Labor Parlamentaria

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde continuar ocupándose del proyecto que modifica los Códigos Penal, de Procedimiento Penal y otros cuerpos legales en materias relativas al delito de violación.

Está en discusión el número 13, que modifica el artículo 365 que se refiere a la sodomía.

Están inscritos los Diputados señores Elgueta , señora Pollarolo , señor Arancibia , señorita Saa y señores Walker , René Manuel García, Viera-Gallo y Espina.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, se ha impugnado la modificación al artículo 365 del Código Penal, aduciendo que es contraria a la ética, antinatural y que, de aprobarse, se abriría la puerta a reivindicaciones gays, como la celebración dé matrimonio, entre homosexuales, y a aspectos relacionados con adopciones, fertilización asistida, servicio militar, dirección de grupos juveniles, etcétera.

La modificación está lejos de perseguir tales propósitos. Desde luego, permanece penalizada la sodomía entre el mayor adulto con un menor de 18 años con presidio menor en sus grados mínimo a medio. No es efectivo que se despenalice, presentando una especie de permisividad o impunidad global. Más aún, el llamado lesbianismo, actualmente no incluido en la penalidad de la sodomía, se tipifica, igualándose en este punto al tratamiento legal de las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, sin distinción de hombre o mujer.

Por lo tanto, desde este punto de vista, no existen las catástrofes o señales de corrupción mencionadas en el debate. Aquí se ha mezclado lo ético con lo jurídico, ambos conceptos importantes para la convivencia humana. Pero es menester distinguir. Lo jurídico es lo lícito o ilícito, "lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer". Lo ético es lo bueno o lo malo, "lo que se debe hacer" y lo que no se debe hacer. De ahí que no todo lo permitido por la ley es necesariamente un bien.

El propio Santo Tomás de Aquino, en su "Suma Teológica" razona: "Si la ley humana permite algunas cosas, no significa que las aprueba, sino que no alcanza a regularlas". Así, la ley humana no puede castigar o prohibir todas las acciones malas, ya que al pretender evitar todos los males, se seguirá también la supresión de muchos bienes, con perjuicio del bien común, necesario para la convivencia humana.

En la Instrucción sobre "el respeto a la vida humana naciente y la dignidad de la procreación", de la Congregación para la Doctrina de la Santa Fe de la Iglesia Católica, de 22 de febrero de 1987, al referirse al punto, señala: "La ley civil a veces deberá tolerar, en aras del orden público, lo que no puede prohibir sin ocasionar daños más graves. Sin embargo, los derechos inalienables de la persona humana deben ser reconocidos y respetados por parte de la sociedad civil y de la autoridad política".

Por su parte, San Agustín dice: "Si se suprimieran las casas de tolerancia, ardería la ciudad".

Las personas humanas son dignas. La homosexualidad no existe: lo que existe son personas humanas que, a partir del instante en que adquieren conciencia de su propia sexualidad, se sienten atraídas sexualmente por personas de su mismo sexo. No hay enfermedad ni perversión, sino una condición humana, porque no es el resultado de una opción libre por parte del individuo.

La misma Sagrada Congregación para la Fe -el 29 de diciembre de 1975- al referirse a la persona humana, distingue entre la condición homosexual y su comportamiento. Lo primero no puede ser sancionado y se pide para ello una acogida pastoral. "El comportamiento –señala- ha de ser juzgado con prudencia. Según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su regla esencial indispensable."

Por su parte, el jesuita y moralista español Eduardo López Azpitarte , en su obra "Ética de la Sexualidad del Matrimonio", de 1992, en la página 252 afirma: "La reforma del Derecho Penal -que en ese momento se estaba realizando en España- con vistas a considerar como actos criminales las relaciones homófilas que no atenten contra el bien común, es también aceptable. Lo que dos individuos realicen en la esfera de su intimidad no tiene por qué ser castigado, aunque constituyera falta ética, de igual modo que la ley no penetra en la vida privada de las personas heterosexuales cuyas relaciones fueren deshumanizantes y pecaminosas, cuando no se traspasan los límites del bien común; es decir, cuando no son producto de la violencia física o sicológica, ni se practican con personas menores de edad, o se realizan públicamente, hiriendo la sensibilidad normal del grupo."

Esto es lo que dice un sacerdote jesuita especialista en ética cristiana, y es precisamente lo que se cautela en la ley. No cabe la menor duda de que muchas veces resulta más dañino y corruptor el proceso judicial mismo, con todas sus implicancias escandalosas y seudopedagógicas consiguientes, Este es el real punto de vista de la Iglesia.

El tema ha sido examinado, además, por otros autores como Michael Ruse , quien, en su obra "La Homosexualidad", de 1989, analizado el fenómeno desde las perspectivas de filósofos como Emmanuel Kant y de utilitaristas como Bentham y Stuart Mili , formula la siguiente pregunta: "¿Debería el Estado prohibir la actividad homosexual masculina y femenina, o debe permitirla entre adultos, en privado y por voluntad propia?"

Desde luego, éste es un delito sin víctimas en que no se recurre a la autoridad judicial, por lo que casi siempre es tarea de la policía, degradándose la ley y repeliéndose indebidamente a los sospechosos.

Se dice que también el incesto carece de víctimas. Sin embargo, es preciso anotar que el realizado entre parientes adultos o menores púberes lleva siempre la connotación de estar vinculado a la procreación, a la inconveniencia genética de tales relaciones, cuyas víctimas serían los descendientes, lo que se consideraba así en la época en que se dictó el Código Penal. Luego, son cuestiones diferentes, y el Derecho Penal moderno también se ha hecho eco de los avances científicos sobre métodos anticonceptivos, regulación de la natalidad, etcétera, al punto qué se ha despenalizado esta figura entre adultos.

Los que siguen a Kant en su moral del deber ser, fundado en la absoluta libertad, aceptan el derecho a copular con quien queramos, si la otra persona lo desea, porque es una libertad básica; por lo tanto, se acepta la homosexualidad mínima.

Para Bentham y Stuart Mili , que fundan la conducta humana en la felicidad o en su búsqueda, es igualmente aceptable la homosexualidad. Razonan que la infelicidad que provoca la homosexualidad a los heterosexuales no es tanta como la que sí genera en los homosexuales, a quienes se prohíbe, sus actividades y se les persigue o amenaza.

Las penalidades del homosexual perseguido o chantajeado superan con creces la infelicidad heterosexual. La pena dura contra los homosexuales acentuará la clandestinidad, por lo que los heterosexuales homofóbicos seguirán infelices, mientras la sociedad entera -homo y heterosexual- tiene que soportar la desagradable injusticia de que los guardadores del orden y de la ley se introduzcan en la vida privada y la controlen.

Ser observado por televisión desde la comisaría más próxima mientras se está en un baño público no es muy edificante. Encarcelar a un homosexual por ser tal, es como meter a un ebrio en una bodega; además, la violación en las cárceles es una amenaza omnipresente, y la violación es la violación, cualquiera que sea la orientación que tenga.

De este modo, pensadores, filósofos, moralistas y juristas tienen la convicción de que la homosexualidad no es delito, como no lo son los actos de masturbación ni determinadas posiciones en las relaciones sexuales.

La jurisprudencia del artículo 431 del Código Penal español ha dicho:

"a) Cuando los que practican los citados actos son personas adultas, que proceden con recato, sigilo y mutuo consentimiento, sin atisbo de exhibicionismo, sin difusión o divulgación y rehuyendo toda publicidad, dichos actos, perteneciendo a la intimidad de los sujetos y siendo producto de una libertad sexual que no se detiene ante lo desviado o anormal del comportamiento de que se trate, serán atípicos e impunes.

"b) Si los actos referidos, aunque sean practicados por adultos y con libre y recíproco consentimiento, se llevan a cabo en lugares públicos y concurridos, o de un modo ostensible y patente, o con alardes..., son punibles,

"c) Si los actos de homosexualidad son ejecutados por sujeto o sujetos activos adultos con menor o menores, aunque no haya habido más publicidad que la que afecta a los últimos, constituyen delito... no sólo por la traumatizarían e impacto físico-psíquico que suponen para el menor o menores involucrados en el suceso, a los que se le descubren caminos sexuales desviados y relaciones eróticas proscritas y marginales, sino porque la moral sexual colectiva se conduele y lesiona cuando un homosexual, sea constitucional o sea vicioso o depravado, llevado de sus apetencias sexuales desbocadas y de la desviación y extravío de su libido, a quienes.se hallen todavía en una fase de indeferenciación de su vida y de su apetito sexual -con frecuencia incipiente e indeciso- les arrastra a la práctica de actos de la referida índole y les determinan e inducen a tomar una senda equívoca, ejerciendo sobre ellos una funesta influencia proselitista, y transmitiéndoles, o propagándoles su propia tara o desviación sexual, la que les aportará, en el futuro, de una sana y normal sexualidad (Sentencia de 13 de mayo dé 1985).

Finalmente, es menester responder a si los homosexuales deben tener, especiales prerrogativas en diversas tareas, a objeto de que no sean discriminados. Si reconocemos que los homosexuales y lesbianas son personas cuya dignidad no puede ser discriminada, no significa cambiar la naturaleza o el otorgamiento de privilegios. No habrá matrimonio entre ellos, puesto que la esencia de esta institución es la convivencia de una mujer y un hombre para procrear, ayudarse mutuamente y cumplir los deberes de familia. Otras actividades, como el servicio militar, la cátedra, el magisterio o el liderazgo dependerán del mérito, de las capacidades, de la idoneidad de los aspirantes y de las culturas de los países respectivos.

Termino señalando que esto corresponde a una indicación que varios Diputados presentamos en la Comisión. Según leí en la prensa, fue impugnada incluso por la Diputada señora Cristi , que también la suscribió; no obstante, en la Comisión aún no hemos recibido el retiro de su firma.

Por las razones expuestas, votaré favorablemente.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Arancibia .

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, dentro del breve tiempo de que dispongo, debo referirme a algunas de las cosas que aquí se han planteado. Llamo a los Honorables colegas a reflexionar respecto de nuestra gran responsabilidad de modificar lo que en una sociedad debería ser una norma excepcional: cómo castigar a los miembros de ésta que incurren en conductas ilícitas.

Es muy importante lo que manifestó el Diputado señor Elgueta . La reflexión y la filosofía formulados en torno de la evolución del derecho revelan que uno de los aspectos más relevantes que ha logrado la civilización es objetivar las conductas que el Derecho Penal castiga.

Es sabido que en las sociedades más primitivas se confundía la personalidad del rey o del soberano con la del juez. Además, se confundía el patrimonio de aquél con el de la comunidad. En ese entonces, se castigaba todo lo que al soberano le parecía impropio, inadecuado o que atentaba contra los fantasmas de esa comunidad.

Felizmente, con la evolución de la humanidad, de la reflexión, del pensamiento y del derecho, hemos llegado a la convicción de que una de las formas más importantes de proteger a la persona, al individuo, a ese ser irrepetible, es objetivando la normativa que castiga determinadas conductas. Por eso, ha sido muy importante la evolución que ha experimentado a lo largo de los siglos la legislación sobre delitos sexuales.

Una política criminal moderna, razonable, no debe olvidar que el instinto sexual es susceptible de manifestarse de muy distintas maneras, por hombres y mujeres, como resultado de factores ajenos a su voluntad o a su simple elección.

Por lo tanto, hay que entender que cuando se sanciona una conducta, se castigan ciertos comportamientos y que no se está usando el Derecho Penal para sofocar, aplastar o negar actitudes que la propia naturaleza ha originado.

Desgraciadamente, no me puedo extender sobre el tema. Sólo quiero decir que en materia de delitos llamados sexuales la grave responsabilidad a que nos enfrentamos hoy es cómo nos deshacemos de prejuicios, de fantasmas y de reminiscencias de concepciones más bien medievales.

El Derecho Romano ponía énfasis en la costumbre, en lo fundamental que era la defensa del individuo; no se preocupaba de pequeños aspectos relacionados con las costumbres, sino de los relativos al comportamiento del individuo en la sociedad y en su impacto en la política.

El Derecho Canónico tendió a cambiar el carácter de ciertas relaciones sexuales de pecado a delito, y en todo ese proceso, -desgraciadamente, no hay tiempo para detenerse en ello, sino sólo para hacer una relación muy resumida- la Ilustración aportó una idea fundamental: que la exteriorización del instinto sexual, cualquiera que sea su índole, no debe penalizarse, a menos que vaya acompañada de la lesión de un derecho. Éste es un texto de 1702, es decir, de comienzos del siglo XVIII, en el cual se da un paso importante en la reflexión y en la evolución del Derecho Penal.

No olvidemos que en una época eran delitos la blasfemia, la herejía o leer libros que figuraban en el Índice. Todos sabemos que en un momento figuró en él el libro de Beccaría, que hoy es un texto clásico en Derecho Penal sobre el delito y la pena.

Entonces, la perspectiva histórica en que debemos situarnos quienes asumimos la responsabilidad de decidir cómo penamos o castigamos aquellas conductas que no pueden sino atribuirse a ciertos comportamientos, acciones u omisiones, es que haya una intencionalidad, que tales conductas están tipificadas, que dicha tipificación tiene una norma, la cual establece una pena proporcional a esas conductas. Es decir, es necesario que con el afán de proteger los derechos elementales de los individuos, donde no se trata de castigar su condición, sino su comportamiento en determinadas circunstancias, no incurramos en prejuicios ni nos dejemos llevar por fantasmas o visiones que hoy están superados.

Por lo tanto, el legislador debe tener conciencia de que, en materia de delitos sexuales, él Derecho Penal es un instrumento supletorio salvo las presiones de unos a otros, la violencia o la presión sobre menores, incapaces o desvalidos, y en ciertos casos algunas relaciones familiares o personales, y que todas las conductas practicadas entre adultos con consentimiento mutuo, sin que intervengan los factores anteriormente mencionados, son comportamientos ilícitos que no vulneran ningún bien jurídico tutelado y que no deben ser objeto de sanción.

Señor Presidente, como sé que mi tiempo es muy breve, he tratado de resumir lo más posible mi intervención. Sólo quiero agregar que de acuerdo con la normativa, la historia, la evolución y los valores de una sociedad civilizada, lo que hoy procede es castigar aquellos hechos como aquí se ha recordado, en los cuales inciden factores como la violencia, el ejercicio de la autoridad o la presión; pero no se puede castigar a aquellos que actúan de manera que no corresponde a valores o a perjuicios, ya que no atentan contra un bien jurídico.

Por supuesto, podemos expresar nuestros valores y prejuicios; pero no tenemos derecho a someter a la sociedad a sanciones que no correspondan a una norma, a un tipo penal o a un bien jurídico que se trate de defender en forma relevante. Y no está claro que en el delito de sodomía entre adultos, en privado, mutuamente consentido y sin mediar lo factores que se han mencionado, haya bien jurídico alguno que proteger.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el diputado señor Rene Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, a propósito del tema, se ha citado la opinión de santos, sicólogos, escritores, de todo el mundo; pero el punto es que nadie se está metiendo en la vida privada de las personas.

Como dije con anterioridad, no conozco a ningún procesado por el delito de sodomía. Claramente, la ley no se puede meter en actos entre privados ni mucho menos.

Sin embargo, se habla de daño, y todos sabemos que en esas relaciones siempre lo hay. ¿Y qué daño más grande si esta gente está con el virus del sida y tiene varias parejas? ¡Infecta al resto de las personas! Entonces, se produce daño a la vida; no al acto sexual, no a las condiciones de privacidad. En consecuencia, ¿por qué no se exige a las personas que practican estás conductas, que la sociedad conoce, que tengan su test en la mano para saber si están sanas?

En una oportunidad anterior formulé esa proposición, y se rechazó, Pero hoy vemos que hay sensibilidad de todos los sectores para ayudar a los enfermos del sida. Si no tienen ninguna prueba ni saben que portan la enfermedad, pueden involucrar a muchas más personas. Han pasado cinco o seis meses de esa propuesta y ahora se ve solidaridad.

Tuve oportunidad de escuchar y leer al Senador Helmes, de los Estados Unidos, que es uno de los grandes detractores de la relación entre homosexuales, no por el acto sexual, ni porque va contra natura, sino por lo que gasta el país en esta enfermedad contraída por una relación que a ojos vistas es contra natura. Quienes hacemos estás críticas tendríamos que ser muy irreverentes para no solidarizar con los enfermos que han adquirido este mal por transfusión, por tratamiento médico, etcétera; pero no podemos ser solidarios y amparar a la gente que lo ha contraído por semejante relación sexual.

A nadie cuido ciertas partes de su cuerpo. Nadie debe meterse en la vida privada de las personas. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos abriendo una ventana a conductas que después van a tener el efecto "escalera".

Esto no significa ser fatalista o premonitorio. En la Comisión hubo quienes proporcionaban cierto tipo de matrimonio, claramente por amor, pero matrimonio infecundo al fin, porque sabemos que las personas del mismo sexo no pueden procrear. Pueden tener amor, cariño, lo que se quiera; pero no podemos favorecerlos por ley para que anden en lugares públicos haciendo estas cosas.

Señor Presidente, con su venia concedo una interrupción al Diputado señor Viera-Gallo .

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Puede hacer uso de la interrupción Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, sólo para saber qué actitud tendría el Diputado señor Rene García frente a un homosexual con sida y que está muriendo. Si tendría misericordia, piedad o si sobre esa persona también caerían las palabras que está profiriendo en la Sala.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor René García .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Muy buen pregunta.

Le contesto que la misma solidaridad que esa persona demostró con quienes tuvo relaciones sexuales a sabiendas de que estaba infectada. ¿Quién es más criminal? ¿Yo o él, que a sabiendas que estaba infectado tuvo relaciones con personas sanas?

Diputado señor Viera-Gallo , esta cosa puede ser empatada para usted o un problema superado para mí. Quien tiene esta enfermedad, debe ser solidario, y la solidaridad parte por reconocerla. A las personas que, por desgracia, también son homosexuales, debe decirles: ¡No se meta conmigo, porque tengo esta enfermedad! Eso es más solidario, Diputado señor Viera-Gallo , que amparar por ley una conducta homosexual.

Anuncio mi voto en contra del artículo, tal como está, y que me quedo con el antiguo, porque igual no se mete en la vida privada de las personas.

No me extrañaría que en un tiempo más estuviéramos legislando sobre el masoquismo, que también es un acto sexual permitido en privacidad. No importa, abramos las puertas, sigamos adelante. Total es normal, a la gente le gusta; da lo mismo. Pero no puedo votar a favor de este artículo.

Por último, respeto los derechos que ellos tienen como ciudadanos. Eso jamás lo he puesto en duda, ni lo voy a poner jamás en duda. Es así. Pero no quiero que se les reconozca la libertad de andar en cualquier lugar. Como dicen los españoles, ¡viva la pepa!, ya que esto se ha sacado de la legislación española, que no es el mejor ejemplo, porque los que han estado en España saben cómo se encuentra en decadencia ese país, justamente por permitir estas cosas.

He dicho.

La señorita SAA .-

Señor Presidente, es muy importante mantener un cierto nivel en el debate y no festinarlo, porque estamos hablando de personas que merecen todo nuestro respeto, de personas con dignidad, que tienen los mismos derechos que nosotros.

Una de las intolerancias más grandes es no reconocer la diversidad. Todavía, a esta altura del desarrollo de la humanidad, tenemos dificultades para reconocerla y respetarla.

Por esta intolerancia, a lo largo de la historia de la humanidad, hemos visto sufrir a miles de personas las consecuencias del deseo de algunos de que todos sean iguales. Hemos visto en el transcurso de la historia juicios, condenas, muertes por esta intolerancia, por no respetar esta diversidad.

Estudios científicos afirman que la homosexualidad es un hecho natural, no una opción. No creo que nadie elija un tipo de vida que le acarreará toda clase de prejuicios, discriminaciones, sufrimientos e indignidades.

Se calcula que entre el 5 y el 10 por ciento de la población tendría tendencias homosexuales: Este hecho es reconocido, claro, y no podemos negarlo. Por lo tanto, no podemos condenar a alguien por una condición natural, no por una opción.

Por eso, apoyo la despenalización del considerado delito de sodomía, porque debemos respetar la libertad de las personas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señorita Diputada, el Diputado Señor Bombal le solicita una interrupción.

La señorita SAA .-

Sí, señor Presidente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, quiero hacer un alcance tangencial a lo que se ha señalado, pues me preocupan estas estadísticas. En el caso de los abortos, se habla de 160 mil; pero, hasta donde hemos podido constatar, no existe ninguna comprobación formal de esa cifra.

Quiero consultar a la señorita Diputada, de dónde salen esas cifras, porque en estas materias nunca se menciona la fuente. Lo hago con el mayor respeto, dada la seriedad con que ella trata el tema. ¿Cuál es la fuente de esas estadísticas?

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Continúa con el uso de la palabra la honorable Diputada señorita Saa .

La señorita SAA .-

Señor Presidente, no tengo aquí la fuente de esa información; las remitiré al señor Diputado a la brevedad. Pero hay estudios con respecto al tema, que ha sido una constante en la humanidad.

De acuerdo con nuestros conocimientos sobre historia, personajes o literatos notables han sido homosexuales, como Oscar Wilde que por ello fue objeto de atropellos y sufrió pena de cárcel.

En todo caso, me parece claro y concreto que no se puede condenar a una persona porque en su naturaleza hay determinada orientación. Despenalizar la sodomía es reconocer la dignidad de personas de nuestra sociedad y su libertad a ejercer privadamente su sexualidad, igual que en la heterosexualidad, y en este último caso estamos castigando los casos de violencia y de violación a la libertad sexual de las personas.

Votaremos a favor la despenalización de la sodomía, por considerar que significa un gran avance en la organización de nuestra sociedad y en el respeto de las personas.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Elgueta .

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, voy a citar unas líneas de la obra "Homosexualidad", de Michael Ruse . Dice que el doctor Kinsey descubrió, en Estados Unidos, que, pasada la adolescencia, el 37 por ciento de la población masculina había tenido algún contacto homosexual, que el 13 por ciento había sido más homosexual que heterosexual durante un período mínimo de tres años, desde la adolescencia hasta los 55 años de edad, y que el 4 por ciento era exclusivamente homosexual después de la adolescencia.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ruego no polemizar.

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, ¿qué es exactamente lo que estamos discutiendo? Recuerdo que, originalmente, el proyecto se refería sólo al delito de violación. Con posterioridad, a través de una indicación del Ejecutivo, se incluyeron los delitos sexuales en general y, más adelante, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia .decidimos agregar dos figuras delictivas: el acoso sexual, que no existía como delito en nuestra legislación, y una modificación al artículo 365 del Código Penal, para perfeccionar la tipificación de la llamada sodomía.

Veamos exactamente qué hicimos para concluir, a mi juicio, la absoluta lógica, coherencia y racionalidad con que estamos actuando al proponer este nuevo artículo.

En primer lugar, el actual artículo 365, sobre la sodomía, en los números 1 y 2 se refiere básicamente a cuando se use fuerza o intimidación o la víctima esté privada de razón. Es decir, dos de las tres causales que hoy están en el artículo 361, sobre violación.

¿Qué hicimos nosotros? Incorporamos la violación sodomítica al artículo 361, con lo cual la víctima de un delito de violación ya no sólo será una mujer, como ha ocurrido tradicionalmente, sino una persona: un hombre o una mujer. Es decir, respecto de ello no hemos despenalizado nada, sino que lo perfeccionamos para hacerlo más coherente.

En segundo lugar, el inciso final del actual artículo 365 habla, como agravante de pena, de cuando las víctimas son menores de 14 años. ¿Qué hicimos? Subimos esa edad a los 18 años, porque estimamos que una persona menor de 18 años no tiene una evolución ni una madurez psicosexual total, y además es más vulnerable. Por eso, establecimos -el criterio es discutible, ya que los límites de edad siempre son discutibles- que el que tuviere relaciones sexuales con un menor de 18 años de su mismo sexo, estará incurriendo en la penalidad señalada en el nuevo artículo 365. Ése es el sentido de este nuevo artículo.

Ahora, ¿qué se está despenalizando? Aquí hay que ser riguroso en el análisis. No estamos despenalizando la sodomía en general, porque esta figura la hemos perfeccionado al trasladar la violación sodomítica a otro párrafo del Código y al aumentar, incluso, la edad de 14 a 18 años. Sólo hemos despenalizado las relaciones sexuales entre homosexuales mayores de 18 años, libremente consentidas la llamada sodomía voluntaria, si así pudiera llamársela, en privado.

Yo me pregunto ¿cuál es la relación entre el victimario y la víctima si hay relaciones sexuales libremente consentidas? ¿Quién es el victimario y quién la víctima?

El supuesto básico de un delito es que hay un sujeto activo y un sujeto pasivo, un, victimario y una víctima, lo que por definición no existe en las relaciones sexuales libremente consentidas.

Por lo tanto, estamos haciendo algo absolutamente lógico. Como decía el Diputado señor Elgueta , en la más estricta doctrina tomista y católica, no todo lo que es ilícito debe ser sancionado como delito. La ley penal, como sabemos, es la última ratio, es la última razón. Es decir, cuando no queda otra forma a la sociedad de defenderse que no sea la aplicación de una sanción penal, sólo en ese momento debe legislarse penalmente y establecerse un delito.

.Respecto del tema de la transmisión sexual -que señalaba el Diputado señor René Manuel García -, lo hemos incluido como circunstancia agravante en los delitos de violación y estupro, y recuerdo que ahora se agrega la violación sodomítica, justamente referida a las enfermedades de transmisión sexual; o sea, estamos incluyendo algo que no existía anteriormente.

Por último, para ser breve, quiero que tengamos claro lo siguiente:

Si mantenemos el delito de sodomía como está establecido en el artículo 365, en el fondo y en términos prácticos, estamos diciendo: "Si usted señor homosexual tiene relaciones sexuales, va a la cárcel." Otra cosa es que se aplique o no se aplique la ley Es un tema importante, pero secundario, porque estamos estableciendo un tipo penal; estamos legislando. ¿Qué le estamos diciendo entonces? Mire, señor, su única conducta no reprochable o lícita es la abstinencia sexual". En otras palabras, o hay abstinencia sexual o va a la cárcel. Eso es exactamente. Y yo me pregunto ¿es posible exigirle a la ley penal -que es la última ratio, que es última razón- que prescriba bajo la amenaza de una pena la abstinencia sexual de los homosexuales? Es absolutamente un despropósito.

Por lo tanto, creo que efectivamente estamos abriendo una ventana, pero la estamos abriendo a la lógica, a la racionalidad, a la coherencia legislativa para establecer un estatuto jurídico sobre los delitos sexuales que permita corresponder y recoger los bienes jurídicos fundamentales que queremos proteger.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo .

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, frente a la abundante argumentación a favor de despenalizar la homosexualidad y sancionarla solamente en el caso de personas adultas que pudieran por esa vía afectar el desarrollo de la identidad sexual del adolescente, frente a tanto argumento de la ciencia, como el informe Quincy -que Sus Señorías conocen- que es un estudio muy importante y exhaustivo realizado en Estados Unidos, y la resolución de la Organización Mundial de la Salud de eliminarla como enfermedad y caracterizarla como una condición humana dentro de las variantes humanas normales, y la clara argumentación en el sentido de que esta conducta entre adultos, libremente consentida, no significa daño para nadie, penalizarla significaría ir en contra de un elemento básico de la vida, como es la necesidad de vivir y desarrollar la propia sexualidad. Hoy la sexualidad se ha separado de la reproducción. Por eso, esta concepción de lo antinatural es un resabio, porque hoy, para todos nosotros, es parte de nuestra cultura. La sexualidad es parte del desarrollo pleno de la personalidad, es una experiencia del vínculo humano, una experiencia que expresa necesidades profundas dé afecto, y negarlo -como aquí sé ha dicho- es una profunda inhumanidad y torpeza porque, de hecho, se impone y se realiza.

¿Por qué tanta dificultad? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué este debate? Cuando tenemos que legislar respecto de conductas humanas que la cultura ha cargado de prejuicios, de estigmas y descalificación, es en nosotros mismos, en nuestra experiencia de vida, en nuestra socialización donde radican las dificultades que debemos ser capaces de objetivizar y de vencer. Sin duda, en nuestra sociedad y en nosotros mismos todavía hay una tendencia a mirar con ansiedad las diferencias, a aspirar a una homogeneidad que no existe. Tenemos dificultad frente a todo lo que ha sido reprimido, a todo lo que aparece como el lado oscuro de la vida. Nos produce ansiedad, nos producen estas fantasías de algo que va a perder el control. Lo que he escuchado en la Comisión -y también en esta Sala-, de que vendrían cosas terribles que no podríamos controlar, son ansiedades frente a temas que históricamente, han estado reprimidos.

Creo que también debemos reconocer la dificultad que nos produce defender aquello que es objeto de burla, porque aún se hacen chistes respecto de los homosexuales. Incluso, he escuchado de colegas parlamentarios hacer esta pregunta terrible: ¿Y por qué defiende usted a los homosexuales?" Ahí hay una carga de prejuicios, una carga de irracionalidad que nos hace ser acientíficos e incluso inhumanos. Nuestra obligación es vencer estas dificultades y que nuestros cuerpos legales se guíen por la ciencia y no por el prejuicio, que respondan al espíritu humanista y no a la represión y a la discriminación. Por eso es tan importante despenalizar la sodomía entre adultos que eligen libremente uña vida sexual que es necesaria para todo ser humano.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Paya .

El señor PAYA.-

Señor Presidente, en primer lugar, me referiré a un punto planteado por la Diputada señorita Saa . En verdad, parte de la diversidad es la diversidad de opiniones, y aquí no hay que dramatizar sobre las razones ocultas o profundas vinculadas a dogmatismos históricos que llevarían a algunos de nosotros a estar en contra de una norma como ésta* Es una opinión distinta.

Tampoco estoy de acuerdo con lo que se acaba de decir: que considerar que algunas formas de ejercer la sexualidad sean negativas significa un resabio cultural del pasado. Creo que el incesto, la relación sexual entre un padre y sus hijas o entre dos hermanos -y que es actividad sexual en la que puede haber placer- está mal, es antinatural. Y puede ser un resabio cultural, como aquí se ha mencionado, pero me alegro de tenerlo y espero no perder nunca semejante resabio. Del mismo modo, creo que las relaciones entre homosexuales no son naturales ni normales.

Ahora, como todos sabemos, la comunidad homosexual o quienes ellos sean y todas las personas que han visto este proyecto, saben que en Chile no se castiga a nadie en virtud del artículo que se quiere derogar. Todos sabemos que no está ahí la relevancia de esta discusión. ¿Por qué se insiste tanto? Lo que está en juego es la señal que se da. En la Cámara hemos escuchado una discusión bastante seria, académica, respecto de cuáles son los límites a la acción del Estado: si este se puede meter en la privacidad de las personas, de los dormitorios. Hay muchas buenas razones para sostener que una norma así es impracticable, incluso peligrosa; pero toda esa discusión es inútil, nada tiene que ver con la realidad del problema en Chile. La verdadera consecuencia práctica de esto es su efecto en la opinión pública. Creo que la señal es bastante visible en cuanto a que hay una suerte de "lobby" de la comunidad homosexual que ejerce una presión fuerte y que utiliza distintas estrategias; desde luego, se inflan las cifras. Sinceramente, no creo que haya 1 millón 400 mil homosexuales en Chile, pues sería un hecho muy evidente. No creo que sea ésa la realidad.

Quiero que mis palabras no se malentiendan. Sin duda, el sida es una enfermedad muy dramática, muy triste, muy grave, mortal, pero se llama la atención que se dedique mucho más tiempo y toda clase de campañas públicas en favor de los enfermos de sida, en circunstancias de que gran parte ha contraído la enfermedad como consecuencia de una vida sexual anormal y, en cambio, se da mínima importancia a enfermedades que en todas partes del mundo causan una cantidad infinitamente más grande de víctimas que nadie recuerda y que son inocentes y sin ninguna responsabilidad al momento de contraerías, como es el caso de la tuberculosis. Están olvidados en todas estas campañas tan llamativas, incluso apoyadas por organismos internacionales y gran cantidad de recursos que sólo se destinan a los enfermos de sida que, además, cuentan con una fuerte implicancia y presión del lobby homosexual.

Aquí no está de por medio una persecución. Creo que es injusto emplear palabras e imágenes que pretenden identificar la oposición a la despenalización de la conducta homosexual como una suerte de persecución contra estas personas. Nadie propone marginarlas de la sociedad, ni meterlas en campos de concentración, ni apuntarlas con el dedo ni ninguna atrocidad de ese estilo; pero tampoco -al menos yo- estamos dispuestos a darle patente de normalidad a una conducta anormal, sin perjuicio de la cantidad de gente que la pueda practicar en un momento determinado. No es normal, temo, y lo planteo como un punto de reflexión, que los insistentes esfuerzos de algunos grupos pequeños de activistas homosexuales por tratar de forzar a la sociedad a aceptarlos como un grupo normal -como que la conducta homosexual Juera una conducta más-, van a producir una reacción contraria en algunas personas, muy lamentable, pero muy explicable, porque en este país nadie persigue a los homosexuales.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha concluido el tiempo de su intervención.

El señor PAYA.-

Termino en dos segundos, señor Presidente.

Nadie los anda persiguiendo ni apuntando con el dedo, pero cuando quieren forzar al país y a la sociedad a aceptarlos como normales y que se les permita casarse, adoptar hijos, pasearse tomados de la mano en cualquier parte, obviamente van a producir una reacción en contra. De manera que sumarse a los esfuerzos de estos pequeños grupos de activistas homosexuales puede tener un efecto muy contraproducente.

Señor Presidente, el Diputado señor Moreira me ha solicitado una interrupción.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, como dijo el siquiatra Humberto Murillo en la Comisión, afirmación que me pareció muy iluminadora, la homosexualidad es un misterio cuyas razones la ciencia no ha logrado descubrir.

Yo recordaba el famoso libro "El Banquete", de Platón, donde trata de explicar el .motivo, pero, como tengo muy poco tiempo, no me referiré a la metáfora que usa. Sin embargo, sería interesante que algunos colegas de la Oposición lo leyeran.

En todo caso, ante un misterio como éste, que afecta a una parte de la población el Diputado señor Bombal se extraña por el informe Kinsley, de sexólogos norteamericanos, que es muy importante, la respuesta no puede ser la represión. Sin duda, resulta muy fácil hablar de represión, salvo cuando esto le ocurre a un hijo, a una hija, a un hermano, a un pariente cercano o a alguien que uno estima. Me gustaría saber si las mismas palabras que se pronuncian con tanta energía para reprimir, las dirigirían contra esas personas.

Por eso, creo que lo importante ante un misterio es abordar el tema con extrema cautela y delicadeza.

En el mundo de la cultura cristiana hay una clara distinción -como dijo el Diputado señor Elgueta - entre la moral y el derecho. Aquí no estamos en una sociedad islámica, fundamentalista, donde el Corán debe ser la ley civil del Estado. Una cosa es la ley moral y otra distinta, según el pensamiento católico y cristiano tradicional, el derecho. El derecho exige el mínimo necesario; la moral, el máximo.

Incluso, en el caso de la moral, habría que efectuar una discusión, porque la famosa frase de Jesús cuando dice: "No se ha hecho al hombre para servir a la ley, sino la ley para servir al hombre", es un principio fundamental para entender la concepción moral en una visión cristiana. Pero dejemos eso para otra sede, porque aquí nos ocupamos del derecho. Y como ha dicho el Diputado señor Arancibia , en el campo del derecho no se advierte qué bien jurídico se protege cuando se quiere enviar a la cárcel a personas adultas que, en privado, libremente, s optan por una relación efectiva y sexual entre ellas.

Decía uno de los Diputados de la Oposición que no se trata de meterse en la vida privada. Pero, si mantenemos la norma, justamente las personas homosexuales que practican su instinto pueden ir a la cárcel, aun cuando lo hagan en privado y con libre consentimiento. Eso queremos eliminarlo. No quiere decir, desde el punto de vista del derecho -y le preocupaba al Diputado señor Paya - que la señal a la sociedad sea equiparar la homosexualidad con la heterosexualidad, porque todo nuestro derecho está construido sobre la base de la idea de la heterosexualidad: el civil, el de familia. Lo único que planteamos es que una conducta que no es corriente no sea penalizada con cárcel.

No me extraña que una minoría que ha sido culturalmente segregada y socialmente reprimida, hoy levante su voz para exigir derechos. Por cierto que lo puede hacer en forma exagerada, porque, cuando uno ha estado reprimido, tiende a extremar los argumentos. Cuando concurrieron a la Comisión los representantes del Movimiento de Liberación Homosexual, su argumentación fue bastante mesurada y seria -a los Diputados de la Oposición que asistieron a la Comisión también los impresionó- y no quisieron hacer un parámetro de su conducta para toda la sociedad chilena. Sólo querían no ser reprimidos. Al respecto, recuerdo que uno de ellos no quiso enfrentar después a la prensa porque temía que lo echaran de su trabajo.

Se trata de una conquista de libertad, de dignidad del ser humano. Por cierto, en la conciencia de cada uno de nosotros puede haber una valoración moral distinta de las diferentes conductas sexuales. Pero eso no, significa, a mi juicio, que la homosexualidad, pueda Ser considerada un delito.

La única conducta privada sexual que debe ser mantenida como delito, aun cuando sea libremente consentida, es el incesto. En verdad, si se me preguntara el porqué, no tengo una respuesta clara, pero sí puedo decir que no hay ninguna sociedad en el mundo, ni tribu primitivamente recuerdo los libros de Lévi-Strauss-en que una cierta forma de incesto no sea considerada y sancionada. Y Lévi-Strauss ha escrito, por lo menos diez libros para tratar de explicar por qué el incesto es castigado hasta en las tribus de Papua Guinea, del Brasil, de la Amazonia, etcétera. Llega a una explicación que, desde luego, no les va a gustar a las feministas y quizás no es muy convincente, pero el hecho es que no hay ninguna sociedad que se haya edificado que no tenga el tabú del incesto como una piedra angular de su organización familiar. Hay muchas sociedades, tribus y culturas en que la conducta homosexual fue considerada como no sancionable penalmente, a lo que queremos llegar hoy en Chile, porque nos parece que tiene que ver con los derechos, con la dignidad de las personas.

Otra cosa es -y termino- que pueda haber obviamente una valoración mayor de la conducta heterosexual que de la homosexual.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bombal .

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, no los desconozco ni resto validez a los informes a que se ha hecho alusión. Sólo he pedido que las fuentes de las cifras que allí se mencionan sean respaldadas debidamente, que se señale si corresponden a investigaciones, a datos estadísticos, etcétera. En estas materias tan delicadas no podemos aceptar que se sigan usando cifras como decir que el 10 por ciento de la población del mundo, o que tantos acá o tantos allá. Lo digo referido al aborto, que estudios científicos demuestran que en Chile no está cuantificado el tema. Se ha dicho por académicos de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica. Sin embargo, se maneja una cifra, indagamos y precisamos que alguien la mencionó algún día. De ahí se incorpora en todos los discursos. Reitero que bajo ningún punto de vista resto validez a los informes, sino que pido rigor en el respaldo de esas cifras.

Lamentablemente, este tema -que merece toda consideración y respeto, tanto sus protagonistas como la situación que viven, y así lo dijo el Diputado informante en su momento- se ha planteado en un proyecto al cual se le ha restado mérito y valor a su idea fundamental: la violación.

Hace mucho rato que estamos hablando de ese grave flagelo que hoy existe. Tan grave que, incluso, se ha incorporado -lo que antes no ocurría- la violación sodomítica.

Sin duda, que el tema marco sobre el que nos estamos moviendo es el delito de los abusos sexuales, lo que impacta profundamente en nuestra sociedad. Las conductas privadas debemos respetarlas y considerarlas, pero a lo mejor sobre la materia tendríamos que iniciar un debate mucho más profundo que el efectuado.

Tengo la sensación de que el tema no ha sido bien debatido ni trabajado. Se ha mencionado como un tema emblemático de las personas que están sufriendo discriminaciones. Pero no estamos tratando asuntos emblemáticos, sino un problema social de fondo: la gran cantidad de gente que resulta dañada como consecuencia de los delitos o de los abusos sexuales.

La prensa de ayer ha dado cuenta de que hay una comuna de la Región Metropolitana que está siendo acosada y agredida gravemente por una pareja de delincuentes que violan y abusan de mujeres, las que son obligadas a perversiones pornográficas que, incluso, son filmadas por estos antisociales, hoy buscados por la policía.

Ésa es una realidad concreta. Distraer el debate a este otro problema, que propongo tratarlo en otro contexto, no le ha hecho bien ni a este tema ni al de fondo, que es el que debemos analizar.

Otra consideración. Invito a los honorables colegas a leer el artículo 365 del Código Penal, .el cual establece: "El adulto que tuviere relaciones sexuales con un menor de dieciocho años de su mismo sexo, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación, estupro o abusos sexuales, será penado con presidio menor en sus grados mínimo a medio.". Es decir, se penaliza, se envía a la cárcel a quien mantenga relaciones con persona del mismo sexo, menor de 18 años. Y nuestra legislación penal no envía a la cárcel a una pareja heterosexual que tenga relaciones sexuales y sea menor de 18 años.

De manera que la argumentación dada por las bancadas de enfrente cae en forma contundente cuando nos encontramos frente a esta realidad. ¿Por qué se penaliza esta relación tan normal que está dentro del orden de la libertad sexual cuando son menores de 18 años?

Esta consideración la hice presente en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Me podrán dar muchos argumentos, pero al dejar penalizada la sodomía como se ha hecho en este artículo, se reconoce en forma implícita, de una u otra forma, que no está dentro del orden natural.

De manera que toda la línea argumental que se da, cae en razón de la edad. Pero vuelvo a plantear que no se penaliza a una pareja de jóvenes, menores de edad, que tienen un vínculo sexual, a menos que exista violación u otros factores de por medio.

Sólo quiero dejar establecida esa consideración. Aquí queda penalizada la sodomía de dos menores de 18 años, del mismo sexo, que mantengan relaciones: van a parar, a la cárcel. De manera que este punto hay que consignarlo.

No pretendo generar un debate. Quiero decir que este tema, tan relevante e importante en el cuerpo de la vida social, a mi juicio debió haberse tratado en otro ámbito y no en el de las cosas emblemáticas, porque, a la larga, le hacen daño. Sin lugar a dudas, nuestra sociedad tiene mucho que avanzar para que no exista represión ni discriminación respecto de aquellos que tienen un determinado comportamiento; pero no podemos incorporar un tema de allegado a un proyecto –insisto- cuya idea conceptual matriz no lo contemplaba. Si no, que lo diga la señora Ministra de Justicia. Este tema no fue incorporado en el proyecto por el Ejecutivo, sino que fue allegado, posteriormente, por sectores oficialistas. Tal vez, fuera otra la oportunidad en que debería mencionarse.

El señor ESTÉVÉZ (Presidente).-

Señor Diputado.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, deme 30 segundos para redondear la idea.

El Señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Puede continuar, señor Diputado.

El señor BOMBAL.-

Si estamos hablando que se quieren asemejar a una normalidad, no debimos haberlo incorporado en una legislación penal donde estaba tratándose todo el tema de la violación y de los abusos sexuales, porque constituye una discriminación y casi una ofensa para estos grupos.

Se confunde una situación humana digna de la mayor consideración y respeto, dentro de todo un panorama delictivo, de penalidad, que no es lo que esos grupos, como minoría, quieren tener. Por eso, ha sido poco feliz el enclave de este tema y su debate no ha sido integral.

Vuelvo a decir, queda la gran inconsecuencia a toda la argumentación dada respecto de cómo está el artículo que en la actualidad penaliza con cárcel a menores de 18 años estoy hablando de dos jóvenes que estén a un día de cumplir 18 años, y son llevados a la cárcel por tener relaciones con personas del mismo sexo.

Alguna inconsecuencia queda en el proyecto.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla .

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, a todos los Diputados que hemos escuchado los distintos argumentos dados en un tema tan opinable y conflictivo, se nos ha producido alguna confusión. Cuando los escuchaba, me hacía un par de reflexiones que quiero compartir con los señores Diputados, para ver si encontramos una luz que nos ilumine y resolver adecuadamente este problema, si queremos convertir esto en ley de la república, que será una norma obligatoria y una señal para el país respecto de lo que pretendemos con esta legislación.

Me pregunto ¿qué pretendemos con dictar una norma de esta naturaleza? Hablando en términos jurídicos, ¿cuál es el bien jurídico que queremos proteger con una u otra situación? Aquí hay una cierta contradicción entre dos bienes jurídicos insertos en estas disposiciones: por un lado, el de la moral pública; por otro, el de la libertad personal.

Hoy tenemos un delito de sodomía sancionado en el Código Penal. Debo entender, sin ser penalista, que el bien jurídico que se protege actualmente es la moral pública, y la "normalidad de las relaciones sexuales", heterosexuales, como decía el Diputado señor Viera-Gallo .

Cuando queremos, hoy, despenalizar la homosexualidad, lo que está primando acá es proteger el bien jurídico de la libertad de personas adultas, que libremente consienten en tener una relación sexual que, para la mayoría de la gente, no es normal. Creo que los homosexuales así lo aceptan. Si eso fuera así, lógicamente habría que explicitarlo claramente.

Sin hacer un análisis más profundo, el número 13 que se presenta para nuestra aprobación, me merece algunas dudas en cuanto a si la redacción planteada en el artículo 365 es la más adecuada para este objeto, porque si queremos establecer en la legislación penal como bien jurídico protegido la libertad de las personas, lógico sería que no penalizáramos a quien tiene relaciones sexuales con un menor de 18, años y estableciéramos el corte en una edad mucho menor/porque un joven a los 18 años es perfectamente consciente de los actos que realiza.

Por el contrario, si al establecer este texto del artículo 365, queremos proteger al menor de 18 años, porque el bien jurídico protegido es la moral pública y la normalidad de las relaciones sexuales, me parece que estamos cayendo en contradicción al despenalizar el artículo que hoy sanciona la sodomía.

Comparto la idea de que con el correr del tiempo y la realidad indica que nunca ha sido sancionado el delito de sodomía, lo más probable es que deba despenalizarse, si se trata de un acto absolutamente privado, que no sale de sus márgenes y que, por lo tanto no cae en otro tipo de figuras delictivas, como por ejemplo, el ultraje a las buenas costumbres. Deberíamos ser consistentes, y veo que entre la despenalización y la redacción del actual artículo 365 hay una contradicción vital en nosotros, como legisladores, en cuanto al bien jurídico que queremos proteger. Por lo tanto, me parece mucho más acertado buscar una nueva redacción al artículo 365, donde se establezca claramente la señal que damos al país respecto de cuáles son los bienes jurídicos que queremos proteger en nuestro Código Penal.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ávila .

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, suscita mi deseo de intervenir el hecho de que se haya llevado a cabo un debate muy rico sobre materias sensibles, complejas, de difícil tratamiento, y diría escabrosas, para el ciudadano común.

Felizmente, aquí no ha surgido lo que suele ser común en este tipo de debates: el etiquetamiento y la caricatura. Desde ese punto de vista, debemos felicitamos por estar dando cuenta de este tema con mucha altura de miras y con un debate de gran nivel.

Desde luego, dos cosas puntuales. Me parece que en este momento estamos haciendo un esfuerzo por modernizar nuestra legislación. El concepto de modernización tiene mil aristas y suscita, respecto de él, múltiples reacciones y puntos de vista. Algunos corren con sus cabellos al viento tras la modernización económica, pero son esclavos de sus atavismos cuando hablamos de modernización en el plano cultural. Creo que el gran debate que estamos inaugurando se desenvuelve en este plano. Pienso que reprimir el impulso sexual es algo francamente anacrónico, que debemos superar a través de una legislación moderna; no del todo, tal vez, pero en la medida en que lo otorgan las posibilidades de nuestra sociedad. Quiero decir que el cómo se perciba la sexualidad, pasa a ser un elemento cultural.

Sin ir más lejos, tenemos en la Edad Media, el "derecho de pernada", que daba autoridad al señor feudal para intervenir en materias que nos resultarían aberrantes hoy; pero eso formaba parte de las prácticas culturales de aquella época. Y nosotros, debemos hacer todos los esfuerzos para ir poniendo nuestra legislación a la medida de lo que es el avance cultural que nuestras sociedades van teniendo, porque qué es la cultura, sino el modo de vida de una población.

Y una última reflexión: aquí, con justicia, se ha condenado y estigmatizado el incesto.

Antes de cubrir de anatemas ciertas conductas, es preciso profundizar algo, en las causas que las motivan.

Un gran porcentaje de nuestra población, como se sabe, vive en el más espantoso hacinamiento. A veces, diez personas conviven en una pequeña y frágil habitación de madera. Padres, hijas y otros parientes duermen juntos rozando sus cuerpos. ¿Quién impide que en un momento determinado, por influencia del alcohol, el padre consume un acto sexual con su propia hija? ¿Qué da lugar a una situación tan aberrante como la que describo? La condición de miseria espantosa en que vive gran parte de nuestros compatriotas.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su intervención.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, redondeo mi intervención.

De ahí que cuando analizamos todas estas cosas, estimados colegas, nunca debemos dejar de tener en cuenta que, por desgracia, nuestro país aún carga el lastre tremendo de tener más del cincuenta por ciento de su población en condiciones de pobreza extrema, que está creando un abismo cultural dentro de Chile. Un sector vive la modernidad en plenitud y, el otro, la soporta con estoicismo, esperando que los poderes públicos se ocupen de remediar esta situación.

He dicho.

El señor MOREIRA.

Señor Presidente, he tenido que hacer uso de la palabra porque, lamentablemente por algunos errores, al parecer técnicos que ya averiguamos en su oportunidad., no fue transmitida totalmente la intervención que hice ayer frente a este tema.

Quiero puntualizar brevemente dos o tres puntos.

Primero, pareciera que se estuviese haciendo una verdadera apología de la sodomía. Quienes sostienen esto, no respetan la opinión de quienes pensamos distinto.

Quienes pensamos distinto, y vamos a votar en contra de la sodomía, entendemos que es también un problema de conciencia, personal, que queremos afrontarlo hoy.

Desde esa perspectiva, se nos descalifica por inhumanos, por cometer un acto de represión. Lamentablemente, no pueden entender que se puede tener tolerancia, comprensión, entender su drama y las causas que lo justifican, pero no se puede aceptar que.se den ciertas cifras, que rio provienen de fuentes fidedignas, respecto de distintas causas, porque éstas de ninguna manera justifican el problema.

Se ha dicho aquí que se abre una ventana a la lógica. ¿A qué lógica? A la lógica de lo que uno piensa. Pero no tenemos necesariamente que pensar igual: Los que dicen ser liberales y que muchas veces han rasgado vestiduras en esta Cámara, ¿por qué no presentaron -como bien decía el Diputado señor Bombal - proyecto aparte? ¿Para qué confundir? ¿Para qué alargar el debate de un tema tan importante como es sancionar en Chile el delito de violación? A nuestro juicio, se presenta en forma mañosa esta modificación para esconder la verdad. Aquí se pretende, derechamente porque las cosas hay que decirlas como son, legitimar la homosexualidad. Lo anormal pasa a ser normal, lo antinatural pasa a ser natural. Podemos entender esta situación, pero nuestra sociedad tiene que prohibir para defenderse y para defender a nuestros hijos.

Ayer di cuenta de una información aparecida en la revista " Human Life ", de Washington, donde se detallan 55 propuestas del movimiento homosexual en el mundo. De ellas di a conocer 7, que realmente no son derechos, sino una verdadera perversión.

Finalmente, no queremos socavar nuestra sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque, generalmente, cuando nosotros vamos, los países desarrollados vienen de vuelta, y sabemos que esas sociedades están en decadencia. Hoy día, en la revista oficialista "Hoy", aparece como algo curioso una publicidad con conciencia. ¿Qué dice? Que un empresario norteamericano, en su última campaña, trata de promocionar lo siguiente. Se trata de un barco que, tras largo viaje, recala en puerto; se baja la tripulación y un fornido y apuesto marinero corre a besar apasionadamente a su novio. La idea del empresario es que el público se pregunte, por ejemplo, por qué los homosexuales no pueden demostrar sus sentimientos. En verdad, no queremos para nuestra sociedad esa publicidad y esos ejemplos.

Por eso, la bancada, de la UDI va a votar en contra de la despenalización de la sodomía.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina, hasta por dos minutos.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, agradezco a la Sala que me permita hacer uso de la palabra.

Quiero tocar un tema que, de alguna manera, esbozó el Diputado señor Huenchumi11a y que demuestra la contradicción qué existe entre los argumentos que aquí se han dado y la norma en discusión.

En primer lugar, el delito de sodomía está tipificado en el Código Penal en el título "El orden de la familia". En nuestra legislación la sodomía no es considerada una conducta que favorezca el orden de la familia ni el orden moral imperante en la sociedad chilena.

Por ello, como bien decía el Diputado señor Bombal , él artículo que estamos discutiendo sanciona con pena de cárcel al que tuviere relaciones sexuales con un menor de 18 años. Sin embargo, no se sancionan con ningún tipo de pena las relaciones realizadas entre personas de distintos sexos.

De tal forma que, desde ya, en nuestra legislación existe un juicio de reproche y de condena a las relaciones entre personas de un mismo sexo, y lo mantiene respecto de los menores de 18 años, usando el argumento de que se trataría de personas que aún no tienen la madurez necesaria para optar libremente sobre su vida sexual.

Por eso debemos preguntamos: ¿Debe el Derecho Penal, que contiene juicios de reproche sobre las conductas sancionadas con cárcel, considerar dichas conductas estimadas anormales por la sociedad chilena dentro de los delitos sancionados con cárcel? No todas las conductas humanas ilícitas merecen esta pena. Lo que estamos tratando de determinar aquí es si una conducta que la sociedad chilena estima que atenta contra el orden de la familia y la moral pública, debe mantenerse dentro del ámbito de una sanción civil, de una sanción pública o de una sanción penal. Eso es lo que estamos debatiendo. Mantenemos la sanción cuando se trata de un menor de 18 años; pero lo permitimos y no lo sancionamos penalmente cuando se trata de mayores de 18 años que actúan en forma privada. Sin embargo -es el punto que quiero marcar- no hay ninguna norma objetiva que impida que estas conductas se realicen en público. A mi juicio, es ahí donde existe un importante vacío en la legislación que estamos discutiendo, por el efecto imitativo de tales conductas.

Se argumenta que el artículo 373 del Código Penal lo establece. ¿Qué dice este artículo? "Los que de cualquier modo ofendiendo el pudor o las buenas costumbres con hechos de grave escándalo o trascendencia", etcétera. Es decir, para tipificarse en el artículo 373 -quienes son abogados lo saben- debe tratarse de hechos escandalosos y de grave trascendencia.

Por lo tanto, cabe preguntarse: ¿deseamos que estas conductas consideradas desviadas por la sociedad chilena -lo que no significa que las personas que incurran en ellas merezcan nuestro respeto y consideración- se realicen en plazas y lugares públicos con el consiguiente efecto imitativo de la gente joven?

A mi juicio –reitero-, ahí se produce un vacío. En su momento, se presentó una indicación en la Comisión para impedir que estas conductas que ahora estamos dispuestos a aceptar que se realicen en privado, el día de mañana se transformen en públicas.

Termino señalando que, a mi juicio, esta norma es incompleta, pues no aborda el problema de fondo que es el efecto imitativo de estas conductas, particularmente en los jóvenes. No se trata de sancionar a los homosexuales, sino el hecho de que ellas atenían contra el orden de la familia y el orden público.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, respecto de la prueba en los delitos sexuales en la actualidad resulta muy difícil aplicar una condena, dado que se exige una ponderación de ella conforme a la ley. Cada instrumento probatorio tiene una calificación que la propia ley señala y que el juez debe fundamentar en su sentencia.

Aquí se establece una regla mucho más flexible: la sana crítica, en virtud de la cual el juez, mediante reflexiones y conforme a las pruebas presentadas, va exponiendo en su fallo de qué manera llegó a la conclusión que le permite absolver o condenar, acoger o rechazar las atenuantes eximentes o agravantes que se acredita en el proceso. O sea, es una regla de tipo procesal probatorio.

He dicho.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, este numeral reemplaza, en el artículo 372, la expresión "por corrupción de menores en interés de terceros" por la frase "de los comprendidos en los artículos precedentes de este Título". Básicamente, es una norma de concordancia para hacerla aplicable a los distintos tipos de delitos sexuales que estamos contemplando.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, lo primero que quiero solicitar en relación con este artículo es que se divida la votación, de manera que se voten separadamente los incisos tercero y quinto, que se refieren en forma específica a la conmutación de las penas.

El artículo está mal concebido, porque incorpora materias procesales; medidas que se adoptan durante la sustanciación del juicio y con medidas penales.

En consecuencia, las primeras, que serían materia del Código de Procedimiento Civil, se están incorporando al Código Penal.

Todas las medidas procesales me parecen absolutamente procedentes. Al respecto, en el proyecto hay un progreso evidente con relación a la situación actual; pero no estoy de acuerdo con las medidas penales de conmutación de la pena, porque estamos incorporando una modificación sustancial que, a mi juicio, va por el camino incorrecto.

En primer lugar, hay una imperfección formal bastante seria, porque el inciso tercero establece que el juez podrá conmutar penas privativas de libertad por la asistencia del presunto agresor a programas educativos o terapéuticos.

Si hablamos de penas, lo hacemos respecto de una persona condenada. No es un presunto, puesto que, para condenar, el juez debe haber acreditado, por los medios de prueba legal, el juez debe haber acreditado, por los medios de prueba legal, la existencia del delito y la responsabilidad de quienes aparecen participando en su comisión. En consecuencia, no es un presunto, sino una persona que ha sido condenada. Primer aspecto formal.

Pero el aspecto formal se puede corregir. Lo grave es el de fondo, porque lo que se autoriza es la conmutación de la pena para una persona que ha sido condenada por estos delitos, cuya gravedad preocupa a la opinión pública y a nosotros. ¿Cuál es la actitud de los parlamentarios frente a todos estos hechos de violencia sexual que, con toda razón, tienen conmovida a la población? Decimos que el juez podrá conmutar las penas por asistencia a programas educativos o terapéuticos o por la realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad o para la municipalidad. Además, los trabajos que se realicen en beneficio de la comunidad tienen que ser con tales resguardos, que no alteren las tareas habituales de la persona condenada por estos delitos.

Entonces, temo que el día de mañana se haga mal uso de esta facultad y que, en lugar de un procedimiento excepcional que ciertas realidades pueden justificar o ameritar, pueda transformarse en la conducta habitual de los tribunales.

Este temor está fundado en la experiencia, porque también en la ley N° 18.216, que dispone medidas alternativas a las penas privativas de libertad, como la remisión condicional de la pena, la reclusión nocturna, la libertad vigilada, se establece como exigencia para que el condenado tenga acceso a estas medidas sustitutivas, que haya satisfecho la indemnización civil, y excepcionalmente el juez puede liberar de esta obligación a la persona sancionada.

Sin embargo, la práctica me indica que en ninguna oportunidad en una sentencia se ha otorgado alguno de estos beneficios alternativos y se ha exigido efectivamente la satisfacción de las indemnizaciones civiles. En consecuencia, esa norma, que es excepcional, se ha transformado en la regla general, y no quiero que esto ocurra frente a delitos tan graves como los delitos sexuales que estamos sancionando.

Concuerdo con que el proyecto no aumente las penas, pero no con su rebaja o con que abra la posibilidad de que ellas no se cumplan.

Por eso, pido, la votación separada, porque en esta materia votaré en contra.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, en la misma dirección de lo señalado por el Diputado señor Gajardo , reitero la petición de votar separadamente la disposición.

El proyecto se presentó precisamente porque el tema importa mucho a la sociedad y es muy grave la impunidad en que han quedado estos delitos. Pero, con este artículo virtualmente caen todas sus disposiciones, porque si los honorables parlamentarios leen con detenimiento el inciso a que hizo mención el Diputado señor Gajardo , concluirán la que el juez, en este tipo de delitos, podrá conmutar las penas privativas de libertad por la asistencia del presunto agresor -el culpable, porque vale lo que dijo el Diputado señor Gajardo - a programas educativos o terapéuticos bajo el control -fíjense bien- de la institución que estime más idónea o conveniente, o por la realización, a petición expresa del ofensor, de trabajos determinados en beneficio de la comunidad. Un violador pide trabajos determinados en beneficio de la comunidad, para la municipalidad o para las corporaciones municipales -entiéndanse las corporaciones educacionales- existentes en la comuna correspondiente a su domicilio; todavía los trabajos que él solicita graciosamente que se le concedan en estas instituciones deben ser análogos con la actividad, profesión u oficio del condenado o relacionadas con ellos, sin que estos trabajos alteren sus labores habituales.

Esto significa que un violador virtualmente puede terminar cumpliendo labores en un establecimiento educacional. Es más, si desempeñaba la función docente, para que no se altere su actividad, él pedirá al juez -así dice el artículo- ser llevado a otro establecimiento educacional. Con este artículo cae virtualmente todo lo que estamos buscando.

Reitero lo que señalé: una comuna completa de la Región Metropolitana está aterrorizada frente a personas que están cometiendo delitos gravísimos. Y la policía advertía a la población sobre las consecuencias y la prevenía para no dejarse amedrentar. Inclusive, entregaba instrucciones de cómo actuar frente a estos posibles sujetos prófugos, que han cometido una serie de delitos.

Con la aprobación de este inciso le estamos diciendo: "Señor, usted que ha sido condenado a una pena privativa de la libertad, escoja donde le sea más grato, más fácil y más cómodo."

¡No puede ser! Si bien es cierto que las cárceles son una escuela del delito, el deber del Estado, de la sociedad y de nosotros es mejorarlas y entregar las condiciones para rehabilitar a la gente. Pero como esa condición no está dada, no podemos permitir que las víctimas de un delito que causa una tragedia irreparable en una familia sean burladas, porque la niñita o el muchacho que fue violado estará viendo en la puerta del establecimiento municipal, de la corporación o del colegio a su violador, amparado por la ley. El propio juez le dijo: "Señor, vaya a pararse ahí". ¡Esto es una aberración! Nadie lo entiende.

Por eso, pido votación separada en este artículo, para dar la posibilidad de que la Cámara se manifieste ojalá en contra de su inciso tercero.

Si esto no se hace, el proyecto no tiene sentido, porque hoy todos estamos constatando que la gente clama al cielo que en definitiva este delito, que queda bastante impune aun con este proyecto, tenga alguna sanción; que si no es todo lo agraviante para el delincuente, al menos sea intimidante para que sientan que no es gratis cometer una fechoría de esta naturaleza.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra la Diputada señora Pollarolo .

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, este artículo es fundamental. Coincido en que estamos buscando cómo lograr que el violador o agresor deje de tener esa conducta. Tal como está formulado en el informe, no nos deja satisfechos, pero no basta con aumentar la penalización.

En general, hemos sido débiles para abordar las medidas destinadas a reparar a la víctima y a corregir en el agresor su patología, pues existe una causa psicopatológica.

El violador, especialmente el abusador de niños, padece un daño en su estructura psíquica, en su manera de vivir su sexualidad. En caso de no ser tratado, por más que lo metamos preso, seguirá siendo violador cuando quede en libertad.

El problema es que no abordamos con profundidad el hecho -estoy consciente de ello; en lo que a mí respecta, siento que hubo una falencia de mi parte- ni hemos asumido la gran preocupación que significa que en el 70 u 80 por ciento de los procesos los casos son sobreseídos. Lo más grave es que no llegan a término, con lo cual no se sabe quién es el culpable. Si nos limitamos a aumentar la penalización, no corregiremos el problema de origen.

Hay una indicación, la cual no acogí en su totalidad, que plantea que a petición del procesado, el juez dispondrá que concurra a un programa terapéutico. El problema es que este proceso es muy largo, y no sacamos nada con esperar que culmine el proceso para enviarlo a tratamiento. Lo más probable es que termine sin culpable.

En concreto, propongo que se vote en forma separada una indicación, que en su primera parte, después de considerar los programas terapéuticos para la víctima y el grupo familiar, contemple que a petición del procesado el juez dispondrá su concurrencia al mismo programa o a programas segregados, de manera que en el momento en que se inicie el proceso él, a voluntad, -con esto no se están violentando sus derechos- reconozca su enfermedad y se disponga a tratarse.

Si no logramos con el proyecto estimular al acusado a reconocer su enfermedad y ponerse en tratamiento, nos estamos engañando, pues para solucionar este tipo de conductas no basta con colocar elementos de penalización.

En la segunda parte, en las medidas, propongo que el juez tome en consideración especialmente la circunstancia y el interés del condenado de haberse sometido a los programas terapéuticos, porque a lo largo del proceso, si él ha reconocido y ha ido a tratamiento, es posible que esté curado. En ese caso incluso no sería necesario privarlo de su libertad.

Al legislar sobre esta materia, nuestra intención es solucionar las causas del problema y no limitarnos a quedarnos satisfechos con medidas de penalización que, en la práctica, no van a operar.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker .

El señor WALKER.-

Señor Presidente, efectivamente, se trata de una acción mixta; es decir, de aquellas que, iniciadas por acción privada, pueden continuar luego con la investigación judicial. Es básicamente una concordancia el incluir el delito de acoso sexual con el caso del estupro, actualmente establecido en el artículo 18, número 3, que dice: "No podrán ser ejercidas por el Ministerio Público ni por otra persona que no fuere la ofendida o su representante legal, las acciones que nacen de los delitos siguientes: "3.- El estupro, que puede también ser perseguido por los padres o abuelos de la persona ofendida aun cuando no la representen legalmente." Quedaría "el estupro y el acoso sexual".

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero plantear una cuestión formal.

La indicación formulada recae también en el inciso penúltimo del artículo 369 del Código Penal, cuyas reformas se plantearon en el artículo 1° del proyectó. La norma aludida señala: "En todo caso, se suspende el procedimiento o se remite la pena, casándose el ofensor con la ofendida".

En consecuencia, ésta también es una modificación al Código Penal.

En cuanto al fondo, es posible que con posterioridad a esta relación forzada, como es la violación, si la persona no tiene impedimentos, con el objeto de reconocer a los hijos, de legitimarlos, o incluso, como aquí se ha señalado casi en forma humorística, de continuar con el amor, pero ya en forma afectiva, tenga lugar el matrimonio. Esto naturalmente tiene que extinguir la pena, porque, de lo contrario, el marido estaría en la cárcel y la señora sería la víctima, llevándose adelante el procedimiento, incluso con indemnización de perjuicios civiles, lo cual contraría la naturaleza del vínculo matrimonial y de todo este esquema en que, en el fondo, existe una especie de reconciliación o de perdón de parte de la ofendida, que en el caso de una menor en situación de casarse, incluso cuenta con la autorización de la familia.

Por esa razón, votaré en contra de la indicación.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, precisamente tenía una duda a raíz de la argumentación del colega.

Entiendo que constituye la base esencial del matrimonio el que tenga que realizarse con el libre consentimiento de las partes, pero podría darse una situación bastante común en las menores de edad, quienes pueden ser presionadas por la familia si eventualmente hubiera un embarazo o alguna situación como consecuencia de una violación, en cuyo caso no estaríamos garantizando que el matrimonio se va a llevar a cabo sin presión, que a ese nivel es muy difícil probar. Por lo tanto, no es coherente dejar sin efecto la sanción sólo por el hecho del matrimonio, porque tratándose de una menor de edad no tenemos cómo probar que efectivamente fue de libre consentimiento.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Walker .

El señor WALKER.

Señor Presidente, justamente, eso confirma la necesidad de rechazar la indicación.

Por definición, el matrimonio requiere -como lo señala la ley- un consentimiento libre y espontáneo. Por lo tanto, si hubiere algún vicio, como presión indebida, fuerza, etcétera, que afecte ese consentimiento libre y espontáneo, el matrimonio sería nulo. En consecuencia, si ha habido un tipo de delito sexual y después agresor y agredido se casan, libre y espontáneamente porque ése es el consentimiento que se supone, es lógico que ese hecho elimine la sanción. Por lo tanto, repito, la indicación debe rechazarse.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en representación del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, quiero rendir homenaje a 119 jóvenes chilenos que hasta la fecha, después de 20 años, no se ha dado con su paradero. En efecto, al cumplirse 20 años desde que nuestro país se viera conmovido por las informaciones publicadas tanto en diarios nacionales como extranjeros, anunciando la muerte en Argentina de 119 jóvenes chilenos, queremos rendir nuestro más sincero y sentido homenaje a esos compatriotas y señalar, una vez más, que la verdad, por tarde que llegue, no se puede ocultar.

Tal como las fuerzas democráticas lo afirmaron desde el mismo día en que se dieron a conocer estas informaciones, hoy todos los chilenos sabemos qué éstas formaban parte de una operación montada por la Dirección Nacional de Inteligencia y destinada a intentar desviar la atención internacional sobre las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrían en nuestro país.

En esta operación de inteligencia podemos encontrar en toda su magnitud y extensión la lógica del terrorismo de Estado. En ella encontramos la colaboración de los organismos de seguridad chilenos y argentinos, la mentira institucionalizada y la utilización de todo el aparato del Estado para tratar de ocultar los graves crímenes cometidos.

En efecto, la denominada " Operación Colombo " se empezó a planificar a mediados de 1974, cuando la Dina lanzó una campaña de exterminio en contra del Mir y fueron detenidos la mayoría de aquellos que ahora se buscaba para hacerlos aparecer como muertos en enfrentamientos con el ejército argentino o debido a venganzas en distintas fracciones de dicha organización política.

Señor Presidente, nadie puede desconocer que alcanzar la reconciliación nacional tras hechos como éste, que dañaron con tanta profundidad la convivencia nacional, constituye un objetivo ansiado por todos los chilenos. Los socialistas afirmamos rotundamente que tal objetivo nacional, que compartimos plenamente y le asignamos la máxima importancia, implica reparar el daño causado por la violación a los derechos humanos, sanar efectivamente las heridas abiertas, permitiendo así un real reencuentro nacional.

Afirmamos categóricamente que el desafío de la reconciliación nacional que Chile ansia no puede imponerse por decreto. Por ello, rechazamos cualquier camino que ponga fin artificialmente a un tema, que dada sus complejidades, dimensiones y trascendencia, sólo puede superarse abordándolo auténticamente, sin apresuramientos, voluntarismos ni demagogia.

Ello no significa que nos mantengamos inactivos al respecto. Por el contrario, creemos imprescindible que los actores políticos deben hacer un aporte, y los socialistas queremos hacerlo señalando que el logro del ansiado objetivo de la reconciliación nacional nos exige, como sociedad, ser capaces de desarrollar un esfuerzo serio, profundo y responsable de reflexión nacional respecto de las masivas y graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en nuestro país, teniendo en vista sus complejas dimensiones derivadas de consideraciones éticas, psicosociales, jurídicas y culturales, así como sus causas y trascendencias requieren también de un adecuado análisis.

Creemos que todos quienes se acerquen de buena fe al conocimiento y comprensión real de lo que fue el doloroso y traumático fenómeno de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, contribuyen a ese objetivo que requiere de la complejísima naturaleza y de la importancia histórica que el tema exige y, por tal razón, ellos necesitan de la verdad y de la justicia para su superación positiva.

El país ha sido testigo de que en días recientes se han formulado una serie de propuestas sobre esta materia, desde una ley de punto final hasta una ley interpretativa.

Denunciamos que quienes sostienen tales propuestas políticas están conscientes de la inviabilidad política y práctica de cualquier esfuerzo legislativo voluntarista en esta delicada y compleja materia y, por tanto, su real objetivo es tratar de presionar e influir en los tribunales de justicia para que se aparten de la tendencia progresiva, pero sostenida, lograda, tras esfuerzos gigantescos de la sociedad y de los familiares de las víctimas, de interpretar el decreto ley de amnistía de una manera cada vez más acorde con el derecho internacional sobre las graves violaciones ocurridas en nuestro país. Tales sectores, bajo la invocación de una supuesta correcta interpretación de la ley de amnistía, pretenden imponer el cierre definitivo de todas las causas por violaciones a los derechos humanos, con lo cual desconocen que la separación forzada de personas constituye un delito permanente; desconocen también que en los casos de graves violaciones a los derechos humanos se trata de crímenes de lesa humanidad que son inamnistiables e imprescriptibles a la luz del derecho internacional contemporáneo.

Bajo la falsa invocación de una correcta interpretación del decreto ley de amnistía, tales personeros pretenden que no se investigue nada, que no se sepa nada. En consecuencia, le niegan al país la posibilidad de construir una común y Sana memoria histórica respecto de hechos tan graves y trascendentes de su pasado reciente.

Rechazamos que a través de esta maniobra demagógica y cruel se pretenda dejar sin respuesta y sin justicia a las víctimas de crímenes de lesa humanidad, cuyo esclarecimiento y sanción exige nuestra convivencia nacional para su sana, real y efectiva absolución.

Han pasado 20 años desde que ocurrieron estos lamentables hechos. Si bien hemos conocido gran parte de la verdad, no ha habido justicia ni tampoco hemos podido recuperar los restos de esos 119 jóvenes chilenos. Sin embargo, junto con señalar nuestra decisión, de los Diputados del Partido Socialista y del Partido por la Democracia, de no transar nunca la verdad ni la posibilidad de hacer justicia en los casos de graves violaciones a los derechos humanos, queremos señalar a los familiares de estos 119 jóvenes que no los olvidaremos y que siempre estarán presentes junto a nosotros.

De igual manera, que nunca dejaremos de señalar que eran hombres y mujeres que creían en un mundo y en una sociedad mejor y en un país más justo.

Finalmente, recordar hoy a estos 119 jóvenes en el Parlamento constituye un acto de justicia y de reparación.

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Ascensio .

El señor ASCENCIO (de pie).-

Señor Presidente, quiero adherirme al homenaje que hoy parlamentarios de la Concertación, especialmente en nombre de la bancada de la Democracia Cristiana, hacemos a los 119 jóvenes detenidos desaparecidos por razones políticas que, luego de haber sido secuestrados y hechos desaparecer por los servicios de seguridad del gobierno de Augusto Pinochet, fueron además utilizados para intentar una de las tantas campañas de desinformación y ocultamiento de la verdad que conocemos.

En julio recién pasado se cumplieron 20 años desde el día en que sus nombres fueron publicados en periódicos extranjeros como muertos en el exterior. Esta operación, que comprometió para siempre el destino de más de un centenar de chilenos, que comprometió la responsabilidad del gobierno de la época y de su servicio de seguridad, la Dina, nunca fue aclarada.

Este montaje, también llamado " Operación Colombo ", fue la más elaborada de las campañas de desinformación encaminada a convencer a la opinión pública de que los detenidos desaparecidos se habían matado entre ellos en Argentina y en otros lugares.

Esta misma maniobra de desinformación culminó, en julio de 1975, con la publicación, por parte de la Dina, de dos listas de detenidos desaparecidos chilenos que sumaban 119 nombres, especialmente creada o reactivada para este efecto, que informaba sobre la muerte en el extranjero de todas esas personas. Dicha situación se habría producido en rencillas intestinas de la izquierda, en el contexto de la violencia política que se vivía en algunos países de América Latina.

La prensa chilena reprodujo rápidamente la noticia con caracteres escandalosos y con ello se dio inicio a una campaña de desprestigio de las denuncias de desapariciones, produciendo un efecto de confusión en la opinión pública y de humillación en los familiares de las víctimas.

El Mercurio decía: "Extremistas chilenos se matan entre ellos". La Segunda agregaba: "Exterminan como ratas a miristas". El Mercurio seguía: "Ejecutados por sus propios camaradas. Identificados 60 miristas asesinados. Se les reclamaba como desaparecidos. Miristas muertos en Argentina eran buscados en Chile". Las Últimas Noticias añadía: "En práctica nuevo plan extremista. Sangrienta vendetta interna hay en el Mir".

Pero, inmediatamente, la gran mentira se derrumbó. Los antecedentes demostraban, inequívocamente, que en favor de todas las personas que figuraban en estas listas, habían sido presentados recursos de amparo ante los tribunales de justicia, los que, lamentablemente, nunca fueron acogidos. Incluso más, el Comité Pro Paz había solicitado la designación de un ministro en visita, petición que fue desechada, como tantas otras, por la Corte de Apelaciones de Santiago y por la Corte Suprema.

Pero, poco a poco, comenzaron a descubrirse antecedentes de esta gran "operación mentira". Las autoridades de la época tuvieron que reaccionar. El Ministro del Interior de esos años admitió, el 4 de agosto de 1975, que había ordenado a la Policía Civil una investigación para determinar el origen de la lista de cerca de un centenar de chilenos, , presuntivamente de filiación mirista, que habrían muerto en enfrentamientos armados.

El 20 de agosto de 1975, el propio General Pinochet anunció que había ordenado una investigación respecto de las noticias del exterior sobre la muerte de los 119 chilenos. Nunca se realizaron estas investigaciones o, por lo menos, el país nunca supo de sus resultados.

Hoy debemos insistir en que resulta inaceptable que, después de 20 años, aún no se haya esclarecido en el país la suerte de estos chilenos y que la justicia no haya investigado y perseguido las responsabilidades por estos hechos. Hoy, cuando los tribunales comienzan a condenar a los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos, rápidamente se levantan voces para intentar detener su accionar.

Existen sectores qué quieren darle mayor seguridad a la impunidad que consiguieron autoamnistiándose. Dicen que con olvido se producirá la reconciliación. Nada más ajeno a la realidad. La ley de amnistía no logró el olvido, y nunca logrará el perdón. Podrán dictarse más leyes para autoabsolverse y evitar responder ante la ley y los tribunales por los crímenes cometidos; pero así jamás se logrará la reconciliación. Por decreto no se puede provocar el perdón, ni la reconciliación, ni el olvido.

Las exigencias de verdad y justicia renacerán siempre, a cada momento, y sólo cuando ellas queden plenamente satisfechas estaremos en condiciones de iniciar el camino de la reconciliación.

Quiero terminar este pequeño homenaje a estos chilenos detenidos desaparecidos y a sus familiares, algunos de los cuales, se encuentran en las tribunas, repitiendo las preguntas que la revista "Mensaje" hacía en agosto de 1975 y cuyas respuestas se buscarán permanentemente: ¿Dónde están estos 119 chilenos? Si están muertos, ¿dónde están sus cuerpos? ¿Pueden todos estos familiares haber jurado en falso?

He dicho.

Aplausos.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Esos han sido los discursos pronunciados para el homenaje.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, los números 3, 5 y 9 corresponden a modificaciones de concordancia. Por lo tanto, no hay nada más que agregar.

Los números 4, 6, 7 y 8 son muy sencillos pero muy importantes, porqué inciden directamente en dos cosas que pretendemos lograr. En primer término, evitar que la gente se inhiba de denunciar los delitos sexuales, especialmente los de violación. Hemos visto que sólo el 15 por ciento de ellos es denunciado, y de éstos, sólo el 1,5 por ciento recibe una condena. En segundo lugar, facilitar al juez la investigación para que sea eficaz. Es decir, por un lado, que las víctimas hagan la denuncia y, por otro, que los jueces investiguen y sancionen. En eso inciden fundamentalmente estos cuatro números.

El número 4 agrega un artículo 66 bis, que garantiza en todo proceso criminal por estos delitos la más absoluta privacidad y la más estricta reserva respecto de los antecedentes del proceso.

El número 6 agrega un artículo 145 bis. Mucha gente que es víctima de un delito sexual, especialmente de violación, sólo se atreve a hacer la denuncia mucho tiempo después de la agresión. ¿Y qué ocurre? Que ha desaparecido toda huella, no hay rastro ni forma de probar el delito. Dicho artículo establece algo muy sencillo: que los encargados de los establecimientos de salud deberán ordenar qué se practiquen reconocimientos, exámenes y otras pruebas para constatar las secuelas y los daños provocados por este tipo de delito, debiendo guardarse durante cinco años los exámenes, de manera que si la víctima decide denunciar el delito tres años después, exista una prueba reconstituida que contribuya a la investigación.

El número 7 agrega un inciso final, nuevo, al artículo 351. Mucha gente no se atreve a denunciar el delito, porque en el careo se verá enfrentada al victimario. Esta disposición es muy importante, porque evita un trámite que resulta traumatizante para la víctima y que puede ocasionarle graves trastornos o sufrimiento moral.

Por último con esto termino, y después de las intervenciones que se efectúen podríamos votar rápidamente, el número 8 agrega un artículo 355 bis, nuevo, que es muy sencillo pero fundamental.

Hemos visto que el 70 por ciento de los delitos de violación tienen lugar dentro del hogar. Pero, ¿qué ocurre? Los parientes no son testigos hábiles en nuestro procedimiento penal. Por lo tanto, las personas que tienen mayor conocimiento de los hechos no pueden declarar. El artículo 355 bis que se agrega establece que respecto de estos delitos, no regirá la inhabilidad de los testigos.

Creo que con estas explicaciones he aclarado los aspectos fundamentales de los números 4,5, 7 y 8, y ojalá que ello nos facilite su votación y despacho.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, gracias por su información tan exacta. Por lo demás, así me lo había explicado el Diputado señor Galilea .

Antes de referirme a estos números, quiero mencionar un tema que no pude exponer cuando presidía el Diputado señor Viera-Gallo , que no me permitió hacerlo porque reglamentariamente no procedía.

En el proyecto que analizamos se ha producido una rebaja -a mi juicio, extraordinariamente grave- de la pena del delito de violación. Acabo de consultar el tema con varios abogados penalistas.

Nosotros derogamos el artículo 372 bis del Código Penal, que dispone: "El que con motivo u ocasión del delito de violación o de sodomía causare, además, la muerte del ofendido, será castigado con la pena de presidio perpetuo a muerte".

Es decir, se aplicaba la pena de presidio perpetuo a muerte a la persona que cometía delito de violación y como consecuencia de él ocasionaba además la muerte de la víctima, delito reprobable y repudiable por el juicio que tiene de él la sociedad.

Pues bien, dicho artículo fue derogado en este trámite. Por lo tanto, no existe más la pena de presidio perpetuo a muerte por ese delito. ¿Qué norma se aplica entonces? Los artículos 75 o 74 del Código Penal.

El artículo 75 establece lo que se denomina "concurso ideal". Significa que cuando un hecho constituye dos o más delitos o cuando uno de ellos es el medio necesario para cometer el otro, se aplica la pena más grave al delito más grave. Entre el homicidio simple y el delito de violación, se aplica la pena más grave, que es aproximadamente de 15 años de cárcel. Ésa es una rebaja objetiva de la pena al delito de violación con resultado de muerte. Acabo de consultarlo detalladamente con abogados penalistas, con abogados del estudio de don Luis Ortiz y he chequeado esta información. Puede que estén equivocados.

Ahora, ¿qué ocurre? Puede que no se aplique el artículo 75, sino el 74. Si se aplica este último, se suman las penas. Si se suman las penas, de igual forma estamos haciendo dos cosas: primero, ya no se aplica presidio perpetuo, porque la suma de las penas no da presidio perpetuo, y segundo, tampoco tiene pena de muerte. En consecuencia, estamos rebajando la pena.

Hemos tenido esta discusión en innumerables oportunidades en la Cámara. Más allá de que se aplique o no la pena de muerte en Chile se ha aplicado en contadísimas ocasiones, la señal que damos a la opinión pública las penas cumplen un efecto disuasivo es que hoy la legislación chilena dice que si una persona mata a otra como consecuencia de una violación, sólo tiene como sanción dos alternativas: pena de muerte o presidio perpetuo. Por lo tanto, la señal que en este momento le estamos enviando al país al derogar el artículo 372 bis, es que no habrá más ni pena de muerte ni presidio perpetuo para quien viole a una niña o a un niño y, además, lo mate. La pena será la del delito más grave -teoría en la cual se aplicaría el artículo 75-, o bien la del artículo 74, que dispone que se suman las penas de los dos delitos, las cuales se suman -quiero advertirlo- una vez consideradas todas las atenuantes y aplicadas todas las normas.

Los abogados con quienes acabo de hablar me dijeron que se aplica la pena del artículo 74; es decir, la suma de las, penas, la que en ningún caso van a llegar a presidio perpetuo o a pena de muerte.

Entonces, en un proyecto cuya finalidad -valoro, aplaudo y felicito muchas de sus disposiciones- es facilitar las denuncias, terminar el careo, que es una ridiculez que provoca una verdadera doble violación: la material y luego, la de enfrentarse con el violador para contarle en detalle cómo ocurrió, norma aberrante y que es aplicada en forma aberrante estoy de acuerdo en terminar con el careo, porque el trámite no es necesario para este tipo de delitos; mantener en secreto la identidad de las personas, para evitar que la víctima tenga que aparecer como ocurre muchas veces en los juiciosa la entrada del tribunal, a la espera de que se les llame en voz alta: " Fulana de Tal , por el delito de violación", y la niña violada pasa delante de 30, 40 o 50 personas, con todo el vejamen que esto puede significar; todas estas normas procesales, que me parecen importantes y que ayudan, de las cuales todos somos partícipes, se contraponen a algo que en la Cámara, a lo menos los partidos de Oposición, hemos insistido hasta la saciedad durante los últimos cinco años: Cada vez que la Corporación, por angas o por mangas, ha establecido la disminución de una pena, se produce el aumento de los delitos.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Señor Diputado, le ruego redondear su idea, porque terminó su tiempo.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, considero que se trata de un lamentable error que espero que se pueda remediar. No estoy imputando responsabilidades personales a nadie. Admito que no estuve presente en la Comisión el día en que se trató el artículo 372 bis, pero confío en que se reponga en el Senado.

Las normas en relación con los temas de procedimiento me parecen correctas, porque, en el fondo, facilitan la denuncia de este tipo de delitos. Pero debo dejar constancia de mi absoluta oposición a la rebaja dé la pena del delito de violación con resultado de muerte, que, en el hecho, se produce a través de la derogación del artículo 372 bis.

He dicho.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, lo que ha planteado el Diputado señor Espina es legítimo; es decir, es una discusión absolutamente válida. Pero, como Diputado informante del proyecto y en forma responsable, quiero decir dos cosas.

En primer lugar, reglamentariamente -y eso ni siquiera lo ha impugnado el Diputado Espina-, esa norma debe darse por aprobada, porque no fue objeto de indicaciones.

En segundo lugar, ese tema lo discutimos ampliamente en la Comisión, y la unanimidad de sus miembros decidimos rechazarlo después de escuchar el informe de la penalista señora Clara Szczranski , quien fue muy concluyente al señalar que esta norma es absolutamente innecesaria, que cayó en desuso y que, efectivamente, el artículo que se aplicaría es el 74, como dijo el Diputado señor Espina.

Lamento decirlo, pero como él es miembro de la Comisión de Constitución y aunque su inquietud es legítima, este artículo se discutió ampliamente y hasta el cansancio; no fue objeto de indicaciones para reponerlo en uno u otro sentido y su derogación se aprobó en forma unánime, con argumentos muy sólidos.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Sergio Elgueta .

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, de acuerdo con el orden normal del debate, pensaba referirme a las modificaciones al Código de Procedimiento Penal en esta materia, pero quiero hacer algunas observaciones y alcances a lo dicho por el Diputado señor Espina.

En primer lugar, el artículo 372 bis fue introducido en una época en que se aumentaron drásticamente las sanciones en el campo penal La cita al pie de página del Código Penal dice que el artículo 372 bis fue agregado mediante el N° 5 del artículo único del decreto ley N° 2.967, de 11 de diciembre de 1979.

Si mal no recuerdo, esta agravación de pena y la configuración de un delito especial fueron motivadas por un delito que se cometió en época precedente a su dictación. En consecuencia, existe un entorno dentro del cual se dictó el decreto ley, y como debe recordar la Cámara, aquí hubo un debate sobre la eliminación de la pena de muerte para aplicar las penas normales que existen en un régimen democrático.

En segundo lugar, el artículo 372 bis señala que el que, con ocasión de sodomía, produce la muerte del ofendido -es uno de los casos que se coloca- la pena será de presidio perpetuo a muerte. Hoy, ante una categoría distinta del delito de sodomía, esta disposición pierde importancia, por lo menos en lo que se refiere a dicho delito.

En tercer lugar, nos enfrentamos a una falta de técnica en el orden penal, porque estos hechos no se dan necesariamente uno en relación del otro o uno como medio para cometer el otro.

En consecuencia, la Comisión apreció claramente que, desde el punto de vista técnico, nos encontramos en presencia de dos delitos distintos, de dos conductas diferentes, penadas en títulos, párrafos y en situaciones distintas. De allí entonces que el artículo 74 del Código Penal, que establece el concurso material de delito, dice que el culpable de dos o más delitos se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones.

De acuerdo con lo propuesto en el proyecto, si consideramos la penalidad de la violación sin las agravantes de que las víctimas sean menores, del parentesco ni de las enfermedades de tipo sexual que puedan causar la muerte, se podría llegar a una peña de 18 años. Naturalmente, habrá atenuantes que invocar, pero, en el hecho, técnicamente, nos encontramos en presencia del concurso material de dos delitos distintos y no en la situación del artículo 75, cuando un solo hecho constituye dos o más delitos o cuando uno de ellos es el medio necesario para cometer el otro. Incluso, si nos encontráramos en esa situación, habría qué imponer la pena mayor asignada al delito más grave.

El señor GALILEA.-

¿Cuál?

El señor ELGÜETA .-

La que corresponde al homicidio simple. No estoy hablando del homicidio calificado o del parricidio, que muchas veces entran en concurso también con el delito de violación o de sodomía.

El Señor GALILEA .-

¿Cuál es la pena?

El señor ELGUETA.-

Dieciocho años, con el concurso material de ambos delitos.

El señor GALILEA.-

¿En qué casos?

El señor ELGUETA.-

Las situaciones pueden ser muy diferentes. También se puede llegar a presidio perpetuo o a la pena de muerte, en caso de parricidio o de homicidio calificado o frente a una violación con todas las agravantes propias de ese delito.

Por último, quiero recordar en esta materia un sabio consejo del Quijote a Sancho, cuando le dice: "Nunca hagas pragmáticas muy duras y drásticas, porque el gobernador o el príncipe corren el peligro de que éstas nunca se apliquen y podría ocurrir; al igual que a las ranas que creyeron que él tronco que flotaba era el rey, pero terminaron subiéndose a él, defecaban en él, descansaban, tomaban el sol y, en definitiva, terminaron no respetándolo". Esto puede suceder con las penas drásticas.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, corroborando lo señalado por la señora Ministra, quiero manifestar que este artículo es muy importante y su objeto es que los hechores no puedan burlar la ley, porque muchas veces, después de la violación, rio quedan huellas ni rastros. Entonces, en el primer examen que se hace a la víctima se deben practicar reconocimientos, exámenes médicos y pruebas biológicas y psicológicas para constatar las huellas y manifestaciones de la relación sexual y sus circunstancias, así como las lesiones causadas, de manera que la ley después sea eficaz para sancionar al hechor.

En los incisos siguientes se establece el tratamiento que se da al acta que se levanta de este examen.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, por una cuestión reglamentaria, denantes me hizo presente que, de conformidad con los acuerdos de Comités, no nos podría dar la palabra. Por ello, agradezco su deferencia.

Ahora, quiero referirme al punto anterior, pues me parece de la mayor importancia lo planteado por el Diputado señor Espina, en cuanto a la correspondencia de estas normas precisamente para darle un tratamiento específico a las víctimas de estos delitos. Por ello, solicito que Su Señoría recabe el asentimiento unánime de la Sala con el objeto de que el artículo 372 bis pueda ser visto nuevamente.

No está dentro de lo reglamentario, pero si la intención respecto de este delito es llevarlo a la dimensión que verdaderamente corresponde en cuanto a su penalidad, para dar una señal clara a la sociedad, rebajarle la pena significa, precisamente un contrasentido en todo el proyecto. Desde luego, nos alegramos de que haya caído aquella disposición que establecía que a los violadores se les podía conmutar la pena, porque ése fue el espíritu y el contexto en que el Ejecutivo envió el proyecto. Hay que decirlo claramente.

Hace mucho tiempo que se viene legislando en el sentido de rebajar las penas de los delitos. Lo vimos respecto de las conductas terroristas y, en general, en una cantidad de disposiciones que se han aprobado. Y la tendencia que va surgiendo, del derecho moderno o de la tendencia sociológica contemporánea, es: ir rebajando penas. En la medida en que se rebajan penas, aumentan los delitos; aumenta la delincuencia. ¿Por qué? Porqué el delincuente siente que hay todo un ambiente que rodea la comisión de estos delitos, que más que pro víctima es pro reo. Como abogado entiendo el principio pro reo y claramente sé que en la legislación está ese concepto. Pero hemos extremado cada vez más las señales que salen del Parlamento, al punto que en delitos tan graves como éstos se rebaja la pena, lo que es una señal definitivamente mala.

En todos los hogares que han vivido esta dramática realidad se quedan con un gran signo de interrogación. Por un lado, rebaja de pena, al punto que estuvimos en la mañana -si no se advierte en este informe y en el otro, como lo veníamos diciendo-, que la conmutación de las penas pudo haber sido algo que acompañara a este proyecto. Es decir, el delincuente no sólo no iba a estar en la cárcel, sino que se burlaría de la víctima al cumplir la pena en una municipalidad o en un colegio, donde el juez la iba a conmutar.

¡Demos una señal clara! No nos quedemos en una cuestión de técnica jurídica o reglamentaria. Analicemos de nuevo el artículo 372 bis.

A la Sala se le presenta el informe de una Comisión, pero la Sala debe tener una opinión. Mientras se leyó el informe nadie se percató de que en el artículo 372 bis había una conmutación de penas. Se advirtió en la mañana. De lo contrario la Sala lo habría dejado pasar, porque no todos son penalistas ni están compenetrados del detalle del articulado.

En consecuencia, señor Presidente, si lo tiene a bien, proponga revisar este concepto, porque no puede darse la señal de que se rebajan penas en delitos como la violación, el estupro, el incesto, delitos gravísimos que ofenden a sus víctimas y a sus familias.

Si hubiera acuerdo, solicito que se proceda de esa manera.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, el punto en debate concuerda con lo que hemos aprobado respecto dé la despenalización de la sodomía.

También quiero referirme a lo señalado por el Diputado señor Bombal , por un solo aspecto. El da la impresión a quien oiga o vea esta señal televisiva, de que en realidad aquí hay una relajación del Parlamento para ir rebajando penas en delitos que son muy graves. Y quiero decirle que no es así. Hemos establecido una sanción muy drástica al delito de violación. Una persona por este delito puede ir a la cárcel hasta por 15 años. Es una sanción bastante grave.

Las penas no son arbitrarias, sino que hay una gradación según la gravedad del delito. Tampoco podríamos, por un celo represivo, establecer una jerarquía distinta de penas, según sea la importancia del bien que Se está protegiendo.

En este sentido, el proyecto no cae en el vicio señalado por el Diputado señor Bombal . Aquí no hay señal equívoca, sino una condena clara al delito de violación, una defensa de la intimidad de las personas y no hay ninguna posibilidad de que quienes cometen estos delitos, todos muy graves, puedan escapar de una sanción penal drástica. Tan es así que facilitamos la denuncia del delito, manteniendo en secreto la identidad del denunciante; decimos que la tramitación del procesó quedará en secreto; facilitamos las pruebas y permitimos que los testigos, incluso los que tengan parentesco, puedan declarar. Entonces, no se advierte de dónde el Diputado señor Bombal saca que tenemos una actitud, como quien dice permisiva, frente a los delitos sexuales. Muy por el contrario.

Lo que si es verdad es que todos estamos muy conscientes de que el actual sistema carcelario en Chile no cumple la función para la cual está establecido: la rehabilitación del delincuente. Porque desde la época de Beccaría -mencionado en la mañana por el Diputado señor Arancibia - en adelante, cuando se humanizó el Derecho Penal, la función de la pena no es el castigo, en el sentido del sufrimiento del delincuente, sino su rehabilitación. Además, tiene el efecto de impedir o de disuadir que otros cometan el delito.

De las palabras del señor Bombal -siento contradecirlo en esta materia- queda la impresión de que las bancadas de la Concertación tienen en la Cámara una actitud complaciente o de alguna tolerancia frente a delitos que son extremadamente graves.

He dicho.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, estamos tocando un punto qué me parece relevante y, más allá de los argumentos señalados por el Diputado señor Walker , válidos a mi juicio, no creo que en la tramitación del proyecto exista la intención ni la finalidad de disminuir penas, pero en la práctica se está produciendo ese hecho.

Quiero plantear muy lealmente en la Sala que, tal como lo señalé -no fue necesario que él me lo recordara- a esa sesión no tuve oportunidad de asistir. El Diputado señor Walker sabe que asisto regular y habitualmente a todas las sesiones de la Comisión de Constitución.

¿Cuál es el efecto que se está produciendo en la práctica? Quiero plantear el punto, porque me preocupa cierta tendencia de los parlamentarios a evitar que estos temas se debatan y se voten en la Sala. ¡Habrá una mayoría y una minoría, pero se produce la votación! Sin embargo, en la mañana ni siquiera se permitió rever esta indicación para votarla y, nada más ajeno al espíritu de un Parlamento democrático es que si alguien quiere plantear y discutir un tema no lo pueda votar.

Sostengo que, en él hecho, se está produciendo una rebaja de pena importante al delito de violación con resultado de muerte y lo voy a probar a continuación.

El artículo 372 bis, vigente, del Código Penal, señala: "El que con motivo u ocasión de violación -voy a dejar de lado la sodomía, porque es un delito distinto- causare, además, la muerte del ofendido..." Es decir, en la actualidad, el violador que realiza su acción delictual sobre una mujer o un joven y además lo mata, es castigado con la pena de presidio perpetuo a muerte.

Cabe precisar que para que en Chile se aplique la pena de muerte no tiene que existir ninguna atenuante y haber unanimidad en los jueces que aplican la condena; de manera que es muy difícil aplicarla, pero el cobarde que viola a una persona y la mata, tendría presidio perpetuo. Es lo que establece la actual legislación penal chilena.

¿Qué hemos hecho? Derogamos este artículo y, al hacerlo, se aplica uno de los dos siguientes artículos: el 74 o el 75 del Código Penal, que es un tema de interpretación.

El artículo 74 establece que se suman las penas de los delitos, porque se van a considerar delitos separados; o sea, que la violación fue un delito y que la muerte, el asesinato fue otro delito.

Si sumamos las penas de ambos y suponemos que no hay atenuantes y que el juez le aplica la pena máxima en ambos casos, la pena máxima a la que esta persona puede ser condenada es a 25 años. Esto si se suman las penas y se llegar a aceptar la teoría de que se trata de dos delitos separados, aun cuando sostengo que se trata de un hecho del cual derivan dos delitos: el hecho de la violación, del cual se deriva el homicidio.

Pero supongamos que se aplica la tesis del artículo 74, que son dos hechos separados. O sea, la violó, dejó pasar 20 minutos y mató a la persona después. Dos hechos distintos. En ese caso, a ese homicida se le aplican 25 años de cárcel; ¿Por qué? Porque el homicidio simple tiene como pena máxima 10 años, y la violación 15 años. Veinticinco años sería él máximo de penalidad que podría tener si se aplicara esa tesis.

Pero también puede ocurrir que los jueces no apliquen la tesis del artículo 74, sino la del 75, que dice: "La disposición del artículo anterior no es aplicable en el caso de que un solo hecho -a mi juicio, el solo hecho de la violación- constituya dos o más delitos la violación y el homicidio, o cuando uno de ellos sea el medio necesario para cometer el otro."

Sostengo que va a haber muchos casos en que el medio necesario para cometer el delito de violación va a ser agredir a la mujer o al joven, y en ese acto de agresión lo va a matar. Por lo tanto, el homicidio va a ser un medio para haber consumado el delito de violación.

¿Qué pena se aplica en ese caso? La del delito más grave; es decir, 15 años.

Entonces, de una pena de muerte y presidio perpetuo que impone la legislación actual al violador con resultado de muerte, ahora, en un caso tesis qué sostengo, la máxima pena será de 15 años y, en el otro, 15 años, todo ello en el supuesto que no hay atenuantes.

Todos los que alguna vez hemos tramitado en los tribunales sabemos que en Chile para configurar una atenuante basta con depositar tres veces en los tribunales diez mil pesos para decir que se quiso reparar el daño causado. Por lo tanto, se van a configurar atenuantes y, en tal caso, ya no se podrá aplicar el grado máximo.

Entonces, el violador va a terminar cumpliendo una pena de cuatro o cinco años, similar a la que se aplica a una persona que causa un accidente del tránsito con lesiones graves. Me parece una desproporción absoluta. Por lo tanto, considero innecesario derogar esta norma.

Cuando discutimos la derogación de la pena de muerte, la mantuvimos para este delito. La discusión duró meses. Lo mantuvimos con pena de muerte, porque estimamos que en un delito de esta brutalidad no se podía dar una señal equivocada. No veo por qué, después de tres años, en circunstancias de que en aquella oportunidad estimamos que éste era uno de los poquísimos delitos en Chile que se mantenía con pena de muerte y presidio perpetuo, hoy, cuando estos delitos han aumentado, que hay una reacción de la sociedad, en virtud de este proyecto, para perfeccionar su legislación, como contrapartida vamos a rebajar la pena. No le encuentro ninguna lógica ni sentido práctico. No veo que ayude a que se denuncien más las violaciones o a que haya menos violaciones.

¿Qué señal va a sentir el violador cuando sepa que de presidio perpetuo o pena de muerte el Parlamento ha decidido aplicarle como máximo 15 o 25 años de cárcel, sin considerar las atenuantes? ¿Cómo se va a sentir? ¿Va a sentir que es Un estímulo lo que está recibiendo? ¿Va a sentir que es una mayor sanción de la sociedad? ¿G va a sentir que la sociedad está siendo -y en este caso nosotros- involuntariamente más permisiva?

Entonces, pido que ese artículo pueda votarse de nuevo, aunque sé que basta la oposición de un señor parlamentario para que no se vote. Se podrá reponer en el Senado; pero no tener un debate sobre si queremos rebajar la pena a ese delito, no me parece que sea lo correcto. Por lo menos, nunca me he opuesto a que cuando un parlamentario quiera discutir un tema en Comisión. Con la mejor intención y sin ningún propósito, se derogó por distintas razones -no estoy calificando intenciones, porque no creo que nadie en esta Cámara, en su sano juicio, quiera rebajar intencionalmente la pena- pero si ese hecho ocurrió, me parece correcto que, a lo menos, el tema se pueda debatir y votar. Ahora, después de votado, cada uno asumirá su responsabilidad política frente al hecho de rebajar la pena en un delito de esta naturaleza.

Reitero el planteamiento del Diputado señor Bombal , en el sentido de insistir nuevamente en una indicación que reponga el artículo 372 bis.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, deseo consultar al Diputado informante si la supresión de la expresión "o sodomía" del artículo 6° producirá inconcordancia o incidirá respecto de la libertad condicional de menores de 18 años que incurran en ese de, lito. No recuerdo bien si la materia se analizó en profundidad en la Comisión. En la mañana se explicó claramente que la sodomía no se ha despenalizado respecto de los menores de 18 años.

Por su intermedio, señor Presidente, solicito que el Diputado informante me aclare si hubo concordancia en la supresión de la expresión "o sodomía" del inciso segundo del artículo 3° del decreto ley N° 321.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, como muy bien recordará el señor Diputado, la Comisión eliminó, después de una larga discusión, la expresión "sodomía", por considerarla equívoca en cuanto a su significado, lo cual no quiere decir que no haya una referencia al artículo a que se refiere; sólo que en ese artículo no se usa la expresión "sodomía". Se suprimió, pero hubo plena concordancia al respecto.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, en relación con lo que señalaba el Diputado señor Viera-Gallo , no es que yo quiera dejar la sensación de que el Gobierno o la Concertación está rebajando las penas. Estoy constatando un hecho real. Esta materia implicaba una rebaja de las penas a tal pun, to que incluso en la mañana estuvimos dispuestos a conmutarlas. Si no es rebaja de pena que ahora un violador, que después de haber sido condenado casi a muerte o a presidio perpetuo, según la legislación anterior, le pida al juez que lo mande a barrer a una municipalidad o a hacer clases a un colegio, si es que ha sido maestro, para cumplir su pena en esos lugares, si no es rebaja de pena, ¿qué es?

Por algo derogamos la conmutación en la mañana.

He dicho.

El señor WALKER.-

Señor Presidente, seré muy breve.

En primer lugar, la norma del artículo 6° es de mera concordancia.

En segundo lugar, debo decir que en toda la tramitación del proyecto sobre violación y delitos sexuales, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia contó con la presencia permanente de los Diputados señores Espina y Bombal . Por lo tanto, aquí no hay misterios ni sorpresas de última hora. Ha sido un debate de muchos meses.

Hemos tenido, como Comisión, una opción -que creo ha sido compartida en forma unánime- sobre la base de comprobar que el diagnóstico que hicimos al inicio de la discusión de esta iniciativa fue concluyente en señalar que, a pesar de que las penas por delitos sexuales y de violación son elevadas, en la práctica han sido absolutamente ineficaces. Reitero una cifra que hemos dado, pero que, al parecer no ha sido bien recogida por la Oposición. De un total de 22 mil casos de violación que existen al año, según el estudio más serio y reciente sobre la materia que el Diputado señor Bombal conoce por ser miembro de la Comisión de Constitución, sólo el 15 por ciento se denuncia, y de éste, sólo el 1,5 por ciento recibe una condena. ¿Cuál ha sido nuestra conclusión? Que a pesar de que la violación tiene penas equivalentes al homicidio simple y en esto habría que velar por la jerarquía de los bienes jurídicos protegidos, su aplicación ha sido absolutamente ineficaz.

Además, no hemos rebajado ni una sola pena en toda la discusión, salvo el caso de la sodomía en que, por las razones que hemos dado, sólo se modificó la tipificación del delito, y la votación de esta mañana fue concluyente al respecto.

El caso del artículo 372 bis que hemos derogado y al cual se refiere el Diputado señor Espina, es distinto. No se refiere a sumar o a bajar penas, sino a la forma de contabilizarlas, cual es el tema del concurso de los delitos. En ese sentido, desde el momento en que derogamos dicho artículo y no ha habido indicaciones para reponer su discusión, rigen las reglas generales del artículo 74 del Código Penal, como lo ha recordado el Diputado señor Espina. Pero quiero corregirlo en el sentido de que la pena que contempla el homicidio simple lo más probable es que exista esa situación, no es de diez años sino de quince. Ahora, sí sumamos la pena de homicidio simple que establece el artículo 391, de quince años, con el de violación que contempla el 361, estaremos hablando de treinta años de presidio en su forma simple, sin las agravantes, por ejemplo, del homicidio calificado y sin las que hemos sumado a lo que existía, por ejemplo, el parentesco que antes no era circunstancia agravante. Por lo tanto, mal se puede decir que aquí ha habido algún intento por rebajar las penas. No se ha rebajado ninguna. Al contrario, hemos creado nuevas tipificaciones de delitos como el de acoso sexual, que no existía. En otra oportunidad me gustaría conocer la opinión del Diputado señor Espina sobre esta materia. Mal puede decirse, entonces, que aquí hay una suerte de liberalización puesto, que hemos rebajado las penas. Al contrario, hemos perfeccionado los tipos, mantenido muchas penas, creado nuevos delitos, añadido circunstancias agravantes. Más bien hemos optado por un cambio en los procedimientos, porque desde el principio hemos concluido, por unanimidad, en que, en la actualidad, el aspecto procesal de la denuncia y la investigación del delito contribuyen a que, en la práctica, las penas sean absolutamente ineficaces.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, observaré lo que afirmó el Diputado señor Espina de que no puede darse el concurso ideal de muerte y violación, porque es imposible violar a un cadáver -para explicarlo en forma gráfica- pero sí puede haber violación seguida de muerte. En ese caso, hay un concurso material del artículo 74 y, por consiguiente, se aplica la penalidad sumada que ha señalado el Diputado señor Walker .

En segundo lugar, me referiré a lo señalado por el Diputado señor Bombal .

Él nos hace aparecer cómo permisivos, como que poco menos vamos a derogar el Código Penal. Pero, quiero recordarle que, generalmente, existen dos clases de violaciones muy graves cuando se habla al respecto. Los Diputados de Oposición reclaman desde sus bancos porque se condena, por ejemplo, a un violador de la vida humana a siete años; en cambio, no reclaman y piden que se encarcele con presidio y muerte a quienes violan sexualmente. Pongo esos dos valores en la mesa de discusión.

He dicho.