Labor Parlamentaria

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

En el Orden del Día corresponde tratar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto sobre nacionalidad.

Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía es el señor Vargas.

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, boletín N° 1105-06. Documentos de la Cuenta N° 10, de esta sesión.

El señor VARGAS.-

Señor Presidente, paso a informar, en segundo trámite reglamentario, el proyecto de ley sobre nacionalidad, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, con urgencia calificada de “simple”.

El primer informe de la Comisión y la discusión del proyecto tuvieron lugar el martes pasado, oportunidad en que se aprobó en general, por unanimidad.

En la discusión general, el Diputado señor Raúl Urrutia presentó una indicación para suprimir el artículo 3° cuyo texto original decía: “Las personas que ejerzan el derecho de opción contemplado en el N° 1 del artículo 10 de la Constitución Política, deberán hacerlo dentro del plazo de un año, contado desde la fecha en que cumplan 18 años de edad.”

En el debate habido en la Comisión, se dijo que al establecerse el plazo de un año, una vez cumplidos los 18 años de edad, se restringiría el derecho de opción que otorga el texto constitucional, con lo cual se limita la posibilidad de optar a la nacionalidad chilena a una persona, por ejemplo, una vez que cumpla 25 años de edad.

Los argumentos para mantener el artículo 3° y rechazar su eliminación se fundaron en la necesidad de dar certeza respecto del universo de personas que pudieren tener derecho a optar, y se señaló que el constituyente otorgó al legislador la facultad de fijar los términos para hacer uso de esta opción. Eso se hace al proponer la norma del artículo 3°.

La Comisión estuvo de acuerdo en mantener el artículo 3°, ampliar el plazo señalado en el primer informe y aprobar una indicación suscrita por los Diputados señores Aylwin, Ojeda, Villegas, García-Huidobro, Ceroni, Vargas y Ascencio, que reemplaza las palabras “un año” por “cinco años”.

Con el objeto de adecuar lo dispuesto en el artículo 3° transitorio a lo preceptuado en el 3 permanente, acordó elevar de 22 a 25 años la edad para ejercer el derecho a opción.

Esta indicación fue aprobada por unanimidad.

Salvo el artículo 3° permanente y el 3° transitorio, el resto del articulado no ha sido objeto de indicaciones o modificaciones. Por lo tanto, de acuerdo con el Reglamento, deberán declararse aprobados, sin votación.

En el informe anterior se dijo que el proyecto no contenía artículos de quorum calificado. Sin embargo, luego de un mejor estudio, la Comisión ha concluido que el artículo 11, contiene en su inciso segundo, una norma cuya aprobación requiere quorum especial.

Así, entonces, el artículo 11 del proyecto contiene en su inciso segundo un precepto que exime del trámite de toma de razón a la resolución que dicte el Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior por la que se declare inadmisible una solicitud de nacionalización, por no cumplir con alguno de los requisitos señalados en el referido artículo.

Esta norma hace excepción a lo prescrito en el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que obliga a someter al trámite de toma de razón a los decretos supremos y a las resoluciones de los Jefes de Servicios que deben tramitarse por la Contraloría.

En consecuencia, la norma indicada constituye una excepción a un precepto de la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la que, por disposición del artículo 87 de la Constitución Política, tiene el carácter de ley orgánica constitucional y, por tanto, para modificarla se necesita la aprobación de las cuatro séptimas partes de los Diputados en ejercicio.

Sin embargo, hago especial hincapié en que este proyecto fue aprobado en general por unanimidad, con la votación suficiente para alcanzar el quorum calificado que exige el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución.

Por no haber artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda, esta Comisión recomienda la aprobación del proyecto.

He dicho.

El señor VILLEGAS.-

Señor Presidente, tal como lo informó el Diputado informante de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, durante la discusión del proyecto en segundo trámite reglamentario, específicamente de una indicación al artículo 3° presentada por el Diputado señor Raúl Urrutia, la Comisión estimó que la facultad para los chilenos que quieran ejercer el derecho de opción establecido en el número 1 del artículo 10 en un plazo cierto y determinado, ya está contemplada en el inciso final de dicha norma, que dispone: “La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.”

En consecuencia, y con e] objeto de dar certidumbre jurídica y de conocer el universo de todos los chilenos que pudieran estar en esa situación, la Comisión estimó de toda justicia mantener un plazo, pero ampliándolo a cinco años, desde el momento en que los beneficiados cumplan 18 años de edad.

En atención a estas consideraciones, la Comisión consideró, además, que el artículo 3o transitorio también debería ampliar el plazo. Así, fue aprobada una indicación presentada por los Diputados que allí se señalan, con el objeto de que las personas que a la entrada en vigencia de la ley tengan más de 18 años de edad y deseen ejercer el derecho a la nacionalidad chilena a que se refiere el artículo 10, número 1, lo hagan antes de cumplir 25 años.

Creemos de toda justicia otorgar estos derechos a esas personas para que puedan ejercer adecuadamente el precepto establecido en el artículo 10, número 1, de la Constitución, habida consideración de que en el extranjero existen muchas personas que podrían ser beneficiadas con el derecho a opción. Por esas razones, la Comisión consideró de toda justicia si bien es cierto no dejarlo en forma indefinida señalar el tiempo durante el cual estas personas podrían ejercer este derecho.

En esas condiciones, fue aprobada por unanimidad la indicación presentada por los colegas señalados por el Diputado informante.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, en sesiones anteriores hemos señalado en general el fundamento del proyecto.

Las modificaciones introducidas por la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se ajustan a las exigencias y necesidades de las personas que se harían acreedoras de la nacionalidad chilena, conforme a los procedimientos y facultades que les concede el artículo 10 de la Constitución Política en lo que se refiere a los hijos de extranjeros que se encuentren en Chile en servicio de su Gobierno y a los hijos de extranjeros transeúntes y de todos aquellos que deseen optar a la nacionalidad chilena.

La indicación propuesta en la Sala en orden a eliminar un plazo, no hacía más que dificultar el problema, darle imprecisión y no establecer las pautas o reglas que, conforme a la Constitución, una ley especial debiera señalar con absoluta certeza.

Por ello, como una manera de consensuar y de compatibilizar las posiciones, en el artículo 3o, permanente, la Comisión optó, en forma razonable, por aumentar este plazo de uno a cinco años, después de cumplidos los 18, situación que es más beneficiosa para quienes deseen optar a la nacionalidad chilena. No establecer un período dentro del cual se puede hacer efectivo este derecho, podría provocar una situación abstracta, difícil de precisar.

Asimismo, la Comisión modificó el artículo 3° transitorio para hacerlo compatible con el artículo 3o permanente, como una manera de favorecer a aquellas personas que, estando en tramitación este proyecto, hubieren cumplido los 18 años de edad.

Por esas consideraciones, nuestra bancada votará favorablemente las modificaciones introducidas por la Comisión a este proyecto tan interesante y beneficioso, que viene a hacer justicia a aquellas personas que están en situación de optar por la nacionalidad chilena.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, en la sesión en la cual tratamos, en primer trámite, el primer informe de la Comisión de Derechos Humanos del proyecto que hoy nos ocupa, presentamos una indicación al artículo 3°, señalando que el plazo de un año que hoy se modifica a cinco establecía un requisito que el artículo 10 de la Constitución Política jamás ha señalado, y que, sin duda implicaría una limitación a este derecho a opción de la nacionalidad que tienen los hijos de padres transeúntes nacidos en nuestro país que hoy no existe, requisito que quedará establecido en la ley.

Si bien es cierto, el inciso final del artículo 10 establece que la ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, expresamente dice: “Reglamentará los procedimientos de opción”. En ninguna parte se señala que se va a colocar un requisito para optar a este derecho. No se establece que habrá que cumplir un cierto período de tiempo, 18 años de edad, y que, después, de transcurrido un plazo de cinco años, o sea, al sexto año, la persona no podrá ejercer este derecho a opción que la Constitución Política le establece.

Lamentamos profundamente la decisión de la Comisión de Derechos Humanos de esta Cámara, de rechazar la indicación que presentamos, por cuanto este derecho a opción que la Constitución Política establece se podrá ejercer dentro de un determinado tiempo. Y muchas personas que, a lo mejor, en su momento quieran optar a la nacionalidad chilena, cumpliendo con los requisitos que establece el N° 1 del artículo 10, no lo podrán hacer porque la ley les limitará el ejercicio de este derecho que la Carta Fundamental establece.

Por tales razones, votaré en contra del artículo 3o, propuesto por la Comisión de Derechos Humanos, porque considero que va mucho más allá de lo que la propia Constitución Política establece.

Por otra parte, y sólo a título de información, por cuanto, lamentablemente, ya han sido aprobados todos los demás artículos del proyecto, quiero señalar que en el artículo 1° debería establecerse, “por la Constitución Política de la República y por esta ley”, por cuanto la nacionalidad chilena, su adquisición, pérdida o conservación y los registros pertinentes no sólo se regirán por esta ley, sino también por lo que establece la Constitución Política.

En la letra d) del artículo 2°, a mi juicio, podría haber un vicio de inconstitucionalidad.

En el artículo 6°, es demasiado tajante la normativa establecida por cuanto dice: “Habiéndose ejercido válidamente la opción, la nacionalidad chilena se entenderá adquirida en la fecha de presentación de la declaración respectiva.” Esto es sin efecto retroactivo. Hay una discusión doctrinaria sobre este punto que tal vez sería importante que pudiéramos analizar más adelante.

Además, en el artículo 16, quizás el plazo que se establece de un año podría rebajarse a seis meses.

En el fondo, todo lo que estoy señalando son modificaciones que, por voluntad de la Sala, podrían arreglarse y presentarse indicaciones de común acuerdo con todos los parlamentarios.

Estas son las observaciones que yo señalaría a este proyecto, para que lo enviemos en forma bastante clara y precisa al Senado, y que no sea modificado en esa instancia.

He dicho.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, la Comisión de Derechos Humanos tuvo especial atención a las argumentaciones que expresara aquí en la sesión pasada el honorable Diputado señor Urrutia y las analizó y ponderó debidamente. Y hemos llegado a la conclusión clara y cierta de que el artículo 3o, al fijar un plazo para la opción de la nacionalidad, en ningún caso implica una limitación a la disposición constitucional del N° 1 del artículo 10.

No podemos olvidar que las normas constitucionales, por ser básicas y esenciales, no pueden entrar a una reglamentación de detalles y a fijar plazos. Comúnmente, son normas abiertas; es decir, dejan a la ley la discrecionalidad para regular los plazos a los cuales las normas constitucionales se sujetarán. La norma legal es la que en definitiva determinará el tiempo adecuado para la opción de la nacionalidad. En ningún caso legislar y poner plazo para la opción implica una limitación a la disposición constitucional. Por eso, la Comisión de Derechos Humanos aprobó que se estipulara el plazo de cinco años, más amplio que el original.

Tampoco debemos olvidar que la opción es un derecho que nuestra legislación ofrece a los hijos de extranjeros y que es necesario fijar un plazo, puesto que, al adquirirse la nacionalidad mediante dicha opción, se generarán asimismo derechos y obligaciones. Por lo tanto, no podemos dejarlo abierto en forma indefinida, en el sentido de que una persona opte cuando guste. Debe existir un plazo, porque, repito, la adquisición de la nacionalidad en el Estado chileno implica también derechos y obligaciones.

Por todas esas consideraciones, el artículo 3o es positivo, puesto que fija un plazo de cinco años para que los hijos de extranjeros hagan uso del derecho a optar por la nacionalidad chilena.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, nos estamos poniendo de acuerdo en dos indicaciones, para las cuales solicitaremos la unanimidad de la Sala. En todo caso, no inciden en el artículo 3°, sobre el cual el honorable Diputado señor Raúl Urrutia ha planteado un posible vicio de inconstitucionalidad.

Es sabido que todas las personas nacidas en territorio de Chile son chilenos; pero hay sólo dos excepciones: los hijos de funcionarios extranjeros que se encuentren en Chile al servicio de sus países y los hijos de extranjeros transeúntes. Esas personas tienen el derecho a opción entre la nacionalidad de sus padres y la nacionalidad chilena cuando cumplan la mayoría de edad.

Según informaciones que nos dieron funcionarios del Ministerio del Interior, ese derecho de opción se produce cuando los jóvenes cumplen 18 años, es decir, la mayoría de edad, lo cual es muy lógico, porque quiere decir que como nacieron en territorio nacional y se quedaron en Chile, y como la Constitución chilena no les daba el carácter de ciudadano chileno, apenas cumplen 18 años o antes los 21optan de inmediato a esa nacionalidad. No hay personas que opten mucho tiempo después.

En todo caso, estimamos conveniente establecer un plazo más o menos prolongado para que esas personas puedan ejercer el derecho de opción. Creo que el plazo de cinco años es bastante conveniente para satisfacer todo tipo de situaciones que puedan producirse respecto de personas que se encuentren en la referida situación.

En nuestro concepto, la medida, que analizamos en forma extensa en la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, no es inconstitucional, porque la Constitución sólo establece los principios generales y no la estamos rectificando.

En todo caso, el número 5o del artículo 10 de la Constitución es muy claro al establecer que: “La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena; de otorgamiento, negativa y cancelación de las cartas de nacionalización, y la formación de un registro de todos estos actos.”

De manera que es evidente que el espíritu y el texto de la Constitución son claros en cuanto a que, en definitiva, todos los aspectos de detalle quedaron para la ley que se dictara. Esa ley no se ha dictado nunca; ahora se está dictando. En mi concepto, es conveniente, porque conciba adecuadamente la posibilidad de que esas personas opten por la nacionalidad chilena y, al mismo tiempo, que haya cierta certeza. No puede haber personas que esperen la mayoría de edad, desde su nacimiento, y después dejen pasar 20 ó 30 años para optar a la nacionalidad chilena.

Estimo que el plazo de cinco años es prudente y oportuno para que se acojan a la opción.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, el proyecto de ley, de iniciativa parlamentaria, tiene por objeto, básico y exclusivo, solucionar un problema con que normalmente nos encontramos quienes ejercemos la profesión de abogado.

En recorridos por nuestros distritos observamos que muchos herederos de bienes en comunidad no pueden hacer uso del derecho de partición establecido en el artículo 1317 del Código Civil, según el cual nadie está obligado a permanecer en la indivisión.

De acuerdo con nuestro procedimiento, las particiones deben hacerse por jueces árbitros; pero muchas veces las personas afectadas por la indivisión no pueden recurrir ante el tribunal para que designe un juez partidor, por carecer de los recursos económicos necesarios. La norma que hoy se aprobará tengo la más absoluta certeza de que así será permite dar solución a ese problema.

En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se dio a conocer la opinión de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que el secretario del tribunal que concedió la posesión efectiva realice la partición de los bienes de la comunidad, cuya cantidad no exceda las 50 unidades tributarias anuales, es decir, los 12 millones de pesos.

Presenté una indicación al artículo 2°, que incorpora un artículo 645, nuevo, al Código de Procedimiento Civil, a fin de eliminar su inciso final, que señala: “Las resoluciones que se dicten serán inapelables”.

Considero que en esta situación se debe, al menos, contar con la posibilidad de apelar de las resoluciones que emitan los tribunales que estamos creando, toda vez que implica el derecho de propiedad de un grupo de personas que se encuentran en la indivisión.

Además, debe tenerse presente que el Congreso Nacional aprobó normas relativas al recurso de queja, que harán imposible interponerlo ante la Excelentísima Corte Suprema o ante la Corte de Apelaciones respectiva, en el evento de que alguna de las partes consideraran que las resoluciones como consecuencia de la partición les son desfavorables o injustas. Es importante que las partes cuenten con una segunda instancia donde recurrir, en el caso de que sus derechos se vean afectados por las resoluciones de los tribunales que estemos creando.

Por eso, solicito a la honorable Cámara que apruebe la indicación, en el sentido de que las resoluciones que se dicten puedan ser apelables, puesto que creo que resguardamos en mejor forma los derechos de las personas que recurran al procedimiento que establecemos por ley y, en definitiva, solucionaremos el problema de muchas personas que heredaron bienes en comunidad y hoy se encuentran afectadas por la indivisión.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, como coautor de esta moción, quiero entregar fundamentos distintos o, tal vez, analizarla desde otra óptica.

Muchas veces la herencia se asimila a grandes fortunas. Así fue en el pasado. Ahora, cada día tiene menos importancia por el valor de los bienes que la integran.

Ello ha sucedido porque el promedio de vida de los chilenos ha aumentado notablemente, las mujeres 75 años y los varones a un poco más de 70, cuando los hijos ya están casados y tienen su propio patrimonio. Por lo tanto, carecen de todo interés en la herencia de sus padres. Además, son escasas las fortunas que se dejan a través de este medio.

Por otra parte, los gastos de última enfermedad sobre todo aquellas largas y sujetas a costosos tratamientos que son cuantiosos en la época cercana a estos promedios de vida es un hecho notorio, agotan todos los recursos de cualquier familia común.

Además la herencia ha perdido su importancia, porque hoy las personas que disponen de bienes los aportan a empresas o sociedades. Como éstas no perecen, salvo por la quiebra o por la disolución, naturalmente se prolongan en el tiempo.

En definitiva, la herencia ha perdido toda la relevancia que tuvo en el pasado. Sin embargo, esto que sucede con contadas personas provoca dificultades en miles de chilenos. A su solución apunta este proyecto de ley.

En la práctica, la herencia se reduce a la casa-habitación que se obtuvo a través del Ministerio de la Vivienda, a los bienes muebles y a las deudas del causante. Sus herederos son los que tienen los problemas judiciales, atendidos los escasos recursos de que disponen y los gastos en que deben incurrir para inscribir a su nombre esta única propiedad.

Por ello estas personas no solicitan la posesión efectiva ni mucho menos recurren a la partición de estos bienes.

Se han dictado sucesivos preceptos legales alternativos, entre los cuales está vigente, por ejemplo, el decreto ley N° 2.695, sobre saneamiento de la pequeña propiedad, mediante el cual se resuelven las dificultades del poseedor material, carácter que adquiere quien queda en la propiedad de la familia cuando no se ha obtenido la posesión efectiva ni se ha efectuado la partición.

Con dicho cuerpo legal se ha solucionado el problema de miles de pequeños poseedores materiales que no recurrieron a las normas de los Códigos Civil y de Procedimiento Civil, por el alto costo de los gastos que hay que efectuar.

En consecuencia, la idea fundamental de este proyecto es procurar el acceso a la justicia de la gente más modesta, especialmente de aquellos que cuentan sólo con la llamada propiedad familiar, y hacer mucho menos oneroso sus gastos. Junto con el Diputado señor Gajardo, con quien lo redactamos, hemos presentado una indicación para que esta iniciativa guarde perfecta concordancia con el artículo 37 de la Ley de Impuesto a las Herencias.

En la Comisión se discutió latamente si estas gestiones iban a ser gratuitas o pagadas. Sin embargo, la idea de que fueran gratuitas no tuvo acogida. El artículo 37 de la Ley sobre Impuesto a las Herencias expresa lo siguiente: “Las actuaciones judiciales y notariales y las de los Conservadores de Bienes Raíces que se produzcan en los trámites necesarios, hasta las inscripciones especiales de herencia inclusive, se cobrarán en los casos de este capítulo con un 50 por ciento de rebaja.”, o sea, respecto de aquellas herencias que no excedan de 50 unidades tributarias anuales.

La indicación que hemos formulado consiste en agregar un inciso al artículo 645 del Código de Procedimiento Civil, propuesto por el artículo 2° del proyecto, que diga: “Se aplicará en lo pertinente, lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 16.271.” De esta manera, los gastos que se realicen en este tipo de diligencias tendrán armonía con lo dispuesto en la Ley de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones.

El señor RIBERA (Vicepresidente).-

Señor diputado, el señor René García solicita una interrupción.

El señor ELGUETA.-

Se la concedo con mucho gusto, señor Presidente.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, el Diputado señor Elgueta ha dicho que se trata “del único bien a repartir”. En cambio, de acuerdo con el completo informe entregado por el Diputado señor Gajardo autor del proyecto, la iniciativa está dirigida a herencias cuyas cuantías no excedan los 12 millones, aproximadamente, para no hablar de UTM. Por eso, después de escuchar al Diputado señor Elgueta, me surgió la duda, ¿qué pasa con una familia que tiene dos o tres sitios, muy pequeños, cuyo valor no supera esta cantidad? ¿Quedaría beneficiada por esta normativa? Me gustaba más la proposición del Diputado señor Gajardo en el sentido de que esta iniciativa se refiere a herencias de hasta 12 millones de pesos aproximadamente.

Muchas gracias por la interrupción.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, sólo para aclarar la duda.

Yo dije que hoy las herencias no están compuestas por inmensas fortunas, como era en el pasado, y que generalmente los chilenos tienen como único bien la casa entregada por el Ministerio de Vivienda y sus bienes muebles. Pero no hay duda de que el proyecto se refiere a herencias que no excedan de 50 unidades tributariales anuales, cualquiera que sea la cantidad de bienes que deje una persona.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en primer lugar, no cabe sino felicitar a los autores del proyecto, porque, en resumen, intenta acercar la justicia a quienes tienen menos recursos.

Durante la sesión anterior, cuando comenzó la discusión en general de esta iniciativa, tuve una duda que después manifesté al colega Rubén Gajardo, uno de los autores del proyecto. Le señalé que me parecía una extraordinaria idea que hasta un determinado límite la partición se practicara de manera más sencilla y con un menor costo, pero que estimaba indispensable que esta fuera una alternativa y no el camino obligatorio para efectuar la partición de herencias que no excedan de 50 unidades tributarias anuales.

Esta inquietud fue acogida por el Diputado señor Gajardo, quien me indicó que no le disgustaba por el contrario, le parecía una buena idea que lo propuesto en el proyecto se transformara en una alternativa más.

Por esa razón, presentaré una indicación para agregar algunas palabras en el inciso segundo del artículo 1° de la iniciativa, que quedaría de la siguiente manera: “...no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales, la partición podrá ser practicada también...”, lo que le quita el carácter de exclusivo y permite a la gente contar con una alternativa de bajo costo, sin perjuicio de que, quien quiera hacerlo, se acoja al procedimiento actualmente existente.

En seguida, quiero dar a conocer a la Sala, especialmente al Diputado señor Gajardo y a los otros patrocinantes del proyecto, una inquietud que el Diputado señor Jaime Orpis me pidió que expresara en la Sala. El considera que el sistema es muy bueno en las ciudades. Sin embargo, en los sectores rurales, donde no hay juzgado civil, a lo mejor sería razonable que la partición la hiciera el juez de policía local, cuando sea abogado.

Creo que esta inquietud es legítima y los colegas autores del proyecto podrían pronunciarse al respecto.

Estimamos que el proyecto es de enorme importancia y será muy útil, sobre todo para los sectores de menores recursos. En este sentido, la UDI lo apoya entusiastamente, como asimismo las indicaciones del colega Jaime Orpis y la que he comentado in extenso respecto de ser ésta una alternativa más, y que también ha aprobado uno de sus autores, el colega señor Gajardo.

He dicho.

El señor CERONI.-

Señor Presidente, es indiscutible que el proyecto es de gran interés, especialmente para las personas de escasos recursos.

Es sabido por todos que nuestra ley civil norma y regula las particiones en un sistema bastante antiguo, engorroso y muy oneroso, que es lo más preocupante.

El nombramiento del partidor y de los abogados que intervienen en las particiones implica grandes gastos para las personas interesadas en dividir bienes hereditarios. Desde este punto de vista, la iniciativa satisfará una necesidad real y permitirá aclarar el dominio de los bienes producto de herencias de muchas personas sin recursos.

En la práctica, muchos, por estar impedidos de incurrir en gastos, dejan sus bienes hereditarios en situaciones muy irregulares, que posteriormente deben tratar de solucionar mediante un sinnúmero de disposiciones legales. Cabe mencionar, por ejemplo, el decreto ley N° 2.695, el cual, en el fondo, es una clara expresión de situaciones de gente de escasos recursos que no logró oportunamente una partición, y debió acogerse a él.

El proyecto encara el problema y no hay duda de que lo debemos apoyar.

Me parece excelente aumentar el monto de la herencia de 25 unidades tributarias a 50. Sin embargo, quiero hacer presente algunas consideraciones y dudas que me asaltan en esta materia.

En primer lugar, el proyecto original decía que el juez del tribunal que concedió la posesión efectiva debía hacer la partición.

La Corte Suprema opinó que dado el recargo de trabajo de los jueces por todos conocido debía ser el secretario del tribunal, y por eso se hizo el cambio. Pero el informe de la Corte Suprema se refiere al “secretario del tribunal, que por cierto es abogado”. Entonces, debe quedar muy claro en la iniciativa que el secretario que realice la partición necesariamente debe ser abogado, porque en la práctica de los tribunales muchas veces nos encontramos con que al secretario lo subroga el oficial primero, que no tiene la calidad de abogado, y siendo la partición una materia compleja, necesariamente la Corte Suprema lo dice en su oficio debe ser abogado.

Por tal razón, suscribí una indicación en el sentido de que el texto del artículo 1° establezca que la partición será practicada por el secretario si es abogado, y si no lo fuera, por el juez del tribunal que esté en el momento.

Otra duda deriva del hecho de que se establece que para que los bienes sean susceptibles de este tipo de partición, su valor no debe exceder de 50 unidades tributarias anuales. Quiero preguntar al señor Diputado informante qué servirá de base para establecer el monto de los bienes.

En la posesión efectiva existe lo que se llama tasación pericial de los bienes, la cual se envía al Servicio de Impuestos Internos para su aprobación, y sobre esa base se declara si una herencia está exenta de impuestos. Estimo que con esa tasación el secretario del tribunal determinará si cae en la situación del artículo 1°.

Antes de continuar, solicito que el señor Diputado informante responda mi pregunta.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, efectivamente, como señala el honorable Diputado señor Ceroni, la valoración corresponde al inventario de los bienes que se debe hacer para determinar el pago del impuesto a la herencia.

En todo caso, existen varias indicaciones, y como la iniciativa va a volver a Comisión, para mayor claridad de la situación planteada, sería conveniente señalar expresamente esa solución a través de una indicación, que me parece que es la que se tuvo en vista cuando se redactó el texto.

Dentro de las observaciones formuladas, indudablemente, algunas son muy interesantes y me he apresurado a suscribirlas; por ejemplo, la planteada por el Diputado señor Ulloa, en el sentido de que el sistema no sea obligatorio, sino facultativo, de manera que los interesados determinen si recurren a los trámites normales de nombramiento de partidor o se someten a esta tramitación excepcional.

Del mismo modo, hay una indicación que me parece muy atendible en el sentido de que el secretario del tribunal se haga cargo de esta función sólo cuando sea abogado, y, finalmente, lo que señala el Diputado señor Ceroni, en cuanto a dejar claramente establecido que la valoración de los bienes se va a determinar según el inventario para los efectos de la aplicación del impuesto de herencia.

Por último, me parece bastante atendible lo que señaló el Diputado señor Raúl Urrutia, en el sentido de que sería conveniente dar la posibilidad de conceder el recurso de apelación frente a la resolución que sobre esta materia o por lo menos a lo que sería la resolución definitiva adopte el secretario del tribunal.

Agradezco la interrupción al Diputado señor Ceroni. Creo que su pregunta ha sido respondida.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, parto por señalar que entiendo perfectamente el objetivo del proyecto: acelerar el proceso de partición y hacerlo asequible a la gente de escasos recursos.

No obstante, me parece un error decir que sólo servirá a la gente más modesta, porque muchas veces una cantidad como la que permite recurrir a este procedimiento abarca a familias que tienen una casa, una parcela, una mejora, etcétera.

Por eso, plantearé también algunas dudas, que en su momento, el Diputado informante podría aclarar.

Desde ya, me parece lógico que la resolución dictada por el secretario del tribunal sea susceptible de recursos; no es posible que sea inapelable.

En segundo lugar, si suponemos que el principio de que nadie está obligado a permanecer en la indivisión, puede ser requerido sólo por una sola persona, debemos imaginar que el resto será notificado. No obstante, el proyecto señala que debe ser citado, lo que es un procedimiento propio de las causas criminales. La notificación es el medio lógico de poner en conocimiento la resolución en las causas civiles, y en este caso, ni siquiera se señala si la citación será o no personal.

Pongamos un hecho sencillo, una familia cualquiera cuyos hijos deben partir a lugares alejados a buscar trabajo. Viven en la provincia de Arauco, en la punta Lapié, y deben irse a trabajar a Antofagasta. Imaginemos lo que significa citar a esas personas, no notificar insisto, sin saber si la citación porque no lo señala el proyecto debe ser o no personal.

Creo que es una materia sobre la cual debemos legislar. Es necesario establecer las formalidades del procedimiento, para no hacer incurrir a otras personas en situaciones de rebeldía que pueden significar algo tan simple como que, al regresar, el hijo de una familia constituida se encuentre con que no tiene ni casa, ni parcela, ni mejora, ni nada.

La importancia de este hecho nos exige profundizar un poco más sobre el tema.

No obstante, insisto, la idea es buena; simplemente debemos mejorarla, y los diputados del Partido Radical Socialdemócrata la apoyaremos. Sin embargo, insto a mis estimados colegas, redactores y autores del proyecto, a hacer un mayor esfuerzo de profundización ya que la materia es realmente muy importante.

He dicho.

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, me interesa analizar el proyecto principalmente desde dos puntos de vista. En primer lugar, respecto de los problemas por los cuales distintas familias no han podido regularizar la situación de sus bienes raíces. En segundo lugar, del mensaje de nuestro viejo Código Civil, donde don Andrés Bello decía que la inscripción, posesión y propiedad son términos idénticos.

¿Qué ha pasado en el tiempo? Lamentablemente, tales conceptos no se han hecho realidad y las normas han caído en desuso, principalmente por los costos que implica su aplicación para la gente que tiene pocos bienes.

El Diputado señor Rocha tiene razón cuando dice que no sólo se legisla en función de que las personas son modestas, sino de que los bienes a liquidar en una partición son de escaso valor, lo que desde el punto de vista económico se traduce en que es inconveniente regularizar la situación.

¿En qué se ha traducido esto? Existen muchas propiedades en situación irregular, y han pasado una o dos generaciones sin que hayan regularizado sus títulos. Entonces, los actuales poseedores, a pesar de ser herederos de los titulares originales, son poseedores irregulares, porque no tienen sus títulos saneados.

¿Cuál ha sido la solución? En parte fue señalada por mis distinguidos colegas que me antecedieron en el uso de la palabra: recurrir al decreto ley N° 2.695. No obstante, el espíritu del legislador fue absolutamente distinto. En dicho decreto se pretendía que las personas que no tenían título, pero que estaban en posesión de algunas propiedades, pudieran acceder a él por la vía de una resolución administrativa. Sin embargo, como ese sistema es más barato, se ha generalizado su uso para sanear irregularidades y dejado en desuso la norma establecida en nuestro añoso Código Civil.

A las puertas del siglo XXI, es importante mantener la propiedad inscrita y regularizada estas situaciones que nunca debieron haberse producido. El camino que corresponde es modificar las normas pertinentes del Código Civil, para hacer realidad el principio de don Andrés Bello de que inscripción, posesión y propiedad son términos idénticos.

También me pareció importante complementar el proyecto, al cual adherí oportunamente, con una norma que se refiera a la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. No vaya a ser cosa que logremos agilizar los trámites de la partición, pero que se entrabe la solución de irregularidades debido a que los gastos de inscripción en el Conservador de Bienes Raíces son cada día más altos. En este sentido, junto con el Diputado señor Makluf previa conversación con el Diputado señor Gajardo, presentamos la indicación que está a disposición de la Mesa.

Por las razones expuestas, votaremos favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, este interesante proyecto es un muy buen ejemplo de que para garantizar el acceso igualitario a la justicia o, en otras palabras, para promover la igualdad ante la ley, no es necesario hacer grandes reformas a los textos legales. También se puede lograr mediante pequeñas modificaciones que, tras su simplicidad, encierran un gran contenido jurídico y social.

A través de dos de ellas, una, al artículo 1.325 del Código Civil, y otra, al artículo 645 del Código de Procedimiento Civil, el proyecto remedia una situación que afecta a miles de familias chilenas, por cierto muy pobres, las cuales, por no contar con los medios necesarios, no pueden dividir su masa hereditaria, es decir, sus bienes comunes o hereditarios, posibilita su acceso a la justicia para lograr una partición sin tener que incurrir en los gastos que significa el juez partidor, notificaciones, abogados, etcétera.

Quiero referirme a un alcance que considero prudente. El Diputado señor Rocha señaló que no sería aconsejable que la resolución dictada por el secretario del tribunal fuera inapelable. Comparto tal criterio, y estimo que sería prudente y aconsejable establecer algunos recursos procesales respecto de la que emita; pero no me parece correcto, desde el punto de vista jurídico, su planteamiento de que no habría emplazamiento.

El proyecto señala que la citación, en primer lugar, se cursará por el oficial primero del tribunal, por Carabineros o por Investigaciones, y en segundo lugar, se enviará una carta certificada con aviso de recepción. Es decir, tenemos un doble emplazamiento, con los cuales los interesados tomarán conocimiento de que se llevará a cabo un juicio de partición.

Quienes somos abogados y hemos ejercido la profesión, sabemos los innumerables problemas que tienen muchas familias chilenas que no han podido solucionar su problema de partición.

Más aún, el proyecto posibilitará la legalización de derechos sobre propiedades vendidas con motivo del proceso de reforma agraria; será un buen instrumento para resolver casos de indivisión.

La bancada socialista otorgará su votación favorable al proyecto, por su gran contenido social y profundidad jurídica.

He dicho.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero felicitar a los parlamentarios autores de la iniciativa, por cuanto viene a llenar un vacío en nuestra legislación civil que afecta a personas de escasos recursos y soluciona un problema muy recurrente en sectores rurales; como asimismo al señor Diputado informante, porque fue extremadamente claro y nos ilustró sobre el alcance del proyecto.

Sin embargo, con el objeto de mejorar el texto del proyecto, formularé algunas sugerencias.

El inciso primero del artículo 645 nuevo propuesto en el artículo 2° establece: “La partición de bienes a que se hace referencia en el inciso sexto del artículo 1325 del Código Civil se practicará sin forma de juicio, con audiencia de las partes, a requerimiento de cualquiera de los herederos.” Pero si se entrega la facultad al secretario del tribunal para que haga la partición, en los sectores rurales existen ciertas dificultades en tomo a dos puntos.

En primer lugar, no se establece un plazo para resolver el asunto, por lo que podría caerse en el mismo vicio que estamos tratando de subsanar. El secretario del tribunal podría extender o prorrogar por demasiado tiempo su resolución. Por consiguiente, es necesario establecerle un plazo máximo para que resuelva la petición de las partes y proceda a dictar la sentencia que ponga fin a la indivisibilidad.

Para estos efectos, presentaré indicación con el objeto de agregar al inciso primero del artículo 645 propuesto, que diga que la partición que se practicará sin forma de juicio deberá resolverse en un plazo no superior a los 180 días.

La segunda inquietud dice relación con las citaciones y notificaciones, tema que abordó el Diputado señor Rocha.

En el sector rural no hay correo y, por consiguiente, las cartas certificadas con respuesta son impracticables. Si se va a citar por receptores judiciales muy raras veces concurren a los lugares alejados por no disponer de viático o medios de locomoción, Carabineros o Investigaciones, debiera dejarse constancia en el expediente mismo del nombre de la persona a la cual se notificó o de quien se le pidió que avisara al interesado.

Por último, las resoluciones del secretario del tribunal no pueden ser inapelables. Por lo menos, debe proceder el recurso de revisión frente al juez correspondiente, es decir, frente al titular del tribunal, de manera que no se produzcan arbitrariedades ni se abuse de la gente pobre, muchas veces analfabeta. Debemos evitar que el secretario del tribunal sea omnímodo y resuelva sin que su decisión o fallo sea susceptible de ulterior revisión.

Para estos efectos, también presentaré indicación para agregar una frase al inciso final del artículo 645 nuevo, cuya redacción quedaría de la siguiente manera: “Las resoluciones que se dicten serán inapelables, sin perjuicio de que los interesados puedan recurrir, mediante el recurso de revisión, ante el juez correspondiente.”

He dicho.

El señor ERRAZURIZ.-

Señor Presidente, en esta breve intervención quiero reconocer la verdadera autoría del proyecto, que es del Diputado señor Gajardo, quien nos invitó al Diputado señor Aníbal Pérez y al que habla a participar como patrocinadores y coautores. Después varios han aparecido como coautores. El mérito es del Diputado señor Gajardo.

Al mismo tiempo, deseo señalar que hemos presentado indicación con el objeto de solucionar un problema que puede producirse.

En su informe, la Corte Suprema señala “con la salvedad de que debiera ser el secretario del tribunal, que por cierto es abogado, quien practique la partición de la herencia de que se trata, actuando como ministro de fe el funcionario que legalmente le corresponda, esto es, el oficial primero del juzgado”. Sin embargo, puede ocurrir que, en determinado momento, el secretario esté desempeñando la función de juez y quien ocupe la calidad de secretario no sea abogado.

Por este motivo, hemos presentado indicación en el sentido de que el Secretario del tribunal deberá hacer la partición, siempre que sea abogado, y el juez, en caso contrario. Se supone que en ese evento el secretario que está oficiando de juez es abogado.

Por otra parte, también quiero hacer resaltar que para quienes trabajamos en comunas populares en mi caso en Puente Alto y La Pintana, especialmente advertimos con frecuencia que el problema de la indivisión favorece a unas pocas personas, porque tramitada la posesión efectiva en forma extraordinariamente lenta por los abogados de la Corporación de Asistencia Judicial de paso señalo que esa entidad se ha dado el lujo de eliminar la docencia, con lo cual a los postulantes ni siquiera se les enseña cómo deben actuarlos bienes, constituidos normalmente por un bien raíz, quedan en comunidad. En ese evento, la propiedad es ocupada por una o dos personas de la familia, y frente a la posibilidad de pagar un abogado o de proceder a su venta para pagar los honorarios, sencillamente queda en comunidad. En este caso, la norma del Código Civil que establece que nadie está obligado a permanecer en ese carácter se transforma en algo teórico, porque, en la práctica, los que no están usufructuando del bien no tienen cómo gozar de sus beneficios.

Por eso, en primer lugar, me alegro que se haya aumentado la cuantía de las herencias de 25 a 50 unidades tributarias anuales, es decir, de 6 millones de pesos a aproximadamente 12, lo que no es una cantidad excesiva si consideramos que hoy, con la nueva Ley de Rentas Municipales, quedarán exentas de contribuciones aquellas propiedades con un valor inferior a los 7 millones de pesos.

En segundo lugar, pienso que con el proyecto se solucionará un grave problema y reparará una enorme injusticia respecto de personas de escasos recursos que hoy, por falta de medios para lograr la partición de la herencia, continúan viviendo en la indivisión.

Por lo expuesto, agradezco al Diputado señor Gajardo que me haya invitado a coparticipar de este proyecto, que la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, me alegra mucho que hoy estemos tratando un tema tan importante, como es el acceso a la justicia, que ha sido permanentemente analizado en este Parlamento y también debatido por la opinión pública.

Quiero felicitar al autor del proyecto, porque realmente apunta a un problema bastante crucial: el acceso de los pobres a la justicia.

Quiero aprovechar la ocasión para hacer un planteamiento respecto de la etapa previa que debe seguir una persona para obtener la herencia. Me refiero a la posesión efectiva, donde hay un problema también importante para la gente más modesta: su tramitación la obliga a recurrir a las corporaciones de asistencia judicial.

En verdad, del análisis y de los antecedentes obtenidos de estas corporaciones, se advierte que ahí hay una deficiencia muy grande en la tramitación de este tipo de causas. Muchas personas de origen modesto, que heredan un bien generalmente se trata de una propiedad que no tiene un valor muy alto en el mercado, se ven enfrentadas a un trámite de dos, tres y hasta cuatro años para obtener la posesión efectiva, porque las corporaciones de asistencia judicial van cambiando los tramitadores de las causas, quienes, generalmente, son estudiantes de las distintas escuelas de Derecho.

Por eso quiero dejar planteado que, tal como hoy estamos unánimemente tratando este tema, con prontitud también se asuma un proyecto presentado a la Ministra de Justicia, que apunta básicamente a mejorar la atención en las corporaciones de asistencia judicial e, incluso, incorporar abogados particulares para que la asistencia legal a las personas más pobres del país pueda hacerse en forma más rápida.

Con estas dos iniciativas no sólo ganaremos en rapidez, sino que también bajaremos los costos, a fin de que las personas puedan usufructuar como corresponde de los bienes que heredan. Es cuanto quería agregar.

Con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Coloma.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, no reiteraré las felicitaciones al autor del proyecto, que, obviamente, las merece, sino que me referiré a algo que podría constituir un vacío en la aplicación de esta norma tan novedosa que se ha incorporado al Código Civil.

Básicamente, ella busca agilizar y abaratar un tipo de partición que suele ser compleja y que entraba todo el proceso de propiedad. En ese sentido, el beneficio limitado a las 50 unidades tributarias, debe ir acompañado con la especificación de qué ocurre cuando el inventario en un momento determinado, por razones varias, se amplía.

Es nuestra responsabilidad, como legisladores, considerar y prevenir lo que ocurre en ese evento.

Al respecto, quisiera prevenir las siguientes situaciones.

Establecido el inventario a 50 unidades tributarias anuales, con posterioridad podrían aparecer otros bienes que, en su conjunto, harían aumentar la masa, lo cual, obviamente, también podría hacer variar el sistema que se está autorizando para la partición.

También podría ocurrir el empleo de la mala fe, porque si hay una partición que asume 60, 70 u 80 unidades tributarias anuales, puede establecerse un inventario por una cantidad menor tramitado en forma ágil, para luego ampliar maliciosamente. Todo esto puede dar origen a un sistema que generará conflictos nuevos que no están previstos en el articulado.

Por lo tanto, quiero hacer presente, tal como se lo planteé al autor del proyecto, Diputado señor Gajardo, la necesidad de consignar una mención específica de lo que ocurre cuando se produzcan ampliaciones de inventarios, y por esa vía suba la masa de bienes a una cantidad superior a 50 unidades tributarias anuales, por el tipo de tramitación que se va a seguir.

He dicho.

1.De los señores Errázuriz, Gajardo y Ceroni para sustituir el inciso sexto que se propone agregar al artículo 1325 del Código Civil, por el siguiente:

“Sin embargo, cuando la cuantía de los bienes que componen la herencia, incluyendo los bienes familiares a que se refiere el párrafo 2o del título VI del Libro 1 del Código Civil, no exceda de cincuenta unidades tributarias anuales, la partición será practicada por el secretario del tribunal que concedió la posesión efectiva de la herencia, si es abogado, o por el juez en caso contrario.”

2.Del señor Ulloa para reemplazar en el inciso sexto que se propone, la forma verbal “será” por las palabras “podrá ser”.

3.Del señor Orpis para consultar la siguiente frase final para el inciso sexto propuesto:"O por el juez de policía local letrado correspondiente al domicilio del causante".

4.Del señor Fuentealba para agregar en el inciso primero del artículo 645 propuesto, sustituyendo el punto final (.) por una coma (,) lo siguiente: “y en un plazo no superior a 180 días”.

5.Del señor Urrutia para eliminar el inciso final propuesto para el artículo 645.

6.Del señor Fuentealba para agregar la siguiente frase al inciso final del artículo 645, sustituyendo el punto (.) por una coma (,): “sin perjuicio del recurso de revisión ante el juez correspondiente.”

7.De los señores León y Makluf para agregar el siguiente inciso final al artículo 645 propuesto: "Las inscripciones y subinscripciones que sean necesarias en estos trámites, serán gratuitas en los Conservadores de Bienes Raíces respectivos."

8.De los señores Elgueta y Gajardo para consultar el siguiente inciso final al citado artículo 645 propuesto: "Se aplicarán en lo pertinente lo dispuesto en el artículo 37 de la ley N° 16.271."