Labor Parlamentaria

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse del informe de la Comisión encargada de analizar la procedencia de la acusación constitucional deducida por once señores diputados en contra del Ministro de Educación, don José Pablo Arellano Marín .

Diputado informante de la Comisión es el señor Villouta .

Antecedentes:

Informe de la Comisión Especial. Documentos de la Cuenta Nº 3, de esta sesión.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, la Comisión encargada de estudiar la procedencia de la acusación constitucional en contra del Ministro de Educación, don José Pablo Arellano , pasa a informar respecto de las diversas diligencias que realizara para cumplir con el mandato conferido por la Corporación, como de las conclusiones a que arribara.

La Comisión contó con la presencia de los señores José Pablo Arellano , Ministro de Educación; Pedro Montt y Juan Vilches , jefe de gabinete y asesor jurídico de dicha Cartera, respectivamente; Jorge Ovalle y Fernando Saenger , profesores de Derecho Constitucional; Jorge Pavez , Pedro Chulak , Verónica Monsalve , Luis Parra y Osvaldo Verdugo , presidente y directores del Colegio de Profesores de Chile A.G., respectivamente.

I.- Antecedentes generales.

Con fecha 4 de junio en curso, se dio cuenta de la acusación constitucional deducida por los Diputados señores Álvarez-Salamanca , Bayo , Errázuriz , Jürgensen , Martínez, don Rosauro ; Munizaga , Prokuriça , Rodríguez , Solís , Ulloa y Vargas , en contra del Ministro de Educación.

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 38 de la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional, con esa misma fecha se procedió al sorteo de los cinco integrantes de esta Comisión, la que quedó formada por los Diputados señores Correa, Hernández , Latorre, Ortiz y el que habla.

En cumplimiento de la normativa vigente, el señor Secretario de la Corporación procedió a disponer las diligencias señaladas por el artículo 39 de la ley en referencia.

Por otra parte, y por la importancia que tiene para el cómputo de los plazos, cabe consignar que, con fecha 5 de junio, fue notificado el Ministro en mención, entregándosele, en el acto, el original del oficio Nº 1118, que dispuso ese trámite y copia del libelo acusatorio.

Vuestra Comisión celebró su sesión constitutiva el 5 de junio, procediendo a elegir, por mayoría de votos, como su Presidente al Diputado que habla.

II.- Normas constitucionales y de la ley Nº 18.918 que regulan las acusaciones constitucionales.

A.- El artículo 48 de la Constitución Política de la República señala las atribuciones exclusivas de la Cámara de Diputados.

En el Nº 1) establece la de “fiscalizar los actos de Gobierno”, desarrollando en el mismo la forma cómo habrá de ejercerla.

Luego, en el Nº 2), trata de la materia que nos ocupa en esta oportunidad, preceptuando textualmente:

“2) Declarar si han o no lugar las acusaciones que no menos de diez ni más de veinte de sus miembros formulen en contra de las siguientes personas:

“a) Del Presidente de la República...”

“b) De los Ministros de Estado, por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, por infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, y por los delitos de traición, concusión, malversación de fondos públicos y soborno;

“c) De los magistrados de los tribunales superiores de justicia y del Contralor General de la República, por notable abandono de sus deberes;

“d) De los generales o almirantes de las instituciones pertenecientes a las Fuerzas de la Defensa Nacional...”

“e) De los intendentes y gobernadores...”

“La acusación se tramitará en conformidad a la ley orgánica constitucional relativa al Congreso.

“Las acusaciones referidas en las letras b), c), d) y e) podrán interponerse mientras el afectado esté en funciones o en los tres meses siguientes a la expiración en su cargo. Interpuesta la acusación, el afectado no podrá ausentarse del país sin permiso de la Cámara y no podrá hacerlo en caso alguno si la acusación ya estuviere aprobada por ella.

“Para declarar que ha lugar la acusación en contra del Presidente de la República, se necesitará el voto de la mayoría de los diputados en ejercicio.

“En los demás casos se requerirá el de la mayoría de los diputados presentes y el acusado quedará suspendido en sus funciones desde el momento en que la Cámara declare que ha lugar la acusación. La suspensión cesará si el Senado desestimare la acusación o si no se pronunciare dentro de los treinta días siguientes.”

B.- A su vez, el título IV de la ley Nº 18.918, orgánica constitucional del Congreso Nacional, trata de la tramitación de las acusaciones constitucionales, el cual entre sus artículos 37 y 52, ambos inclusive, se ocupa de esta materia en los términos siguientes:

“Artículo 37. Las acusaciones a que se refiere el artículo 48, número 2), de la Constitución Política, se formularán siempre por escrito y se tendrán por presentadas desde el momento en que se dé cuenta de ellas en la Cámara de Diputados, lo que deberá hacerse en la sesión más próxima que ésta celebre.

“Artículo 38. En la misma sesión en que se dé cuenta de una acusación, la Cámara de Diputados procederá a elegir, a la suerte y con exclusión de los acusadores y de los miembros de la mesa, una comisión de cinco diputados para que informe si procede o no la acusación.

“Artículo 39. El afectado con la acusación será notificado, personalmente o por cédula por el Secretario de la Cámara de Diputados o por el funcionario que éste designe, dentro de tercero día contado desde que se dé cuenta de la acusación. En todo caso, se le entregará al afectado o a una persona adulta de su domicilio o residencia copia íntegra de la acusación.

“El afectado podrá, dentro de décimo día de notificado, concurrir a la comisión a hacer su defensa personalmente o presentarla por escrito.

“El Secretario de la Cámara certificará todo lo obrado en el expediente respectivo y comunicará estos hechos a la autoridad administrativa para los efectos de lo dispuesto en el inciso tercero del número 2) del artículo 48 de la Constitución Política.

“Artículo 40. Si el afectado no asistiere a la sesión a la que se cite o no enviare defensa escrita se procederá sin su defensa.

“Artículo 41. La comisión tendrá un plazo de seis días, contado desde la fecha de comparecencia del afectado o desde que se hubiera acordado proceder sin su defensa, para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella. La última sesión que celebre se levantará solamente cuando finalizaren todas la votaciones a que hubiere lugar.

“El informe de la Comisión deberá contener, a lo menos, una relación de las actuaciones y diligencias practicadas por la comisión; una síntesis de la acusación, de los hechos que le sirvan de base y de los delitos, infracciones o abusos de poder que se imputen en ella; una relación de la defensa del o de los acusados; un examen de los hechos y de las consideraciones de derecho, y la o las resoluciones adoptadas por la comisión.

“Artículo 42. Transcurrido el plazo señalado en el inciso primero del artículo 41, y aunque dentro de él no se haya presentado el informe, la Cámara sesionará diariamente para ocuparse de la acusación. Para este efecto, y por la sola circunstancia de haber sido notificado de acuerdo con el artículo 39, el afectado se entenderá citado de pleno derecho a todas las sesiones que celebre la Cámara.

“Artículo 43. Antes de que la Cámara de Diputados inicie el debate a que se refiere el artículo siguiente, sólo el afectado podrá deducir, de palabra o por escrito, la cuestión previa de que la acusación no cumple con los requisitos que la Constitución Política señala.

“Deducida la cuestión previa, la Cámara la resolverá por mayoría de los diputados presentes, después de oír a los diputados miembros de la comisión informante.

“Si la Cámara acogiere la cuestión previa, la acusación se tendrá por no interpuesta. Si la desechare, no podrá renovarse la discusión sobre la improcedencia de la acusación y nadie podrá insistir en ella.

“Artículo 44. Desechada la cuestión previa o si ésta no se hubiere deducido, la sala de la Cámara de Diputados procederá del siguiente modo:

a)si el informe de la Comisión recomendare aprobar la acusación, se dará la palabra al diputado que la mayoría de la comisión haya designado para sostenerla, y después se oirá al afectado, si estuviere presente, o se leerá la defensa escrita que haya enviado, y

b)si el informe de la Comisión recomendare rechazar la acusación, se dará la palabra a un diputado que la sostenga y después podrá contestar el afectado o, si éste no lo hiciere, un diputado partidario de que se deseche.

“Artículo 45. El afectado podrá rectificar hechos antes del término del debate. Igual derecho tendrán el diputado informante de la comisión, cuando ésta recomiende acoger la acusación, y un diputado que la sostenga, cuando hubiere sido rechazada por la comisión.

“Artículo 46. En la última sesión que celebre la Cámara para conocer de la acusación, se votará su admisibilidad.

“La referida sesión sólo podrá levantarse si se desecha la acusación o si ésta se acepta. En este último caso se nombrará una comisión de tres diputados para que la formalice y prosiga ante el Senado.

“Aprobada la acusación, la Cámara de Diputados deberá comunicar este hecho al Senado y al afectado, dentro de las veinticuatro horas siguientes de concluida la sesión a que se refiere este artículo. Del oficio correspondiente se dará cuenta en la sesión más próxima que celebre el Senado.”

En el caso de que la acusación llegare al Senado, el artículo 52 precisa: “El resultado de la votación se comunicará al acusado, a la Cámara de Diputados y, según corresponda, al Presidente de la República, a la Corte Suprema o al Contralor General de la República. Sin perjuicio de lo anterior, y para los efectos del proceso a que haya lugar, se remitirán todos los antecedentes al tribunal ordinario competente.”

Mención especial merece el artículo 55 de la referida ley N° 18.918 por la importancia que posee para el cómputo de los plazos dispuestos por la misma, fijando como norma general que éstos se entenderán de días hábiles, excepción sea hecha de los relativos a la tramitación de las urgencias y de la Ley de Presupuestos.

Cabe hacer presente que el Reglamento de la Corporación, en su título IV del libro tercero, que comprende los artículos 304 al 313, aborda la temática de la acusación constitucional, repitiendo casi textualmente la normativa antes transcrita, por lo que no se estima de interés incorporarlos a este informe.

III.- Disposiciones legales y reglamentarias en las cuales incide la acusación.

A.- La ley N° 19.070, Estatuto de los Profesionales de la Educación, cuyo texto refundido fue fijado por el decreto con fuerza de ley N°1, del Ministerio de Educación, publicado en el Diario Oficial de 22 de enero de 1997, estableció una asignación de perfeccionamiento que debía comenzar a pagarse a contar del 1 de enero de 1993.

Así, en su artículo 47 preceptúa que los profesionales de la educación del sector municipal gozarán de las siguientes asignaciones: de experiencia, de perfeccionamiento, de desempeño en condiciones difíciles y de responsabilidad directiva y técnico-pedagógica.

Además, las municipalidades podrán establecer incrementos en las asignaciones anteriores y asignaciones especiales de incentivo profesional, de acuerdo con los factores que se determinen en los reglamentos que al efecto dicte cada una de ellas.

Las asignaciones especiales de incentivo profesional se otorgarán por razones fundadas en el mérito, tendrán el carácter de temporal o permanente y se establecerán para algunos o la totalidad de los profesionales de la educación, de uno o más establecimientos de la respectiva municipalidad.

En su artículo 49 indica que la asignación de perfeccionamiento tendrá por objeto incentivar la superación técnico-profesional del educador y consistirá en un porcentaje de hasta un 40 por ciento de la remuneración básica mínima nacional del personal que cumpla con el requisito de haber aprobado programas, cursos o actividades de perfeccionamiento de postítulo o de posgrado académico en el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas que en lo sucesivo iré denominando CPEIP, que es una abreviatura muy conocida, instituciones de educación superior que gocen de plena autonomía dedicadas a estos fines o en otras instituciones públicas o privadas que estén debidamente acreditadas ante dicho Centro.

Para los efectos de determinar el porcentaje de la asignación de perfeccionamiento que se reconozca a los profesionales de la educación, el reglamento considerará especialmente su experiencia como docente, establecida en conformidad a lo señalado en el artículo anterior, las horas de duración de cada programa, curso o actividad de perfeccionamiento, el nivel académico respectivo y el grado de relación con la función profesional que desempeña el beneficiario de la asignación. Respecto de este último punto, ha habido criterios disímiles de aceptación o rechazo, llegando algunos reclamos a la Contraloría General de la República.

En todo caso, para la concesión de esta asignación, prescribe que será requisito indispensable que los cursos, programas o actividades a que se refiere el inciso anterior habrán de realizarse y deberán estar inscritos en las entidades y en el registro público que se señalan, respectivamente.

Al efecto, su artículo 12 indica que la ejecución de los programas, cursos y actividades de perfeccionamiento podrán ser realizadas por el CPEIP o por las instituciones de educación superior que gocen de plena autonomía dedicadas a estos fines. Asimismo, podrán hacerlo otras instituciones públicas o privadas que estén debidamente acreditadas ante dicho Centro. La acreditación comprenderá la aprobación del proyecto de programas, cursos y actividades de perfeccionamiento y el proceso que permita evaluar el avance, concreción y realización del proyecto total, a través de variables destacadas de su desarrollo, de carácter docente, técnico-pedagógicas, especialmente los programas de estudio y sus contenidos, así como los recursos de las instituciones para otorgar la certificación y validez de los estudios efectuados.

Las entidades que realicen las actividades antes señaladas y que se hayan acreditado debidamente, cuando fuere necesario, deberán inscribir los programas y cursos que deseen ofrecer en un registro público, completo y actualizado que llevará el CPEIP, en el cual se señalarán explícitamente los requisitos, duración, contenidos, fechas de realización y toda otra información de interés para los profesionales de la educación que postulen a los cursos, programas o actividades mencionadas.

Por último, en este aspecto, el inciso primero del artículo 7º transitorio de la ley en comento dispone que la asignación de perfeccionamiento establecida en el artículo 49 se aplicará en la forma que ella determina, a partir de los años 1993 y 1994, en los cuales la asignación de perfeccionamiento a que se tenga derecho alcanzará a un máximo del 20 por ciento del monto correspondiente a la remuneración básica mínima nacional. A partir de 1995, el monto de la asignación alcanzará hasta un máximo del 40 por ciento de dicha remuneración para quienes cumplan con los requisitos correspondientes.

B.- El decreto supremo Nº 453, de 1991, del Ministerio de Educación, reglamento de la ley Nº 19.070, estableció las normas generales respecto de la asignación de perfeccionamiento y dejó entregado a un acto administrativo posterior la fijación de las tablas y el procedimiento que permitiría pagar a cada profesional de la educación el porcentaje que le correspondería por este concepto. Sus principales disposiciones, en la materia que nos ocupa, son las siguientes:

Su artículo 110, que indica que la asignación de perfeccionamiento se aplicará sobre la remuneración básica mínima nacional, y que consiste en un porcentaje de hasta el 40 por ciento de dicha remuneración, por el hecho de haber aprobado programas, cursos o actividades de perfeccionamiento, de postítulo o posgrado, inscritos en el registro público del CPEIP. Agrega que el objetivo de la asignación de perfeccionamiento es incentivar la superación técnico-profesional del educador.

Por su parte, el artículo 112 señala que para determinar el porcentaje de asignación de perfeccionamiento que corresponda a cada profesional de la educación, deberá considerarse, entre otras cosas, el nivel académico respectivo y el grado de relación con la función profesional que desempeña el beneficiario de la asignación.

Su artículo 113 precisa que, en todo caso, para la concesión de la asignación de perfeccionamiento será requisito indispensable que los programas, cursos o actividades de perfeccionamiento de postítulos de posgrados estén inscritos en el Registro Público, conforme a lo indicado en los artículos 40 y 41 de este Reglamento.

Anota, además, que el nivel académico del programa, curso o actividad de perfeccionamiento de postítulos o de posgrados, y sus horas de duración serán las siguientes:

a)Nivel básico o de actualización: Es aquel que está ligado a la práctica docente, tiene como objetivo el mejoramiento del desempeño profesional actual del profesional de la educación que se realiza, preferentemente, en lugares cercanos a los sitios de desempeño con una duración mínima de 20 horas y una máxima de 200 horas.

b)Nivel intermedio o de especialización: Es aquel que implica el estudio particular y en profundidad de una disciplina de la pedagogía o de una modalidad específica del sistema que entregue una formación en un área o disciplina educacional, con una duración mínima de 250 horas y máxima de 400 horas.

c)Nivel avanzado: Comprende los posgrados. Se asimilan a este nivel los postítulos que presenten las características establecidas en el artículo 29, letra d), del presente Reglamento.

Su artículo 114, en concordancia con lo dispuesto en la letra a) del precitado artículo 112, aclara que el grado de relación con la función profesional que desempeñe el profesor es el siguiente:

a)Función docente: Los programas, cursos o actividades de perfeccionamiento de postítulos o de posgrados que le permita mejorar el desempeño profesional en su especialidad o mención a través de la actualización o complementación de los conocimientos adquiridos, o la adquisición de nuevos conocimientos que tengan relación directa con el proceso enseñanza-aprendizaje o que le permita desarrollar innovaciones curriculares que estén en función de un mejoramiento sostenido de la calidad de la educación.

b)Función docente-directa o técnico-pedagógica: los programas, cursos o actividades de perfeccionamiento de postítulos o de posgrados que le permitan mejorar el desempeño profesional en la respectiva función.

Agrega que el diseño de los cursos, programas, actividades de perfeccionamiento de postítulos o de posgrados, deberá contener la especificación de la función o de las funciones a las cuales van dirigidos para que éstos se consideren válidos para impetrar la asignación de perfeccionamiento, sin perjuicio de la validez general de ellos para otros efectos.

Por su parte, el artículo 116 preceptúa que la asignación de perfeccionamiento se pagará a partir del 1 de enero de 1993, de acuerdo con una o más tablas que se fijarán por decreto supremo del Ministerio de Educación, configuradas tomando en cuenta los aspectos y variables definidos en los artículos anteriores. Dicho decreto señalará, además, las condiciones de aprobación e inscripción en el registro respectivo del perfeccionamiento logrado por los profesionales de la educación, con anterioridad a la vigencia de la ley Nº 19.070.

Añade su inciso segundo que sólo podrán considerarse válidos para estos efectos, los cursos de perfeccionamiento que haya dictado el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas u otras instituciones, siempre que hayan contado con el patrocinio de éste, como asimismo las actividades de perfeccionamiento de postítulos o de posgrados otorgados por instituciones de Educación Superior, cuando ellos se hayan elaborado de acuerdo con los objetivos de perfeccionamiento que señala la ley y las modalidades de reconocimiento y aprobación establecida en este Reglamento, especialmente lo señalado en el artículo 32, en lo que respectivamente les sean aplicables.

c)El decreto supremo Nº 789, de 1992, de Educación, fija el procedimiento para pagar la asignación de perfeccionamiento a los profesionales de la educación.

El inciso segundo del artículo 5º dispuso que el Secretario Regional Ministerial de Educación respectivo debía convocar a una Comisión, la que, previo análisis de las certificaciones y de los otros antecedentes, señalará al respectivo municipio o corporación el porcentaje de asignación de perfeccionamiento que le correspondería a cada profesional de la educación, de acuerdo con la tabla que figura en la página 19 del informe, en la cual se señalan el puntaje de los niveles básico, intermedio y avanzado, y el número de horas de cada uno de ellos.

Conforme a lo señalado en el artículo 2º, los porcentajes dentro del tramo se asignarán de acuerdo con el número de horas de perfeccionamiento acreditado, con el grado de relación entre el o los cursos o actividades de perfeccionamiento de postítulos o de posgrados y la función profesional del profesor, con el nivel de los citados cursos o actividades de perfeccionamiento, con los bienios reconocidos para la asignación de experiencia y con los recursos contemplados para estos efectos en la Ley de Presupuestos para el sector público.

El artículo 3º del decreto supremo Nº 789 precisa que el porcentaje de asignación de perfeccionamiento a que tenga derecho un profesional de la educación, se determinará según el siguiente procedimiento de cálculo: el puntaje o la suma de los puntajes de los tramos que se le haya asignado según la tabla del artículo anterior, se multiplicará por el número de bienios que tenga reconocidos y el resultado se dividirá por 15, que es el número máximo de bienios que puede reconocer.

El porcentaje así determinado de la asignación de perfeccionamiento, no podrá ser superior a un 40 por ciento, en ningún caso, de la remuneración básica mínima nacional.

Una vez reconocido el primer porcentaje, para que se efectúen reconocimientos posteriores el profesional de la educación deberá cumplir un nuevo bienio o acreditar horas de perfeccionamiento, haber obtenido un postítulo o un posgrado que le den derecho a un puntaje mayor, según la tabla aprobada en el artículo anterior.

d)El artículo 1º, letra b), del decreto supremo de Educación Nº 212, de 1995, sustituyó el artículo 5º del decreto supremo Nº 789, de 1992, a contar del 1 de enero de 1996, entregando al empleador, a contar de dicha fecha, la determinación de los nuevos porcentajes de asignación de perfeccionamiento y reconocimiento, en los siguientes términos:

“Para obtener un nuevo reconocimiento, los profesionales de la educación deberán solicitarlo oportunamente a su respectivo empleador, acompañando, cuando corresponda, los certificados y demás antecedentes válidos para la asignación de perfeccionamiento emanados de las instituciones pertinentes.

“El empleador verificará y constatará los datos señalados en la solicitud con sus propios registros, con el Registro Público del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, y hará las operaciones para determinar el nuevo porcentaje de asignación que le corresponderá al profesor, de acuerdo a los artículos 2º y 3º de este decreto.

“Una vez determinado el nuevo porcentaje, deberá dictar el acto formal respectivo que establezca, además, el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios, y ordenará efectuar el pago.

“La asignación de perfeccionamiento se reconocerá a contar de la fecha de cumplimiento de un nuevo bienio y/o desde aquella en que se hubiere acreditado el cumplimiento de un nuevo perfeccionamiento válido que implique un mayor puntaje al aplicar la tabla contenida en el artículo 2º, y el pago respectivo se efectuará a partir del 1 de enero del año siguiente a aquel en que el aumento porcentual sea reconocido, sin perjuicio de que éste abarcará, en todo caso, el período completo que haya transcurrido entre el reconocimiento y el pago.”

e)Por último, el decreto supremo de Educación, Nº 278, de 1997, complementa el decreto supremo Nº 212, de 1995, que modificó el decreto supremo Nº 789, de 1992, ambos de Educación, sobre asignación de perfeccionamiento de los profesionales de la educación, agregando, después del artículo 2º, dos disposiciones transitorias que se transcriben a continuación:

“Artículo 1º transitorio: Para efectos del reconocimiento de la asignación de perfeccionamiento por los cursos realizados en 1993, 1994 y 1995, que cumplan con los requisitos establecidos en los decretos supremos de Educación Nºs 453, de 1991, en especial, en sus artículos 110 al 117, y Nº 789, de 1992, se determinará de acuerdo al siguiente procedimiento:

a)Las Secretarías Regionales Ministeriales de Educación deberán remitir a sus respectivos departamentos provinciales todos los antecedentes referidos a la asignación de perfeccionamiento correspondientes a los años que se mencionan anteriormente y que tuvieren en su poder, dentro de un plazo de 10 días hábiles contados desde la vigencia del presente decreto;

b)Dentro del mismo plazo, señalado en la letra anterior, el jefe del Departamento Provincial de Educación convocará a una comisión integrada de la siguiente forma:

El jefe del Departamento Provincial de Educación o su representante, designado por éste;

Un Supervisor Educacional del Departamento Provincial de Educación respectivo;

Un representante del Departamento de Educación Municipal, nombrado por el alcalde o la Corporación Municipal, en su caso, designado de acuerdo a sus estatutos;

Esta comisión podrá funcionar en el Departamento Provincial de Educación, en el municipio o en la Corporación Municipal, según se estime necesario o conveniente para agilizar el proceso.

Asimismo, el jefe del departamento provincial que corresponda constituirá una comisión para cada comuna, cuando su jurisdicción abarque varias de ellas, las que estarán constituidas de la misma manera antes señalada.

c)Para mejor resolver, la comisión dispondrá del listado de los cursos de los años 1993, 1994 y 1995, con sus respectivas horas, porcentajes de asistencia y notas de aprobación que hubieren realizado cada profesional de la educación.

d)La comisión pondrá a disposición del representante del alcalde o de la corporación, según sea el cargo, el listado a que se refiere la letra anterior.

e)El representante podrá reunirse con cada docente de la dotación municipal para precisar el grado de relación entre los cursos o actividades de perfeccionamiento de postítulos o de posgrados y la función profesional efectiva que desempeñe el respectivo profesor.

f)El representante del alcalde o de la corporación deberá devolver los antecedentes a la comisión con las observaciones respectivas.”

En seguida, se expone una serie de antecedentes que completan las exigencias.

Fundamento legal de la acusación.

Los señores diputados que suscriben la acusación fundamentan la misma en la circunstancia de que, a su juicio, el señor Ministro de Educación habría vulnerado, en el ejercicio de su cargo, las siguientes disposiones de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Sobre el particular, se cita, en primer término, el artículo 10 del cuerpo legal mencionado, según el cual las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de la actuación del personal de su dependencia.

Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como a la legalidad y oportunidad de las actuaciones.

Por su parte, el artículo 11 de la ley preceptúa que las autoridades y funcionarios facultados para elaborar planes o dictar normas, deberán velar permanentemente por el cumplimiento de aquéllos y la aplicación de éstas, dentro del ámbito de sus atribuciones, sin perjuicio de las obligaciones propias del personal de su dependencia.

En relación con la ley orgánica constitucional en comento, se hace referencia también a sus artículos 19 y 20, que señalan las obligaciones de los ministros en sus funciones. A su vez, el artículo 20 señala que los ministros de Estado, en su calidad de colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República, tendrán la responsabilidad de la conducción de sus respectivos ministerios. Termina esta disposición facultando al Presidente de la República para encomendar a uno o más ministros la coordinación de la labor que les corresponde.

Lo anterior se basa en el hecho –repito- de que la ley Nº 19.070, Estatuto de los profesionales de la Educación, estableció una asignación de perfeccionamiento que debía comenzar a pagarse a contar del 1º de enero de 1993.

A su vez, el decreto supremo de Educación Nº 453, de 1991, estableció las normas generales respecto de dicha asignación, y el decreto supremo de Educación Nº 789, de 1992, señaló el procedimiento.

Los patrocinantes de la citada comisión afirman que en la mayoría de las regiones esto sólo funcionó para el perfeccionamiento histórico, es decir, el que realizaron los profesionales de educación entre 1967 y 1992.

El perfeccionamiento realizado durante 1993 y 1995 no fue revisado, o sólo se hizo parcialmente. Ese proceso se encuentra incompleto.

A continuación, en el informe se da a conocer una serie de detalles complementarios de la acusación, y en su página 29, se encuentra la relación de la defensa efectuada por el señor Ministro. Él, incluso, no hizo uso de la posibilidad de señalar la cuestión previa.

En cuanto a la acusación en el sentido de haber dejado las leyes sin ejecución causal establecida en la Constitución y en las leyes, objeto de la litis, el señor Ministro sostiene que en el ámbito de su “sector”, con pleno ejercicio de sus potestades públicas, ha procedido a dictar todos los actos normativos que permitan hacer de la asignación de perfeccionamiento docente una realidad. La exigibilidad de una conducta legal sólo se puede extender hasta el límite que la propia Constitución y la ley denominan “competencia”. La aplicación de una norma, así como la eficacia de ésta, no depende de potestad legal de un Ministro de Estado. No es función de un Ministro ni de un reglamento el acto de pagar.

De la simple lectura del propio escrito acusatorio fluye que todos los actos reglamentarios dictados por el Ministerio de Educación, destinados a la ejecución de la norma, han tenido por propósito dar cabal cumplimiento a lo preceptuado por la ley Nº 19.070, que concede la asignación de perfeccionamiento.

Por último, agrega que al decreto supremo Nº 278, del 9 de abril de 1997, se le agregaron dos artículos transitorios con el objeto preciso y exclusivo de permitir la determinación de los puntajes y porcentajes que los empleadores deberían pagar a los profesionales.

En cuanto a la acusación de infringir la Constitución o las leyes, el Ministro señala que no es efectivo y no voy a leer toda su defensa para los efectos de facilitar la terminación del informe, que es bastante largo.

A continuación, figura la síntesis de las exposiciones efectuadas ante la Comisión por los profesores de derecho constitucional, señores Jorge Ovalle Quiroz y Fernando Saenger .

El señor Ovalle , en cuanto al fondo del asunto, afirma que el contenido del libelo acusatorio no se aviene con la nomenclatura constitucional ni con los conceptos básicos que en la Carta determinan la responsabilidad gubernamental de los gobernantes acusables por la Cámara.

Como se trata de delitos constitucionales, agrega, es menester que el gobernante o funcionario acusado haya tenido intención, esto es, que deliberadamente haya cometido el delito por el que se le acusa. De acuerdo con lo que manifiesta, él ha dado cumplimiento a la ley.

Señala que, de la lectura de la acusación constitucional, se ha formado la idea de que en ella se está haciendo efectiva una responsabilidad política del Ministro y no una responsabilidad penal del mismo, por cuanto en la acusación no encuentra imputaciones que impliquen delito por parte del acusado. Es cierto que hubo omisiones en el cumplimiento de algunas tareas, pero no aparece la deliberación o el propósito de dejar sin cumplir la ley. Al no haber afán deliberado, no habría sanción.

Por su parte, el señor Saenger , luego de diversas relaciones, expresa que todo lo anterior lo lleva a concluir que realmente no se encuentra en condiciones razonables ni prudentes de poder decir en quién reside la responsabilidad directa del no pago del dinero adeudado, pues, según se ha visto, no aparecen claramente definidas las responsabilidades concursales.

En su opinión, es imposible efectuar una calificación jurídica sobre la base de hechos vagos e imprecisos. La acusación en sí misma es coherente; el problema radica en que su fundamentación legal es muy compleja y se torna hasta contradictoria.

El informe también contiene la síntesis de las declaraciones emanadas del Colegio de Profesores de Chile. Se indica que debe cumplir un mandato de la asamblea nacional de la orden.

En su exposición, el señor René Reyes , Director del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas, señala que lo que en un comienzo parecía muy simple, adquirió una magnitud insospechada. Ello implicó la revisión y análisis de aproximadamente cincuenta mil expedientes, lo cual culmina con la oferta de cerca de 14 mil cursos -como se consigna en el registro histórico- para un universo aproximado de ciento veinte mil profesores.

La revisión de expedientes implica la de programas de estudio. Como eso resulta complejo y agotador dijo, pidió que se enviaran los folletos que tiene el Centro de Perfeccionamiento en relación con todos los cursos autorizados durante los últimos tres años. Lamentablemente, no han alcanzado a llegar, pero vienen en camino. De manera que si alguien se interesa en conocerlos, puedo proporcionárselos más adelante.

En el fundamento 4 del voto de mayoría se precisa: “También nos atenemos a lo señalado por uno de los constitucionalistas escuchados, quien agregó que “es menester que el gobernante o funcionario haya tenido intención, esto es, que deliberadamente haya cometido el delito por el que se le acusa. ”En su parte final, el fundamento del voto de minoría consigna que así se desprende, por ejemplo, del Tratado de Derecho Administrativo del profesor Enrique Silva Cimma, que señala que es obligación proveer a la ejecución de la ley. Nótese que el profesor Silva Cimma utiliza el calificativo “proveer”, vale decir, dar curso progresivo, permitir, pero no usa pura y simplemente el verbo “ejecutar”, ello porque es obvio que la potestad reglamentaria es sólo uno de los mecanismos que permite que las leyes se ejecuten. Aceptar la tesis del señor Ministro llevaría al absurdo que dictado el reglamento, la ley se entiende ejecutada.

Y sigue el voto de minoría: “Por último, ignora el señor Ministro en esta parte que la acusación también se le dirige por infracción a la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyas obligaciones de supervigilancia y control le son plenamente aplicables. “En mérito de todas las razones precedentes, considero que la acusación constitucional entablada en contra del señor Ministro de Educación es plenamente procedente y debe acogerse, por cuanto éste no ha justificado en los hechos, ni en el derecho, la debida y oportuna ejecución y cumplimiento de las normas constitucionales y legales cuya infracción se le imputa justificadamente.”

He dicho.

El señor PROKURIÇA.-

Señor Presidente, en representación de los Diputados señores Rosauro Martínez , Francisco Bayo , Valentín Solís , Harry Jürgensen , Alfonso Vargas , Pedro Pablo Álvarez-Salamanca , Maximiano Errázuriz , Jorge Ulloa , Eugenio Munizaga , Claudio Rodríguez y quien habla, vengo en sostener la acusación constitucional que dedujimos en contra del Ministro de Educación, señor José Pablo Arellano Marín , por haber atentado en contra del estado de derecho y el principio de legalidad al haber dejado diversas disposiciones legales sin ejecución, especialmente los artículos 49 y 7º transitorio de la ley Nº 19.070, incidentes ambos en el derecho de los docentes a percibir la asignación de perfeccionamiento, como consecuencia de no aplicar las normas reglamentarias que permiten el reconocimiento de la totalidad de las acciones efectuadas por los profesores para alcanzar este derecho.

Antes de referirme a los fundamentos mismos de la acusación, quiero llamar la atención acerca de la situación en que se encuentra el profesorado en estos momentos, sobre todo porque, de acuerdo a los postulados del actual Gobierno, la educación constituye prioridad número uno.

En efecto, según datos entregados por el propio Ministerio de Educación, la deuda previsional del sector municipal respecto de sus profesores alcanza, a diciembre de 1996, la cuantiosa suma de 5.224 millones de pesos. A mi juicio, es una cantidad elevadísima que, además, ha dado pie a diversas demandas judiciales intentadas por el magisterio en procura de sus soluciones, muchas de las cuales se encuentran con sentencia definitiva y ejecutoriada en favor de los demandantes, pero que, en la práctica, no han producido efecto porque el Estado no se allana a pagar. Por otra parte, en numerosos juicios, de al menos 5 mil profesores, no se ha logrado obtener pagos por el decreto ley Nº 3.551.A lo anterior debe sumarse ahora la asignación de perfeccionamiento, que se encuentra impaga por los años 1993, 1994 y 1995, circunstancia especialmente grave si se considera que el derecho a dicha asignación emana de las disposiciones mismas del Estatuto Docente, cuerpo legal concebido como un medio de motivar al profesorado hacia el logro de una mayor superación.

Por otra parte, el señor Ministro de Educación, tratando de salir al paso del verdadero contrasentido que representa esta situación, la que, por un lado, busca motivar al magisterio y, por el otro, le niega en la práctica los derechos que le concede, ha ofrecido pagar estas obligaciones en términos ampliamente generosos para el Estado o, más bien, abusivos para los profesores, solución que no parece equitativa si se atiende a lo que ha sido la continua campaña destinada a dar esperanzas de días mejores para un sector tradicionalmente postergado.

A este mismo respecto, cabe comparar la actitud de la autoridad cuando ella es el acreedor. En tal caso, toda la maquinaria estatal cae, sin consideración alguna, sobre el deudor para exigir el cumplimiento íntegro e inmediato de la obligación. Baste dar como ejemplo cuando uno de los profesores a los que se les debe estas cifras no paga las contribuciones o algunas de sus obligaciones con el Estado. Rápidamente, éste embarga sus bienes y los saca a remate.

Ante esta actitud, ¿cómo no preguntarse en qué queda el estado de derecho? ¿Consagra acaso esta disposición de nuestro ordenamiento algún privilegio especial en favor de las deudas del Fisco? Si así fuera, la garantía constitucional de la igualdad ante la ley no pasaría de ser una hermosa aspiración y el Estado, lejos de ser en el campo patrimonial un sujeto más, sería un ente omnipotente que, en su trato con los particulares, no estaría afecto a reciprocidad alguna, ya que sólo él podría exigir.

Las disposiciones de los artículos 6º y 7º de la Constitución Política de la República establecen que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. Pero, finalmente lo que creo más acertado en este caso, el artículo 7º dice que “Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley.

“Ninguna magistratura, ninguna persona ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes.”

El signo más característico del estado de derecho es lo que constituye la majestad de la ley, la que está por sobre todos los ciudadanos, igualándolos ante sus ojos, principio fundamental que en nada condice con los ofrecimientos ministeriales que, más que tratar de cumplir con una obligación, parecieran querer consagrar una casta magisterial de segundo nivel, la que debería contentarse con el ofrecimiento que se le está haciendo.

Parece claro para cualquier persona que el acto legislativo que logra transformarse en ley da lugar a una norma de carácter general y obligatoria que se impone a todos, tanto a gobernantes como a gobernados. Es precisamente el cumplimiento y aplicación de la norma lo que da eficacia al derecho y credibilidad a las entidades o instituciones encargadas de su elaboración y ejecución.

Por lo mismo, el incumplimiento del mandato legal por parte de quien ejerce la autoridad provoca, indefectiblemente, un descrédito a esa autoridad, afecta la seguridad de las instituciones y atenta, en definitiva, contra el estado de derecho.

Quiero hacer mención a una situación que ocurrió en esta Sala, hace aproximadamente unos 20 días, cuando aprobamos una disposición que beneficiaba al magisterio. En esa oportunidad, en presencia del Ministro de Educación -que hoy nos acompaña en la Sala- pregunté cómo era posible que frente al tratamiento y aprobación de una ley, en las bancas de los diputados existiera un proyecto de acuerdo que repetía una solicitud hecha en octubre de 1996, en que se pedía a su Cartera cumplir con los profesores pagándoles la asignación de perfeccionamiento. ¿Qué credibilidad tienen las leyes aprobadas en el Parlamento si después de años no se le cumple a los profesores?

En este caso, mal podría acusarse a quienes patrocinamos esta presentación de buscar ventajas políticas por ser éste un año eleccionario o de caer en actitudes de franca demagogia, como han pretendido hacerlo creer algunos.

Al intentar acciones carentes de fundamentos, porque -como consta a quienes formamos parte de esta Corporación- nuestra actitud no es más que la resultante de un largo procedimiento, iniciado en 1996 por medio de diversas negociaciones, seguidas de un proyecto de acuerdo aprobado por unanimidad por esta Sala y hasta hoy sin respuesta, incluso, en abril se presentó un nuevo proyecto de acuerdo para resolver la situación, suscrito por prácticamente todos los integrantes de la comisión acusadora, y que sólo tuvo respuesta esta semana.

Lo anterior, sin perjuicio de las gestiones individuales realizadas hasta último momento ante el Ministro señor Arellano , pudiendo el diputado que habla citar su propia experiencia; una semana antes de presentarse esta acusación, junto al Diputado señor Rosauro Martínez , conversamos directamente con el señor Subsecretario del ramo para plantearle la posibilidad de buscar una forma razonable de dar cumplimiento al pago de la asignación de perfeccionamiento mediante una cuota única y dentro del presente año, posibilidad que obviaría la acusación. Aparte de la concebida cortesía de ofrecer considerarla, no generó respuesta alguna.

Igual resultado negativo obtuvo una conversación personal que tuve con el señor Ministro poco antes de darse cuenta de la acusación en la Sala.

Lo mismo ha sucedido con numerosas gestiones y reuniones del Colegio de Profesores.

Por tanto, la acusación constitucional se trata de una medida extrema a la que sólo se ha llegado como consecuencia de una actitud absolutamente negativa que obliga a estos parlamentarios a ejercer las facultades que la Constitución les concede, porque de no hacerlo, estarían infringiendo el mandato recibido de la ciudadanía.

Con su actitud, parece que el Gobierno cree que los términos conciliatorios empleados hacia el magisterio, tales como el de reconocer la existencia de la deuda, es paliativo suficiente para tranquilizar a los más de 70 mil docentes afectados por su incumplimiento; posición a mi juicio absurda, rayana en la burla si se considera que la asignación es un derecho establecido en la ley y no una concesión graciosa otorgada por quienes detentan el poder.

En sus descargos el señor Ministro de Educación sostiene que no ha dejado sin ejecución las leyes, toda vez que ha dictado las disposiciones normativas necesarias y ha firmado los decretos presidenciales correspondientes, puesto que “ejecutar la ley significa realizar todos los actos normativos tendientes a la viabilidad normativa, de modo que no es posible confundir “ejecución” de la norma con “aplicación” de ésta”. Tales argumentos parecen débiles y poco convincentes, sobre todo si se tiene en cuenta el artículo 19 de la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala: “Los ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República en las funciones de gobierno y administración de sus respectivos sectores, los cuales corresponden a los campos específicos de actividades en que deben ejercer dichas funciones”. Y agrega en el inciso segundo: “Para tales efectos, deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo y especialmente, señor Ministro, velar por el cumplimiento de las normas dictadas, asignar recursos y fiscalizar las actividades del respectivo sector.”

En realidad, mal podría el señor Ministro, con el concepto que tiene de lo que significa ejecutar las leyes, es decir, limitar su actuar a la firma de los decretos y a la dictación de cierta normativa correspondiente, velar por su cumplimiento o fiscalizar las actividades del sector.

Quienes sostenemos esta acusación estimamos que el señor Ministro de Educación incurre en un error conceptual, porque no resulta posible entender cómo quienes tienen por mandato constitucional la calidad de colaboradores directos e inmediatos del Presidente de la República en el Gobierno y en la Administración del Estado, según lo señala el artículo 33 de la Carta Fundamental, pueden considerar cumplido su cometido con la simple refrendación de los reglamentos y decretos del Jefe de Estado.

Frente a estos hechos, el abogado constitucionalista señor Jorge Ovalle , al momento de participar en las sesiones sostenidas por la Comisión de Acusación, se manifestó en contra de la acusación constitucional y señaló que consideraba “que esta acusación constitucional, desde el punto de vista de nuestra estructura política, tiene una extraordinaria importancia. No resulta propio en un país que avanza lentamente, pero con seguridad hacia la conformación de un estado de derecho espero que alguna vez lo alcancemos, que existan servidores del Estado cuyos derechos han sido reconocidos por la ley e incluso por fallos de los tribunales, que no puedan satisfacer sus derechos por irregularidades u omisiones de la estructura legal.” Y agrega: “No es posible que hoy un numeroso grupo de profesores, con sentencias ejecutoriadas para que sus acreencias sean pagadas, no puedan recibir las cifras que les corresponden. Los municipios se excusan con razón cuando argumentan que no tienen disponibilidad presupuestaria para pagar estas deudas. Hemos deducido las acciones correspondientes para que los alcaldes sean apremiados con los arrestos que la ley establece, y los recursos de amparo que han planteado en estas circunstancias son acogidos por la Corte Suprema, en atención a que no es responsabilidad de los ediles la disposición de los fondos que no llegan a tiempo.”

En nuestra opinión, la argumentación transcrita constituye un apoyo a nuestra posición, porque ¿en qué otra forma podrían subsanarse las irregularidades u omisiones de la estructura legal, que no sea mediante la dictación de nuevos y más completos cuerpos legales, especialmente, para velar por el cumplimiento de las normas dictadas?

Por las consideraciones expuestas, quienes sostenemos esta acusación hacemos un llamado a nuestros colegas a apoyar esta presentación, toda vez que ello significa ir en apoyo del derecho de más de 70 mil docentes, y, por ende, exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al estado de derecho. Lo contrario sería desechar los valores mencionados y apoyar intereses políticos partidistas que se traducen en un rechazo a la aplicación de la ley, que lesiona derechos por un lapso que ya alcanza los cuatro años.

He dicho.

Aplausos.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, deseo exponer las razones por las cuales, en mi opinión, es procedente la acusación constitucional interpuesta en contra del señor Ministro de Educación, por el incumplimiento de la obligación legal de pagar a los profesionales de la educación la asignación de perfeccionamiento en conformidad con la ley N° 19.070.

Previamente, quiero insistir en que me parece lamentable que se haya debido llegar a esta instancia para que se reconozca y esperamos que se haga efectivoun justo beneficio que constituye, además, un incentivo para mejorar la educación de nuestra juventud.

Más lamentable me parece la respuesta del señor Ministro de Educación a la acusación constitucional interpuesta en su contra. Si se analiza desde una perspectiva global, si se mira al gobierno en su conjunto, da la impresión de que el titular de Educación es una autoridad aislada, que no forma parte de un equipo en que las distintas carteras deben complementar su función y prestar cada una de ellas los medios humanos y materiales necesarios para la implementación de las políticas públicas.

Ruego al señor Ministro que preste atención a lo que estoy señalando.

Luego de la experiencia que han vivido los profesores, queda la impresión -como parlamentario- de que, en lo sucesivo, será necesario consignar expresamente en las iniciativas que se aprueben, la responsabilidad nominativa de cada uno de los señores ministros de Estado de cumplir con los preceptos legales. Ello, porque, al parecer, las autoridades entienden que basta con la dictación del reglamento respectivo para que quede cumplida la obligación consignada en los mandatos legales.

Es lamentable, además, constatar que la respuesta del señor Ministro de Educación deja en un incómoda posición al Presidente de la República, ya que la falta de coordinación y liderazgo gubernamental, deja en evidencia falencias de coordinación que parecían superadas.

Sin perjuicio de estas consideraciones previas, quiero entrar al fondo de la acusación para referirme a los fundamentos que tuve en consideración para votarla favorablemente en la Comisión.

En primer término, resulta claro que la autoridad acusada -el señor Ministro de Educación- es, precisamente, de aquellas mencionadas en nuestra Carta Fundamental como susceptible de ser interpelada por esta vía. Asimismo, la razón esgrimida, vale decir, infringir la Constitución o las leyes o haber dejado éstas sin ejecución, es aplicable en el caso que nos preocupa.

Por su parte, la acusación constitucional, fundada en el Nº 2 del artículo 48, de la Constitución Política de la República, para su procedencia, requiere que el Ministro de Estado respectivo haya dejado de ejecutar leyes específicas que estaba en la obligación y posibilidad de ejecutar. Asimismo, que haya infringido la posibilidad de ejecutar las disposiciones constitucionales o legales que le imponen mandatos precisos, cuya infracción se haya materializado y acreditado objetivamente.

Tal como se señala en la acusación constitucional, la ley N° 19.070, en su artículo 47, dispone el establecimiento de una asignación de perfeccionamiento para los profesionales de la educación municipal. A su vez, el artículo 49 señala los porcentajes y tipo de cursos que permiten acceder a este beneficio. Por su parte, el decreto supremo de Educación Nº 453, de 1991, reglamento de la ley Nº 19.070, dispone que la asignación se pagará a partir del 1 de enero de 1993, de acuerdo con una o más tablas que deberá fijar dicho Ministerio.

La ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, impone a las autoridades y jefaturas ejercer el control jerárquico permanente y velar por el cumplimiento de las normas que se dicten en el ámbito de sus atribuciones.

La respuesta del Ministro de Educación se funda en los siguientes argumentos que, en mi opinión, deben desecharse:

1ºQue el concepto de ejecución de la ley se refiere sólo al ejercicio de la potestad reglamentaria. Ejecutar la ley significa, en su opinión, realizar todos los actos normativos tendientes a la viabilidad normativa, de modo que no es posible confundir ejecución de la norma con aplicación de ésta.

2ºQue no es función del Ministro ni de un reglamento el acto de pagar.

3ºQue tampoco ha existido la infracción de la ley, por cuanto no se dan respecto del acusado los requisitos de competencia e imperatividad en el cumplimiento de una potestad pública.

Por todas estas razones concluye el Ministro de Educación, él ha cumplido con las únicas obligaciones que le impone la ley, que son, en su opinión: dictar los reglamentos para ejecutar la ley y poner a disposición los fondos para el pago de la asignación.

Sin embargo, estas alegaciones no me parecen correctas por los siguientes motivos:

Es un error pretender que la ejecución de las leyes a que están obligados los ministros de Estado, consiste exclusiva y únicamente en la dictación de los reglamentos que den viabilidad normativa a la ley. La ejecución de la ley, que es obligación constitucional expresa de los ministros de Estado, no se agota por la sola potestad reglamentaria. Efectivamente, una norma específica de inejecución de la ley consiste en la no dictación de los reglamentos, pero la obligación de ejecutar las normas legales es mucho más amplia que esto.

Así se desprende, por ejemplo, del Tratado de Derecho Administrativo del profesor Enrique Silva Cimma, que señala que la potestad reglamentaria del Presidente de la República, consagrada en el Nº 8 del artículo 32 de la Constitución Política de la República, permite el logro de dos fines, uno de los cuales es: “a) Proveer la ejecución de la ley.” Nótese que el profesor Silva Cimma utiliza el calificativo de “proveer”, vale decir, dar curso progresivo, permitir, pero no usa pura y simplemente el verbo “ejecutar”. Ello, porque es obvio que la potestad reglamentaria es sólo uno de los mecanismos que permite que las leyes se ejecuten. Aceptar la tesis del Ministro llevaría al absurdo de que, dictado el reglamento, la ley se entiende ejecutada.

En seguida, el señor Ministro se limita a consignar que no es función suya ni del reglamento, el acto de pagar. Elude con ello que, siendo él la autoridad encargada de dictar el reglamento, está también en la obligación de verificar que la disposición sea cumplida dentro del ámbito de su competencia y en el ejercicio de sus potestades.

Es claramente insuficiente la respuesta del acusado, que para exculparse debería haber acreditado, además, las medidas específicas que adoptó para asegurar el cumplimiento de la ley.

Es un hecho público, reconocido además por el propio Ministro de Educación, que la asignación de perfeccionamiento establecida en la ley Nº 19.070 y sus reglamentos correspondientes, no se ha pagado hasta este momento a sus legítimos beneficiarios. Recae, en consecuencia, sobre el propio Ministro de Educación la carga de acreditar que ha hecho todo lo necesario para dar cumplimiento a estas normas, así como a las obligaciones generales que le impone la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Esta carga no puede entenderse cumplida y, por lo tanto, exculpado con la mera respuesta entregada, en el sentido que dictó el reglamento.

Tampoco resulta razonable la respuesta genérica y más bien vaga contenida en la contestación, de que las obligaciones consagradas en la ley Nº 19.070 no son imperativas y que su cumplimiento no está en el ámbito de su competencia. Desde luego, a pesar de que el Ministro dice haber dispuesto los fondos, no entrega ninguna información precisa sobre el particular: no señala cuándo, cómo, ni qué montos puso a disposición. Menos aún explicita las razones del texto jurídico en virtud del cual rechaza su competencia para cumplirla y hacerla cumplir.

Por último, el Ministro ignora en esta parte que la acusación también se le dirige por infracción a la ley orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyas obligaciones de supervigilancia y control le son plenamente aplicables.

Setenta mil profesores han visto amagado un legítimo derecho. Sabemos perfectamente que se rechazará la acusación constitucional, porque, una vez más, se demostrará que en la Concertación existe una lealtad política muy especial. Habríamos preferido que la unidad que hoy exhiben, igual como la que demostraron ayer para defender al Subsecretario de Carabineros de sus responsabilidades en el escándalo de Dipreca, existiera al interior del Gobierno, con el objeto de que el Ministro de Hacienda dispusiera rápidamente los recursos a fin de que el Ministro de Educación, con menos comisiones y más trabajo, determinara los beneficiarios, de manera que nada de esto hubiese ocurrido y la asignación de perfeccionamiento fuera una realidad para todos aquellos maestros que tanto la merecen y necesitan.

Al concluir el trabajo de la Comisión en que me correspondió participar, debo señalar dos cosas:

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Ha concluido su tiempo, señor diputado.

El señor CORREA.-

Termino en dos segundos, señor Presidente.

1ºEs posible que el Ministro de Educación no sea el único responsable de que no se haya pagado este derecho que la ley consagra. Es más, estoy cierto de que ello es así. La responsabilidad real y plena recae en la Concertación en su conjunto. Sin embargo, es el Ministro de Educación, por la Cartera que dirige, quien debe responder ante el país, ante los profesores y ante nuestra Corporación.

2ºEl Ministro de Educación no puede eludir la responsabilidad que se deriva de su falta de voluntad política para sacar adelante el pago de esta asignación.

Ésa es, tal vez, la principal responsabilidad del Ministro acusado. La evaluación política de la gestión de los ministros corresponde al Presidente de la República, pero más allá de eso está la evaluación de la opinión pública en general y de los profesores en particular. Estoy cierto de que ellos comparten este diagnóstico. Es muy pobre la respuesta cuando se dice que se cumple porque se dictan los reglamentos. Eso no es lo que el país espera del Gobierno, ni mucho menos lo que los profesores de Chile esperan del Ministro de Educación.

En mérito de todas las razones precedentes, considero que la acusación constitucional entablada en contra del Ministro de Educación es plenamente procedente y debe acogerse, por cuanto éste no ha justificado en los hechos ni en el derecho la debida y oportuna ejecución y cumplimiento de las normas constitucionales y legales, cuya infracción se le imputa justificadamente, en mi concepto. Por ello, la voto a favor.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, soy de los parlamentarios que, por sorteo en la Sala, me correspondió analizar los antecedentes de esta acusación constitucional.

Se trata de una acusación que no logra ni siquiera la atención de quienes la presentaron; que al estar sostenida en fundamentos políticos electorales, de inmediato es percibida como tal por la opinión pública y no es recogida tampoco por la prensa. Sus fundamentos jurídicos, que fluyen de la argumentación que conocimos de parte de destacados profesores de nuestro país, termina en juicios que no son definitivos respecto de lo que podría conllevar como responsabilidad política del Ministro.

Desde el punto de vista jurídico, el análisis de los planteamientos efectuados en la Comisión nos permite concluir que existe una clara controversia. Como en otras oportunidades, en la Sala podría haber, por parte de colegas o de profesores de derecho constitucional, una defensa o alegato a favor de esta acusación, sin que de ella se derive ninguna conclusión contundente. De hecho, si se analiza la exposición del profesor Saenger , invitado a sugerencia de nuestros colegas, para sostener los fundamentos de la acusación, nadie puede deducir que llega a una conclusión clara y definitiva al respecto.

En consecuencia, la acusación no tiene fundamentos jurídicos claros.

También es injusta, porque se presenta en el momento en que el Ministerio de Educación se encuentra regularizando el reconocimiento de la asignación de perfeccionamiento para los años 1993 a 1995. El decreto supremo de Educación, de abril de 1997, que señala los procedimientos para determinarla, establece la constitución de comisiones comunales que realicen el reconocimiento de los cursos, tarea que antes era ejecutada por comisiones regionales. En consecuencia, estamos frente a un proceso que, sin duda, conllevará una respuesta satisfactoria a una demanda justa del profesorado chileno.

Es una acusación oportunista, porque para nadie es un misterio que se inscribe en una decisión política de un partido de Oposición, de plantear al país, con motivo de las próximas elecciones de diciembre, una serie de temas con los cuales intentan recabar la atención pública y, eventualmente, la de sectores que pudieran verse afectados por alguna política del Gobierno.

Sin embargo, es tan evidente el oportunismo, que ni siquiera cuentan con la adhesión de los afectados, porque el Colegio de Profesores, al ser convocado a la Comisión, clara y taxativamente señala, en un texto escrito que no tiene sentido leer, que no está por apoyar la acusación constitucional.

Varios señores diputados.- ¡Léalo!

El señor PROKURIÇA.-

¡Que diga la verdad!

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, yo escuché con tranquilidad las exposiciones de mis colegas. Pido que llame la atención al Diputado señor Prokuriça , pues no me permite intervenir.

La participación del Colegio de Profesores en la Comisión consta en un documento que, me imagino, todos los señores diputados han tenido oportunidad de leer.

Es una acusación que tiene el doble estándar de nuestros colegas de la Oposición, que durante muchos años no fueron capaces de hacerse cargo de la tremenda deuda que existía con los profesores chilenos, la cual, como ha señalado el Ministro, fue asumida por el Gobierno de la Concertación. Se trata de una deuda histórica, que desde 1967 hasta 1992 no fue recogida por quienes ahora alegan que existe demora en el pago de la asignación de los últimos años.

Obviamente, para nosotros no existen fundamentos para esta acusación.

Hablan varios señores diputados a la vez.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Votemos, señor Presidente.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, pido que aplique el Reglamento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Restan cinco minutos del tiempo de su Señoría.

Ruego a los señores diputados guardar silencio.

Puede continuar Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, con su venia, le concedo una interrupción, al Diputado señor Valenzuela .

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, soy de aquellos parlamentarios de la Concertación que hemos estado en contra de ella cuando tuvimos que defender, por ejemplo, la estabilidad laboral o la asignación de los profesores; pero los colegas que levantan la mano están inhabilitados históricamente para presentar una acusación constitucional.

Desde 1967 a 1981, se pagó esta asignación y con creces, no sobre el sueldo base, sino respecto del total de la remuneración. Entonces, nada dijeron muchos de los que han presentado esta acusación y que fueron alcaldes durante el gobierno militar, época en que se suprimió este beneficio; permanecieron callados. No sé por qué hoy les ha nacido esta preocupación por los profesores.

Por eso, me parece que están inhabilitados históricamente para formular una acusación. Además, pienso que ha sido inoportuna, porque no se ha presentado la cuestión previa.

Si hubiera existido algún motivo legal o justo, debió haberse presentado la acusación en contra de los ministros que estaban en el cargo en el momento en que se dejó de pagar este beneficio, lo que se ha hecho hasta 1992. De 1993 a 1995, el pago está pendiente por mecanismos administrativos de responsabilidad del Ejecutivo; pero desde 1996 en adelante es de responsabilidad de los alcaldes, porque a los municipios les correspondía pagar la subvención.

Por existir inhabilidad histórica y por ser inoportuna e infundada, rechazamos la acusación constitucional.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, me voy a permitir agregar un antecedente.

Los colegas de Renovación Nacional que presentaron la acusación constitucional manifestaron, pública y reiteradamente, su oposición al Estatuto Docente. El propio ex presidente de ese partido, Diputado señor Allamand , señaló hace algún tiempo era un mal proyecto, pues perpetuaba un sistema equivocado de remuneraciones, que generaba efectos perversos y avanzaba precisamente en la dirección incorrecta. En consecuencia, se oponían a lo que ha significado el reconocimiento del perfeccionamiento del profesorado chileno.

Por lo tanto, es muy difícil entender que hoy pretendan que la Concertación, que ha defendido a los profesores chilenos, pueda acoger una acusación injusta, oportunista, improcedente y que se sustenta en un doble estándar, como consecuencia de desafíos electorales.

Cedo los minutos restantes al Diputado señor Ortiz , quien me ha solicitado una interrupción.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

En votación la acusación constitucional presentada en contra del Ministro de Educación, señor José Pablo Arellano Marín .

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 24 votos; por la negativa, 48 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Bayo , Caminondo , Cantero , Cardemil , Correa, Errázuriz , Espina, Fantuzzi , Galilea , García (don René Manuel) , García (don José) , Hurtado, Jürgensen , Kuschel , Martínez ( don Rosauro) , Pérez (don Ramón) , Prochelle (doña Marina) , Prokuriça , Rodríguez , Solís , Taladriz , Tohá , Urrutia (don Raúl) , Vargas y Vega.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Allende (doña Isabel) , Ascencio , Aylwin (don Andrés) , Aylwin (doña Mariana) , Balbontín , Ceroni , Cornejo , Dupré , Elgueta , Encina, Estévez , Fuentealba , Gajardo , Gutiérrez , Hamuy , Hernández , Huenchumilla , Latorre, León, Luksic , Makluf , Martínez ( don Gutenberg) , Montes, Morales , Muñoz , Naranjo , Ojeda , Ortiz , Palma ( don Andrés) , Palma (don Joaquín) , Pollarolo ( doña Fanny ), Reyes, Rocha , Sabag , Salas, Seguel , Silva, Soria , Sota , Tuma , Urrutia (don Salvador) , Valenzuela , Viera-Gallo , Villegas , Villouta , Wörner ( doña Martita ) y Zambrano .

Se abstuvieron los Diputados señores:

Elizalde y Venegas .