Labor Parlamentaria

El señor JOCELYN-HOLT.-

Señor Presidente, desde hace tiempo discutimos estos temas en una forma que me llama la atención. No intervengo mucho en este hemiciclo, pero normalmente trato de escuchar lo que dicen los demás, a fin de recoger impresiones. Algunos temas debatidos en la Cámara presentan ciertos avances; otros, estoy convencido, implican retrocesos.

Por un lado, la política ya no invade todos los rincones de la vida del país, sino una realidad más dinámica que no se agota en su debate público. Las creatividades no son monopolio de nadie en Chile.

Por otro lado, algunos se han fascinado con los problemas morales y, como necesitan de la amenaza para justificar la acción política, tratan de decimos que la patria está amenazada por algo y de convertir el Congreso Nacional en un lugar para formar el hombre feliz, correcto y honesto que todo buen chileno cree llevar dentro de sí mismo.

Lo hemos visto en varios debates. El alcalde de Santiago se ha sentido en el deber de usar los recursos públicos para llevar de vuelta al colegio, a la fuerza, a los niños que hacen la cimarra, mientras que directores de colegios piensan que tienen la libertad de expulsar alumnos por el largo de su pelo o porque alguna está embarazada, sin importarles el estigma que ello genera.

En el debate sobre despenalización de la sodomía, algunos Diputados pretendieron convertir la cárcel en el guardián del orden natural. Allí está la discusión de la semana pasada sobre las mujeres, donde se ha visto las profundas ignorancias que algunos Senadores han manifestado sobre ese proyecto.

Pronto veremos en el debate sobre el divorcio, en que sus detractores tratarán de demostrar que la ley hace felices a los matrimonios y que una ley de divorcio los hará infelices, como si esa fuera la causa detonante del fracaso, ya que se niegan a ver la realidad de tantas familias por una legislación que ha fracasado totalmente en su finalidad.

Aquí estamos nuevamente ante una manifestación del mismo criterio, por lo que me siento en el deber de discrepar del veto del Ejecutivo. Por lo demás, no es sino el reflejo de lo que ocurrió en la Comisión de Salud de la Cámara. Al menos, este veto es coherente; otros, en cambio, no lo han sido.

Me resulta curioso que alguien sindique como atentatorio contra la libertad de emprender, consagrada en la Constitución, la obligación de prevenir en las cajetillas de cigarros los efectos dañinos del consumo del tabaco y que, por otra parte, nadie se detenga a señalar el abuso contra la libertad personal que representa el hecho de que menores de cierta edad no puedan comprar cigarrillos a menos que lo hagan por intermedio de terceros.

Hay una contradicción evidente en esta forma de pensar, que considero necesario señalar. La libertad económica es sagrada para algunos, aun cuando se practique contra el consumidor; pero los menores no tienen derecho ni libertades que merezcan protección. Para eso está la ley, que lo resuelve todo.

El Congreso Nacional no puede sustituir el rol de las familias ni puede cargar sobre sí la responsabilidad de formar al hombre feliz. Esta es demasiada pretensión. Nuestra labor es garantizar un orden libre y que las creatividades nacionales puedan desarrollarse sin afectar los derechos de terceros. Para eso está reservada la ley; para eso se debe usar la sanción penal, y para eso están las regulaciones que suelen aprobarse de tiempo en tiempo.

Quienes confunden el derecho penal con el orden moral convertirán al país en un lugar muy hostil. La cárcel no está para enviar señales, como un Diputado quiso decir hace algunos días, sino para las transgresiones más graves, que hacen imposible la convivencia común. Hay que tener cuidado al "meterse en la cama" de la gente, en las conciencias individuales, en la salud individual o al dictar lo que es bueno o malo para ellos, porque, con un criterio como el que algunos esgrimen en la Sala, podríamos terminar haciendo el ridículo, castigando al suicida que falla en su intento y no sólo al que lo ayuda cuando no tiene éxito, o prohibiendo a los chilenos hacer un mal negocio. No me extrañaría si alguien quisiera proteger las familias del espíritu especulativo de nuestros compatriotas: estaríamos plagados de prohibiciones.

Ése es un orden jurídico que muchos no deseamos para nuestro país. No soy un relativista moral, y quien crea lo contrario no me conoce bien; pero tengo suficiente criterio para comprender que el Congreso no es el guardián de la moral. También me molesta tener que decir que el Congreso no tiene atribuciones para declarar enteramente interdictos a los chilenos menores de cierta edad, como si no tuvieran derechos o estuvieran inhibidos de autodeterminarse completamente.

Por lo demás, ¿cómo se crea la correcta conciencia de un niño sin darle libertad para cometer errores, sobre todo cuando lo afecta a él y no a terceros? porque esta legislación resuelve el problema del consumo del tabaco en lugares público, ya sea por menores o por adultos. ¿Quién debe señalar a los menores esos errores cometidos y que sólo los afecta a ellos? ¿La ley o la familia y el entorno social de ese menor? Que nadie me mal interprete. Deseo evitar el abuso de la analogía que algunos Senadores hicieron en el debate sobre las mujeres, en este caso, diciendo que uno estaría favoreciendo el libertinaje para que menores se infrinjan daño, sólo con el propósito de proteger las utilidades de unas cuantas empresas tabacaleras.

Algunos podrían abusar diciendo que estamos defendiendo el derecho de los menores a adquirir alcohol en público o a consumir drogas. Quien dice eso, abusa. Estas sustancias afectan la capacidad de la persona para relacionarse en sociedad y pueden lesionar derechos de terceros que no tienen por qué sufrir los efectos de algún abuso hecho por alguien, y más encima, si esa persona es aún menor. Con mayor razón hay que prevenir esos efectos.

El consumo de tabaco es distinto y el daño público está resguardado por aquellas normas que restringen su consumo a aquellos lugares permitidos, precisamente para resguardar los derechos de terceros. No hacen falta otras prohibiciones.

Reitero que no valen las malas interpretaciones. Lo que discutimos aquí es distinto. Cuando algunos acuden al Congreso para pedir prohibiciones o impedir la venta de tabaco a menores, no están más que reconociendo el total fracaso de la sociedad chilena para lograr aquello que ellos exigen, con voz potente, que haga la ley, como si eso fuera suficiente para tranquilizar la conciencia social de algunos o lograr lo que la sociedad no es capaz de hacer.

Lo que discuto aquí es algo de fondo que nos afectará en muchos temas: el temor de ciertos conservadores a la capacidad persuasiva y recta conciencia del grueso de los chilenos y la típica patología de traer a la Sala sus propios temores, prejuicios y paradigmas sociales, como si nosotros estuviéramos obligados a imponerlos por ley.

Si se revisan las votaciones pasadas de la Cámara relativas al proyecto principal sobre el tabaco, se verá que voté a favor de aquellas normas que restringieron la publicidad y exigieron a las empresas productoras y comercializadoras informar claramente sobre el daño que producía el consumo del tabaco. El Estado no debe renunciar a ello y las empresas tabacaleras no pueden pretender ampararse en la Constitución para impedir que se prevengan las consecuencias a los potenciales consumidores. También puede restringirse el consumo en ciertos lugares, como los colegios, hospitales y otros; pero me opongo a aquellas normas que restrinjan el consumo derivado de una actividad lícita, en la medida en que no afecta a terceros, o la adquisición de un producto cuyo consumo está permitido por ley. Eso para cualquier chileno, blanco o negro, hombre o mujer, adulto -incluso para escándalo de algunos- o menor. Más encima, me opondré a que un menor pueda comprar tabaco por intermedio de un adulto.

Muchos aquí fuimos formados sobre la base de que si fumábamos, lo hiciéramos en público. Era la iónica manera de que los padres supieran qué fumábamos tabaco u otra cosa, de persuadir y conversar, de generar lazos de comunicación y confianza que, a la larga, constituyen la mejor herramienta para inhibir la inseguridad del menor que cultiva el vicio por monería u otra causa. La clandestinidad genera un submundo que hace muy difícil trabajar.

El consumo de tabaco está disminuyendo en Chile y también en el mundo. Los norteamericanos están discutiendo esta misma iniciativa. En un artículo que saldrá la próxima semana en la revista "Time", y que los invito a leer, se hace referencia al aumento del consumo de los menores de veinte años, mientras que disminuiría para el resto de la población. La restricción al consumo de tabaco por menores puede ser la antesala para aplicarla también a los adultos.

Cualquiera sea la situación en Chile, se requiere destacar aquellos aspectos del proyecto que enfatizan la prevención, la educación sobre los efectos del consumo y la regulación de la publicidad. Pero no nos corresponde definir metas sobre el desempeño global de una actividad económica, porque se ha tenido que recorrer un largo camino 500 años de la introducción del tabaco por Colón a Europa, y desde ese entonces a la fecha se han intentado distintos tipos de restricciones con variados resultados.

Al comienzo, se le atribuían al tabaco efectos medicinales de los que hoy todo el mundo discrepa, y el Estado se reservaba para sí el otorgamiento de licencia para el ejercicio de la comercialización y producción por la rentabilidad que representaba. En cambio, hoy se quiere retirar del negocio e introducirle, además, fuertes restricciones.

Lo único que pido, para clarificar la duda de alguien que preguntó, es que si vamos a establecer restricciones, privilegiemos aquellos elementos que enfaticen la educación y no introduzcamos ya sea por temor, por cierto prejuicio o por tranquilizarnos a nosotros mismos, creyendo que con ello vamos a ayudar a la salud pública un conjunto de normas que, en la práctica, no le corresponde hacer al Parlamento.

He dicho.

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, el veto es el punto final de la larga tramitación que ha tenido el proyecto en la Cámara; estamos ante las últimas decisiones que ha tomado tanto el Ejecutivo como el Parlamento.

El veto contiene cuatro puntos, de los cuales tres son aditivos: la prohibición de oferta o entrega gratuita de producto de tabaco a menores de 16 años; la prohibición, además de las clínicas y consultorios, en las postas, y por último, el establecimiento de que las faltas previstas en la ley las sancionará el juez de policía local. Este último artículo corresponde a una reposición de uno que no logró el quorum legal al momento de la tramitación del proyecto en la Cámara de Diputados.

El veto a la letra b) suprime la norma aprobada por el Parlamento para regular las etiquetas y la propaganda en general, pues establece que los envases deberán destinar el 20 por ciento de sus dos caras externas principales a las advertencias sobre los peligros que produce para la salud el consumo del tabaco, y que en caso de propaganda publicitaria, deberá destinarse el 20 por ciento de la superficie total utilizada a igual fin.

Considero muy lamentable esto último, porque el veto empobrece aún más una iniciativa que ya salió paupérrima del Parlamento, y esta futura ley pobre es la que tendremos en Chile para enfrentar los efectos del tabaquismo.

Si analizamos lo hecho en Chile hasta ahora, lo único verdaderamente nuevo respecto de los reglamentos que se aplican para enfrentar los peligros del tabaquismo era la mayor fuerza de las advertencias incorporadas en la publicidad, algo, por lo demás, aprobado por las dos Cámaras. Eliminado esto de hecho, lo está porque el Senado ya votó a favor de los vetos y, cualquiera sea la votación de la Cámara, no podremos insistir, después de cinco años de tramitación de la iniciativa queda prácticamente en la misma situación que existía cuando partimos discutiéndola en el año 90 ó 91.

Entretanto, parlamentos de todo el mundo han aprobado leyes bastante duras para enfrentar los efectos dañinos del tabaquismo. Sin ir más lejos, tengo un recorte de "El Mercurio" del domingo pasado, que dice: "Clinton defendió campaña para impedir el tabaquismo". El artículo se inicia así: "El PresidenteBill Clinton defendió hoy su campaña para impedir el tabaquismo entre los adolescentes estadounidenses, al decir que era su deber proteger la salud de la juventud y poner fin a la hipocresía de los anuncios publicitarios dirigidos a los niños."

Además de las campañas efectuadas en Estados Unidos, en Brasil se ha aprobado últimamente una ley bastante drástica, mucho más de lo que nosotros pensábamos que se podía lograr en Chile. Todas muestran el camino correcto y las limitaciones a la publicidad del tabaco.

Aquí es al revés. Si alguien ha ganado al cabo de los cinco años de tramitación del proyecto, es la Compañía de Tabacos, que seguramente ha realizado muy eficientes "lobbies". Entre otras cosas, hizo llegar a los parlamentarios, por intermedio de la Fundación Centro de Estudios de Valparaíso, que funciona aquí, en esta ciudad, extensos estudios jurídicos para tratar de convencernos de la inconstitucionalidad de casi todas las normas propuestas. Lo único que no había logrado evitar era la aprobación del artículo que obligaba a destinar el 20 por ciento de la superficie de la publicidad a advertir de los peligros del tabaquismo. Ahora lo ha conseguido con el veto del Ejecutivo, el cual, curiosamente, no lo justifica en ninguno de sus considerandos ni planteamientos; simplemente, aparece en la parte resolutiva final, pero sin justificación alguna, tal como lo hizo notar el informe "PAL", del 15 de mayo de 1995.

Es una lástima que en Chile hayamos desperdiciado la oportunidad de tener una ley moderna y actualizada que recoja la amplia experiencia que existe hoy en el mundo sobre los daños que ocasiona fumar, como lo están haciendo los países más desarrollados.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, este proyecto de origen en una moción de los Senadores señores Díaz, Ruiz-Esquide y Huerta y de los ex Senadores señora Laura Soto y señor Palza de hace cinco años, ha tenido una larga tramitación.

El 2 de agosto de 1994, fue aprobado con modificaciones por la Cámara, en segundo trámite; la Comisión de Salud emitió dos informes complementarios, y otro final. El 3 de enero de 1995, la Cámara le introdujo modificaciones y pasó a Comisión Mixta. Ahora llega el veto del Presidente de la República, que, sin duda, no lo fortalece mayormente, por cuanto debilita lo poco que se había alcanzado.

Quiero ser enfático en señalar que uno de los principales artículos que había quedado en pie, después de su dramática discusión y del amplio "lobby" hecho por la industria tabacalera, era la exigencia de efectuar publicidad, en el 20 por ciento de las caras más visibles de la cajetilla, para indicar los peligros inminentes de fumar.

La no explicación ni justificación alguna del veto del Ejecutivo, evidentemente nos va a llevar a rechazarlo; pero, aun cuando se vote en contra, no se modificará lo establecido y, en definitiva, se convertirá en ley.

No hay explicación acerca de por qué se tomó esta medida, que pudo ser parte importante de los avances en contra del tabaquismo. Esa disposición fue desechado por el Ejecutivo, sin tomar en cuenta muchas de las consideraciones del Senado e ideas matrices del proyecto.

Cabe recordar que, en principio, la moción establecía la total prohibición de publicidad en estadios, sitios y lugares destinados a espectáculos al aire libre, campos deportivos, gimnasios y revistas dedicadas al deporte, pues no se entendía que su fomento, orientado básicamente a la sana recreación y libre práctica del desarrollo físico, estuviera auspiciado y defendido por industrias que promueven el tabaco. Este aspecto fundamental del proyecto fue desechado y no se establecen restricciones a ese tipo de publicidad.

Asimismo, la prohibición de venta de tabaco a menores de 16 años ha quedado relegada sólo a la entrega promocional para menores de 16 años. Tampoco han quedado claros aspectos fundamentales de la iniciativa, entre la restricción de fumar en determinados lugares públicos. En su oportunidad, formulamos indicaciones para hacer extensiva esa restricción a algunos ambientes laborales, toda vez que el derecho de los no fumadores no se respeta y el veto en nada contribuye a fortalecerlo.

En ese sentido, cabe recalcar que existen países que han avanzado sustancialmente en este ámbito. Así, a lo menos en 15 países hay prohibición total de fumar en lugares públicos, en cuatro de los cuales incluso existen severas restricciones para hacerlo en lugares de trabajo.

Hoy, al votar y definir una futura ley como ésta, debemos tener presente que en el mundo no cabe duda alguna de que el tabaco produce cáncer y es dañino para la salud. Pero más allá de que esta afirmación la hagan brillantes médicos que no han dejado de fumar durante su consulta lo que debilita enormemente la credibilidad de tal afirmación, lo cierto es que la discusión que hubo en la década del 60 en adelante, en cuanto a si el tabaco producía cáncer, en la década del 90 ha quedado definida: produce cáncer, es dañino para la salud y, en definitiva, es deber del Estado cautelar la salud y, por lo tanto, regular su consumo, especialmente en los jóvenes.

No sólo en Chile se ha producido esta discusión, sino especialmente en Estados Unidos, donde la Agencia de Protección Ambiental, Epa, ha señalado recientemente que la Casa Blanca prohibirá que se fume en los edificios federales. Más aún, entrega datos y estadísticas que debieran llamarnos a reflexión. Dice que el humo que se desprende de cigarrillos, puros o pipas, cada año mata de cáncer al pulmón a aproximadamente 3 mil personas, llamadas fumadores pasivos o de segunda mano; asimismo, hace que cada año deba hospitalizarse entre 150 mil y 300 mil menores de 18 meses por infecciones del tracto inferior del aparato respiratorio.

En definitiva, este proyecto no regula la protección de los no fumadores; es decir, de aquellos que ven afectados su derecho a la salud y a su integridad física por efecto de la acción de fumar de otros. Tal como se ha señalado, cuando en alguna reunión o espacio público alguien saca un cigarrillo, a la pregunta vital de: ¿le molesta que fume?, la respuesta no es que a uno le moleste, sino que le afecta el humo, el producto de la acción de fumar, lo cual, sin duda, causa el daño.

Lamento mucho que sea tan débil, diluida y tibia, con tantas restricciones e ineficaz la ley que pretende regular el tabaquismo, toda vez que la experiencia nos señala que ella no conseguirá modificar conductas ni tendrá un impacto importante en el ámbito de la restricción o regulación de este vicio.

En definitiva, lo que me hace dudar de la eficacia en la implementación de esta ley es lo sucedido con la Comisión Nacional para el Control del Tabaquismo, desconocida por muchos, creada el 2 de junio de 1986, presidida por el Ministro de Salud e integrada por nueve subsecretarios, la cual, dentro de sus facultades, tenía como objetivo proponer una política de control del tabaquismo, diseñar y evaluar programas tendientes a controlar la expansión de este hábito en el mediano y largo, plazo. Esa Comisión se formó por decreto del Ministerio de Salud, pero no ha funcionado.

Si esta ley, con las restricciones con que saldrá promulgada, no tiene efectos inmediatos, tenemos el deber de exigir al Ministerio de Salud la reactivación de dicha Comisión, a fin de que ponga en acción el objetivo para el cual fue creada.

Votaré en contra del veto del Ejecutivo e invito a los señores Diputados que han sido consecuentes en sus discursos, a hacer lo mismo, más allá de lo que ello implique, toda vez que muchos tuvieron un discurso antitabaquista y al momento de votar, de manera inexplicable, lo hicieron en favor de la iniciativa.

He dicho.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, sé que mis palabras no modificarán en nada el curso del proyecto; pero para la historia fidedigna de la ley como les gusta decir a nuestros colegas parlamentarios que son abogados, quiero dejar expresa constancia de mi posición que, por supuesto, como sucede en todas las bancadas, no es partidista. En el tema hay un transversalismo que todos respetamos.

Como médico y seguidor del proyecto desde el inicio de su tramitación, hace cinco años, debo reiterar que la iniciativa en discusión se transformará, en pocas horas, en una pésima ley, porque las contribuciones del Congreso Nacional y del Ejecutivo son compartidas en su creación y origen.

Así como hoy el Congreso Nacional puede estar orgulloso de haber sido autor del mejor proyecto de ley antidrogas del mundo, porque es el único que considera todos los aspectos que se deben tener presentes para luchar contra este flagelo, hoy, discutimos una iniciativa que va en contra de lo que se hace en el resto del mundo. En la legislación comparada no existe ningún país moderno que no considere aspectos hoy ausentes en este proyecto.

Cuando en todo el mundo se prohíbe la publicidad en los estadios y recintos deportivos, y, como muy bien lo recordaba el Diputado señor Palma, el PresidenteClinton está en una lucha sin cuartel combatiendo el tabaquismo, lo que está confirmado en la edición del viernes pasado, 11 de agosto, del Wall Street Journal America's, donde se relatan, una por una, las medidas cercenadas del proyecto de ley original, me duele como médico, parlamentario y chileno, que hoy estemos dando este pésimo ejemplo.

De hecho, aparecen opinando y votando sobre esta materia adictos, porque el tabaco es una adicción lo digo con mucho respeto, porque sé que se trata de un hecho involuntario, pero irrebatible, como lo son la droga y el alcohol. Es decir, se trata de enfermos que al legislar sobre el tema atentan contra la salud, el bien común de los chilenos y permiten que enfermen aquellos que no fuman.

Por eso, lamento intervenir para reiterar que en este proyecto no se han tenido en cuenta la legislación comparada tan socorrida por algunos colegas en otras iniciativas de ley ni la opinión de los científicos que, reunidos en Boston, en 1990, por unanimidad acordaron pedir a los gobiernos, textualmente, que den una lucha frontal contra el tabaquismo, coloquen la vida de sus pueblos por encima de todo otro interés, impidan las tentativas de inducir a los no fumadores al tabaquismo, prohibiendo toda publicidad y promoción del tabaco y de sus marcas; y cesen de contribuir a aumentar el peso de las enfermedades en otras naciones, retirando el apoyo a los programas de importación y exportación.

En resumen, estamos legislando contra la opinión científico-técnica, la legislación comparada y el espíritu que tuvimos cuando legislamos, como correspondía, contra la otra gran adicción: la drogadicción. En resumen, estamos votando contra la salud de los chilenos.

Lo que he dicho sé que molesta a muchas personas, pero lo he hecho con mucho respeto, como médico, y para dejar constancia expresa de mi posición, a fin de que en el futuro se sepa que en este país, por lo menos, un grupo de parlamentarios hizo presente cuál iba a ser el futuro de los niños por no tomar oportunamente una decisión adecuada.

Las preocupaciones que hemos evidenciado frente a cosas subjetivas para algunos y objetivas para otros, como las que nos dividen frente a la próxima Conferencia de Beijing, cuando se abre un debate que genera polémica e incluso pasiones: el informe de 11 mil médicos reunidos en Boston, en 1990, o el análisis de la legislación comparada de los países más importantes del mundo...

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado?

El señor BAYO.-

Voy a redondear la idea, señor Presidente.

Hoy estamos legislando contra esas cosas, que objetivamente son demostrables. Realmente me da vergüenza, y por ello voy a votar en contra, por lo menos en lo pertinente a la letra b) del veto, para lo cual solicito división de la votación.

He dicho.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, creo que hay que quitar dramatismo a algunas discusiones, a fin de ver el fondo de lo que ellas implican.

A mi juicio, aquí no estamos hablando entre adictos y no adictos, ni entre conservadores y liberales, sino de un problema social y, por lo tanto, hay que establecer buenas políticas para llevar a cabo una acción eficiente.

Desde un punto de vista legal, es posible que la ley que será publicada no sea perfecta, pero lo mejor es enemigo de lo bueno, y creo que se está avanzando.

Respecto de la primera disposición que discutimos no debatimos la ley entera, sino parte de ella, debe aprobarse el criterio de la Comisión Mixta para disminuir al máximo posible que empresas productoras, distribuidoras, etcétera, hagan ofrecimiento, retribución o entrega, a título gratuito, de estos elementos como objetos de propaganda.

¿Qué se trata de obtener? A mi juicio, no un sacrificio de la libertad de los menores de 16 años, sino evitar la manipulación de los medios masivos y, eventualmente, como ocurre en muchos sectores de comunas populares, no sólo la entrega de cajetillas en cada uno de los lugares de oferta, sino, particularmente, de cigarrillos con tabaco y otros elementos más graves. Por lo tanto, estoy absolutamente a favor de esta disposición, porque me parece necesario evitar el peligro que significa la manipulación de los menores de 16 años.

Quienes tienen algún estudio en materia de psicología social, saben que los menores de 16 años son los más volubles a las reacciones de los grupos. Por eso tanto, se trata de impedir precisamente lo que ellos llaman el “engrupimiento”, es decir, que sean manipulados y terminen, en definitiva, consumiendo y siendo adictos al tabaco, sin darse cuenta de ese hecho.

También se defiende el criterio de no utilizar medios de propaganda ni consumir tabaco en lugares destinados al restablecimiento de la salud. Es decir, hay una contradicción evidente en permitir el consumo de tabaco en una posta o en un lugar donde se protege la salud. Por lo tanto, comparto también ese juicio.

Aquí no estamos haciendo de Catilina. No es una cuestión de moral elemental, sino de traducir en normas políticas tendientes a la disminución del consumo del tabaco, el cual -como lo han señalado muchos señores Diputados y comparto ese criterio- termina atentando directamente contra la salud, porque puede producir cáncer. Así lo han probado muchas investigaciones; además, puede ser el inicio de otras adicciones de mayor gravedad.

Por último, quiero referirme al hecho -que acaba de ser planteado- de que las personas pasivas son también objeto de lo que otros hacen. Recuerdo una frase muy conocida por los estudiantes de derecho: "Mi libertad está limitada por la libertad de los otros". Por lo tanto, para defender el principio de la libertad, es indispensable que quienes no consumen tabaco no sean obligados a hacerlo a causa de la acción de otros. En consecuencia, aquí hay elementos de regulación que me parecen razonables. Comparto el criterio del Ejecutivo y lamento que algunas cuestiones sobre esta materia no vayan a ser aprobadas.

He dicho.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, creo que se ha dramatizado en forma exagerada lo malo y poco útil que podría ser este proyecto de ley, en circunstancias de que contiene una serie de situaciones y cambios muy importantes que en el corto plazo ayudarán a evitar el consumo excesivo de cigarrillos o, por lo menos, que ello afecte menos a quienes no lo consumen.

Me pregunto, si fumar es tan grave, produce tantas muertes y atenta contra la vida de las personas, ¿por qué, de frentón, no se dicta una ley que prohíba la fabricación de cigarrillos? Sería más honrado, pues todas estas dramatizaciones nunca podrán llevarse a la práctica mientras ésta sea una actividad legal y, por consiguiente, no se pueda prohibir.

Digno de destacarse es el hecho de que varios de los artículos, como el 2o, contienen formas de evitar la publicidad en los medios destinados a los menores de 18 años, lo cual se ha contradicho.

Asimismo, el artículo 3° establece que las cajetillas de cigarrillos deberán contener advertencias acerca de los riesgos específicos que, para la salud, implica el consumo de tabaco. No dice si en el 20 por ciento o menos, pero está explícito que así debe ser.

Por otra parte, el artículo 3° del veto presidencial prohíbe la distribución gratuita de cigarrillos, a través de empresas promotoras, a menores de 16 años. Esto es muy importante, porque no es lógico que niñitas de 16 años muchas veces distribuyan, por ejemplo, Lucky Strike. Me parece que es un atentado contra el propósito que se quiere obtener.

Quizás uno de los artículos más importantes de destacar es el 4o, que se refiere a los planes y programas de estudio de la educación general básica y de la educación media, los cuales deberán contener medidas y cursos destinados a prevenir e instruir a los escolares sobre el daño que provoca en el organismo el hábito de fumar y los distintos tipos de enfermedades que genera su consumo.

La prevención es lo más importante de todo lo que se puede hacer para evitar fumar, consumir alcohol, drogas, etcétera. Todas las medidas adicionales no son tan importantes como la prevención y este proyecto la incluye.

Además, se otorgan al Ministerio de Salud atribuciones para prohibir el uso de aditivos y sustancias que aumentan el daño y el riesgo.

Por fin, un proyecto de ley prohíbe fumar en determinados lugares; eso es lo más atentatorio para quienes no lo hacen. Es una forma de empezar a limpiar el ambiente en lugares cerrados. Ojalá que este proyecto se respete también en esta Cámara y, especialmente, en su Comisión de Salud, lo cual es muy importante.

También, por primera vez, se establece el delito de reincidir o infringir esta ley, alcanzando la multa hasta un máximo de 100 unidades tributarias mensuales, las cuales serán de beneficio del Servicio Nacional de Salud.

En resumen, este proyecto es un avance. Posiblemente, no es lo esperado, aquello que solucionará el problema de las muertes por tabaquismo, pero sí contribuirá, a través de la prevención, a disminuir este vicio que nadie quiere.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, mi interpretación es que, aun cuando la Cámara rechazara la proposición de la Comisión, igual habrá ley, puesto que el Senado ya aprobó el veto. Por consiguiente, la única forma de introducir una modificación sería que Su Excelencia, por la vía de los dos tercios, insistiera ante el Senado. De manera que es bastante poco trascendente lo que aquí votemos, sin perjuicio de lo cual haré algunas precisiones para la historia de la ley.

En primer lugar, nuevamente el discurso se ha planteado en términos de que los buenos son los que aprueban toda la legislación y los malos quienes nos oponemos a algunas materias. Me parece que no es lógico ni tiene sentido común plantear las cosas en esos términos, ni mucho menos peyorizar a quienes somos fumadores, en cuanto a que estaríamos facilitando una legislación pro tabaquismo en Chile. Me parece inaceptable una argumentación de ese tipo, porque si así fuera, yo también puedo decir que hay muchos médicos en Chile que fuman, en circunstancias de que son los llamados a proteger la salud de la población. Sería una incongruencia. De manera que me parece un argumento al que no vale la pena destinarle más tiempo.

Un señor Diputado, que me antecedió en el uso de la palabra, dijo que, al final, la Compañía Chilena de Tabacos ganó la batalla y logró influir hasta en el Presidente de la República. ¿Podría esta Honorable Sala pensar que don Eduardo Frei Ruiz-Tagle, todo su gabinete y la totalidad del Senado, al poner sentido común en estas normas, están a favor de que haya más consumidores de tabaco en Chile? ¡Por Dios, dónde está el sentido común para entender que ésta es una norma muy simple! Como lo dijo la Diputada señora Cristi, se trata de aceptar que ésta es una actividad lícita, cuya propiedad industrial está protegida por el artículo 19, N° 25, de la Constitución Política, y que, en consecuencia, puede ejercerse libremente el derecho a fumar sin perjudicar al resto de los ciudadanos, pero advirtiendo a la población sobre los daños que ese hábito causa.

Entonces, estamos abocados a si esa advertencia debe considerar el 10 por ciento de las caras verticales de la cajetilla, como reglamentariamente se establece hoyo el 20 por ciento. El objetivo de la advertencia no puede ser superior al del producto. Ya sabemos que sobre el tabaco hay un 70 por ciento de impuesto. De 20 cigarros que contiene una cajetilla, 13,6 están afectos a impuesto y su producido va al Fisco, y sólo 6,4 pagan su costo y representan la utilidad de la empresa. Creo que no hay actividad más gravada que el tabaco, para los efectos de evitar su consumo.

Por lo demás, aquí no se trata de sacar toda advertencia. La misma ley dice claramente que cualquiera que sea la forma o el medio en que se realice la acción publicitaria, "deberá contener una clara y precisa advertencia acerca de los riesgos específicos que, para la salud, implica el consumo de tabaco o de productos manufacturados con él". Como Parlamento, tampoco podemos invadir la potestad reglamentaria del Ejecutivo en estas materias.

Advirtamos, seamos claros en prevenir a nuestra juventud. Así lo establece el proyecto respecto de los programas de educación. Inhibamos, en todas las formas posibles que este vicio alcance a la juventud; pero no me parece conveniente llevar las cosas al grado de buscar formas que empiecen a afectar nuestro ordenamiento constitucional el derecho y la libertad de las personas a decidir y seguir en esta especie de función, que muchas veces se repite, de darle al Estado una facultad de nodriza en cuanto a decirle a los chilenos qué es bueno y qué es malo; hagan esto y eso no. El deber del Estado consiste en advertir sobre los riesgos. No acepto que me imponga lo que debo o no hacer, pero sí que me prevenga. Y eso es lo que se está buscando y el objetivo de esta legislación.

Por consiguiente, apruebo el veto de Su Excelencia el Presidente de la República. Tiene sentido común, pone las cosas en su justo equilibrio y avanzamos en muchos aspectos, con una buena legislación antitabaco en Chile.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el funcionamiento de las administradoras de recursos financieros de terceros para la adquisición de bienes.

Diputado informante de la Comisión de Economía es el señor Eugenio Tuma.

Antecedentes:

Proyecto del Senado, boletín N° 1068-03 (S), sesión 46, en 14 de marzo de 1995. Documentos de la Cuenta N° 6.

Informe de la Comisión de Economía, sesión 19a, en 18 de julio de 1995. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, vuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo pasa a informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que regula el funcionamiento de las administradoras de recursos financieros de terceros para la adquisición de bienes.

Para tener un mejor conocimiento de la materia que aborda esta iniciativa legal, la Comisión contó con la asesoría permanente de los señores Luis Sánchez Castellón, asesor del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Tomás Monsalve, Director subrogante, y Jaime Ulloa, abogado del Servicio Nacional del Consumidor.

También se recibieron las observaciones de la Asociación Gremial de Administradoras de Fondos de Terceros (Asista A.G.) y de la Asociación Chilena de Administradoras, (Achad).

El sistema denominado administradoras de recursos financieros de terceros para la adquisición de bienes mediante la formación de planes, programas o grupos se ha constituido en nuestro país en un medio por el cual un grupo cerrado de personas puede llegar a adquirir, luego de un período de tiempo, bienes muebles.

El procedimiento empleado consiste en formar grupos con un determinado número de participantes, los que deben enterar mensualmente cuotas de dinero, las que se incorporan en un fondo común que permite financiar la adquisición de estos bienes.

Para acceder a la adjudicación de un bien se debe participar en asambleas periódicas, en las que, mediante ofertas o sorteos, se adjudican los bienes adquiridos con los aportes de los integrantes del grupo. Con este sistema, el adjudicatario adquiere el derecho a que la empresa le entregue un bien, que va en relación con el monto al cual haya postulado y, además, con la capacidad de la cuota que se haya comprometido a pagar periódicamente.

El sistema está programado para atender a un sector de la población, el que por diversas circunstancias y dada su capacidad económica, no tiene acceso fácil al crédito que ofrece el mercado financiero.

La empresa adquiere un compromiso de administrar los recursos y de entregar un bien.

Hoy existen en Santiago 25 empresas dedicadas a esta actividad, el 95 por ciento de ellas se ha especializado en adjudicar automóviles y el resto, en menor escala, en el área de la vivienda y otros productos.

En síntesis, las ideas fundamentales del proyecto, originado en una moción del ex Senador señor Hugo Ortiz de Filippi y en una iniciativa enviada a la Comisión de Economía de la Cámara por el honorable Diputado señor René Manuel García, también patrocinada por otros honorables colegas, buscan dar un marco regulatorio a la actividad de estas empresas y, asimismo, establecer su fiscalización por intermedio de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Se exige a las administradoras un capital mínimo para constituirse, el que deberá estar suscrito y pagado para autorizar su existencia. Se obliga a que se formalicen en un contrato las estipulaciones acordadas entre las administradoras y los aportantes de los fondos, las que deben considerar un mínimo de exigencias.

Este procedimiento tiene base legal, pero su aplicación ha sido muy especial y no exenta de dificultades en casos concretos, los que se han traducido en reclamos reiterados formulados por los participantes en planes al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, quienes alegan que, estas empresas han cometido abusos e irregularidades.

Esta actividad comercial está amparada por el N° 21 del artículo 19 de la Constitución Política. En definitiva, lo que el proyecto persigue es regularla y evitar los abusos que se han producido en su funcionamiento al no existir un control más estricto sobre ellas.

Con relación a la existencia de un capital mínimo, el proyecto aprobado por el Honorable Senado señala un monto de 2.000 unidades de fomento para que una administradora pueda constituirse. Sin embargo, la Comisión estimó que debiera ser de 5.000 unidades de fomento, ya que al subir el capital se fija una meta más exigente a cualquier empresa que desee entrar en el mercado, lo que se traducirá en una mayor capacidad de éstas para responder a los requerimientos del mercado en beneficio de los usuarios.

En síntesis la iniciativa regula tres aspectos:

1.La existencia de un capital mínimo a cualquier empresa que desee participar en el negocio.

2.Un control más estricto de la Superintendencia de Valores y Seguros en cuanto al funcionamiento de estas administradoras.

3.Una presencia del Estado, a través del Sernac, que regule el contrato de adhesión que las partes deben suscribir, debiendo visarlos y llevar un registro público de estos instrumentos.

La Comisión, por unanimidad, aprobó en general este proyecto de ley.

Discusión en particular.

El artículo 1° fija la característica legal de las administradoras, que deben revestir la forma de sociedades anónimas, y define su giro al señalar que su función es recaudar y administrar los dineros o valores pertenecientes a terceros, con el objeto de destinarlos a la adquisición de bienes muebles para su adjudicación o asignación a los terceros que hayan hecho aportes al fondo del plan.

Luego, se precisa la forma cómo se deberá efectuar la adjudicación, al disponer que ésta podrá ser por subasta, sorteo o asignación programada.

El artículo 2° señala que las administradoras deberán constituirse según las disposiciones del Título XIII de la ley N° 18.046, y estarán sometidas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros.

El artículo 3° regula la exigencia de capital mínimo que debe tener una administradora al momento de constituirse.

El artículo 4° fija las obligaciones que deben cumplir en su funcionamiento: llevar los libros que disponen la ley y la Superintendencia de Valores y Seguros, mantener copia de los contratos tipo que se utilicen y remitir a la Superintendencia los estados financieros semestrales.

El artículo 5° dispone las sanciones que podrá aplicar la Superintendencia de Valores y Seguros a las administradoras que no dieren cumplimiento a las disposiciones legales, reglamentarias o estatutarias que las rijan.

Se contempla el procedimiento a seguir para tal efecto y, asimismo, las instancias de que dispondrán las administradoras para reclamar o apelar de las medidas impuestas en su contra.

El artículo 6° norma los contratos que deberán suscribirse entre las administradoras y los aportantes. Se señala que las partes podrán convenir libremente las cláusulas de éste, pero sí se obliga a que, a lo menos, estos instrumentos consideren ciertas estipulaciones que les dan garantía de seriedad.

Se exige que se individualice el tipo específico de bien mueble al cual el aportante postula. Se debe determinar el valor de la cuota de incorporación y de las cuotas periódicas que deberán pagarse, indicándose qué parte de ella corresponde a la administradora como retribución por su actuación como tal.

Se impone la obligación de adjudicar, conforme a la periodicidad pactada, un número determinado de unidades o bienes. Se debe indicar las causales que podrían invocarse para la terminación anticipada de un plan, y establecer el derecho del aportante a retirarse, cumpliendo determinadas condiciones que resguarden el buen manejo del proceso.

La Comisión centró su estudio principalmente en el derecho del aportante a retirarse del plan sin expresión de causa, por estimar que es un aspecto que incide en las razones para que las administradoras tengan en determinadas circunstancias una actitud negativa hacia el aportante.

Este artículo 6° es imperativo, por cuanto dispone que las partes deben suscribir el contrato, transformándolo en un contrato dirigido por el legislador.

La letra d) señala que de por sí hace excepción a un principio general del derecho, incorporando a esta ley el llamado período de reflexión o derecho a retracto, en virtud del cual la persona que se incorpore al plan de la empresa podrá retirarse sin expresión de causa dentro del plazo de 30 días siguientes a la firma del contrato. La indicación extiende aún más dicho período de reflexión a siete días después del primer sorteo. Sin embargo, la Comisión estima que la devolución inmediata de los pagos efectuados, con la deducción que se estipule en el contrato, no podrá ser superior al 15 por ciento de la cuota de incorporación en la primera opción, es decir, dentro de los 30 días, y al 45 por ciento en la segunda opción.

El artículo 7° dispone que a las administradoras se les aplicarán las normas contenidas en los títulos III y IV del decreto con fuerza de ley N° 3.538, de 1980, que creó la Superintendencia de Valores y Seguros.

Se regula el procedimiento a aplicar en el evento de que la Superintendencia revoque la autorización de existencia de una administradora, disponiendo que un liquidador o un síndico de quiebras deberá liquidar las operaciones que se hubieren iniciado por la administradora sancionada y que no se encuentren terminadas.

El Ejecutivo formuló indicación para consultar como artículos 8° y 9° del proyecto, los siguientes, pasando los actuales 8° y 9° a ser 10 y 11.

"Artículo 8°.- El Servicio Nacional del Consumidor actuará como órgano colaborador de la Superintendencia de Valores y Seguros respecto de las actividades reguladas por esta ley y llevará un registro especial de los contratos a que se refiere el artículo 6°. En virtud de lo anterior, toda administradora deberá someter a su aprobación y registro los respectivos modelos de contrato, como asimismo sus modificaciones posteriores.

"La aprobación y registro de los contratos será un trámite esencial y previo a la formación de planes, programas o grupos para la adquisición y posterior asignación de bienes."

"Artículo 9°.- Los consumidores que estimen lesionados los derechos que la presente ley reconoce, podrán reclamar de ello ante el Servicio Nacional del Consumidor, el cual conferirá traslado del reclamo a la administradora respectiva, a fin de que ésta formule los descargos que procedan o proponga la o las alternativas de solución que estime convenientes.

"Para lograr la solución del conflicto, el Servicio Nacional del Consumidor podrá comunicarse con las partes, ponerlas en contacto, proponer bases de solución y, en general, adoptar las providencias necesarias para alcanzar un acuerdo satisfactorio para el consumidor y la administradora, con arreglo a principios de equidad.

"Si agotadas las medidas conducentes a la búsqueda de una solución satisfactoria para las partes, ésta no se lograre, el Servicio podrá, atendido el mérito de los antecedentes, desechar el reclamo o formular la denuncia que corresponda.

"En caso de producirse un avenimiento entre las partes, una vez cumplidas sus estipulaciones se entenderán, por ese solo hecho, extinguidas todas las acciones que otorga esta ley, sin perjuicio de las excepciones legales correspondientes."

Lo importante de este articulado es que se obliga al Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, a aprobar y registrar todos los contratos que celebren las administradoras con los aportantes, dando el carácter de trámite esencial y previo a toda formación de planes, programas o grupos.

Luego, se reglamenta el procedimiento de reclamo ante los tribunales de justicia por la negativa del Servicio a aprobar los referidos contratos.

El artículo 9° nuevo propuesto fija un mecanismo de solución extrajudicial de conflictos que se pudiesen producir entre las partes.

La Comisión aprobó, por unanimidad, los artículos 8° y 9°, nuevos.

Los artículos 8° y 9° originales pasaron a ser 10 y 11.

El artículo 10 dispone que ninguna persona natural o jurídica podrá ejercer como administradora sin que previamente se haya constituido conforme a las estipulaciones del artículo 2° de este proyecto de ley. La infracción a esta norma será constitutiva del delito de estafa y se sancionará como tal de acuerdo con las disposiciones del artículo 151 del Código Penal.

El artículo 11 establece que las normas de esta ley primarán sobre las estipulaciones contractuales acordadas entre las partes y se les dará el carácter de normas de orden público.

Ambos artículos van en la misma dirección de todo el texto legal: proteger en debida forma los intereses de los usuarios de este sistema, en especial, de aquellas personas de recursos limitados y de menos formación, para que no sean sorprendidas por empresas constituidas de facto y que han desprestigiado el sistema.

El artículo transitorio reglamenta la existencia de las administradoras que se encuentran actuando en el mercado. Para tal efecto, otorga un plazo de 180 días, contado desde la fecha de vigencia de esta ley, para que ajusten sus operaciones al nuevo texto legal. Se les permite continuar, siempre que se avengan a cumplir las nuevas exigencias. En caso contrario, serán liquidadas conforme al procedimiento establecido en el artículo 7° del proyecto. La disposición es categórica, no se permite continuar su giro a ninguna que no se acomode a la nueva estructura legal.

El Honorable Senado calificó como norma de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado al artículo 8°, actual 10. La Comisión otorgó igual carácter a los artículos 8° y 10, en atención a que se otorgan nuevas atribuciones a los tribunales de justicia, modificándose, en consecuencia, la ley orgánica constitucional que determina la organización y atribuciones de los mismos.

En cuanto a los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda, nuestra Comisión estimó que no había norma alguna en tal condición.

Por tal razón, la Comisión de Economía recomienda la aprobación del proyecto en general y en particular.

Al terminar este informe, agradezco tanto a los Diputados integrantes de la Comisión su participación en el enriquecimiento de este importante proyecto, como la labor profesional de su Secretario, don Luis Pinto; de don Sergio Pizarro y de doña María Eugenia Hevia.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, por su intermedio, deseo formular una consulta al Diputado informante.

Uno de los abusos más grandes que hoy comete este tipo de organizaciones es el que especialmente se produce al momento del retiro de una persona.

En el artículo 6° se consideran dos situaciones: la de la letra d), cuando la persona no ha sido asignada, y la de la letra e), que se estipula directamente por las partes en el contrato. Aquí se produce el abuso porque son verdaderos contratos de adhesión, en que a la persona se le pone por delante el contrato y si quiere lo firma, y se puede estipular cualquier plazo.

Creo que el proyecto no resuelve el problema y no sé si este aspecto se abordó en profundidad en la Comisión de Economía, porque la mayoría de las veces la persona no ha sido adjudicada, quedando sujeta a las estipulaciones establecidas libremente por las partes en el contrato, con lo cual, eventualmente, pueden producirse los mismos abusos de hoy.

Solicito que el Diputado informante me aclare este aspecto.

He dicho.

El señor TUMA.-

Con todo gusto.

La Comisión discutió ampliamente la materia y estableció que en el artículo 6° se consideraría, con carácter esencial y obligatorio para todos los contratos, la posibilidad de que el postulante renuncie o se retire del plan dentro de los 30 días siguientes a su firma, pudiendo hacerlo también siete días después del primer sorteo, una vez conocido el sistema y la experiencia del primer sorteo; es decir, cualquiera que sea la norma contractual que establezca la empresa con el contratante, será obligatorio que estén abiertas ambas opciones en los contratos.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, el problema no es el retiro, cuya norma está bien consagrada; pero una cosa es el retiro y otra la fecha de devolución de los recursos que la persona aporta. Y eso es lo que no está resuelto.

La letra d) sólo resuelve el caso de una persona que no ha sido adjudicada o asignada, pero la devolución material de los recursos a su retiro, queda sujeta al libre acuerdo de las partes. Sólo está consagrado como norma general.

El abuso consiste precisamente en que una persona puede retirarse, pero al pactar libremente la fecha de devolución material de las platas puede transcurrir un lapso tremendamente largo. Entonces, la persona se retira y le devuelven su plata un año después. Eso está sujeto a un acuerdo libre entre las partes, y como son verdaderos contratos de adhesión, la persona que se incorpora al sistema tiene pocas posibilidades de pactar una fecha en que coincida el retiro con la devolución de los dineros, lo cual debería consagrar el proyecto, pero no lo hace; no es claro en hacer coincidir ambas fechas.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, me siento muy orgulloso de que hoy estemos tratando este proyecto, generado en una denuncia que formulé en una oportunidad respecto a estas administradoras que creaban gran expectación en la población.

Hay que ser muy honesto cuando se hacen estas denuncias. Hay 25 empresas a lo largo del país que se dedican a esta actividad, pero no todas incurren en las anomalías que provocan la desesperación de la gente que entra a sus planes.

Quiero hacer un pequeño recuento de la forma en que empezaron a funcionar estas financieras que se dedican a administrar fondos, en especial para la adquisición de automóviles y de viviendas.

En primer lugar, formaban grupos con un número determinado de personas que se inscribían para participar en la posibilidad de adjudicarse un automóvil o una vivienda. Se trataba de un sistema que ilusionaba a las personas, pues provocaba expectativas de adquirir un bien a corto plazo. Pero a poco andar, se sentían engañadas por el modo de operar de estas verdaderas financieras.

Y aquí viene lo grave. Muchas veces las personas que hacían sus aportes salían sorteadas, pero no se respetaba lo que estipulaban los contratos. Es más, al retirarse una persona, paraba todo el grupo interesado en hacerlos cumplir. Sin ser mal pensado, se puede decir que eran verdaderos "palos blancos", a quienes los hacían retirarse para frenar todo el sistema.

Y ahí empezaba la otra parte. Cuando una persona se sentía desilusionada y deseaba retirarse, debía buscar un reemplazante que ingresara al grupo, para lograr que le devolvieran la plata, de manera que éste hiciera los aportes respectivos y empezara a funcionar de nuevo el grupo. De esa manera se producía una rueda perversa que nunca terminaba.

Así, se caía en lo siguiente. Cuando una persona quería retirarse del grupo, le decían: "Señor, usted está en un grupo aquí viene, más o menos, lo que preguntaba el honorable Diputado señor Orpis, y tiene 50 cuotas pagadas; pero si se retira, le devolveremos su capital en 50 cuotas." Es decir, la persona que había cumplido el contrato durante 50 meses debía esperar el mismo lapso para que le devolvieran el capital aportado para obtener un vehículo o una vivienda. Entonces, como nadie regulaba eso, muchas empresas desaparecían, cerraban sus oficinas y la gente perdía el capital aportado.

Por eso, era necesario un organismo que regulara a estas administradoras y resguardara el capital de la gente que de buena fe había entrado a participar en estas empresas que se dedicaban a la adquisición de automóviles y de viviendas.

Todo esto me parece bueno para la gente, siempre que se cumplan las normas establecidas para resguardar sus derechos. No olvidemos que hubo grandes estafas a personas que jubilaron y querían obtener un automóvil. En el fondo, perdieron su jubilación; es decir, fue un verdadero robo organizado por personas inescrupulosas. Reitero que esto no ocurre con todas las empresas. Sería injusto decir que todas las que se dedican a esta actividad han cometido tales irregularidades.

Hay otra cosa que también me preocupa y que el proyecto no establece.

Cuando una persona sale favorecida con la adjudicación en cualquiera de las tres formas que establece el proyecto, viene la parte más perversa. Le dicen: "Señor, usted efectivamente ha salido sorteado, cuenta con todos sus papeles en regla y sus cuotas pagadas, pero tiene malos antecedentes bancarios; por lo tanto, no podemos darle la parte del crédito que necesita para adquirir la casa o el automóvil." Y la persona, que ha pagado todas sus cuotas, se ve burlada una vez más.

En consecuencia, falta que el proyecto establezca que las personas que entran al plan, previamente chequeadas, no tendrán mayor problema cuando sean adjudicadas. Todos sabemos que hoy las empresas bancarias y financieras trabajan con los dos "penecas", como se dice vulgarmente: uno que dice que la persona tiene el problema, y otro, que indica que por haber transcurrido cierto número de años, de acuerdo con la ley debería quedar libre de culpa, porque los problemas se produjeron, a veces, por crisis en el país. Pero cuando llega el momento de las adjudicaciones, se le dice: "Usted ha tenido problemas; por lo tanto, hasta aquí llega su plan", y la persona pierde nuevamente 30, 40 ó 50 cuotas.

Entonces, hay que establecer que la persona que ingrese al grupo no tendrá problemas, y que si los tuvo durante los meses en que pagó las cuotas, baste que estén aclarados los protestos o traspiés que sufrió con algunas instituciones financieras. Es de mal gusto ilusionar a las personas, para decirles después, cuando están a punto de adquirir su vivienda, que no pueden hacerlo porque tuvieron problemas anteriores. Son cosas que debemos regular, porque esto está pasando en muchos casos en el país.

Por último, uno de los mayores avances que se hacen en el proyecto es la fiscalización de estas empresas, porque ahí radicaba el verdadero problema.

Felicito a la Comisión de Economía, a los Diputados y a todos quienes han hecho posible que hoy estemos solucionando el problema de miles y miles de chilenos. Estamos hablando aproximadamente de entre 150 mil y 200 mil compatriotas que están en financieras para adquirir automóviles y viviendas.

Por lo tanto, anuncio mi voto favorable, para que por lo menos estas personas sobre todo los jubilados cuyos ahorros corresponden al trabajo de muchos años estén protegidas, sepan que no perderán su capital y vean plasmadas sus esperanzas de adquirir un bien para pasar tranquilas los últimos años de sus vidas. La misma situación afectó a mucha gente que quiso tener un trabajo adicional y adquirió un taxi para incrementar sus recursos y dar un mejor pasar a su familia; sin embargo, nunca lo obtuvieron y perdieron los ahorros de toda una vida.

Creo que es un buen proyecto, pues solucionará en parte los problemas existentes en estas financieras, las cuales lo que más me agrada estarán sujetas a ciertas normas; antes, eran administradas en forma arbitraria por personas por lo general inescrupulosas, sin que se les exigiera nada para hacerlo, que se dedicaban a estafar a la gente de buena fe que confiaba en el sistema.

He dicho.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero hacer presente que, aparentemente, habría un error en el informe, por cuanto dice que este proyecto, que viene del Senado, se trató en dos sesiones. Si no me falla la memoria, entiendo que fue, por lo menos, en cuatro.

En todo caso, lo que más interesa es que este proyecto del Senado era esperado ansiosamente por quienes participan en las administradoras de recursos de terceros, especialmente en las dedicadas al rubro vehículos.

Es difícil que algún parlamentario, Diputado o Senador, no haya conocido casos de situaciones anómalas relativas a estas administradoras que captaban fondos y cuyas oficinas posteriormente desaparecían y nadie sabía qué responder.

Las dudas que han surgido son muy lógicas, porque nuestra preocupación e interés es que este proyecto subsane todos los problemas que muchas administradoras brujas provocaron a personas que deseaban tener un vehículo y que, por problemas de capacidad de crédito o de situación financiera, no podían lograrlo sino a través de estas administradoras.

Como se ha dicho, hasta el momento son más o menos 25 las empresas controladas que han cumplido con estas funciones. El proyecto les exige transformarse en sociedades anónimas y contar con un capital mínimo de 60 millones de pesos; además, designa al Servicio Nacional del Consumidor como ente cooperador de la Superintendencia de Valores y Seguros. Todo ello permitirá un control estricto de todas sus funciones, sorteos y adjudicaciones. Como bien se dice en el informe, las irregularidades de algunas administradoras estaban creando desconfianza en la población respecto de ellas. Somos muchos los que hemos conocido casos de personas que se han visto burladas por empresas que no tenían los resguardos económicos que el proyecto les exigirá.

Quiero aclarar la duda del Diputado señor Orpis. La letra d) del segundo inciso del artículo 6° dispone: "El derecho del aportante que no se hubiere adjudicado o asignado un bien a retirarse del plan sin expresión de causa, dentro del plazo de treinta días siguientes a la firma del contrato o siete días después del primer sorteo". A continuación, añade que la devolución inmediata de los pagos efectuados deberá hacerse con la deducción que se estipule en el contrato.

Después viene lo que se planteaba acerca de la persona que quiere retirarse, a lo mejor por una razón económica, después de producidos cinco, seis o siete sorteos sin que haya resultado adjudicada. Pero todo esto se incluirá en el Reglamento que deberá dictarse, cuyo cumplimiento deberá cautelar el Ministerio de Economía a través del Servicio Nacional del Consumidor.

Como el proyecto viene en primer informe, todos los reparos y dudas planteadas por algunos colegas podrán resolverse en el próximo trámite, porque se trata de situaciones que, como lo hemos palpado y verificado, es indispensable solucionar.

Nuestro conocimiento de la situación permitirá que los intereses de los particulares que ingresan a las administradoras de recursos de terceros queden bien cautelados, en especial por el control que ejercerán tanto el Servicio Nacional del Consumidor como la Superintendencia de Valores y Seguros.

He dicho.