuden a toda la sociedad. ¡Ustedes no pueden estar ausente; son los dueños de futuro!

De igual forma, queremos llamar la atención sobre la urgente necesidad de reponer el diálogo en la familia, sobre la urgente necesidad de actuar responsablemente en nuestro ámbito más privado para evitar el dolor y la tragedia de tantas familias chilenas que hoy tienen a uno de sus miembros en trámites y en procesos de rehabilitación costosos, largos y no siempre efectivos, para rescatarlos de las garras de la droga.

El PPD termina señalando al país que no vamos a superar el problema y la tragedia de la droga sin la participación activa y responsable de cada uno de nosotros.

El Parlamento está haciendo lo suyo, unánimemente, de cara al país, y esto no puede desconocerlo nuestra sociedad ni ser opacado por vendavales huracanados que nada logran y que nadie puede entender a qué oscuros propósitos obedecen.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el honorable Diputado Carlos Bombal.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, cuando hace cuatro años la Comisión Especial de Drogas rindió su informe, tengo muy presente en la memoria que en la Sala había siete señores Diputados y se encontraban presentes los más altos jefes policiales del país.

Después de ver la concurrencia a esta sesión, ¿qué duda cabe que la situación ha cambiado en el país? Entonces, no imaginamos que volveríamos a congregarnos, entre otras razones una muy principal, por haber sido interpelados públicamente, poniendo en tela de juicio nuestro actuar.

Sin duda, ayer la Honorable Cámara salió muy fortalecida al haber aprobado unánimemente luego de largas deliberaciones que quedarán en los anales de la Corporación, como elementos positivos, después que hubo escepticismos que fueron superados, el proyecto de acuerdo para reconocer el alarmante aumento en el consumo y tráfico de drogas en el país; para decir que una de las fases de desarrollo más peligrosas del narcotráfico es su deliberado propósito de extender sus redes de influencia hacia los miembros de las instituciones públicas y poderes del Estado; para consignar también que en el último tiempo se ha generado un debate público sobre la materia, en que se incluye y se alude al Parlamento; para reconocer que la Honorable Cámara debe pronunciarse respecto de la incompatibilidad del ejercicio de cargos públicos entre ellos el de parlamentario con el de consumidor de drogas y, finalmente, para decirle a la comunidad que aquí estamos, de cara a ella; dispuestos a colaborar con toda investigación, judicial o administrativa, siempre que exista total claridad, la que, no me cabe duda, cada uno de los honorables parlamentarios y este poder del Estado tienen para enfrentar un tema de esta envergadura.

Las pavorosas cifras que hoy se manejan sobre el actual impacto del narcotráfico y cómo deforma la vida de nuestra sociedad, reafirman nuestra convicción sobre la indiscutible gravedad que reviste. Este crudo fenómeno, extendido por el mundo, representa una forma no institucionalizada, ilegítima y cruel, de llamar la atención de la autoridad pública sobre asuntos que interesan a sectores minoritarios de la población y que son inconciliables con los requerimientos más elementales del bien común, que es el fin último del Estado, razón suficiente para considerar al narcotráfico como una de las peores lacras que afectan a la humanidad, específicamente al patrimonio más valioso de las naciones; su juventud. Afecta la integridad física y síquica de las personas, con el consabido temor e inseguridad que ello causa, contrariando los supuestos más elementales de una convivencia armónica y civilizada.

Resulta indispensable reconocer que es un asunto de Estado, pues ataca a nuestra sociedad sin discriminar sexo, credo, raza, ideología o condición alguna.

Del mismo modo, a estas alturas es indispensable reconocer que nuestro país, hasta ayer lejano de este flagelo, se encuentra enfrentado a una emergencia inminente y a la circunstancia de asumir este fenómeno con una voluntad resuelta de combate, ya que su propia integridad como nación podría verse seriamente afectada.

Debemos decidirnos a liberar al país por completo de la droga. Debemos abordar este tema, de suyo delicado, de manera conjunta, sin dobles estándares, sin que nuestra respuesta obedezca a concepciones ideológicas o a mutuas recriminaciones.

Hace sólo algunas semanas un parlamentario de nuestra bancada presentó un proyecto de acuerdo relativo al tema que nos ocupa. Lamentablemente, fue desechado por la Honorable Cámara.

Sobre este particular se ha afirmado que existen dos justificadas, atendibles y legítimas posturas. La primera, que inspiró a quienes votamos favorablemente el referido proyecto de acuerdo, se basa en el hecho que. atendida la naturaleza y la responsabilidad pública de nuestros cargos, resulta indispensable borrar toda sombra de duda relativa al consumo y tráfico de drogas, abriendo al efecto una completa investigación, siendo necesario renunciar de antemano al fuero parlamentario del que gozamos, privilegio que se justifica única y exclusivamente por representar una función pública preponderante, como la que todos ostentamos.

La segunda postura muy respetable, de quienes se opusieron al proyecto de acuerdo, se basó en la circunstancia de que una iniciativa como la propuesta, violentaría un principio elemental de justicia; a saber, que toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario. Tal principio sería irrenunciable, aun cuando desempeñamos nuestros cargos públicos.

Resulta entonces que lo que estaba en pugna entre una y otra tesis, era el concepto del derecho a la intimidad o, en otras palabras, de qué manera se objetiviza la garantía constitucional de la vida privada y pública de las personas, tratándose de parlamentarios o de quienes tienen responsabilidad pública.

Traigo el tema al debate, alentado precisamente por el importante acuerdo que ayer firmamos todos los parlamentarios y que, en la esencia, recoge aquel que, en su oportunidad, no pudimos concordar.

Me alienta el hecho de que hemos entregado a nuestros tribunales la interpretación que les corresponde como verdaderos intérpretes, de lo que significa el derecho a la privacidad.

Permítaseme citar una esclarecedora jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema sobre la materia: “Por “vida privada”, se entiende; aquella zona que el titular del derecho no quiere que sea conocida por terceros sin su consentimiento, mientras que por “vida pública” se comprende, aquella que llevan los hombres públicos y de que conocen los terceros, aun sin su consentimiento, siempre que sean de real trascendencia.” La sentencia agrega: “Es posible que hechos de la vida privada de un hombre público sean difundidos por los medios de comunicación social, pero sólo aquellos que puedan incidir en su vida pública, ya que la sociedad tiene derecho a conocerlos cuando puedan afectar el desempeño de su cargo.”

¿Qué duda cabe que el tema del narcotráfico, de la drogadicción y del consumo de cocaína en nuestro Parlamento no sea un asunto relevante, que incide en nuestros cargos y que la sociedad en su conjunto tiene el derecho a conocer?

Este tema debe ser despejado e investigado hasta las últimas consecuencias, como aquí se ha dicho. En ese sentido, señor Presidente, saludamos y felicitamos a Su Señoría que, al asumir su Presidencia, con tanta energía está dispuesto a encabezar este delicado tema.

Felizmente, el mismo criterio ha prevalecido ayer en la Honorable Cámara, desde el momento en que esta Sala, por la unanimidad de sus miembros, aprobó un proyecto de acuerdo por todos conocido, dando con ello una clara señal al país de que la voluntad política de todos los partidos por nosotros representados, rechaza abiertamente el consumo de drogas, por parte de quienes hacen de su vida pública una tarea de servicio a la sociedad.

Como antes manifesté, el flagelo de la droga mina los cimientos del país, pues nuestros jóvenes caen como víctimas más próximas. Asimismo, el narcotráfico es un tema de Estado que, lejos de separamos, nos une, pues, con su inevitable secuela de corrupción, se aparta del fin propio del Estado, que es el bien común y ataca, específicamente, uno de sus supuestos más necesarios; la estabilidad y la seguridad de la nación.

No podemos caer en el error de pensar que es un tema exclusivamente de salud pública. Para tranquilidad de mis colegas, cuando hablo de seguridad nacional, debo decir que éste es un concepto. No es una doctrina, ni mucho menos una ideología. Este concepto consiste en la aptitud que el Estado tiene para garantizar el desarrollo económico social de la comunidad, precaviendo y superando las situaciones de emergencia que pongan en peligro el logro de los objetivos de la nación.

Precisamente, en las intervenciones de los señores Ministros se ha reconocido, una vez más, que de una u otra manera, el narcotráfico constituye una situación de emergencia que podría comprometer los cimientos del país.

De este modo, bajo esta perspectiva y siendo éste un tema que compromete a nuestra nación, incumbe abordarlo a todos los órganos del Estado en su conjunto, ya que la nación compete a todos. En este sentido, es digno de destacar lo hecho por el Excelentísimo señor Presidente de la Corte Suprema de Justicia en orden a dar una señal clarísima, patente y evidente de atajar este flagelo al interior de los tribunales de justicia, ordenando las investigaciones de todos conocidas, las cuales son un ejemplo de cuál debe ser la actitud de una autoridad proba en la materia.

Digamos también que el principal drama de este flagelo es que la puerta de entrada se encuentra en la juventud. Estudios realizados en Chile demuestran que la edad promedio de inicio en la droga es de 14 años de edad; que uno de cada tres jóvenes de cuarto medio consume drogas y que el 30 por ciento del tráfico de drogas se realiza entre estudiantes secundarios.

¡Acaso no es dramática esta realidad? Chile tiene esta gran oportunidad de derrotar este grave flagelo; todavía estamos a tiempo. Más que nunca, se requiere unidad como país, como nación, como sociedad, como el cuerpo político que somos; sin ella, cada día estaremos más cerca de perder esta batalla.

Señor Presidente, el país está ansioso de una acción del Gobierno que cada día sea más enérgica; que a la autoridad se le reconozca una actitud sin vacilaciones, sin contemplaciones de ninguna especie, sin indultar a quienes son declarados reos por este grave delito. Se requiere un Gobierno con imaginación, con resuelta voluntad política, con firmeza inclaudicable. En ese sentido, el señor Ministro, la Concertación y el Ejecutivo, pueden contar con todo nuestro respaldo cada vez que se requiera avanzar en estas materias.

El país espera de sus representantes en el Parlamento una actitud mucho más esclarecida; que dejemos atrás recriminaciones estériles, para tomar posiciones de vanguardia, sin temor a investigar ni a ser investigados. Debemos dar señales claras a la familia chilena, reserva moral donde se escribe la memoria de la humanidad y donde mejor puede y debe librarse la lucha contra la droga. Reconfortemos a la familia chilena, legislemos en pro de su unidad, no la disgreguemos con legislaciones; busquemos el cauce de la unidad y reconozcámosle el sitial donde mejor se libra esta gran lucha. Alentemos a los maestros, a los educadores. ¿Acaso podemos lograr sin ellos la derrota de este gravé flagelo?

Señor Presidente, concluyo pidiendo formalmente a la Honorable Cámara que considere algunas reflexiones más. Que nunca más merezca un indulto un narcotraficante, ni mucho menos beneficios como la libertad provisional u otros; que revisemos las penas y la forma en que se imponen a quienes quieren demoler la libertad de nuestros jóvenes; que revisemos los tratados de extradición con los distintos Estados con los cuales tenemos correspondencia en la materia y. en particular, con los países vecinos que se ven afectados por este flagelo, a fin de hacer más expedito el camino de poner a estos narcotraficantes en los lugares en que la justicia lo determine. Que no legalicemos droga alguna; otra gran señal de debilidad, cuando se señala, precisamente, que éste es un camino posible para superar el problema de la droga; que nos decidamos a imponer en toda la Administración Pública del país, a cualquier persona que en ella se desempeñe, la obligatoriedad de someter periódicamente a las pruebas que den garantía de absoluta probidad en esta materia, presumiendo culpabilidad a quien se resista a ellas; que constituya una exigencia tener que declarar su condición de no consumidor ni de traficante a quien quiera ingresar a la Administración Pública; que habilitemos los recintos carcelarios necesarios especiales para rehabilitar mediante trabajos a quienes incurran en estas conductas. Asimismo, que tengamos una actitud de acogida y de solidaridad con quienes sucumben en la droga y que, a la par, dispongamos de una legislación tributaria que favorezca con determinadas franquicias a las empresas o instituciones que estén dispuestas a destinar los recursos que faltan para la rehabilitación de aquellos que, angustiosamente, han caído en la droga.

Si queremos ver a Chile libre de la corrupción, comencemos ya con esta cruzada. Que todo este despliegue de cámaras se vuelque a más acción y a menos discursos y que los medios de comunicación, de ahora en adelante, tengan como principal fuente de sus informaciones las realizaciones y logros que el país vaya consiguiendo para derrotar a quienes quieren envenenar a nuestro pueblo y, mediante el dinero fácil, destruir la libertad de los ciudadanos.

Soy optimista, creo en este país, en sus instituciones, en la voluntad de sus autoridades, en su gente, especialmente en los jóvenes. Derrotaremos juntos el flagelo de la droga.

Tenemos dos alternativas por delante: o cerramos los ojos y sucumbimos en inoficiosos debates que a nada conducen, o hacemos un llamado, desde este Parlamento, desde este Poder del Estado, a todas las fuerzas integrantes de nuestra sociedad a realizar un combate conjunto, leal, valiente, no exento de grandes sacrificios y renuncias, para alejar en forma definitiva de nuestra sociedad el horroroso panorama de desolación, inseguridad, angustia y caos que trae consigo el flagelo del narcotráfico y la droga. Todo ello, inspirado en una consigna única: librar a Chile de este grave flagelo.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Exequiel Silva.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, en los últimos días la ciudadanía se ha visto bombardeada, a través de los medios de comunicación, por el tema de la droga. Sin embargo, el debate, intencionadamente, ha derivado hacia consideraciones que no apuntan al fondo del problema y sólo buscan notoriedad pública con relación a una materia que debiera ser enfrentada con la mayor seriedad por la sociedad toda para defenderse de un flagelo que. a la luz de la experiencia de otros países, puede tener graves consecuencias.

Con relación a ello, el doctor Joel Ford, en su libro “La sociedad adicta”, dice: “Algunos políticos han utilizado el tema de la droga como técnica de éxito, sólo superada por el anticomunismo, para triunfar en las elecciones y para ganar publicidad. Y algunos medios periodísticos han hecho sensacionalismo con algunas drogas, apelando a un interés público lascivo, al tiempo que cosecha otros vastos ingresos con la publicidad del alcohol, el tabaco y diversas píldoras.”.

Como Diputado de provincia, quiero expresar que el adjunto ha sido tratado como si afectara sólo a la capital o a la Primera Región, donde, por cierto, el tema ha adquirido ribetes difíciles de controlar. Sin embargo, el problema de la droga hoy se advierte a lo largo y ancho de todo el país. Por ello creo que la Cámara tiene la gran posibilidad de discutir en forma seria y responsable la respuesta que, como Estado y sociedad en general, debemos dar al problema de la droga.

En esta perspectiva, tengo la certeza de la necesidad de diferenciar los planos de acción.

En primer lugar, debemos ser capaces de otorgar todos los elementos jurídicos que nos entreguen instrumentos eficaces para combatir en la forma más drástica posible el narcotráfico y el lavado de dinero. En este sentido, el Gobierno y la Cámara de Diputados, a través de la Comisión Especial de Drogas que presidió por largo tiempo el camarada y ex Diputado señor Luis Leblanc, han realizado esfuerzos significativos para aprobar una ley que haga posible una lucha eficaz contra el narcotráfico.

Así, también, en este plano debe dotarse a los organismos policiales de los recursos necesarios para que actúen con el máximo rigor de la ley contra quienes se lucran, provocando una daño social gravísimo.

Estimo que hoy, más que nunca, es imprescindible una adecuada coordinación, porque más allá de la eficiencia de los organismos policiales, todos podemos ver una competencia entre ellos sobre quién ha confiscado más kilos de drogas, quiénes han atrapado al narcotraficante más popular.

Por eso, repito, es fundamental que el Ministerio del Interior recupere la tutela de los dos organismos policiales que existen en nuestro país.

En otro plano, está el tema del consumo. El Estado debe concentrar sus esfuerzos principalmente en la prevención y en la educación, centrando su acción a nivel educacional, donde está archicomprobado que el trabajo con los niños da resultados realmente óptimos.

Quienes somos padres podemos ver los resultados y la respuesta de los niños ante el tabaco o temas tan sensibles como el medio ambiente. A lo anterior debe agregarse la creación de espacios físicos y participación real e integración de los sectores marginados, que se constituyen muchas veces en la levadura de los narcotraficantes.

Conjuntamente, tenemos que recuperar a nuestras instituciones: buena parte de la alienación se vincula a la fragmentación de instituciones y de grupos. La confianza que antes se tenía en la religión, en la política, en la educación, en las profesiones y en la familia, se ha convertido en pesimismo y desesperanza.

Hemos recorrido el país junto a otros Diputados, como el colega Ascencio. Hemos conversado con los jóvenes, quienes se sienten sin espacios. Sienten que recurrentemente hablamos de ellos pero no actuamos. Cabe consignar un ejemplo y una autocrítica. La Comisión de Droga, sólo en su última sesión, recibió al Instituto Nacional de la Juventud, cuando el proyecto ya estaba prácticamente despachado. Los jóvenes sólo exigen ser tomados en cuenta. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de entregarles ese espacio, de poner nuevamente los valores fundamentales en el centro del debate, de ser coherentes entre las palabras y el accionar. No ocultemos ni persigamos a los jóvenes por algo en lo cual todos somos responsables.

Los asesores de salud mental del Ministerio del ramo agregan que junto con la falta de espacios físicos, la socialización de los jóvenes se produce hoy en la calle; y éste comienza a creer más en sus pares que en su grupo familiar. Añaden que la represión al consumidor sólo conlleva crear vínculos de confianza entre el vendedor y el consumidor, ya que, de esta forma, ambos se sienten delincuentes.

No quiero se crea que con esto estoy defendiendo la legalización de la mariguana; por el contrario, sólo estoy reivindicando un hecho; que el que consume es una víctima.

El tercer plano lo constituyen aquellas personas que son adictas, hacia quienes se debiera actuar con gran solidaridad y ayuda médica, dotando a los municipios de los recursos necesarios para dotarlos con centros y profesionales adecuados que acojan a estos chilenos.

Estoy convencido que debemos reprimir con gran decisión y fuerza el narcotráfico. Con educación y prevención, debemos evitar el consumo. Sin embargo con la misma fuerza, debemos ser capaces de tender la mano a quienes han sido seducidos por la droga.

Finalmente, quiero expresar, como Diputado joven, como padre de tres hijos, el desánimo a que ya hacía mención el Diputado señor Andrés Allamand, que me ha embargado a raíz de las denuncias irresponsables. He tenido que dar explicaciones a mis hijos de que los políticos y los hombres que nos dedicamos al servicio público no somos mentirosos, no somos corruptos, ni, tampoco drogadictos.

Por esto, no por los emplazamientos de nadie, he firmado una declaración junto a todos los Diputados de mi bancada para ponemos a disposición y colaborar en la investigación que llevan a cabo los tribunales.

Este desánimo y, gran enfado que hemos sentido muchos, debemos volcarlos, y dando muestras claras que seguiremos trabajando, como lo hemos hecho hasta hoy, en la lucha contra el narcotráfico.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo del Partido Socialista, tiene la palabra el Diputado señor Isidoro Tohá.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, la droga es uno de los problemas más graves que hoy, a nivel mundial, afecta dramáticamente a la sociedad. Chile no ha quedado la margen ni está libre de él.

Al reunimos nuevamente para debatir este tema, debemos recordar que ya había sido objeto de nuestro análisis y debate con motivo del trabajo de la Comisión Especial creada por esta Corporación, y de la cual formé parte, y de la tramitación de la ley que hoy ya es una realidad y que muestra sus efectos positivos, sin perjuicio del perfeccionamiento a que puede ser sometida.

Indudablemente, con el correr del tiempo, la preocupación ciudadana se ha acentuado. Ello se debe principalmente a que se ha constatado un incremento progresivo del nacotráfico en el país, junto a un creciente aumento del consumo, especialmente de pasta base, y a los preocupantes procedimientos empleados por los grupos de traficantes en la distribución y comercialización de estas sustancias.

Esto ha modificado el escenario en que se han llevado a cabo nuestras discusiones. Sin duda, hay conmoción pública en relación con ello, lo que se refleja en la amplia cobertura que los medios de comunicación le han dado a esta sesión especial de la Cámara.

Comprendemos lo legítimo y natural de esta inquietud, ya que la experiencia de otras naciones dan prueba fehaciente de ser ésta una lacra que requiere ser atacada a tiempo, puesto que, de otra manera, no sólo afecta y degrada a las personas, sino que también puede llegar a destruir instituciones esenciales para la convivencia nacional y la sociedad toda.

No debemos olvidar el enorme poder económico que puede generar el narcotráfico, el que implica el potencial y latente peligro de la corrupción, tan temido por sus efectos aniquiladores, ya que este poder desbastador puede comprometer las distintas esferas de la vida nacional, como hemos visto que ha sucedido dramáticamente en otros países del globo, en los que se persigue debilitar de esta manera la capacidad del Estado de defenderse, responder y combatir esta ilícita actividad.

Afortunadamente, creemos no estar equivocados al decir que no es el caso de nuestro país, aunque no negamos que el problema se ha agudizado. Pero ello no debe dar lugar a actitudes y declaraciones imprecisas, que dañan injusta y peligrosamente a instituciones y a las personas que las integran.

Las denuncias en relación con esta delicada materia deberían ser siempre individualizadas y concretas, y no genéricas, ya que, de no hacerlo así, implica envolver en un manto de dudas y recelo a la mayoría de quienes componen las instituciones, sectores y organismos de sólido prestigio. Los que así lo hacen, están contribuyendo a lo que persiguen los traficantes de droga: el debilitamiento de las instituciones democráticas, en las cuales, indudablemente, los traficantes no creen, porque son el escudo elemental de defensa de nuestra sociedad ante estos riesgos.

El respeto a la función pública y el espíritu de servicio que anima a quienes tenemos cargos de autoridad o de representación ciudadana, no deberían ser dañadas por la ligereza de actitudes protagónicas, las que no contribuyen de ninguna manera a crear la unidad y cohesión necesarias para enfrentar con éxito el enorme desafío que representa la lucha contra el flagelo de la droga.

Nadie tiene derecho a tratar de sacar dividendos secundarios, mezquinos o partidistas. No aceptamos tampoco, ni nos tocan las imputaciones lanzadas al vuelo por estos nuevos censores, que acusan en forma irresponsable, sin lograr, por supuesto, convencer, y crean duda razonable sobre sus verdaderas motivaciones.

Esperamos que rectifiquen y cumplan con lo que ayer votaron, especialmente el número 1 del proyecto de acuerdo, que paso a leer textualmente: “1. Hacer presente que las denuncias que se formulen respecto del consumo o tráfico de drogas que afecte a personas que ejercen cargos de responsabilidad pública, deben hacerse sobre la base de pruebas fundadas, las que deben ser puestas de inmediato y sin dilaciones en conocimiento de las autoridades judiciales. En caso contrario, se alentarían conductas irresponsables, reñidas con la moral y la ética, que afectan el honor de las personas y el prestigio de las instituciones democráticas, lo que esta Honorable Cámara rechaza categóricamente.”

Enfatizamos también la importancia de ser muy responsables en esta materia, puesto que sería enormemente perjudicial para el país, en este decisivo momento de nuestra integración internacional, afectar la confianza y el prestigio adquirido, presentando una imagen equívoca hacia el exterior, sobre dimensionando el nivel y la forma de penetración de la droga en Chile.

No se trata de ocultar nuestra realidad, pero sí de cuantificar correctamente la magnitud del problema. Sin duda alguna, la prensa tiene una gran responsabilidad y una misión fundamental al respecto.

Sobre las razones del progresivo aumento del tráfico y consumo de drogas en nuestra patria, podríamos teorizar largo rato; pero resumiendo, cabe señalar que ellas se refieren a condiciones geográficas como nuestra cercanía con los centros productores; otras son de carácter social, como fenómenos de pobreza y marginalidad, y algunas económicas, como el excesivo afán de lucro y ganancia fácil que parece enseñorearse en las sociedades modernas y que incentivan a individuos carentes de principios morales al tráfico de la droga.

Tampoco debemos olvidar que la ausencia de ideales, proyectos de vida o utopías van minando poco a poco a los hombres y a la sociedad, y son responsables del amplio espectro de lamentables efectos que la droga provoca en nuestra comunidad, como accidentes y detenciones, con el consiguiente perjuicio económico y psicológico de los afectados; asimismo, sobre sus familias, que se presentan por rupturas, malas relaciones entre padres e hijos, violencia intrafamiliar, inasistencias y pérdidas de empleos, deserción escolar, homicidios, suicidios y delincuencia común.

Lo anterior no sólo nos alerta, sino que nos obliga a adoptar las medidas necesarias para hacer frente a este gran peligro.

Al respecto, creemos que se debe privilegiar la prevención, el ataque a las causas que originan la drogadicción y poner énfasis en la educación y rehabilitación, sin desconocer la necesidad de represión en el combate del narcotráfico, que es un delito gravísimo, y sin olvidar que los drogadictos son enfermos que requieren, por lo tanto, ser tratados como tales.

Resulta indispensable para una sociedad como la nuestra enfrentar las causas que originan la drogadependencia. Así, factores psicológicos, sociales, culturales, de marginalidad social; carencia de expectativas, de ideales; falta de espacios de participación y de recreación, resultan un caldo de cultivo propicio para este mal. Pero tampoco debemos engañamos; en muchos casos, el extremo opuesto, es decir, el estado de evidente bienestar económico, también resulta vulnerable fácilmente frente a la droga, cuando se carece de ideales y proyectos que den un verdadero sentido y norte a nuestras vidas.

Sin duda, el combate de dichas causas es una tarea de largo aliento. El actual Gobierno se encuentra empeñado en programas nacionales de supresión de la pobreza y otras iniciativas, porque cuando enfrentamos decididamente a la pobreza, avanzamos directamente también en esa dirección.

La prevención y la educación de la juventud son el mecanismo más eficaz de combatir el narcotráfico, involucran a la sociedad toda a través de la participación de los grupos familiares, centros educativos y grupos sociales e intermedios.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado su tiempo.

El señor TOHA.-

Voy a redondear la idea, señor Presidente.

Una efectiva campaña preventiva resulta substancial.

El Gobierno ha elaborado una política y un plan nacional de prevención del control.

Al respecto, consideramos que no es congruente la actitud de sectores políticos que demandan de él. como hoy lo hemos escuchado, una oportuna respuesta a este problema, como tantos otros igualmente urgentes y de carácter nacional, sectores que, al mismo tiempo, son renuentes a otorgar los recursos necesarios para enfrentarlos con eficacia.

La ciudadanía puede tener la certeza de que seremos impulsores de cualquier iniciativa que apunte en este sentido y contribuya a la transparencia y consolidación de nuestras instituciones. De ahí nuestra contribución a la iniciativa del proyecto de acuerdo que ayer se aprobó en esta Sala y que contó con nuestro decidido apoyo.

Expreso nuestro convencimiento de que podemos y debemos enfrentar eficazmente el problema. Históricamente, nuestro pueblo ha dado suficientes nuestras de que es capaz de hacer frente a numerosas dificultades y desafíos, de los cuales ha salido airoso merced a la existencia de valores y principios que lo fortalecen y de instituciones sólidas y democráticas, como nuestro más que centenario Congreso Nacional, pilar esencial de nuestra democracia por cuyo prestigio debemos velar, respondiendo al mandato y a la confianza de quienes nos eligieron, y a los sólidos principios éticos y morales que nos anima a los socialistas.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Andrés Aylwin.

El señor AYLWIN.-

Señor Presidente, debo confesar que era contrario a que esta sesión fuera transmitida por televisión. Pensaba que podía prestarse a equívocos, pero, en definitiva, ha sido muy importante que la opinión pública conozca exactamente la verdad en relación con el supuesto consumo de drogas en esta Cámara.

Durante dos meses, con el control del 70 por ciento de los medios de comunicación, se ha estado insultando al Parlamento y a la totalidad de los Diputados, sin especificar nombres. Pues bien, llegamos a esta sesión y todo el país podrá ver a los denunciantes, sin argumentos, sin razones, sin datos concretos, incapaces de participar en ningún debate serio. En verdad ha sido muy triste la participación de la UDI en esta ocasión. Sólo frases líricas, nada concreto. Después de todo lo que nos han insultado, insisto, con el control del 70 por ciento de los medios de comunicación, con escándalo, a través de las primeras páginas de los diarios, de entrevistas en medios de comunicación y de aparecer los denunciantes todos los días en la televisión, hoy llegan aquí y no pueden decir nada. Es lamentable.

Y por eso les digo: Esta es la oportunidad para que señalen cuáles son los datos concretos que tienen, cuáles son las personas de esta Cámara que consumen drogas. Actúen con responsabilidad.

Aplausos

He hablado con casi todos los Diputados de la Cámara y con personas que han sufrido mucho en procura de encontramos con la verdad, y puedo decir al país y a la opinión pública que en esta Cámara no existen antecedentes de ningún parlamentario que consuma drogas, que sea drogadicto. Lo digo responsablemente ante el país, y si lo hago en estos términos, los vuelvo a emplazar para que señalen nombres o, de lo contrario, que se queden ante el país como falsificadores de la verdad, como personas que engañaron a la opinión pública jugando con la honra ajena.

El problema de la droga es multifacético. El Derecho Penal es muy importante para afrontarlo, pero claramente no es el único instrumento. Indudablemente, a todos nos producirían enormes problemas de conciencia que lleváramos a la cárcel a ese ocho, cinco o diez por ciento de jóvenes chilenos que consumen o han consumido drogas. ¿Quién puede pensar tamaña insensatez? ¿Cómo no pensar que contribuiríamos así a que hubiera más y más niños dañados o drogadictos? No es ésa la solución.

En verdad, en este aspecto, la solución adecuada se ha encontrado en la ley N° 19.366 recientemente dictada, que establece sanciones y medidas preventivas pero no carcelarias.

Con la misma claridad digo que la sociedad chilena puede tener la seguridad de que seremos implacables con los traficantes, porque ellos son los que están induciendo, en parte muy importante, a nuestra juventud. Ellos son los que están atentando contra la vida humana. Ellos son los que están comerciando con la existencia de niños y jóvenes chilenos.

Y así como lo dijo Monseñor Oviedo, con toda la autoridad que tiene como representante de la principal Iglesia chilena, creo también interpretar a todos los colegas de esta Cámara para decirles, no tal vez a los grandes traficantes, sino a esos muchachos modestos de una población, que posiblemente su vida es triste y que hoy día llega hasta ellos una persona y les dice: “te ofrezco dinero para que vayas a vender a la salida de los colegios. Conviértete en traficante y cambiará tu vida”. A ese joven le digo, en nombre de la Cámara: “No seas Caín, no mates a tu hermano”. “Compórtate como ser humano”. Pues si bien, a veces, la vida puede ser muy difícil, siempre hay una posibilidad para una existencia en que se actúe con valores éticos, con ideales, aunque sea duramente. Seamos claros, siempre existe la posibilidad de comportarse y vivir dignamente.

Señor Presidente, muchas son las causas que contribuyen al problema de la drogadicción.

Aquí se ha hablado del problema de las leyes. Podemos decir, en esta aspecto, que

ha sido el Gobierno democrático y esta Cámara democrática la que dictó la primera ley seria relacionada con la drogadicción, la ley N° 19.366.

Puedo decir, también, muy claramente, para responder lo que aquí se nos ha preguntado: somos absolutamente contrarios a la legalización de la droga. Y, en el fondo, este es el criterio central que establece la expresada ley.

Pero, fundamentalmente, queremos referimos a un aspecto del problema de la drogadicción. Es el problema de cómo llega un joven a la droga. No quiero simplificar. Pero creo que siempre, en definitiva, la gente de las Iglesias que trabaja en ese mundo ha llegado a esa conclusión: detrás de cada drogadicto hay, casi invariablemente, un problema de ausencia de esperanza. La droga avanza allí donde la esperanza muere, La droga avanza, señor Presidente, allí donde la fe en el hombre, la fe en la sociedad y la fe en las instituciones desaparece. Sí, allí avanza la droga. Y esto es lo que nos lleva a plantear la necesidad que pesa sobre todos nosotros, más aún en el mundo que vivimos donde mueren las utopías, de afirmar fuertemente valores, valores éticos, valores morales, y a comportamos, en todo sentido, de acuerdo con el mensaje que transmitimos, un mensaje que proyecte valores y esperanzas.

No es cierto que no es posible construir un mundo mejor. No es cierto que los pobres tengan que ser siempre pobres. No es cierto que siempre tenga que haber las diferencias irritantes que hoy existen. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad de lucha y hay una posibilidad de realización personal para todos. Y a esa lucha debe incorporarse la juventud para rescatar la esperanza, porque insisto ahí donde hay esperanza, no entra la droga.

Señor Presidente, sobre este aspecto de rescate de la esperanza, paso a referirme a situaciones muy puntuales, no de orden intelectual sino de conflictos concretos que me toca ver entre la gente y que se relacionan con la fe de todas las personas especialmente los jóvenes, en las instituciones. Son situaciones que tienen relación con nosotros y nuestra posibilidad de dictar leyes y ver que se cumplan las que existen. Doy ejemplos concretos. En los sectores rurales de la Región Metropolitana se están parcelando, corrientemente, predios agrícolas y, junto con ello, se llena el campo de parcelas de agrado. Y ¿qué es lo primero que se hace? Hacer desaparecer la cancha de fútbol. Entonces, yo me pregunto, ¿en qué estamos? ¿Para qué nos reunimos en esta Cámara? ¿Para qué pronunciamos tantos discursos si, en definitiva, ni siquiera proporcionamos a la juventud canchas de fútbol para jugar? Más aún, si sabemos que el deporte es la mejor manera de evitar la drogadicción. Pues bien, existen proyectos en esta Cámara, que pretenden afrontar este problema. Yo pido a los señores Diputados que no pongamos inconvenientes a este tipo de iniciativas. Que no se alegue que este tipo de proyecto atenta contra el “sagrado de derecho de propiedad”, porque, en definitiva, la propiedad se consolida y se prestigia cuando también desempeña una función social. Está bien, puede haber personas que tengan una parcela de agrado, pero eso no significa que la juventud de las poblaciones no pueda tener también canchas de fútbol, de basquetbol y lugares donde recrearse. Esos son desafíos concretos que debemos enfrentar si queremos luchar contra la drogadicción, y si queremos rescatar la esperanza.

Y planteo otro ejemplo concreto, señor Presidente. Se trata de una materia que vimos en la sesión de ayer. ¡Qué crimen social más grande es el que se está cometiendo con nuestras playas y nuestro mar! Algo que pertenece a todos los chilenos. Así lo dice el Código Civil. Sin embargo, donde quiera que vayamos nos encontramos con que le están poniendo rejas al mar. Y un grupo reducido de personas establecen allí condominios, sin que la gente pobre, de clase media y los jóvenes en general, puedan llegar a las playas. Entonces, ante esto la juventud de repente dice: “bueno, yo ya no creo nada, porque ni siquiera el mar es mío”. Porque el mar también lo están privatizando, el mar está, también, en eso que llaman la modernización. Esos son los tremendos problemas que nosotros vemos y debemos planteamos, y que se relacionan directamente con la fe en las instituciones, en nosotros y, por lo mismo, influyen en la drogadicción.

Aplausos.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Hago un llamado a los parlamentarios de los diversos sectores para que solucionemos este problema: el mar es de todos. No es posible que estemos encarcelando el mar. Permitamos que los jóvenes vayan al mar y habrá menos drogadictos. Permitamos que los jóvenes veraneen. Permitamos que los jóvenes sean felices y habrá menos drogadicción.

Sí, esos son algunos de los desafíos que debemos enfrentar.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, cumplo con el deber de informarle que terminó su tiempo.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Entiendo que me han cedido más tiempo, señor Presidente.

Varios señores DIPUTADOS.-

Continué, no más.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, hay otros problemas que se relacionan con la juventud y la esperanza. En estos días hemos visto un gran debate en tomo a la deuda subordinada, y la gente ve que las personas modestas pagan sus cuentas, le embargan el televisor. Y ese hombre pobre no puede decir que “capitalizó” el televisor. En cambio, cuando el Estado le cobra a ciertos bancos sus deudas, ellos alegan “nosotros capitalizamos los excedentes”. Y en esa forma, pretenden no pagar. Y eso también produce frustración y desesperanza, porque la juventud odia la hipocresía.

Aplausos.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Y esta Cámara también...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Sé que a algunos les duele lo que estoy diciendo, pero voy a seguir.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, veamos otro caso: la investigación eficaz del lavado de dinero aprobado por todos en esta Cámara, pero después el Tribuna] Constitucional, al igual que en el caso de la deuda subordinada, ha declarado inconstitucional ciertos preceptos.

Entonces, ¿qué ve el joven? ¿Qué ve la gente sencilla de nuestro país? Que aquí se dictan leyes, pero que, en definitiva, hay un Tribunal Constitucional que las deja sin efecto: El Tribunal está compuesto por siete miembros, seis de los cuales fueron nombrados durante el gobierno autoritario. Entonces, el pueblo y, especialmente, la juventud, sienten desesperanza. Concretamente, perciben que el mismo tipo de jueces que durante 17 años fallaron, invariablemente, en favor de los grandes violadores de los derechos humanos y en contra de los vejados y los oprimidos, hoy fallan, casi siempre, en favor de los intereses creados y, prácticamente, nunca en favor de los intereses generales de la población, y eso también produce desesperanza.

Y allí cunde la droga. Estas tremendas verdades hay que decirlas.

Aplausos.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, es indispensable la fe en las instituciones. En ese sentido, estimo profundamente irresponsable, como muy bien lo ha expresado, entre otros, el colega Allamand, las denuncias infundadas que se han hecho en contra de la Cámara de Diputados. Porque, querámoslo o no, desprestigian a las instituciones y crean desesperanza en la gente. Con esto no digo que no se pueda hacer denuncias en contra de la Cámara. Pero digo dos cosas: primero, que las denuncias deben set serias, señalando datos y nombres; por lo menos, datos concretos que permitan la individualización de las personas, porque si no, no se pueden hacer denuncias, porque si no, hay razón para pensar que detrás de esas denuncias, existe una campaña contra el Parlamento y, al efecto, basta ver los nombres de las personas que las han hecho, personas que nunca creyeron en la democracia, y que tuvieron metidas sus manos, su alma, su corazón y su estómago en la dictadura. Los mismos que tienen un odio visceral a la democracia. Ellos son los que, sin dar nombres, están ahora digiriendo esta campaña en contra de la Cámara de Diputados.

Pero yo sólo les imputo que no han señalado nombres concretos para denunciar, sino también, les digo: hay que tener autoridad moral para hacer denuncias. Y, en ese sentido, señor Presidente, perdóneme que me refiera muy brevemente a las denuncias del señor Cuadra...

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, tengo la obligación de señalarle que su tiempo ha concluido. Naturalmente, puede seguir haciendo uso de la palabra, pero eso implica que el resto de su Comité no va a tener el tiempo que ha solicitado.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

En todo caso voy a abreviar, señor Presidente.

No voy a expresar un invento mío, sino voy a leer lo que aparece publicado en “El Mercurio” del domingo 22 de enero. Allí se señala que el señor Cuadra por lo demás lo ha reconocido públicamente, es el que inventó todo el show en relación con el cometa Halley. Aquí, también se señala que el silenció a Monseñor Fresno. También, que esta persona fue la que tuvo participación decisiva en todo el invento en relación con la Virgen de Peñablanca y el famoso niño Miguel Ángel.

Por su parte, la Revista “Que Pasa” en un editorial no lo digo yo, sino la revista dice que el señor Cuadra es un hombre muy acostumbrado a audaces maniobras entre bastidores. Entonces, me pregunto, muchos de los que estamos aquí durante años no dejamos que la Dina, ni la CNI, ni los ministros de la dictadura, determinaran nuestras conductas, aún arriesgando nuestra tranquilidad, muchos, incluso, la vida; actuamos de acuerdo con nuestra conciencia. Menos vamos a aceptar que esas mismas personas, que han engañado tanto, manden hoy en nuestras vidas. Por eso, por mucho que hable el señor Cuadra, personalmente, no voy a tomar una botellita para hacerme exámenes de laboratorio, porque, en definitiva, hemos sido elegidos por el pueblo, sin campañas millonarias, y tenemos la autoridad moral que nos da la elección de ese pueblo. Y, por ello, cuando decimos que no consumimos drogas, el pueblo nos cree; en cambio, en los que tanto mintieron, el pueblo, lisa y llanamente, no confía.

Aplausos.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, termino, porque debo dejar tiempo a otros Diputados de mi Partido, transcribiendo una cita de un organismo relacionado con la Iglesia, que trabaja en el problema de la drogadicción, que dice: “La droga no es el problema principal del drogadicto; el consumo de droga es solamente una respuesta engañosa a la falta de sentido positivo de la vida”. Nuestra gran obligación es, por lo tanto, hacer que la juventud de nuestro país, que todos los hombres y mujeres de nuestro pueblo tengan esperanza y que sientan que su vida realmente tiene un sentido, una trascendencia. Eso implica que debemos trabajar muy seriamente por construir un tipo de sociedad donde haya más solidaridad y más espacio para la esperanza. Este es un aspecto del que no se puede prescindir en la lucha contra la droga. No hablemos sólo de castigo, de policía y de cárcel; No desprestigiemos irresponsablemente las instituciones.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Restan 19 minutos al Comité Demócrata Cristiano, 17 al de Renovación Nacional, 10 al de la UDI y 2 al del PPD.

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el Diputado señor Erick Villegas.

El señor VILLEGAS.-

Señor Presidente, por haber integrado la Comisión Especial Antidroga de esta Honorable Corporación, me referiré a un tema muy importante: el narcotráfico y su penetración en las instituciones públicas democráticas de nuestro país.

Para nadie es un misterio que en la actualidad la industria del narcotráfico constituye una verdadera transnacional, cuyos tentáculos diversifican las economías de los países, expandiendo la actividad ilícita por todo el mundo, afectando directa o indirectamente a todos los países, en especial a aquellos fronterizos con los productores de cocaína.

Chile no es un productor ni procesador de cocaína. Sin embargo, es usado por el narcotráfico como país de tránsito de estupefacientes hacia los países desarrollados y como mercado para el consumo interno de la droga.

En efecto, nuestro país tiene extensas zonas costeras e innumerables pasos fronterizos con países productores de cocaína, lo que dificulta un adecuado control, razón por la cual, en forma paulatina, se está usando nuestro territorio para la distribución internacional de la droga.

Celebro que en esta oportunidad el Ministro del Interior haya anunciado la pronta instalación en la Tercera Región en Caldera y en el Retén Teresita de dos importantes controles para el tráfico de la cocaína, lo que, indudablemente, impedirá que ésta transite en forma libre desde el norte hacia el centro del país.

El carácter clandestino de la actividad del narcotráfico, en especial el enorme volumen de dinero que ingresa a los países latinoamericanos debido a la industria de la droga, repercute directamente en sus estructuras económicas y financieras. Además, el ingreso de dinero ilícito tiene influencia directa e indirecta con el producto interno bruto, a raíz del intercambio propio de droga por dinero y por los negocios y operaciones que genera.

Con toda propiedad podemos hablar de un narcopoder, toda vez que la comercialización de la cocaína y sus derivados en la economía mundial sólo en 1993 movilizó 400 mil millones de dólares, lo que refleja su enorme influencia y el control que puede ejercer. Esto se manifiesta en la penetración en las estructuras de la sociedad civil para intervenir en la toma de decisiones y controlar centros de influencia. Incluso, en algunos países dominan partes de sus territorios y usan la fuerza a través de grupos paramilitares para desestabilizar los Estados e imponer sus leyes e intereses, poniendo en peligro los sistemas democráticos.

Utiliza formas de infiltración en los organismos creados para combatir este flagelo y no vacila en el desprestigio de las instituciones democráticas que tienen funciones relacionadas con su desarticulación.

Los componentes naturales de la industria ilegal de la droga lo constituyen el crimen organizado, la violencia y la corrupción.

En relación con el primer aspecto crimen organizado, cabe señalar que en nuestro país se utilizan bandas de delincuentes comunes que tienen conexiones internacionales y a quienes los narcotraficantes les proporcionan los medios económicos necesarios para desarrollar estas actividades ilícitas, como la venta y distribución internacional de la droga.

En cuanto al segundo aspecto, la violencia, si bien en Chile no tiene niveles de otros países, amerita una voluntad clara que comprometa al Gobierno, poderes públicos, instituciones democráticas, sectores sociales y partidos políticos, para no quedar sometidos a un estado de violencia creciente.

El tercer aspecto es el de la corrupción, dado que el narcotráfico usa el poder económico con la pretensión de penetrar las instituciones públicas y socavar las bases de la institucionalidad democrática para influir en las decisiones.

Este es un tema muy sensible y delicado, que requiere de un debate profundo, habida consideración de que, si bien el problema de la droga es el consumo por lo cual se requiere destinar muchos recursos a las tareas de educación, prevención y rehabilitación de los adictos, el gran daño a la estabilidad democrática es el fenómeno de la penetración en las instituciones mediante la corrupción, utilizando dinero proveniente de la droga, ya que las relaciones entre los poderes económico y político es la expresión más directa entre la convivencia del dinero y la política en un sistema democrático.

Por otra parte, quiero abordar un tema de enorme importancia para el país.

En Chile, el tema del dinero para actividades políticas es tratado como algo misterioso y poco transparente frente a la opinión pública. Uno de los principales problemas que enfrentan los partidos políticos es no alcanzar • a financiarse con las cotizaciones de sus militantes, por lo cual deben buscar financiamiento informal.

Lo anterior se observa, especialmente, durante las campañas eleccionarias, donde en algunos distritos o circunscripciones ciertos sectores políticos que, curiosamente, se oponen a una ley de financiamiento público de los partidos políticos con el argumento de que esos recursos deben ser destinados a programas sociales, incurren en gastos siderales, lo que lleva a preguntarse sobre el origen de esos fondos y los objetivos con que los sostenedores han invertido en esa campaña.

¿Cuál es el tratamiento contable de esos recursos? ¿Es éticamente aceptable que en campaña parlamentaria distrital ascienda a más de un millón de dólares? En política, el fin no puede justificar los medios, y el país no debe quedar impávido frente a estos gastos millonarios, sino que es necesario regular esta materia.

Por ello, acogiendo las conclusiones de la Comisión Nacional de Ética Pública, es voluntad política de la Democracia Cristiana que se legisle para el financiamiento de los partidos políticos, con el fin de asegurar una transparencia respecto del tema económico y de los recursos que el Estado pueda asignarles para el cumplimiento de las finalidades establecidas en la ley N° 18.603, orgánica constitucional de los partidos políticos.

En este mismo orden de ideas, cabe señalar que los parlamentarios señores Andrés Aylwin y Sergio Elgueta presentaron a la Honorable Cámara una moción destinada a modificar la Ley General de Votaciones Populares y Escrutinios, con el objeto de establecer limitaciones en cuanto a los gastos que efectúen los candidatos y adoptar medidas para la transparencia del proceso electoral, proyecto de ley que, indudablemente, puede servir para que en la Cámara se produzca un debate serio y responsable frente a estos temas e importen la oportunidad histórica de fijar posiciones políticas que protejan al bien común nacional.

Estas son las contribuciones concretas que la Democracia Cristiana pone al servicio del país, para avanzar en una legislación que cautele la transparencia de la actividad pública y de los recursos.

Por otra parte, frente a las declaraciones formuladas a la prensa por un parlamentario, en cuanto a que deben desplegarse tropas en contra del narcotráfico, por encontrarse afectada la seguridad nacional, es necesario puntualizar que la Democracia Cristiana es contraria a que se utilicen las Fuerzas Armadas en este asunto, dado que el país cuenta con una Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, a quienes corresponde las labores de investigación y detención de los narcotraficantes, para lo cual es necesario dotarlos de los recursos económicos y tecnológicos suficientes.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, está en el tiempo asignado por su Comité.

El señor VILLEGAS....porque la militarización de la lucha antidroga importa involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas ajenas al ámbito de sus funciones profesionales.

Por último, es necesario tener presente que el narcotráfico es el único beneficiado cuando se cuestiona y desprestigia a las instituciones públicas, a través de declaraciones formuladas en los medios de comunicación social y que distorsionan la imagen del Parlamento.

La denuncia pública de consumo de droga por parte de parlamentarios, sin indicar sus nombres, distrae a la opinión pública, a la Cámara y al Senado; se les resta la importancia y el valor de la contribución que han hecho en el tratamiento de la ley de tráfico de estupefacientes y de drogas.

La denuncia infundada lo afirmo categóricamente sólo coadyuva a la consecución de los deleznables propósitos del narcotráfico.

No les reconozco ninguna autoridad moral al señor Cuadra, al Diputado señor Longueira ni a la Diputada señora Evelyn Matthei para que pongan en cuestionamiento público nuestra calidad y dignidad de parlamentarios.

En ese sentido, quiero ser meridianamente claro. El país merece que el Parlamento se dignifique y quiero que en esta oportunidad, dado que van a intervenir los parlamentarios aludidos, respecto de las denuncias del último tiempo se entreguen todos los nombres y antecedentes para que, de una vez por todas, se produzca lo que tanto quiere el país: se reconozca que la verdad es una sola: que ningún parlamentario de la Cámara de Diputados ha consumido drogas y quienes han hecho esa denuncia infundada sólo han actuado con un propósito distractivo y, en definitiva, escapa a la verdad.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, además del tiempo de que haré uso ahora, solicito los cinco minutos a que tengo derecho, porque he sido aludido en está sesión.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor OJEDA.-

No, señor Presidente.

El señor LONGUEIRA.-

Pido la palabra a los señores Diputados que han hecho uso de la palabra, que se han dedicado a injuriar y básicamente a demostrar a la opinión pública algo muy distinto de lo que la UDI ha estado tratando de hacer en el último tiempo, que no se pongan nerviosos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, respecto de su petición, esta sesión no cuenta con hora de Incidentes.

Al término de su intervención, pediré la unanimidad de la Sala, si así se estima; de lo contrario, buscaremos un procedimiento posterior para enfrentar esta materia.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, no lo pida, porqué sé que no lo van a dar. Por lo tanto, seguiré haciendo uso de la palabra.

En verdad, estoy sorprendido por el lenguaje de las últimas intervenciones, especialmente la del Diputado señor Andrés Aylwin. También he tomado conocimiento de que las bancadas socialistas y del Partido por la Democracia me han emplazado a dar nombres.

Desde ya les anuncio que mañana voy a dar una conferencia de prensa para responder precisamente a ese emplazamiento, pero aprovecho la oportunidad...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, estas reacciones e histerismos no conducen al buen debate.

El señor SALAS.-

¡ Dígalo ahora!

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Excúseme, señor Diputado Longueira.

Esta sesión tiene por objeto analizar un grave problema nacional. Naturalmente, la Cámara de Diputados es tolerante con todas las opiniones que en ella se expresen. Les ruego que observemos la misma tolerancia con todas las intervenciones y escuchemos en silencio la intervención del Diputado señor Longueira.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, en los pocos minutos en que puedo hacer uso de la palabra, sólo quiero señalar...

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor LONGUEIRA....que, al igual que todos los parlamentarios de la UDI, sentí una profunda irritación con las denuncias que en enero efectuara el ex Ministro señor Cuadra.

Soy padre de familia, al igual que varios parlamentarios que han intervenido; tengo cinco hijos y sentí una profunda irritación por las denuncias que él hizo. Pero cuando una denuncia adquiere la credibilidad del país y todos los chilenos que hoy nos observan tiene el mismo convencimiento que tengo yo, corresponde que institucionalmente esta Corporación les demuestre que aquí no se consumen drogas.

Eso es lo que la UDI ha venido reclamando desde enero. En esa oportunidad, los 18 Diputados del partido no tuvimos ningún problema para afirmar que estábamos dispuestos a declarar ante notario que ninguno de nosotros consumía drogas, que estábamos dispuestos a renunciar al fuero y a someternos a los exámenes que el juez determinara.

¿No saldría mucho más prestigiada la Corporación si demostráramos con hechos concretos que no hay ningún Diputado que consume drogas, renunciando a nuestro fuero, prestigio, honor o rango, argumentos esgrimidos para no dar un paso que demostraría nuestra decidida voluntad en tal sentido ante todos los chilenos? ¿No preferirían quienes hoy nos ven por televisión que diéramos ese paso voluntariamente ?

Termino mis palabras manifestando que he llegado a esta convicción por lo que he visto. Quiero ser muy franco. Si hubiera sido Presidente de esta Corporación, no me habría preocupado de quién hizo la denuncia, de adjudicarle intenciones, sino del hecho de que en la calle, en los distritos, al interior de nuestras familias, nos dice que, al parecer, Cuadra dijo la verdad. ¿Qué corresponde hacer frente a eso? Demostrar lo contrario. Creo que saldríamos infinitamente más prestigiados y fortalecidos y haríamos una gran contribución a la guerra contra el narcotráfico, si despejamos esas dudas con valentía y coraje moral.

Por lo tanto, no temo a los emplazamientos; no tengo ningún temor al respecto. Lo que más quisiera sería ver esos 120 exámenes para poder decir a todos los chilenos que ha cambiado mi convicción, porque ahora, efectivamente, nadie consume drogas. No obstante, ello no se ha podido lograr. Es efectivo que ayer llegamos a un acuerdo unánime en la Cámara; pero también debemos decir que la UDI tuvo que retirar un párrafo en el cual solicitábamos que, dentro de diez días, lo 120 Diputados nos sometiéramos a los exámenes pertinentes. No logramos que se aprobaran ese punto y debimos retirarlo para lograr el acuerdo.

Por lo tanto, si hay una bancada que ha tratado de prestigiar y de consolidar la democracia y de salir fortalecidos de la denuncia, ha sido la nuestra. Ojalá que después de esta sesión hagamos cosas concretas para que los compatriotas que hoy nos están viendo digan: “No hay consumidores de droga”. Pero, colegas, hagan encuestas, salgan a la calle, conversen con la gente y se darán cuenta de que el 90 por ciento de los chilenos tienen esa convicción. Por eso, ¡actuemos con energía y coraje!

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¡Llamo al orden al Diputado señor Elizalde!

El señor LONGUEIRA.-

No nos pongamos histéricos, colegas, porque lo único que se logra con estas reacciones es contribuir a dar malas señales.

No era mi propósito hacer uso de la palabra. Lamentablemente, he tenido que hacerlo y restar tiempo a otros Diputados de mi bancada que deseaban intervenir. En atención a las expresiones vertidas en la sesión me he visto obligado a señalar el convencimiento y la forma clara y nítida en que la UDI ha actuado y ha exigido a esta Corporación transparencia y no temor a la verdad.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo de la Democracia Cristiana, tiene la palabra el honorable Diputado señor Juan Carlos Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, quiero comenzar felicitando a la Cámara por los términos en que se ha aprobado esta sesión especial. Obviamente, ella tiene sentido en la medida en que cada una de las bancadas políticas expresen, a través de sus diversos portavoces, la forma en que durante los últimos años han estado presente en la elaboración y discusión de iniciativas legales que resulten exitosas en la lucha contra el narcotráfico y, que permitan enfrentar en forma adecuada el lavado de dinero en el país y abordar un tema tan complejo como el consumo de drogas, sea éste realizado en forma privada o pública.

Quiero partir señalando que si se revisan los anales de la discusión del tema de la droga en nuestra Cámara, en verdad algunos que aparecen hoy como campeones en este debate y análisis nunca estuvieron presentes antes. Si leemos los boletines de las sesiones de junio de 1993 y de julio y agosto de 1994, en las cuales la Cámara abordó, a través de los integrantes de la Comisión Especial de Dro

gas y de todos los portavoces de los partidos políticos, la necesidad de configurar un cuerpo legal efectivo en la lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el consumo, algunos de los que pretenden damos ejemplos de cómo se muestra la pureza y el deber de los parlamentarios, nunca emitieron ni una sola opinión en esa discusión. Entonces, es extraño que sólo hace algunos meses hayan empezado a manifestar esta “profunda preocupación” por lo que es el drama de la presencia de la droga en nuestro país.

| En reiteradas oportunidades hemos dicho que es sintomático que esta preocupación esté asociada a momentos muy especiales que vive el país, particularmente a la proximidad de los resultados de un proceso judicial, en el que está sobre la mesa una sanción dura de nuestra justicia sobre aquellos que tuvieron un rol activo en la violación de los derechos humanos.

Con razón pensamos que podría ser una medida distractiva, porque hay inconsecuencia entre la despreocupación mostrada durante estos años y la tremenda preocupación que surge justo en el momento en que se promulga en nuestro país un cuerpo legal que permite abordar con efectividad el problema del narcotráfico, cuerpo legal que tuvo su origen i) en esta Cámara de Diputados, con los parlamentarios de todas las bancadas y que podrá ser perfectible, pero constituye el primer instrumento eficaz que en veinte años se plantea al país para abordar esta situación que, obviamente, le preocupa a la comunidad nacional.

Pero aquéllas son actitudes distractivas, y nosotros queremos plantear cómo se defienden las instituciones frente a este tipo de acusaciones genéricas que claramente tienden a desprestigiar las instituciones democráticas.

Asimismo, quiero felicitar al colega Andrés Allamand, Presidente de Renovación Nacional, por su testimonio entregado en la jomada de hoy, porque ha formulado un planteamiento que apunta en la dirección correcta, al señalar que aquellos que desprestigian las instituciones democráticas, aquellos que con sus opiniones infundadas, aquellos que tienen convicciones íntimas, pero que carecen elementos de juicio para llegar a ellas como se decía en un prestigioso diario del fin de semana por parte de un colega parlamentario, manifiestamente están afectando la lucha contra el narcotráfico, porque la pérdida de la credibilidad sobre las instituciones llamadas a cumplir un rol sobre la materia favorece a los narcotraficantes.

Cuando se hizo una acusación genérica, ¿cómo reaccionó la Mesa de la Cámara de Diputados? ¿cómo puede reaccionar una institución, un Poder del Estado, para ver si efectivamente en esa acusación existe algún elemento que obligue a una preocupación institucional?

Se solicitan informes a la Dirección de Seguridad Nacional, a la Dirección de Carabineros, a la Dirección de Investigaciones, que son las entidades que nuestra institucionalidad se ha dado para protegerse frente a cualquier elemento que afecte la seguridad del Estado y sus instituciones y estas entidades responden categóricamente que no existen antecedentes que vinculen, directa o indirectamente, a algún parlamentario con el tráfico o el consumo de drogas, particularmente de cocaína.

Entonces, por su intermedio, Señor Presidente, pregunto al Ministro del Interior: ¿Quién más en este país tiene información que pueda seguir circulando, que pueda dar pábulo para que se establezcan listas?

El país vivió una situación dramática que afectó a un partido político de la Oposición, y en la que surgió la brutal noticia de que, al margen de las instituciones que nuestra democracia se ha dado, siguen existiendo personas que pueden hacer uso y abuso de informaciones cuyo origen no sabemos cuál es. Creemos que éste es un capítulo doloroso en la historia del Parlamento. No hay peor ave que la que emporca su propio nido.

Nosotros, que luchamos por la democracia en el país, no podemos quedar indiferentes cuando hoy vemos que personas que no sólo no participaron en esa lucha, sino que además hicieron todo lo que estuvo a su alcance para inhibir, reprimir y perseguir la posibilidad de que en Chile opináramos libremente, nos colocan en tela de juicio como individuos y como institución.

El Diputado señor Andrés Aylwin señalaba algunas cosas. No quiero extenderme, pero agregaré una que me parece interesante.

Todos recordamos que se aplicó la Ley de Seguridad Interior del Estado a la revista Apsi, acusándola de un delito especial que se llamó “asesinato de imagen”. Y el director y el gerente de esa revista fueron sometidos a proceso y durante un año sufrieron la cárcel y otras situaciones graves, y la revista no pudo circular por cerca de un año. El que ideó ese cargo de “asesinato de imagen”, extrañamente, es el mismo que nos dice hoy que cuando él hace una acusación genérica no afecta a la totalidad de los parlamentarios, sino que lo hace de buena fe para llamar nuestra atención sobre una preocupación que es del conjunto de la comunidad.

Nosotros es esta Cámara podemos tener discrepancias y, ojalá, podamos siempre distinguir entre nuestras ideas y las personas, porque éste es un lugar en que discutimos ideas. Ése ha sido el trabajo que hemos realizado en materia de drogas.

Nuestra bancada, a fines de enero, cuando discutimos sobre el consumo de drogas, planteó al país una sugerencia específica: No estamos por liberalizar ni legalizar el consumo de ninguna droga. No estamos por legalizar el consumo de la marihuana. Tenemos argumentos para eso. Estimamos que aquellos que puedan tener una opinión distinta, tienen fundamentos para ello; pero no la compartimos. Creemos que en la lucha contra el narcotráfico la opción de no liberalizar $ el consumo es correcta.

Pero, surge una pregunta ¿quién en nuestro país tiene la posibilidad de consumir drogas? Porque esta opción se mezcla con un cierta idea de lo que es la libertad individual. Entonces, en nuestra bancada nos hemos planteado el tema de quienes son los primeros que deben quedar libre de toda sospecha de consumo, la menor duda puede dar pábulo a que algunos la utilicen precisamente para afectar a las instituciones. Por eso, en julio o agosto del año pasado elaboramos una iniciativa, y pedimos al Gobierno su patrocinio, para crear un centro nacional de detención de drogas Cuando alguien se ve involucrado en un accidente, por ejemplo, se le puede practicar una alcoholemia, pero en la actualidad no existe una institución oficial que determine si ese conductor actuó bajo el efecto de las drogas y se dilucide clara y categóricamente mediante un control antidrogas, el eventual consumo entre los funcionarios públicos, en especial entre quienes ocupen cargos de representación popular, en las Fuerzas Armadas y de Orden, y en un conjunto de personas e instituciones.

También en el Poder Judicial, como agrega un señor Diputado, como figura en el texto presentado formalmente ayer a la Cámara, en nombre de la bancada demócrata-cristiana.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado su tiempo.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, termino señalando que esa iniciativa, que sometemos a discusión, fue enviada a 120 instituciones durante febrero. Tenemos aquí las respuestas de universidades, de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, de Investigaciones, las que manifiestan su disposición positiva a una iniciativa de esta naturaleza y a enriquecer con aportes su discusión.

Invitamos a nuestros colegas a que, dentro de las muchas medidas que deberemos imaginar para enfrentar en forma transparente la lucha contra la droga, consideremos también la referida iniciativa cuyo patrocinio formal reiteramos solicitamos al Gobierno. Apreciamos en las expresiones de los Ministros señores Massad y Figueroa, cuando se refirieron específicamente al punto, su voluntad auspiciosa, al menos, de legislar sobre ella, con lo cual se dará por terminado en el país el hecho de que algunos puedan utilizar los rumores para perjudicar a las instituciones.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Ha terminado el tiempo del Comité de la Democracia Cristiana. En el del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el honorable Diputado señor Claudio Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ.-

Señor Presidente, es muy difícil decir algunas frases que resulten novedosas luego del brillante discurso del Diputado y Presidente de Renovación Nacional, señor Andrés Allamand.

Digo que fue un brillante discurso, y además destacable, porque fue directo, honesto y unitario. Y ése es uno de los puntos principales de la lucha contra el narcotráfico: la unidad. Debemos ser capaces de dejar a un lado todas las diferencias políticas que nos puedan separar en esta lucha. Es fundamental que sepamos capitalizar esa enorme ventaja que significa la lucha contra el narcotráfico emprendida con unidad.

Por eso, a riesgo, tal vez, de repetir algunas frases, insistiré en un hecho que considero de vital importancia en la lucha contra el narcotráfico, cual es, por cierto, que es fundamental que los chilenos tomemos conciencia de la existencia y avance de este grave flagelo.

Si nosotros no somos capaces de hacerlo, entonces no seremos capaces de identificar algunas soluciones para enfrentarlo. Creo que en Chile aún no hemos tomado cabal conciencia de ello, y nada mejor que demostrar con hechos lo anteriormente aseverado.

En primer lugar, iniciamos el año con una serie de declaraciones que, sin duda, causaron, como era de esperar, un fuerte impacto en la opinión pública. Sin embargo, y sin el ánimo de legitimar la forma de cómo fue realizada la denuncia, la discusión giró en tomo a una expectativa morbosa de los eventuales involucrados, perdiéndose de vista lo que en mi opinión debió ser el punto central: el riesgo que vive nuestra sociedad de verse debilitada e infiltrada en sus bases institucionales por el narcotráfico.

Seguidamente, en febrero se puso de relieve el hecho de que el Gobierno, a pesar de los discursos y de las intervenciones manifestadas de hacer frente a este flagelo, autenticidad que pongo en duda, aún no ha asumido la urgente necesidad de dar señales claras a la ciudadanía y a quienes hacen del tráfico de drogas una fuente de lucro personal, al indultar a uno de los responsables del mayor contrabando de drogas que se tenga noticia en nuestro país.

Finalmente, las recientes declaraciones efectuadas por algunas personas, en orden a legalizar el consumo de drogas, tales como la marihuana, apelando a su condición de “inofensiva”, que sólo ha contribuido a reabrir una discusión que considerábamos terminada y a aportar un nuevo elemento de desconcierto entre la población, que finalmente termina por no entender nada.

Como puede apreciarse, todas estas situaciones han ido generando un clima de encarecimiento en el quehacer nacional, cuyo principal efecto es que se pierda de vista, una vez más, el eje verdadero de la problemática: el narcotráfico sigue ganando terreno mientras se pierde en discusiones muchas veces estériles tiempo valioso que no será posible recuperar. Lo importante es avanzar en esta lucha, lo que venimos señalando con el DiputadoValcarce desde 1990 a la fecha.

Es más, me asiste el temor de que todas estas situaciones pueden conducir, finalmente, a que nuestra población no sólo perciba el desconcierto de sus autoridades, sino peor aún, conlleven a una sobresaturación de la gran mayoría de los chilenos respecto del tema, generando un hastío y desinterés que sólo reportará beneficios a quienes trafican con la vida y la salud humanas.

Por cierto, hay muchas cosas de las cuales habría que hablar esta tarde: la necesidad de enfrentar, sin tregua, sin ceder un centímetro, con decisión y energía, y hasta con valentía, esta lacra que es el narcotráfico, y por otra parte manifestar nuestra férrea voluntad política de disponer de recursos para prevenir el consumo de drogas.

He escuchado al señor Ministro y puedo decirle esta tarde que haremos todo eso y mucho más; pero deseo agregarle también que procedamos de inmediato y no dilatemos más nuestro accionar.

A modo de conclusión, debo señalar que comparto tres elementos de juicio.

En primer lugar, el problema no es la droga, sino su efecto en las personas. En segundo lugar, los estudiantes son las víctimas preferidas de los traficantes, por lo que debemos actuar en todos y cada un establecimientos educacionales. Y, en tercer lugar, esto es fundamental ninguna campaña de prevención tendrá posibilidad de éxito en el país si no se incorpora a ella a la juventud. Sin su participación no se obtendrá éxito.

Asimismo, comparto con los colegas y con el país, a través de las cámaras, tres reflexiones que me parecen importantes.

La droga es la principal enemiga de la libertad del hombre, porque lo esclaviza; es el peor atentado contra la democracia, porque la corrompe, y destruye una nación porque, en definitiva, le roba el alma.

Señor Presidente, tengo fe que entre todos lograremos librar a Chile de este mal.

He dicho.

Aplausos

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el honorable Diputación señor Nelson Ávila.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, deseo expresar que hablo a título personal; por lo tanto, no represento la voz oficial de mi partido. Pero en el PPD el derecho a la diversidad, a tener opiniones propias y defenderlas, está elevado a la categoría de principio.

En los últimos días, junto con el DiputadoGirardi, hemos entregado antecedentes con nombres y apellidos de funcionarios judiciales que están coludidos con el narcotráfico. Han sido denuncias responsables que hoy tienen tras las rejas a un buen número de estos malos elementos.

Esta situación consecuente, de decidido combate contra el flagelo, me da autoridad para entregar mi planteamiento esta mañana.

Este es un debate inevitable, pero temo que el clima de neurosis colectiva que se ha creado en tomo a las drogas complote en contra de un análisis sereno y constructivo. La única forma de abordar este delicado asunto con algún rigor, es haciendo un esfuerzo por despejar la maraña de mitos, medias verdades y seudo verdades que enturbian el panorama.

Lo primero es señalar que la mayor parte de las drogas son fabricadas por empresas legalmente establecidas; las recetan médicos y se venden en farmacias. Por otro lado, tan absurdo es decir que las drogas son inofensivas como que todas revisten el mismo grado de peligrosidad. ¡No es lo mismo la marihuana que la pasta base!

Pero la mayor incoherencia viene dada por la plena aceptación, aquí, entre nosotros, del alcohol, una droga más peligrosa que todas las ilegalidades juntas, por ser tóxica y la de mayor potencial de dependencia. El alcohol es causa directa de la incapacidad del 2 por ciento de la población mundial, y mayor aun es el número de los que han muerto por sus efectos.

En Chile, el alcohol ocasiona mortalidad por cirrosis hepática de 3.562 personas por un año, una de las más altas del mundo. Según los registros del Servicio Médico Legal, en el 33 por ciento de los accidentes de tránsito y en el 50 por ciento de los homicidios se encuentran una alcoholemia positiva. Se estima que en el país existen 1.800.000 bebedores anormales, de los cuales 450.000 son alcohólicos. Un estudio del Cerc reveló que un 24,3 por ciento de adolescente varones está en la categoría de bebedor problema. Dicho porcentaje sube al 30 por ciento en la población laboral.

Pese a ello, el alcohol se vende libremente en bares, bodegas y supermercados. Es legal su consumo.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, lamentablemente, terminó su tiempo.

El señor AVILA.-

¿Me permite, señor Presidente?

Le agradeceré que el rigor de su cronómetro no ahogue el pluralismo y la elevación con que se ha dado este debate.

He sido reiteradamente aludido en mi planteamiento. Tengo derecho a que la opinión lo conozca no por las etiquetas y las caricaturas, sino que emerja el contenido de fondo que quiero expresar esta tarde. Pido a mis colegas que me den oportunidad de hacerlo.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, debo guiarme por el Reglamento de la Corporación. A su Señoría le quedan dos minutos y he tenido la consideración de dejarlo hablar cuatro minutos quince antes de interrumpirlo.

Solicito el acuerdo de la Sala para otorgar tres minutos más al señor Ávila.

Acordado.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Puede continuar por tres minutos más, señor Diputado.

El señor ÁVILA.-

Gracias, señor Presidente.

Aunque para algunos pase inadvertido, somos una sociedad consumidora de drogas. Estas forman parte de nuestra cultura. Preparados contra la tos, insulina, anfetaminas, tabaco, alcohol, café, barbitúricos, hipnóticos, tranquilizantes, estimulantes, adelgazantes, son drogas.

Ahora, todos nos sentimos convocados a luchar contra el flagelo, y la pregunta, no por simple no por obvia deja de ser válida, ¿contra qué drogas exactamente vamos a combatir? ¿Cuál es el criterio para separar unas de otras? ¿Son todas las drogas iguales?

El llamado “problema de la droga” no lo constituye la droga en sí, si no que su carácter clandestino y el error de considerarlas a todas iguales crea los mayores dramas.

Se da la gran relevancia sólo a algunas drogas: opiáceos, cocaína, canabis; y se excluye otras, alcohol, psicofármacos, sin rigor científico ni objetividad alguna.

A veces es bueno extraer algunas lecciones de la historia.

El propio PresidenteRoosevelt describió las consecuencias de la “ley seca” que rigió en Estados Unidos desde 1920 hasta 1933. Dijo “No ha fomentado la causa de la templanza en nuestra población, y en cambio si ha promovido el consumo de intoxicantes fuertes; ha conducido a la corrupción y la hipocresía, falta de respeto a la ley y el orden, y ha inundado el país de licores clandestinos que no pagan impuestos”.

Hoy asistimos a una feroz ofensiva provisionista y represiva.

Disipado el “peligro marxista”, este Estado “moderno” parece religitimarse el arrepentimiento contra las libertades individuales e impidiendo al ciudadano hasta la administrativo de su propio cuerpo. Nos dice: “No proteste, no beba, no fume, no fornique”. Es decir, la plena instauración de un terrorismo moral de corte macarthista. Así la droga se transforma en ideología que alimenta el control social, estigmatiza al adolescente que fuma un pito, pero no afecta al ejecutivo que consume whisky a su antojo en un sitio de moda.

Las trágicas lecciones que nos arroja la experiencia nacional e internacional deben conducimos a optar por una alternativa distinta, pero más eficaz en la lucha contra el flagelo de la drogadicción y el narcotráfico. En mi concepto, ese camino es el de una liberalización controlada. ¡Ojo!, digo liberalización controlada, no necesariamente legalización.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Concluyó su tiempo, señor Diputado.

El señor ÁVILA.-

Estamos casi llegando al cuarto menguante.

No es racional que la sociedad eluda sus responsabilidades y deje todo en manos de los órganos represivos.

Veo el peligro de potenciar una burocracia de la droga que se alimenta a si misma con el manejo de la información y el uso de acciones espectaculares perfectamente pauteadas. Nunca le faltarán razones para exigir más recursos, esfuerzo éste que será inútil, ya que podrán ganar una que otra batalla, pero la guerra está perdida de antemano, como ha quedado demostrado en el mundo entero.

Hay que entenderlo. La droga, bajo el estímulo del método represivo, siempre encontrará modos de producción y vías de distribución. A su vez, continuará enriqueciendo a organizaciones mañosas de sobornar a policías, extorsionar a jueces, implicar políticos y manipular instituciones. Es, insisto, una guerra estéril que no se puede ganar.

Milton Friedman, premio Nobel, adalid del liberalismo económico, cuya sola mención causa gozoso estremecimiento a algunas de sus señorías, en carta abierta al máximo responsable de la lucha antidrogas, William Bennet, dijo: “Si las drogas hubiesen sido liberalizadas hace 17 años, el “crack” no existiría, y habría muchos menos adictos. Mucho menos gente estaría en la cárcel y menos cárceles hubiesen sido construidas". Fin de la cita.

Según el mismo Friedman, la guerra contra la droga causa más víctimas de la droga misma y ha convertido a los ghettos en zonas desoladas por la violencia, las enfermedades y la cesantía.

Más recientemente, en Diciembre de 1993, Jocelyn Elders, la más alta funcionaría del gobierno americano en materia sanitaria, dijo que debería estudiarse la posibilidad de legalizar las drogas como medida para acabar con la violencia en el país.

Señor Presidente, me temo que estamos intentando combatir un mal, la droga, con otro peor, la prohibición y penalización indiscriminada.

Llamo a reforzar la familia, no las mafias.

Sería útil recordar que la política represiva, como se ha comprobado históricamente, nunca ha solucionado nada, sino que lo ha complicado todo. Las drogas no son una excepción.

He dicho.

En el turno del comité del Partido de la Unión Demócrata Independiente, tiene la palabra el Diputado señor Alejandro García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente, es muy importante analizar la penalización con rehabilitación del consumo individual de drogas, elemento que considero indispensable en la lucha contra el narcotráfico y el apoyo a la estabilidad de la familia. Por lo tanto, a la estabilidad de nuestra sociedad.

Hay que ser claro. ¿Quienes son los más afectados con este flagelo? Los jóvenes y los niños. En particular, la gran cantidad de jóvenes provenientes de familias destruidas, de matrimonios deshechos o con problemas. Así i('í| lo demuestran numerosos estudios. Por ello, me preocupan las señales equívocas y contradictorias como el proyecto de ley de divorcio, cuya aprobación facilitaría la destrucción de la familia en Chile y generaría más jóvenes desorientados y desconcertados, que creerán equivocadamente que pueden tratar de encontrar en el consumo de drogas una salida a su inestabilidad personal, producto de la destrucción de su hogar.

Es claro que mientras exista consumo libre de drogas, habrá siempre quienes se interesen en proporcionarlas.

No puede atacarse sólo un aspecto del problema, como es para muchos prácticamente un requisito sicológico consumirlo a solas, por lo que no basta penalizar su consumo concertado.

La marihuana debe seguir comprendida entre las sustancias cuyo consumo y tráfico debe ser prohibido, ya que, a diferencia de lo que algunos creen, no es una sustancia inocua e ingenua: están probados, científicamente, los graves daños que produce a la salud individual y social. Es la puerta o la mecha de la bomba de la adicción; el consumidor de ella necesita, a la larga, drogas más poderosas como la cocaína.

Por lo tanto, la autoridad está ética y moralmente inhibida de promulgar leyes que liberasen el consumo de las drogas. Con ello da cumplimiento a su obligación de velar por el bien común que supone el bien individual y de cuidar a la comunidad que la eligió. Bien común y cuidado de la comunidad son requisitos fundamentales para que una ley sea legítima, lo otro nótese bien puede tener sólo la apariencia de legal en su sentido formal, pero atenta contra ambos conceptos básicos.

Quiero resaltar a la Honorable Cámara y al Gobierno la necesidad de implementar un plan nacional de rehabilitación y prevención de drogas, que comprometa a toda la sociedad, desde su base y fundamento, la familia, a las escuelas, a los medios de comunicación y a las instituciones sociales. No más del 8 por ciento de los adictos en el país logran recuperarse; ellos los ex drogadictos también deben colaborar y participar en dichos programas de rehabilitación y prevención de este flagelo. ¡Quienes mejor que ellos pueden ser los que aporten su experiencia y drama superado!

Me preocupan las cifras. En 1990, fueron decomisados 1.963 kilos de marihuana y este año, y van 92 toneladas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su Comité.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Déjeme terminar la idea, señor Presidente.

En 1990 no se decomisó pasta base; en 1994,556 kilos.

Considero importantísimo que se creen brigadas antinarcóticas en cada región del país. Hoy sólo algunas tienen la oportunidad de contar con ellas, en circunstancias de que resulta urgente constituirlas en todas.

Entre otras medidas que se deben adoptar está la de crear la asignatura de Educación Familiar en los colegios, con el fin de preparar a los niños y jóvenes respecto de esta y otras materias que deben ser abordadas por esos establecimientos.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Carlos Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, hoy nos hemos reunido para tratar la drogadicción en Chile, lo que me hace recordar el año 1990, cuando arábamos en la arena y cada vez que hablábamos de este tema éramos víctimas de la ofensa o de bromas de muchos colegas, que sin requerirlo, de una u otra manera tocan a los parlamentarios de la zona norte, región donde estaba centrado el problema de la drogadicción en nuestro territorio.

Pero hubo una cosa que siempre nos alentó y eso es lo importante, porque de todos los discursos que he escuchado algo hay que sacar que en esta guerra del narcotráfico o de los narcocriminales en contra de la sociedad, siempre quedan heridos que necesiten nuestro apoyo. Y hemos orientado, hasta el momento, todo nuestro quehacer, quizás en forma equivocada. No nos habíamos dado cuenta de que el narcotráfico y especialmente el consumo de la pasta base llegaría a Santiago de Chile.

Al respecto, quiero recordar que cuando en el año 91 el cólera invadió el norte chico de Chile, no hubo un peso para enfrentar el problema es esa zona. Sin embargo, cuando llegó a Santiago, aparecieron 600 millones de pesos de inmediato.

En cuanto a la droga, hoy, después, de cuatro años y medio, en que hemos combatido mano a mano contra los narcocriminales. cuando el problema afecta a Santiago, se destinan inmediatamente los recursos necesarios. Eso quiere decir que, quizás, en el norte estamos acostumbrados a resistir. En todo caso, es bueno que después de este tiempo aparezca el dinero y la buena voluntad de todos, porque día a día van cayendo más y más jóvenes. Y ya no tan solo jóvenes, también hay padres y familias enteras en el narcotráfico; consumen y, además obligatoriamente deben vender para seguir subsistiendo.

Esta es una enfermedad, y me sorprende escuchar a colegas de todas las bancadas, especialmente a los que han querido hacer de esto un show personal. Hay que estar ahí, vivir este drama, conversar con esos jóvenes que han cometido homicidio por conseguir al pasta base y que lúcidos no diría lúcidos, pero al menos desintoxicados nunca van a recuperar un ápice de la inteligencia que quizás tenía antes de consumir la pasta base.

Hay mucho que hacer. Estoy cierto de la buena intención del Presidente del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes, el Ministrodon Carlos Figueroa; veo que el Consejo está funcionando. Pero algo nos faltaba, y era esto: el apoyo y al conciencia nacional de que el narcotráfico, una vez que entra en la familia, en la sociedad nacional, nunca más sale. Si no, preguntémoslo a nuestro hermanos colombianos, que cuando esto empezó a avanzar y crecer, al igual que en la Cámara de Diputados, hubo acusaciones en contra de parlamentarios que cayeron por ser honestos, y quizás, quedaron algunos que no lo eran. Y esto sucedió no tan sólo en Colombia, sino también en Bolivia, donde el Ministerio del Interior, en una sala como ésta, también estaba en contra del narcotráfico y después cayó por estar involucrado en él.

Este es el indicio y es bueno que hoy lo tratemos y lo encaremos, pero con seriedad, porque las risas se borran del rostro cuando un hijo, un hermano, un primo o un pariente cercano empieza a volarse o con famosa angustia ocasionada por la maldita pasta base.

Señor Presidente, hay cosas raras que es necesario analizar; quizás nos hemos quedado en la parte teórica. Tenemos más de mil kilómetros de frontera en la zona norte, que nos separan de Peni y Bolivia; y hoy, la pasta base ya no se vende en la frontera; los bolivianos la entregan en consignación a los narcotraficantes chilenos. Hay algo raro en esto.

La pasta base vale, en esa frontera y lo pueden ratificar Carabineros e Investigaciones, entre 80 a 400 mil pesos el kilo, dependiendo de su calidad y pureza. Sin embargo, de dos kilos de pasta base se obtiene un kilo de clorhidrato, que puesto en Santiago, cuesta sobre los tres millones de pesos. Es decir, creo que primero debemos analizar lo que está pasando.

Segundo, estimo que la policía está haciendo lo mejor que puede, pero requiere más recursos y, en conciencia, debemos entregárselos. Es necesario fortificar como decía alguien o fortalecer la familia. Pero sus valores no se fortalecen sólo hablando con sus miembros, sino que, como lo han dicho muy claros otros parlamentarios, hay que darle oportunidad a la familia, a los jóvenes, a mucha gente que no tiene futuro y que el único puente entre ellos y la sociedad es la droga; y la consumen porque no hay otro puente.

Otros, sobreexcitados por el éxito, requieren de la droga para seguir siendo exitosos. A esos también tenemos que ayudar.

La campaña recién se inicia. Hace poco dije que estábamos perdiendo la batalla contra la droga; pero veo que hay colegas y autoridades que han retomado el rumbo y creo que podemos vencer o, por lo menos, mantener nuestras fronteras tranquilas. Y para ello, primero debemos como decía el Diputado señor Rodríguez buscar una unión y un camino de Estado para encontrar soluciones claras y concretas en contra de los narcotraficantes.

Tercero, tenemos que eliminar lo más importante: la sangre que circula en el narcotráfico, y ésa es el dinero; y el dinero se lava no tan sólo en Chile, sino también en países cercanos. Por lo tanto, debemos buscar ayuda internacional.

Cuarto, hay que concitar el apoyo de los países hermanos; no puede ser que tengamos más de 300 narcotraficantes bolivianos vendiendo en nuestra frontera.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, debe abreviar; de lo contrario su Comité se quedará sin tiempo.

El señor VALCARCE.-

Termino en seguida, señor Presidente.

Y respecto de esos 200 ó 300 mil narcotraficantes que están en el lado boliviano de nuestras fronteras, creo que Bolivia debiera ser más fuerte y eficaz para neutralizarlos. No es una crítica, pero es necesario coordinar la acción.

Por último, hay un trabajo inmenso que realizar por parte de las municipalidades en al vigilancia de las canchas multiuso que no se emplean en la noche por carecer de luz, en las juntas de vecinos tampoco funciona a esa hora, porque no la tienen, en los colegios que cierran en la tarde por el mismo motivo y que podrían servir a la comunidad. Es un trabajo muy grande e importante.

Es poco el tiempo de que disponemos para manifestar nuestras inquietudes sobre el problema de la droga. Simplemente, quiero decir que, después de cinco años, estoy satisfecho porque, por lo menos, prendió la idea y creo que podemos vencer si actuamos todos unidos.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el tiempo de Renovación Nacional, resta sólo la intervención del Diputado señor Alberto Espina.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, en representación de mi Partido, me corresponde cerrar las intervenciones de la bancada.

En primer lugar, quiero agradecer los gestos de reconocimiento que los honorables señores Diputados han tenido por la intervención del Presidente de Renovación Nacional, lo cual, a nuestro juicio, demuestra la voluntad de abordar, como una política de Estado, el tema de las drogas y del narcotráfico.

Sentimos que hoy se ha cumplido un objetivo; hay una tarea pendiente y una decisión política común.

El objetivo logrado es que la Cámara pudo llevar adelante, con distintas visiones, énfasis y momentos, un análisis a fondo respecto de un tema que afecta a toda nuestra sociedad.

Con representación del Gobierno de la República, encabezada por su Ministro del Gobierno de la República, encabezada por su Ministro del Interior, la Cámara ha tenido más de cinco horas de debate sobre una materia que seguirá llamando la atención del país.

Como la legislación es dinámica, hay tareas pendientes y muchos aspectos requieren perfeccionamiento.

No está agotado el tema de la prohibición al consumo privado. Basta señalar que en nuestro país, como lo hicimos ver en aquel entonces, cuando se produjo el debate para aprobar el proyecto que significó la ley vigente, resulta una contradicción para algunos que se sanciones el consumo individual cuando se hace en una plaza pública, y no cuando se realiza en el living de la casa.

Además, está pendiente la decisión acerca de si el sinónimo de sanción siempre tiene que ser la cárcel; creemos que no es así. Pero hay un tema pendiente y otras materias legislativas del mismo orden que obligan al Parlamento a agilizarlas. Pienso que todos hemos asumido ante el país el compromiso de no dejarlas dormir por largos años. Esto debemos resolverlo a la mayor brevedad.

Y la decisión política común. El país realmente espera de nosotros controversia, debate, discusión. La Cámara de Diputados es un lugar para que la gente pueda comprar distintas visiones de la sociedad; pero simultáneamente es un lugar para lograr grandes acuerdos en materias que afectan por igual a personas, cualquiera que sea su creencia política, ideal religioso o posición en la sociedad.

Sobre esas bases, sentimos que en al Cámara aún hay un gran desafío pendiente: continuar legislando para esos fuimos elegidos y trabajando en Comisiones, fiscalizando y actuando con la responsabilidad que cabe a un Parlamento que ha superado muchos momentos difíciles con altura, temple y coraje.

He dicho.

Aplausos.

Los textos de los discursos que se acordó insertar son los siguientes:

La señora AYLWIN (doña Mariana).-

Señor Presidente, desde que la humanidad existe, todas las culturas han convivido con el consumo de drogas, pero nunca antes esto constituyó un problema como ahora. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, que a lo largo de la historia el consumo de drogas estuvo integrado en un orden y tenía un sentido, formaba parte de un ritual o tenía un carácter sagrado. En el mundo precolombino Dieron variadas las culturas que usaron alucinógenos como una forma de relacionarse con lo religioso, ya sea en santuarios o lugares donde se escrutaban las interrogantes frente al porvenir, o bien intentando aplacar la ira de los dioses.

En nuestro tiempo, en cambio, la droga pareciera ser la respuesta a las iras del sin sentido, el signo más devastador de una cultura que está perdiendo sus ejes ordenadores. Vivimos en un mundo que ha logrado un estado de desarrollo nunca antes visto y, sin embargo, el ser humano no parece lograr la anhelada paz consigo mismo. Aparece cada día más sólo, incapaz de comunicarse y donarse en tareas solidarias, marcado por la angustia del tener, del placer y del poder.

Por eso el problema de fondo se encuentra en los valores que están predominando en nuestra cultura, porque son esos valores los que han posibilitado que la droga se extienda como lo está haciendo.

Cuando el joven de una población pobre de nuestro país consume droga, no lo hace con un sentido ritual o sagrado, sino justamente como expresión del sin sentido de su vida, de su soledad, de su desesperanza, de su falta de oportunidades. Cuando lo hace un joven acomodado del barrio alto de Santiago, también está presente el mismo sin sentido, la búsqueda de sensaciones límites o la evasión de la realidad. Cuando un profesional exitoso consume drogas, lo hace bajo la presión de una cultura que lo incentiva a rendir más, para ganar más dinero, prestigio o poder. O cuando un vecino modesto del barrio se convierte en traficante, o un funcionario en encubridor, detrás está la tentación del dinero fácil para superar su pobreza y acceder al luminoso mundo del consumo.

Por lo tanto, el problema de la droga es mucho más que un desafío político, legislativo o policial. Las leyes podrán ayudar a regular conductas en las personas, pero lo que no pueden hacer es cambiar el corazón de una sociedad. Si queremos luchar con eficacia contra la droga, tenemos que asumir también esta dimensión cultural y valórica del problema.

Y allí, en el centro de esta dimensión cultural, está la función de la familia. No es casualidad que tengamos tantas coincidencias acerca de la importancia de la familia, porque probablemente sea la reserva moral más importante para enfrentar los problemas del mundo moderno, entre ellos la droga. La familia es el espació del amor, de la gratitud, de la cercanía, de la formación de valores. Todo lo que hagamos por contribuir a que existan condiciones para que la familia pueda ejercer esas funciones es fundamental. Lo mismo, por fortalecer el esfuerzo educativo, fundado en valores permanentes y en el respeto por la vida de cada persona. Cuando estamos enfrentados a una reforma educacio¬nal, preguntamos si queremos una educación estrictamente orientada a tener trabajadores calificados, o si además nos jugamos por cuidar una manera de vivir. En definitiva, tenemos que detenemos a pensar qué modernización queremos y cuál es la que estamos construyendo.

Un segundo aspecto que quiero destacar es que sólo tendremos éxito en la lucha contra el narcotráfico y la drogadicción si somos capaces de convertir este desafío en una tarea nacional, que nos involucre a todos. El narcotráfico no puede encontrar mejor aliado que una sociedad dividida, instituciones débiles o un clima político enrarecido o confrontacional. A nadie le conviene más que a los narcotraficantes que los dirigentes políticos nos enfrentemos en una querella de recriminaciones, o que nuestras instituciones terminen deslegitimadas ante la opinión pública. Por eso debemos poner más cuidado en nuestra materia de actuar.

Por cierto y eso lo tenemos claro, las instituciones las hacen las personas que las integran con sus conductas, y por eso es inaceptable cualquier comportamiento ilícito y es equivocado encerrarnos en una actitud de defensa corporativa y de ensimismamiento.

Ello puede ser tan dañino como una denuncia vaga, como la que hemos conocido.

Por cierto, tampoco somos ni podemos creemos intocables. Estamos sujetos a la fiscalización de los ciudadanos y todas las denuncias son legítimas. El problema está en que no todas son eficaces para combatir la droga o el narcotráfico. Al contrario, una denuncia demagógica, que no sigue el cauce debido, deteriora nuestra convivencia y nuestra institucionalidad, y termina haciéndole el juego a los que quieren combatir.

El debate de hoy nos demuestra que hay bases para hacer del combate a la droga una tarea nacional. Tenemos coincidencias muy profundas. Incluso, un tema del cual se ha querido hacer caudal de supuestas diferencias, aquí ha quedado despejado porque todos los partidos se han manifestado partidarios de descartar la legalización de algunas drogas, como la marihuana.

No puedo dejar de decir que quisiéramos ver más consecuencia entre los discursos y las acciones, entre lo que decimos aquí y lo que expresamos en los pasillos a ante los medios de comunicación. Pensamos que sería tragicómico que siguiéramos enredados en discusiones estériles y acusaciones odiosas.

Este Parlamento puede dar testimonio de su capacidad de gestar acuerdos en grandes temas que le preocupa al país. La larga y acuciosa ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas es una muestra de ello. Hoy contamos con un instrumento jurídico eficaz para la prevención y la sanción del tráfico de drogas, que ciertamente podrá perfeccionarse, pero que está allí para avanzar de la mano con los esfuerzos que realice el gobierno, los tribunales de justicia, la policía, los municipios y, sobre todo, la sociedad civil a través de sus organizaciones.

Pero el país nos pide más.

Señor Presidente, los que estamos en esta Sala sabemos que no somos ángeles ni demonios, si no sólo una expresión de lo que se muestra sociedad, a la que representamos. En esa condición, nadie tiene más posibilidades que este Congreso para ser el espacio principal para que los partidos y los políticos seamos capases, desde la diversidad, de asumir el problema de la droga con sentido nacional. No sigamos desperdiciando esta oportunidad.

He dicho.

El señor CAMINONDO.-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Hemos sido convocados a esta sesión con el objeto de analizar un tema que tiene enorme trascendencia en el presente y futuro de nuestro país.

La producción, el tráfico y el uso indebido de drogas ha alcanzado gran magnitud, no sólo en Latinoamérica, sino que en todo el mundo.

Nuestro país no está ajeno a esta realidad mundial y registra un creciente aumento del consumo de sustancias psicotrópicas, en forma especial de pasta base de cocaína, marihuana y clorhidrato de cocaína.

De acuerdo a una encuesta realizada a fines del año pasado, por el propio Gobierno, ochocientas treinta mil doscientas cuarenta y ocho personas han consumido droga alguna vez. Según ese estudio, los hombres superan a las mujeres en una proporción de 3 a 1. El 20,6 por ciento de los encuestados varones ha consumido droga alguna vez, mientras que el 7,1 por ciento de las mujeres esta en igual situación.

Sin embargo, debemos reconocer que, afortunadamente, este fenómeno no ha alcanzado la magnitud que tiene en otros países, esto nos permite, dentro de la gravedad de la situación, estar en una posición más favorable para controlar y revertir el problema.

Para ello, resulta fundamental el compromiso que debemos asumir los distintos sectores de la ciudadanía, en orden a erradicar este flagelo, compromiso que, obviamente, debe partir de las máximas autoridades del país. No resulta posible, por ejemplo, que el Presidente de la República indulte al responsable de la mayor internación de drogas en Chile, dando una pésima señal a la ciudadanía, en los instantes en que vemos un alarmante aumento del tráfico y consumo de drogas.

Por el contrario, la aprobación por este Congreso Nacional de la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, apunta en la dirección correcta, constituyendo un aporte importante en la lucha contra el narcotráfico, al modernizar la legislación nacional en la materia. Sobre este punto, deseo señalar que, personalmente, considero más apropiado que las atribuciones entregadas, por un cuerpo legal, al Consejo de Defensa del Estado, sean ejercidas previa autorización judicial, tal como lo aprobamos recientemente en esta Honorable Cámara, ajustándonos, de este modo, a la sentencia del Tribunal Constitucional que había estimado como contrario a nuestra Carta Fundamental algunas disposiciones aprobadas inicialmente.

En efecto, la necesidad de una autorización judicial evita actuaciones discrecionales que pueden atentar contra algunos derechos fundamentales de las personas, pero, además, permite que el Consejo de Defensa del Estado cuente con todas las facultades legales para cumplir eficazmente con las funciones que la ley le asigna.

Junto a la existencia de un marco legal adecuado que permita investigar y sancionar a los responsables de las diversa acciones delictivas, resulta fundamental la realización de una campaña destinada a informar y moti¬var a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, con el fin de crear un consenso nacional en la lucha contra las drogas, la cual, obviamente, no debe limitarse a algunos avisos a través de la radio y la televisión, sino que se trata de una estrategia integral que compromete a toda la comunidad y en la que deben necesariamente incluirse programas educacionales que adviertan sobre los riesgos de este flagelo, en los cuales no debieran estar exentos los padres y apoderados, para que esta capacitación llegue al núcleo fundamental de toda la sociedad, que es la familia. Es allí donde debe iniciarse el mayor combate a esta lacra del siglo veinte. La drogadicción y el narcotráfico no es un problema sólo del Ejecutivo, del Parlamento, de jueces, policías, sino que es un problema de la sociedad en su conjunto.

Finalmente, señor Presidente, estimo necesario manifestar mi inquietud frente a diversas declaraciones que pretenden involucrar genéricamente a los parlamentarios o a otras autoridades en el consumo de drogas. No resulta posible poner un manto de duda sobre los parlamentarios, autoridades judiciales y otros sectores del país, sin que existan pruebas concretas que lo acrediten, ya que ello afecta la confianza que los ciudadanos deban tener en sus representantes e instituciones.

Tenemos la mejor disposición para colaborar en la investigación de esas denuncias, porque no es posible aceptar conductas de ese tipo entre quienes ejercen cargos públicos; pero con la misma fuerza debemos rechazar a quienes sólo buscan notoriedad pública atacando el honor y la imagen de las personas.

He dicho.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, me referiré a un aspecto que tiene que ver con los problemas reales que, algunas veces, tiene la comunidad en la tarea de colaborar con la represión del tráfico y del consumo de drogas.

En los sectores pobres, en las poblaciones, como los existentes en las comunas que represento: Estación Central-Cerrillos-Maipú, se producen dificultades concretas que impiden un combate adecuado respecto del tráfico y del consumo de drogas.

No puedo dejar de indicar que muchos de los dirigentes vecinales y muchos vecinos que hacen denuncias en los sectores poblacionales a los cuerpos policiales o no son debidamente escuchados, ya sea porque no se constatan sus denuncios o, después de efectuada alguna denuncia, reciben amenazas de los traficantes o de los consumidores, lo que estaría demostrando filtraciones en los receptores de las denuncias.

Con lo que he dicho, no quiero señalar que existe una conducto generalizada de la policía, pero si indicar que hay algunas conductas defectuosas, irregulares.

Como Diputado, recibo permanentemente denuncias de los vecinos de Estación Central-Cerrillos-Maipú, ya sea por ataques de drogadictos a sus viviendas y/o a las personas; de escándalos públicos; de desordenes en lugares privados o públicos. Periódicamente algunos dirigentes y vecinos me indican que llaman o acuden a la policía para denunciar a drogadictos o a centros de distribución de drogas, y la respuesta que reciben no siempre se traducen en investigar y reprimir las conductas de los drogadictos y de los traficantes.

Reconozco que las acciones del OS7 y de los cuerpos especializados de investigaciones son extraordinariamente positivas, pero se hace necesario buscar los mecanismos para transferir dicha eficiencia a la infraestructura policial de los sectores, especialmente poblacionales: retenes-comisarias, etcétera.

Creo que es necesario adecuar a la policía, frente a la necesidad que hoy requiere la población, respecto del combate a la droga.

Estoy convencido de que es necesario hacer importantes cambios, dada la gravedad del fenómeno, y estimular una mayor y eficiente relación entre las acciones de los dirigentes vecinales y la respuesta que entregue la policía.

Deben investigarse las denuncias que a veces hacen los vecinos por conductas policiales de posible corrupción o concomitancia con delincuentes, y así no frustrar la valiosa colaboración que la comunidad pueda entregar al combate a la droga.

Ojalá que las autoridades policiales ordenen a sus funciones que trabajan en los sectores poblacionales que deben mantener actitudes de estrecha colaboración con los dirigentes vecinales y con los vecinos que sufren diariamente este flagelo de parte de consumidores y traficantes.

Nosotros, como legisladores, debemos estudiar mecanismos legales más concretos de protección a los vecinos y dirigentes vecinales que denuncian conductas de los drogadictos y narcotraficantes.

He dicho.

MEDIDAS LEGISLATIVAS Y ADMINISTRATIVAS TENDIENTES A ENFRENTAR LA DROGADICCIÓN.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente;

1.Hay un aspecto que quiero resaltar; el flagelo de la droga en nuestro país es una materia que tiene carácter de Estado, ya que invade a moros y cristianos, ricos y pobres, oficialistas y opositores. Está demostrado que el consumo y tráfico de drogas acarrea enormes costos en ausentismo laboral, accidentes de trabajo y doméstico o del tránsito; en internación y rehabilitación para los drogadictos y en transmisores de enfermedades tan graves como es la hepatitis y el Sida. Pero, por sobre todo, genera un ambiente de inseguridad y temor, trayendo consigo la destrucción del núcleo familiar, local y nacional.

Hemos detectado que esta situación se ve acrecentada en los sector más populares. Hace seis meses, junto a otros Diputados, fuimos ante el Ministro del Interior a exponer nuestros planteamientos y preocupación, lo cual se tradujo en una moción parlamentaria presentada en nuestra Corporación. La idea era y es poder complementar la normativa recientemente promulgada y publicada como ley N° 19.366.

2.Del conocimiento y la información que hemos recibido de nuestros electores, en mi caso de las comunas de Pudahuel, Colina, Quilicura. Lampa y Tiltil, he podido percibir algunos hechos que son de la mayor significación.

a)He detectado que uno de los mayores enemigos en la lucha contra éste flagelo es el miedo creciente que hay en los pobladores qué les toca presenciar cómo en sus barrios y calles se trafica la droga por los mismos vecinos.

La persona que es testigo del tráfico y que conoce a sus autores, tiene miedo de denunciarlos por la venganza y represalia que puede caer sobre él y sus familiares.

b)Existe también la sensación por la población repito, en los sectores populares de nuestra sociedad de que el delincuente aprehendido por traficar droga es liberado inmediatamente y sin mayor trámite por los tribunales de justicia. Esto es grave porque se teje un manto de sospecha sobre el Poder Judicial y se percibe que la justicia no actúa y no es eficaz frente al narcotraficante.

c)Por último, se hecha de menos la presencia de un esfuerzo en conjunto donde participen autoridades municipales, policiales y organizaciones civiles, que de manera coordinada desarrollen una labor de prevención, rehabilitación e información en el tema de la droga.

3.Ante estos hechos hago presente que la labor legislativa es trascendente en el combate a la droga, y me permito entregar algunas proposiciones que están contenidas en la moción que ya he hecho referencia:

a)Establecer el secreto de la identidad de las personas que responsablemente denuncian a los traficantes de drogas.

Esto ayudaría a evitar el temor a la vergüenza y represalias a que se ven expuestos los denunciantes.

Esto significaría que toda persona que se presente voluntariamente a Carabineros de Chile o Policía de Investigaciones a denunciar los hechos señalados, podrá requerir de éstos la reserva de su identidad respecto de terceros.

Las autoridades policiales deberán dar a conocer este derecho al denunciante y si la persona hace uso de él quedará prohibido la divulgación de su identidad. El juez deberá decretar esta prohibición, sancionando su transgresión.

b)Se restringe la libertad provisional de los narcotraficantes al ser considerados un peligro para la sociedad.

El artículo 363 del código de Procedimiento Penal establece que la libertad provisional de las personas sometidas a proceso se puede denegar por resolución fundada, cuando la privación de libertad del sujeto es considerada por el juez como indispensable para el éxito de la investigación, o cuando su libertad sea considerada como peligrosa para la seguridad de la sociedad o del ofendido.

Se propone que la ley considere como una circunstancia peligrosa para la seguridad de la sociedad la libertad provisional de las personas que sean sometidas a proceso por la comisión de alguno de los delitos de tráfico que tipifica y sanciona la ley N° 19.366.

c)Por último, se sugiere la creación de centros comunales, integrados por personal policial, municipal y de organizaciones sociales, para desarrollar labores de prevención, educación e información a la población sobre las consecuencias del consumo de drogas. Asimismo se pueden constituir en centros de recepción de información emanada de los mismos pobladores.

4.Presidente, termino mi elocución haciendo reflexión.

Hace dos meses, nos hemos visto envueltos en una discusión perversa donde, a través de denuncias genéricas, se ha puesto un manto de sospecha sobre éste Poder del Estado al denunciar un supuesto consumo de drogas por parte de los parlamentarios.

Este debate es pernicioso y ocioso porque no aporta al gran problema real que supone el avance de la drogadicción, especialmente, como decía, en las poblaciones marginales, donde está creando verdaderos núcleos de extraterritorialidad y donde urge desarrollar políticas de control y prevención antes de que sea demasiado tarde.

El debate de esta Cámara de Diputados refleja la serenidad y firmeza con que esta Corporación enfrenta el tema de la droga y es un hecho indiscutible de nuestra voluntad de erradicarlo en nuestra nación.

He dicho.

El señor MAKLUF.-

Señor Presidente, desde una perspectiva general, este proyecto de ley tiende a satisfacer una necesidad social básica, cual es facilitar el acceso a la justicia a miles de chilenos que perciben que para . ello es imperativo contar con recurso eco™ nómicos. Una sociedad sana requiere de la confianza de los ciudadanos en sus instituciones fundamentales, y esa confianza se genera en la medida que las personas se sienten protegidas y representadas por éstas.

Desde una óptica particular, la primera observación que nos merece este proyecto de ley, al margen de recalcar su evidente utilidad en la vida de muchas familias de escasos recursos, es que se refiere a una sola, de las indivisiones o estados de propiedad común: la indivisión hereditaria, que regla la partición de esta comunidad de bienes hereditarios cuando ella no excede del monto máximo de 50 unidades tributarias anuales. No se aplica la partición que tenga su origen en A otras indivisiones, por ejemplo, en la disolución de la sociedad conyugal, de una sociedad de hecho o de otras establecidas por el legislador en diversos textos.

La segunda observación es que el procedimiento señalado facilita el término de la indivisión, cuya mantención en el tiempo no es mirado positivamente por nuestro ordenamiento jurídico. Como lo señala muy acertadamente el Profesor Manuel Somarriva Undurraga en su texto “Indivisión y Partición’: “La comunidad es fuente fecunda de dificultades entre los comuneros; en seguida, quien sólo tiene derecho cuotativo en un bien jamás tendrá el mismo interés de aquel que es dueño absoluto; y si a esto agregamos que mediante la partición se propende a la sub-división de la tierra, lo que constituye un ideal en materia económica, se justifica que el legislador dé la mayor libertad a los indivisiarios para poner fin a la comunidad mediante el ejercicio de la acción de partición”.

En tercer lugar, cabe hacer notar que las disposiciones vigentes en esta materia datan de mediados del siglo pasado, y, como es lógico, la estructura social y económica del país ha variado profundamente. Constituye entonces un imperativo abocarse a la actualización de estas normas legales a objeto de hacerlas eficaces a las necesidades del mundo de hoy, en que, por ejemplo, amplios sectores de nuestra sociedad han tenido acceso a la propiedad inmueble.

Por lo ya expresado y por los argumentos expuestos tanto en la moción como en el respectivo informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y en relación del señor Diputado informante, considero de particular relevancia aprobar el proyecto de ley que hoy debatimos.

He dicho.

El señor MORALES.-

Señor Presidente, honorables colegas:

Los Diputados radicalsocialdemócratas deseamos expresar nuestra preocupación en el sentido de que es peligroso abordar el tema del narcotráfico sin pensarlo detenidamente y dejándose llevar por el sensacionalismo que en este último tiempo existe en algunos medios de comunicación.

Una de las críticas que hace al legislador chileno es que se trataría de un legislador sensible. Esto, que a primera vista aparece como beneficioso, si se analiza mejor no es así, ya que muchas veces, por el hecho de legislar apasionadamente sobre un tema que no se conoce bien, resulta que los efectos que se logran son contrarios a los que el legislador pretendió.

Hay aspectos en lo que estamos todos de acuerdo, como, por ejemplo, la gravedad que reviste el que muchos de nuestros jóvenes consuman drogas y la necesidad de frenar la escalada del narcotráfico.

Creemos que lo importante no es hablar de aquello en que todos estamos de acuerdo, sino de plantear puntos de vista diferentes. Y ello es lo que intentaremos en este breve tiempo del que disponemos.

En primer lugar, estimamos indispensable que en esta lucha contra el narcotráfico se deba contar con personal policial especializado en un número suficiente que permita obtener éxito en esta tarea. Esta labor no se puede dejar en manos de personas no aptas y no bien preparadas, ya que no se trata de delincuentes comunes, sino de personas verdaderamente profesionales en un negocio ilegal y nefasto para la sociedad, pero ciertamente muy lucrativo.

Para lograr tener un policía especializado en la brigada antinarcótico se requiere de años de experiencia y estudio. Luego, en aquellas comisarías alejadas de los centros urbanos, no se pueden realizar una tarea eficiente, además del riesgo de corrupción debido a las altas sumas de dinero que este tráfico conlleva.

Asimismo, debiera contarse con jueces especializados en la materia, que conozcan claramente las facultades con que cuentan, ello por la rapidez con que se suceden los hechos en el narcotráfico. Hay que tener claro que el mejor aliado del narcotraficante es el tiempo.

Los jueces son reacios a otorgar facultades a la policía antinarcóticos. Y, como ejemplo, cito que en ocasiones esta brigada especializada debe operar en dos lugares a la vez y para ello se necesita que el juez dicte una resolución con validez en todo el territorio nacional, que le permita a la brigada trasladarse de un punto del país a otro con rapidez, y así se evita recurrir a la figura del exhorto, que de lo único que está provista es de burocracia.

En segundo lugar, es indispensable otorgar mayores recursos a la brigada antinarcóticos, ya que no se puede pretender tener éxito si se cuenta con pocos vehículos, de los cuales algunos están fuera de servicio, y los otros no se pueden utilizar en pesquisas, ya que los narcotraficantes los identifican plenamente.

Es importante destacar que la labor de detención de estos delincuentes se ve frenada porque hay pocos países que han convenido con Chile la extradición para estos delitos.

Además, hacemos presente que no estamos de acuerdo con el hecho de que día a día en los noticiarios de los distintos canales de televisión y radioemisoras se informen de importantes decomisos de drogas, lo cual da la sensación que estamos derrotando al narcotráfico. Pero esto se vuelve en nuestra contra al querer eliminar el flagelo de la droga, ya que aún las personas que no son economistas saben que los precios se regulan de acuerdo a la oferta y la demanda del bien. Luego estas publicaciones ayudan al narcotraficante a elevar los precios, ya que la oferta es menor, lo cual debiera hacemos creer que al ser elevados los precios no se consumirá drogas. Pero aquí está el error, ya que el adicto hará lo que sea posible por obtenerla, incluso delinquiendo.

Por último, honorables colegas, creemos firmemente que ha llegado la hora de preocupamos de legislar en todos los ámbitos que permitan a nuestra sociedad combatir el narcotráfico, prevenir el consumo, y rehabilitar al adicto. El gran esfuerzo desplegado para sacar adelante la ley N° 19.366, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dicta y modifica diversas disposiciones legales y deroga la ley N° 18.403, es sin duda, un gran avance, a pesar del fallo del tribunal constitucional, que permitirá en este momento controlar más eficazmente el lavado de dinero pero estamos ciertos del consenso que, poco a poco, se está logrando para que, junto a la denuncia responsable, se puedan investigar todos aquellos dineros sucios que endolan nuestra sociedad y que nos detienen y nos hacen desviar recursos de otros temas prioritarios, como son la pobreza, la educación y la salud.

El país entero requiere una acción coordinada y responsable del gobierno, los tribunales de justicia y nuestro parlamento. Nuestra sociedad necesita urgentemente de los jóvenes que construirán nuestro futuro. No puede haber más desperdicio de mentes y de vidas, la violencia del narcotráfico debemos combatirla con la pacífica pero enérgica actitud de una sociedad sana, ya que los enemigos de ella se enfrentan con la ley y el orden.

El señor NARANJO.-

Señor Jaime Estévez, Presidente de la Honorable Cámara de Diputados; Diputadas y Diputados, señoras y señores:

Esta es una intervención que me hubiese gustado no haberla hecho nunca, ya que considero que la realización por parte de esta Honorable Cámara de una sesión especial para tratar el tema del narcotráfico en nuestro país da cuenta de la magnitud del problema que enfrentamos y de la enorme tragedia que cae sobre nuestra población, especialmente sobre aquellos más jóvenes.

Hace algunos años, cuando veíamos y nos conmovíamos por las imágenes de la televisión y del cine que nos mostraban en el grave deterioro de la juventud de los Estados Unidos y de Europa, producto del uso de las drogas o las imágenes desgarradoras de la lucha contra el narcoterrorismo en Colombia, pensábamos que esta situación era algo lejano y que no nos alcanzaría nunca.

Sin embargo, hoy constarán con preocupación que en nuestro país el flagelo de las drogas está presente y ha penetrado con fuerza en todos los sectores de nuestra sociedad, y muy especialmente entre los jóvenes.

Hoy debemos señalar con fuerza, sin miedo, que Chile, de un país de tránsito, por el cual pasaba la droga hacia otros mercados, se ha transformado en un país de consumo poco

a poco, tal como ocurrió en otros países, los, traficantes de drogas no sólo han ido ampliando sus actividades, sino también corrompiendo a la sociedad y actuando cada vez con más osadía y violencia.

Podemos preciar, sin temor a equivocarnos, que su estrategia de penetración de nuestra sociedad y de creación de una mercado se ha ido cumpliendo. Primero Chile fue un país de tránsito; luego, de lavado de dinero, y hoy de consumo.

En efecto, a través de la entrega gratuita de pasta base a los jóvenes de las poblaciones, con el fin de crear su dependencia, han generado un mercado estable para sus negocios. Todo esto, lamentablemente, a pesar de los esfuerzos desplegados por las autoridades y la abnegada labor del OS7 de carabineros y de la policía de Investigaciones.

Nadie que conozca cómo actúan los carteles de las drogas puede desconocer el grave peligro que acecha a nuestra sociedad.

Si somos capaces de pararlo ahora, la corrupción y disolución de nuestras instituciones serán, tarde o temprano, una realidad; y lo que es más grave aún, el narcoterrorismo con su secuela de muerte y destrucción se hará en nuestra patria.

Ante esta situación, la sociedad entera debe actuar con fuerza y decisión, sin un doble estándar, o se está contra el tráfico y consumo de drogas en todas sus formas o se está a favor.

Quienes avalen cualquier tipo de consumo de drogas, sea éste en forma privada o legalizada deberán pagar ante los ojos de la historia su complicidad con los narcotraficantes en tales hechos.

Considero que en esta larga y dolorosa lucha contra el narcotráfico quienes representamos a los chilenos en el parlamento y en el ejecutivo, tenemos el deber moral y patriótico de predicar con el ejemplo y estar por decirlo de alguna manera al frente de este combate.

Quienes ocupamos cargos de representación y responsabilidad política tenemos que actuar con el máximo de transparencia y responsabilidad.

Ninguna persona que consuma cocaína u otra droga puede ocupar un cargo público, ya que no sólo daría un mal ejemplo a la sociedad, sino que sería susceptible de ser chantajeado y utilizado por los traficantes.

Es hora, por lo tanto de que los parlamentarios aunemos esfuerzos y cumplamos con nuestra tarea, establecida en la Constitución, de fiscalizar las distintas instituciones o personas que ocupan cargos de representación, de las cuales se sospeche que consumen drogas o estén ligadas al narcotráfico.

Sin embargo, nuestra fiscalización de otros poderes o instancias no sólo no será creíble, si no que carecemos de toda autoridad moral si hoy somos capases de fiscalizamos nosotros mismos, ya que, si no lo hacemos, perdemos credibilidad ante la opinión pública y, lo más grave, debilitamos la lucha contra el narcotráfico.

Lamentablemente, considero que algunos parlamentarios han caído en una especie de concurso de quién escandaliza más a la sociedad chilena quien hace la propuesta supuestamente más audaz, o bien la acusación más grande.

En este espiral publicitario y en plena lucha contra las drogas, algunos han afirmado que se debe legalizar la marihuana.

La verdad es que una propuesta de este tipo no sólo confunde a la opinión pública, sino que también estimula el uso de drogas. En efectos la inmensa mayoría de los jóvenes no comprende la división que realizan algunos entre drogas blandas y drogas duras de acuerdo a los efectos que estas causan en quienes las utilizan es más, para nadie es un misterio que la marihuana, en la inmensa mayoría de los casos, es el primer paso hacia la utilización de drogas fuertes, como son la pasta base y la cocaína.

Por tal motivo, resulta irreal e incomprensible que alguien esté en contra del tráfico y consumo de drogas y, al mismo tiempo, a „ favor de la legalización de la marihuana.$

Quienes actúan con esta lógica, no sólo, a mi entender están profundamente equivocados, sino que estarían, mediante la legalización de la marihuana, sentando las bases de un mercado futuro para los traficantes de cocaína u otras drogas.

Por otra parte, algunos parlamentarios han asumido conductas irresponsables que alcanzan un verdadero infantilismo democrático donde se pretende que la democracia resista todo. En los hechos, esto implica que debemos iniciar por decirlo de alguna manera la revolución de la apertura, en la cual, en nombre del respeto irrestricto a la vida privada, todo es aceptable, todo es permitido.

En este aspecto, resulta lamentable que cuando, se discutió en el Parlamento la ley de drogas fuera rechazado por mayoría, la penalización del consumo privado de estas.

¿Acaso quien consume cocaína en privado, con su actitud no está fomentando el tráfico de drogas al mantener un mercado para la venta de éstas?

¿Acaso ignoran que estas conductas “privadas” no sólo afectan al entorno de quien consume la droga, sitio a toda la sociedad?

¿Acaso no saben que diversos estudios demuestran que estas personas tarde o temprano, caen en el delito con el fin de costear su vicio “privado”?

Debemos por lo tanto, combatir este doble estándar que bajo el discurso de la libertad privada sin limitaciones sólo busca, a .mi entender:

Fomentar el narcotráfico.

Esconder debilidades propias.

Tratar de sacar dividendos políticos especialmente entre los jóvenes, con el tema de la legalización de la marihuana.

Es necesario, por lo tanto, salir con fuerza al paso a estas políticas oportunidades y que, a la larga, de ser aceptadas, harán gran daño a nuestra sociedad.

La libertad privada, debe restringirse cuando enfrentamos un mal que afecta la base ética y moral de nuestra sociedad, como es el narcotráfico.

En este aspecto, no se puede aceptar que en la vida privada todo es permitido, y que en la vida pública sólo se debe aparentar virtudes.

Muy por el contrario, para que una sociedad sea sana debe existir una estricta correspondencia y coherencia entre las conductas públicas y privadas de los hombres y mujeres. De no ser así. La sociedad entera se irá carcomiendo por dentro.

En el caso de las drogas, de aceptarse estas conductas duales tendremos que señalar que el narcotráfico, por una mal entendida libertad, ha ganado y ha destruido a nuestro país, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres e incluso a nuestros niños.

Por tanto, es urgente hoy, cuando debemos enfrentar uno de los pasos más decisivos de la estrategia de los narcotraficantes, como es el de la infiltración de nuestras instituciones republicanas, actuar unidos y con serenidad.

No debemos dejamos engañar y caer en el juego que más conviene a los narcotraficantes, como sería la militarización de la lucha en su contra. Por eso rechazo terminantemente la propuesta del Senador Bruno Siebert, tendiente a emplear a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el tráfico de drogas.

Considero, que debemos ser fuertes y actuar de acuerdo a la legalidad vigente. Si esta es débil, no debemos tener miedo a modificarla, de tal forma que los organismos del Estado y policiales cuenten con todas las herramientas necesarias para su peligrosa y abnegada lucha.

En este aspecto, me parece fundamental dotar de mayores recursos materiales y humanos tanto al OS7 como la brigada antinarcóticos de investigaciones y, además, luchar en todos los niveles, caiga quien caiga, contra la corrupción y el consumo de drogas.

Nadie, por más alto que pueda ser el cargo que ocupa o su status social, puede sentirse o ser intocable.

Sin embargo, considero que la lucha contra el flagelo de las drogas, no podrá tener pleno éxito si no se desarrolla un programa integral que apunte a solucionar las causas sociales que generan las condiciones para que gran número de jóvenes caigan en este vicio.

La lucha contra la droga no sólo debe implicar represión, sino también rehabilitación, acceso a la educación, a la recreación y mejoras sustanciales en calidad de vida de un importante número de personas de nuestra población.

Es necesario también, constatar que ya un importante número de jóvenes y personas de todas las edades son adictos a la pasta base y a la cocaína, y que para sacarlos de su vicio se requiere importantes programas de rehabilitación, por lo cual una de las tareas es prioritarias hoy en día es poder dotar al ministerio de salud de mayores recursos destinados a esta labor.

Pero uno no puede dejar de preguntarse: ¿Qué se saca con rehabilitarlos, si muchas de estas personas, especialmente las más jóvenes, luego no tendrán trabajo y caerán nuevamente en el ocio, primer paso hacia las drogas? Es, por tanto, importante, decisivo, que los empresarios privados sean parte de este programa, de tal forma que en sus empresas los jóvenes rehabilitados encuentren trabajo.

Pero hay que ir más allá. Es urgente mejorar la calidad de vida de los sectores populares. Para nadie es un misterio que el hacinamiento sumado a la falta de educación, de recreación, permite que los jóvenes de las poblaciones deban pasar gran parte del día en las calles, sin hacer nada, donde son fácil pasto de las drogas.

Si no enfrentamos estos problemas que se nos hacen cotidianos y tan alejados de las drogas, pero que a mi entender son el fermento sobre el cual crece este flagelo, la lucha contra el narcotráfico estará de antemano perdida.

En efecto, las medidas legales y represivas contra el narcotráfico serán inútiles en gran parte si no van acompañadas de acciones que mejoren el nivel de vida de nuestros jóvenes y les ofrezcan la posibilidad de llevar una vida digna y sana.

Muchas Gracias.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

El problema del Narcotráfico y del consumo de drogas en nuestro país plantea una serie de desafíos que deben ser abordados de manera integral y sistemáticamente por nuestra sociedad, superando las fases del diagnóstico, cuyos resultados a estas alturas son suficientes conocidos por todos nosotros. Existen, al menos, dos ideas que se han planteado públicamente por distintas personas conocidas en el ámbito público. Estas se refieren a la posible legalización de algunos tipos de drogas denominadas “Blandas” y que, por otro lado, la duda acerca de si efectivamente el problema de la droga reviste hoy día una gravedad considerable a nivel nacional. Ambas inquietudes deben ser despejadas claramente, cuantas veces sea necesario, por nuestra corporación.

La legalización de cualquier tipo de droga, de las actualmente prohibidas en nuestra legislación, sería una medida absolutamente errónea que daría una señal equívoca para nuestra juventud y de sentido contrario al que deben tener todas las iniciativas que se adopten en esta materia. Las drogas, ya sea las llamadas “blandas” o “duras”, tienen todas un efecto alienante que destruye la libertad de las personas y las excluye inevitablemente del cuerpo social. La supuesta diferencia que existiría entre algunas y otras se basa únicamente en el grado de daño que producen, pero ninguna es inofensiva y todas producen cualitativamente perjuicio de la misma naturaleza, por lo tanto, ninguna puede ser permitida.

Respecto de la verdadera gravedad del problema, a veces se tiene a minimizarlo sobre la base de las cifras de consumo que hay actualmente en nuestra sociedad. Esto, sin embargo, es un modo erróneo de apreciar la situación, por cuanto hay dos aspectos insoslayables en cualquier análisis, ignorados por quienes dudan de la importancia del tema. Primero, hay que considerar la tendencia que muestran las cifras sobre consumo en el tiempo y por regiones de nuestro país. La proposición de incremento en los últimos años ha sido impresionante, según demuestran las encuestas y según se colige de los decomisos realizados por los cuerpos policiales. Es obvio que lo verdaderamente alarmante son los índices de aumento del consumo, que de continuar en una progresión semejante a la de los últimos años nos puede llevar a ser un país agobiado por el narcotráfico. Del mismo modo, es alarmante comprobar como esta lacra, que hasta hace pocos años sólo se apreciaba seriamente en el extremo norte de nuestro país. Hoy golpea con igual intensidad hasta el centro de nuestro territorio. A todo lo anterior hay que agregar un importante factor cualitativo que es el cambio en el tipo que se trafica y se consume.

Es un hecho público y notorio que hoy día la pasta base ha reemplazado fuertemente a la marihuana, factor que tampoco puede ser obviado, ya que, como todos sabemos, este derivado de la cocaína es fuertemente adictivo, atrozmente tóxico y se comercializa a valores relativamente alcanzables para todos los sectores. Es absolutamente lógico y razonable suponer que la entrada de la pasta base no es más que una estrategia del narcotraficante para crear en nuestra juventud un grado de adicción que les permita, en fase posterior, abrir el mercado siniestro de la cocaína con mayores grados de pureza y, en consecuencia, mas rentable para las redes del narcotráfico.

Creemos, señor Presidente, que esta resumida síntesis nos permite despejar lógicamente las dos cuestiones fundamentales planteadas y entrar a abordar, con la preocupación y seriedad que el caso requiere, la estrategia y las medidas concretas que nuestro país debe adoptar, sin dilaciones y con el coraje y voluntad política que se precisa para tener éxito. Como sabemos, nuestra propia Corporación ha estudiado detenidamente el tema, manifestando reiteradamente que existen genéricamente dos clases de medidas que se pueden adoptar, las preventivas y las represivas. Las primeras son considerablemente más eficaces, por cuanto, una vez que se ha caído en el consumo, la rehabilitación es difícil, larga y costosa. En la prevención corresponde un rol insoslayable e insustituible a la familia, papel que muchas veces se omite, ignorándose lo importante que resulta para la sociedad el fortalecer su núcleo básico para hacer frente al desafío que el ataque de la droga nos impone. Es absolutamente inconsecuente sostener, por una parte, un discurso que hable de prevención en materia de drogas y, por otra, postular ideas que erocionan el concepto y solidez de los principios que informan y mantienen a la familia. Una sociedad que no está estructurada sobre la base de familias bien constituidas es una sociedad que tiene irremisiblemente perdida la lucha contra el narcotráfico, sin importar los recursos que destine a su represión.

Por otra parte, creemos que la represión sólo puede hacerse eficazmente si se abordan dos ámbitos imprescindibles:

Primero, la modernización estructural y procesal de nuestra jurisdicción criminal. Es impensable un combate verdaderamente exitoso al narcotráfico con una estructura procesal penal como la actualmente existente. El país conoce la sobrecarga de trabajo que soportan nuestros juzgados, la lentitud propia de los procesos escritos e inspirados en el principio inquisitivo y la distancia que éstos y otros factores imponen a los jueces respecto de las investigaciones de los delitos. Inútiles resultarán, a la larga, las modificaciones legales específicas relacionadas con el narcotráfico si conjuntamente con ellas no avanzamos fuerte y decididamente en la instauración de un sistema judicial ágil y dotado de los recursos suficientes para que nuestro Poder Judicial y sus organismos auxiliares puedan desarrollar efectivamente todas sus potencialidades.

En segundo lugar, debe existir la voluntad de entregar el respaldo necesario a las fuerzas de orden y seguridad pública para que puedan contar con los recursos materiales y humanos que se requieren, anticipándose a la realidad que probablemente viviremos en la próxima década. Esta materia no admite la improvisación ni meras conductas reactivas a los hechos, estamos a tiempo de tomar y mantener la iniciativa para impedir que este flagelo crezca a magnitudes que no podamos controlar, atendido nuestro nivel de desarrollo.

Por último, no podemos ignorar que el narcotráfico trae aparejado un serio problema de corrupción en los órganos del Estado. Debemos, en consecuencia, abordar sin dilaciones y en profundidad medidas en el tema de la probidad pública, que es el otro ámbito en el que los países se socavan y se destruyen, como consecuencia de los intereses que generan los miles de millones de dólares que se producen en el círculo del tráfico y consumo de estupefacientes a nivel internacional.

Esperamos, señor Presidente, que sesiones como éstas permitan y favorezcan la adopción de medidas concretas que debieron tomarse ayer, porque hoy estamos atrasados y si esperamos a mañana estaremos irremediablemente perdidos.

He dicho.

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, me referiré a lo que considero debiera ser nuestra preocupación central en la lucha contra la droga: el lavado de dinero. No es la lamentable guerrilla que se produjo al interior de esta Cámara la que debe centrar atención. En efecto, ésta debe centrarse en este insidioso fenómeno, causa última del actuar de las redes de narcotráfico, el cual es el tema del lavado de dinero.

Ya he tratado ese problema en estos días. Mi intensión no ha sido otra que la de contribuir al serio esfuerzo nacional por descubrir dónde reside el llamado narcopoder. Allí, en el lavado de dinero, reside el corazón del narcopoder. Desde allí, se corrompo, se chantajea e infiltran nuestras instituciones. Por ello la firme voluntad y decisión de denunciarlo y combatirlo no daña como algunos han querido insinuarme en estos días sino que, por el contrario, prestigia la del país.

Se lava dinero sucio en nuestro país, ¡y eso debemos conocerlo! Y asumir plena conciencia sobre este gravísimo núcleo y dimensión original y principal de este flagelo.

Y debemos reconocer que ello ocurre desde hace mucho tiempo, esto es, más de una década. Quienes formaron parte de la dictadura militar saben mejor que nadie cómo se lavó dinero en nuestro país, luego de la crisis del año 82, operaciones en las cuales intervinieron famosos personajes extranjeros que adquirieron empresas del Estado que salieron a la venta en el proceso de privatizaciones.

En efecto, existen reiterados y fundados antecedentes que acreditan que en nuestro país intervinieron, adquiriendo empresas privatizadas, y en otros negocios, personas internacional y nacionalmente sindicadas por la prensa como vinculados al narcotráfico, como es el caso del banquero saudita Khaeld Bin-Hahfouz.

Creo que el Gobierno tiene la decisión al respecto. Sin embargo, ello no basta. El Parlamento, y esta Cámara en particular, debe asumir un rol activo y permanente en esta materia.

Al efecto, propongo, en primer lugar, que esta Honorable Cámara ejerza todas sus facultades fiscalizadoras para asegurar que el I Ejecutivo, y a través suyo el Banco Central, ejerzan un pleno control respecto de la calidad de los capitales que ingresan al país, especialmente de aquellos que lo hacen al amparo de regímenes especiales como el decreto ley 600. Hoy buena parte de la ciudadanía sabe de inversionistas extranjeros, especialmente de origen panameño o colombiano, asignados por la marca de al oscuridad en el origen de sus fortunas, que están adquiriendo propiedades de lujo en el país. Por el prestigio y prosperidad del país, así como de la legitimidad y estabilidad de todo el sistema de aprovechamiento interno de los capitales externos, deseo fervientemente que ojalá sean capitales limpios, pero, dada la situación que vivimos un momento en que parecemos estar a tiempo de impedir sus más dañosos efectos y esta creciente conciencia pública, es que debemos emprender la investigación profunda y acuciosa de esta situación y sus peligros.

En segundo lugar, creo que la investigación y análisis que esta Honorable Cámara puede y debe desarrollar al respecto nos permitirá generar un juicio moral contundente ante el fenómeno de lavado de dinero, que impida la tolerancia social hacia el dinero sucio bajo el pretexto de que toda inversión es buena, cualquiera sea su origen. Además de inmoral, esta tolerancia se suicida para nuestro país y sus instituciones. La dramática y triste realidad de países del continente al respecto debiera ser suficiente demostración de lo irresponsable que resultan estos enfoques amorales que tienden a asegurar a como dé lugar las ganancias de corto plazo, que son indiferentes a las graves distorsiones sociales y políticas que ese fenómeno implica en el mediano y largo plazo.

En tercer lugar, creo que debemos asumir la tarea de producir más y mejores instrumentos legales, eficientes y eficaces para enfrentar el lavado de dinero; que permitan levantar eficazmente el secreto bancario cuando sea necesario; que permitan oportunamente investigar, sancionar y evitar sus efectos.

Por último, deseo destacar que en este esfuerzo necesitamos decisión y voluntad, ya que si no atacamos el corazón del narcopoder, si no vencemos allí, no venceremos en el combate a la droga en nuestro país. Nuestro deber es impedirlo.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, honorables Colegas:

Hace casi dos meses fue promulgada en el Diario Oficial de la República la ley que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y substancias sicotrópicas, cuerpo legal que se tomaba indispensable de acuerdo a la compleja realidad que se ha adquirido en los últimos tiempos el tema de la droga en él mundo y, por cierto, también en nuestro país.

Esta iniciativa del Gobierno de la Concertación, que fue presentada a trámite parlamentario hace ya tres años a la fecha, fue objeto de una intensa discusión en el congreso Nacional, ya que se perseguía lograr una ley eficaz que respondiera satisfactoriamente a los problemas actuales relacionados con las Conductas relativas al tráfico ilícito y consumo indebido de drogas estupefacientes y sicotrópicas; es decir, constituirse en un instrumento de acción preventiva de dichas conductas y, a la vez, servir para la represión eficaz de las conductas y acciones ilícitas.

Si bien esta ley es el comienzo de una nueva etapa en nuestro país en cuanto a la tarea de erradicar el tráfico y consumo indebido de drogas, han quedado ciertas materias pendientes a raíz del fallo que dictara el Tribunal Constitucional el 4 de enero del presente año, al rechazar, declarándolas inconstitucionales, ciertas disposiciones fundamentales que facultaban al Consejo de Defensa del Estado para investigar el lavado de dinero, dándole acceso para recoger e incautar antecedentes probatorios del delito a través de la entrega de antecedentes sobre cuentas corrientes bancarias, depósitos u otras operaciones sujetas a secreto o reserva.

No obstante, el gobierno, preocupado de la importancia de esta materia, ha actuado con celeridad enviando a fines de enero un nuevo proyecto de ley al Congreso Nacional para restituir las facultades del Consejo de Defensa del Estado con previa autorización judicial simple, el que ya se encuentra en el Senado para su segundo trámite constitucional.

Sin embargo, la ley aprobada presenta una serie de normas de interés, como, por ejemplo, sancionar la elaboración y la siembra ilegal de especies productoras de estupefacientes y su tráfico ilícito; establece la cooperación internacional en el ámbito de la prevención y la cooperación judicial internacional entre Estados, haciendo más expedita y clarificadora la procedencia de la extradición; otorga a los organismos policiales facultades para utilizar nuevas y modernas técnicas de investigación y de represión de estos delitos; dispone que la enajenación de los bienes y valores a los que se les imponga la pena de comiso se destinen al Fondo Nacional de Desarrollo Regional para utilizarse en programas de prevención y rehabilitación; se establece que para los menores de 18 años y mayores de 16 se les aplicarán sólo medidas de educación preventiva obligatoria y se castiga como autores de delito a los funcionarios que sean sorprendidos en consumo indebido de drogas.

Sin duda, señor Presidente, que todas estas medidas son un gran avance dentro de nuestra legislación, pero nunca serán suficientes sin el compromiso de toda la ciudadanía, de las familias, de los trabajadores, de las organizaciones comunitarias, centros de enseñanza, los medios de comunicación, etcétera.

Esta acción mancomunada a seguir es un llamado a la conciencia moral de la Nación, ya que este flagelo no cabe combatirlo de otra forma que unidos. Así como luchábamos con mística y fervor por recuperar la libertad y la democracia, lo que gracias a Dios hemos conseguido, también deberemos afanamos para caer en la peor de las dictaduras, como lo es la droga, ya que cuando se arraiga en un pueblo se comienza un peligroso e incierto camino, que nadie sabe donde termina.

Este enemigo de la libertad, que atenta contra las personas y la autonomía de los pueblos, no tiene fronteras ni respetan nada que vaya en contra de sus intereses. Por ello, las autoridades públicas, responsables en nuestro país y en todo el mundo, deberán esforzarse cada día más, en conjunto con sus pueblos, para mancomunadamente ganar esta batalla y así erradicar esta lacra, lo cual permitirá caminar hacia un desarrollo digno y sustentable de las naciones.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Esta reunión habla por si sola, por la asistencia por los invitados, por su cobertura de la televisión y otros medios, de que el país esta tomando conciencia de la gravedad del problema de la drogadicción y sus secuelas de tráfico, violencia y corrupción.

También hemos escuchado en estas cuatro horas, repetido por todos los oradores, el compromiso de luchar contra la droga y destinar para ello todos los esfuerzos necesarios.

Especial significado tuvieron los conceptos expresados por le señor Ministro de Salud y por el señor Ministro de Interior, que mostraron la magnitud del problema y la intensidad del esfuerzo que el gobierno y nuestro país están realizando para controlarlo: es indudable que hay mucho que hacer todavía, que esta lucha será larga y difícil, que toda la sociedad chilena deberá, por generaciones mantener un accionar inclaudicable contra la amenaza de la droga y sus secuelas.

Está quedando claro que no podemos ser exitistas, que no erradicaremos la droga en corto plazo, que estamos comenzando una guerra que se extenderá por decenios, en que habrá que usar tácticas y estrategias eficaces, que necesitarán adecuarse a los desafíos sobrevivientes del desarrollo tecnológico y cambios socio-económicos-culturales, impredecibles en este momento, cuya inevitabilidad nos obliga a dejar de lado toda rapidez dogmática y aceptar que lo que hoy estimamos bueno y eficiente para combatir la drogadicción y sus secuelas, y hemos acordad^ en la nueva Ley Antidrogas, mañana pueda no servir, incluso oponerse, al objetivo de proteger a nuestros jóvenes y a la sociedad toda de los dañinos efectos de la drogadicción y el narcotráfico.

Deseo hacer una reflexión sobre la rehabilitación de los drogadictos, que considero un pilar de la lucha antidroga, junto con la prevención y el control del narcotráfico.

Rehabilitar es también prevenir y controlar el tráfico pues los drogadictos terminales son un poderoso factor de contagio social de su enfermedad hacia la población susceptible, como revendedores y promotores de consumo. Además, su necesidad multiplicada de consumo genera un mercado cautivo para_ el narcotráfico.

El no trata “y no rehabilita” a los adictos y dejarlos librados a su suerte es una señal gravísima de egoísmo y falta de humanidad, que hace perder credibilidad a los gobernantes y a todos los que participan en la lucha antidroga, impidiendo sumar a esa tarea a la base social, que siempre pide, como tarea prioritaria, que se ayude a los drogadictos, pues ella entiende, mejor que nadie, pues son sus hijos, esposos o hermanos, que son enfermos que quieren ayuda.

Chile necesita dedicar muchos más recursos a la rehabilitación, tarea noble y difícil, paciente y prolongada, que requiere, en muchos caso, estadías en comunidades terapéuticas, de las que hay muy pocas en Chile, que necesitan un personal de gran entrega, que tenga afecto e interés auténtico en sus pacientes y familiares, que, idealmente, haya conocido de cerca el drama de la drogadicción.

Deseo destacar aquí el quehacer de la Comunidad Terapéutica Padre Alberto Hurtado, en funcionamiento en Arica desde 1992, en donde, gracias, a una adecuada colaboración del Servicio de Salud del Hogar de Cristo y de la fundación y Desarrollo del Hombre, Credo, los jóvenes de Arica reciben el apoyo que necesitan para salir del sórdido y doloroso mundo de la drogadicción.

Comunidades como ésa se necesitan en otras partes de Chile y es necesario que se haga un esfuerzo especial para crearlas y ponerlas en funcionamiento, lo que reforzará y hará más eficaces las tareas de prevención del consumo y del control del narcotráfico.

Como fundador del Comité Antidroga de Arica, el 22 de mayo de 1990, y Director del Servicio de Salud entre 1990 y 1993, pude observar de cerca como la comunidad ariqueña enfrentó con empeño decidido el desafío de un proceso de drogadicción y narcotráfico destacado logrando su avance gracias a la participación de toda la comunidad, esfuerzo que continúa sin tregua y al que es necesario apoyar en forma especial, dada la amenaza constante que significa el ingreso de droga desde las fronteras de Perú y Bolivia: debemos ayudar a que Arica Parinacota sea una barrera infranqueable para el narcotráfico internacional.

He dicho.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, honorables señoras y señores Diputados: El viernes pasado, en Arica, integrando la Comisión Especial que conoce el Proyecto de Ley que pretende el desarrollo de dicha ciudad, y con ocasión de que en audiencia pública escuchábamos a representantes de la comunidad, un poblador dijo:

¡Cuesta vivir en Arica, pero más cuesta ser honrado!

Dicha afirmación seguramente se basaba en las 199 mujeres internadas en el penal ariqueño, el 90 por ciento de ellas retenidas y procesadas por tráfico ilícito de estupefacientes, y de los 900 varones de la ciudad, el 60 por ciento de ellos procesados por el mismo delito.

El poblador obviamente no quiso ofender a los ariqueños, sino que trató de explicar que muchas veces se delinque por estado de necesidad (causal eximente de responsabilidad), todo ello por el alto grado de desocupación, cesantía o desempleo, producto de la depresión económica en que se encuentra esa ciudad, como otras en el país.

Menciono este testimonio porque ante el flagelo de la droga no basta analizar el tema desde el punto de penalización de las conductas del traficante o del consumidor, sino que un análisis serio de la drogadicción implica preocuparse también de las causas que origina este fenómeno, causas entre las cuales obviamente se encuentran la pobreza, el desempleo y la depresión social en que se encuentra Arica, y también otras ciudades del país.

Otro factor o causa de la falta de honestidad manifestada por el fracaso del sistema educacional de la medida de que las personas involucradas en el tráfico y consumo de estupefacientes no han adquirido la escala de valores que deben orientar la formación de la personalidad de los jóvenes, no sólo de Arica, sino de todos los lugares en que se ha expandido el fenómeno de la droga, entre lo que se encuentra también Antofagasta, ciudad que represento en esta Corporación.

Luego, para prevenir el mal, hay que invertir no sólo en mejorar el sistema procesal y penal, y el carcelario sino también eliminar los focos de pobreza, de desocupación y cesantía y fundamentalmente hay que invertir en educación, estimulando las actividades de recreación, deportivas, artísticas o extraprogramáticas, sino también orientado el sistema educacional hacia la formación integral de las personas, en donde la honradez, la veracidad y el respeto por la salud síquica y moral del individuo y de la sociedad sean el norte que oriente el sistema educacional chileno, todo lo cual no se logrará si hoy se pretende reducir el número de profesores que existe en el país, haciendo que una planta menor atienda concentradamente todo el país, haciendo que una planta menor atienda concentradamente todo el plan de estudio, plan que no contemplará horas de actividades complementarias o extraescolares que están dirigidas para orientar mejor la formación de nuestros jóvenes...Cuidado, no despidamos injustificadamente a educadores, porque ellos son los que más pueden aportar a disminuir el fenómeno del consumo y tráfico de estupefacientes.

He dicho.

El señor VEGA.-

Señor Presidente, inicialmente tenía la intención de referirme al tema para el que fue convocada esta reunión, esto es, a exponer ideas y abordar desde la perspectiva que nos corresponde como representantes de la ciudadanía y como legisladores el combate a la droga. Lamentablemente, con decepción hemos llegado a esta sesión para hacemos cargo el proceder infantil y torpe de algunos Diputados que, por lograr figuración personal, han desprestigiado la institución del Congreso Nacional y lo único que han logrado es minimizar irresponsablemente lo que en verdad no debiera preocupar: el tráfico y consumo de drogas en nuestro país.

Yo fui Parlamentario antes de 1973, y a partir de 1975. Me ha correspondido conocer episodios tremendamente graves y complejos. He visto como el Congreso Nacional es aplaudido y también incomprendido por la opinión pública. Pero nunca, repito, había visto tanto desparpajo e indolencia como en esta ocasión. Nunca había visto que unos parlamentarios dicen tener certeza y convicciones y, a renglón seguido, reconocen no tener ninguna prueba ni demostración.

Hace una semana estaban seguros de que había Diputados que consumían drogas. Hoy se escudan en el chisme de una revista para manifestar que eran ex Diputados. La próxima semana expresarán que eran los candidatos a Diputados que no fueron elegido, y en la siguiente quizás que tontera inventarán para seguir concitando el interés de la prensa.

Afortunadamente, la Cámara de Diputados, en el día de ayer y hoy, ha colocado las cosas en su lugar y mediante los acuerdo aprobados y los discursos de sus integrantes más destacados ha restablecido a su cauce la verdadera discusión.

He dicho.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, brevemente deseo referirme al motivo por el cual nos encontramos reunidos el día de hoy, cual es efectuar un análisis de la situación del narcotráfico en el país y del fallo del Tribunal Constitucional, que rechazó las atribuciones que el Parlamento acordó entregar al Consejo de Defensa del Estado para combatir el “lavado de dinero”.

En la semana recién pasada, junto a parlamentarios de mi colectividad, viajamos a la ciudad de Iquique, calificada como el central; más importante de contrabando de drogas, quisimos escuchar los testimonios de las autoridades directamente involucradas en estos procedimientos, para tener más y mejores fundamentos respecto de este tema. Nuestro interés era profundizar en determinados aspectos, saber exactamente en que condiciones están trabajando para combatir el narcotráfico y con qué elementos cuentan para llevar a cabo los planes de acción en tal sentido. En definitiva, sabemos qué tenemos que hacer, tanto en forma colectiva como individual, pero también es cierto que los distintos organismos no cuentan con los elementos indispensables para hacer un buen trabajo operativo. Concluimos que es urgente fortalecer los organismos policiales, implementándoles con infraestructura adecuada que les permita hacer más efectivo el trabajo. Es necesario dotarlos de mejores elementos de comunicación, de transporte terrestre y aéreo. Hoy en día cumplen sus funciones, por decir lo menos, en condiciones precarias. Lo mismo sucede con el Poder Judicial, y esto es serio, porque los narcotraficantes están intimando a las personas para entorpecer la labor en los tribunales de justicia.

La solución no es fácil, sabemos que estamos enfrentados a un problema complejo pero lo más preocupante de todo es la actitud del gobierno, porque no ha demostrado firmeza, no se han adoptado medidas estrictas para implementar una normativa que nos permita contar con leyes enérgicas, que pongan en serio peligro a los narcotraficantes y desanimen a los nuevos participantes en este comercio.

A causa del narcotráfico, el bienestar de toda una sociedad está en peligro. Nuestra sociedad se está viendo asediada y la soberanía misma esta siendo puesta en peligro por causa de la droga. Permítanme expresarme para describir la magnitud del peligro común que enfrentamos.

Los proyectos enviados por el Gobierno, satisfacen las necesidades de las personas que deben enfrentar directamente el problema, y el narcotráfico se vale de estas debilidades para adecuar las sanciones e introducir corrupción en los niveles más insospechados. Es necesario que el gobierno enfrente, de una vez por todas, el problema que el pueblo tenga fe en sus sistemas, creados para sancionar y combatir los flagelos que invaden y atacan a la sociedad. De lo contrario, estaría dejando en evidencia una despreocupación por los chilenos, por nuestros niños y jóvenes.

Estamos frente a una serie amenaza a la sociedad que deseamos construir si no se toman más efectivas, junto con avanzar en el tiempo, el gobierno debe demostrar mayor eficiencia, responsabilidad y voluntad para no permitir ningún tipo de corrupción, que es a lo que veremos enfrentados si no reaccionamos a tiempo.

Habrá que redoblar esfuerzos para que el público se dé cuenta de los peligros que involucra el consumo de drogas, y es necesario enseñar a nuestros hijos la manera de evitar caer en la trampa de su consumo. Reducir la demanda es la mejor forma. No obstante la educación tiene su rol preponderante, razón por la que el Gobierno está obligado, a través de Ministerio de Educación, a determinar que dentro de los planes en estudio se contemplen la solución de los peligros inherentes a la droga y se refuerce la voluntad de luchar contra los narcotraficantes.

Finalmente, y unido a lo señalado perfectamente, se deben adoptar políticas que conduzcan a crear oportunidades económicas, para estar en condiciones de obligar a nuestros ciudadanos a que se responsabilicen de sus propias vidas y de sus acciones.

He dicho.