Labor Parlamentaria

El señor MOLINA (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse de las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que normaliza las plantas de personal del sector salud.

Diputado informante de la Comisión de Salud es el señor Isidoro Tohá.

Antecedentes:

Observaciones de S.E. el Presidente de la República, boletín N° 1103-11, sesión 35a, en 13 de febrero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 27.

Informe de la Comisión de Salud. Documentos de la Cuenta N° 10, de esta sesión.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, paso a entregar el informe de la Comisión de Salud sobre las observaciones formuladas por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que normaliza las plantas de personal del sector salud.

Este proyecto fue visto por la Honorable Cámara en primer trámite constitucional Además, el artículo 8°, objeto de las observaciones del Ejecutivo, fue propuesto por el Honorable Senado, en el segundo trámite constitucional, y aprobado en los mismos términos por esta Corporación, en su tercer trámite constitucional.

El Ejecutivo propuso sustituir este artículo por otro similar cuando el proyecto fue tratado en la Comisión Mixta. Su proposición fue declarada inadmisible en atención a que recaía en una norma no objeto de controversia entre ambas ramas del Congreso Nacional y, además, por incidir en materias ajenas a las que le correspondía conocer a la Comisión Mixta.

El artículo 8°, aprobado por el Congreso Nacional tiene por objeto interpretar (los artículos 1° y 3° de la ley N° 19.086, señalando "... que los aumentos de grado dispuestos para los cargos de las plantas de Directivos han favorecido, con las mismas limitaciones que en esos preceptos se contemplan, a los cargos adscritos creados en esas plantas por aplicación de los artículos 2° transitorio de la ley N° 18.972 y 20 transitorio de la ley N° 18.834.".

El inciso primero del artículo 2° transitorio de la ley N° 18.972 dispone: "Los funcionarios en actual servido que, con motivo de la modificación del artículo 7° de la ley N° 18.834, pasen a tener la calidad de exclusiva confianza, tendrán derecho a los beneficios que otorga el artículo 2° transitorio agregado a la ley N° 18.575". Por su parte, el citado artículo transitorio de la ley N° 18.575 preceptúa: "Las leyes que en virtud de la modificación introducida al inciso segundo del artículo 51, establezcan que determinados cargos pasen a tener la calidad de exclusiva confianza del Presidente de la República o de la autoridad facultada para efectuar el nombramiento, deberán otorgar a los funcionarios que ocuparen esos cargos, a la fecha de la ley respectiva, la opción de continuar desempeñándose en un caigo del mismo grado en extinción, adscrito al órgano o servido correspondiente o a cesar en funciones y recibir una indemnización equivalente...".

Asimismo, el artículo 20, incisos primero y segundo de la ley N° 18.834, establece, que "los funcionarios a que refiere al artículo 2° transitorio de la ley N° 18.972 y los funcionarios de carrera de la Presidencia de la República cuyos cargos, como consecuencia de la aplicación de esta ley, pasen a ser de exclusiva confianza y que debieran abandonar el servido a que pertenecen por pedírseles la renuncia, podrán optar por continuar desempeñándose en un cargo en extinción de igual grado y remuneración, adscrito a la respectiva repartición, pudiendo ser des 11 tinados a cualquier órgano de la Administración Civil del Estado dentro de la misma localidad...".

"Para este solo efecto créanse, en los óiganos de la Administración del Estado los cargos adscritos necesarios para que los funcionarios que hayan ejercido esta opción con posterioridad al 10 de marzo de 1991 o la ejerzan en el futuro, accedan, automáticamente, a un empleo de igual grado y remuneración. Estos cargos constituirán dotación adicional y se extinguirán de pleno derecho al cesar en funciones, por cualquier causa, el funcionario correspondiente.".

El artículo 8°, aprobado por el Congreso Nacional, pretende justificar el pago efectuado al personal adscrito por el aumento de un grado, dispuesto por el artículo 1° de la ley N° 19.086, y establecer el pago de un segundo grado, aplicando el artículo 3° de la misma ley.

En la Comisión, el Jefe de Recursos Humanos del Ministerio de Salud puntualizó que la Contraloría General de la República estimó que al personal aludido no le correspondían dichos aumentos.

Por otra parte, los tribunales de justicia han acogido dos recursos interpuestos por un grupo de estos funcionarios y fallado, en definitiva, en su favor, procediendo, en consecuencia, que la Contraloría General tome razón de las resoluciones pertinentes.

Se agregó también, en la Comisión, que el artículo 2° transitorio de la ley N° 18.972 estableció una garantía excepcional para funcionarios que ocupaban cargos que pasaron a ser de exclusiva confianza, permitiéndoles, pese a que se les solicitara la renuncia, permanecer en un cargo adscrito. Esta franquicia los deja en una situación especialísima, por lo que -y así lo estimó la Contraloría General de la República- no se les podría considerar en condiciones idénticas a las del resto del personal directivo.

Con la aplicación de esa norma se alteraría para el sector salud lo referente a los mencionados cargos adscritos, lo cual obligarla a revisar las situaciones similares que se dan en otros sectores de la Administración Pública.

Por ello, el Supremo Gobierno ha formulado la observación objeto de este informe, cuya finalidad es sustituir el mencionado artículo 8° por el siguiente:

"Artículo 8°.- Declárase, interpretando los artículos 1° y 3° de la ley N° 19.086, que los aumentos de grado dispuestos para los cargos de las plantas de Directivos no han favorecido a los cargos adscritos creados en estas plantas por aplicación del artículo 2° transitorio de la ley N° 18.972. Sin embargo, si por el concepto señalado se ha pagado, a algunos de los funcionarios que detentan estos cargos, una remuneración superior a la correspondiente a su grado, se le condonará la parte de ella que debería reintegrar.".

Se hizo presente en la Comisión que a la mayoría de los funcionarios que ocupan cargos adscritos se les pagó el aumento de un grado dispuesto por el artículo 1° de la ley N° 19.086, toda vez que las resoluciones respectivas fueron tramitadas por las contralorías regionales, con excepción de la Contraloría de Valparaíso.

Cuando se enviaron a tramitación las resoluciones que reconocían el aumento de un segundo grado, por aplicación del artículo 3° de la ley N° 19.086, la Contraloría General de la República dictaminó que a este personal no le correspondía ese aumento y ordenó la derogación de las resoluciones que concedían dichos beneficios.

En consecuencia, la observación de Su Excelencia el Presidente de la República tiene por objeto interpretar los artículos 1° y 3° de la ley N° 19.086, dejando expresamente establecido que los aumentos de grado dispuestos por dichas normas "no han favorecido a los cargos adscritos", y que las remuneraciones superiores a las correspondientes a su grado, percibidas por algunos de estos funcionarios, no deberán ser reintegradas.

En atención a las consideraciones expuestas, la Comisión de Salud acordó, por mayoría de votos, recomendar a la Honorable Cámara la aprobación de la observación formulada por Su Excelencia el Presidente de la República al proyecto de ley que regula las plantas de personal del sector salud.

He dicho

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, tanto el veto de Su Excelencia el Presidente de la República como el texto aprobado por el Congreso Nacional son interpretativos de los artículos 2° y 3° de la ley N° 19.086.

Las observaciones que estamos analizando y acerca de las cuales ha emitido su informe la Comisión de Salud, son las resultantes de una abierta discrepancia en una materia que afecta a algunos funcionarios adscritos a cargos en las plantas de directivos por aplicación del artículo 2° transitorio de la ley N° 18.972, a la luz de lo que a esos funcionarios les sería posible acceder, acorde con la ley N° 19.086.

En el texto del artículo aprobado por el Congreso Nacional, se da igual trato a los directivos de las plantas como a los adscritos. El veto elimina esta igualdad de trato. Ello, a todas luces, parece injusto y atentatorio a la garantía contenida en nuestra Carta Fundamental, que establece la igualdad ante la ley en el número 2 de su artículo 19.

Tan cierto es esto que los tribunales han reconocido que esta materia debe ser abordada en términos que son coincidentes con el texto del proyecto aprobado por el Congreso. Frente a dos recursos presentados por afectados en la materia, han fallado favorablemente, contradiciendo los dictámenes de la Contraloría General de la República.

Por otra parte, según nuestra opinión, el veto constituye una abierta infracción al derecho de propiedad de los funcionarios afectados, ya que se les ha reconocido el beneficio y esta norma no considera la expropiación de esos derechos con la consiguiente indemnización.

En una materia que es difícil de entender, especialmente para los distinguidos colegas que no forman parte de la Comisión ni han sido funcionarios públicos, quisiera terminar diciendo que el veto recoge la posición de la Contraloría General de la República, y que la posición que nosotros y el Senado acordamos es coincidente con la opinión de los tribunales de justicia. Esto lo hemos comprobado no sólo en el área de la salud sino también reiteradamente, en el área de las municipalidades ya que frente a dictámenes de Contraloría, especialmente de las regionales, los tribunales de justicia aparecen discrepando de esas posiciones.

En la sesión de ayer de la Comisión de Salud hice presente mi inquietud sobre la necesidad de modificar la ley orgánica de la Contraloría General de la República, porque no nos parece justo que frente a dictámenes de los tribunales de justicia, incluyendo por supuesto a la Corte Suprema, la Contraloría siga manteniendo una posición discrepante con respecto a este alto tribunal.

En la Comisión votamos negativamente este veto, y hoy nuestra bancada mantendrá esa misma posición y votará en contra del veto presidencial.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

En votación las observaciones del Presidente de la República.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 33 votos; por la negativa, 21 votos. Hubo 1 abstención.

El señor MOLINA (Presidente).-

Aprobadas las observaciones.

Despachado el proyecto.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre fomento y desarrollo de organizaciones de la juventud. Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social.

Diputado informante de la Comisión es el señor Letelier.

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, boletín N° 940-06. Documentos de la Cuenta N° 12, de esta sesión.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social vengo a entregar el segundo informe del proyecto iniciado en un mensaje presidencial, cuya finalidad es fomentar el desarrollo de las organizaciones juveniles.

Como recordarán los señores Diputados, este proyecto fue visto en primera instancia por la Cámara, para lo cual la Comisión emitió un primer informe el 30 de septiembre de 1993. El 14 de diciembre del mismo año, por acuerdo de la Sala, se remitió nuevamente a la Comisión de Gobierno Interior, la que en el día de ayer elaboró y votó en general un informe complementario. En la misma tarde, la Comisión se reunió para revisar las indicaciones.

La iniciativa consta de 35 artículos, 34 permanentes y uno transitorio, y está distribuido en tres títulos, artículos finales y uno transitorio.

El título I, que consta del artículo 1° al 10, se refiere a disposiciones generales, en las cuales se define lo que es una organización juvenil; las edades en que se entiende que una persona es joven, sólo para efectos de esta ley; el rol de los tribunales electorales regionales; las responsabilidades de los dirigentes de las organizaciones juveniles constituidas por menores de edad, de acuerdo al Código Civil, así como el hecho de que los centros de alumnos serán considerados, para todos los efectos de esta ley, como organizaciones juveniles.

El título II dice relación a los procedimientos de constitución de las federaciones y confederaciones.

El título III trata la creación de los consejos de la juventud y está organizado en tres párrafos. El párrafo primero se refiere a la naturaleza, objeto y constitución de los consejos de la juventud; el segundo, a las incompatibilidades, y el tercero, a los estatutos.

En los artículos finales, que son tres, se crea un programa especial de iniciativas juveniles, que dependerá del Fosis, y se define el procedimiento para que las organizaciones juveniles que obtendrán personalidad jurídica accedan a los fondos que se destinarán en la Ley de Presupuestos de cada año, también señala la responsabilidad del Instituto Nacional de la Juventud para con las organizaciones juveniles, que no es otro que mantener registros públicos de las organizaciones a niveles comunal, provincial, regional y nacional.

En la Comisión de Gobierno Interior, en el día de ayer, se formuló solamente una indicación, que fue debatida y votada en general. Creo que es necesario explicar su objeto para que la Corporación la entienda en toda su dimensión. La intención era eliminar el artículo 1° del proyecto inicial despachado en la Comisión. En tanto, al interior de la Comisión hubo discrepancia sobre la complementación de este proyecto, a fin de evitar la sobreposición de sus normas con las de la Ley de Organizaciones Comunitarias y Juntas Vecinales. Estas inquietudes fueron despejadas y la iniciativa quedó significativamente depurada en relación con el proyecto original. En atención a ello, la indicación fue puesta en votación y rechazada por unanimidad.

Termino este informe indicando que en la sesión de ayer hubo voluntad unánime para despachar esta iniciativa, considerada de gran importancia para el fomento y desarrollo de las organizaciones de la juventud, por cuanto fija una norma general para este fin, y se valora tremendamente la creación de los consejos de la juventud, en los cuales se entienden incorporadas las inquietudes planteadas por el conjunto de las juventudes políticas de los partidos con representación parlamentaria, es decir, la noción de que todo partido legalmente constituido tendrá derecho a designar un representante juvenil en los consejos de la juventud que se vayan formando.

Se ha valorado tremendamente la creación del Programa Especial de Iniciativas Juveniles establecido por el artículo 32, en tanto abre un canal de participación a quienes son los representantes regionales para evaluar, priorizar y asignar los recursos para proyectos.

Es cuanto puedo informar, recomendando a la Sala la aprobación de esta iniciativa, tal como hizo la Comisión.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elizalde.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, por las razones ya enunciadas por el Diputado informante, quiero manifestar el apoyo de la bancada de la Democracia Cristiana, fundamentalmente porque los jóvenes voluntariamente podrán organizarse para cumplir los objetivos específicos que ellos mismos resuelvan, con la personalidad jurídica que determinen, considerada dentro del espíritu del proyecto de ley. En consecuencia, será su propia decisión la que permitirá que los jóvenes no sigan redamando la imposibilidad de participar. Concretamente, aquí se abren todos los espacios para que ellos determinen las funciones que deseen desempeñar y su incorporación en las tareas de desarrollo del país.

Junto a eso, se resuelve definitivamente el problema de los centros de alumnos, a los cuales esta iniciativa les entrega las facultades necesarias para desarrollarse como organización juvenil. Lo más importante es que lo harán con recursos de la nación contemplados anualmente en la ley de Presupuestos. El Fondo de Solidaridad e Inversión Social administrará un programa especial de iniciativas juveniles generadas por ellos mismos, de modo que presentarán proyectos que podrán ser evaluados. En definitiva, el proyecto permitirá que con aportes y recursos del Estado las organizaciones juveniles puedan ir desarrollando sus propias actividades. Desde ese punto de vista, es un avance sustantivo en un momento en que se reclama en nuestra sociedad, con tanta fuerza y razón que los jóvenes no tienen espacio. Es un paso importante. El proyecto persigue el objetivo de incorporar a los jóvenes y, lo más relevante es que les entrega los recursos necesarios.

Por eso, nuestra bancada lo respaldará, y esperamos que haya la unanimidad de la Sala.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, anuncio el voto favorable de la UDI en el segundo informe de la Comisión.

Las indicaciones a que me referí ayer eran al proyecto primitivo que envió el Ejecutivo, sustancialmente malo, que fue reactualizado, rehecho. En esta refacción participaron diversas instancias, entre las cuales está la juventud de nuestro partido. Precisamente, la Comisión de Gobierno Interior, en su primer informe, dio cuenta de que era deficiente, y en atención a eso el Gobierno lo retiró y se rehízo.

Sin embargo, nos mereció reparos el artículo 32, que establece que el Fondo de Solidaridad e Inversión Social administrará un programa de iniciativas juveniles, ya que si no existieran proyectos razonables y técnicamente buenos, de todas maneras tendría que entregar fondos. En este sentido, para Colocar una protección, sugerimos su inciso final: "Anualmente la Ley de Presupuestos de la Nación considerará recursos especiales para el desarrollo de este programa. Con todo, si la instancia calificadora de proyectos no reconociera idoneidad técnica en los proyectos que se presenten, podrá declarar desierta la postulación, debiendo el Fosis asignar los recursos no utilizados a otros programas sociales".

Esto es el aspecto más importante del segundo informe y la UDI anuncia la aprobación del proyecto.

He dicho.

En votación dichos artículos.

Efectuada la votación en forma económica, por él sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 74 votos; por la negativa, 1 voto. No hubo abstenciones.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Aprobadas.

Despachado el proyecto.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que introduce modificaciones a la ley N°18.168, General de Telecomunicaciones.

Diputado informante de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones es el señor José Miguel Ortiz.

Antecedentes:

Informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones, boletín N° 1022-15. Documentos de la Cuenta N° 11, de esta sesión.

Tiene la palabra el Diputado informante, señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señora Presidenta, la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones, fue promulgada en 1982. Esta ley procuró crear condiciones favorables para que los servicios de telecomunicaciones se desarrollen en un ambiente de libre mercado; pero el desarrollo tecnológico, unido a contingencias que en 1982 no se previeron, ha producido obsolescencia y vacíos en la legislación vigente que impiden el establecimiento de un mercado competitivo que favorezca a los usuarios.

El proyecto de ley III, presentado por el Ejecutivo en septiembre de 1992, tenía por objeto crear condiciones de verdadera competencia en el sector. Sin embargo, este proyecto resultó ser de trámite lento por la extensión de su contenido, lo que obligó al Ejecutivo a enviar un nuevo proyecto, que es un extracto del proyecto III que se conoce como proyecto de ley III A, a fin de solucionar en forma rápida los problemas más graves del sector de telecomunicaciones.

El proyecto III A -lo recuerdo en esta Sala en especial a los que están interesados en el tema- fue el resultado de un amplio acuerdo político suscrito entre el Ejecutivo y parlamentarios de Gobierno y de Oposición, donde todos concordamos en la imperiosa necesidad de legislar rápidamente sobre las siguientes materias:

a) Establecimiento del sistema multiportador discado; es decir, de un sistema mediante el cual sean los usuarios finales del servicio telefónico los que elijan a la empresa de larga distancia de su preferencia para las llamadas interurbanas e internacionales.

En la actualidad, esta modalidad no existe en el país, a raíz de lo cual los beneficios de la competencia llegan sólo a un reducido número de usuarios.

b) Establecimiento de interconexiones obligatorias para que las nuevas empresas de larga distancia puedan conectar sus redes a las de las compañías telefónicas locales.

c) Creación de un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones para ir en ayuda de las localidades más deficitarias en materia de servicios telefónicos, y

d) Establecimiento de un esquema de integración vertical para que las compañías telefónicas locales puedan proveer servidos locales y de larga distancia o de un esquema de segmentación que prohíbe a las compañías telefónicas locales ofrecer servicios de larga distancia.

El acuerdo político no resolvió el tema de la integración vertical, porque sobre él no hubo consenso, debido a que algunos de los Diputados firmantes fueron partidarios de la segmentación por las razones que se indican más adelante.

El acuerdo político respetó este punto de vista y dejó en manos del Parlamento la decisión final al respecto.

Adicionalmente, en el acuerdo político, el Ejecutivo se comprometió a enviar en breve plazo un nuevo proyecto para crear una superintendencia de telecomunicaciones, destinada a suplir las carencias y limitaciones históricas de la subsecretaría del ramo.

Señora presidenta, quiero destacar este hecho para la historia fidedigna de la ley, porque es vital que se cree la Superintendencia de Telecomunicaciones, aparte de lo que signifique la promulgación de esta ley.

Una vez que el proyecto III A fue estudiado por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta Cámara, ocho de sus Diputados integrantes aprobaron una indicación que establecía un régimen de segmentación en reemplazo del régimen de integración vertical propuesto por el Ejecutivo. Esta indicación contó con la oposición de cinco Diputados, que fueron partidarios de mantener el régimen de integración vertical. Los parlamentarios que aprobaron la idea de segmentar el atareado de las telecomunicaciones tuvieron en cuenta los siguientes argumentos:

a)El poder de una compañía telefónica monopólica en la parte local es de tal magnitud que es imposible evitar que cometa abusos en larga distancia, aun cuando en este último mercado opere a través de una filial separada y en la modalidad de multiportador discado. La experiencia de algunos países demuestra esta situación.

b)No es necesario que las compañías telefónicas participen en larga distancia para que mejoren su financiamiento, porque la Ley General de Telecomunicaciones asegura tarifas suficientes al servicio local, de modo que éste sea rentable y además porque la misma ley prohíbe los subsidios de un servicio sobre otro.

c)La segmentación no es inconstitucional, porque, si bien la Constitución garantiza la libertad de emprender, ésta debe ejercerse dentro del marco legal vigente. Existen innumerables leyes que en aras del bien común, restringen actividades económicas, como es el caso forestal, el de las AFP, el de los bancos o el de la pesca. Más aún, el mercado chileno de las telecomunicaciones está segmentado desde hace treinta años en servicios locales y de larga distancia.

Además, el propio Poder Ejecutivo ha declarado ser partidario de la segmentación en otros sectores de la economía, como es el de la electricidad. En el acuerdo político firmado con el Gobierno se reconoció que la segmentación era una de las opciones.

d)la segmentación aprobada por la Comisión de Obras Públicas respeta los derecho adquiridos por la CTC en materia de larga distancia, porque le permite a ésta seguir explotando sus actuales enlaces en funcionamiento, como son los de Santiago-Buin, Santiago-Valparaíso y Santiago-Los Andes.

En las restantes materias del proyecto III A, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de esta Cámara no introdujo cambios de fondo, sino que respetó y enriqueció las propuestas del Ejecutivo. Cuando este proyecto fue analizado en particular por la Sala de la Cámara de Diputados, el Ejecutivo insistió en la idea de impulsar la integración vertical de las telecomunicaciones, y tras un intenso debate esta iniciativa obtuvo 36 votos a favor, 33 en contra y 7 abstenciones, lo que impidió su aprobación, pues necesitaba 59 votos por tratarse de una materia de quórum calificado.

En la misma sesión, se analizó la indicación que segmentaba el mercado de las telecomunicaciones, que había sido aprobada por la Comisión de Obras Públicas, la que obtuvo en la Sala 35 votos a favor, 35 en contra y 8 abstenciones, sin ser aprobada, en consecuencia, porque también era una materia de quórum calificado.

En consecuencia, el proyecto III A pasó al Senado sin contener disposiciones relativas a la integración o a la segmentación de las telecomunicaciones. En todo caso, gracias al acuerdo político, las principales otras materias del proyecto fueron aprobadas sin dificultad por la Sala de la Cámara de Diputados.

Entre estas materias, se destaca el sistema multiportador discado, que permitirá al usuario de la telefonía pública elegir por sí mismo a la empresa de larga distancia de su preferencia, con lo que obtendrá un mejor servicio y menores precios en sus comunicaciones interurbanas e internacionales.

También se aprobó el establecimiento de interconexiones obligatorias para que las nuevas empresas de larga distancia puedan conectar sus redes a las de las compañías telefónicas locales, facilitando de ese modo el establecimiento de una mayor competencia en los servicios de larga distancia.

El monopolio de los servicios de larga distancia se ha visto incrementado este último tiempo con empresas nuevas como Chilesat y VTR, a las que luego, con seguridad, se sumarán otras. Pero cabe señalar que los beneficios de esta competencia no llegaban a los usuarios finales del servicio por las limitaciones que tiene la actual Ley de Telecomunicaciones N° 18.168.

En el sistema multiportador discado serán los consumidores, y no los concesionarios del servicio telefónico local, quienes decidirán por qué medio cursarán sus llamadas de larga distancia.

También fue aprobada la creación de un fondo de desarrollo de las telecomunicaciones, que permitirá dotar de servicios básicos de telecomunicaciones a localidades que carecen de ellos. Este fondo licitará recursos entre las empresas privadas interesadas en explotar teléfonos públicos y los asignará al postulante que requiera el menor subsidio.

Finalmente, es necesario reiterar que quienes apoyaron la idea de la segmentación no estuvieron en contra de la competencia, ya que respaldaron plenamente al gobierno en las demás materias contenidas en el proyecto IIIA y, muy especialmente en lo relativo al sistema multiportador discado, modalidad que permitirá una efectiva competencia en los servicios de larga distancia, con claros beneficios para los consumidores.

El proyecto aprobado por la Cámara fue analizado, en el segundo trámite constitucional por la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado.

Es importante señalar -para los parlamentarios que están realmente preocupados del tema- que, respecto de esta iniciativa, el Ejecutivo convocó a las principales empresas de telecomunicaciones del país: CTC, Entel, Chilesat y VTR, y las invito a llegar a un acuerdo sobre el controvertido tema de la integración vertical de las telecomunicaciones, el que se logró el 4 de enero de 1994. Se aceptó la integración vertical regulada, con la condición de fijar límites a la participación de mercado que podían alcanzar las filiales de las empresas telefónicas dominantes llamadas "portadores vinculados". El acuerdo anterior tiene como base la resolución N° 389 de la Comisión Resolutiva antimonopolios, y entre sus condiciones se destacan las siguientes:

a)La integración vertical debe hacerse mediante empresas constituidas como sociedades anónimas abiertas, las que podrán ser filiales o coligadas de empresas telefónicas locales cuyas operaciones deben estar totalmente separadas de las actividades de la empresa matriz.

b)Para la integración vertical deberá contarse previamente con un sistema de control que asegure que todos los portadores tengan las mismas condiciones de interconexión con las compañías de telefonía local.

Estos requisitos, contenidos en la resolución N° 389, junto con la limitación de mercado establecida en el acuerdo, son los elementos básicos que deben estar presentes en el nuevo texto del proyecto III A, despachado por el Honorable Senado a fines de enero.

Las modificaciones más relevantes introducidas por el Honorable Senado al proyecto, sobre la base del acuerdo político entre el Ejecutivo y esas empresas chilenas, son las siguientes:

En la letra e) del artículo 3° de la ley N°18.168, se modificó la definición de servicios intermedios, aceptándose la proposición del Ejecutivo para permitir a los concesionarios de servidos intermedios acceso directo a los usuarios finales.

En el artículo 10° de la ley se perfecciona la redacción, agregando la posibilidad de que los concesionarios de servicios intermedios hagan prestaciones dentro y fuera del país. Antes sólo se permitía en el país.

En el artículo 24 bis, que se agrega, el Senado perfeccionó el antiguo inciso cuarto y lo agregó como segundo, estableciendo la obligación del concesionario de servicio público telefónico de entregar igual clase de accesos o conexiones a la red telefónica, así como la no discriminación en aspectos como calidad, precios y plazos. Esta materia es plenamente concordante con el punto b) relativo al acuerdo.

En el artículo 26, el Senado repuso la redacción original del Ejecutivo, que permitía la integración vertical con las siguientes condiciones:

1.Los servicios telefónicos de larga distancia sólo pueden ser prestados por concesionarios de servicios intermedios, constituidos como sociedades anónimas abiertas, las que podrán ser filiales o coligadas de empresas concesionarias de servicios públicos.

2.Todos los concesionarios de servicios de telecomunicaciones tendrán acceso al uso de sistemas por satélites y cables internacionales en condiciones de igualdad en lo técnico y económico.

Hago presente a la Sala que este artículo 26, agregado por el N° 5 del artículo 1° del proyecto, es de quórum calificado, es decir, requiere 60 votos para su aprobación.

En el artículo 27, el Senado agrega un inciso segundo para proteger al usuario frente a la interrupción o alteración del servido, quien recibirá un descuento por los servidos no prestados y tendrá derecho a indemnizaciones en el caso de que dicha interrupción o alteración sea prolongada.

En los artículos 28 A al 28 J, el Senado introdujo algunos cambios en lo relativo al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicadones. El más importante de ellos es la eliminación del derecho de acceso al territorio nacional para las comunicaciones telefónicas provenientes del extranjero. En consecuencia, el fondo se financiará sólo con aporte fiscal.

Para tal efecto, el señor Ministro de Transportes ya conversó con el nuevo Ministro de Hacienda, y se acordó una cantidad para que, una vez aprobado este proyecto, el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones empiece a operar con financiamiento.

En los artículos 30 E, 30 F y 30 G, sobre regulación tarifaria, el Senado introdujo perfeccionamientos menores.

En el artículo 36 bis, el Honorable Senado introdujo modificaciones al sistema de multas por incumplimiento de las disposiciones a los artículos 24 bis, 25 y 26, y sus reglamentos, elevando las sanciones a quienes obstaculicen o entorpezcan las interconexiones. Además, se establece un nuevo inciso que explícita que el concesionario de servicio público de telecomunicaciones que subsidie una filial o coligada incurrirá en causal de caducidad de concesión.

Ambas materias son plenamente concordantes con este acuerdo del Ejecutivo y las compañías.

El Senado complementó el artículo 2° del proyecto, que establecía el derecho de los usuarios a verificar las llamadas cursadas, agregando que todo servicio adicional al servido telefónico local deberá ser solicitado expresamente por el usuario y suspendido a petición de éste. En la actualidad este servicio adicional simplemente se incluye. En el artículo 3° del proyecto, el Honorable Senado mantuvo la idea de modificar las concesiones de la empresa Entel y sólo introdujo cambios menores.

El artículo 1° transitorio fue eliminado.

En el artículo 2° transitorio, que pasó a ser 1° transitorio, se modificó de seis a tres meses el plazo para traspasar los medios propios autorizados, que provean funciones de transmisión o conmutación desde la concesionaria de servicios públicos a la filial de larga distancia. Durante este período de tres meses, el concesionario de servicio público podrá continuar prestando directamente los servicios de larga distancia sólo en aquellos enlaces que hayan sido autorizados con anterioridad a la promulgación de esta ley.

También establece un plazo de 30 días para otorgar las concesiones de larga distancia en trámite a las filiales de las compañías locales.

En artículo 4° transitorio, que ha pasado a ser 3° transitorio, propone el Senado un plazo máximo de treinta días para la implementación del sistema multiportador discado, contado desde la dictación del reglamento de dicho sistema.

Agregó los incisos segundo y tercero.

El segundo señala que los Ministerios de Transportes y Economía deberán dictar el reglamento del artículo 34 bis, y la Subsecretaría de Telecomunicaciones deberá establecer un sistema de control del sistema multiportador discado dentro del plazo de tres meses, contado desde la publicación de esta ley.

El inciso tercero expresa que las disposiciones del inciso segundo del artículo 26, que condiciona la integración vertical al establecimiento de una filial separada, que sea sociedad anónima abierta, entrarán en vigencia una vez que el sistema multiportador discado empiece a operar. No establecerlo así, sería contrario al espíritu y a la letra del acuerdo entre el Ejecutivo y las empresas y de la resolución 389.

En los artículos 5° al 7°, transitorios, se abordan los aspectos relativos a los límites, a la participación máxima de mercado que pueden alcanzar las filiales de las empresas telefónicas dominantes, en virtud del acuerdo antes mencionado, tanto para portadores vinculados como para otros. Además, incluye las definiciones correspondientes.

En el artículo 8° transitorio, el Senado establece que el financiamiento del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones será con cargo al ítem que se indica de la partida Tesoro Público del Presupuesto vigente.

Posición de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones.

En la sesión de ayer, martes 1° de marzo, hubo inquietud entre los miembros de la Comisión, en cuanto qué pasará en el lapso intermedio, entre la promulgación de la ley III A y la puesta en operación del multiportador discado. Ello se produjo por lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 3° transitorio, introducido por el Senado.

Debo dejar constancia de que en el seno de la Comisión -y esto lo digo para la historia fidedigna del establecimiento de la ley- cuando se planteó esta inquietud por los Diputados René Manuel García y el que habla, el Ministro fue enfático en responder que no debía existir incertidumbre al respecto, toda vez que durante el lapso indicado la autoridad velará y hará cumplir la resolución N° 389, emanada de la Comisión resolutiva, creada por el decreto ley N° 211, de 1993, ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, el Ministro manifestó que se debe ser consecuente con el espíritu del acuerdo suscrito por el Ejecutivo con las empresas del sector, a solicitud de la autoridad, firmado con fecha 4 de enero de 1994

No queda duda, entonces, de que durante el lapso que medie entre la publicación de esta ley y el momento en que empiece a operar el sistema multiportador discado, el concesionario de servido público telefónico estará impedido de prestar, por medios propios, servidos de telefonía de larga distancia, nacional e internacional, quedando también impedido de establecer nuevos convenios con corresponsales extranjeros.

En la sesión de la Comisión de ayer estaba presente don Jorge Rosenblut, actual asesor del Ministro Boeninger y del Ministro de Transportes y próximo Subsecretario de Telecomunicaciones, a contar del 11 de marzo, quien también participó activamente en la gestación del referido acuerdo del 4 de enero. El citado funcionario coincidió plenamente con lo expresado por el señor Ministro don Germán Molina, comprometiendo su acción futura en tal sentido.

En el acta de la Comisión está consignado todo lo anterior y la voluntad expresa y clara del señor Ministro de Transportes de ratificarlo en esta sesión, lo que, en nombre de la Comisión, le pido hacer en esta oportunidad a don Germán Molina.

Por lo anteriormente expuesto, la Comisión acordó recomendar a la Sala la aprobación de todas las modificaciones propuestas por el Honorable Senado en el tercer trámite.

Este proyecto, que modifica la actual Ley General de Telecomunicaciones, inició su trámite legislativo en septiembre de 1992. La Comisión planteó la necesidad de que se termine de votar hoy, en cumplimiento del acuerdo unánime de la Sala, para que quede en condiciones de continuar su tramitación o pase al Tribunal Constitucional, a fin de que se convierta pronto en ley de la República.

Por eso, en nombre de la Comisión, solicito a la Sala que, una vez finalizadas las intervenciones, se efectúe una sola votación para aprobar o rechazar las modifiaciones del Honorable Senado.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Sotomayor.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia de mi preocupación por el escaso tiempo que la Cámara ha destinado para debatir las modificaciones propuestas por el Senado al proyecto de ley de telecomunicaciones.

Es posible que en algunos momentos más se apruebe, sin mayor análisis y sin una discusión profunda, el texto que modifica sustancialmente aquel que aprobara la Cámara en primer trámite legislativo, y que altera también de modo radical todo el sistema de telecomunicaciones del país.

Esta rapidez en legislar puede producir efectos muy negativos. Quiero recordar lo ocurrido con la Ley de Pesca, que fue objeto de diversos recursos procesales que obligaron a su modificación al poco tiempo de su aprobación. En este caso particular, se ha sabido de diversos informes de distintos profesionales universitarios, que expresan su opinión respecto de la posible inconstitucionalidad de este proyecto y que la prensa de hoy recoge extensamente.

El país ha sido testigo durante los últimos dos años de una serie de conflictos en que se ha discutido cómo y de qué manera aquellos servicios públicos de telecomunicaciones destinados a satisfacer las necesidades de la comunidad en general -esto es, el artículo 3°, letra b)- podían participar en las transmisiones de larga distancia nacional e internacional y en los servicios de telefonía local.

Al respecto, hubo diversas teorías y partidarios de segmentar el mercado y otros de integrarlo libremente. En definitiva, primó la tesis de la libre competencia abierta por irnos y otros concesionarios de servicio público en los mercados de telefonía local y de larga distancia. Pero siempre, repito, el debate se refería a procurar equidad y eficiencia dentro de los principios vigentes en el régimen general de telecomunicaciones. En otras palabras, cómo y de qué manera los servicios públicos de telecomunicaciones podían prestar un servicio más eficiente al público en telefonía local y de larga distancia. El sistema fue resuelto por la Comisión Antimonopolio por sentencia N° 389, de abril de 1993, que declaró en su punto primero lo siguiente: "Las compañías telefónicas locales pueden participar en la prestación de servicios de telecomunicaciones de larga distancia mediante la adopción del llamado sistema de multicarrier discado, exclusivamente, o acompañado del sistema de multicarrier contratado, que permiten al usuario la libre elección del portador. Asimismo, las compañías que ofrecen servicios de larga distancia nacional e internacional pueden participar en la prestación de servicios de telecomunicaciones locales.". Agrega la Comisión que en ambos casos deben reunirse una serie de condiciones que ella misma destaca.

Con fecha 24 de enero de este año, la Corte Suprema confirmó el fallo anterior.

El proyecto, cuyo texto fuera modificado por el Senado, contiene algunas normas que procuran estructurar también el sistema de multidiscado, según fuera recomendado por la Comisión Resolutiva.

De acuerdo con las normas de los artículos 24, 25 y 26, se puede concluir que en dicho proyecto se confirma el sistema de multiportador sugerido por la Comisión Resolutiva, precisamente a través del sistema multiportador y dentro de la estructura del servicio público telefónico. Sin embargo, existen otras disposiciones que alteran totalmente la estructura recientemente comentada y que significan una modificación sustancial a todo el sistema general de telecomunicaciones vigente en el país.

En ese sentido, en la nueva estructura adquieren especial importancia las siguientes disposiciones:

1°.- La que modifica el artículo 3°, letra e), de la ley vigente, en cuanto permite que los servicios intermedios de telecomunicaciones puedan prestar servicios telefónicos de larga distancia a la comunidad en general, pudiendo hacerlo en forma directa y no como lo aprobó la Cámara de Diputados, sólo a través de la red de telefonía pública.

2°.- La que modifica el artículo 10 de la ley vigente, en cuanto permite que los servidos limitados puedan exceder el ámbito del inmueble de su instalación, pudiendo utilizar instalaciones y redes autorizadas de concesionarios de servicios intermedios para exceder dicho ámbito dentro o fuera del país.

En síntesis, se ha establecido en el proyecto aprobado por el Senado una estructura totalmente nueva en el sistema de telecomunicaciones del país, como si se partiera desde cero. Lo más grave es que a raíz de todo ese nuevo sistema, que altera la estructura y los derechos de propiedad, se crea de un solo plumazo una legislación, sin mayor estudio ni análisis.

Nadie puede negar las ventajas que derivan del progreso científico y tecnológico, en especial en el sistema de telecomunicaciones, pero todos queremos la más amplia competencia para que, en definitiva, sea el usuario final el gran beneficiado.

Sin embargo, no sabemos lo que ocurrirá y lo más probable es que se otorguen servicios discriminatorios donde los únicos beneficiados sean los grandes clientes, que pueden ofrecer un atractivo mercado con mucho tráfico nacional e internacional, produciendo de este modo una notable discriminación en contra de los modestos usuarios -personas naturales-, que son la gran mayoría del país.

Así, es de temer que esta rapidez en despachar el proyecto se traduzca en una gran ineficacia, pues es probable que toda la modernización del sistema telefónico se paralice por una importante cantidad de recursos de carácter jurisdiccional, que sin duda se interpondrán en el caso de aprobarse estas nuevas normas.

Además, hay una seria preocupación referente a las sanciones establecidas en los artículos 27 y 36 bis, que probablemente signifiquen un daño a la libre competencia y que otorgan facultades especialísimas a la autoridad administrativa.

De acuerdo con lo expresado, existirían las siguientes graves objeciones al proyecto de ley que se nos pide aprobar hoy.

1)Se vulnera el sistema de libre competencia en la telefonía de larga distancia que fuera establecido por la Comisión Resolutiva y ratificado por la Corte Suprema, al crearse, sin mayor análisis, una nueva estructura que tendrá una grave incidencia económica.

2)Se permite la prestación de servidos de telefonía de larga distancia discriminatorios respecto de la mayoría de los usuarios del servicio público telefónico, con el propósito aparente de beneficiar a los usuarios; pero, en verdad, se está otorgando un enorme beneficio sólo a las grandes empresa, que constituyen un mercado atractivo, en especial en la telefonía de larga distancia.

3)Se discrimina respecto de las concesiones de servicio público telefónico al permitir la prestación de servicios por terceros al margen del régimen jurídico general vigente.

4)Se vulnera así la garantía de no discriminación arbitraria contenida en el artículo 19, N° 22, de la Constitución Política, y el principio de la igualdad ante la ley señalado en el artículo 19, N° 2.

5)Se altera el régimen del legítimo ejercicio del derecho de propiedad que nace de las concesiones de servido público y se altera también la garantía del artículo 19, N° 21, respecto del derecho de desarrollar una actividad económica respetando las normas legales que la regulan.

6)Se establece un tribunal especial con facultades amplísimas, que alteran las garantías del debido proceso contenidas en el artículo 19, N° 3, inciso quinto.

Por las razones expresadas, que constituyen una base muy profunda para rechazar estas modificaciones, creo que, al menos, podemos pedir, en justicia, qué se nos otorgue un mayor plazo para pensar y estudiar las modificaciones que nos parecen trascendentales.

Estimo que se requiere la formación de una comisión mixta, razón por la cual propongo que la Cámara insista en la redacción original de los artículos 3E, 10, 27 y 36.

Al terminar esta exposición, reitero que la prudencia nos aconseja evitar que se repitan situaciones anteriores y que el Poder Legislativo disponga de un tiempo mínimo para estudiar las modificaciones propuestas por el Senado al presente proyecto.

He dicho.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.

El señor VILCHES.-

Señora Presidenta, han ocurrido varios acontecimientos importantes desde que el proyecto III A fuera despachado por la Honorable Cámara de Diputados, sin pronunciarse respecto del controvertido tema de la integración vertical, por falta de quórum, en un sentido u otro, hasta hoy, en que vuelve luego de pasar por el Senado.

El proyecto III A ha resuelto en apariencia la controversia y el Senado se ha pronunciado por la integración vertical regulada.

No respaldo la integración vertical regulada y sigo pensando en la segmentación total que en esa oportunidad aprobó la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Honorable Cámara y que era la mejor opción para el país, especialmente para los usuarios. Los resguardos adoptados por la Comisión Antimonopolio mediante la resolución N° 389, base del proyecto III A, son normas de buena conducta, pero artificiales y contranatura.

Deseo preguntar en relación con este tema ¿Qué hace un empresario normal, racional? Lo único que hace, día a día, es tratar de desplazar a su competencia del mercado y en lo posible sacarla de él, reduciendo sus precios, haciendo publicidad, adelantándose a la competencia, bajando sus costos. En general, los empresarios no logran consumar un monopolio porque la competencia reacciona, porque si los precios bajan más allá de los costos, empiezan a perder dinero; si los costos bajan más allá de lo razonable, empiezan a dar un mal servido y pierden los clientes.

En otras palabras, el sabio mercado, con la mano invisible de Adam Smith, se encarga de buscar un punto de equilibrio que garantiza la permanente concurrencia de múltiples oferentes con un gran beneficiado, que es el consumidor.

Se espera que los resguardos de la resolución N° 389 y del proyecto III A frenen o moderen esta natural intención de las compañías telefónicas locales, pero no será así. Este afán persistirá y dadas las enormes ventajas que aún tienen las compañías locales, por ser monopolios y dominantes, no habrá mano invisible ni fuerza capaz de contrarrestarlas, y es posible que más temprano que tarde, monopolicen también el mercado de la larga distancia, a no ser que el Ejecutivo tenga éxito en el sistema de control, tema que largamente se ha conversado.

El Gobierno ha prometido enviar un proyecto para crear una subsecretaría o superintendencia, el cual aún no ha llegado al Congreso Nacional, para implantar por mandato de la ley todo el control, pero nada se ha avanzado al respecto.

El nuevo texto del proyecto III A proviene de un acuerdo buscado por el Ejecutivo con las principales empresas del sector, en virtud del cual éstas aceptaron la integración vertical regulada, en el entendido de que se cumplirán las condiciones establecidas, como la resolución citada, la transparencia en el sector de la larga distancia y un sistema de control real y efectivo.

Este acuerdo -así lo entiendo- tiene adicionalmente los siguientes beneficios:

Primero, favorece al usuario de los servidos de telecomunicaciones de larga distancia, pues allana el camino para la implementación del tan esperado sistema multiportador discado.

Segundo, soluciona gran parte de los conflictos existentes en el sector, permitiendo que las autoridades dediquen sus esfuerzos a temas de mayor beneficio para los usuarios.

Tercero, crea las condiciones para abrir la competencia en el mercado de telefonía local, mediante la introducción de la llamada "telefonía personal".

Este acuerdo tiene letra y espíritu y el proyecto III A debe interpretarlos adecuadamente, para que surta sus efectos y las partes asuman el compromiso de respetarlo, pero no estoy tan seguro de que así vaya a suceder.

Efectivamente, el acuerdo podría no concretarse debido a acciones iniciadas por uno de los participantes, que a través de variados informes legales está cuestionando la constitucionalidad de esta ley en trámite, apartándose completamente del espíritu y de la letra del acuerdo promovido por el Supremo Gobierno.

Tengo en mi mano un recorte de prensa del diario "La Segunda", del 28 de febrero pasado, que señala:

"Clínica" para la Ley III A".

"Una "clínica" constitucional con la participación de prestigiosos abogados, entre los cuales se cuentan José Luis Cea, Ramiro Méndez, Raúl Bertelsen y Emilio Pfeiffer, ha organizado la CTC. El evento, que se está desarrollando en estos días, tiene como objetivo principal el análisis de las modificaciones que se están proponiendo al proyecto de ley III A de telecomunicaciones, en este momento en el Congreso.

"Dentro de los conceptos más importantes resaltados por estos abogados, destacan aquellos que señalan que los principios de la ley afectan de manera fundamental las reglas del juego de este mercado, agregando que es posible indicar la existencia de elementos "discriminatorios" y "expropiatorios"."

Hasta ahí el artículo contenido en la publicación que he citado en esta oportunidad.

Señora Presidenta, ¿no se está preparando el camino para impugnar o demorar el despacho del proyecto de ley III A y dilatar la puesta en servicio del sistema multiportador discado, tratando de alargar el trámite constitucional del proyecto?

También quiero representar una preocupación, en el sentido de que la misma iniciativa de ley que se somete a la consideración de la Cámara estaría postergando, una vez más, la llegada de los beneficios de la libre competencia a los usuarios del servicio telefónico, ya que el artículo 26, por una parte, exige que la integración vertical se haga mediante empresas filiales separadas, tal como lo establece la resolución N° 389; pero el mismo proyecto, en su artículo 3° transitorio, podría dar paso a una interpretación contradictoria, en el sentido de que la separación entre filial y matriz no es necesaria en el período de transición.

Esta falta de claridad puede abrir nuevas controversias que, en definitiva, signifiquen la citada postergación del multiportador discado y sus beneficios al usuario.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Perdón, señor Diputado. Me veo en la obligación de señalarle que su intervención ya lleva ocho minutos y medio.

El señor VILCHES.-

Gracias, señora Presidenta. Redondearé la idea.

En el entendido de que se respetará el acuerdo suscrito entre el Gobierno y los principales operadores del sector y se aclarará el punto de controversia que acabo de señalar, estaré dispuesto a concurrir favorablemente con mi voto, no sin antes, reiterar que el talón de Aquiles de esta ley estará en el sistema de control, como lo he señalado en reiteradas oportunidades, y en la actitud que asuman las nuevas autoridades del sector.

He dicho.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, como el Diputado informante y el Ministro han sido muy claros, me referiré sólo a tres puntos bien precisos.

En primer lugar, en relación con el aspecto medular de las modificaciones del Senado, debo señalar que las comparto.

En la discusión sobre segmentación e integración regulada, en definitiva la Cámara alta ha propuesto una solución por el lado de la integración regulada, no estableciendo cuotas sino un techo de crecimiento sin límites, tanto de los portadores vinculados como de los que están dentro del sistema, para que otras empresas entren al mercado; con una modalidad gradual por cuatro años. Creo que es una buena solución. De hecho, en el debate de la Cámara, con el Diputado señor Yunge y otros colegas presentamos una indicación en la misma dirección. Esta ha sido perfeccionada, mejorada y ampliada por el Senado.

Esta solución permite avanzar en una línea de mayor competitividad del sector, asegurando una dinámica de modernización. Queda pendiente lo dicho por el Diputado señor Vilches, en el sentido de que no están aseguradas las modalidades de fiscalización, en la medida en que la Subsecretaría no cuenta hoy con los suficientes instrumentos para asegurar el buen funcionamiento de este mercado.

En segundo lugar, en relación con el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, en el debate de esta Cámara surgió una idea importante, en cuanto a que el proyecto no sólo debía regular el mercado, sino también ampliar el acceso a él. Se hizo una propuesta bastante completa, pero el Senado rechazó lo medular; el gravamen de 0,2 dólar por minuto como derecho de acceso al territorio nacional, que era la forma de financiamiento del fondo, y lo dejó de cargo del Presupuesto nacional. Lamentablemente, esto significa que año a año este fondo entrará en disputa con los recursos que se requieren para otras áreas de desarrollo, por ejemplo, salud y educación. Aquí hay un gran retroceso. En definitiva, no era tan necesario este sistema de financiamiento, porque el fondo igual podría haber existido con recursos del Fondo de Desarrollo Regional. El FDR podría haber creado un capítulo especial para el desarrollo de las telecomunicaciones con recursos del presupuesto nacional. En esta materia, es importante lo dicho por el Ministro, en el sentido de que el Ejecutivo -entiendo que se refiere también al nuevo- seguirá insistiendo en el cobro de ese derecho y en la modalidad de financiamiento a través de este fondo.

En tercer lugar, el Senado enriquece ciertas normas que se refieren a los derechos de los usuarios. Específicamente, en la discusión sobre el problema de la línea "700" avanza al establecer que todos los servicios adicionales deben ser solicitados por el usuario, y que el concesionario tiene la obligación de entregarlos. En la actualidad, es a la inversa. El concesionario conecta a todas las personas con teléfono a la línea "700", y los usuarios comprueban, de repente, que se les cobra por esta vía. Van a la empresa y allí les dicen que deben pagar para descolgarse. El artículo 2° establece todo lo contrario: que el suscriptor, si lo solicita, podrá acceder a estos servidos adicionales.

En este artículo hay dos deficiencias importantes, pero por las razones dadas, no es ahora la oportunidad para corregirlas.

Aquí no se dice nada sobre el pasado. Se establece que de aquí en adelante las personas deben solicitar el servicio. ¿Pero qué pasa con las que ya están conectadas a la línea "700"? Hemos solicitado al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones que negocie con la Compañía para que, cuando se promulgue la ley, se someta a consideración de los usuarios si quieren o no estar conectados a la línea "700", porque se advierte un vacío en la legislación, por cuanto no hay un artículo transitorio que regule la situación actual. Lo mismo sucede con la forma de descolgarse. En la actualidad tiene un costo, que no es menor. Cuando se habla de "por simple comunicación, uno puede solicitar descolgarse de esta línea", nada se señala sobre la gratuidad que esa medida debe tener, máxime que los usuarios fueron conectados sin su consentimiento.

En definitiva, el proyecto devuelto por el Senado tiene avances en un aspecto medular que se refiere a la forma de integración regulada de este mercado. Hubo un retroceso importante en cuanto al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones.

En relación con la defensa de los derechos de los usuarios, estamos recién comenzando, porque está claro que en materia de telefonía local la Compañía de Teléfonos diariamente comete crecientes abusos con los usuarios. El Ministerio de Transportes y la Subsecretaría de Telecomunicaciones no han destinado los recursos ni puesto la energía suficiente para fiscalizar y evitar que se cometan estos abusos. Aprovecho la ocasión para decir que, en el caso de La Florida, 14 mil usuarios contrataron un teléfono con una línea de crédito de la Compañía; pero en el momento de colocar el teléfono les han dicho que ya no hay línea de crédito y que debían conseguirse el dinero para pagar al contado; o sea, les cambiaron las reglas del juego. En la actualidad, no hay ninguna instancia del Estado que permita intervenir y decir que se contrató en otros términos. Por eso, es necesario que, respecto de los derechos de los usuarios, haya un trabajo mucho más constante de parte del Ministerio y que se destinen más recursos. Asimismo falta dictar una ley que se refiera a las capacidades fiscalizadoras del Ministerio.

He dicho.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Octavio Jara.

El señor JARA (don Octavio).-

Señora Presidenta, los Diputados del Partido por la Democracia aprobaremos las adiciones y modificaciones introducidas por el Senado. Sin perjuicio de nuestras reservas respecto de algunas normas que agregó, creemos que es una adecuada solución legislativa al problema principal que apunta al ordenamiento del sector.

En cuanto al problema de fondo, el Senado aprobó la tesis de la integración regulada, planteamiento hecho desde un comienzo -hace ya más de dos- años por el Partido por la Democracia, el cual fue recogido por el Ejecutivo, respaldado por los tribunales antimonopolios, y ahora, incluso, por la Corte Suprema. Además, es la opinión sustentada por prácticamente todos los institutos de asesorías parlamentaria y política.

Estimamos que esta solución pone fin, por una parte, a un largo período de conflictos judiciales entre las empresas y, lo que es más importante, crea condiciones para el aprovechamiento óptimo de la capacidad empresarial del sector en beneficio del país, por cuanto nos debe interesar, en último término, aumentar la cobertura geográfica telefónica y permitir el acceso del servicio a un mínimo costo.

Para avanzar en esta razonable solución, se crean los artículos 5°, 6° y 7°, transitorios, que establecen techos o limitaciones temporales -de cuatro y tres años- de participación en el mercado de la larga distancia, en la perspectiva de crear condiciones para una sana competencia. En este mismo sentido, por cierto, se establece la obligación de las compañías telefónicas de ofrecer, dar y proporcionar acceso o conexión a los carriers de larga distancia.

No compartimos -como se ha dicho aquí- lo resuelto por el Senado en cuanto al Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, principalmente en cuanto a eliminar la disposición que establecía de beneficio fiscal el derecho de acceso al territorio nacional para las comunicaciones telefónicas de larga distancia internacional que ingresan al país, así como tampoco compartimos la reducción de la vigencia del Fondo de siete a cuatro años.

No obstante, por las razones aquí dadas, y para no demorar la promulgación de este proyecto que resuelve el problema principal, aprobaremos en general las normas, en el entendido de que volveremos a discutir la materia del Fondo en el curso de la tramitación del resto del proyecto III de telecomunicaciones.

La otra preocupación se refiere a las tarifas telefónicas. Entendemos que éstas deberían bajar por la mayor eficiencia de las empresas, por la disminución de los costos de los medios de transmisión, por la prestación o incorporación de nuevos servicios distintos al telefónico -fax, transmisión de datos, videos, etcétera-, a través de la red telefónica, lo que implica un uso más eficiente de la red.

Por último, queremos dejar establecido que este proyecto -así lo entendemos- es sólo un avance parcial, por cuanto queda la tramitación de otras materias contenidas en el proyecto III de telecomunicaciones, y, además, la necesidad imperiosa y urgente de fortalecer la capacidad reguladora del Estado, lo que esperamos se exprese a la mayor brevedad en un proyecto de ley que debe remitir el Ejecutivo.

Por las razones expuestas, daremos nuestra aprobación a las modificaciones.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señora Presidenta, como Diputado integrante de la Comisión y también como informante fui bastante explícito y claro en tratar de hacer realidad este proyecto, que se ha discutido desde septiembre de 1992.

Ayer, con los Diputados señores Salas, Sabag y Hamuy, nos dimos cuenta de que, a pesar de tener grandes aprensiones respecto de las modificaciones del Senado, esta iniciativa constituía un avance en relación con la actual Ley General de Telecomunicaciones, N° 18.168.

Junto con el Diputado señor Latorre, durante la discusión general y particular planteamos la segmentación, pero hemos comprendido que el gran esfuerzo y capacidad del Ejecutivo para sentar en una misma mesa a las empresas que tienen los más altos índices de participación en mercado de telecomunicaciones, era una actitud que habla que apoyar. Por eso, a pesar de que prácticamente toda la bancada de la Democracia Cristiana está en completo desacuerdo con la forma de financiar el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones, votaremos favorablemente las modificaciones del Senado.

Personalmente, estoy conforme con la respuesta que dio el señor Ministro de Transportes y Telecomunicaciones en relación con la inquietud que expresamos ayer en la Comisión.

Como eso es parte de la historia fidedigna del establecimiento de la ley y sienta jurisprudencia sobre el tema, deseo indicar que consideramos positivo que el señor Ministro señale que en el proyecto de telecomunicaciones III, no sólo en esta Administración, a la que quedan nueve días, sino que, por lo consultado a las próximas autoridades, será una materia recurrente cuando la discutamos en este Congreso y busquemos la forma de avanzar.

Por lo tanto, reitero que la bancada democratacristiana votará favorablemente todas las modificaciones del Senado.

He dicho.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longueira

El señor LONGUEIRA.-

Señora Presidenta, seré muy breve, ya que este proyecto ha sido debatido extensamente en la Corporación.

Precisaré algunos aspectos mencionados por algunos Diputados que me antecedieron en el uso de la palabra.

En mi opinión, estamos despachando una muy buena ley. Todos conocemos los conflictos que permanentemente ha habido en este sector, y cuando uno ve el conjunto de normas introducidas por el Senado y las aprobadas por la Cámara en el primer trámite, quienes hace muchos meses hemos estado trabajando en esta iniciativa podemos sentir un legítimo orgullo por este muy buen proyecto, cuya tramitación estamos terminando, porque permitirá un desarrollo importante en las telecomunicaciones chilenas y enfrentar el avance tecnológico con una visión de futuro.

Quiero hacerme cargo de algunas críticas referidas a que el proyecto no se estaría tratando con la seriedad que corresponde. Al respecto, recuerdo a los señores Diputados que la Sala, para tener mayor información, optó por algo excepcional: que las modificaciones del Senado pasaran a la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. Ayer sesionamos durante varias horas. Inicialmente habíamos acordado no votar ninguno de los artículos. Después fluyó de todos los que hemos participado en la discusión, una votación unánime para sugerir a la Cámara que aprobáramos, en los mismos términos, las normas propuestas por el Senado.

¿Por qué estimo que será una buena ley? En primer lugar, porque lo más importante era construir un escenario donde existiera la libre competencia en larga distancia, y creo que eso efectivamente se logró.

El articulado de esta iniciativa permitirá la existencia de la libre competencia, y por ese solo hecho se beneficiarán todos los chilenos que usen el servicio de larga distancia. Se contará con la participación de empresas que tengan concesiones de telefonía, sin excluir a nadie. Por lo tanto, pueden participar todas aquellas empresas que quieran. Así se elimina un factor de inconstitucionalidad que algunos veíamos cuando se postulaba la segmentación. Si analizamos el mercado de la larga distancia que existirá en Chile, podemos tener la tranquilidad de que el escenario en que se desarrollará será de la mayor libertad posible, lo que acarreará obvios beneficios.

En segundo lugar, será una buena ley porque se han tomado todos los resguardos para que aquellos monopolios naturales que tienen la concesión de la telefonía no trasladen ese privilegio a la larga distancia. Hemos construido un escenario para la libre competencia. Por ello, los artículos minimizan, frenan o sancionan a aquellos monopolios a los cuales se les autoriza participara través de sociedades anónimas en el mercado de la larga distancia, si infringen lo dispuesto en esta normativa.

En tercer lugar, será una buena ley porque contempla una serie de derechos para los usuarios, que mejoran efectivamente su situación actual, aun cuando éste es un tema que el Senado se adelantó en tratar, porque gran parte de ellos los discutiremos en el proyecto de ley III que está en tramitación y que, sin lugar a dudas, hará desaparecer una serie de abusos que hoy se cometen y que, muchas veces, no saben cómo enfrentar o solucionar en aquella empresa de telefonía de la que reciben el servicio.

En cuarto lugar, será una buena ley porque incorpora disposiciones fundamentales que concluirán con conflictos del sector. La definición de larga distancia que incorporó la Cámara -mediante una indicación que presenté junto con otros parlamentarios- va a terminar, repito, con parte de los conflictos que existen en esa área. Otras disposiciones fijan una serie de condiciones para que este conflicto permanente que ha existido entre las empresas que participan en el sector de las telecomunicaciones, ojalá finalice. A lo mejor, algunos problemas no se van a resolver completamente, pero en el futuro podremos perfeccionar la legislación para solucionarlos. Pero no podemos desconocer que esta iniciativa avanza en ese sentido.

Por último, en quinto lugar estimo que ésta será una muy buena ley, porque fija un período de transición en la puesta en marcha del multicarrier, que finalmente permitirá la libre competencia. También resguarda que no se cometan abusos en este período de cuatro meses, contado desde la promulgación de la ley y hasta que efectivamente entre en vigencia el articulado de este proyecto.

En definitiva, si analizamos el conjunto de todas las disposiciones, podemos concluir que hemos elaborado una muy buena ley. También comparto la opinión de la Comisión en el sentido de que es muy importante para el sector que esta normativa sea realidad lo antes posible.

Termino señalando que la bancada de la UDI concurrirá a la aprobación de las modificaciones introducidas por el Senado.

He dicho.

Tiene la palabra el señor Longton.

El señor LONGTON.-

Señora Presidenta, agradezco la interrupción que me ha concedido el colega Faulbaum.

Junto con el Diputado señor Bosselin, formulamos una indicación que fue acogida en el primer trámite, pero el artículo 2° fue modificado. La indicación tendía a facilitar que el usuario supiera cabalmente cuáles son las llamadas locales que hace.

Me parece muy amplio decir: "deberán ofrecer facilidades que permitan al suscriptor verificar", en lugar de "deberán instalar medidores que permitan al suscriptor verificar..."

El señor Ministro y algunos señores Diputados han señalado que próximamente llegará un proyecto de ley cuyo objetivo será regular la defensa del usuario de las telecomunicaciones.

Por lo tanto, para la historia de la ley y para lo que se envié, quiero hacer presente que no es suficiente la redacción de este artículo. En todo caso, nos alegramos de que se recoja en parte lo relativo a la defensa del usuario, que es el que normalmente aparece más castigado en materia de telecomunicaciones.

He dicho.

La señora CARABALL (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Faulbaum.

El señor FAULBAUM.-

Señora Presidenta, sólo quiero resaltar que discutimos las modificaciones introducidas por el Senado que, en definitiva, recogen y asumen la posición de la minoría en la Comisión de Obras Públicas, en el sentido de que la única forma y la más adecuada para generar condiciones de mercado que permitan una competencia que, a su vez, beneficie al usuario, es la integración regulada. Eso es lo que planteamos en el seno de la Comisión de Obras Públicas y lo que acogió el Senado. Incluso, también fue asumido por parte de los operadores.

Muy importante es que se haya generado este diálogo y en ese sentido ha sido determinante el trabajo realizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto con el Ministerio Secretaría General de Gobierno para llegar a este solución, que insisto -por cuanto no es bueno que queden en el aire ciertas cuestiones equivocadas- tiene por objeto beneficiar esencialmente a los usuarios. Aquí la Cámara de Diputados y el Senado no están resolviendo el problema de los operadores, sino generando condiciones para que el usuario obtenga mayores beneficios.

En segundo lugar, es efectivo que en la discusión de esta iniciativa se planteó, como fórmula para dotar de telefonía a las comunidades rurales y también a las urbanas de escasos recursos, la creación de un Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones. En ese fondo se disponía que los dineros para concretar esta idea se iban a obtener de una renta proveniente de la telefonía de larga distancia internacional. Lamentablemente, esa proposición fue rechazada por el Senado.

Sin embargo, creemos que se ha avanzado en ese tema, por cuanto se crea una institución que permitirá, en el futuro destinar en forma más adecuada recursos para generar las condiciones que permitan dotar de telefonía a sectores con deficiencia económica.

En tercer lugar, quiero destacar que todavía quedan muchas materias por modificar en la Ley de Telecomunicaciones, sobre todo introducir cambios en relación con la protección de los usuarios. En este sentido, sabemos que el proyecto III contiene modificaciones que la futura Cámara de Diputados deberá analizar y perfeccionar.

Una vez que este proyecto se transforme en ley de la República, será imprescindible crear las condiciones para que la autoridad pública fiscalice y controle adecuadamente su cumplimiento, a fin de impedir el vicio del monopolio. En ese sentido, estamos de acuerdo con la creación de una nueva institución que podría ser, como aquí ya se mencionó, una Superintendencia de Servicios de Telecomunicaciones.

Con esos elementos, los Diputados radicales vamos a votar afirmativamente las enmiendas del Senado.

He dicho.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 66 votos; por la negativa, 4 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor MOLINA (Presidente).-

Aprobadas las modificaciones propuestas por el Senado.

Despachado el proyecto.

El señor MOLINA (Presidente).-

A continuación, corresponde discutir y votar las modificaciones del Senado al proyecto, en tercer trámite constitucional, que modifica el Código Civil en materia de régimen patrimonial del matrimonio, y otros cuerpos legales.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Cornejo.

Antecedentes:

Tercer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, boletín N° 432-07 (S), sesión 35a, en 27 de enero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 37.

En votación el artículo 34 propuesto por el Senado, que introduce modificaciones al artículo 375 del Código Penal respecto del delito de adulterio.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema de manos levantadas, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 7 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor MOLINA (Presidente).-

Rechazado el artículo.

En votación el artículo 35.

Si le parece a la Sala, se aplicará el mismo resultado de la votación anterior, por la vinculación entre ambas disposiciones, y se rechazará el artículo.

Rechazado.

En consecuencia, se da por terminada la discusión

Despachado el proyecto.

Como integrantes de la Comisión Mixta, se propone a los Diputados señores Gajardo, , Elgueta, Viera-Gallo, Chadwick y Espina.

Si le parece a la Sala, se ratificará esta proposición de los Jefes de Comités.

Acordado.