Labor Parlamentaria

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el informe de la Comisión de Hacienda recaído en el proyecto de ley que modifica el decreto ley N° 3.500, de 1980; el decreto ley N° 1.328, de 1976; la ley N° 18.045; el decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, del Ministerio de Hacienda, y la ley N° 18.815.

El proyecto aparece en el número 2 de la Tabla, pero debido a que su urgencia ha sido calificada de "suma" debe ser discutido en primer lugar.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Andrés Palma.

Antecedentes:

Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1170-05, sesión 1ª, en 16 de marzo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 6.

Informe de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 4 de esta sesión.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable Diputado señor Andrés Palma.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en el debate del proyecto de ley en la Comisión de Hacienda, participaron los señores Julio Bustamante, Superintendente de Administradoras de Fondos de Pensiones, y Alvaro Contreras, abogado de la Fiscalía de la Superintendencia de AFP.

La iniciativa tiene por objeto resolver un problema de procedimiento suscitado con esta misma normativa, tal como fue conocida por la Cámara de Diputados en enero, revisada por el Tribunal Constitucional en enero, febrero y primeros días de marzo, y promulgada por el Presidente de la República en los últimos días de la administración anterior.

En este proceso, el texto que conoceremos a continuación ya había sido aprobado por unanimidad por ambas ramas legislativas, con excepción de leves modificaciones, particularmente en el artículo 1°, números 1, 2 y 3, que han sido objeto de correcciones de redacción no observadas por la Cámara ni por el Senado en el análisis anterior de la materia, y en el artículo 6°, que suspende la vigencia de lo dispuesto en el artículo 168, e inciso final del 169 de la ley N° 18.045, por un plazo de 90 días a contar de la publicación de la ley.

El Tribunal Constitucional conoció de oficio las materias en discusión, sin que hubiesen sido puestas en su conocimiento por la Cámara, como procede, de acuerdo con la interpretación que tiene esta Corporación de la legislación que regula a ese Tribunal. Esa es la razón por la cual no se certificó en el despacho de la ley el quorum con el cual fueron aprobadas. El Tribunal Constitucional cercenó, entonces, estas disposiciones del proyecto aprobado por el Congreso Nacional, lo que impidió su despacho correcto.

Por lo expuesto, esta iniciativa viene a resolver el problema formal suscitado, y lo que el Ejecutivo solicita a la Cámara y al Senado es que la despachemos tal cual la ha enviado, salvo los problemas de redacción a los cuales hice alusión al comienzo, lo que equivale a aprobar el mismo texto que ya había despachado el Congreso Nacional por la unanimidad de sus miembros.

En este sentido, como informante de la Comisión de Hacienda, propongo que no entremos al fondo del tema, sino que procedamos a resolver el diferendo entre la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, y el Tribunal Constitucional, respecto de las materias que éste debe o no conocer. Todas ellas -salvo una- ya fueron consideradas por esta Corporación.

Lo que no fue conocido y respecto de lo cual creo necesario dar una información adicional es justamente el artículo sexto, al cual ya hice alusión, por el que se suspende "la vigencia de lo dispuesto en los artículos 168, e inciso final del artículo 169 de la ley N° 18.045, por un plazo de 90 días, a contar de la publicación de la presente ley."

Ello corresponde a una indicación aprobada por la Comisión de Hacienda y formulada por parlamentarios de Renovación Nacional y de la UDI, a la cual adhirieron parlamentarios de la Concertación.

De acuerdo con las normas ya promulgadas de reforma del sistema del mercado de capitales, las funciones de muchos directores de sociedades anónimas y de instituciones de intermediación financiera -entre las cuales no se incluyen las administradoras de fondos de pensiones, porque esa situación ya estaba regulada en la ley- deben cesar en una de las dos entidades. De esta manera, un corredor o un director de bolsa de comercio, que además es director en una sociedad anónima, debe renunciar a uno de los cargos, para lo cual se establece un plazo de noventa días, a contar de la publicación de la ley -que esperamos sea pronto-, para que ejerza la opción.

La situación afecta aproximadamente a 30 personas que participan en un número significativo de directorios y, por lo tanto, para el ordenamiento de estas sociedades parece razonable fijar un plazo, salvo en las administradoras de fondos de pensiones, situación que no fue considerada en el despacho original del proyecto.

Este elemento de fondo es el iónico que no había sido conocido por la Cámara, por cuanto el resto del articulado o son enmiendas de redacción necesarias para una correcta aplicación de la ley, o reposición de aquellas materias que el Tribunal Constitucional consideró que debían ser despachadas con quorum especial y que la Cámara no había considerado en tal calidad.

Por esa razón, y en vista de los antecedentes expuestos, la Comisión de Hacienda solicita el despacho de este proyecto, que ha aprobado, tal cual ha sido enviado por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Los Honorables Diputados Huenchumilla y Orpis han solicitado el uso de la palabra.

Primeramente, tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, quiero comentar el proyecto informado por el Diputado señor Palma, en relación con el reciente fallo del Tribunal Constitucional, respecto del proyecto sobre mercado de capitales que en su oportunidad despachara la Cámara de Diputados, lo que ha obligado al Ejecutivo a enviar esta iniciativa para subsanar los reparos hechos presentes.

En esta materia están involucrados dos tipos de cuestiones. En primer lugar, una formal, que se refiere a un problema de constitucionalidad de forma, en cuanto el Tribunal Constitucional señaló que una de las disposiciones que nosotros remitimos como propia de ley orgánica constitucional no era tal, sino simplemente de ley común, y la excluyó, calificándola como de ley simple.

En segundo lugar, al interpretar sentencias anteriores, el Tribunal Constitucional, de oficio, estimó necesario conocer de otras disposiciones que la Cámara de Diputados no había puesto en su conocimiento, por estimar que no eran normas de leyes orgánicas constitucionales, sino que revestían otro carácter.

El Tribunal Constitucional, al reiterar la doctrina que sentó en dos fallos anteriores, esta vez se abocó a conocer algunos artículos que nosotros no habíamos aprobado con los quorum respectivos.

En rigor, no obstante el predicamento de la Cámara de Diputados de que el organismo llamado a precisar la naturaleza jurídica de las normas que se remiten a ese Tribunal es precisamente esta Cámara, el Tribunal Constitucional ya había puntualizado que eran normas de ley orgánica constitucional los artículos 44 y 45 del decreto ley N° 3.500, en el proceso rol 101, del año 1990, que modificaban la Ley Orgánica del Banco Central. De manera que existía un precedente en sentencias del Tribunal Constitucional en orden a calificar como de ley orgánica artículos que fueron remitidos no en esa calidad, sino simplemente como de ley común.

Por otro lado, y analizando rigurosamente la materia, el Tribunal señala que se aboca de oficio a conocer algunos incisos o algunos artículos relacionados con los que la Cámara de origen pone en su conocimiento, para los efectos de una interpretación rigurosa y sistemática y para extraer el verdadero sentido de la norma.

Adhiriéndome a la tesis que tradicionalmente ha sostenido la Cámara; de que a nosotros nos corresponde calificar la naturaleza de la norma, la verdad es que en esta oportunidad el Tribunal siguió la doctrina sentada en 1990, y los artículos y los incisos a que se abocó de oficio decían directa relación con otras normas que había que considerar para su adecuada interpretación. Sin embargo, creo que hay una materia más importante que el Tribunal conoció al declarar inconstitucional, esta vez por razones de fondo, una norma que le permitía a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones nombrar un administrador delegado en las AFP mediante resolución fundada y en casos graves. El Tribunal estimó que esta norma vulneraba la Constitución al transgredir el derecho de propiedad de los dueños de las administradoras a administrar sus propios negocios; el derecho de asociación; el de los cuerpos intermedios a regularse y manejarse en forma autónoma y que, por lo tanto, el Estado, o el Gobierno, al tener la posibilidad de nombrar un administrador delegado, estaba conculcando el derecho de propiedad que tenían, o que tienen, las administradoras sobre las sociedades que administran fondos ajenos.

Nos parece sumamente grave la doctrina sustentada por el Tribunal Constitucional, y compartimos plenamente el voto disidente que se expresa en su sentencia, suscrito por el Ministro señor Juan Colombo. El considera que la norma es constitucional, porque los dueños de los fondos de pensiones son los trabajadores, y las AFP, sociedades que administran fondos ajenos. En consecuencia, frente a una situación grave de infracción de la ley, en que se pudiere afectar o dañar al fondo de pensiones, el Estado, por mandato incluso de la propia Constitución, artículo 19, N° 18, tiene la obligación de supervigilar el funcionamiento de los derechos de la seguridad social en beneficio de la gente que en forma obligada está colocando sus fondos, mayoritariamente, en el nuevo sistema de pensiones, en sociedades que administran fondos ajenos.

Por lo tanto, hoy el Estado -entiéndase la Superintendencia-, quedará privada de la posibilidad de nombrar un administrador delegado frente a una situación grave. Dicho nombramiento, en el artículo declarado inconstitucional, no era caprichoso, dado que aquél debía hacerse por resolución fundada, previo acuerdo del Banco Central, por infracción grave de la ley o por otras causales muy fundamentadas; además, estaba sujeto a un plazo de tres meses, y se podía reclamar de él ante los tribunales de justicia. En consecuencia, el derecho de las AFP estaba muy acotado en la norma que el Tribunal declaró inconstitucional.

Quiero hacer otra reflexión en relación con el tema.

La Comisión de Hacienda está conociendo otro proyecto de ley muy importante para el país: el tratamiento de la deuda subordinada de los bancos, materia compleja que la Sala ya trató en general, en el primer informe, y que esperamos que en las próximas semanas pueda conocer en particular el acuerdo a que se llegue respecto del tema. Sabemos que dentro del nacimiento y del procedimiento a que dio lugar esta obligación subordinada de los bancos, bajo la vigencia de la Constitución de 1980, en el pasado se hicieron nombramientos de delegados o de interventores en los bancos que estaban sufriendo la crisis financiera de los años 82 y 83, precisamente al amparo de la Ley de Bancos, que permite el nombramiento de este tipo de administradores delegados, sin que nadie, hasta la fecha, dijera que ese nombramiento adolecía de inconstitucionalidad, como el Tribunal lo ha declarado en el caso de la norma incluida en el proyecto que aprobó la Cámara.

Creemos que tratándose de los fondos de la inmensa mayoría de los chilenos, administrados por estas sociedades, es deber del Estado, como lo prescribe la propia Constitución, establecer todos los mecanismos que permitan una supervigilancia adecuada. A propósito del tema de los controles de las empresas públicas, estimamos pertinente insistir en que el Estado tiene la obligación de establecer la supervigilancia en el marco de la Constitución y de la ley.

A mi juicio, el proyecto tenía esas características.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Terminó el tiempo de su primer discurso.

El señor HUENCHUMILLA.-

Concluyo en un minuto señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor HUENCHUMILLA.-

Como se ha dicho en numerosas tribunas, tendremos que ver en la práctica, en el transcurso del tiempo, cómo opera el nuevo sistema de pensiones, de acuerdo con sus disposiciones y una vez que empiece a dar las prestaciones que está obligado a entregar por ley.

Por lo tanto, la manera de corregir este punto, que ya ha resuelto el Tribunal Constitucional -a mi juicio, de una manera equivocada y sentando la doctrina correcta el voto disidente-, ni siquiera sería por ley orgánica constitucional, sino por medio de una reforma constitucional. A nosotros esto nos parece de la mayor gravedad, y quise hacerlo presente en esta ocasión para la historia de la ley.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, de lo expuesto por el Diputado señor Huenchumilla entendí que el Tribunal Constitucional habría anulado de oficio una disposición de un proyecto de ley. O sea, nadie le solicitó tal actuación, sino que, al revisar un proyecto, entró a conocer del fondo del artículo al cual él se ha referido, y habría adoptado tal decisión.

Quiero que me aclare bien ese punto, porque es importante.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, efectivamente, el Tribunal Constitucional conoció de oficio algunos incisos y artículos, y los declaró inconstitucionales, pero por una cuestión formal: porque los calificó de ley orgánica, en circunstancias de que la Cámara los había votado como de ley simple. Ese es un punto.

El artículo por el cual la Superintendencia podía nombrar un administrador delegado en las AFP, fue una disposición que la Cámara de origen -nuestra Cámara- puso en conocimiento del Tribunal. Por lo tanto, en este caso, no actuó de oficio, pero lo declaró inconstitucional, no por una cuestión formal de quórum, sino porque contravenía normas determinadas de la Constitución, es decir, por inconstitucionalidad de fondo.

No sé si queda claro, señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, solicito que se oficie a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o que se arbitre alguna medida tendiente a aclarar el punto. Es evidente que la Cámara de origen tiene la obligación de remitir al Tribunal Constitucional aquellos proyectos que contienen normas de un quórum determinado; pero no me parece evidente, salvo que esté equivocado, que el Tribunal pueda actuar de oficio para conocer del fondo de la disposición. Lo que puede hacer, como ha sucedido muchas veces, es decir que no se reunió el quórum necesario y la norma cae por un problema de procedimiento formal; pero sólo puede entrar a conocer una materia de fondo a requerimiento de parte. Para eso se establece en la Constitución una serie de mecanismos. Si fuera así, quiere decir que el Tribunal, en este caso, habría actuado ultra petita.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Señor Diputado, no quiero coartar su derecho a usar de la palabra, pero hay otros señores Diputados inscritos. A usted se la concedí sólo para los efectos de hacer una consulta.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, solicito que se arbitren las medidas que sean del caso para enfrentar esta dificultad.

Muchas gracias.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS Señor Presidente, hace pocos meses la Cámara despachó un proyecto de gran relevancia, que apunta a modernizar el mercado de capitales, excluyendo todo el sistema financiero o los bancos, como muy bien lo ha señalado el Diputado señor Huenchumilla.

Son varios los cuerpos legales que se modifican en virtud de estas disposiciones: las leyes de Mercado de Valores, de Administración de Fondos Mutuos, de Fondos de Inversión, de Fondos de Pensiones, de Compañías de Seguros, y otras materias.

Esta Cámara está abocada al conocimiento de la situación producida a raíz de una resolución del Tribunal Constitucional, por la cual ha objetado dos tipos de materias, tanto de carácter formal como de fondo; concretamente, en lo relativo al administrador delegado. Las formales se refieren básicamente a los límites de inversión.

Desde mi punto de vista, ello se debió a una omisión, tanto de la Cámara como del Senado, al no haberles dado tal carácter a dichas disposiciones. Respecto de los límites de inversión, como no existían los quórum en esta Honorable Cámara, se tuvo que llegar a una negociación política para alcanzarlos. Por esa razón, no se despachó todo al Senado. Además, esas materias son absolutamente formales y existía unanimidad para resolverlas.

La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y esta Cámara tendrán que analizar el tema relativo al administrador delegado, sobre el cual el Ejecutivo no ha insistido, de manera que no es una materia que hoy esté en votación, independientemente de las consideraciones que se tengan respecto del fallo.

Sin embargo, aun cuando el Ejecutivo no haya insistido en ese tema, no me gustaría dejar la sensación de que la Superintendencia carece de facultades para fiscalizar, ya que, de acuerdo con las actuales disposiciones, podría proceder a la liquidación de una administradora de fondos de pensiones cuando se cometen graves infracciones a la ley.

Era otra la norma planteada por el Ejecutivo para que ella ejerciera su función fiscalizadora; pero no es que hoy no tenga la facultad. La Superintendencia la tiene desde el momento en que puede liquidar una administradora de fondos de pensiones.

Señor Presidente, el Diputado señor Huenchumilla me ha solicitado una interrupción y, por su intermedio, se la concedo.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Huenchumilla.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, quiero hacer presente al señor Diputado que malamente el Ejecutivo podría haber insistido en el administrador delegado, porque, de acuerdo con la tesis del Tribunal Constitucional, no es posible subsanar ese vacío mediante una ley, ni siquiera orgánica, sino que se requeriría de una reforma constitucional.

Muchas gracias.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Orpis.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, por esa misma razón, independientemente de los comentarios a los que hice alusión y que podrá discutirlos y analizarlos esta Honorable Cámara, ello ha sido materia del fallo, pero no es lo que estamos resolviendo hoy.

En segundo lugar, no es efectivo que quienes tengan depositados sus fondos en la administradora de fondos de pensiones se encuentren en la indefensión, porque la Superintendencia sigue teniendo facultades suficientes, incluso para liquidarla.

Un segundo elemento, que hoy y en los días pasados ha sido materia de distintos Comentarios en diversos medios de comunicación, se refiere fundamentalmente a la indicación aprobada en forma unánime por la Comisión de Hacienda, que suspende la vigencia de lo dispuesto en los artículos 168 y 169, inciso final, de la ley N° 18.045, sobre mercado de valores.

Entre las modificaciones introducidas en distintos cuerpos legales, se estableció un conjunto de prohibiciones, incluso inhabilidades, para las personas que eventualmente se encontraban en situación de conflictos de intereses o que podían utilizar información privilegiada en beneficio propio. En forma genérica se consigna quiénes están en esa situación y se propone un plazo de 90 días para que las personas puedan optar entre un cargo y otro.

En primer lugar, se trata de intermediarios de valores que no pueden transar acciones de sociedades anónimas en las que ellos son directores; en segundo lugar, los directores de las AFP no pueden votar por personas que representen a grupos controladores; en tercer lugar, los ejecutivos que trabajen en bancos y en compañías de seguros o corredoras no pueden ser directores de AFP y, en cuarto lugar, tampoco pueden serlo los directores de bancos, compañías de seguro y corredoras que desarrollan funciones ejecutivas. Esas son genéricamente las personas inhabilitadas.

En virtud de una disposición aprobada por el Parlamento, esta inhabilidad operaba in actum; pero como estas personas tienen que elegir entre esos directorios, se consideró prudente establecerles un plazo de opción de 90 días.

Por las razones expuestas, la Unión Demócrata Independiente dará su aprobación a la proposición del Ejecutivo, tendiente a salvar los problemas originados por el fallo del Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez.

El señor ESTEVEZ.-

Señor Presidente, durante el debate ha quedado en claro que aquí están en juego dos cuestiones de orden distinto, pero vinculadas. Una es el contenido del proyecto y otra la forma en que el Tribunal Constitucional ha procedido a resolver sobre este proyecto, independientemente de cual sea su contenido.

En lo sustancial, respecto de las materias que Su Señoría someterá a votación, me sumo a lo ya expresado: este texto repone el articulado aprobado por unanimidad por esta Cámara, sin que en el acta haya quedado constancia del número de Diputados que lo sancionó.

Se requiere con urgencia despachar esta iniciativa, porque la declaración de inconstitucionalidad, en su forma, por parte del Tribunal Constitucional, ha significado que la ley del mercado de valores, muy importante para la regulación de las compañías de seguro, bolsas de comercio y AFP, ha tenido que ser promulgada hasta con puntos suspensivos en determinadas partes, por cuanto no se efectuaron las debidas concordancias. La eliminación de partes importantes ha traído como consecuencia que hoy no existan límites de inversión para esas entidades.

En el texto que estamos conociendo y al que nuestra bancada le dará su aprobación, se han hecho algunas correcciones de forma que se omitieron en la transcripción del texto original en el Senado; en especial, sobre el plazo de 90 días, que permitirá a las bolsas de comercio y compañías de seguros aplicar las inhabilidades que afectan a sus actuales directores. Esto significa que habrá un plazo de tres meses para llevar a efecto las juntas de accionistas, a fin de que los directores opten entre las actividades que han sido declaradas incompatibles y se proceda a los reemplazos pertinentes. Me parece oportuno este plazo, pues hace más fluida la transición entre un sistema legal y otro. Por eso, le vamos a dar nuestra aprobación.

El tema de fondo, sin embargo, apunta a la forma como ha operado el Tribunal Constitucional. Al respecto, solicito a Su Señoría, si lo estima conveniente, que al término del debate se estudie el modo de proceder para enfrentar esta situación, ya sea por la vía de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia o por la propia Cámara, porque, a partir de este fallo, ha habido un cambio sustantivo de las atribuciones legislativas del Congreso Nacional, ya que el Tribunal se concede el derecho a pronunciarse sobre cualquier materia, sin que ni la mayoría del Congreso ni la minoría de sus parlamentarios se lo hayan requerido, lo que naturalmente implica un cercenamiento relevante de las facultades que tiene el Congreso Nacional. Me parece que el Tribunal ha excedido sus propias atribuciones, y este es un tema que deberíamos clarificar.

No sé si mientras se resuelve o hay alguna reforma constitucional que aclare el punto, sea factible, dado que tenemos sistema de votación electrónica, dejar constancia en acta del número de personas que han votado, para evitar que en el futuro se nos produzca el grave hecho de que eh materias de alta relevancia, despachadas por la unanimidad de esta Cámara y con alta asistencia de señores parlamentarios, simplemente se declare que no tienen efecto o que no pueden ser promulgadas, porque en su momento no se estimó por la Sala que eran de rango constitucional.

Sobre el nombramiento de administradores delegados, materia de fondo que el tribunal ha declarado inconstitucional, desde el punto de vista de la conducción económica ello me parece un hecho lamentable. No es usual que las autoridades fiscalizadoras designen interventores o administradores en las empresas; es un hecho inusual. Se recurrió a ese procedimiento, como muy bien recordaba el Diputado señor Huenchumilla, con ocasión de la crisis bancada de 1982-1983.

La disposición que hoy se objeta en el texto legal respecto de la facultad que se otorga a la Superintendencia de AFP para nombrar administradores delegados o interventores cuando concurre un gran número de causales en situación realmente crítica en su manejo, dice relación con el mismo tipo de disposición que permite la intervención de la banca por la Superintendencia del ramo.

Con este fallo del Tribunal Constitucional no habría sido posible la intervención de la banca que debió realizarse en los años 1982 y 1983. Esto implica vina severa limitante a una atribución que deseamos que nunca tenga que ejercerse, pero que, en algún momento, puede ser necesaria. Por ello, en un futuro próximo, mediante una reforma constitucional, habrá que insistir en este aspecto.

Señor Presidente, el debate que hemos tenido esta mañana nos debe motivar a reflexionar, a fin de clarificar y, en lo posible, enmendar lo que a mi juicio ha sido un exceso de autoatribuciones que se ha arrogado el Tribunal Constitucional.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor José García.

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, cuando la Cámara de Diputados trató el proyecto de modernización del mercado de capitales, todas las bancadas señalamos, y con razón, que era uno de los proyectos más importantes que despachaba el Parlamento, por cuanto apuntaba a fortalecer el régimen previsional por la vía de aumentar los instrumentos de inversión, pues garantizaba al ahorro previsional de los trabajadores una mayor rentabilidad y también mayor seguridad.

Sigo creyendo que este proyecto de modernización del mercado de capitales ha sido uno de los más importantes que han pasado por el Congreso Nacional. Por ello resulta lamentable que el Tribunal Constitucional haya reparado materias tan relevantes porque no se cumplió con la formalidad de precisar que determinados artículos requerían la votación de ley de quorum calificado, y que, en consecuencia, por ese aspecto de forma, se haya visto en la necesidad de rechazarlos. En el fondo, el Tribunal Constitucional nos está dando un "tirón de orejas" y diciendo que hemos hecho mal nuestro trabajo. Eso nos debe preocupar tanto a nosotros, como legisladores, como a los equipos técnicos que nos asesoran dentro del Congreso Nacional.

Es cierto que el Tribunal Constitucional conoció de oficio algunos artículos que el Congreso no advirtió que requerían de este quorum calificado. Pero también es efectivo que ya en fallos anteriores el Tribunal Constitucional había señalado que estas materias requerían el quorum de ley orgánica. En consecuencia, el antecedente técnico-jurídico existía y el Congreso Nacional debió ser más riguroso en la revisión de esas materias para no incurrir en fallas que, en definitiva, para repararlas, derivaron en la presentación de esta iniciativa de ley.

Por el proyecto se reponen las atribuciones del Banco Central para la custodia de los instrumentos de inversiones de los fondos de pensiones; la autorización que esa entidad debe dar para invertir en otros instrumentos de oferta pública; las atribuciones para la fijación de los límites máximos de inversión por instrumento en que pueden invertirse los recursos que componen los fondos de pensiones y las atribuciones del Banco Central sobre requisitos y procedimientos aplicables a la inversión de fondos mutuos en el extranjero.

A lo anterior, debemos agregar una indicación que presentaron parlamentarios de Renovación Nacional y de la Unión Demócrata Independiente -concordada con el Ejecutivo-, a la que también adhirieron parlamentarios de la Concertación, respecto de extender en 90 días el plazo para que los corredores de bolsa que sean, asimismo, directores de sociedades emisoras de valores, puedan adecuarse a las inhabilidades establecidas en la ley.

Por las razones expuestas, los Diputados de Renovación Nacional aprobaremos el proyecto de ley.

Señor Presidente, el Diputado señor Teodoro Ribera me ha pedido una interrupción y, por su intermedio, con gusto se la concedo.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, el Diputado señor Estévez ha planteado un tema de alta trascendencia, cual es la interrogante sobre quién debe decidir el quorum con que debe aprobarse determinada norma legal.

El tema es nuevo en el derecho constitucional chileno. En la Constitución de 1925 y en las anteriores existían sólo dos tipos de normas: las leyes comunes y las leyes de reforma constitucional. Sin embargo, a partir de la de 1980, aparecen normas de distinto rango y quorum: normas interpretativas de la Constitución, leyes orgánicas constitucionales, leyes de quorum calificado, leyes comunes y reformas constitucionales.

Surge, entonces, la pregunta: ¿quién debe decidir el quorum con que debe aprobarse una ley que regula una materia determinada? ¿El Congreso Nacional, los órganos colegisladores, el Presidente de la República o el Tribunal Constitucional? Ninguno de esos órganos. Lo hace directamente la Constitución al establecer que determinadas materias deben ser necesariamente reguladas mediante ley de quorum calificado u orgánica constitucional, u otras de rango común.

Entonces, no se trata de una decisión arbitraria, sino de interpretación, en el sentido de si la norma que dictamos calza o no dentro del ámbito de aquellas que la Constitución señala. Ni aun por la unanimidad de la Cámara podría otorgarse, por ejemplo, a una determinada norma el carácter de orgánica constitucional si la materia que comprende no corresponde a la que la Constitución definió previamente como de rango orgánico constitucional. Asimismo, respecto del rango de quorum calificado. Es decir, la Constitución limitó también la facultad del Congreso Nacional de otorgar diferentes rangos a distintas materias, porque, de lo contrario, en un determinado momento, una mayoría ocasional en el Congreso Nacional podría intentar definir muchas leyes para que en el futuro no puedan ser modificadas, y darles, por ejemplo, rango orgánico constitucional para empezar, así, a petrificar el derecho.

La petrificación que establece la Constitución no es en cuanto a la cantidad de leyes, sino al ámbito de las materias. La Constitución no define leyes de rango orgánico constitucional, sino materias. Y como ese es un asunto interpretativo, el Tribunal Constitucional, en definitiva, no le confiere a una ley el rango que desea, sino que subsume la norma constitucional que define la materia y verifica si la norma legal aprobada por el Congreso calza o no en la norma matriz establecida en la Constitución. Sin lugar a dudas, puede haber diferencias. La Cámara de Diputados, por ejemplo, puede establecer que una norma es de quorum calificado y luego el Senado votarla con quorum normal y decir que no cree en esa tesis. Eso ya ha pasado en la Cámara. O puede ser que el Congreso Nacional le atribuya a una norma el rango de orgánica constitucional y, sin embargo, el Tribunal Constitucional no la considere entre las materias de ese rango.

La propuesta que planteó el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en término de dejar siempre constancia de los quorum alcanzados en las votaciones -en la medida de que sea posible- en el marcador electrónico, es, por lo menos, una solución fáctica o de hecho que podría solucionar problemas a futuro.

Pero, puesto que este problema es interpretativo, al Tribunal Constitucional le compete determinar, finalmente, qué normas -de las que dictamos- deben tener o no determinado rango legal, al subsumir la disposición constitucional al proyecto de norma que nosotros remitimos.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, este debate es sumamente importante, por cuanto, a partir de un hecho significativo, llama la atención de la Honorable Cámara un problema recurrente con el Tribunal Constitucional. Aquí no se trata, como dijo el Diputado señor José García -en mi opinión, profundamente equivocado- de que el Tribunal Constitucional nos dé un tirón de orejas, ni tampoco de buscar una solución pragmática en el sentido de dejar constancia en todas las votaciones del número de parlamentarios presentes en la Sala. Aquí se ha puesto en tela de juicio el rol del Parlamento y el modo en que está funcionando una institucionalidad diseñada para minimizar al máximo dicho rol.

Me parece muy importante que la Cámara y el Senado tomen conciencia de ello.

No es el único aspecto. En estos días, los integrantes de la Mesa de la Cámara hemos concluido una especie de acuerdo con el Gobierno para que los parlamentarios dejemos de ser pura y simplemente buzones del Poder Ejecutivo; para que no seamos una especie de parlamento estampilla que simplemente tiene la posibilidad de decir sí o no; para que la creatividad de los parlamentarios pueda expresarse en leyes de la República. Este es un aspecto del Estado disminuido, vejatorio, en que la Constitución de 1980 ha situado al Parlamento, amén de las escasísimas materias que son de iniciativa parlamentaria y de las múltiples materias de iniciativa exclusiva del Presidente, y amén del concepto restrictivo que se tiene de lo que es materia de ley. Un cambio esencial, una ruptura con el esquema constitucional de 1925, en el que muchísimas cosas quedan en el ámbito de la potestad reglamentaria que ejerce el Presidente de la República. Y como si todo esto fuera poco, un Parlamento que no puede legislar, Diputados y Senadores que no sacan nada con presentar mociones, porque éstas quedan absolutamente enterradas en el mare mágnum de las urgencias del Ejecutivo, que las puede declarar a su entera discreción, como en las situaciones que hemos apreciado, bastante lamentables para el Parlamento, de tener que despachar leyes importantísimas con la calificación de "discusión inmediata".

Además, creo que ha llegado el momento de tomar conciencia, por el bien del sistema democrático y no por una razón Gobierno-Oposición del suprapoder legislativo que es el Tribunal Constitucional, que puede doblarle la mano a la unanimidad del Senado y de la Cámara.

Me sorprende el planteamiento del Diputado señor Ribera respecto de los peligros de una mayoría en el Parlamento que él denomina ocasional. Pero no ve ningún peligro en que un número reducido de ministros -algunos de los cuales nombrados por el Consejo de Seguridad Nacional, que se pueden señalar con el dedo- le pueda decir "no" al Parlamento. Para Su Señoría eso está bien, y el peligro del que hay que resguardarse proviene del Senado y de la Cámara.

Creo que aquí también hay un problema de enfoque filosófico. ¿En qué sistema democrático creemos?

El Tribunal Constitucional está haciendo uso y abuso de sus prerrogativas. Le enviamos proyectos de ley que nosotros calificamos. No es cuestión de que se nos haya olvidado prender el tablero. Nosotros somos soberanos y calificamos si un proyecto requiere, para su aprobación, quorum calificado, de ley orgánica constitucional o lo que sea. Esa es prerrogativa nuestra, o debiera serla. Así era antes. Siempre hubo Tribunal Constitucional en Chile, pero era muy distinto; era auténticamente constitucional. ¿Dónde hay un tribunal constitucional con estas facultades? ¿En qué sistema democrático hay un tribunal constitucional que pueda, incluso, resolver constitucionalmente durante la tramitación de las leyes?

Me parece lamentable -siempre lo he pensado así; a lo mejor es una opinión muy personal, muy minoritaria- que los señores parlamentarios llamen un árbitro cuando hay diferencias en el seno del Parlamento. No conozco -y tal vez, como en tantas otras cosas, soy ignorante- un sistema democrático donde haya un tribunal constitucional con estas facultades. El problema de fondo es que aquí hay un árbitro que dice sí o qué está bien.

En Chile existe el recurso de inaplicabilidad. El papel de la Corte Suprema en esta materia es determinar si las leyes son constitucionales o no. Nosotros hemos escogido el camino de la inaplicabilidad, caso a caso. En otros países, la Corte Suprema puede declarar inconstitucional una ley una vez que está promulgada. Y esa es una diferencia muy fundamental, porque el Poder Judicial entra a jugar en el desempeño de sus funciones propias; pero aquí no hablamos de una ley promulgada, sino que en trámite, y entonces el Tribunal Constitucional dice que no.

Ahora, el Honorable Diputado señor Ribera expresa que ésta es una materia de interpretación. A lo mejor, lo más probable es que tenga razón, e incluso la puede tener el Tribunal Constitucional, si vemos las actas constitucionales, donde figuran opiniones de quienes hicieron esta ley, personas sin ninguna fe, sin ninguna convicción del rol del Parlamento en un sistema democrático. Quizás vamos a perder si traemos las actas de la Quinta Comisión Constitucional que sesionó en el edificio Diego Portales. ¿Qué deben haber dicho sus distinguidos miembros? "¡Cuidado con el Parlamento de Valparaíso!".

Para nosotros el tema no es de interpretación. Es preguntamos si nos parece bien el actual estado de cosas; si estamos de acuerdo.

Y hay otro tema que circula entre la ciudadanía: las reformas constitucionales. Cuando se plantean, se dice: ¡No, por ningún motivo! Olvidémonos de la inamovilidad de los comandantes en jefe, por ejemplo, si es que a la Oposición le parece que esa reforma es absolutamente inasumible, lo cual, por lo demás, no debería serlo. Pienso que el Comandante en Jefe del Ejército va a terminar concordando en una reforma sobre esta materia antes que los propios partidos de Derecha; pero ese es otro problema. Lo hará por motivo de su relación con el Ministro de Defensa; será un asunto político. La Oposición se va a quedar mirando para el techo cuando el Ejército esté de acuerdo con la reforma, para que empiece a regir el año 2002. Se acabará el problema de principios.

Pero, ¿por qué no ponemos de acuerdo en esto para no seguir siendo vejados y poder ejercer nuestras prerrogativas como un Parlamento digno? Esto debe ser una de nuestras preocupaciones fundamentales.

El Tribunal Constitucional no debe continuar en la forma actual. Si tuviéramos entereza, deberíamos ponemos de acuerdo ahora en la Cámara. Tampoco tenemos que hablar con el Ejecutivo para esto, sino resolverlo en nuestra propia Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y hacer una propuesta al Senado para modificar las atribuciones de este ente en interés de la democracia y no de un grupo político determinado. Aquí está el germen de un conflicto de poderes que erosiona las bases del sistema democrático.

He querido intervenir a raíz del asunto que estamos tratando para llamar la atención de la Corporación respecto de este recurrente problema, que deberíamos ser capaces de analizar con altura de miras, con el objeto de avanzar rápidamente en una reforma de las normas que regulan al Tribunal Constitucional, de modo que cada cual haga lo suyo: que él se preocupe de los asuntos que le son propios, el Congreso Nacional de los suyos y la Corte Suprema de los de su competencia.

Este sistema de filtros -porque así está concebida la Constitución—, de etapas sucesivas, en que si los parlamentarios se equivocan existe este grupo restringido para que los corrija, en mi opinión no da para más. Lo mismo podríamos decir del Consejo de Seguridad Nacional, pero no es el tema de ahora.

Por último, todos nos lamentamos de lo mismo; coincidimos. Cuando se presentó la acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, se llevó a la Cámara de Diputados al Consejo de Seguridad Nacional, y el asunto no prosperó porque se produjo un debate. Pregunto a la Honorable Cámara: ¿qué habría pasado si los alineamientos internos, si los comandantes en jefe le hubieran doblado la mano al Presidente de la República, con todo lo que significa desde el punto de vista de la estabilidad de un sistema constitucional? Tener en la Constitución un ente como dicho Consejo, que posibilita legalmente que los comandantes en jefe del Ejército se pongan de acuerdo con otros, no sólo para contradecir a su superior jerárquico, sino para doblarle la mano y derrotarlo en una votación, ya es bastante, y, además, implica, como segunda cuestión —o primera, según el orden de prioridades que uno tenga—, acusar a la Cámara de Diputados por ejercer una facultad de fiscalización.

El tema es delicado y la Corporación debería abordarlo con suma seriedad.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Ruego a los señores Diputados referirse al tema del debate.

Insisto en la petición de despachar el proyecto.

De acuerdo con la inscripción, tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, después de escuchar los alegatos sobre la materia, tengo la impresión de que el Tribunal Constitucional actuó legalmente, o sea, dentro de las atribuciones del artículo 82, N° 1°, de la Carta Fundamental: "Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución;", que plantea la dificultad. El Tribunal Constitucional fue creado en la época del Presidente Frei Montalva, no con el propósito de tener un rol por sobre el Parlamento, sino de dirimir las contiendas de constitucionalidad entre el Presidente de la República y el Congreso, ambos colegisladores en la Constitución de 1925 y, con mayor razón, en ésta; pero la Carta Fundamental de 1980 transformó su filosofía y el actual Tribunal, no sólo por su composición -como lo dijo el Presidente de la Cámara-, sino, además, por las atribuciones que tiene, se coloca como un gran inquisidor por sobre el Presidente y el Parlamento.

En el período anterior, en pocas ocasiones el Tribunal Constitucional ejerció la plenitud de sus atribuciones, o lo hizo con un sano criterio; pero en este caso nos encontramos ante un problema complejo: la Cámara y el Senado piensan algo en forma unánime y el Tribunal, recurriendo a la disposición de la Constitución que cité, anula la voluntad del Parlamento, y no existe apelación posible sobre su decisión.

Antes de terminar, quiero hacer un comentario sobre la materia, sin entrar a analizar la necesidad de reformar, desde nuestro punto de vista, esta institución.

A mi juicio, cuando el número 1° del artículo 82 de la Carta habla de ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales, se refiere al conjunto de disposiciones que forman un cuerpo legal, que complementan la Constitución, lo mismo que sus leyes interpretativas; pero desde sus primeras sentencias el Tribunal ha entendido que se refiere a disposiciones o artículos, a normas, y no a estatutos jurídicos completos.

A lo mejor, no sería ocioso ver la historia de la disposición que estamos comentando y cuestionando, porque por esa interpretación, evidentemente, el Tribunal Constitucional podría estimar que cualquier norma de cualquier proyecto que llegue a sus manos, por el hecho de contener algún artículo que requiera quorum especial, es de ley orgánica constitucional y podría entrar a conocer el fondo del asunto.

En este caso se le consultó sobre una norma que nosotros estimamos de ley orgánica constitucional, pero muchas veces le hemos remitido un proyecto en que consideramos de quorum simple el noventa y nueve por ciento de sus normas y sólo una con carácter de ley orgánica constitucional. Si sigue esa práctica, el Tribunal podría entrar a conocer de otras disposiciones, aduciendo que también son de ley orgánica, e ir -como quien dice- expandiendo su competencia.

El sistema todavía está en rodaje. Acabamos de terminar un largo período de excepción constitucional y estamos rodando las instituciones, pero la verdad es que los distintos órganos del Estado deben ajustar sus competencias. Más allá de nuestra voluntad de reforma, hay que ajustar las competencias. Obviamente, al actuar de esta manera, el Tribunal va más allá de lo que la inmensa mayoría de los parlamentarios entiende razonable dentro de su competencia.

Por eso, además de abogar por las reformas, que ojalá podamos realizar en su momento, pido a la Mesa de la Cámara, en especial al señor Presidente -así como ha tomado contacto con distintos órganos constitucionales-, que haga presente al Presidente del Tribunal Constitucional nuestra inquietud. Tiene estas atribuciones.

El Tribunal existe; es una realidad. Hay realidades que uno preferiría que no existieran. El mundo es como es y no como uno quisiera, aunque hay que tratar que se acerque a eso.

Mientras exista este Tribunal, debemos encuadrarlo dentro de sus atribuciones, de la interpretación razonable de una Constitución que no hicimos y cuya filosofía no compartimos, pero que acatamos, así como acatamos lo que dispone en sus fallos. Lo acata el Presidente de la República, por lo cual ha enviado este proyecto. O sea, nadie está pretendiendo salirse del marco, pero, por lo menos, pretendamos que sea razonable y lleguemos a ajustes que impidan fricciones y roces más allá del normal funcionamiento de las instituciones del Estado.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Vamos a proceder del modo que Su Señoría sugiere.

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, quisiera referirme directamente al fondo, pero no puedo dejar de hacer dos comentarios respecto de las palabras que Su Señoría pronunció al intervenir en la Sala, que cambian el debate.

En primer lugar, me parece absolutamente exagerado sostener que a quienes redactaron la Carta no los animaba el espíritu o el propósito de tener un texto constitucional moderno que contribuyera, más allá de las imperfecciones de toda Constitución, a dar un régimen democrático estable. Prueba de ello es que la nuestra ha funcionado y ha resuelto conflictos. Cada vez que ha sido sometida a las contingencias de la vida política, ha contado con algún organismo o disposición legal para resolverla. Suponer que la Constitución es inamovible, algo imposible de perfeccionar, significa ponerse una venda en los ojos y una torpeza.

Sin lugar a dudas, caer en conclusiones apresuradas y en descalificaciones personales respecto de quienes la elaboraron, lejos de prestigiar el debate, es un acto desmedido en el análisis de la materia.

La afirmación, absolutamente injustificada, respecto de la inamovilidad de los comandantes en jefe no es materia del debate; pero al señor Presidente y a la Concertación les consta que nuestro partido actúa de acuerdo con lo que entiende por bueno o malo. Muchas modificaciones constitucionales que hemos estimado buenas no han agradado a sectores políticos afines; en otras hemos tenido importantes coincidencias con los partidos de Gobierno y se impulsaron en el período anterior. De manera que sostener que nuestras posiciones políticas serán aquellas que gusten a determinado organismo, no sólo es injusto con los hechos, sino un juicio aventurado.

En cuanto al fondo, estoy más cerca de la interpretación del Diputado señor Viera-Gallo, en orden a que no me parece que se desprenda del texto constitucional en forma concluyente que el Tribunal Constitucional habría actuado en la correcta interpretación de la ley. ¿Cuál es la razón? Nuestra Constitución, en su artículo 7°, establece una norma aplicable a todos los órganos del Estado. Les dice, en buen castellano, que no pueden actuar más allá de su esfera de competencia y que deben restringir su actuación a aquello que la ley expresamente les señala.

Los órganos del Estado no pueden "arrancarse con los tarros y atribuirse funciones que la ley no les ha otorgado. Deben actuar y lo hacen válidamente investidos, en primer lugar, de la norma que los faculta para actuar dentro de un ámbito de competencia, y en segundo lugar, sólo dentro de ese ámbito de competencia.

¿Cuáles son los hechos a que estamos enfrentados? En primer lugar, el Tribunal Constitucional califica una norma como de ley orgánica; en segundo lugar, la califica de manera distinta que el Congreso, el cual, sin conflicto, estimó su rango jurídico; en tercer lugar, de oficio y sin que exista conflicto, decide cambiar lo que el Congreso Nacional estimó de rango constitucional. En mi opinión, esto excede sus facultades.

El artículo 82 de la Constitución dispone que el Tribunal Constitucional ejercerá el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación. ¿Quién determina la calidad de ley orgánica constitucional? El Diputado señor Teodoro Ribera, con justa razón, dice que la Constitución. ¿Y quién resuelve el quorum de determinada norma? El Parlamento, en virtud de las facultades de su ley orgánica constitucional.

Por lo tanto, si el Parlamento no ha hecho cuestión respecto del rango constitucional de la norma, cuya calificación no ha suscitado conflicto, no hay razón para suponer que puede haber un organismo que lo pase a llevar y resuelva distinto.

El N° 2 del artículo 82 de la Constitución es para el caso de conflictos. Dispone: "Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación...", etcétera, precisamente para resolver el problema de que una mayoría política pudiese imponer siempre modificaciones a la correcta interpretación de la Constitución sobre el quorum con el cual deba aprobarse una ley. Si no se logra esa mayoría, señala un camino y le dice al interesado: hay un organismo al que puede recurrir; promueva un conflicto ante el Tribunal Constitucional sobre la interpretación hecha por la mayoría política. Pero, ¿hubo conflicto en este caso? No lo hubo. El Congreso Nacional no planteó ningún asunto al Tribunal Constitucional. Por lo tanto, la calificación de ley la hizo, a través de sus órganos y de acuerdo con su normativa vigente, con rango de ley orgánica constitucional, el Congreso Nacional.

Por último, el artículo 3° de la ley N° 17.997, orgánica constitucional del Tribunal Constitucional, dice: "El Tribunal sólo podrá ejercer su jurisdicción a requerimiento de los órganos constitucionales interesados o de las personas que intenten la acción pública, en los términos señalados en el artículo 82 de la Constitución Política.

Reclamada su intervención en forma legal y en asuntos de su competencia, no podrá excusarse de ejercer su autoridad ni aun por falta de ley que resuelva el asunto sometido a su decisión.".

Quiero saber dónde hay una norma que faculte al Tribunal Constitucional, cuando el Congreso Nacional ha resuelto que una norma tiene un rango y naturaleza determinados, cuando no hay conflicto, cuando no se ha requerido su intervención, para que por sí y ante sí decida modificar esa determinación. Si extremamos lo establecido por esta disposición y por un problema de economía legislativa, antes de votar los proyectos, deberíamos enviarlos –todos- a ese Tribunal para que calificara su rango constitucional, lo que sería aplaudido por la ciudadanía, pensando, tal vez, en que las leyes se tramitarían con más rapidez.

¿Puede pensarse que esa fue la intención del legislador? ¿Puede pensarse que la intención del legislador era caer en ese absurdo? Sin duda, no fue esa su intención, sino que establecer dos mecanismos. Si en el Congreso no hay conflicto respecto del rango de la norma, entonces, en virtud de su ley orgánica, este Poder lo califica. Si el Congreso lo resuelve, pero hay una minoría o un sector político que estima que se está infringiendo la Constitución, le da una puerta de escape y le dice: vaya al Tribunal Constitucional y trabe un conflicto sobre la constitucionalidad de la norma.

Por estas razones, me sumo a quienes creen que los organismos internos de la Cámara que correspondan tendrían que debatir y fijar la posición de esta Corporación sobre la materia, en la cual no debería haber división entre Gobierno y Oposición, porque a nuestro juicio -en esto podemos estar equivocados quienes pensemos así-, esa es la correcta interpretación de la norma constitucional.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señores Diputados, son las 12. Propongo votar el proyecto a las 12.20.

Si le parece a la Sala, así se hará.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, las intervenciones que hemos escuchado apuntan a la defensa de las atribuciones del Parlamento.

Aparte de las consideraciones que se han formulado, debemos recordar que la Constitución Política de 1980 fue presentada como la "Constitución de la seguridad", con la cual se protegerían los derechos de los ciudadanos, y se dijo, además, que sería tecnificada. Pero el concepto más importante, inserto en cada una de sus disposiciones, es el de la seguridad.

Así se advierte en las bases esenciales de su Capítulo I, en los delitos terroristas; en el hecho de haber alterado el orden que existía en la Constitución de 1925, en la cual el Congreso estaba delante del Gobierno y hoy es al revés -se estableció un cesarismo presidencial-; en el establecimiento del Consejo de Seguridad Nacional, que puede hacer presente sus observaciones a cualquier autoridad, incluido el Congreso, e indicarle si es conveniente o no para el país, a su juicio, determinada norma, o recabar todos los antecedentes de cualquier institución relacionada con la seguridad nacional; en la incorporación de los Senadores designados para equilibrar esa especie de dominio político que existía, donde las fuerzas democráticas y populares obtenían mayores representantes. Con el Tribunal Constitucional, en el que interviene también el Consejo de Seguridad Nacional, indudablemente se quería la seguridad completa, pero nadie se la ha dado al país. Ninguna constitución ha pretendido lo que quiso la de 1980.

Respecto del punto que tratamos, añadiré algunos argumentos históricos. Tengo en mi poder la Revista Chilena de Derecho de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de mayo-agosto de 1991. Incluye un estudio sobre los diez años de jurisprudencia del Tribunal Constitucional, de 1981 a 1991. De su análisis se desprende que nunca el Tribunal Constitucional se abocó, durante ese tiempo, a conocer materias de oficio. Incluso, uno de los considerandos de un fallo, dice: "no procede que este Tribunal, de oficio, ejerza el control de constitucionalidad sobre normas de un proyecto de ley que no le han sido sometidas a su examen".

Aún más, la Junta Militar de la época llegó a adoptar la siguiente práctica, según señala el autor de este artículo: "A partir de 1985, sin embargo, la Junta de Gobierno inaugura una nueva práctica: en vez de someter al control del Tribunal todo el proyecto, remite a dicho órgano un oficio en que singulariza y somete a su control únicamente aquellos artículos del proyecto que tienen -a su juicio- rango orgánico constitucional". Siempre fue éste el criterio que aceptó el Tribunal Constitucional.

Incluso, el señor Eugenio Valenzuela, en un voto disidente, en enero de 1989, expresa: "ninguna norma constitucional lo faculta (al Tribunal) para cambiar la calificación jurídica sustantiva con que fue aprobada la norma por el Poder Legislativo, en el ejercicio de atribuciones exclusivas y excluyentes. El hacerlo invade aquel campo privativo del Poder Legislativo provocando grave daño a la estructura básica de los Poderes del Estado en que descansa nuestra Carta Fundamental, ya que el Tribunal Constitucional resultaría ser un Poder supralegislativo ilimitado que podría anular más allá de lo permitido por la Constitución, la acción de los Poderes del Estado encargados de la función legislativa".

¿Acaso este Congreso tiene una calidad, rango o nivel inferior al de la Junta Militar que entonces formaba esa especie de Poder Legislativo y Constituyente que todos conocimos durante casi 17 años? ¿Acaso merecen respeto, más que aquella Junta Militar, las personas que son elegidas democráticamente por el pueblo, por el soberano? ¿Por qué ahora se actúa así en estas tres leyes, si éste no es un problema nuevo? Esta cuestión ya se planteó en el proyecto que modificaba la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones. En esa oportunidad, el ex Presidente de la Cámara, don Jorge Molina, nos remitió una carta a todos los Diputados -el 30 de noviembre de 1993-, en la cual hacía ver el nefasto precedente que el Tribunal Constitucional estaba sentando al entrar a conocer, por primera vez en su historia, de oficio, asuntos que habían sido tratados por el Poder Legislativo como de ley común y que dicho órgano jurisdiccional calificaba como de ley orgánica constitucional. La iniciativa sobre protección al medio ambiente fue el segundo proyecto de ley en que se invadieron las atribuciones del Parlamento, y el tercero es el que analizamos.

La carta del señor Molina terminaba señalando que se debían remitir los antecedentes a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que emitiera un informe y, en conjunto con el Senado, fijáramos un criterio común para abordar este tema.

Estoy de acuerdo en que el señor Presidente de la Cámara de Diputados -como se ha propuesto- converse con el Presidente del Tribunal Constitucional; pero también pido que lo haga con el Presidente del Senado, con el objeto de que el Congreso tenga una voz única que represente que estos precedentes no contribuyen a la estabilidad democrática del país.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, quiero hacer unas aclaraciones respecto de lo que se ha sostenido.

El Diputado señor Viera-Gallo señaló que no hay estatutos jurídicos completos de rango orgánico constitucional o que deberían de existir. Pero el problema está en que la Cámara ha tratado iniciativas que contienen normas de rango común, de rango orgánico constitucional y de quorum calificado, y cuando el proyecto se envía al Tribunal Constitucional, éste estudia la totalidad, y subsume la norma jurídica a las materias constitucionales.

Podemos disentir en si el procedimiento es bueno o malo; pero así está establecido en la Constitución. Esa es una materia que no podemos desconocer.

También quiero rebatir lo señalado por el Diputado señor Elgueta respecto de que entre los años 1981 y 1991 no se produjo el problema. No se produjo por una razón muy obvia: la Junta de Gobierno adoptaba sus acuerdos por unanimidad, por el ciento por ciento de sus miembros; por lo tanto, todo proyecto era aprobado por los quorum requeridos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63 de la Constitución.

Hoy se reclama contra el Tribunal Constitucional. Sin embargo, esa institución fue uno de los órganos fundamentales que permitieron que se realizara un plebiscito y una elección, con toda la transparencia necesaria. Fue el Tribunal Constitucional el que exigió un Tribunal Calificador de Elecciones para que velara y se preocupara del proceso eleccionario.

El tema de fondo es si queremos que en Chile impere una democracia sólo sobre el principio de las mayorías y minorías o también que se subordine al derecho, es decir, que tengamos un estado de derecho democrático. ¿Queremos que los órganos cuyos integrantes son elegidos decidan dentro de los márgenes por ellos establecidos o deseamos tomar resguardos para que exista un estado democrático de derecho?

Señor Presidente, Su Señoría estudió en Estados Unidos durante largo tiempo y sabe que la lucha por la supremacía constitucional nació en ese país. Se impuso contra la corriente imperante, lo que permitió a los tribunales de justicia garantizar el cumplimiento de la Constitución, porque ésta es para aquellos que carecen de poder y no para los que lo tienen, que no la requieren.

Por eso, se han buscado mecanismos a través de los tribunales ordinarios o especiales, como el Tribunal Constitucional. Podremos discutir si su actual conformación es buena o mala. En mi opinión, es claro que ella no corresponde sólo a un problema técnico, sino que es de alta trascendencia política, puesto que sus componentes determinan en cierta forma la calidad y orientación de los fallos. Mientras mayor rango tenga la decisión que se adopte, más trascendencia política tendrá el fallo.

¿Es necesario el Tribunal Constitucional? Sí. ¿Actúa de acuerdo con la normativa vigente? Tampoco se puede discutir. Distinto es el caso de lo que pueda suceder en el futuro; pero considero fundamental que existan otros órganos de tipo jurisdiccional que se encarguen de resguardar el imperio pleno de la Constitución, materia que no sólo descansa en las mayorías o minorías.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Cerrado el debate.

Corresponde votar en general el proyecto.

Hago presente a la Sala que contiene normas de ley orgánica constitucional.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 76 votos. No hubo votos por la negativa ni abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Aprobado en general el proyecto.

Si le parece a la Sala, se aprobará en particular con la misma votación.

Aprobado.

Se despachará al Tribunal Constitucional.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 3° de la ley N° 18.696, sobre transporte de pasajeros.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas es el señor Sabag.

Antecedentes:

Moción, boletín N° 407-15, sesión 17ª, en 10 de julio de 1991. Documentos de la Cuenta N° 11.

Informe de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 54ª, en 16 de marzo de 1993. Documentos de la cuenta N° 9.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones me ha encomendado informar el proyecto, originado en una moción presentada por los señores Horvath, Jara, don Octavio; Taladriz, Sabag, Prokurica, Faulbaum, Pérez, don Ramón; Ortiz, Hurtado y García, don René, que modifica el artículo 3° de la ley N° 18.696, sobre transporte de pasajeros.

Es necesario dejar constancia de que el artículo mencionado fue motivo de enmienda en el período legislativo pasado, oportunidad en que se dictó la ley conocida como "de libertad de recorridos", que facultó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones para establecer las condiciones y dictar la normativa relativa al funcionamiento de los servicios de transporte remunerado de pasajeros. Para tal efecto, en los casos de congestión de las vías, de deterioro del medio ambiente o de las condiciones de seguridad de las personas o vehículos, causados por la circulación vehicular, puede disponer el uso de las vías para determinados tipos de vehículos o servicios, mediante procedimientos de licitación pública.

La idea fundamental del proyecto, contenida en la moción de los parlamentarios ya mencionados, consiste en determinar que en la licitación de calles para el transporte público la autoridad deberá considerar, además de los factores económicos, elementos adicionales como la contaminación, el ruido y el efecto sobre el medio ambiente, de los distintos modos de transporte.

Hoy, la preocupación por el medio ambiente y el impacto que éste ejerce sobre el modo y la calidad de vida de los hombres es preocupación fundamental de la sociedad; incluso, la defensa del medio ambiente tiene rango constitucional. En efecto, la Constitución Política de la República de 1980, en el capítulo referente a los derechos y deberes constitucionales, en el artículo 19, N° 8° dispone "El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación". Es deber del Estado velar para que este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza.

La ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente;".

En virtud de esta norma constitucional, se dictó la modificación al artículo 3° de la ley en cuestión, que ahora pretendemos nuevamente perfeccionar.

Durante la discusión del proyecto se contó con la asistencia y colaboración del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, don Germán Molina Valdivieso; del Subsecretario de Transportes, don Sergio González Ruiz-Tagle autoridades vigentes a la fecha—, y del asesor de esa cartera, don Milton Bertín, quienes, además de manifestar el acuerdo del Ejecutivo, objetaron la redacción original de la iniciativa, por cuanto adolecía de falta de claridad y podía contradecir gravemente la necesaria flexibilidad que la ley debe conceder a la autoridad para reglamentar el tránsito público en las distintas regiones del país, cuyas realidades son diferentes.

Una indicación sustitutiva de la norma propuesta, patrocinada por los Diputados señores Horvath, Taladriz, Hurtado, Ortiz, Faulbaum, Sabag y Velasco, que fue aprobada en forma definitiva, subsanó lo anterior.

En consecuencia, se propone un proyecto de ley que modifica el artículo 3° de la ley N° 18.696, el que consta de un artículo único, del siguiente tenor:

"1.- Agrégase el siguiente inciso tercero: "Los procedimientos y las bases de licitación deberán contemplar la evaluación económica y los efectos ambientales de las distintas alternativas y modalidades de transporte. Estas bases considerarán, al menos, los factores ambientales atinentes al ruido, a los gases contaminantes, al orden en la circulación de vehículos y a la valoración urbana.

2.- Sustituyese, en el inciso tercero, que pasa a ser cuarto, las palabras "el inciso anterior" por "los incisos anteriores".

Esta última modificación no hace otra cosa que determinar que en el proceso de licitación de calles, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones tendrá que considerar lo dispuesto en el actual inciso segundo y en el nuevo inciso tercero que introduce el proyecto.

La Comisión lo aprobó en general y en particular por unanimidad, por lo que se permite recomendar su aprobación a la Honorable Sala.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Álvarez-Salamanca; a continuación, los Diputados señores Ortiz y Girardi.

El señor ALVAREZ-SALAMANCA.

Señor Presidente, tal como lo expresó el señor Diputado informante, el objeto de la iniciativa es exigir que los procedimientos y las bases de licitación de calles y avenidas incluyan, además de la evaluación económica, las normas ambientales aplicables a las distintas alternativas y modalidades de transportes. Es decir, en las bases de las licitaciones deberán considerarse, de aprobarse el proyecto de ley, al menos los factores ambientales que dicen relación con el ruido, los gases contaminantes, el orden y la circulación de vehículos y la valoración del territorio urbano. En consecuencia, la idea es evitar los riesgos de accidentes; la contaminación, asociada generalmente al aire y al ruido, y el deterioro urbano, además de procurar el empleo eficiente de las distintas opciones energéticas en el mediano y largo plazo.

En todo caso, es conveniente dejar establecido que las bases que se aplican en la actualidad en materia de licitación de calles ya contemplan, directa o indirectamente, los elementos que el proyecto propone incorporar. Dichos factores son los económicos, ambientales y de seguridad en el tránsito, los que, naturalmente, han sido recogidos por las bases, puesto que la ley en vigencia autorizó la licitación de calles en aquellos casos en que existan problemas de congestión de las vías o deterioro del ambiente, o de las condiciones de seguridad de las personas o de los vehículos.

Sin embargo, el proyecto que analizamos tendrá el efecto práctico de exigir que en todas las licitaciones, con independencia de las razones que las motivaron, se consideren los factores enunciados, pues será una exigencia impuesta por la ley a la licitación. Me refiero —y valga la redundancia- a que toda licitación considerará, en definitiva, factores económicos, ambientales y de seguridad en el tránsito.

Los parlamentarios de Renovación Nacional vamos a respaldar la iniciativa, a pesar de que estimamos que la dictación de normas jurídicas destinadas a proteger el medio ambiente deben ser precedidas de la formulación de una política nacional ambiental, a fin de proporcionar un enfoque moderno que, desde una perspectiva global e integradora, presente soluciones a los problemas del caso.

Es necesario complementar la Ley de Bases del Medio Ambiente con distintas normas que vayan abarcando el universo ambiental, dado que la actual legislación sobre la materia, con un alto grado de dispersión e incoherencia, aborda los problemas ambientales de manera sectorial e inorgánica y con un marcado énfasis en lo sanitario y patrimonial.

El problema de la legislación se refleja en el hecho de que las competencias públicas para la protección del ambiente se encuentran repartidas y dispersas en una multiplicidad de organismos de diferente rango, que operan de manera inorgánica, con paralelismo y ambigüedad de funciones y de responsabilidades, cuestión que espero que se solucione a la brevedad, una vez que se ponga en funcionamiento la Comisión Nacional del Medio Ambiente y se nombre a su Director Ejecutivo, cargo que hoy provoca reñida disputa entre los partidos de la Concertación.

En definitiva, sólo es posible subsanar las deficiencias de la legislación ambiental actual con una política nacional ambiental sustentada en la Ley de Bases del Medio Ambiente, aprobada recientemente por el Congreso Nacional y promulgada hace sólo algunas semanas. Allí se deben establecer los principios rectores y los objetivos básicos sobre las metas a alcanzar, en concordancia con los objetivos nacionales propuestos en distintas materias.

El proyecto, que respaldamos los Diputados de Renovación Nacional, deberá enmarcarse en la ley marco de medio ambiente, de manera de establecer la legislación ambiental orgánica y moderna que necesita el desarrollo futuro de nuestro país.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, un grupo de legisladores planteamos este proyecto de ley por tres razones fundamentales:

Primero, tal como lo dispone la Constitución Política de la República de Chile en su artículo 19, número 8°, para asegurar a todas las personas el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

Segundo, dictar normas que permitan a la autoridad reglamentar el tránsito público en las distintas regiones del país, en las que hay realidades absolutamente diferentes, y

Tercero, establecer normas sobre transporte de pasajeros teniendo en vista la situación económica.

En nuestro país se han empleado varias modalidades de transporte, como tranvías, trolley-buses, vías especiales para bicicletas y motocicletas, pero sin la adecuada visión de futuro y sin efectuar tampoco la evaluación ambiental.

En estos últimos años, y en especial en el período legislativo del 1990-1994, ha sido unánime la inquietud de los parlamentarios en cuanto a mejorar el nivel de vida de los habitantes de nuestro país. Los Diputados de provincias y regiones hemos visto cómo el nivel de vida, por ejemplo, en la capital, ha llegado a niveles preocupantes. Por lo expuesto, al proyecto se le han formulado indicaciones, de manera que pueda adecuarse a esta situación.

Termino señalando que es menester que esta materia se trate no sólo en función de los empresarios, sino de los trabajadores y de todos los habitantes, para terminar con los problemas que signifiquen bajar el promedio de vida.

Por eso, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio que apoyaremos el proyecto de ley porque constituye un avance en el nivel de vida de todos los chilenos.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, el proyecto de ley es muy importante, sobre todo porque se inicia en el país un período climático bastante complejo desde el punto de vista de la salud. Todos sabemos que, a partir de marzo, la contaminación atmosférica afecta de manera muy grave a la ciudad de Santiago. Y los riesgos en salud, que han sido demostrados por estudios epidemiológicos, hacen que alrededor de un 30 por ciento de los niños menores de un año sufran de bronquitis obstructiva o de una bronconeumonía. Hay estudios que demuestran que el riesgo dé un niño pequeño, si vive en Santiago, es un 300 por ciento mayor que el de otro que tenga su residencia en una ciudad libre de contaminación.

El tema ambiental se inserta en un problema más global, que tiene que ver con el crecimiento económico del país y con el desarrollo de sus ciudades. La contaminación atmosférica es una externalidad del desarrollo. La ciudad se comporta como un sistema económico, productivo, que debe ofrecer servicios a menores costos, lo que tiene sentido porque permite establecer escalas con infraestructuras y acceder a beneficios sociales. Pero el problema es que se está llegando a un nivel en que, si sigue aumentando, independientemente de los costos, los beneficios sociales van a ser cada vez menores.

Por lo tanto, la legislación tiene que establecer objetivos muy precisos y aprobar leyes específicas con el propósito de salvaguardar el bien común. Por eso aceptamos la existencia de un sistema de libre mercado, al cual la gran mayoría adherimos; pero para que el sistema sea eficiente, reitero, hay que salvaguardar el bien común.

Concuerdo con el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, en cuanto a que primero hay que definir una política nacional ambiental, que contemple lo que el país quiere en esta materia. Es decir, definir cuáles son los principios y objetivos que van a iluminar la acción tanto legislativa como institucional, porque legislar sobre la materia o definir una institucionalidad sin una política nacional, significa trabajar a ciegas. Disponemos de una ley marco. Es un avance en la medida en que se discute un problema importante; pero ella se elaboró sin contar con una política nacional ambiental. Por lo tanto, deberá tener distintos tipos de apoyo y ser objeto de modificaciones para hacerla más eficiente.

En relación con el tema específico en debate, me parece muy interesante lo que se plantea, pero habría que darle mayor rigor.

Hoy tenemos un problema concreto: el de la restricción vehicular, la cual debe establecerse para los vehículos de la locomoción colectiva, porque, como todos saben, son los que emiten el 70 por ciento de las partículas contaminantes más dañinas.

Por lo tanto, sugiero modificar la redacción propuesta en la forma que se indica. Después de la frase "circulación de vehículos", sustituir la conjunción "y" por una coma (,) y, a continuación del punto final (.), que se sustituye por una coma, agregar la siguiente frase: "las medidas que se adoptarán en situaciones de emergencia ambiental y de restricción vehicular en caso de superarse las normas de calidad ambiental establecidas por la autoridad".

El texto definitivo quedaría como sigue: "Los procedimientos y bases de licitación deberán contemplar la evaluación económica y los efectos ambientales de las distintas alternativas y modalidades de transporte. Estas bases considerarán, al menos, los factores ambientales atinentes al ruido, a los gases contaminantes, al orden en la circulación de vehículos, a la valoración urbana, las medidas que se adoptarán en situaciones de emergencia ambiental y de restricción vehicular en caso de superarse las normas de calidad ambiental establecidas por la autoridad".

Es muy importante establecer estas medidas porque el Estado, antes de otorgar una concesión, exige requisitos técnicos, jurídicos y de orden ambiental que se deberán cumplir. Por ejemplo, si los empresarios aceptan previamente estas condiciones, no se producirán problemas relacionados con atentados a la libertad de trabajo o a derechos adquiridos. Por ello, es importante establecer en las bases de licitación el aspecto específico de las restricciones vehiculares, para no atentar con posterioridad contra un derecho adquirido.

Por otra parte, debido a la gravedad de los problemas y a la discusión de esta última semana respecto de algunos instrumentos legales establecidos en la ley marco, es fundamental introducir, en el mismo artículo, el siguiente inciso: "Facúltase al Ministerio de Transportes para establecer restricciones a la circulación de vehículos particulares, cuando el Ministerio de Salud determine situaciones de riesgo para la salud de la población. Un decreto con fuerza de ley determinará los requisitos y condiciones en los que se deberá establecer dicha restricción".

Sabemos que la emisión de partículas es el principal problema de contaminación. No obstante, ella aumentará cada vez más, con lo cual Santiago tendrá el problema de las ciudades modernas, a raíz de la contaminación por oxidantes secundarios, como el ozono. Los vehículos particulares, que en la actualidad suman alrededor de 500 mil y que en el año 2000 serán un millón, son los grandes responsables de este tipo de contaminación, toda vez que producen nitrógeno, el cual, al combinarse con la radiación ultravioleta, producen ozono.

En consecuencia, también propongo establecer instrumentos legales para restringir la circulación de los vehículos particulares, ya que si una persona sube a un auto, contamina treinta veces más por kilómetro recorrido que si decide tomar un bus. Estimo que estas medidas serían muy eficientes en el manejo de los problemas ambientales de la Región Metropolitana.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señor Diputado, el Honorable señor Ortiz le solicita una interrupción.

El señor GIRARDI.-

Sí, señor Presidente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).

Con su venia, se la concedo.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, en forma oficial invito al Diputado señor Girardi a nuestra Comisión, que funciona los miércoles de 12.30 a 14.30, porque el tema de la circulación vehicular está contenido en un proyecto de ley que, a pedido del Ministro de Transportes, empezaremos a tratar el 6 de abril.

En consecuencia, solicito, por ahora, aprobar el proyecto, originado en una moción parlamentaria, presentada en junio de 1991.

Los temas planteados por Su Señoría son muy importantes, pero ya hay un proyecto que el Ejecutivo ha formulado sobre materias que, como el Diputado señor Girardi más que nadie sabe, inciden en determinaciones judiciales, razón por la cual trataremos de despacharlo en la mejor forma posible.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

El Diputado señor Rene García solicita una interrupción al Honorable señor Girardi. Con su venia, tiene la palabra.

El señor GARCIA (don Rene Manuel).-

Señor Presidente, el Diputado señor Girardi ha dicho algo muy importante: dentro de los planes habría que fomentar el uso del Metro y de otros vehículos destinados a la locomoción colectiva, como tuvimos oportunidad de ver en Alemania. Es decir, cuando hay incentivo, el recorrido es bueno, y se comprueba que el Metro cumple los horarios, la gente tendrá mucho más interés en ocupar esos medios de transporte, en lugar del automóvil.

Pero también hemos propuesto algunas ideas contra la contaminación, como la que sugirió el Diputado señor Ortiz. Si queremos incentivar la importación de vehículos que no contaminen, debemos establecer algún incentivo a quienes los adquieran; por ejemplo, que el permiso de circulación cueste 10 por ciento menos o que la gasolina sin plomo sea más barata. Hay que promover esas cosas, porque la gente tendría la oportunidad de cooperar con ganas a mejorar el medio ambiente.

Por lo tanto, coincidimos plenamente con lo propuesto por el Diputado señor Girardi y creemos que es una buena medida, como también lo es este proyecto, que significa un paso gigantesco hacia un medio ambiente libre de contaminación en Santiago y en todo el país.

Quiero destacar que mucha gente está cooperando con esta finalidad. Ayer vi, con mucha satisfacción, cómo un señor de la Séptima Región que tenía permiso de la Conaf para explotar una de las últimas reservas forestales de robles de la zona, a pedido del ex Senador don Máximo Pacheco, decidió hacerlo sólo en un 25 por ciento. Es decir, la voluntad está; faltan las condiciones.

Coincidimos plenamente, y para dar este paso vamos a apoyar este proyecto, votándolo favorablemente.

Agradezco la interrupción al Diputado señor Girardi.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Girardi.

El señor GIRARDI.-

Señor Presidente, me parece muy importante considerar en este proyecto la posibilidad de establecer la restricción vehicular, de manera de obviar los problemas constitucionales o de otro orden. Así, cuando el Estado establece una concesión, define las condiciones que los empresarios de la locomoción colectiva deberán aceptar. Los elementos técnicos específicos son dispuestos por la autoridad de Salud. De esa manera, queda más específico el proyecto.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Por la vía de la interrupción, tiene la palabra el Diputado señor Luksic.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, las palabras del Honorable Diputado señor Girardi han sido extraordinariamente elocuentes en lo que se refiere a la defensa del medio ambiente. Sin embargo, quiero hacer un alcance respecto de la posibilidad de que una adición, como la que él señala, traiga consigo la inconstitucionalidad del precepto.

El Tribunal Constitucional, en el control de constitucionalidad a la Ley de Bases del Medio Ambiente, declaró inconstitucional el precepto que regulaba las restricciones vehiculares, por cuanto limitaba determinados derechos fundamentales. El fallo del Tribunal señaló que esas restricciones deben estar contenidas en una ley especial, ya que el artículo 19, N° 8°, de la Constitución, que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, expresa en su inciso segundo que las limitaciones a los derechos fundamentales en virtud de dicha norma deben ser específicas.

Por lo tanto, apoyaría la iniciativa enviada por el Ministerio de Transportes, en cuanto a regular específicamente las restricciones vehiculares que también traen consigo limitaciones a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Propongo a la Sala votar el proyecto a las 13 horas.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

Están inscritos los Diputados señores Navarro, Salas y Sabag.

Tiene la palabra el Honorable señor Navarro.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, coincido plenamente en que no sólo debe ser considerado el factor económico en el proceso de licitación.

De la lectura del informe se desprende que el Ejecutivo estimó que el proyecto original establecía una inflexibilidad que impedía aplicar sus normas en las distintas regiones del país, situación que lo llevó a cambiar el concepto de "incluir" por "contemplar" en la redacción del artículo, lo que otorgaría el grado de flexibilidad que el Ejecutivo pidió.

Señor Presidente, por su intermedio deseo consultar al Diputado informante si este grado de flexibilidad implica que en algunas regiones del país no se aplicará este precepto. Si así fuera, ¿de qué modo se puede fiscalizar que estas medidas se apliquen en forma general, sin excepciones, al arbitrio de la autoridad? Cuando se consideran los factores que deben estar en las bases de licitación, se establecen los ruidos ambientales, los gases contaminantes, el orden en la circulación de vehículos, la valoración urbana, y se deja de lado -y ésta es otra consulta para el Diputado informante- la participación ciudadana respecto de la circulación de los vehículos. Esto ocurre especialmente en las ciudades pequeñas, de regiones, donde el cambio de la circulación vehicular, sin consulta previa, afecta el normal desenvolvimiento de la vida cotidiana de los ciudadanos.

Por lo tanto, se trata de saber si esta norma de flexibilidad puede ser otorgada por la autoridad para no establecer esta exigencia en las bases de licitación y, en segundo lugar, si se discutió en la Comisión la participación de la ciudadanía que pudiera verse afecta a incomodidades o a graves peligros por el cambio en la circulación vehicular.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Muy bien.

Tiene la palabra el Honorable señor Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, todos los proyectos que tiendan a mejorar la calidad del ambiente y a disminuir la congestión vehicular, que ya no sólo se produce en Santiago sino en todas las grandes ciudades cabeceras de regiones, incluso en comunas chicas, son buenos.

Sin embargo, no podemos seguir parchando la Ley de Tránsito y buscando argumentos sin enfrentar el fondo del tema de la congestión que, como consecuencia del atochamiento por el mayor tiempo que demora un vehículo en su desplazamiento, trae el desmejoramiento de la calidad del medio ambiente.

Debemos regular el parque automotor, sobre todo el del transporte de microbuses, taxibuses y taxis colectivos. En ningún país desarrollado el ingreso de un vehículo de transporte de pasajeros queda al arbitrio de la persona que tiene dinero y compra uno, dos, cinco o diez vehículos y los coloca al servicio de la población. Previamente, debe haber una medición de la cantidad de vehículos que necesita, por ejemplo, la ciudad de Santiago para transportar pasajeros.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Ruego a los señores Diputados guardar el debido silencio. De lo contrario, aplicaré el artículo 88 del Reglamento.

Puede continuar el Diputado señor Salas.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, Alemania es un país donde impera la economía de libre mercado. Sin embargo, el transporte de pasajeros no se rige por una ley como la nuestra, pues para que ingrese un vehículo a la locomoción colectiva es necesario tener permiso de la municipalidad y del Ministerio de Transportes.

Con el sistema que hoy rige en el país, cada persona puede comprar un vehículo para trabajarlo dondequiera. Podremos aplicar la tarificación vial -tengo bastante reticencia sobre el proyecto que está en la Comisión de Transporte y de Obras Públicas-, construir más trenes subterráneos y más calles, pero si no regulamos el atochamiento de Santiago, donde hay más taxis que en cualquiera de las grandes ciudades de los países desarrollados, será imposible mejorar el medio ambiente y disminuir la congestión.

Para eso hay que invertir. No podemos decir que en Santiago nos falta una vía elevada o subterránea donde puedan circular los vehículos. A lo mejor, ahí se justifica el cobro de la tarificación vial. Cuando se piensa en el costo, me pregunto cuánto le significa al Estado, a los hospitales, la atención de la salud de los niños, de los ancianos o de cualquiera persona que se vea afectada por el smog. Creo que resulta más barato construir nuevas vías, en todas las comunas, con un sistema de regulación del tránsito, para evitar este caos.

En las horas de mayor atochamiento, los camiones de carga con acoplados, los carretones e incluso los vehículos que debieran estar obsoletos y fuera de circulación, interrumpen el tránsito en calles como la Alameda por falta de vías perpendiculares o subterráneas. Las rotondas no tienen utilidad alguna y sólo provocan un atochamiento de kilómetros de vehículos detenidos, que al estar con sus motores en marcha contaminan.

Estas iniciativas son buenas respecto del ñeque y la fuerza que ponen todos los señores Diputados para tratar de resolver el problema, pero esto no se soluciona con proyectos de cuatro o cinco líneas que mejoran un aspecto pero no van al fondo del problema. En Santiago (COMPLETAR) vehículos para el transporte de pasajeros que alcanzarían para la mitad del país. Además, desmejoran su calidad, ya que el uso tiene un costo en petróleo, neumáticos, motor, etcétera, y en las horas de menor afluencia de público hacen su recorrido prácticamente vacíos. Eso implica desorden y significa que hay buses de más. Mientras esto no se regule, será imposible mejorar el tránsito.

Pese a nuestras protestas por lo señalado por el Tribunal Constitucional respecto del veto a la Ley del Medio Ambiente, se nos da la salida para que -sin atropellar la economía de libre mercado que tanto se defiende, porque no podemos aplicarla a todos los rubros de la economía- estudiemos, en conjunto con el Gobierno, con el Ministerio de Transportes, la presentación de un proyecto que regule el ingreso de vehículos de transporte de pasajeros, sean buses, taxibuses, taxis o colectivos. De lo contrario, si se construyen más vías o vías elevadas -todo el mundo piensa en eso, porque es un asunto que debemos resolver pronto-, habrá más vehículos, se incentivará el aumento de la locomoción colectiva y, en definitiva, nunca lograremos solucionar el problema.

No creo que la tarificación vial, que significa aplicar un nuevo impuesto a las personas, que afectará sobre todo a la clase media, sea la solución del problema. Con ese sistema, podemos decidir cobrar 200 mil pesos a quienes andan en vehículo, con lo cual eliminaremos el problema, pues la gente guardará sus vehículos; pero no es esa la solución. Esta consiste en un paquete de medidas de ordenamiento del tránsito, de calles, de nuevas vías, de cantidad de locomoción. Mientras mayor es el número de vehículos, más cara es la tarifa, porque llevan menos pasajeros, y cada vehículo que se mueve tiene un costo. Si no cortan suficientes boletos en el día, es imposible su financiamiento. Eso rebota en que no se arreglan los motores, ni los frenos, existe más smog, la calidad de los vehículos es mala porque no se alcanzan a financiar para pagarlos, y vemos enormes carteras vencidas en los bancos y en las empresas que conceden los créditos.

Por ello, pese a que reconozco el esfuerzo de los Diputados que han presentado el proyecto, creo que se debe crear una comisión de la Cámara con la participación de representantes de los ministerios que corresponda, para defender a las personas y buscar una modificación profunda de la Ley de Tránsito, a fin de solucionar el problema de atochamiento de los vehículos, a consecuencia de lo cual la calidad del aire y de vida de las personas es muy precaria.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sabag. Restan cinco minutos.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, respecto de la pregunta del Diputado señor Navarro, la moción original presentada por varios señores Diputados era mucho más rígida y fue objetada por los técnicos del Ministerio de Transportes porque, al no existir facultades para aplicarla en todo Chile, provocaría graves injusticias. Al final, la rigidez impediría ponerla en práctica en todas las ciudades importantes del país. A raíz de ello, se formuló una indicación sustitutiva para hacerla más flexible, la que fue aprobada por todos los miembros de la Comisión y aceptada por las autoridades del Ejecutivo.

En la Comisión hemos ido mejorando paulatinamente las disposiciones legales tendientes a dotar a las autoridades de facultades para que puedan regular el grave problema de la contaminación y de la congestión vehicular en el Gran Santiago. Ahora, estamos avanzando un poco más. Tenemos otro proyecto, el de tarificación vial, y muchas otras disposiciones que se están discutiendo en la Comisión. Invito a los señores Diputados interesados en esta materia a que concurran a la Comisión, a fin de seguir analizando estos temas.

Considero muy interesante las sugerencias del Diputado Girardi, y le propongo que presente las indicaciones correspondientes, porque el proyecto será aprobado hoy en general. Después, pasará a la Comisión para su segundo informe; lo analizamos y, si es aprobado, volverá nuevamente a la Sala.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Cerrado el debate.

En votación.

Si le parece a la Sala, se aprobará en general el proyecto, por unanimidad.

Aprobado.

Vuelve a la Comisión para su segundo informe.

Las indicaciones formuladas al proyecto son las siguientes:

Al artículo único.

N° 1

1.- Del señor Girardi para agregar, a continuación de la expresión "urbana" la siguiente frase: ", las medidas que se adoptarán en situaciones de emergencia ambiental y de restricción vehicular en caso de superarse las normas de calidad ambiental establecidas por la autoridad".

2.- Del señor Girardi para agregar el siguiente inciso: "Facúltase al Ministerio de Transportes para establecer restricciones a la circulación de vehículos particulares, cuando el Ministerio de Salud determine situaciones de riesgo para la salud de la población. Un decreto con fuerza de ley determinará los requisitos y condiciones en los que se deberá establecer dicha restricción".