Labor Parlamentaria

El señor MOLINA (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde discutir y votar las observaciones formuladas por el Presidente de la República al proyecto que normaliza las plantas de personal del sector salud. El veto se refiere al artículo 8°.

Antecedentes:

Observaciones de S.E. el Presidente de la República, boletín N° 1103-11, sesión 35a, en 13 de febrero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 27.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, hemos tratado de aquilatar los fundamentos por los cuales el señor Presidente de la República ha observado el artículo 8°, modificando sustancialmente lo aprobado por el Congreso Nacional, que era partidario de extender los beneficios concedidos al personal de plantas en extinción, o sea, a los funcionarios sometidos al artículo 2° transitorio de la ley N° 18.972.

El Primer Mandatario no extiende dicho beneficio a estas personas; pero, establece la posibilidad de que aquellos que hubieran recibido dineros por una interpretación distinta de la ley no estén obligados a devolverlos. Presumimos, entonces, que la ley, tal como fue dictada, fue interpretada por los servicios públicos, en términos de que efectivamente hacía extensivo el beneficio a las personas que, en su oportunidad, fueron encasilladas en plantas en extinción. La finalidad de esas plantas fue garantizar una cierta estabilidad funcionaria e impedir que por cambios de gobierno pudieran producirse bruscas modificaciones en esas plantas.

En la medida en que no se entreguen los beneficios que originalmente otorgó la Cámara de Diputados a esta gente, sin lugar a dudas que se estarán estableciendo diferencias, por cuanto los cargos que fueron llenados con personal de plantas en extinción en el futuro tendrán remuneraciones distintas, lo cual no es conveniente para el buen funcionamiento de los servicios.

Por eso, esta disposición del Presidente de la República requiere un mayor análisis por parte de la Comisión respectiva. Sería conveniente que se procediera de esa manera y no se votara con premura.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde, a continuación, discutir y votar las enmiendas del Senado al proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín 1022-15.Documentos de la Cuenta N° 2, de esta sesión.

El señor MOLINA (Presidente).-

El señor MOLINA (Presidente).-

A continuación, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley sobre fomento y desarrollo de organizaciones de la juventud.

Hay un nuevo informe de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social y su Diputado informante es el señor Juan Pablo Letelier.

Antecedentes:

Informe Complementario de la Comisión de Gobierno Interior, boletín 940-06, sesión 34a en 26 de enero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 5.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, vuestra Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social pasa a emitir un informe complementario de aquel que entregara con fecha 30 de septiembre de 1993, respecto del proyecto de ley, de origen en un mensaje y con urgencia calificada de "simple", sobre asociacionismo juvenil.

El proyecto fue devuelto a la Comisión para armonizar y eliminar una serie de aspectos reglamentarios que se habían incluido, en consideración a que la definición de las organizaciones ya estaba incluida en la Ley de Juntas de Vecinos. Lo que hoy se propone es un texto sustitutivo del enviado por el Presidente de la República, que en general se aprobó sin mayores variaciones y por asentimiento unánime.

Adicionalmente, se presentaron algunas pequeñas modificaciones que tuvieron un trato especial por la Comisión y que paso a señalar:

1. El artículo 5° propuesto fue rechazado por simple mayoría de votos, al estimarse innecesario en razón de la garantía que la Constitución establece a este respecto.

2. En el inciso primero del artículo 7° se presentó indicación suscrita por el Diputado señor Letelier, aprobada por unanimidad, que reemplaza la alusión que se efectúa en su parte final al "Ministerio del ramo" por la de "Presidente de la República", habida consideración de que la potestad reglamentaria reside constitucionalmente en el Primer Mandatario.

Se rechazó el inciso segundo de este artículo por entenderse que su redacción quedaba subsumida en aquella que actualmente se consulta para el inciso precedente.

3. El inciso primero del artículo 8° fue aprobado por simple mayoría y una abstención.

4. El artículo 9° fue objeto de indicación del Diputado señor Ulloa, aprobada por tres votos a favor y dos abstenciones, que amplía de 10 a 20 días el plazo de que dispone la Secretaria Municipal para enviar copia del acta de constitución de una organización juvenil al Instituto Nacional de la Juventud.

5. En el artículo 22 hubo indicación, aprobada por unanimidad, de los Diputados señores Elizalde y Letelier, por la cual se refunden ambos incisos propuestos, con las consiguientes adecuaciones formales y otorgándoles a las agrupaciones juveniles de índole nacional el carácter de "confederaciones", para los efectos de integrarse a un Consejo de la Juventud.

6. El artículo 23 fue objeto de indicación de los Diputados señores Elizalde, Cantero, Letelier y Ulloa, en la que se da una mayor amplitud a la norma, en términos de posibilitar que cada partido político pueda nominar un representante ante los Consejos de la Juventud que se creen.

7. El artículo 33 fue objeto del siguiente tratamiento:

Se presentó indicación de los Diputados señores Elizalde y Letelier, para cambiar en toda su normativa la denominación de las entidades encargadas de ponderar los proyectos de las organizaciones juveniles para tener acceso al Programa Especial de Iniciativas Juveniles, administrado por el Fosis, por la de "instancia calificadora de proyectos", de carácter regional y nacional.

Se presentó indicación al inciso tercero, aprobada por unanimidad, suscrita por los mismos señores Diputados, que precisa que los objetivos de estas instancias eran no sólo los de seleccionar los proyectos y asignar los fondos correspondientes, sino, además, proponer prioridades en la asignación de estos últimos.

En el inciso cuarto se presentó indicación, aprobada por unanimidad, suscrita por los Diputados señores Elizalde, Montes, Navarrete, Ulloa y Urrutia, por la cual se hace imperativo para el Director de la Oficina Municipal de la Juventud o su homólogo, donde se origine el proyecto de que se trate, de formar parte de la instancia en mención, pero sólo con derecho a voz.

Por último, en el inciso final se presentó indicación, aprobada por igual quórum, que posibilita que la instancia calificadora en referencia pueda declarar desierta la postulación al no poseer identidad técnica los proyectos que se sometan a su consideración, obligando al Fosis en este evento a destinar los recursos consultados a otros programas sociales.

Se determinó que los artículos 1°, 8°, 14, 25 y 32 son de carácter orgánico constitucional en el texto que se propone.

Tampoco hubo artículos que debiera conocer la Comisión de Hacienda.

Los artículos 7° y 8° no fueron aprobados por unanimidad.

Es cuanto puedo informar a la Sala.

El señor MOLINA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, se tratará el proyecto que figura en el N° 7 de la Tabla.

Acordado.

Por lo tanto, en discusión el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica los artículos 24-A, 333 y 369 del Código de Justicia Militar.

Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Correa de la Cerda.

Antecedentes:

Informe Complementario de la Comisión de Defensa Nacional, boletín N° 847-02, sesión 35a en 13 de febrero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 38.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Diputado informante.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, este proyecto simple, de origen en un mensaje, fue tratado en la Comisión de Defensa Nacional y modifica los artículos 24A, 333 y 369 del Código de Justicia Militar.

Durante su análisis, la Comisión contó con la colaboración de los señores Ministro de Defensa Nacional, Subsecretario de Guerra, Subsecretario de Carabineros, del Coronel de Ejército don Adolfo Solari, General Inspector de Carabineros Carlos Mennes y del Mayor de Carabineros, de Justicia Emilio Pomar Carrasco.

El artículo 24-A del Código de Justicia Militar establece, en su inciso primero, que los artículos 507,508 y 512 del Código Orgánico de Tribunales serán aplicables a los dineros que sea necesario poner a disposición de los tribunales militares.

Su inciso segundo agrega que la obligación de abrir y mantener la cuenta bancaria de depósito corresponderá a los juzgados institucionales, los que podrán encomendar tal diligencia a las fiscalías de su dependencia.

Por último, el inciso tercero añade que los reajustes e intereses de los dineros depositados conforme al inciso primero, podrán destinarse, por los respectivos juzgados institucionales, a la adquisición, para su uso de libros, muebles y útiles.

Los artículos 507,508 y 512 del Código Orgánico de Tribunales, antes de la modificación introducida por la ley N° 18.969, disponían lo siguiente: El primero, que todos los dineros que sea necesario poner a disposición de los tribunales de justicia y del trabajo deberán colocarse en alguna oficina del Banco del Estado, a la orden del tribunal respectivo; el segundo, que estos tribunales debían mantener una cuenta corriente bancaria de depósito en la oficina del Banco del Estado del lugar más próximo al asiento del tribunal, y el tercero, que las cuentas y los cheques respectivos estarían libres de toda comisión o impuesto.

Por último, el artículo 509 del Código Orgánico de Tribunales, también antes de la modificación de la ley N° 18.969, señalaba que los depósitos ganarían los intereses que fijara la Superintendencia de Bancos los que accederían en beneficio de la Junta de Servicios Judiciales.

La ley N° 18.969 sustituyó el Título XV del Código Orgánico de Tribunales, referente a la Junta de Servicios Judiciales y cambió el orden numérico de los artículos con lo cual el contenido de los antiguos artículos 507, 508 y 512 quedó incorporado en los actuales artículos 516 y 517.

El mensaje, justificando la modificación que se desea introducir en el artículo 24-A del Código de Justicia Militar, expresa que se requiere solucionar el problema que implica para los tribunales militares, el hecho de que las cantidades que se depositan en sus cuentas corrientes en el Banco del Estado, no ganen intereses, toda vez que dicha institución bancaria objeta su pago en razón de que el citado artículo 24-A no hace referencia al artículo 509 del Código Orgánico de Tribunales, que ha sido reproducido por el Estado artículo 517.

El número 1) del artículo único del proyecto, al reemplazar la referencia a los artículos 507, 508 y 512 contenidas en el artículo 24-A del Código de Justicia Militar, por los artículos 516 y 517, no sólo actualiza la disposición, sino que soluciona directamente el problema, puesto que la última norma incorpora la mención a los intereses. Lógicamente, siendo la norma del inciso tercero del artículo 24-A de carácter especial respecto de la regla general contenida en el actual artículo 517 del Código Orgánico de Tribunales, los intereses a que se refiere este último podrán aplacarse a los fines que señala la primera norma, es decir, a la adquisición de libros, muebles y útiles para los juzgados militares.

El artículo 333 del Código de Justicia Militar, ubicado en el titulo VI, se refiere al delito de usurpación de atribuciones, abuso de autoridad, denegación de auxilio y uso indebido de uniforme. Lo castiga con la pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados. El número 2) del artículo único le intercala un inciso segundo, con el objeto de sancionar con la misma pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados, establecida por la figura simple, a los que sin contar con la autorización de la institución respectiva fabriquen, importen, internen al país, almacenen, distribuyan o comercialicen alguna de las especies mencionadas.

El mensaje, fundamentando la modificación, señala que no existe disposición alguna en la actual legislación que sancione este tipo de conductas, las cuales en razón de haber proliferado solamente en el último tiempo, no fueron previstas por el Código de Justicia Militar.

Por último, el inciso final que se agrega por la letra c) al artículo 369, establece una agravante para el caso de que los delitos a que se refiere dicha norma sean perpetrados en tiempo de guerra, aumentando la pena en un grado.

El mensaje, refiriéndose a las modificaciones que se introducen en la letra c) sobre delito de falsificación de sellos, marcas o cuños destinados a dar autenticidad a los documentos militares, o a servir de signo distintivo para objetos pertenecientes al Ejército; y respecto de sellos, marcas o cuños o documentos pertenecientes a las instituciones de las Fuerzas Armadas y Carabineros, expresa que se trata de tipificar un nuevo delito para sancionar a quienes falsifiquen tarjetas o documentos destinados a acreditar la calidad de miembro de las Fuerzas Armadas o de Carabineros.

Se establece como circunstancia agravante para esta nueva figura la de incurrir en ella en tiempo de guerra.

Antes de entrar al debate de la iniciativa, la Comisión escuchó el parecer de distintas personas invitadas especialmente. Así, el Subsecretario de Guerra, señor Sánchez, hizo presente que los fundamentos del proyecto residían en la necesidad de salvar una omisión en que se incurrió al modificar el Código Orgánico de Tribunales mediante la ley N° 18.969. Añadió que también se quiere corregir un vacío en la legislación, por cuanto actualmente se penaliza el uso indebido de uniformes y distintivos, pero no su fabricación, comercialización o importación, a pesar de no contar para ello con la autorización correspondiente.

El Ministro señor Rojas, por su parte, sostuvo que con estas nuevas figuras penales se trata de prevenir la utilización de uniformes, insignias, distintivos, etcétera, por terroristas o delincuentes para atentar contra las instituciones armadas o la sociedad misma.

El representante del Ejército señaló que las adquisiciones de equipo, vestuario y calzado por parte de su institución se hace mediante el sistema de propuestas, las que pueden ser públicas o privadas. Agregó que este último caso es el más usual, para lo cual se llama a los proveedores inscritos, mediante publicaciones en la prensa, para que concurran a la licitación. Recalcó que se trata de proveedores inscritos con antelación en los registros del Ejército, razón por la cual es gente conocida por la institución.

Similares conceptos vertieron los representantes de Carabineros, el general señor Mennen y el mayor señor Pomar. Este último precisó que la idea de legislar para salvar estos vacíos del Código de justicia Militar se originó en el Comité de Auditores Generales de las instituciones armadas.

La iniciativa se incluyó en la tabla de Fácil Despacho, pues la Comisión estimó aclaradas las dudas o reservas que tenía al respecto, especialmente en lo relativo a la comercialización de los elementos dados de baja. Además, reconoció la buena coordinación existente entre las instituciones armadas y el Ejecutivo en cuanto a la elaboración de proyectos de esta naturaleza.

Por las razones señaladas, se procedió a aprobarla por unanimidad, tanto en general como en particular, sin mayor debate.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional y segundo informe reglamentario, que dispone la aplicación de la ley N° 16.744, sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, a los trabajadores del sector público que indica.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo es el Señor Gajardo.

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, boletín 998-13 (2), sesión 33a, en 25 de enero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, me corresponde emitir el informe sobre el proyecto, de iniciativa gubernamental, que hace aplicables a los funcionarios del sector público las normas sobre seguro social contra riesgos de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales contenidas en la ley N° 16.744.

Como recordará la Sala, este proyecto fue aprobado en su primer informe. Su propósito es entregar a los trabajadores del sector público un beneficio que han reclamado a través de sus organizaciones representativas, compromiso que había contraído el Ejecutivo.

En relación con los riesgos de accidentes del trabajo, existen trabajadores del sector público que en sus propios estatutos tienen normas que regulan la materia. Por este proyecto, se pretende que aquellas normas por las cuales se rige el sector privado también incluyan a los trabajadores del sector público, a fin de resguardar los derechos adquiridos establecidos en sus estatutos.

En el trámite del segundo informe se incorporaron y aprobaron algunas indicaciones destinadas a mejorar el proyecto y aclarar algunos de sus términos.

En primer lugar, respecto del artículo 1° se aprobó una indicación del Ejecutivo para incluir de manera expresa, entre los funcionarios a quienes se aplica esta ley, a los trabajadores de la Empresa de Ferrocarriles del Estado, mención necesaria porque en caso contrario, habrían quedado excluidos de estos beneficios, desde el momento en que muchos de ellos tienen un estatuto especial. En consecuencia, para evitar que este sector no alcanzare los beneficios, se estimó indispensable hacer esa mención expresa.

En segundo lugar, también se aprobó una indicación del Ejecutivo con el objeto de perfeccionar las normas que regulan la responsabilidad de las entidades del Estado cuando integra a sus funcionarios a las mutuales de seguridad. Como se recordará, en el primer trámite, se planteó y aprobó, que las instituciones estatales que afiliaban a sus personales a las mutuales de seguridad quedaban excluidas de la obligación de responsabilidad solidaria que afecta a las instituciones empleadoras.

También hay normas especiales para el caso de término de las mutuales, en el sentido de que no se les aplican a los organismos del Estado las normas que la ley contempla para los empleadores del sector privado.

Asimismo, se aclararon algunos términos en relación con ciertas situaciones especiales, como las autorizaciones requeridas para que los órganos del Estado ejerzan el derecho de incluir a sus trabajadores en las mutuales de seguridad, como es el caso del personal de los parlamentarios, de la Cámara de Diputados y del Senado, que no requieren de la autorización ministerial que exige a los organismos del Estado, de manera general, el artículo 3° del proyecto. Al mismo tiempo, se aclaró de que, en el caso específico del Congreso Nacional, este derecho será ejercido por el Presidente de cada una de sus ramas.

También se aprobó, por unanimidad, una indicación del Diputado señor Coloma, tendiente a establecer que las entidades empleadoras que resuelvan afiliar a sus trabajadores a una mutual, no podrán integrar la administración de estas organizaciones ni participar en la elección de su cuerpo administrativo. Se acogió esta indicación por estimarse que correspondía a un equilibrio entre la situación ya aprobada, de no tener responsabilidad solidaria por las obligaciones de la mutual. Luego, si esa excepción favorecía al Fisco en el sentido de que se liberaba de una responsabilidad, parecía razonable que tampoco pudiera participar en una administración en la cual no tiene responsabilidad.

Con estas indicadoras, el proyecto fue aprobado por la Comisión, la cual recomienda a la Honorable Sala darle su aprobación en los términos expresados en el informe, ya que constituye una iniciativa muy importante, necesaria y urgente para los trabajadores del sector público.

Es cuanto puedo informar.

El señor COLOMA.-

Pido la palabra.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor COLOMA Señor Presidente, en este proyecto, que, tal como lo ha dicho el Diputado informante, reviste gran importancia para todos los trabajadores del sector público, hay dos elementos que me parece indispensable destacar en la discusión particular.

En primer lugar, la modificación al artículo 5°, fruto de una indicación que presenté, tiene, a mi juicio, mucha importancia, porque aclara definitivamente el carácter con que los trabajadores del sector público ingresarán a las mutualidades. De alguna manera consideraba indispensable despejar el hecho de que los ministerios respectivos -los empleadores-, no participarán en la administración de las mutualidades, pues ella podría verse alterada por el poder específico que representa la cantidad gigantesca de funcionarios que ingresarán a las mutualidades. A mi juicio, la clave del sistema es aprovechar el muy buen esquema que ha estado funcionando en los últimos años, fruto del esfuerzo del sector privado, para que ahora, dados sus buenos resultados, los empleados del sector público también puedan participar en él, pero sin caer en la tentación a en el peligro de estatizar o de hacer muy pesada la administración de organismos que han funcionado en forma muy adecuada. En ese sentido, creo importante subrayar el hecho de que el Ministerio haya acogido esta indicación, y que lo mismo haya ocurrido con el resto de los parlamentarios.

En segundo lugar, tengo una duda que, por lo menos, quiero plantear. (Es bueno que en estas discusiones podamos señalar las cosas como son). Se ha mencionado que no hay ninguna norma de quórum de ley calificado, pero me asalta una duda respecto del artículo 8° y quiero formularla a la Mesa para que la resuelva en el momento oportuno.

El artículo 8° establece específicamente: "Corresponderá exclusivamente a la Superintendencia de Seguridad Social la interpretación de esta Ley, impartir las instrucciones necesarias para su aplicación y fiscalizar la observancia de sus disposiciones."

Actualmente, esta norma se está ejerciendo por dos organismos: la Superintendencia de Seguridad Social y la Contraloría. Esta última, en función de su ley orgánica, que es de quórum especial, ha entendido que está facultada para impartir instrucciones para su aplicación y fiscalizar, sobre todo, la observancia de las disposiciones. Esta norma, que es un poco distinta de las del resto del proyecto, porque es genérica y no específica de los trabajadores del sector público, ya que se aplica a todos quienes ingresan a las mutualidades, está sacando a la Contraloría de su ámbito de acción. He revisado la ley respectiva y, en verdad, ella tiene tuición respecto de la fiscalización del manejo de dineros públicos, lo que se da en este caso.

En ese sentido, pienso que si a través de esta disposición entendemos que se está derogando la facultad que hoy ejerce la Contraloría, a lo menos debería aprobarse mediante alguna norma de quórum especial. En particular, quiero dejar en claro que no soy partidario de esta disposición, y así lo planteé en la Comisión durante su primera discusión, pues me parece importante que la Contraloría siempre tenga tuición sobre el uso de los dineros públicos, especialmente en un tema tan complejo como éste. Mi posición fue minoritaria y no fue acogida. No abriré debate sobre ese punto, pero, por lo menos, deseo dejar la inquietud para que pueda resolverse esta situación -no sé si ahora o después de un análisis más pormenorizado-, porque esta disposición podría estar afectando alguna de las normas de la ley de la Contraloría, que es de quórum calificado y, por lo tanto, requeriría quórum especial su aprobación.

Esta inquietud se la dejo a usted, señor Presidente, para que la estudie, y no me cabe duda de que la podrá resolver adecuadamente. En todo caso, quiero que se deje expresa constancia de que lo dispuesto en el artículo 8°, no afecta la facultad fiscalizadora de la Contraloría General de la República.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde discutir el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica diversos artículos de la ley N" 19.070, sobre Estatuto de los profesionales de la educación.

Diputado informante de la Comisión de Educación es el señor Velasco.

Antecedentes:

Moción, boletín N° 1021-04, sesión 9a en 22 de junio de 1993. Documentos de la Cuenta N° 21.

Informe de la Comisión de Educación, sesión 35a, en 13 de febrero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 40.

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, es motivo de satisfacción informar este proyecto originado en una moción del Diputado que habla y copatrocinado por los parlamentarios señores Antonio Horvath, Luis Navarrete, José Miguel Ortiz, Claudio Rodríguez, Hugo Rodríguez, Carlos Valcarce, Sergio Velasco y Edmundo Villouta Concha.

Esta iniciativa es de tal importancia que el Presidente de la República la incluyó en la convocatoria de la legislatura extraordinaria, porque apunta a tratar de evitar la repetición de hechos sucedidos en diferentes municipios del país en relación con la fijación de la planta docente de los establecimientos educacionales de la administración municipal.

El proyecto en cuestión, según sus ideas matrices, tiende a modificar el artículo 23 de la ley N° 19.070, sobre Estatuto de los profesionales de la educación.

Como antecedente, deseo recalcar que parece contradictorio que su artículo 21 establezca que "la dotación docente de cada establecimiento será fijada en el mes de noviembre de cada año por el Departamento de Administración Educacional de la Municipalidad respectiva o por la Corporación Educacional correspondiente, conforme con lo que lo dispone la misma ley".

El artículo 23, en su inciso primero, señala que "las dotaciones serán determinadas por la respectiva Municipalidad mediante resolución fundada, la que deberá enviarse, conjuntamente con los antecedentes que la justifican, al correspondiente Departamento Provincial de Educación".

Es indudable que la ausencia de relación entre el artículo 23 y lo que disponía el artículo 21 constituía motivo de problemas. De hecho, a lo largo de Chile varias municipalidades abusaron de este error de la ley N° 19.070, y muchos alcaldes sencillamente, se saltaron el trámite del Departamento de Administración Educacional de su respectiva municipalidad para imponer dotaciones al margen de la ley. Por lo tanto, el objetivo de esta modificación es precisar que las dotaciones fijadas por el Departamento de Administración sólo estarán afectas a la sanción o a la autorización de la municipalidad respectiva, pero no a su determinación.

Además, dispone que para ese Departamento será obligatorio observar las dotaciones docentes fijadas cuando no reflejen la relación óptima que la ley contempla entre personal necesario, número de alumnos y cursos, y citar expresamente las disposiciones del Estatuto Docente, cuya observancia también debe ser obligatoria para los efectos de fijar la dotación docente en la forma y oportunidad que señala el artículo 21.

De conformidad con lo establecido en el artículo 60, N° 1, de la Constitución Política, y de acuerdo, además, con el principio de jerarquía de las normas de derecho, el proyecto concreta la modificación por medio de un artículo único que introduce al artículo 23 de la ley N° 19.070 las enmiendas comentadas.

En la discusión general del proyecto, la Comisión coincidió plenamente en la necesidad de precisar los términos de este último artículo, para evitar interpretaciones que no se avienen con el espíritu del Estatuto Docente, en lo que se refiere a la fijación de la dotación de profesionales y, además, para obligar a los Departamentos Provinciales de Educación a formular observaciones o reparos frente al incumplimiento de mandatos legales en lo que se refiere a la fijación de las dotaciones docentes.

La verdad es que todos los Departamentos Provinciales de Educación del país consideraban solamente la relación docente-alumno, porque los mismos no eran, como lo deben ser, realmente, ministerios en sus respectivas provincias.

La Comisión procedió a aprobar, sin mayor debate y por unanimidad la idea de legislar en general.

En lo que se refiere a la discusión particular, se introdujeron modificaciones al proyecto original, que constaba de dos artículos, dejándolo con el artículo único que hoy se somete a la consideración de esta Honorable Sala.

Se deja constancia, para los efectos de lo establecido en los números dos, cuatro y cinco del artículo 286 del Reglamento de la Corporación, de que el nuevo inciso primero del artículo 23 de la ley N° 19.070, en cuanto otorga atribuciones a los municipios, tiene rango de ley orgánica constitucional.

También se deja constancia de que ninguna de sus disposiciones es de competencia de la Comisión de Hacienda, y que la disposición única fue aprobada por unanimidad.

Por las razones expuestas, la Comisión recomienda aprobar la iniciativa en estudio, conforme al texto que está en poder de cada uno de los señores Diputados. Concretamente, modifica el artículo 23 disponiendo que "las dotaciones a que se refiere el artículo 21 y las adecuaciones que pudieren efectuarse conforme al artículo 22, serán sancionadas por la municipalidad respectiva mediante resolución fundada, la que se enviará al departamento provincial de educación correspondiente.".

Además, cabe hacer resaltar que en la parte final del tercer inciso de este artículo único se establece que los departamentos provinciales de educación deben hacer las observaciones pertinentes "cuando la fijación de esta planta no haya sido efectuada en la forma y en la oportunidad o no haya sido adecuada en los términos que, respectivamente, señalan las dos últimas disposiciones citadas.".

Por todo lo precedentemente expuesto, someto a la consideración de esta Honorable Cámara este proyecto de ley que vuestra Comisión recomienda aprobar por unanimidad, tal como ocurrió en ella.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor Presidente, la iniciativa que ha planteado el Diputado señor Bayo reviste indudable importancia, porque subsana cierta incongruencia entre los artículos 21 y 23.

Se podría preguntar por qué los integrantes de la Comisión no visualizaron oportunamente ese error. Cabe recordar que fue una etapa de mucha presión por parte del Gobierno y del propio gremio para que el proyecto se aprobara con la mayor rapidez posible. Hay que subrayar que también participaron en ese propósito parlamentarios de todas las colectividades.

La verdad es que lo planteado por el Honorable colega Bayo constituye un granito de arena dentro del reestudio del Estatuto Docente, cuyo déficit total alcanza ya a 40 mil millones de pesos, en las municipalidades de Arica a Punta Arenas. Cada seis meses, los alcaldes enfrentan esta realidad económica.

El Diputado señor Bayo tiene toda la razón cuando, en relación con la fijación de las dotaciones óptimas, sostiene que no puede ser que la Dirección Provincial de Educación, organismo del Ministerio de Educación, no actúe realmente frente a la municipalidad y al Departamento de Educación Municipal. Aquí hay una dicotomía. El Daem no era considerado por el alcalde, ni viceversa y la Dirección Provincial tampoco intervenía en resguardo de todo ello, lo que es increíble en el proceso del sistema educacional chileno, que espero que en el próximo Gobierno podamos afinar, pulir y mejorar.

Cuando se habla de fijar una dotación de personal óptima entre personal necesario y número de alumnos y cursos, me pregunto ¿con qué fondos indemniza el alcalde si la disminuye, en circunstancias de que carece de los recursos porque éstos se dieron por una sola vez? A título ejemplar, cabe recordar que, a esta altura, la municipalidad de Angol tiene un déficit de 300 millones de pesos. Para enfrentar esta situación, debe convenir con los profesores una disminución de horas, mediante una indemnización cuyo financiamiento el Gobierno central no lo entrega. De manera que con esta iniciativa se subsana, desde el punto de vista administrativo, la desarmonía existente entre dos artículos.

Sin embargo, hay un problema más de fondo que, lamentablemente, no solucionamos. En efecto, la fijación de las plantas tiene que ver con varias realidades. En primer lugar, con una disminución de las matrículas, porque este país no crece; en segundo lugar, con la consiguiente eliminación de profesores; en tercer lugar, con el financiamiento de las indemnizaciones respectivas, y en cuarto lugar, con la proliferación de miles de profesores que egresan todos los años de los institutos profesionales y de las universidades.

El problema es muy de fondo, y me alegro de que esta indicación obvie la incongruencia de dos artículos. Pero quiero dejar establecido que el próximo Parlamento tendrá que analizar en profundidad la educación de este país, la que, a pesar de que estamos en los umbrales del siglo XXI, sigue todavía retrasada en 30 ó 50 años.

Votaré favorablemente esta iniciativa.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, me alegro de las expresiones del Diputado señor Muñoz Barra, y agradezco su concepto acerca del "granito de arena", porque, efectivamente eso es. Todo Chile sabe que el Estatuto Docente tiene numerosas fallas, como quiere que una Comisión Especial elabora el conjunto de modificaciones para, de una vez por todas, hacerlo acorde con las necesidades de nuestra educación y, especialmente, del magisterio.

No hay ninguna duda de que el Diputado señor Muñoz Barra, Presidente de la Comisión de Educación durante el análisis de todo el proyecto que le dio origen, es el principal actor de esta iniciativa y, por supuesto, su contribución desde el Senado permitirá que en el curso de 1994 ó 1995 tengamos un muy buen Estatuto Docente.

Este granito de arena fue necesario hacerlo, y así lo entendió el Ejecutivo, al desglosarlo de la suma de modificaciones que requiere ese cuerpo legal, porque este problema es inmediato: tiene que ver con la fijación anual de la planta docente; y las modificaciones mencionadas, que serán numerosas y a cuya concreción contribuirá seguramente con su gran experiencia el actual Diputado y Senador electo señor Muñoz Barra, no serán aprobadas sino en el primer semestre de este año. Por lo tanto, me alegro de ese proyecto e insisto en la necesidad de su aprobación por la Cámara, para que sea ley a brevedad.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor MUÑOZ BARRA.-

¿Me concede una interrupción?

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, oportunamente concederé la interrupción que me solicita el estimado colega y futuro Senador de la República.

Señor Presidente, si bien este proyecto de ley constituye un granito de arena, -como ha dicho el Diputado señor Muñoz Barra- no es menos cierto que junto a otras iniciativas podría haber sido un saco de arena en la solución de esta problemática.

Lamentablemente, como no tenemos atribuciones para presentar proyectos de ley que generen gastos al erario, simplemente debemos legislar en función de las iniciativas del Ejecutivo; pero cabe destacar que la única forma de solucionar el problema económico del profesorado chileno y mejorar la calidad de la educación, es entregando más dinero y, a la vez, manejando eficientemente el que el Estado destina a los diferentes departamentos de administración educacional.

Con haber destinado 50 ó 100 de los 206 millones de dólares que se perdieron en Codelco, habríamos tenido realmente un gran avance en la solución del problema educacional, y con los 145 millones con que el señor Foxley tapará este "hoyo", también se podría haber financiado el mejoramiento remuneracional del profesorado. Lamentablemente, no lo podremos hacer, y seguiremos aportando con granos de arena en la satisfacción de las necesidades del magisterio y de la educación nacional.

Ojalá que el próximo gobierno enviara un proyecto de ley que consultara unos 145 millones de dólares para financiar mejores y justas remuneraciones del profesorado, de cuyas aspiraciones tanto se habla; pero cuando hay que legislar en su favor, muchos callan y ni siquiera levantan la mano.

Concedo una interrupción, por su intermedio, señor Presidente, al Diputado y futuro Senador señor Muñoz Barra.

Continúa con el uso de la palabra el Diputado señor Valcarce.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, dado, como decía, que los Diputados no podemos presentar proyectos de ley que generen gastos para el erario, esperamos que esta sustitución agilice el proceso administrativo, en cuanto a la dotación de profesores de los colegios municipalizados.

Esperamos que este proyecto de ley sea despachado por el Senado lo más rápidamente posible.

Ahora que estamos analizando en la Comisión de Educación el proyecto de ley sobre estatuto para los funcionarios no docentes de la educación, ojalá que el Ejecutivo no lo califique con urgencia, para estudiarlo pormenorizadamente y solicitar los recursos necesarios para aumentarles las remuneraciones; porque si hoy estamos modificando la ley N° 19.070, y se le formulan nuevas enmiendas, ese otro proyecto, que hoy está perfeccionándose en la Comisión de Educación, necesitará veinte mil modificaciones más que las que la citada ley actualmente merece.

Por lo tanto, señor Presidente, voy a votar favorablemente este proyecto de ley. Ojalá que, junto a nosotros, los Diputados de las bancadas de Gobierno también presionen a éste para mejorar de una vez por todas la situación de los profesores, ahora que hay más de 700 millones de dólares de recursos extras, según dijo el Ministro de Hacienda señor Foxley, y de los cuales 145 van a ser utilizados para tapar el hoyo de Codelco.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

A continuación, corresponde discutir, en primer trámite constitucional el proyecto que modifica la ley N° 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Carlos Dupré.

Antecedentes:

Moción, boletín N°268-07, sesión 29a, en 15 de enero de 1991. Documentos de la Cuenta N° 19.

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 27a, en 9 de diciembre de 1992. Documentos de la Cuenta N° 26.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, este proyecto, de origen en una moción del Diputado que habla, modifica la ley N° 18.700, orgánica constitucional sobre votaciones populares y escrutinios.

Se trata de una iniciativa informada y aprobada por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que tiende a dar el derecho a sufragio a los chilenos residentes en el exterior en las votaciones para la elección de Presidente de la República. Como es de conocimiento de esta Honorable Cámara, nuestro sistema electoral margina de este derecho a los chilenos que se encuentren fuera del territorio nacional porque no hay un modo que permita canalizar el sufragio de esas personas en una elección tan importante como la señalada.

Un creciente número de países se han ido incorporando a esta posibilidad de hacer uso del derecho a sufragio para que todos sus connacionales que estén viviendo o residiendo en el extranjero puedan votar en elecciones diversas. Todo indica que los chilenos también debemos avanzar en este tipo de extensión del derecho a sufragio para que, reglamentando su uso, se concrete este derecho qué muchos chilenos esperan.

Este proyecto ha sido estudiado en conjunto con los técnicos electorales, a quienes he tenido que consultar para los efectos de su redacción. Además, se contó con la participación del Director del Registro Electoral, quien está plenamente de acuerdo con esta iniciativa. Así lo dejó establecido en una opinión escrita que nos ha entregado.

El objetivo del proyecto es permitir que en las elecciones de Presidente de la República puedan usar del derecho a sufragio los chilenos a través de cada misión diplomática y en los consulados servidos por cónsules de nacionalidad chilena, situados -como dice el artículo 183 de la ley N° 18.700- en localidades en que no existan sedes de misiones diplomáticas, donde se abrirán registros electorales especiales durante el período comprendido entre el centésimo octagésimo y nonagésimo día anterior a una elección de Presidente de la República. Cada registro se formará en un solo ejemplar y contendrá un máximo de 350 inscripciones y las características deben ser determinadas por el Director del Servicio Electoral mediante resolución que se publicará en el Diario Oficial con, a lo menos, diez meses de anticipación a la fecha de la elección.

El Servicio Electoral proveerá los registros y materiales necesarios para la inscripción por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, y corresponderá al jefe de la misión o cónsul adoptar las medidas necesarias para el resguardo de los registros y útiles.

La inscripción electoral será gratuita y deberá realizarse ante una junta inscriptora integrada por el jefe de la misión diplomática o por el cónsul, según su caso, o el miembro chileno de la misión o consulado en quien deleguen la función, quien la presidirá, y por otro funcionario chileno que designará el jefe de la misión o el cónsul, en su caso.

La junta funcionará en la sede de la misión o consulado a lo menos durante dos horas, en el horario que establezca su presidente, todos los días hábiles del periodo a que he hecho mención anteriormente.

La inscripción requerirá necesariamente la presencia de un ciudadano, quien, para poder hacer uso de su derecho, acreditará su identidad con la cédula de identidad chilena o con el pasaporte vigente. Asimismo, deberá dejar estampada la firma e impresión digital del pulgar derecho en el registro. Si fuera analfabeto o no pudiera firmar, se establece el mismo sistema que existe para los efectos de las votaciones en el territorio nacional.

Además, podrán inscribirse en los registros electorales aquellos chilenos que hayan cumplido 18 años y se encuentran en el exterior, de acuerdo con las normas que aquí se consagran.

Al terminar cada jomada de funcionamiento, la junta estampará en hoja foliada y numerada un acta, en la que, en forma resumida, se indicará la fecha, la cantidad de inscritos y los números que le haya correspondido a las personas que hubieran sufragado. El acta deberá ser firmada por los miembros de la junta. También se dejará constancia de aquellos que, habiéndose inscrito, no hayan hecho uso del derecho a sufragio. Para los efectos de las inscripciones, la junta cerrará el registro, estampando un acta final, y enviará copia de éste, autenticada en cada hoja por el jefe de la misión o cónsul, al Director del Registro Electoral dentro del tercer día de cerrado el registro. Igual procedimiento se seguirá al término del período de inscripción respecto de los registros que no se hubieran completado.

El Director del Servicio Electoral podrá disponer la cancelación de las inscripciones en los casos que fueran pertinentes, información que comunicará a las respectivas misiones diplomáticas y consulados. Será obligación de los jefes de misiones y cónsules mantener actualizados los registros especiales, de modo que figuren en ellos sólo las personas que se encuentren legalmente habilitadas para ejercer el sufragio.

La infracción de esta obligación constituye falta grave para todos los efectos legales.

El voto de los ciudadanos será emitido en la misma fecha en que corresponde efectuar la elección en el territorio de la República y se efectuará, preferentemente, en la sede de la misión diplomática o consulado, salvo que por insuficiencia del recinto el jefe de la misión o cónsul señalare otro lugar.

Para recibir la votación de cada registro especial, se designará una mesa receptora compuesta por a lo menos tres y hasta cinco ciudadanos alfabetos o videntes inscritos en el mismo registro. La designación la hará el jefe de la misión o el cónsul mediante sorteo público que realizará el vigésimo día anterior a la elección, a las 10 horas, en la sede de la misión o consulado. La designación se comunicará por carta certificada o mediante notificación personal que hará el ministro de fe que designe el jefe de la misión o el cónsul al efecto.

La votación se regirá por todo lo que es aplicable en la ley N° 18.700, sobre votaciones populares y con las siguientes modificaciones:

1. El Servido Electoral pondrá los útiles destinados a cada mesa por intermedio del Ministerio de Relaciones Exteriores, con a lo menos diez días de anticipación a la elección.

2. Las funciones que corresponden a la oficina electoral serán ejercidas por el jefe de la misión o cónsul o por aquel funcionario chileno de la misión o consulado que se designare.

3. El elector podrá acreditar su identidad sólo con su cédula nacional de identidad o con el pasaporte vigente. Ningún certificado u otro documento podrá reemplazarlo.

4. Los sobres a que se refiere el proyecto se entregarán por el secretario y el presidente respectivo al jefe de la misión o cónsul, quien estampará en su cubierta la hora en que le fueron entregados y dará recibo de la entrega con la misma señalización de hora.

El sobre que entregue el secretario será remitido por el jefe de misión o cónsul directamente al presidente del Tribunal Calificador de Elecciones, y por el presidente, junto con los útiles a que se refiere el artículo 77, al Director del Servicio Electoral.

Para practicar el escrutinio, el Tribunal Calificador utilizará las actas de las mesas receptoras que funcionaren fuera del territorio nacional y que obrasen en su poder y requerirá del Servicio Electoral la remisión de las que faltaren.

Si ni el Tribunal ni el Director hubieran recibido los documentos mencionados o si hubiera disconformidad entre los ejemplares de un acta, el Tribunal podrá solicitar, por la vía de la comunicación más expedita, al jefe de misión o cónsul que corresponda, la remisión de una copia autorizada del acta de mesa estampada en el registro que obra en su poder.

Para ser breve, señor Presidente, esto es en esencia el proyecto, sin perjuicio de manifestar que tengo antecedentes de que otros señores Diputados también han recibido un sinnúmero de notas de chilenos residentes en el exterior que piden la aprobación del proyecto. Algunos de ellos estiman que parte de su identidad con Chile aparecería extraordinariamente comprometida por el hecho de que, siendo chilenos y por diversas razones residir en el exterior, pudieran fundamentar su derecho a decidir las cosas de la patria sobre la base de votar en las elecciones para Presidente de la República. De modo que, al igual que lo hiciera la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, solicito de la Honorable Cámara dar su aprobación a este proyecto, con el cual nuestra legislación electoral, en materia de sufragio universal y del derecho de los chilenos, se perfeccionará y colocará a la altura de muchas de las existentes en los países más importantes y democráticos del mundo.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Villouta.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, tratar este proyecto es en realidad muy importante, porque lo han pedido con mucha insistencia gran cantidad de chilenos que permanecen en otros países por circunstancias de trabajo o de familia.

Ya dijo el Diputado informante que en la mayoría de los países existen normas para que sus ciudadanos puedan votar en el extranjero. Incluso algunos tienen una legislación mucho más avanzada, lo cual les permite votar en buques de la armada durante su permanencia en alta mar.

Este proyecto, como se sabe, ha demorado bastante en llegar a la Sala. Es la culminación de una aspiración muy sentida que permitirá, en especial a aquellos miles de chilenos, que viven o trabajan en la República Argentina -alrededor de 40 mil ó 50 mil, por lo menos los que tendrían derecho a voto-, sufragar en las oportunidades en que en nuestro país haya elecciones, que sin duda también les interesan, porque en algún momento podrían volver a su patria, como es su deseo.

El articulado es bastante amplio y completo. Por eso, anuncio la aprobación del proyecto de parte de la bancada democratacristiana.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

En discusión el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 19.198, sobre concursos para cargos de profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076.

Diputado informante es el señor Masferrer.

Antecedentes:

Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1123-11, sesión 21a, en 14 de diciembre de 1993. Documentos de la Cuenta N° 2.

Informe de la Comisión de Salud, sesión 33a, en 25 de enero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Tohá, en reemplazo del Diputado señor Masferrer.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, la Comisión de Salud pasa a informar el proyecto de ley, de origen en un mensaje, que modifica La ley N° 19.198 sobre concursos para cargos de profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076.

Durante el estudio de esta iniciativa legal se contó con la presencia del señor Ministro de Salud, doctor Julio Montt, y la colaboración del jefe de la División Jurídica del Ministerio, don Francisco Tortorolo. Asimismo, se escuchó al presidente del Colegio Médico de Chile, doctor Ricardo Vacarezza.

La ley N° 19.198, sobre concursos para optar a cargos de profesionales funcionarios que se rigen por la ley N° 15.076, vino a satisfacer un sentido anhelo y una antigua demanda del Colegio Médico en relación con el sistema de concurso, que según su opinión, es el que garantiza mejor los derechos de estos profesionales a acceder a los diferentes cargos y, además, asegura que éstos sean ocupados por quienes muestren mejores méritos y excelencia profesional.

Su artículo 2° transitorio fijó en un año el plazo para que se llamara a concurso para los cargos de director y subdirector médico de los hospitales tipos 1 y 2 dependientes de los servicios de salud, razón por la cual los profesionales que actualmente ocupan dichos cargos tendrían que haberlos dejado el 19 de enero y seguido en calidad de suplentes.

Otro aspecto del proyecto se refiere a los directores de atención primaria, que hasta antes del proceso de municipalización de la salud primaria tenían bajo su dependencia sólo un limitado número de consultorios y que en la actualidad tienen tuición sobre los consultorios que dependen de las municipalidades.

En relación con estos antecedentes, el proyecto, que incluye una indicación del Ejecutivo, modifica el artículo 3°, con el objeto de darle una mejor redacción: precisa que el plazo de un año que establece el artículo 2° transitorio se contará a partir de la fecha de publicación de la presente ley, y aclara la situación de los funcionarios que a la fecha de entrada en vigencia de la ley N° 19.198 eran titulares de los cargos. Añade que durante el plazo que se indica los cargos de directores y subdirectores médicos de hospitales tipos 1 y 2, mantendrán su carácter de empleos de exclusiva confianza del Director del Servicio.

La precisión acerca del plazo de un año se explica, ya que no se ha llamado a concurso para estos cargos porque el reglamento de concurso recién fue aprobado en diciembre.

Por último, el artículo 4° responde a la necesidad de dar el carácter de jefes de departamentos a los directores de atención primaria, para responder en mejor forma a las nuevas responsabilidades que signifique la municipalización.

Estos son los aspectos más importantes del proyecto enviado por el Ejecutivo.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Smok.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, la legislación actual, aunque no con la precisión y la claridad que ahora se pretenden, establece que los directores y subdirectores de los hospitales de mayor categoría, tipos 1 y 2, deben ser profesionales que accedan a esos cargos por concurso, pero esto no ha sido efectivo por una demora en la toma de razón por la Contraloría de los reglamentos para convocar a concursos.

El debate de fondo es si para ejecutar en establecimientos de importancia las políticas de salud es mejor que existan profesionales que hayan accedido a esos cargos por concurso o por designación en razón de la confianza que les tenga la autoridad.

En la idea de profesionalizar y de generar la carrera funcionaria, lo razonable es que sea por concurso. En consecuencia, la Comisión aprobó por unanimidad los elementos que permitan que cada vez sean más las personas que ocupen los cargos directivos por concurso, en los distintos establecimientos públicos.

No obstante este criterio parece contradictorio con el artículo 4°, que genera la condición de que los directores de atención primaria -hoy funcionarios de menor nivel de resolución- necesitan ser designados por exclusiva confianza de la autoridad.

Si un director de hospital es designado por concurso y un director de atención primaria por confianza, se produce un elemento contradictorio, que supone un marco de desconfianza sobre lo que los concursos generarían en términos de adhesión y cumplimiento de las políticas oficiales. Esta contradicción apunta a un tema no resuelto, ni por la autoridad al formular su proyecto, ni por la Cámara, al debatirlo.

En mi opinión, quien puede lo más, puede lo menos. Si por concurso es posible ser director de hospital de la más alta complejidad, no veo la dificultad para que el director de atención primaria de la Región de Aisén tenga que ser funcionario de confianza. Todos los cargos debieran llenarse por concurso. En resumen, no comparto los planteamientos a propósito del artículo 4° propuesto por el Ejecutivo, que la Comisión aprobó.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Bayo.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto. Sin embargo, causa extrañeza que una iniciativa de esta naturaleza haya llegado a última hora, cuando los plazos se vendan un 14 de enero. Nosotros la discutimos el mismo día, pero ya había un problema serio para aquellos funcionarios que realmente dejaron de ser titulares en sus cargos. Si bien es cierto el reglamento de concursos estuvo en diciembre, hubo tiempo, según mi opinión, más que suficiente como para que hubiera sido discutida con antelación.

Considero altamente rescatable que los concursos públicos que permiten llenar los cargos de director y subdirector de hospitales tipos 1 y 2 deberían ser planteados cada cinco años. Se estima que el cargo de director de hospital tipo 1 ó 2 debe gozar de cierta autonomía en relación con el jefe de servicio correspondiente. Este profesional debe estar permanentemente actualizado y demostrar ante sus pares que ejerce su función como corresponde. La obligación de presentarse a concurso cada cinco años es buena para la salud de los chilenos.

También es importante tener presente que los concursos públicos no se desarrollan simultáneamente en todo el país. No hay ninguna duda de que la realización de un solo concurso nacional o de varios nacionales al mismo tiempo significaría un grave problema, ya qué no se contaría con los profesionales adecuados en cada uno de los servidos de salud del país.

La verdad de las cosas es que la observación que formulé por la tardanza en él envió del proyecto, hizo que esta iniciativa fuera aprobada por mayoría y dos abstenciones, una de las cuales es nuestra.

La última acotación hecha por el Diputado señor Smok se relaciona con el artículo 4°, de acuerdo con el cual los directores de atención primaria en los servicios de salud serán considerados como jefes de departamentos de tales organismos. Aclaro que esto lleva consigo el hecho de que son funcionarios de confianza. La posición expresada por el Diputado señor Smok es la del Colegio Médico. Yo también soy médico; pero estimo que si la política de salud del Gobierno, por un lado, tiende a privilegiar la atención primaria -y esto es una tendencia mundial-, la mejor manera de favorecerla es dándole a los encargados de ella, a los directores de atención primaria en los servicios de salud, el nivel y la jerarquía que les corresponde. En la forma en que está planteado el artículo 4° se les da el nivel y la jerarquía que les corresponde y estoy de acuerdo en que se apruebe en los términos en que viene en el proyecto.

He dicho.