Labor Parlamentaria

Informe de la Comisión Especial para el desarrollo social y la participación de Chile en la Cumbre Mundial

“Honorable Cámara:

La Comisión Especial para el Desarrollo Social y la participación de Chile en la Cumbre Mundial pasa a informar a la Sala cerca de la misión que la Corporación tuvo a bien encomendarle.

1. La convocatoria de la Asamblea General de las Naciones Unidas a la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social.

1.1.La iniciativa del Gobierno de Chile.

La decisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas de convocar una Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social responde a la iniciativa del Gobierno de Chile, planteada por el propio Presidente de la República en 1990 durante la intervención en el debate general del

periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. En efecto, el Presidente señor Patricio Aylwin, en ese entonces, identificó los problemas sociales como fuente principal de inestabilidad política, cuya persistencia pone en riesgo la paz y la seguridad en el mundo. Al mismo tiempo, señaló que Chile está haciendo un gran esfuerzo para eliminar la pobreza y se ha propuesto metas nacionales concretas de aquí al año 2.000.

Durante su 46° periodo ordinario de sesiones, en 1991, la Asamblea aprobó la resolución 46/139, mediante la cual solicitó del Secretario General llevar adelante un proceso de consultas que permita conocer la respuesta de la comunidad internacional para convocar a esta Cumbre Mundial.

En julio de 1992, teniendo en consideración el informe preparado por el Representante Especial designado por el Secretario General de Naciones Unidas para efectuar estas consultas, designación que recayó en la persona del Embajador de Chile, señor Juan Somavía, el Consejo Económico y Social resolvió aprobar la resolución E/1992/92, copatrocinada por ciento veintiún países, mediante la cual “recomienda a la Asamblea General que convoque á una Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo Social, en el nivel de jefes de Estado o de Gobierno, para principios de 1995”.

1.2.La Resolución A/47/92, en virtud de la cual la Asamblea General de las Naciones Unidas decide convocar a una Conferencia Mundial en la Cumbre sobre Desarrollo Social,en el nivel de Jefes de Estado o de Gobierno, para principios de 1995, en Dinamarca.

La decisión del Consejo Económico Social, a la que se sumó la valiosa declaración de apoyo de los Jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, formulada en enero de 1992 a favor de la Cumbre, así como otras manifestaciones de interés expresadas en distintos foros multilaterales, permitieron en definitiva que la Asamblea General aprobara, durante su período de sesiones, la resolución A/47/92, en virtud de la cual decide convocar a esta Conferencia Mundial, en el nivel de Jefes de Estado y de Gobierno, para principios de 1995, en Dinamarca.

1.3.Los objetivos de la Cumbre Mundial de Copenhague son, entre todos, los siguientes:

La resolución 47/92, de la Asamblea General, en su párrafo resolutivo quinto, define los

objetivos de la Conferencia Mundial de Copenhague, entre los que cabe destacar la necesidad de promover niveles de vida más elevados, trabajo para todos y condiciones de progreso y desarrollo económico y social, así como la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y sanitario, y de otros problemas conexos, prestando particular atención a los aspectos de desarrollo social.

1.4.Las cuestiones esenciales que afectan a todas las sociedades y que se han de tratar en la Cumbre serán:

Asimismo en el párrafo quinto aludido, se establece que las cuestiones que afectan a todas las sociedades y que han de tratarse en la Cumbre serán:

a)Fomentar la integración social, especialmente de los más marginados y desfavorecidos;

b)Mitigar y reducir la pobreza, y

c)Aumentar el empleo productivo.

La Asamblea General recomendó, además, que el Consejo Económico y social, en su serie de alto nivel de su periodo de sesiones sustantivo de 1993, examinara el tema “Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social”.

1.5.Actividades del Comités Preparatorio, la participación de dos miembros de la Comisión en la segunda sesión de la misma y la intención de la Comisión de participar en la tercera, a través de otros integrantes similares.Ci.

La preparación y la organización de los trabajos de la Conferencia, según la resolución mencionada, se encuentra a cargo de un comité ad hoc, abierto a la participación de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas y de los organismos especializados, además de observadores, de ¿cuerdo con la práctica establecida por la Asamblea General.

El comité preparatorio celebró su primer período de sesiones organizativo entre el 12 y el 16 de abril de 1993, al que asistió, en representación de nuestro país, el ex Subsecretario de Planificación y Cooperación, señor Alvaro García. Por su parte, el representante permanente de Chile ante Naciones Unidas, Embajador Juan Somavía, fue electo por aclamación como Presidente del comité preparatorio de la Conferencia. En esa oportunidad, el comité fijo las fechas de la Cumbre para los días 11 y 12 de marzo de 1995, en Copenhague, Dinamarca. Será precedida de una reunión de representantes personales de los Jefes de Estado y de Gobierno, a contar del día 6 de ese mes. Igualmente, se determinó que las tres sesiones del comité preparatorio se llevarán a efecto en las siguientes fechas:

Del 31 de enero al 11 de febrero de 1994,

Del 22 de agosto al 2 de septiembre de 1994, y

Del 16 al 27 de enero de 1995.-

Todas llevarán a efecto en la ciudad de Nueva York

De esta sesiones deberían emerger dos instrumentos básicos:

1.Una declaración política que destaque la necesidad de otorgar una alta prioridad política al desarrollo social, como fundamento de mayor paz y seguridad en el mundo, y

2.Un plan de acción, el cual determine los sectores prioritarios en el desarrollo social y las medidas concretas que se pondrán en marcha en un plazo dado.

La mesa del comité preparatorio está integrada por diez miembros, dos por cada grupo regional. Además, Dinamarca forma parte de ella por derecho propio, por el hecho de ser sede de la Cumbre.

El proceso preparatorio de la Cumbre debe servir como factor de movilización para toda una gama de medidas en 1 esfera social en los niveles local, nacional e internacional. Además, la Cumbre no debe considerarse como un fin, sino como el comienzo de un proceso que debe rendir beneficios prácticos en cuanto a conceder mayor prioridad al aspecto social del desarrollo y a dar nueva forma a las políticas nacionales e internacionales, a la luz de las nuevas prioridades.

Debido al momento en que se celebra y a las cuestiones de que trata, la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social será un hito en la búsqueda de un mundo más pacifico, próspero y equitativo. Es importante que, desde el principio del proceso preparatorio, se establezcan objetivos ambiciosos para la Cumbre. Esta debe dejar una huella sobre la adopción de políticas sociales y sobre la cooperación internacional para el desarrollo social, comparables, en cierto modo, a la que dejó la Carta del Atlántico, que en 1941 sentó las bases de la cooperación internacional en las esferas económica y social por el conducto del sistema de las Naciones Unidas en el mundo de la posguerra.

La participación de nuestro país en los trabajos preparatorios de la Cumbre Social está centralizada en un grupo interministerial ad hoc, bajo la coordinación del Ministerio de Planificación y Cooperación, encargado de definir las propuestas de Chile para la agenda que considerará la Cumbre de Dinamarca.

El objetivo de nuestro país es impulsar acciones en el nivel bilateral para lograr que la mayor cantidad de Jefes de Estado y de Gobierno de los diversos continentes concurran al encuentro de ’ Copenhague. En especial, el propósito es asegurar la concurrencia de aquellos mandatarios que, por su peso político e influencia, determinarán la trascendencia y proyección de los acuerdos que adopte la Cumbre. En este contexto, el accionar de Chile debe estar orientado a lo siguiente:

1.Gestar un amplio consenso nacional en tomo a los objetivos y proyecciones de la Cumbre;

2.Movilizar a la sociedad civil en el nivel internacional;

3.Impulsar el interés de los medios de comunicación en los niveles nacional e internacional, y

4.Dar sustento a los fundamentos analíticos y políticos de la Declaración del Plan de Acción que emerja de la Cumbre.

2. Competencia de la Comisión, al tenor de los acuerdos de la H. Cámara que ordenaron su creación.

En la sesión décima de la legislatura extraordinaria, celebrada el día 12 de abril de 1994, se presentaron dos proyectos de acuerdo del siguiente tenor:

Proyecto de acuerdo N°7.

De la Cámara de Diputados a S.E: el Presidente de la República:

Considerando:

Que en marzo de 1995 se llevará a efecto la Cumbre Mundial para el desarrollo Social en Copenhague, propuesta por el Presidente señor Patricio Aylwin ante la Asamblea General de las Naciones Unidas el 28 de septiembre de 1990 y en la cual corresponde a Chile un papel protagónico, como que ha sido designado, por otra parte, el Embajador de Chile ante las Naciones Unidas, señor Juan Somavía, Presidente de la Comisión Preparatoria.

Que en una reciente visita a Chile, el señor Somavía se reunió con el Presidente de la Cámara de Diputados, para intercambiar ideas sobre el apoyo que se dará a la Cumbre Mundial, a la cual visualiza como una tarea nacional, que envuelve al país, a los partidos políticos, los empresarios, las iglesias y las organizaciones no gubernamentales.

Que Chile ocupa hoy en el mundo un espacio de reconocimiento por su experiencia pionera en la lucha contra la pobreza; que por ser un país inestable, “tenemos una contribución que hacer al mundo como país” y que, por ello, el llamado de Chile a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social fue escuchado por todos los países del mundo.

Qué la Cámara de Diputados, en el mes de enero apoyó la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social e instó al Presidente de la República y al Congreso Nacional a apoyar dicha Cumbre.

La Cámara de Diputados acuerda solicitar a V.E: la participación de Diputados de las distintas Bancadas en los preparativos de ponencias que, como Gobierno de Chile, se considere presentar ante las Naciones Unidas.

Que la Cámara de Diputados establezca, a través de su Presidente, un mecanismo para que los Diputados tengan la oportunidad de proponer una potencia propia a la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, “que represente los problemas y soluciones a la pobreza que cada uno conoce de la experiencia de su contacto permanente con las personas más pobres de los sectores que representamos”.

2.1 Proyecto de Acuerdo número 8, adoptado en sesión de 7 de junio de 1994, que encomendó a esta Comisión Especial los siguientes trabajos:

“Considerando:

Que la intervención del Presidente Patricio Aylwin, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 1990, dio comienzo a una nueva forma de participación de Chile en el escenarilj de las Naciones Unidas, con el fin de hacer de la lucha contra la pobreza un instrumento de la paz mundial.

Que la visita del Secretario General de las Naciones Unidas señor Boutros Ghali, constituye un signo de compromiso especial de nuestro país para participar activamente en este proceso de carácter mundial.

Que el Parlamento no puede mirar con indiferencia el esfuerzo que Chile y las Naciones Unidas están realizando para la celebración de la Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, la cual representa una oportunidad única para que todo el sistema de la Naciones Unidas se coordine eficazmente y articule su acción de manera integrada, para ponerse al servicio de las necesidades de la gente.

Que este constituye un imperativo ético, pues hemos llegado a un nivel de crecimiento y desarrollo económico en que las deudas sociales deben saldarse como un paso previo para convertirnos en un país verdaderamente desarrollado.

Que este proceso es también una necesidad económica, porque, para seguir el camino de los equilibrios macroeconomicos, la estabilidad y la modernización, requerimos cambios sociales significativos.

Que es un mandato político, ya que hay requerimientos dramáticos de conducción política yt. de legislación oportuna, pues los niños, los jóvenes, las mujeres jefas de hogar, los pensionados y muchos otros más están comenzando a demostrar su impaciencia justa y la democracia en su consolidación, requiere fundamentalmente de estabilidad social.

Que la pobreza es una enfermedad que se cura con la valentía y coraje de impulsar cambios culturales, sociales, económicos y políticos, fijando prioridades diferentes de las del pasado.

La Cámara de Diputados acuerda crear una Comisión Especial denominada “Comisión Especial para el Desarrollo Social y la participación de Chile en la Cumbre Mundial”, que acometa los siguientes trabajos:

a)Procesamiento del material producido por la Comisión Especial de Pobreza, que sesionó en la legislatura anterior.

b)Generación de nuevas mociones parlamentarias tendentes a favorecer y facilitar metodologías integradoras en la aplicación de las políticas sociales, en la lucha contra la pobreza y la miseria en las diferentes comunas y localidades de nuestro país.

c)Análisis y fiscalización, en el terreno, de las políticas sociales gubernamentales aplicadas en las localidades de extrema pobreza.

d)Reestudio de la forma de ayudar y favorecer, aprovechando nuestras varias experiencias, la cooperación técnica de Chile con otros países de América Latina, en el marco de la reforma social propiciada por la Cumbre.

e)Establecimiento de la participación de la Cámara de Diputados, mediante representantes en la Comisión Especial sobre Pobreza y Preparatoria de la Cumbre, que funcionará para estos efectos y que ha sido constituida por el Gobierno.

Esta Comisión, dentro del plazo de seis meses, prorrogables, emitiría un informe definitivo a la Cámara de Diputados.

Esta Comisión se constituirá en conformidad con el artículo 213 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados.”

3.El trabajo desarrollado por esta Comisión Especial.

3.1.Constitución de la Comisión.

Reglamentariamente, la Comisión se constituyó el día miércoles 15 de junio de 1994 y eligió como su Presidente al Diputado al señor Ignacio Balbontín Arteaga. Fue integrada por las Diputadas señoras María Angélica Cristi, Fanny Pollarolo Villa y Romy Rebolledo Leyton, y por los Diputados señores Andrés Allamand Zavala, Sergio Correa de la Cerda, Carlos Dupré Silva, José García Ruminot, José Makluf Campos, Juan Masferrer Pellizzari, Jaime Naranjo Ortiz, Vicente Sota Barros y Héctor Zambrano Opazo.

Con posterioridad, el honorable Diputado señor Vicente Sota Barros fue reemplazado por la honorable Diputada doña María Antonieta Saa Díaz y por la sesión 19a, el señor León, don Roberto, reemplazó al señor Dupré.

En el cumplimiento de la misión que le fue encomendada, la Comisión celebró dos audiencias públicas un seminario de trabajo intemo y 19 sesiones, con un total de treinta y cuatro horas y cincuenta y cinco minutos de duración.

3.2.El Gobierno formó una Comisión especial Asesora para la Cumbre Social. A través de ella, los miembros de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados han participado en diversas actividades conjuntas con el Gobierno de Chile y en organismos de la sociedad civil organizados para ese objeto.

I 3.3 Por medio de esta Comisión, se discutió y analizó extensamente el material elaborado por la Comisión Especial de Pobreza desde 1990 a 1994, lo que estableció la base de su discusión posterior. Por lo tanto, se destacaron los problemas metodológicos más importantes que podrían orientar el trabajo.

3.4 Por su intermedio, se estudiaron y debatieron las consideraciones y propuestas que sobre el tema proporcionaron en su seno los expertos y las personalidades más relevantes que fueron invitadas especialmente para informar sobre la materia. Estas personalidades fueron las siguientes:

El Ministro de Relaciones Exteriores de Chile señor Carlos Figueroa Serrano.

El Ministro de Planificación y Cooperación señor Luis Maira Aguirre.

El ex Ministro de Estado y actual Ministro de Educación señor Sergio Molina Silva.

El ex Presidente de la República de Chile, autor de la iniciativa de la Cumbre Mundial y Presidente del Foro Latinoamericano señor Patricio Aylwin Azocar.

El Presidente del Consejo Nacional de superación de la Pobreza señor Alberto Etchegáray Aubry.

El Embajador de Chile ante las Naciones Unidas y Coordinador Representante Especial del j secretario General de la Cumbre Mundial de desarrollo Social Juan Somavía Altamirano. ' El representante del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo señor Luis Thais.

El representante del Secretario Ejecutivo de la CEPAL señor Rolando Franco.

La Vicepresidenta de la Asociación de Organizaciones no Gubernamentales señora Mónica ,j Jiménez.

El Presidente de la Alianza de la Gente para el Desarrollo social señor Gonzalo de la Maza, "í El Subdirector de Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores, señor Pedro Oyarce.

El asesor de política Multilateral señor Carlos Parker.

El Jefe de la División de Planificación, Estudio e Inversiones del Ministerio de Planificación ;y Cooperación, señor Reinaldo Ruiz.

El Jefe i la división Social de MIDEPLAN señor Juan Cavada. ,

El Jefe de División Jurídica de MIDEPLAN señor Alfonso Lazo, y El Director Social de MIDEPLAN señor Gustavo Jiménez;

Se solicitó también la presencia de doña Patricia Matte, don Gonzalo Vial, don Crisdán Larroulet, doña Luisa de Vial y otras personalidades, quienes, por diversas razones justificadas no pudieron concurrir a la Comisión y tampoco enviaron un documento que contuviera sus planteamientos.

Reunión en la Academia Andrés Bello.

A raíz de un acuerdo adoptado por la comisión, en el sentido de realizar una sesión con los señoras Ministros de Relaciones Exteriores y de Planificación y cooperación, el día 4 de julio de 1994, se efectuó, en la Academia Andrés Bello, del Ministerio de Relaciones Exteriores, una reunión de la comisión y los Ministros de Relaciones Exteriores, señor Carlos Figueroa; Serrano, y de Planificación y cooperación, señor Luis Maira Aguirre.

En esta ocasión, el señor Ministro de Relaciones Exteriores, señor Carlos Figueroa Serrano, j expresó lo que sigue.

Constituye para mí un motivo de especial satisfacción tener la oportunidad de reunirme con los señores Diputados integrantes de la Comisión especial de la Honorable Cámara de Diputados para la Cumbre Social, con objeto de referirme a los planteamientos del Supremo Gobierno en relación con los fundamentos que inspiraron nuestra iniciativa, con su gestación y con su convocatoria. Abordaré, además, algunos aspectos de su contenido y de sus proyecciones en el campo Internacional, y su valor como instrumento de una política exterior del Estado, en el marco de un accionar que hemos definido como “diplomacia para el desarrollo. Política Exterior y Cumbre Social

La humanidad está experimentando una fase de profundos y trascendentales cambios, cuya f dinámica comienza a perfilarse en la conformación de un nuevo orden, donde parece superada í la lógica de la confrontación este-oeste, que de modo tan determinante marcó la fisonomía de la posguerra. La conciencia de la humanidad está hoy orientada a la búsqueda de modelos que permitan aliviar el subdesarrollado social y la pobreza. No se trata, por ciento, de problemas, antiguos, que eso sí, tienden a agravarse y a acentuarse de modo alarmante. Ellos afectan a todas las naciones, aunque, indudablemente, con diferentes grados de intensidad político- institucional.

De este modo, es posible afirmar que el subdesarrollo y la pobreza han dejado de ser problemas que afectan sólo a los países menos desarrollados. Constituyen hoy temas de dimensión global, en cuya resolución la comunidad internacional debe actuar conjuntamente, asumiendo cada cual su cuota de responsabilidad. Todos los diagnósticos acerca de las implicaciones derivadas de la extensión y profundización del hecho del subdesarrollado social coinciden en caracterizarlo como la más grave amenaza a la paz y a la estabilidad.

Un Escenario Internacional que Requiere de Acuerdos Sociales.

Es fácil advertir el predominio de un clima de crecientes tensiones sociales. Estas, si bien adquieren mayor dramatismo en el sur, también se presentan en el norte. El surgimiento de fenómenos xenófobos, el ultranacionalismo, las propuestas autoritarias, la crisis del empleo son hechos indicativos de que el crecimiento sin oportunidades ni equidad conduce a tensiones sociales aun en sociedades desarrolladas.

La confrontación ideológica ha sido sustituida por lo que algunos autores, como Samuel Huntington, denominan conflictos de civilizaciones o lo que otros, como Robert Kaplan, llaman la crisis del deterioro de las condiciones económicas, sociales e incluso ecológicas. La realidad actual muestra crecientes disparidades de ingreso y de oportunidades, casos de corrupción, acentuación de los niveles de desempleo, intolerancia étnico-religiosa, en suma, un cuadro de desintegración social.

Desde esta perspectiva, la Cumbre sobre el Desarrollo Social se constituye en una necesidad política. La conformación de un consenso sobre la valorización de la democracia como forma de organización social del mercado como mecanismo prioritario aunque no único para la asignación de recursos, requiere para, que exista estabilidad, de un consenso social. Como lo ha señalado el Presidente de la República, los sistemas políticos abiertos y representativos, las economías de mercado y el desarrollo sustentable deben ser complementados con un acuerdo en lo social. Para avanzar en este orden, es indispensable conceder al concepto de seguridad, una dimensión humana y basar la búsqueda de la paz y de la seguridad una dimensión humana 'Hy basar la búsqueda de la paz y de la seguridad sobre el fundamento de Naciones Unidas. Es necesario interpretar este mandato no sólo como la seguridad del Estado y la paz entre los Estados, sino que también deben tenerse en cuenta los factores expuestos como variables que involucran directamente a la persona humana. Ello conduce al reconocimiento colectivo de que la solución de los problemas sociales y sus potenciales conflictos deben transformarse en una prioridad política de la comunidad internacional.

El Compromiso del Sistema Internacional.

Existe una tendencia a percibir la creación del empleo, la supresión de la pobreza y el fomento de la integración social -los tres temas ejes de la Cumbre- como materias sólo de responsabilidad nacional. Ese enfoque obedece, fundamentalmente, a dos factores:

1. Al debilitamiento o a la crisis de los enfoques tradicionales de cooperación internacional, y

2. A que normalmente se procura involucrar a la comunidad internacional en iniciativas de cooperación vinculando la promoción del desarrollo social a la existencia de un ambiente, internacional favorable.

Esa argumentación conduce inevitablemente a la dialéctica norte-sur, surgiendo, entre otros, | temas como el proteccionismo y la evolución de los términos del intercambio, los cuales, a 1 pesar de su relevancia, difícilmente favorecerán áreas consensuales.

El compromiso político de la comunidad internacional con la creación de mecanismos y de I políticas que estimulen el desarrollo social debe analizarse considerando las consecuencias 1 transnacionales que tiene este fenómeno, el cual genera desplazamientos de población, corrientes migratorias, refugiados, enfermedades, tráfico de drogas, terrorismo y diversas formas de | fanatismo, indicativas de una crisis social que toma vulnerable la paz entre las naciones. No cabe duda de que ni Naciones Unidas ni una declaración política de Jefes de Estado f pueden aspirar a sustituir las responsabilidades de los gobiernos nacionales en la instrumentación de políticas que promuevan el desarrollo social. La diversidad es tal, que no es viable f utilizar modelos de validez universal. Por tanto, éste no puede ni debe ser el objetivo de \ Cumbre. Ella debe estar orientada a obtener un compromiso político en tomo a ciertos valores compartidos, que contribuyan a la definición de estrategias de desarrollo social en el nivel gubernamental. En este marco, cabría reflexionar sobre algunos de los resultados que podrían surgir de Copenhague.

1.La comunidad internacional tiene una oportunidad para expresar su compromiso político j con la erradicación de la pobreza en el mundo (alrededor de 500 millones de personas) en un plazo que cada país defina conforme a sus propias realidades.

2.La Cumbre ofrece un espacio para elevar la importancia política de los temas sociales, lo j que podría expresarse en una “carta de desarrollo social”, cuyo proceso de elaboración fuera decidido por los Jefes de Estado. Ese documento podría contener principios y responsabilidades. Cabe hacer notar que en otras conferencias, concretamente en el contexto de la OIT, de alguna manera se ha avanzado en esta línea.

3 Acordar un plan de acción cuyo contenido permita a los gobiernos diseñar y poner en práctica políticas de desarrollo social conforme a ciertos criterios básicos, uno de los cuales es el enfoque integrado del desarrollo. Es decir, las políticas económicas y sociales forman parte de una concepción interdependiente. En consecuencia, el plan de acción debería enfatizar los capítulos que generen beneficios en ambos ámbitos, dando preferencia a los sectores de la educación, la atención primaria en salud, la capacitación técnico- profesional, el “status” de la mujer y la equidad de género y el apoyo a la pequeña empresa.

En síntesis, el plan de acción aspiraría a poner a disposición de los Estados el conjunto de opciones políticas frente a las cuales los gobiernos deberían asumir algún nivel de compromiso para elaborar planes nacionales de desarrollo basándose en las opciones recomendadas en el ’ plan de acción.

4.En este nivel, el papel de Naciones Unidas de apoyo técnico a los países en la elaboración de sus estrategias nacionales adquiere un contenido particular. Las agencias del sistema trabajarían más coordinadamente, lo que favorecería su influencia en la búsqueda de un mecanismo de cooperación técnica en el ámbito del desarrollo nacional que involucre de manera efectiva y coordinada a los organismos e instituciones de Naciones Unidas.

5.Uno de los aspectos más complejos en el análisis de las proyecciones de la Cumbre, es el de buscar formas innovadoras de maximizar los recursos para satisfacer las necesidades sociales. En el ámbito nacional, es necesario plantear la reasignación de prioridades presupuestarias, revisar el nivel y la base impositivos, reducir la evasión tributaria, mejorar la distribución de los ingresos, abrir vías para la contribución del sector privado, así como extender el acceso al crédito a las pequeñas y medianas empresas.

En el nivel internacional, es conveniente considerar el cambio de las prioridades y de los criterios de medición de los programas de las instituciones financieras, adoptar formas alternativas de cooperación internacional y establecer gravámenes a las transacciones cambiarías de carácter especulativo. Pero, quizás una de las fórmulas de mayor efecto sería la combinación de los esfuerzos nacionales con los internacionales y la adopción de los criterios propuestos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “PNUD”, y UNICEF.

Trabajo Preparatorio.

Actualmente, el comité preparatorio está negociando una declaración política que refleje las orientaciones expuestas, tendentes a obtener una voluntad expresa de los Estados miembros, dirigida a colocar el tema social en la actividad programática y operativa del sistema de Naciones Unidas. En ese camino, conviene otorgar prioridad a consensos básicos que le concedan a ese compromiso una legitimidad universal. El plan de acción tiene un objetivo central: proporcionar continuidad y proyección práctica a la voluntad expresada en la declaración política. Al mismo tiempo, debe constituirse en motor de una nueva forma de cooperación donde el concepto de responsabilidad compartida le conceda una fisonomía propia.

Por nuestra parte, hemos constituido la Comisión Asesora para la Cumbre de Desarrollo Social. Dicha comisión se propone formular las propuestas chilenas para la conferencia y, al mismo tiempo, contribuir a elevar el nivel de prioridad política de la problemática social.

Proyecciones.

Finalmente, cabe señalar que la perspectiva de que la comunidad internacional encare el problema social provoca escepticismo en vastos círculos. Sabemos que es una tarea* ambiciosa, se irá concretando gradualmente. Es válida la información según la cual la Cumbre representa una promisoria perspectiva. Dicha aseveración se funda en el hecho que su convocatoria haya W sido copatrocinada por más de 122 Estados, en el apoyo que le brindaron los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, el grupo de Río de Janeiro, la Organización de Estados Americanos (OEA), la organización de Estados Africanos (OUA), las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno, el Movimiento de No Alineados (NOAL), el Grupo de los Quince, la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), entre otros, y numerosos gobiernos, entidades privadas y, quizás lo más relevante, la decidida adhesión que la Cumbre Social está encontrando en el ámbito de la sociedad civil.

Desearía concluir estas reflexiones haciendo una referencia al párrafo 22 del proyecto de declaración política en el cual los Jefes de Estado y de Gobierno solicitan de los actores sociales y, concretamente, de quienes tiene un papel político y administrativo en la organización ciudadana, de ustedes, los parlamentarios elegidos por regiones y comunidades rurales, que respalden este proceso, que aspira al bienestar individual y al funcionamiento eficiente de la sociedad.

Por su parte, el Ministro de Planificación y Cooperación, señor Luis Maira Aguirre señaló 1 que la Cumbre Mundial de Copenhague tiene tres propósitos fundamentales:

1.Afianzar el carácter consecuente del país convocante y llegar con autoría moral en materias de políticas y de programas para erradicar la pobreza;

2.Ofrecer una oportunidad de participación a las múltiples iniciativas de la sociedad civil, 4 como son las organizaciones no gubernamentales, las iglesias, los sindicatos, las organizaciones de base, para que, a través de canales apropiados, se recojan sus inquietudes y i proposiciones concretas, y

3. Dotar de contenido sustantivo a la propuesta chilena y reforzarla para que pueda integrarse en los documentos preparatorios de la Cumbre.

Dijo que en estos tres objetivos se enmarca el cometido del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza, en que se persigue conformar un gran acuerdo nacional para superar la extrema pobreza hacia el año 2000, con metas que deberán cumplir tanto en el sector público como el privado. Un millón cien mil personas que se encuentran en situación de extrema pobreza, lo que representa un diez por ciento de la población.

Respecto a la situación de América Latina, sostuvo que se advierte la búsqueda de un crecimiento estable, sostenido y dinámico, con profunda preocupación por la sustentación ambiental y por superar la pobreza, la que aparece como el flagelo del continente latinoamericano.

Afirmó, en lo que se dice relaciono a las perspectivas de nuestro país, que existe un desarrollo acumulado en forma creciente en los últimos diez años y que las proyecciones son del orden del cuatro, cinco o seis por ciento, lo que permite vislumbrar un ciclo extremadamente favorable en materias de crecimiento económico.

En dicho contexto, Chile se encuentra en inmejorables condiciones para asumir los problemas de distribución del ingreso.

Indicó que para ello hay motivaciones políticas, morales y sociales y que resulta agresivo para la convivencia nacional la existencia de un nueve por ciento de indígenas y de un treinta y dos coma siete por ciento de la población en situación de pobreza. Existen también, motivaciones económicas, porque, en la actualidad, no sólo compiten los países sino las empresas.

Describió brevemente las políticas y los planes concretos que el país deberá emprender para materializar los anhelos antedichos, y que inciden en los siguientes aspectos:

1.Comprometer a la totalidad del sector público, y no solamente a los ministerios del área social, examinando la labor de cada uno de ellos, verificando ordenar los recursos de* modo práctico.

2.Contar con la participación del sector privado en proyectos específicos y comprobar la actividad que desarrolla en materia asistencial, a través del Consejo Nacional para la Superación de la Pobreza.

El programa nacional comprenderá trece proyectos específicos, de acuerdo con las características de las regiones, los que estarán contenidos en mapas regionales de pobreza actualizados al 30 de junio de 1994. Lo anterior se justifica porque la pobreza no es una sola, sino que es distinta en cada una de las ciudades del país.

4.Introducción de un elemento participativo, que es la sociedad civil, ya que hay que entender que existen muchas instituciones que trabajan en ella, como lo son las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, las iglesias, etcétera, y

5.Incorporación del elemento productivo, que dice relaciono a la forma en que un millón de personas salió de la pobreza a través de su empleo en actividades productivas.

Sostuvo que las microempresa son actores decisivos en este punto y que se puede llegar a ellas con facilidad para que accedan a créditos y a recursos para desarrollar sus actividades.

Anunció que el gobierno se encuentra preparando un conjunto de medidas legislativas destinadas a desburocratizar el sistema de otorgamiento de subsidios.

Se refirió al envejecimiento de algunas actividades económicas, tales como el carbón, una parte de la industria textil, la agricultura tradicional, sobre todo la relacionada con el secano en diversas zonas del país, en las cuales se deben enfrentar desafíos de reconversión productiva. Informó que se requiere de un presupuesto de trescientos millones de dólares para el desarrollo social y que más de un tercio del gasto social para 1994, que alcanza a quinientos millones de pesos se asignará a proyectos prioritarios y de alto impacto en la pobreza.

Explicó que las medidas para superar la pobreza deben enfocarse a través de un criterio de doble focalización.

a)Focalización territorial, que consiste en concentrar- más recursos en localidades y zonas atrasadas, que hayan sido abandonadas por el Estado y por los particulares, con el pro-

(P pósito de equiparar sus condiciones productivas.

Se tarta de elegir cincuenta o más comunas prioritarias a lo largo del país, sobre la base de dos criterios: en cada región se establecerán una o más comunas prioritarias y, a la vez, se hará un esfuerzo de coordinación en un grupo de cinco comunas que correspondan a cinco tipos de pobreza;

b)Establecimiento de grupos sociales prioritarios, en los cuales se encuentren las mujeres jefas de hogar, infancia, localidades pobres urbanas o campamentos carentes de infraestructura básica, programas de asistencia estudiantil, focalizados, de atención primaria de salud, de apoyo a microempresas, de capacitación laboral, de desarrollo de la red básica comunal y de villorios rurales e infraestructura rural, de fortalecimiento de la gestión municipal y fomento de las organizaciones y de su participación y de la existencia de políticas especiales para áreas de desarrollo indígena, y

c)Revisión de los instrumentos de medición de la pobreza, como son las encuestas CAS y CASSEN, las cuales son imperfectas.

Finalmente, enumeró los cinco tipos de pobreza prioritaria, que son:

1.Pobreza rural pecuaria (productores de ganado caprino de la Cuarta Región).

2.Comunas agrícolas del secano costero (Sexta y Séptima Regiones).

3. Comunidades pobres del mundo mapuche en la (Novena Región. Curacautín, Lonquimay, Victoria y Ercilla).

4.Comunas con localidades pobres de la zona del carbón (Arauco, Lebu, Curanilahue, Contulmo, Los Alamos y Tirúa), y

5.Pobreza urbana de la Región Metropolitana (La Pintana, Cerro Navia y otras).

El ex Presidente de la República, señor Patricio Aylwin Azocar, invitado en cumplimiento de un acuerdo de la Comisión, en razón de ser suya la iniciativa de convocar a una Conferencia Mundial de la Cumbre sobre Desarrollo Social, en el nivel de Jefes de Estado, expresó lo que se señala en seguida.

Ha sido motivo de preocupación para sus impulsores, el grado de compromiso de los distintos Estados con la Cumbre Mundial. En el comienzo, las naciones industrializadas no pusieron 

gran entusiasmo en el asunto, pero cada vez más se ha ido produciendo un compromiso de, participación. A la Cumbre concurrirán los Jefes de Estado de toda la Comunidad Económica Europea y el Presidente Clinton, pero no tiene confirmación de si concurrirá el Primer ministro* de Japón.

El comité preparatorio, que preside el Embajador de Chile ante las Naciones Unidas, señor; Juan Somavía, efectuó su primer período de sesiones entre el 31 de enero y el 11 de febrero pasado, celebraría su segundo período a partir del 22 de agosto y hasta el 2 de septiembre.

La propia Asamblea General acordó que la agenda comprendía tres temas:

1° Fomentar la Integración social, especialmente de los grupos más marginados y desfavorecidos. Aquí entra el tema de las mujeres, de los niños, de los ancianos, de las minorías étnicas y de los pobres, de lo que se considera el mundo marginal.

2° Mitigar y reducir la pobreza, y

3° Aumentar el empleo productivo.

Sobre la base de las conclusiones del primer período de sesiones del comité preparatorio, la-. Secretaría de la Cumbre Mundial elaboró un documento, que contiene el proyecto de declaración y el programa de acción, que será conocido en la sesión del comité preparatorio que se inicia el 22 de agosto de 1994. En su concepto, contiene una declaración de principios bastante completa, tal vez demasiado teórica, pero que, en todo caso, es un buen documento de declaración de principios, que entraña compromisos.

El proyecto del programa de acción, que tiene 220 acápites, señala todo lo que se puede hacer en esta materia. Pero, si no hay un orden de prioridades, si no se seleccionan algunos temas, evidentemente, se corre el riesgo de que sólo contenga bonitas palabras.

Sostuvo que tiene alguna experiencia sobre el particular, pues preside la Comisión Iberoamericana de América Latina y del Caribe, formada por iniciativa del Banco Interamericano de Desarrollo, de la CEPAL y del Programa para el Desarrollo de las naciones Unidas “PNUD”. Esa Comisión ha tenido una primera sesión, en que se ha distribuido el trabajo y se han fijado criterios, generales.

Manifestó que el aporte de esta Comisión tiene que patentizar la realidad iberoamericana. No es lo mismo la realidad de la marginalidad, de la extrema pobreza y del desempleo, por ejemplo, en gran parte de África que en nuestro mundo latinoamericano, como tampoco es igual en todos los países latinoamericanos.

Si se quiere llegar a un programa de acción realista y práctico, los distintos países debieran' sugerir y buscar criterios compartidos, tal vez por continentes o por países afines, sobre caminos prácticos de producción, susceptibles de explorarse y, sobre todo, de recibir información sobre experiencias ya realizadas.

El hecho de que haya experiencias, que han dado resultado positivo, y que exista un intercambio de esas experiencias, puede ser tremendamente útil para avanzar, especialmente, en los temas de la salud, de la educación, de la vivienda, que están vinculados al desarrollo social, y de la marginalidad en general.

Los países, los Estados, tienen algunas limitaciones en el planteamiento de sus demandas en esta materia o en el planteamiento de su posición. Por ejemplo, está el tema del aporte de los países ricos al desarrollo de los países pobres. La natural reivindicación sería pedir que subiera la contribución de los primeros, que es de un 0,7 por ciento, a un porcentaje más alto: pero plantear eso es hacer fracasar la Conferencia. No habrá acuerdo sobre eso. Los países ricos no está dispuestos a hacerlo en este momento.

En cambio, una reorientación del aporte de los países ricos al mundo pobre, encaminada fundamentalmente a lo social o a incrementar la cuota hacia lo social, es una idea que puede encontrar acogida.

El aporte de los países ricos al mundo en desarrollo está muy a menudo confiado a organismos técnicos de los países ricos. En el último informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “PNUD”, sobre Desarrollo Humano, se señala lo que se gasta en el pago de remuneraciones a funcionarios provenientes de los propios países cooperadores y en la burocracia internacional. Es una cifra tremendamente alta.

En los países en desarrollo, se cuenta con equipos técnicos y profesionales capaces de cumplir en mejor forma esa misión. Por ello, es posible obtener proyectos elaborados con criterios más modernos y eficientes para su realización y para la administración de los presupuestos.

Se plantean, asimismo, los llamados programas de cooperación horizontal. Chile los esta practicando con Centroamérica y cada día tienden a incrementarse. Son programas de cooperación en que los equipos humanos y técnicos los ponen países del mundo en desarrollo y el mandamiento lo aportan los países ricos.

Se trata de programas triangulares, en que el dinero lo coloca la Comunidad Económica Europea, Estados Unidos o el Banco Mundial, y los equipos humanos pertenecen a países en desarrollo. Por ejemplo, en Centroamérica hay varios programas, en materia de educación, de policía, de salud, con técnicos chilenos, realizados como cooperación del Gobierno chileno, pero Chile no pone el dinero, sino los equipos y los programas.

La intensificación de esta forma de cooperación podría ser una manera positiva de avanzar en estos temas.

Consultado sobre cómo se puede lograr que los países desarrollados cumplan el acuerdo de las Naciones Unidas relativo al aporte del cero punto siete por ciento, y de que dicho aporte sea destinado a los países más pobres, el señor Aylwin señaló que hay conciencia que deben cumplirlo. Por ejemplo, el informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, “PNUD”, parte del supuesto de que todos los países asuman realmente ese compromiso. Indudablemente, es una de las materias en las cuales se puede insistir en la Cumbre, así como también en lo referente a dónde van esos recursos. Ojalá que alcancen al porcentaje que se ha prometido aportar y que se orienten en buen sentido, porque, con muchos países, como, por una cooperación que, en verdad, no ayuda al desarrollo social.

Reiteró su criterio en orden a que no se trata de plantear esta Cumbre como una reivindicación de los pobres contra los ricos. Sin embargo, dijo, se puede demandar que los compromisos ya contraídos se cumplan y se reorienten. Para ello, existe buena disposición de la mayor parte de los miembros de la Comunidad Económica Europea, de Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y los países nórdicos.

Agregó que hay pobrezas que son tan extremas, que claman al mundo y que despiertan una solidaridad mucho mayor que otras. Por ese motivo, es bueno que los países en desarrollo entiendan que no sólo pueden ser beneficiarios, sino que también deben ser solidarios. Debe haber un compromiso de ayuda de parte del mundo en desarrollo.

En ese sentido, es imperiosamente importante desarrollar el tema de la cooperación horizontal, porque Chile no es un país que pueda disponer de grandes recursos para ayudar a Ruanda, pero una forma de aporte podría ser enviar técnicos o especialistas que ayuden en programas en mejor forma de lo que pudiera hacerlo un alemán, un francés, un inglés o un norteameríca , que vienen de realidades totalmente distintas.

Se le hizo presente que aquí no sólo se esta jugando un problema ético, moral, sino que un problema de seguridad para todos los países, porque en este mundo las crisis provocadas por la pobreza de los países pobres, indudablemente, inciden de manera directa, en forma muy concreta, en los países ricos. Por ello, se planteó de qué manera se podría poner más relieve en este aspecto, de qué manera se podría poner más relieve en este aspecto, de qué manera podría hacerse más conciencia, con más convicción y con más fuerza.

A continuación, se le consultó también acerca de la distribución de la riqueza. En la actualidad, hay conciencia de que el desarrollo de la economía ha sido capaz de dar verdadero vuelco j y de que esta creciendo en el mundo y también en Chile. Este crecimiento está siendo acompañado de aumento de la pobreza, lo que es una realidad, más allá de las diferencias entre un país y otro.

El señor AYLWIN expresó que no le cabe duda de que el mundo desarrollado está sintiendo que no puede escapar de los problemas del mundo pobre. Le llegan a través de las migraciones: y., los africanos, los habitantes de Europa Oriental, los turcos, que llegan a Alemania y a Francia.

En consecuencia, se producen problemas de desocupación, porque a los inmigrantes se les paga menos y desplazan de sus puestos a los oriundos del país. Surgen protestas sociales, el chovinismo y la reacción racial. Los europeos continentales están preocupados. Informó que conversó sobre el tema, en forma personal, con el Primer Ministro de Alemania, señor Kohl, y con la señora Simone Weil, Ministra encargada del tema en Francia, y pudo apreciar que están motivados, porque entienden que es responsabilidad de ellos ayudar para que esto no suceda.

Cuando se produjo el derrumbe del Muro de Berlín y el término de la Guerra Fría se abrigó la esperanza de un rápido desarme y de que los gastos militares descenderían. Después, han surgido otros tipos de problemas. Por ejemplo, está la situación de Yugoslavia. La gente comienza a ponerse más cauta. De hecho, los gastos militares han descendido enormemente en el mundo desarrollado. Tanto es así, que en ese informe aparecen las cifras que se han economizado. Sería considerable lo que se podría hacer si estos recursos se destinaron a bordar los problemas de la pobreza.

Debido a ello, estima que se debería proponer el compromiso de un programa mundial de reducción de los gastos de defensa, que le parece razonable, porque está en la lógica de las cosas.

En lo que dice relación a los países de Europa Occidental está preferentemente preocupada de los países de Europa Oriental. Recibirá inmigrantes en la medida en que esos países estén mal. De esos países vendrán las corrientes de personas a disputarles a sus naturales el mercado del trabajo.

Europa, entre venir a hacer inversiones a 20.000 kilómetros y hacerlas a 3.000 kilómetros, no tendría duda sobre dónde hacerlas. La realidad que se ha creado en Europa Oriental Constituye un motivo para pensar que América Latina puede ser postergada. Es un tema que está en todas las conversaciones nuestras con los europeos.

Los latinoamericanos tienen buenos aliados, pero no muy poderosos. Los españoles, por ejemplo, claramente tienen sus simpatías con nosotros. Pero los franceses tienen sus simpatías hacia África, porque hay un África de lengua francesa y se sienten muy interesados en resolver los problemas de estos países. Alemania, en cambio, que es el país limítrofe hacia el Oriente, tiene todos sus vecinos ahí. Alemania, actualmente, es la potencia más poderosa de Europa. Entonces, resulta ilusorio esperar que vengan grandes inversiones alemanas a Chile.

Finalizó expresando que, no obstante lo anterior, pueden lograrse buenos acuerdos en el tema del comercio exterior, porque la expansión de Europa hacia los países de Europa Oriental

no resuelve le abastecimiento de ciertos productos que allí no se producen o que se producen en épocas distintas. La fruta de esos países se da en la misma época que en Francia y Alemania. En cambio, la nuestra se produce en época distinta. Además, hay otros tipos de productos que son propios de nuestros países. En consecuencia, no se debe mirar este contexto con demasiado pesimismo.

El Presidente del Consejo para la Superación de la Pobreza, señor Alberto Etchegaray Aubry, agradeció a la Comisión la invitación cursada para participar en este importante debate. Informó que dicho organismo se creó por iniciativa presidencial y depende del Presidente de la República. Su característica fundamental consiste en convocar a toda la sociedad civil del país para enfrentar el tema del desafío de la pobreza. Con especial énfasis en la extrema pobreza.

Esta es una entidad pluralista, integrada por todas las personas u organismos que forman parte de la vida nacional, incluidos a los partidos políticos y representantes de todos los credos religiosos. Cuenta, además, con un comité técnico, que tiene a su cargo la parte operativa y en cual están representados todos los institutos del país que tienen relevancia en esta materia. *e vincula con el ejecutivo por intermedio de MIDEPLAN. Sus consejeros laboran ad hono- rem y cuenta con cuatro funcionarios remunerados. Su presupuesto ha sido asignado por MI- DEPLAN y es del orden de 50 millones de pesos para su operación total.

La lucha contra la pobreza cuenta con un altísimo consenso nacional. Las personas han expresado la voluntad de comprometerse en el más alto nivel, lo que es muy importante para el país y para lo Chile pueda proponer en la Cumbre Mundial. Siguiendo los planes de MIDE- PLAN, en lo referente a los problemas de la extrema pobreza, se han constituido subcomisiones, las cuales se encuentran trabajando para proporcionar las propuestas al Presidente de la República. Pero hay una muy específica, que se llama “El Mundo de los Pobres”, que tiene que ver más con los temas directamente vinculados a la cultura y a la situación general de la pobreza en Chile, para quitarle toda la carga negativa que dicha palabra conlleva, porque los pobres no quieren ser calificados de tales y los ricos no quieren que se les estigmatice como culpables o responsables de la pobreza de otros.

El problema de gran profundidad. Pero, por otra parte, se constata que el país cuenta con una gran reserva de solidaridad en todas las clases sociales, partiendo de los propios pobres, los cuales muestran una responsabilidad social extremadamente sensible. Sin embargo, tamil bien la gente de mayor nivel ha demostrado interés en participar. Así es como se ha conservado con los empresarios y profesionales de mayor éxito y todos están dispuestos a hacer un aporte. Ante ello, el desafío del consejo es decirles cómo efectuarlo. Por lo tanto, para ello se deben proporcionar propuestas muy concretas que lo permitan.

Para estos efectos, se están realizando estudios sectoriales, a fin de complementarlos con otros de MIDEPLAN, con la labor del estado, con las propuestas de la sociedad civil y con la de los consejos para que estos fines se han constituido en los a niveles regional y provincial. De esta forma, e espera comprometer a todos los sectores en esta gran tarea.

El aporte del consejo tiene que realizarse sobre la base de dos perspectivas. Primero, debe demostrar el resto de los países que, en un tema de esta magnitud, no sólo existe el compromiso del Estado, sino de toda la sociedad en forma muy amplia. Por ello Chile puede ser un modelo en esta materia, logrando la colaboración , no sólo en recursos monetarios, sino lo más importante, en recursos humanos. Y. segundo, el desafío es tratar de formular en el país, conjuntamente con el Gobierno y MIDEPLAN, un gran acuerdo nacional social antes de fines del presente año, que sea de tanta trascendencia como lo fuera el acuerdo nacional político, qué tuvo tanta importancia para la transición a la democracia.

De esta manera, debería transformarse la pobreza en un tema de desarrollo, de modernidad; del país y de solidaridad, ya que los pobres no pueden esperar”. Esta no puede continuar sien- do una frase, sino que tiene que transformarse en una realidad a favor de quienes la necesitan.

Hay pobres decentes y pobres miserables. Los pobres decentes quieren ser tratados con ,1 dignidad. Los pobres miserables están en la drogadicción, en el alcoholismo, en la delincuencia, y se han transformado en expertos para obtener del Estado el máximo de beneficios sin aportar nada, sin trabajar, consiguiendo subsidios etcétera. En lo que respecta a esta Comisión de la Cámara de Diputados, el consejo le prestará toda su colaboración, la mantendrá informada de los avances que se vayan logrando en todos los ámbitos y le proporcionará las propuestas que le competan. Tanto esta Comisión en particular como el Congreso Nacional en general deberán desempeñar un papel muy importante, en el sentido de promover iniciativas en el ámbito legal para superar la pobreza y lograr la efectividad de las leyes que se aprueben. Más que problemas legales, muchas veces los problemas son burocráticos administrativos. Se espera que el Parla® mentó preste una atención preferente a aquellos proyectos de ley que tengan que ver con el tema.

Por lo general, los pobres no se quejan por la falta de acceso a muchas cosas, sino por la forma como son tratados por la sociedad y, en particular, por los servidores públicos, en los niveles de salud, de educación, etcétera. Se puede dar el ejemplo de los discapacitados. Ellos, cada dos años, tienen que concurrir a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez “COMPIN” para que les sea renovada la credencial que acredita la discapacidad que les afecta. Un no evidente, aun cuando lo va a continuar siendo mientras viva, tiene que someterse a este sistema burocrático. Para solucionar detalles como éstos, es necesaria mayor conexión con todos los sectores ciudadanos. Ninguno debe quedar al margen de esta acción. El Parlamento, en especial la Cámara de Diputados, tiene el deber constitucional de velar por que todos los planes-y programas en que invierte el Estado sean cumplidos en su totalidad.

Otro problema de fondo es la educación. En ese campo está la máxima posibilidad de llegar a un Cuerdo nacional social, porque la gente que hoy dice “no más impuestos”, está dispuesta a pagarlos para la educación. Hoy está en riesgo el crecimiento del país, porque nada resultará si el país no crece. Se tiene que partir por hacer un esfuerzo nacional contra la desigualdad, porque la desigualdad es intolerable y golpea al país. Hay aquí razones éticas, sociales y eco-1 nómicas involucradas. Estadísticamente, en educación, Chile tiene la peor distribución del * 'i ingreso, junto con Brasil. El gasto de educación en Chile es la mitad del que tiene Costa Rica. México nos supera en el 150%.

Brasil tiene un índice menor del P.G.B: (producto geográfico bruto), pero con más alta in-versión en la educación. Ahí tenemos, entonces casos como el del señor Femando Léniz, quien dentro del consejo, dice que hay que subir tres veces el gasto en educación, decir, en mil quinientos millones de dólares anuales adicionales. El dato lo obtiene del señor Gonzalo Vial, que en sus colegios de Lo Barnechea gasta 22 mil pesos por alumno y en cambio, el Estado gasta 6.500 pesos, De esta manera, el señor Léniz multiplica por tres y llega a esta conclusión. En un consenso nacional, el gasto en educación, por lo menos, hay que duplicarlo, o sea, elevarlo en el orden de los 700 millones de dólares.

El señor Gustavo Jiménez (Director de la División Social de MIDEPLAN) dijo que, desde el punto de vista estadístico, Otile tiene 1 millón 200 mil personas indigentes y que existen políticas sociales dirigidas a esos sectores. Sin embargo, MIDEPLAN tiene sistemas de censo por medio de la ficha CAS. Así, por medio de un catastro en que más de mil organizaciones fueron encuestadas, ha logrado establecer que 300 de ellas se la distribuyen en asistencia médica,- social, de alimentación, de la vejez, etcétera.

A partir de dicho estudio, una de las grandes tareas es calificar cuál es la acción privada de los organismos que poseen una larga tradición histórica y que no conocen su propia realidad. Por ejemplo a la Iglesia Católica se le consultó, por medio de su Departamento de Acción Social, cuál era su política y cuáles eran los resultados de ella. Lo sorprendente es que, como no es una iglesia nacional, no sabe cuales son los resultados globales de su acción social, porque cada arzobispado y cada congregación actúa independientemente.

Se ha podido constatar la eficaz actuación de la iglesia en el campo social en todo el país, por regiones, áreas de interés sectorial, y orientar su acción para potenciarla por medio de una interrelación con el Estado, para ver si efectivamente ella está más cerca de la gente y en forma más ágil y descentralizada, de manera que pueda ser el mejor agente con el cuál el Estado se pueda conectar para realizar su política social.

En torno a la pobreza, existe una confusión que parte más o menos, desde el año 1987, cuando se expresó que el país tenía cinco millones y medio de pobres. Posteriormente, esa cifra se ha reducido, pero no se ha observado que la pobreza sea un “stock” de personas, con nombres y apellidos, que están en ella. Ahí existe gente que sale de la pobreza y personas que ingresan a ese sector. Al respecto, existe un estudio del PET (Programa Especial de trabajadores) sobre un seguimiento de la gente encuestada e identificada en situación de pobreza en el año 1990, que dio como resultado que el setenta y dos por ciento había salido de la pobreza entre ese año y 1992. El veintiocho por ciento había permanecido en la pobreza y el ocho por ciento estaba en la indigencia permanente, que es la situación más grave.

Señaló que no se puede engañar con las estadísticas. Ellas son aproximaciones de cantidades, pero no de sujetos reales. La razón es la siguiente. De los que eran pobres en el año 1990, las tres cuartas partes salieron de la pobreza y dieron un paso hacia adelante; pero a su vez, en 1992 había personas que no eran pobres y que, sin embargo pasaron a serlo. Aquí queda demostrado que existe una situación de tránsito de gente que entra en la pobreza y otra que sale de ella. Aquellos que entran en la pobreza, luego de haber sido personas de recursos, se mantienen ahí, descapitalizándose, vendiendo los haberes reunidos durante su vida y, en algunos casos, hasta sumirse en la extrema pobreza.

Expresó que hay que tener claros conceptos sobre este punto. No se pude hablar de un porcentaje fijo de pobres, sino de quienes entran en la pobreza o salen de ella, porque ha quedado demostrado que no existe una pobreza permanente del ciento por ciento de los pobres. Esto debe tenerse en consideración para elaborar las políticas sociales. Los instrumentos que se han de utilizar para la solución del problema tienen que ser de gran agilidad, de acuerdo con las necesidades de la gente y con la precariedad de la situación que está vive, ya que la pobreza tiene un dinamismo de crecimiento increíble. En una zona del país, o en un sector de la población, puede producirse un vuelco, como un problema de cesantía en determinada localidad, etcétera. En un lapso muy breve de tiempo, puede crearse un foco de pobreza, que puede transformarse rápidamente en extrema pobreza y, dentro del sector afectado, puede llegarse también a la indigencia.

Finalizó indicando que dentro de la pobreza, existen drogadictos, alcohólicos y otros sectores que cuentan con más ingreso que otros pobres, que los pobres dignos. La pobreza es dinámica, con diversas características, según sea rural o urbana. En un margen breve de tiempo, 

nacen nuevas pobrezas, como por ejemplo, en la exploración forestal que genera villorios, como también en el trabajo de temporada de la fruta. Estos focos se producen cada seis u ocho' meses, para luego desaparecer, y el Estado no tiene el mismo dinamismo para actuar.

El señor Juan Cavada, de Mideplan. señaló que el Ministerio propuso al Comité Internado- Social que se elaboraran trece programas regionales de superación de la pobreza en razón S de que está no es homogénea en el territorio nacional. En efecto, no es igual en Aisén que en el altiplano de Arica, o en la zona periférica de Santiago, o en el secano costero de la Séptima Región. Por ello, había que hablar de trece programas regionales distintos.

Tan importante como lo anterior es revalorizar el espacio territorial, que tiene un tremendo potencial en materia de diagnóstico, programas y proyectos, como también en capacidad de decisión para evaluar y controlar las tareas que se efectúan. Ello hace necesario y urgente - transferir la responsabilidad a las Regiones para que los beneficiarios puedan participar activamente en la solución de su problema.;

Un Estado centralizado no permite la coordinación ni la interactuación entre los sectores. públicos y privados e impide la participación o hace difícil efectuarla. No hay creatividad y no se agregan recursos que pueda aportar la sociedad civil, a la cual el centralismo no le permite una acción eficaz. Por estas razones, cada Región debe diseñar sus programas específicos.

Finalmente, expresó que en estos instantes se está trabajando en una fase previa, para í identificar y caracterizar áreas prioritarias, y elaborando el plan de las cincuenta comunas prioritarias, para tener un amplio conocimiento acerca de cómo funciona una área determinada, de cómo se estructura la pobreza, de cuales son los factores que impiden el crecimiento global del país, y de ahí poder concluir, también, que no todos los pobres deben estar incluidos dentro de estas áreas, entre las cuales hoy día algunas extraordinariamente problemáticas o que en lo futuro no lo serán. Como ejemplo, tomar a Chañaral, que era una zona muy conflictiva, pero que de aquí a dos o tres años tendrá un desarrollo espectacular, así como otras zonas o localidades permanecerán en su actual estado.

Señor Molina, don Sergio, ex Ministro de MIDEPLAN, intervino para indicar, globalmente, dónde se insertará la Cumbre Mundial en la situación mundial.

Señaló que en los últimos treinta a cincuenta años han ocurrido hechos positivos en la economía nacional y en la sociedad mundial. Por ejemplo, ha habido un progreso notable desde el punto de vista constitución de gobiernos democráticos, hasta el punto de que tres cuartas partes del mundo viven bajo regímenes pluralistas y democráticos.

En los últimos cincuenta años, el producto interno bruto global de los países ha aumentado en siete veces, de tres a veintidós billones. El ingreso ha sido superior al aumento de la población. Por consiguiente, se ha triplicado el ingreso per cápita de la población del mundo.

En los treinta años pasados, se ha vivido una resolución en la informática, en la exploración del espacio, en el conocimiento genético, en la velocidad de los transportes.

La población que vivía en condiciones de indigencia también ha disminuido. No obstante, un tercio de la población del mundo vive aún en condiciones extremadamente pobres. Con todo, los indicadores sociales de esperanza de vida, de mortalidad infantil, de desnutrición, de escolaridad, han presentado notables mejorías. Es decir, hay una primera visión, que podría considerarse optimista, respecto del desarrollo económico-social habido en estos treinta años.

No obstante loa anterior, el ingreso del veinte por ciento de los más ricos es hoy en día sesenta veces superior al de veinte por ciento de los más pobres. En consecuencia, la participación del quintil más rico subió del setenta y dos por ciento en el año 1960 al ochenta y dos por ciento en el año 1990. Esto muestra que hubo un aumento de la participación del veinte por ciento más rico. Por el contrario, el veinte por ciento más pobre disminuyó su participación del dos coma tres por ciento en el año 1960 al uno coma tres por ciento en el año 1990.

En el mundo de hoy, una de cada cinco personas llega a dormir a su casa con hambre. Una de cada cuatro no cuenta con agua potable, de modo que la que consume es contaminada. Y una de cada tres vive en condiciones miserables. Este es el panorama de los indicadores elementales con que se cuenta para la Cumbre del próximo año, los cuales presentan una sociedad mundial con grandes diferencias.

Recuerda que presentó una breve síntesis cuando Chile fue visitado por Alvin Toffler, autor de tres importantes libros sobre el desarrollo del mundo, entre los cuales destaca “El cambio del poder”, del que tomó un capítulo titulado “Los rápidos y los lentos”. De sus páginas se puede extraer una importante visión de lo que ocurre hoy, para ver qué puede ocurrir en el ; mundo en el futuro. Cuando el autor habla de ello, afirma que el futuro será de los países rápidos” y que el factor fundamental, dentro de la producción y de la situación de las fuentes productivas más importantes, será lo que él llama “el justo tiempo”. Ello será una determinante de la forma de producción del futuro.

Lo anterior implica la necesidad de gran sincronización, de rapidez en la producción, de calidad constante, de oportunidad en la entrega, de reducción de inventarios. Cita textualmente una aseveración que dice: “A medida que el tiempo se haga más valioso, los factores tradicionales de producción, como las materias primas y la mano de obra, serán menos veloces”.

A raíz de ello, ¿qué ocurre con los países que pueden ser calificados como “lentos”? ¿Cuáles son las cosas que venden? De alguna manera, los inversionistas determinan su decisión de invertir en ellos tomando en cuenta estos factores. Una de las cosas que Chile puede ofrecer son sitios estratégicos; pero, terminados los problemas de carácter internacional, de ideologías, de riesgos bélicos de alcance mundial, los sitios estratégicos pierden valor como tales. Por estas razones, hay muchos países que en el futuro no tendrán el ingreso de que en la actualidad gozan.

En nuestros países, incluidos los de desarrollo mediano, como Chile, una de sus riquezas son las propias materias primas. ¿Qué ocurre con la innovación tecnológica, que se usa en proporción decreciente por unidad de producto de materias primas? Un solo ejemplo lo pro- porciona Japón. En 1984, este país consumía el sesenta por ciento de las materias primas que ” requería en 1973 para obtener la misma producción industrial. Es decir, en diez años, bajó en el cuarenta por ciento el consumo de materias primas. En el desarrollo del mundo, se aprecia que, por unidad de producto, las materias primas van ocupando una menor proporción. Y, probablemente, tendrán distinta característica, a causa de la evolución tecnológica. Así es como el cobre y otras materias primas perderán importancia relativa en el comercio mundial y en la nueva producción industrial.

Un factor atractivo, desde el punto de vista de nuestros países, es la mano de obra barata. Sin embargo, en el nuevo sistema de producción industrial, la mano de obra representa un porcentaje decreciente en el producto final. Cada vez es menos importante como proporción del costo total del producto.

Para no quedar retrasados, debemos cumplir una serie de condiciones adicionales, como la capacidad tecnológica, la rapidez de la información -que será un factor fundamental-, la calidad del producto ante un mercado cada vez más exigente, la disminución de las existencias, la oportunidad en la entrega y, en general, la aceleración de todos los procesos en los próximos años. El ahorro en la producción será mucho más importante que la diferencia salarial. Existen claros indicios de transferencia de producciones desde los países de mediano desarrollo hacia los grandes centros industriales, porque no es rentable, o es menos rentable, una mano de obra barata frente a estas condiciones.

De aquí surge un punto muy importante para la discusión que habrá en al Cumbre Social y que no podría dejar de estar presente en ella. Es el problema del gran riesgo del desacoplamiento de las economías “rápidas” de las “lentas”.

Esta es una síntesis de una visión que puede ser discutible, pero que no se puede descartar como una próxima realidad en lo futuro. En realidad, se producirá el hecho de que las economías “rápidas” prescindirán de las “lentas”.

En la Cumbre no podrá dejar de considerarse esta visión, que puede ser tremendamente riesgosa para el mundo en su globalidad y que puede producir desigualdades en los países en particular. En verdad, este criterio de los “lentos y de los “rápidos” es aplicable en el interior de los países. Inclusive hoy en día hay sectores de sus economías que están incorporados a 1 técnica moderna, en tanto otros se encuentran lejos de tener acceso al desarrollo tecnológico.

Esto se observa incluso en el diario vivir. Hay zonas en que el medio de locomoción es la carreta y en otras ni siquiera eso, sino que caminar. Hay personas que caminan hasta cinco o seis horas para concurrir a un sector determinado a realizar una gestión. Al lado de esta realidad, existe el transporte hipersónico. Hay más de mil reactores construidos, lo que significará que el transporte, de pasajeros o de carga, entre Tokio y Nueva York, tardará, en un vuelo, entre dos horas y media y tres horas. Los reactores para ello están hechos. No son figura imaginaria, sino que existen. Lo más probable, si no se ponen de inmediato en aplicación, es que no se desea dejar obsoletos a los restantes sistemas en uso.

En el libro de Toffler figuran 53 países con alto desarrollo, 65 con desarrollo medio y 55 con bajo índice de desarrollo. Hay países que, realmente, se hallan en una situación sumamente desmedrada. Se podría decir que se da la convivencia de la carreta con el avión hipersónico.

Al plantearse una orientación política, necesariamente deben tomarse en cuenta estas condiciones tan distintas. Frente a algunos países con alto nivel de atraso, se requiere de una red de solidaridad mundial muy efectiva, la cual debe abarcar la alimentación, la reducción de la mortalidad y de la desnutrición infantil, es decir, problemas elementales que, para Chile, hoy ya no son primerísima importancia.

Las políticas de indicaciones o de recomendaciones tienen que ser de caracteres selectivos y relacionados con los propósitos de la Cumbre, como son la mitigación de la pobreza, la creación de empleos y la integración social, que son los ejes sobre los cuales se deberán hacer las propuestas.

El problema de más difícil solución es cambio en la distribución del ingreso, porque hay un sistema mundial homogéneo desde el punto de vista de la política internacional, en la cual el sector privado es el que mueve sus inversiones en función de rentabilidad. Si no hay mecanismos de normas generales, queda sólo el de la relación directa, en el cual las partes llegan a un acuerdo en cuanto a la distribución, la que debe ser de mayor equidad. Esto se logra como un mecanismo de seguridad del sistema, pero la tendencia generalizada es que la distribución sea negativa.

En lo que respecta a los cambios posibles en el largo plazo, hay que señalar el problema de las oportunidades. Dentro de ellas, hay que considerar las políticas sociales, que han de ser selectivas y distintas. Para Chile, no es problema la cobertura de la educación y de la salud, pero sí es la calidad en esos rubros. En cambio, en países más pobres, el problema es de cobertura. En esos casos, las políticas deben ser muy distintas de las requeridas para aumentar la calidad. Chile está en el tema del aumento de la calidad, particularmente en la educación. Si el país no cambia el sistema educacional, no tendrá posibilidad de incorporarse en le progreso. Por lo tanto, para nosotros es absolutamente vital el cambio del sistema educacional.

Comparando políticas aplicadas en el mundo, hay países que han avanzado más que otros en determinadas áreas y que pueden servir de ejemplo a los demás. Algunos han conseguido cierto progreso en políticas de desarrollo y sociales, con cierta eficacia. Ellos pueden servir de experiencia, con las debidas adecuaciones para cada caso. Chile, por ejemplo, tiene un programa de larga data en lo materno-infantil. Durante el gobierno militar, la desocupación llegó al treinta por ciento en algún momento. Por lo tanto, hubo un empobrecimiento. Sin embargo, los indicadores sociales no bajaron, en razón que fueron aplicados algunos de los programas muy bien dirigidos a determinados grupos vulnerables de la sociedad. Ello permitió que, a pesar de las condiciones altamente desfavorables, los indicadores de desnutrición, de mortalidad infantil, de esperanza de vida y otros, mejoraran.

A Todo ello se debe a ciertos programas que constituyen una tradición en nuestro país, porque la mujer está acostumbrada a llevar al niño enfermo a la posta o al consultorio y ahí recibe atención médica, alimentación, atención materno-infantil, etcétera. Es decir, en Chile existen tradicionalmente los programas, pero también existe el hábito. En otros países, programas similares no tiene resultados esperados, precisamente por la falta de hábito en la sociedad que debe hacer uso de ellos.

En Chile, en ese aspecto, además, se cuenta con una población disciplinada para aceptar campañas de salud pública. Aquí se ha tenido éxito rotundo, por ejemplo, en el combate contra el cólera, contra la poliomielitis, etcétera. La clave de ello está en la mujer chilena, que tiene gran preocupación por la salud de sus hijos y, en general, de la familia. Es decir, la atención oportuna es la clave del éxito de un determinado programa.

Nuestro país se ve afectado por problemas de calidad, como, por ejemplo, en la salud y en la educación. La municipalización tropieza con problemas, por cuanto los municipios no cuentan con recursos para dar buena atención de salud primaria ni de educación. Con ello, se han provocado grandes diferencias en la calidad de los servicios que recibe una determinada comuna, de mayores recursos, con respecto de la comuna vecina.

Las políticas sociales se complican cuando se llega al problema de la costra dura de la pobreza, la cual es de más difícil acceso, por aislamiento, por falta de educación y, en otros casos, por desconocimiento, etcétera.

Otras políticas deben estar destinadas a los grupos vulnerables, como los niños, jóvenes, las mujeres jefas de hogar, el adulto mayor, los discapacitados, las etnias, etcétera. Aquí, el gobierno se enfrenta al hecho de que la costumbre es diseñar políticas generales para todo el país, o bien para regiones del país. Por lo tanto, le cuesta enfrentar problemas sectoriales, que se dan hasta en las comunes y en los barrios. Eso hace difícil incorporar políticas específicas para grupos determinados.

El país sufre de problemas emergentes que afectan la calidad de vida, como la seguridad personal, la drogadicción, el alcoholismo, el “sida”. Estos problemas carecen de tradición y requieren de mayor coordinación, en algunos casos interministerial y de gran eficiencia, que no se encuentra habitualmente en la administración del Estado, más aun cuando se trata de localizar focos en distintas regiones.

Otro problema de productividad, en razón de que en Chile el cuarenta por ciento del empleo se concentra entre los trabajadores por cuenta propia y en empresas de menos de cinco personas, !o que conforma un sector de muy baja productividad y, por consiguiente, concentrador de pobreza. No puede salir de ella si no cuentan con los medios de aumentar su productividad, j; única forma de disminuir su pobreza. Los que trabajan en este sector tienen una cultura especial y no aceptan salir de él para incorporarse en empresas mayores, porque consideran primordialmente su independencia y, para perderla, deben tener ante sí una oferta muy significativa de ingresos, la que no se puede dar.

Este segmento, como se ha dicho, comprende trabajadores por cuenta propia y microempresas urbanas. Pero el más alto porcentaje se presenta en el comercio callejero y, en el sector rural, en los campesinos con poca tierra y de mala calidad, que son alrededor de doscientas cincuenta mil personas. A ellos se agregan los sectores de pescadores artesanales y los pirquineros. Por ello, para solucionar estos problemas, se hace necesario establecer políticas de alta complejidad y de gran persistencia. Este importante sector lo conforman, entonces, los llamados “lentos”, que causan gran impacto social.

Otro tema que estará en la discusión mundial es el ecológico. Cada vez son más altas las, condiciones de producción que no afectan al medio ambiente. La protección de éste implico fuertes inversiones, lo que obligatoriamente deberá significar dejar sin recursos a otros programas sociales. Pero estos problemas no se pueden dejar de lado, sin ser considerados en la próxima Cumbre Mundial.

En lo relativo a las grandes iniciativas, se propone una nueva “carta social”, como compromiso del mundo, un pacto de desarrollo humano y el dividendo de paz. Es decir, si el mundo se compromete a reducir el gasto militar, en el tiempo, a una tasa del tres por ciento anual, se contaría con grandes recursos. Con ello, la paz del mundo contribuiría, de alguna manera, a la preocupación mundial para tratar de solucionar la pobreza y las grandes desigualdades. Para estos efectos, se propone un Fondo Mundial de Seguridad Humana.

Estas son las grandes propuestas para lograr la superación de la desigualdad social, pero no se puede pretender que esta Cumbre sea un hito histórico, que sea un punto de partida para evitar una situación que, en lo futuro, puede ser catastrófica para el mundo.

El Señor Rolando Franco, concurrió en representación de la CEPAL. Dijo que, para la Ce- pal, el tema del desarrollo social, en la actual década, está cobrando extraordinaria importancia, porque sino que, además, es indispensable para lograr el desarrollo económico. América Latina debería plantear que nuestros países no pueden generar un desarrollo autosostenido en el largo plazo sin hacer inversiones importantes en capital humano.

De esta manera, el desarrollo social tiene que ver con el bienestar de la población y con el crecimiento económico. Así es como no se puede basar el crecimiento de nuestros países sólo en el aporte de mano de obra barata o en la supraexplotación de recursos naturales. La CEPAL llama a esto competitividad espuria, que permite crecer durante algunos años; pero llega siempre el momento tope, ya sea por agotamiento del recurso natural o porque la innovación tecnológica es de tal velocidad en el mundo, que cada vez es menos significativo contar con la mano de obra barata. Hoy se necesita mano de obra calificada, lo que para los países que la poseen, es un capital humano importante.

Así es como las políticas sociales no deben considerarse como gasto asistencial, sino como inversión fundamental para producir desarrollo económico.

El desarrollo social es la preocupación principal de la Cumbre. Es una combinación de crecimiento económico con equidad, de transformación productiva, para lo cual no sólo hay que

| pensar en políticas sociales compensatorias, sino que en políticas económicas que deben per- fe seguir tanto el crecimiento como la equidad.

En lo relativo a la distribución del ingreso, la CEPAL tiene una opinión en tomo a ella que implica que haya crecimiento económico sostenido y, al mismo tiempo, que sus frutos se distribuyan de manera más equitativa que en el pasado. Estudios de la CEPAL señalan que en,América Latina, no hay experiencias de crecimiento relativamente sostenido sin que hayan sido acompañadas de mejoras en la distribución del ingreso.

En cuanto al crecimiento sin equidad, hay varios ejemplos. Brasil, desde 1964, creció durante quince años a tasas superiores al 10 por ciento, sin distribución de ese crecimiento, el cual se concentró en un pequeño grupo de población. Un economista brasileño decía entonces Brasil debería llamarse “BEL1NDIA”, por constituir una combinación de Bélgica y de India, en razón de que un pequeño grupo vivía como en Bélgica y el resto de la población lo hacía como en la India. Ese es un ejemplo típico de un fuerte crecimiento, que convirtió a Brasil en una de las diez más importantes economías del mundo, pero enormemente regresivo en cuanto la distribución del ingreso.

Hay otros países donde no ha habido ni crecimiento ni mejor distribución. Esto ocurre en la casi totalidad de América Latina, lo que se agravó durante los años ‘80, a consecuencia de la crisis mundial, aumentando la pobreza.

Por otra parte, hay dos países con una distribución relativamente buena, pero sin crecimiento desde hace mucho tiempo, o que habían dejado de tenerlo, como son Argentina y Uruguay. Está también el “casillero vacío”, o sea, casos en que no se pueden mostrar experiencias de crecimiento con equidad, con buena distribución del ingreso, que no existen en nuestro continente. Si los hay en otros lugares del mundo. Fundamentalmente, los “tigres asiáticos” muestran ejemplos de crecimiento sostenido por más de dos décadas, con cambios importantísimos en la distribución del ingreso. Países como Corea han logrado un crecimiento económico de tanta importancia, que los sacó de la calidad de países miserables, con un bajo ingreso per cápita en el nivel mundial. En efecto, son naciones que constituyen un ejemplo en cuanto a crecimiento, con procesos de redistribución del ingreso de extraordinaria relevancia.

Estos países hicieron una gran inversión en el llamado gasto de prioridad social, como lo son la educación primaria, la atención primaria de salud y otros programas específicos, dirigidos al conjunto de la población del país. Que les permitieron generar mano de obra altamente calificada.

En esta Cumbre, como latinoamericanos, deberíamos destacar los aspectos fundamentales. Deberíamos señalar que nos interesa el desarrollo social, no sólo porque nos preocupamos de la gente que vive en situaciones de pobreza, sino porque es inversión en capital humano y, además, porque nuestros países necesitan hacer esta inversión productiva para continuar su desarrollo.

En este sentido, Chile tiene mucho que mostrar a los países del continente y del mundo, porque ha logrado algunas condiciones que, si bien son necesarias, tal vez no son suficientes para el crecimiento con equidad. De alguna manera, ha logrado reajustar los equilibrios macroeconómicos, con una tasa de inversión elevada y mantenida durante un período prolongado y una importante reducción de la pobreza. Al respecto, en 1992, el último informe de la CEPAL sobre la pobreza en Chile, en un trabajo realizado a partir de la encuesta “Cassen”, así lo señala.

En otros campos de la política social, Chile ha dado pasos importantes que también han sido poco a poco imitados por otros países del mundo. Chile es pionero en la focalización del gasto social, por cuanto ha dirigido programas específicos y recursos a la población pobre. La descentralización también está siendo exitosa. Valdría la pena que esto fue recopilado, para presentarlo como un aporte de Chile a la Cumbre.

En respuesta a algunas consultas formuladas por los integrantes de la Comisión, el señor Franco respondió lo que sigue.

El objetivo fundamental no es hacer a los ricos menos ricos, sino que hacer a los pobres- menos pobres. Podría plantearse que el objetivo es redistribuir como sea, pero, al parecer, nadie tiene el interés en ello. El hecho es que hay consenso en terminar con la pobreza. En el caso de Chile, hay que tratar de aumentar la eficacia en el gasto social, porque es el país de América Latina con la tasa más alta de gasto de su ingreso per cápita. El gasto público, en general, y en programas sociales, Chile invierte de seis mil trescientos millones de dólares al año.

Si se hace un análisis, como, por ejemplo, en la encuesta “Cassen”, sobre a quién llegan estos recursos, se aprecia que el sector más pobre de los chilenos recibe una cantidad ínfima.

La encuesta de ese organismo, en 1987, señaló que sólo un dólar de cada siete dólares setenta y cinco centavos de dólar de gasto público social llega al treinta por ciento más pobre de la población.

La primera recomendación seria, entonces aumentar la eficiencia en el gasto de los recurso» aportados por toda la sociedad de la nación, por medio de los impuestos que ella paga. En el fondo, las políticas sociales, como se están llevando a cabo hoy y en el pasado, terminan favoreciendo a estratos medios y medios altos, y no precisamente a los más necesitados. Es decir, el grupo de pobreza dura del país recibe muy poco de la enorme fuente de gasto social que hace el Estado.

Hay múltiples actores haciendo política social y se tiende a ver al Estado como el único responsable. En definitiva, el sector público chileno es uno de los subsectores de esa política. Está también el subsector privado comercial, que también hace una serie de prestaciones sociales. Este país tiene experiencia en el llamado subsidio a la demanda, como ocurre en el área de la educación, promoviendo los establecimientos subvencionados como alternativas los municipalizados, lo que es importante de mostrar como ejemplo que, más allá de los defectos que pueda tener como experiencia, es un intento de incorporación de nuevos actores, con un papel importante en el desarrollo de políticas sociales.

En resumen, Chile se caracteriza 'por tener un gasto social muy alto, pero mal enfocado, que termina favoreciendo a grupos que no precisamente los más necesitados. Es positiva la exploración de la expansión de los actores que están haciendo política social en el país. Chile muestra, como por ejemplo, haber convertido a muchos actores de esta política en una paralela j de la estatal. Ha mostrado un gran consenso sobre lo que se debe hacer en materias de política' social, con una gran línea de continuidad desde largo tiempo, manteniendo los diversos gobiernos aquellas políticas que han sido exitosas. Es decir, la clase política chilena ha tenido la madurez para cambiar los gobiernos, pero no para cambiar aquellas políticas que han mostrado buenos resultados.

Un tema altamente polémico, en este país es quién tiene la mayor cantidad de hijos. En la sociedad latinoamericana actual, la tienen los pobres. Es decir, la reproducción poblacional de nuestros países ha sido dejada por la sociedad a los grupos más pobres de la población. El caso de Uruguay, donde la pobreza es menor al veinte por ciento, el cuarenta y tres por ciento de niños que nacen. Esta sociedad, de alguna manera, le dejó la reproducción de la población a ese sector humano.

Las encuestan indican que las mujeres pobres no quieren cumplir esta misión. Quisieran tener menos hijos; más aquí hay un problema muy polémico, como lo es el control de la natalidad. Para cambiar esto, debería hacerse difusión de mecanismos de control de natalidad en la población que no tiene acceso a mayores recursos. Este es un tema ideológicamente conflictivo.

La preparación de la conferencia sobre población de El Cairo muestra lo conflictivo de este tema. Lo ha traído a colación para relacionarlo con este grupo duro de pobreza, que es el que se reproduce más ampliamente respecto a los demás estratos de la sociedad.

El señor Luis Thais (Representante Residente de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Coordinador para Chile) señaló estar de acuerdo en le sentido de adoptar medidas concretas que signifiquen un cambio en la situación existente en el mundo. Tres cuartas partes del mundo son pobres y una cuarta parte es rica. De partida, esto señala la naturaleza del problema.

En cuanto a la Cumbre Social, no se trata de una conferencia más, ni de ver cómo se mejoran las cosas. Se trata de estudiar la distribución del ingreso mundial.

El informe de 1992, sobre desarrollo humano, mostró que la diferencia entre el quintil más rico y el más pobre alcanza a ciento cincuenta veces. En el caso de Chile, la diferencia es del orden de cincuenta o sesenta veces.

Los países más ricos aportan cincuenta y cuatro mil millones de dólares al año. Esto no es nada. No llega ni al cero coma tres por ciento del producto mundial. El compromiso es que deberían aportar el cero coma siete por ciento. Este es un acuerdo, pero no se cumple. Es decir, los acuerdos están adoptados. El problema es lograr que se cumplan.

La situación es la siguiente. Los países industrializados aportan cincuenta y cuatro mil millones de dólares en ayuda. Pero, a la vez, sólo por barreras arancelarias, en algunos de los rubros, a nuestros países no les permiten exportar, no sería necesaria la asistencia para el desarrollo. Aquí se debe estudiar cómo negociar este aspecto para el desarrollo de nuestros países.

La declaración señala que tiene que haber mejor ambiente internacional para producir un mejoramiento. Aquí se menciona que tiene que haber mejores reglas para el comercio internacional, reducción de deudas, que los ajustes estructurales de las economías tomen en cuenta que las cargas sean bien distribuidas y mejorar la asistencia para el desarrollo. Se deben crear espacios políticos importantes interna e internacionalmente, y disminuir la pobreza. Es decir, el programa es como un recetario.

En su opinión personal, esta declaración de principios, si fuere aprobada, no serviría de nada. No es oficial de la ONU, pero es el documento preparado sobre el cual hay que trabajar. Los países tienen que afinarlo y convertirlo en un documento adecuado, que contenga normas que *se puedan y se deban aplicar.

La Organización tiene seis propuestas concretas, que deberían estudiarse, para ver si se logra conseguir consenso en tomo a ellas. En este siglo, será la última ocasión en que los países ricos y los países pobres se reunirán alrededor de una mesa para discutir la situación social y económica.

Frente a esta Cumbre Social, los países industrializados han mostrado mucha frialdad, porque saben que se discutirá cómo repartir la carga. Como continúan gravando las importaciones, como ponen barreras arancelarias y dificultades ambientales a los productos de exportación nuestros, etcétera, ésa es la actitud que adoptan para enfrentar el problema.

Los problemas son de tal complejidad, que no pueden ser resueltos por un solo país. Hay que afrontarlos multilateralmente. Los problemas son globales. La pobreza es uno de ellos y se manifiesta en la migración. El pobre, cuando no le va bien en su país, trata de ir a donde considera que puede obtener los recursos para la mantención de su familia. Esto sucede, aunque se pongan policías, muros, cercas. Se destruyó el muro de Berlín, pero se han creado muros contra la migración. Son muros contra la pobreza. Es como vivir en el barrio alto, donde se instalan rejas muy altas para resguardarse.

El mundo vive en un desierto, con pequeños oasis de riqueza que se cierran para que no pueda entrar nadie. Esto pasa hoy y ello genera un problema social y político de nivel mundial. Este problema afecta a los ricos y a los pobres; a los países desarrollados y a los países pobres. No es un problema nuestro ni que debamos resolverlo por nuestra cuenta. Así como el narcotráfico es un problema que les afecta a ellos y a nosotros, la inseguridad también lo es para ambos. Todos los problemas tienen causas que deben ser resueltas en conjunto. Tenemos la obligación de colaborar y contribuir a su solución.

Los siete temas propuestos en la cumbre serán:

1.Una “carta social” mundial. Se trata no sólo de una declaración de principios, sino de un programa de estrategias, metas y objetivos por cumplirse en los próximos años 'para vivir mejor y señalar quién se ocupa en el cumplimiento de los compromisos contraídos;

2.El pacto de desarrollo humano 20 20. Contempla la educación, la atención de salud y la planificación de la familia. En virtud de él, los países en desarrollo y los donantes han en reservar como mínimo el veinte por ciento de sus presupuestos para atender a las cuestiones humanas prioritarias;

3.Otorgar mandato a las Naciones Unidas para preparar un plan integral a fin de garantizar la seguridad humana mundial y la protección de las personas;

4.Convenir una meta para reducir en el tres por ciento anual los gastos militares mundiales, en el decenio 1995-2005, y establecer que cierta proporción de estos ahorros potenciales -por ejemplo, el veinte por ciento, en los países industriales, y diez por ciento, en los países en desarrollo- se destine a un fondo mundial de seguridad humana;

5.Aprobar un pacto de desarrollo humano para los diez años (1995-2005);

6.Recomendar al Consejo Económico y Social que examine la factibilidad de diversas formas de tributación mundial -en especial, los impuestos a la contaminación mundial y "a los movimientos de capital especulativo-, a fin de recaudar recursos suficientes para ? establecer un nuevo fondo de seguridad humana, y

7.Exhortar a las comunidad internacional por fortalecer el papel de las Naciones Unidas en

la esfera socioeconómica, de modo que se le confieran mayores facultades para adoptar decisiones, mediante el establecimiento de un Consejo de Seguridad Económica Encar-g gado de la Seguridad Humana Mundial.'

En la Comisión, se le señaló que la mayor eficiencia en la lucha contra la pobreza es el papel que desempeña el crecimiento económico, en razón que a un país sin crecimiento se le puede inyectar todo el dinero del mundo, pero, si no tiene crecimiento y se le deja de suministrar tal aporte, vuelve a la misma situación anterior.

A ello respondió que eso es correcto, pero que se debe tomar en cuenta que el mero aumento del ingreso económico no implica que la gente mejore su situación. El caso de Brasil es típico. Creció al diez por ciento durante diez años en la década del setenta y es uno de los países con mayor pobreza relativa en América Latina. En consecuencia, el mayor ingreso no significa, necesariamente, mejor distribución. En cambio, está el caso de Costa Rica, que, con mil seiscientos dólares per cápita, es uno de los países con mejor situación social de la región.

Un estudio sobre la observación de la realidad, hecho en diez países, dio como resultado que el mayor ingreso económico necesariamente no implica mejores condiciones de vida. 

4.Segunda etapa del trabajo de la Comisión.

4.1. La Comisión realizó un Seminario, con la participación activa de sus miembros, donde se expusieron y analizaron los siguientes temas:

SEMINARIO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN.

Relator, H. Diputado señor Sergio Correa de la Cerda. Tema: Crecimiento Económico Sostenido.

Relatora, H. Diputada señora María Angélica Cristi Marfil. Tema: Políticas Sociales, Mejoramiento de los Servicios Sociales, y de las Políticas Correspondientes para Elevar la Calidad de vida.

Relator, H. Diputado señor Jaime Naranjo Ortiz. Tema: Nuevas formas de Focalización de la Políticas Sociales.

Relator, H: Diputado señor Ignacio Balbontín Arteaga. Tema: Descentralización en Relajón con la Superación de la Pobreza y la Eliminación de la Miseria.

Relator, H. Diputado señor José Makluf Campos. Tema: Educación, Capacitación Laboral y Mejoramiento de la Productividad.

Relatora, H. Diputada señora Romy Rebolledo Leyton. Tema: Vinculación entre el Mejoramiento Salarial y la Productividad en las Políticas Correspondientes.

Relator, H. Diputado señor José García Ruminot. Tema: Generación de Empleos Productivos.

RESUMEN DE LAS EXPOSICIONES QUE EN EL SEMINARIO INTERNO EFECTUARON LOS HONORABLES DIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN.

Vuestra Comisión organizó en cuatro etapas, un seminario interno. Dichas sesiones especiales se efectuaron los días 7, 8 y 14 de septiembre y 5 de octubre del año en curso, con la finalidad de promover un diálogo que permitiese analizar y discutir las políticas sociales y la experiencia chilena en la superación de la pobreza, con el propósito de que, a partir de las exposiciones de Chile en la Cumbre Social de Copenhague.

1. Introducción

Cuando se habla de políticas sociales para Chile, con nivel medio de desarrollo, ellas deben estar encaminadas a cumplir dos objetivos: lograr la erradicación de la pobreza estructural y promover una verdadera igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la nación, mediante una mejor redistribución del ingreso, por medio de normas y políticas laborales y del mejoramiento de la calidad de vida.

Las políticas sociales han de ser diferenciadas según el tipo de pobreza a grandes rasgos, abstracción hecha de la localización geográfica, existen dos grados y concepciones de ella, la pobreza estructural y la de ingresos.

-Como pobreza estructural, se entiende aquélla que padecen quienes, por sus incapacidades físicas o psíquicas o de su medio socio-cultural inmediato no pueden progresar por sí mismos, ni tampoco incorporarse en el mercado laboral. En este caso, es responsabilidad del Estado mantener una red social básica, que le permita proteger y promover los recursos humanos en el momento adecuado, y, además, un sistema de información social que detecte a tiempo los déficit de la población.

-La pobreza de ingresos, en cambio, afecta a quienes, pudiendo mejorar su condición a l través de un empleo digno, no logran hacerlo, por diversas causas. En este caso, la política' i social debe apuntar a satisfacer ciertas necesidades de las personas, dando prioridad a la libertad de opción del beneficio e incentivando su esfuerza para acceder a prestaciones de salud, educación y vivienda de mejor calidad.

Ambos grupos tienen distintos grados de necesidad. De allí la importancia de distinguir a quiénes se desea proyectar las políticas de desarrollo social y qué características poseen las S personas a las cuales se pretende beneficiar.

Las situaciones, las personas, las comunas, las regiones, son diferentes. Por ello, las políticas sociales no deben ser uniformes, ni masivas, sino flexibles y adaptables a las distintas realidades y necesidades. En este sentido, hay que aprovechar la regionalización y fomentar la descentralización, como, asimismo, mejorar la eficiencia municipal. Debe haber pautas funda- | mentales a la hora de diseñar políticas para superar las distintas condiciones de pobreza que afectan al país.

2. Crecimiento económico sostenido.

El H. Diputado don Sergio Correa de la Cerda se refirió al tema “Crecimiento económico; sostenido”, tomando como base la experiencia chilena vivida en las últimas tres décadas, en particular entre los años 1991 y 1992.

Sostuvo que el perfil de la pobreza existente en la actualidad es distinto del que había hace un par de décadas, en que las dimensiones eran mucho más graves y agudas, como lo demuestran numerosos documentos de medición social.

Afirmó que, a partir de 1986, la economía chilena completó el proceso de su ajuste. Desde ahí en adelante, ha mostrado un notable desempeño, caracterizado por el rápido crecimiento i del producto geográfico bruto (P.G.B:) y el aumento sostenido de las exportaciones, todo lo cual ha redundado en una importante reducción de la pobreza.

En 4987, el 38,2 por ciento de los hogares del país vivía en situación de pobreza. Cinco años mas tarde (1992) ese porcentaje se había reducido al 27,7 por ciento. Se trata de una apreciable mejoría alcanzada en tan corto lapso de tiempo. A modo de referencia, la tasa anual que esto significa, la de 2,1 por ciento, es comparable a los casos de mayor éxito internacional consignados en “El Reportero del Desarrollo Económico”, de 1990, del Banco Mundial. Por otra parte, de acuerdo con un estudio efectuado por las Facultad de Economía de la’* "1 Universidad de Chile, sobre las bases de la encuesta nacional de empleo, de 1993, si se observa la distribución del ingreso en quintiles per cápita, desde 1980 en adelante, se puede apreciar un aumento sostenido en el nivel 1, el de los más pobres, el periodo 1986-1992, lo cual significa el 30 por ciento de mejoría.

La disminución de los hogares pobres en 10 puntos en los cinco años estudiados, es considerada como un logro “notable” en tan corto tiempo. También lo es en términos de intensidad de la pobreza, puesto que la “brecha de pobreza”, atinente a cuan pobres son los pobres, bajó de 15,2 por ciento a 9,7 por ciento.

Desde una perspectiva más intuitiva, expresada como la fracción del ingreso nacional requerida para “eliminar” la pobreza, si se proporcionara a cada hogar el ingreso que le falta para satisfacer el conjunto de sus necesidades básicas, se concluye que el costo de “eliminar” la pobreza alcanzaba al 2,46 por ciento en 1992.

Estas cifras son el resultado del aumento habido en el ingreso, asociado al crecimiento global de la economía, que permitió reducir la pobreza, aun cuando la distribución relativa del ingreso haya sido modesta.

3.Políticas sociales. Mejoramiento de los servicios sociales y de las políticas orientadas a mejorar la calidad de vida.

La H. Diputada doña María Angélica Cristi desarrolló este tema. Explicó que las políticas sociales han sido objeto de profundas transformaciones y enmiendas, con objeto de orientarlas explícitamente a la finalidad de erradicar la extrema pobreza. Especial énfasis se ha puesto en las reformas de las políticas de inversión en capital humano, de manera de posibilitar que los más pobres adquirieran, por medios propios, las capacidades y las aptitudes que les permitan incorporarse en los beneficios del progreso y del crecimiento económico, a través de empleos estables y cada vez mejor remunerados.

_ El ejemplo chileno es una muestra de que la aplicación de un modelo coherente de políticas (Ronómicas y sociales diseñadas explícitamente para favorecer a los más pobres y erradicar, en el mediano plazo, el problema de la pobreza, obtiene mejores resultados que aquellos modelos que pregonan la distribución de la pobreza, obstaculizando el proceso de generación de la riqueza. En el caso chileno, es posible observar cómo un marco de políticas congruentes y estables en el tiempo permite que el sector privado se constituya en el motor del crecimiento, proporcionando uñ mayor bienestar a todos los componentes de la sociedad.

Durante el gobierno anterior las políticas sociales fueron muy semejantes a las aplicadas y creadas durante el gobierno militar, pero a un costo mucho mayor en cuanto a calidad. Se caracterizaron por su escasa focalización, a juzgar por los 340 millones de dólares que el fisco invirtió en 1993, en burocracia, personal y gastos de oficina. En materia de salud, el Ministerio correspondiente aumentó su presupuesto en el 61 por ciento entre 1990 y 1993. Alrededor del 43 por ciento de los nuevos recursos, se destinaron a gastos de personal, en tanto que el 54,2 por ciento real se dedicó a los insumos necesarios para la operación de los Servicios de salud y de las dependencias centrales del Ministerio.

Sin embargo, se consideró necesario respetar las políticas que se especifican en seguida.

El crecimiento económico del país, que es la clave en la superación de la pobreza. Si el país crece al ritmo del 7 por ciento anual, significa que, para el año 2000, se podría proyectar un ingreso per cápita de US $4.200, es decir, duplicar el existente en 1990. El crecimiento económico es la condición necesaria por excelencia para aumentar los ingresos de los más pobres. De allí la urgencia de mantener los niveles de crecimiento económico. (Instituto Libertad y Desarrollo).

La incorporación de la empresa privada. El Estado debe promover la participación de la empresa privada, ya sea a través de incentivos tributarios o como ejecutora de programas sociales. A modo de ejemplo, recientemente la Confederación de la Producción y del Comercio propuso la ocupación de la infraestructura ociosa de las escuelas-por parte de la comunidad más pobre. Esta notable idea, que cuenta con el respaldo de los municipios, se ha denominado “escuelas multiactivas abiertas y compensatorias”. La proposición del Senador Sebastián Piñera, en el sentido de promover el apoyo empresarial a las comunas pobres mediante franquicias tributarias, es otro claro y valioso aporte de la empresa privada en la lucha contra la pobreza.

La focalización del gasto. Junto con el crecimiento económico, la focalización debe ser controlada en forma permanente. Al respecto, cabe señalar que los recursos aportados por la reforma tributaria no beneficiaron precisamente a los más necesitados, sólo el 26 por ciento del f gasto llegó al 20 por ciento de los más pobres, mientras que el 21 por ciento llegó al sector más rico de la población.

La red social como beneficiadora de los más necesitados. Los subsidios directos deben ser dirigidos a los sectores más necesitados, se deberá producir dependencia permanente. No | obstante, son indispensables, en la superación de la pobreza, los siguientes: el subsidio familiar | (igual asignación familiar), las pensiones asistenciales para los ancianos sin previsión, la alimentación escolar y la complementaria, el subsidio de cesantía, la capacitación laboral, la vivienda básica, la atención preescolar y de salud primaria.

Respecto al mejoramiento de los servicios sociales, señaló que, lamentablemente, en el último tiempo se ha advertido un deterioro en la calidad de los servicios sociales otorgados por las ; municipalidades y una falta de coordinación entre ellas y las instancias gubernamentales con las que ; se relacionan: Ministerios de Vivienda y Urbanismo, Salud y Educación, básicamente.

En cuanto a las políticas para mejorar la calidad de vida, aseveró que aún restan sectores de > chilenos que no logran incorporarse en un sistema que les garantice una mejor calidad de vida, esencialmente por falta de integración social y de oportunidades (sectores aislados geográficamente), por carencias en educación y salud, por patologías psíquicas o físicas, por incapacidad de superación, por la dificultades acceder a un trabajo digno y por otros factores. Esos sectores incapaces de cubrir sus necesidades básicas son considerados en extrema pobreza y alcanzan, en el país, al 11 por ciento de la población. Es decir, suman 1,4 millones de personas.

4.Nuevas formas de focalización de las políticas sociales.

El H. Diputado don Jaime Naranjo expresó, que el concepto de focalización tiene dos dimensiones, que es preciso reconocer y entender. Una se refiere a los grupos de población y la otra apunta a la dimensión territorial.

Luego de efectuar un análisis de las políticas sociales aplicadas hasta 1970, concluyó que la creciente participación del estado, principalmente en el ámbito de la satisfacción de las necesi- dadel básicas de la población, originó en el área social, un conjunto de políticas que se traduje- ; ron en el surgimiento de una institucionalidad que permitió estructurar programas de salud, de educación, de vivienda y de previsión.

En cambio, si se analizan someramente las políticas sociales durante el régimen militar, st y percibe que el principio de subsidariedad del Estado implicó concentrar el esfuerzo social en aquellos sectores en que la aplicación del modelo económico neoliberal no fuera capaz de conseguir el objetivo de equidad.

Si se estudia sucintamente lo que caracteriza la política social desde 1990 en adelante, se advierte que la labor social del Estado no se agota en la satisfacción de las necesidades básicas, de los extremadamente pobres, sino que tiende a revertir la tendencia al empobrecimiento registrada en los sectores medios y de los trabajadores.

Seguidamente, describió los distintos criterios de focalización.

En primer término, se refirió al criterio de la “doble focalización”, consistente en que, una vez identificados los territorios, se reconocen grupos sociales prioritarios en los cuales se va a actuar. En este sentido, se definen como propietarios en los cuales se va actuar. En este sentido, se definen como prioritarios los niños, los jóvenes, los adultos mayores, las mujeres jefas de hogar, los discapacitados y los pueblos indígenas. Eso es lo que caracteriza esta forma de focalización de la política social.

En segundo lugar, el criterio de focalización, que está en parte asociado al anterior, es el que permita asegurar un eficiente y adecuado proceso de transferencia de competencias y responsabilidades desde el nivel central al regional y al municipal, con el objeto de contribuir a la mayor eficacia y transparencia de la acción pública.

El cuarto criterio, es el de la “autoclasificación”. Consiste en que cada persona opta por recibir una determinada prestación. Igualmente, es la persona quien decide si aporta recursos propios para obtener un servicio de mejor calidad. Este es un criterio que también se ha de tener en cuenta.

Finalmente, el último criterio es el denominado “ranking de las comunidades pobres”, que se basa en criterios de riesgo biomédico y socioeconómico. Aquí se consideran los factores de educación, de vivienda y de salud. Identificado este “ranking de comunas pobres”, se puede ir desarrollando la acción de las políticas sociales.

5. Descentralización relacionada con la superación de la pobreza y con la eliminación de la miseria.

El H. Diputado don Ignacio Balbontín, destacó que el grado de desarrollo alcanzado por Chile lo coloca en un momento histórico de cambios cualitativos esenciales para superar la coexistencia dé dos mundos muy diferentes: uno, que se ha incorporado en la modernidad, y otro, que permanece en el atraso y en la pobreza. Esto no sólo ocurre porque al ingreso sea relativamente bajo, sino porque su distribución es muy desigual. Las personas tienen oportunidades muy diferentes para lograr el despegue de sus capacidades potenciales. Esta situación afecta el desarrollo personal y también al de las unidades de producción, que carecen de acceso a los medios que podrían permitir su expansión y modernización.

El cumplimiento del crecimiento con equidad requiere de la presencia activa del Estado para crear oportunidades a los grupos más atrasados y marginados de la sociedad. La presencia del Estado no es excluyeme de la acción privada; por el contrario, su complementariedad es condición de éxito. El sector privado es el motor del crecimiento económico y condición necesaria de bienestar. También puede ser un eficiente ejecutor de programas y proyectos y la decisión de prioridades son tareas a las cuales el Estado no puede renunciar, para así lograr traspasar un umbral mínimo de satisfacción de las necesidades personales y colectivas. m En este contexto la institucionalidad social desempeña un papel fundamental para alcanzar *a mejor utilización de los recursos públicos, siempre escasos; para conseguir el apoyo privado a los programas prioritarios; para proveer la información que se requiere para definir las políticas más eficaces, y para provocar una concertación entre la acción pública y la privada, teniendo en cuenta las necesidades básicas de los beneficiarios, a través de un proceso de participación.

Todo lo anterior apunta a que en un programa para superar la pobreza y eliminar la miseria, es menester adoptar ciertas decisiones políticas ilustradas sobre la base de criterios básicos. Los problemas que se enfrentan en la actualidad son más de carácter cualitativo que cuantitativo. Por ejemplo, ahí esta la calidad de la salud y de la educación, así como su eficacia tanto desde el punto de vista del grupo objetivo al que se desea beneficiar como del costo de los distintos programas sociales.

En primer lugar, existe el criterio de la “integración en el desarrollo”, que fundamentalmente, consiste en otorgar prioridades a las acciones que generan oportunidades para que las personas se incorporen en forma activa en el proceso de desarrollo y a que reciban los frutos del progreso.

La “integración en el desarrollo” pretende, precisamente remover los obstáculos que impiden a las personas y a las unidades de producción integrarse plenamente en el proceso de desarrollo y salir de la marginalidad. Esta concepción tiene importancia para la identificación objetiva de los grupos, para la formulación de las políticas específicas según cada situación, para determinar las instituciones responsables de su aplicación y para la posterior evaluación de cada programa.

Un segundo criterio se refiere a la integralidad de las políticas o a la necesidad de coordinación entre las entidades en relación con el grupo objetivo. En general, se puede afirmar que la superación de las situaciones de marginalidad no se resuelve con una sola medida, sino con varias, que son complementarias y cuya acción conjunta y coordinada produce el efecto deseado. Dado que, normalmente, estas acciones las realizan instituciones de distintas dependencias, se requiere la existencia de coordinación entre ellas, lo que no ha sido lo más frecuente, razón por la cual se ha producido pérdida de eficacia en las políticas públicas y desperdicio de recursos.

La integralidad está relacionada también con la eficacia, que es otro criterio orientador. Depende, por una parte, de estas complementariedades, que se potencian, y, por otra, de k eficacia misma de la unidad ejecutora.

Un tercer criterio es el de la participación. Este es un concepto demasiado amplio, pero que tiene aplicación práctica frente a situaciones específicas. Se puede dar en relación con políticas generales, como ha sido el caso de la concertación entre empresarios, trabajadores y el Estado en la formulación de políticas de remuneraciones y de otros beneficios, como también en situaciones más específicas, como ha sido la aplicación de programas sociales de carácter local, con la activa participación de la comunidad organizada.

Según los criterios precedentemente expuestos, la nueva frase de las políticas sociales requiere ahora de tres nuevos ingredientes globales:

a)Integralidad o integración en el mundo moderno;

b)Descentralización y desconcentración, y

c)Participación.

6. Educación y capacitación laboral y mejoramiento de la productividad.

El H: Diputado don José Makluf puso de relieve que el propósito fundamental de un sistema educativo y de capacitación adecuado a las necesidades de una creciente integración social es el incremento tanto de la productividad como de la participación social. .

Los objetivos que constituyen pilares básicos para dar preeminencia, en escala nacional e* internacional, a la igualdad de oportunidades, sustentada en el acceso fluido al conocimiento y en su constante actualización, son los siguientes:

1)Lograr que el sistema educativo y de capacitación responda con flexibilidad y rapidez a los constantes cambios que experimenta la sociedad actual, adoptando los planes y los programas a los requerimientos de la competencia científico-tecnológica del mundo laboral.

2)Garantizar el acceso de todos al conjunto de conocimientos y destrezas que se requieren para participar tanto en la vida pública como en las actividades productivas de la sociedad moderna; alcanzar el acceso cuantitativo y cualitativo a la escolaridad básica; conseguir el descenso de la deserción escolar y trabajar por el mejoramiento sustantivo de la calidad de la educación.

3)Impulsar la creatividad, la difusión y la innovación en el área científico-tecnológica, promoviendo estrechos vínculos entre las actividades de la investigación y las productivas, como, asimismo, promover fórmulas eficaces de transferencia tecnológica.

4)Estimular un mayor compromiso financiero del Estado y del sector privado con la educación, la capacitación y la investigación científico-tecnológica, dada la importancia de invertir en la formación de recursos humanos competentes, y

5)Propiciar una creciente cooperación internacional en el ámbito de la educación y del conocimiento, que posibilite el empleo más eficiente de los recursos universales y de los centros académicos, articulando en el nivel supranacional, los sistemas educativos con el sistema productivo mundial.

7.Generación de empleos productivos.

El señor José García, se refirió a las políticas que mejoran la información y la competividad e incrementan su utilización en forma estable y sostenida.

Primeramente, afirmó, que el desempleo involuntario se combate, principalmente, a través de políticas que den flexibilidad al mercado laboral. En este sentido, son deseables todas aquellas políticas tendentes a mejorar la información y la competividad del mercado, que eliminen distorsiones tales como salarios mínimos elevados, reajuste salarial automático, leyes de inamovilidad, rigideces de los contratos, etcétera.

Las leyes de inamovilidad constituyen una traba para el desarrollo económico y, en definitiva, perjudican a los trabajadores. Los empresarios son reticentes a contratar a una persona cuando saben que será muy difícil despedirla. Esto atenta contra la provisión de empleos en el largo plazo.

En lo tocante al salario mínimo, se puede sostener que, cuando éste es restrictivo, se traduce normalmente en mayores salarios reales para quienes están trabajando, perro tiene su contrapartida en niveles más altos de desempleo.

La fijación de salarios mínimos elevados es categóricamente atentatoria contra una política de creación de empleos.

En segundo término, señaló que estas políticas deben orientarse, fundamentalmente, a lograr aumentos en la tasa de crecimiento del producto, alterando su composición sectorial mejorando la calidad de la mano de obra, a través de la selección de tecnologías.

Es indudable que altas tasas de crecimiento del producto favorecen la mayor absorción de desocupados. Sin embargo, la magnitud de la disminución del desempleo dependeré de cuán intensivos, en mano de obra, sean los sectores de la economía que más contribuyen a este crecimiento.

Una estrategia de crecimiento económico basado en el incremento de las exportaciones, generalmente, significa mayor empleo de mano de obra no calificada que el sector substituidor de importaciones.

No obstante, altas tasas de crecimiento del producto no son suficientes para absorber el desempleo en un tiempo aceptable, por lo que se refiere de políticas adicionales para lograrlo.

Entre las políticas que incrementan el empleo en forma estable y sostenida, enumeró las siguientes:

a)Subsidiar la contratación de mano de obra. En teoría, es la forma más eficiente de aumentar el nivel del empleo, ya que incentiva directamente la contratación de mano de obra.

b)Establecer programas de capacitación, que no sólo permitan que los trabajadores accedan a mayores salarios, sino que, además, contribuya a mejorar la movilidad entre los distintos sectores productivos.

c)Promover una mayor estabilidad laboral, estableciendo un sistema de remuneraciones en el que parte de los salarios sea variable y dependa directamente de la gestión de la empresa. 

d)Seleccionar tecnologías intensivas, a través de la orientación de recursos de adaptación S

tecnológica, para tomar más eficiente a la mano de obra.

e)Incentivar la capacidad empresarial, fomentando iniciativas creadoras de empleo. Esto § es especialmente relevante como parte integral de una estrategia para generar empleos 1 productivos.

8.Vinculación entre el mejoramiento salarial y la productividad de las políticas correspondientes.

La H. Diputada Romy Rebolledo abordó esta materia, indicando que existe una estrecha J relación entre el mejoramiento de la productividad y el mejoramiento de los salarios reales. | Desde 1985 hasta 1993, la productividad media creció en el 27.6 por ciento, mientras los J salarios reales aumentaron en el 27,2 por ciento. En ambos casos, durante la década 1975- , 1984, el promedio de ambos indicadores casi no presenta diferencias.

Estando la productividad del trabajo íntimamente asociada a su remuneración, una política que tienda a mejorar la productividad es clave como factor de mejoramiento de los ingresos de los hogares.

Añadió que las tres fuentes fundamentales de aumento de los ingresos de las familias son:

1)El aumento en la productividad del trabajo.

2)Una legislación laboral y un marco social e institucional adecuados, que permitan su traducción en aumentos salariales.

3)El aumento en las oportunidades de empleo.

En lo referente a las medidas para mejorar la productividad del trabajo, especificó que podrían ser las siguientes:

1)Reformar en forma sustantiva el sistema educacional. Consecuentemente con ello, el Ministro de Hacienda ha anunciado que se mejorará la calidad de la educación y que el i gasto o la inversión en educación alcanzará en los próximos ocho años, al 7 por ciento del producto.

2)Mejorar la cobertura y la calidad de los programas de capacitación laboral. Un avance importante lo constituye el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, recientemente enviado la Congreso Nacional.

3)Desarrollar programas productivos, especialmente de apoyo empresas.

Las exposiciones antes señaladas, se encuentran a disposición de los señores Diputados 1 en un anexo del expediente de este informe. -

5.Tercera etapa del trabajo de la Comisión.

5.1 La Comisión celebró dos audiencias públicas, los días miércoles 2 y 9 de noviembre del año en curso.

A la primera concurrieron los Intendentes de la Tercera Región señor Eduardo Morales Espinoza, y de la Región Metropolitana señor Alex Figueroa Muñoz; los Secretarios Regionales Ministeriales de Planificación de la Primera Región, señor Juan Podestá Arzubiaga, de la Tercera Región, señor Osvaldo Avila Castro; de la Cuarta Región, señor Ricardo Cifuentes Lillo, y de la Región Metropolitana, señor Hernán Rodríguez Baeza; el Jefe de Relaciones 

públicas de la Intendencia de la Región Metropolitana, señor Hernán Coloma; la concejal de la comuna de Talagante señora María Eugenia Torres; el Secretario de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la comuna de Melipilla, señor Ramón Astorga Catalán; el representante de la localidad de Alto Hospicio, de la comuna de Iquique, señor Alamiro González Fuenzalida, y la señora María Teresa Veas, de la región Metropolitana.

A la segunda, asistieron los Secretarios Regionales Ministeriales de Planificación y Coordinación de la Segunda Región, señor Luis Manzi Astudillo; de la Quinta Región, señor Jorge Negrete Sepúlveda; de la Sexta Región, señor Gonzalo Castillo Navasal; de la Séptima Región, señor José Ramón Letelier; de la Octava Región, señor Sergio Moffat López; de la Novena Región, señor Ramiro Pizarra Ruedi; de la Décima Región, señor Carlos Haefner Velásquez; de la Undécima Región, señor Oscar Gárate Mora, y de la Duodécima Región, señor Carlos Gómez Cárdenas, y el Concejal de la Comuna de Cerro Navia de la Región Metropolitana, señor Rafael Hernández.

En las citadas audiencias, se analizaron y discutieron los programas regionales contra la pobreza, la constitución de comités comunales de superación de la pobreza y las experiencias y carencias en cada una de las comunas del país.

5.2. Del Debate habido se afinaron conclusiones de lo escuchado de los representantes de las distintas regiones del país, con el objeto de precisar el hecho de la pobreza y de la indigencia en las diversas localizaciones geográficas de Chile.

El Intendente de la Tercera Región, señor Eduardo Morales Espinoza, hizo presente que esa fecha se encontraba en elaboración el programa de superación de la pobreza de la región con tratamiento de primera prioridad, exigiendo un estudio a fondo sobre la eficacia de las políticas sociales aplicadas a la fecha y de sus instrumentos de fiscalización y de evaluación.

Atribuyó, especial importancia, al programa de monitoreo de la política social del gobierno que se encuentra en ejecución en Atacama desde el año 1993, concebido como una instancia extrema a los programas sociales. Dicho programa es relevante para conocer la gestión administrativa y de ejecución de los mismos y para conocer la incidencia que tienen las políticas aplicadas en los grupos beneficiarios.

En el año 1993, se aplicó este programa a la vivienda progresiva, al mejoramiento educativo (P.M.E) y al programa de transferencia tecnológica del Instituto del Desarrollo Agropecuario INDAP. Para el presente año, fueron seleccionados los programas de asistencia y modernización de la minería artesanal y se encuentra en estudio el programa de sectores de pobreza, para ser aplicado en las dos comunas consideradas dentro del plan piloto de superación de la pobreza en esa región.

Por otra parte, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), se encuentra trabajando directamente en las localidades pobres de la región en los siguientes programas:

Apoyo a la microempresa.

Generación de capacidades en localidades pobres.

Apoyo a campesinos y comunidades indígenas.

Apoyo a la juventud.

El FOSIS, cuenta con instrumentos de evaluación que son aplicados en terreno en cada uno de sus programas. Su ejecución ha puesto de manifiesto la necesidad de avanzar a la sistematización y perfeccionamiento de los propios métodos de evaluación ex-ante y ex-post, como también la de desarrollar estudios más acabados sobre las dimensiones territoriales de la pobreza, de los grupos involucrados y de sus potencialidades.

La principal experiencia de interés de la labor realizada por el gobierno regional de la Tercera Región, se centralizó en la comuna de Alto del Carmen. Una de las más pobres del país,como uno de los más importantes esfuerzos de focalización y coordinación de la acción social del sector público y de la inversión de los distintos servicios centralizados regionales y municipales. De esta manera, se definieron diversas iniciativas tendentes a revertir la situación de pobreza de esta comuna rural. De la labor desarrollada se puede destacar lo siguiente:

Instalación de electrificación rural con energía solar y tradicional.

Instalación de comunicaciones telefónicas y de radiotransmisión.

Reposición y equipamiento de escuelas y postas.

Mejoramiento de red caminera.

Nuevas instalaciones y mejoramiento de la red de agua potable rural.

Programas de capacitación y de transferencia tecnológica.

Programas de forestación y de regadío agrícola.

Programas de mejoramiento de la calidad de la educación y de la salud pública.

Programa de mejoramiento de la vivienda rural.

Finalmente, se destacó que, como resultado de la aplicación de este plan integral, ha habido un notable mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la comuna de Alto del Carmen, quedando superada significativamente la condición de vida existente el año 1990, que señalaba a dicha comuna como la tercera más pobre del país. Hoy la indigencia afecta al cinco por ciento y la pobreza al dieciocho coma dos por ciento de la población, por debajo de indicadores regionales que son del orden del 6,2 por ciento y del 28,8 por ciento, respectivamente.

El Intendente de la Región Metropolitana señor Alex Figueroa Muñoz, ante la Comisión manifestó:

Chile es uno de los pocos países que ha expresado en su agenda política y social la necesidad de superar la pobreza como un desafío que compromete los esfuerzos de todos los sectores de la vida nacional, constituyéndose en uno de los hitos más novedosos y audaces de los últimos veinte años de la política nacional.

EÍ desafío de promover social y económicamente a más de un millón de chilenos que viven en la pobreza extrema y más de cinco millones que lo hacen en situación de pobreza, éticamente debe movilizar las voluntades y las energías de todos los sectores de la nación, porque más sana, más estable y más competitiva, en la que todos nuestros compatriotas puedan, en igualdad, acceder a las oportunidades que brinda el progreso.

Añadió que economistas, planificadores sociales, políticos y gobernantes de todo el mundo conocen las diversas fases del círculo de la pobreza, y expresan la necesidad de aumentar la inversión social en favor de los sectores más carenciados, como también, fomentar la creación de empleos que permitan a las personas mejorar sus estándares de vida.

Señaló que, cualquier política social debe estar enmarcada en una estrategia global de desarrollo que contemple la integración competitiva a los mercados mundiales, los que cada día son más exigentes, interrelacionados y complejos.

Participación de los Secretarios Regionales de Planificación y Coordinación.

El señor Juan Podesta Arancibia, Secretario de Planificación y Coordinación de la Primera Región, expresó que, para localidades de extrema pobreza, fue necesario abrir un espacio de discusión sobre la pobreza, tanto en el sector público como en el privado.

El principal problema que se debió enfrentar lúe la carencia de información, debido a que hubo que recopilar, centralizar y ordenar antecedentes para analizar el comportamiento social entre los

años 1990-1994, de modo de determinar quiénes recibían los subsidios y programas, cómo se gastaban los recursos y cuál era su efecto en los sectores a los cuales se pretendía beneficiar.

Se diseñó un Plan Regional de la Pobreza, considerando el año 2000 como meta final.

En cuanto a las metodologías integradoras en la aplicación de las políticas sociales, la Región estimó necesario estructurar las siguientes iniciativas:

a)Constitución de un equipo técnico que considere las instituciones públicas involucradas en lo social, que trabaje con criterios de integridad, globalidad y complementariedad.

b)Formación de equipos técnicos de los grupos vulnerables que, a su vez, convoquen a otras instituciones altamente especializadas, públicas o privadas.

c)Creación de un sistema de información social, que tenga finalidad detectar problemas y conflictos sociales, hacer su seguimiento, formular programas y proyectos y realizar la respectiva evaluación.

El señor Luis Manzi Astudillo, Secretario de Planificación y Coordinación de la Segunda Región, informó que la Región presenta importantes sectores afectados por la pobreza, no justante que, con las actuales políticas sociales, los mayores recursos públicos y la adecuada coordinación de las autoridades regionales, se han obtenido avances notables. Con respecto a la extrema pobreza, el número de personas indigentes se redujo del 11,2 por ciento al 6,7 por ciento, en el período 1990-1992, lo que supera holgadamente la media nacional (9 por ciento) y sitúa a la Región entre las mejores del país. ES preciso señalar que, en las familias extremadamente pobres existentes en nuestra Región, el 35 por ciento de los jefes de hogar son mujeres. Esto, demanda una mejor focalización de las políticas sociales en los próximos años.

En la Región, el lineamiento de la superación de la pobreza postula la necesidad de erradicar la extrema pobreza y lograr un alto índice de satisfacción de las necesidades básicas de la población de menores ingresos, mediante el compromiso del empresario en la generación de empleo permanente; la creación o consolidación de la actividad microempresarial en los sectores pobres; la promoción de la capacitación laboral; la prevención de la deserción escolar; el aumento de la cobertura de la educación pre-escolar y básica (en establecimientos con programas incompletos); el incremento de la cobertura y de la calidad de la atención primaria de salud; la disminución del déficit de viviendas; el mejoramiento de la infraestructura básica y de servicios en los sectores pobres y el desarrollo de un modelo de gestión pública regional para aumentar la eficiencia y la efectividad de los programas sociales dirigidos a la población en Situación de extrema pobreza.

En el aspecto metodológico, la Región intenta aplicar el criterio de superación de la pobreza y las diferentes metodologías de distribución o asignación de recursos, con la finalidad de impactar realmente en los sectores más favorecidos. A partir de este año, se diseñó y aplicó una metodología de distribución del Fondo Nacional de Desarrollo Regional el proceso presupuestario de 1995, con objeto de definir marcos comunales en forma equitativa, basándose en el modelo utilizado por Subsecretaría de Desarrollo Regional en la asignación de recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional a las regiones del país.

Se constituyó la Comisión Regional de Superación de la Pobreza, que ha efectuado avances notables en materia de identificación y localización de los sectores de extrema pobreza en el territorio regional, como, asimismo, en la identificación de las iniciativas (programas, proyectos y acciones) de inversión pública de las que se espera un impacto en la situación de la pobreza. La identificación de las iniciativas permite, a su vez, el seguimiento de la ejecución y la agilización de la misma.

El señor Osvaldo Ávila, Secretario de Planificación y Coordinación de la Tercera Región destacó que la Región atribuyó importancia al Programa de Monitoreo de la Política Social del Gobierno que se encuentra en ejecución en Atacama desde 1993, concebido como instancia externa de los programas sociales.

Consideró relevante contar con un sistema de monitoreo de los programas sociales, que es $ indispensable para aumentar la capacidad de anticipación a los problemas que se presentan en su ejecución, para la corrección y seguimiento de los mismos y, en definitiva, para aumentar la 1 eficacia y la eficiencia de la acción del Gobierno en la lucha contra la pobreza.

Puso de relieve que, entre 1990 y 1994, se realizó en la comuna Alto del Carmen, una de *' las más pobres del país, un importante esfuerzo para focalizar y coordinar las acciones sociales del sector público, conjugando la inversión de los distintos servicios centralizados, regionalizados y municipales. Así, se definió una serie de iniciativas tendentes a revertir la situación de pobreza característica de esa comuna rural.

Como resultado de este programa, que tuvo para el Estado un costo de $ 2.905.883.357, con un gasto por habitante de $614.872. En la actualidad la indígena afecta sólo al 0,5 por ciento de la población y la pobreza al 18,2 por ciento, porcentajes que están muy por debajo de los indicadores regionales.

El análisis de las políticas sociales gubernamentales aplicadas para superar la extrema pobreza en las localidades de la Región de Atacama permite concluir que su eficacia se encuentra en estrecha relación con su integralidad. Esto es, el efecto integrador de los sectores y las instancias públicas para ponerlos en práctica. Por lo contrario, conspira contra la eficacia la aplicación de planes aislados que, por sí solos, no son suficientes para producir cambios sustantivos en la realidad.

El plan piloto de superación de la pobreza, cuya ejecución ha comenzado en estos días, se centra precisamente en la coordinación intra e intersectorial, para asegurar la eficacia de la inversión pública en los resultados sociales.

El señor Ricardo Cifuentes Lillo, Secretario de Planificación y Coordinación de la Cuarta Regidh, manifestó que, a pesar de los polos de desarrollo de La Serena y Coquimbo, en la Región existe el 39,9 por ciento de pobreza y el 9,8 por ciento de indigencia.

La estrategia de superación de la pobreza tropieza con el mayor grado de dificultad en lo relativo a la pobreza estructural, derivada del fuerte traslado de la población rural a la ciudad, que no tiene ningún grado de capacitación para acceder a empleos productivos.

Se refirió a la labor de la Comisión de Desarrollo Caprino, en que el Estado debería asumir un / papel promotor en las localidades aisladas, con gran significación para las familias y sus animales.

En cuanto a la fiscalización de los proyectos sociales, afirmó que siempre es posible proporcionar a los servicios públicos los medios necesarios para llevarla a cabo.

Por último, llamó la atención acerca de que las regiones no son homogéneas. Deben considerarse sus diversidades y flexibilizarse los instrumentos adecuados a la realidad de cada una de ellas.

El señor Jorge Negrete Sepúlveda, Secretario de Planificación y Coordinación de la Quinta Región, dio a conocer que en la Región se están dando pasos para avanzar en este sentido, especialmente con el Plan Regional de Superación de la Pobreza y con la Estrategia de Desarrollo Regional, que tienen, como puntos importantes, el desarrollo de la pequeña producción, la capacitación, la erradicación de la extrema pobreza, la atención especial a los grupos vulnerables, el monitoreo y la evaluación de las políticas sociales, y el incentivo a la participación social de los grupos más pobres, entre otros factores.

Las políticas sociales o los programas y proyectos sociales, requieren una cantidad importante de recursos, los que, la mayoría de las veces, se invierten sin tener elaborado con anterioridad un diseño de evaluación y de seguimiento. Por ello constituye una necesidad imperiosa elaborar estos diseños con anterioridad, de manera de asegurar una evaluación permanente que contribuya al cumplimiento de los objetivos de los programas y, en definitiva, a una mayor eficacia de los mismos.

Los sistemas de evaluación y de seguimiento de los programas deben contemplar la participación de las personas beneficiarías. Normalmente, las averiguaciones son efectuadas desde arriba y realizadas en términos de cifras. Sin embargo, la pobreza no se traduce sólo en cifras, sino también en condiciones especiales que marcan la vida cotidiana de las personas y que van más allá de los guarismos. A veces, el impacto no está en el número de personas beneficiadas, sino en cómo le cambia significativamente la vida, a un número, tal vez pequeño, pero importante de personas.

Por lo anterior, deben crearse sistemas de evaluación y de seguimiento innovadores y participativos, que den especial relevancia a la opinión de quienes sufren diariamente la pobreza y la marginación.

En nuestra Región, como en todo el país, se precisan diagnósticos certeros, que apoyen una acción que tenga impacto sobre la pobreza y que, a la vez, sea legitimada por aquellos que la sufren desde el punto de vista del sector público, aquí se ha hecho un primer esfuerzo para delimitar y ubicar lo más acertadamente posible a los sectores más pobres de la Región, a través de una metodología que comprende catorce indicadores de carencia.

No obstante, lo anterior esto no es suficiente, puesto que hay una cantidad significativa de indicadores que también denotan una situación de pobreza y que es necesario estudiar, para poder afinar los diagnósticos y, a partir de ello, desarrollar los programas más adecuados.

Para esto, es menester fomentar la participación activa de las personas en la elaboración de sus autodiagnósticos, que les permiten captar la percepción de su propia realidad, sus inquietudes, sus problemas captar la percepción de su propia realidad, sus inquietudes, sus problemas más sentidos, así como señalar la priorización que de ellos hacen e indicar lo que puedan aportar a la solución de sus propios problemas, evitando así que sean meros receptores pasivos de políticas emanadas de niveles superiores del Estado, los cuales muchas veces, no son legitimadas como solución real a los problemas a la gente.

El señor Gonzalo Castillo Navasal, Secretario de Planificación y Coordinación de la Sexta Región, sostuvo que, según la encuesta “Casen”, en 1992 la población en condición de indigencia en la Región se redujo del 15 por ciento al 6,1 por ciento en los años 1990-1992, así como el porcentaje de la pobreza bajó del 42,6 por ciento al 27,1 por ciento. Tales disminuciones pueden ser explicadas por los siguientes tres factores.

1)La reducción del desempleo en el 20 por ciento más pobre de la población, del 22,8 por ciento, en 1990, al 14,1 por ciento, en 1992, en el nivel nacional, lo que permite suponer similar comportamiento en el nivel regional.

2)Aproximadamente, el 40 por ciento de la fuerza de trabajo labora en el sector agrícola, porcentaje que aumenta de manera considerable cuando se analiza la distribución por sectores de la fuerza de trabajo pertenecientes al primer quintil de ingresos.

3)Desde 1990 hasta la fecha, ha habido un importante crecimiento real del salario mínimo y de las remuneraciones recibidas por los trabajadores temporeros, variación que se evidencia en el aumento de costos de personal entre los agricultores frutícolas.

El crecimiento de la actividad agrícola en los últimos diez años ha presionado el mercado laboral del sector, influyendo positivamente en las remuneraciones de los trabajadores. En la mayoría de los casos, éstos no deben presentar necesariamente una calificación laboral especial . y quedan a merced de las fluctuaciones del mercado, sin más posibilidad, de los casos, éstos no ’* deben presentar necesariamente una calificación laboral especial y quedan a merced de las ; fluctuaciones del mercado, sin más posibilidad, en los casos de baja de la actividad, que trabajos temporales mal remunerados o la cesantía.

Propuso aumentar la inversión en capacitación laboral en cantidad y calidad, de acuerdo con la demanda de la mano de obra existente y esperada en la Región, y crear una coordinación permanente entre los sectores público y privado, dirigida a incrementar el efecto de la inversión mixta en la Región.

El señor José Ramón Letelier, Secretario de Planificación y Coordinación de la Séptima Región, recalcó las características de la pobreza en la Región, en el secano costero interior, en la depresión intermedia, en la precordillera y en las zonas urbanas concentradas.

Se refirió a los objetivos generales y específicos del Plan Especial de Comunas para la Superación de la Pobreza y a las políticas aplicadas a favor de los grupos prioritarios.

Informó que, en la Región, se constituyeron la totalidad de los Comités Comunales para la Superación de la Pobreza y que se han formado los Consejos Comunales de la Discapacidad en las comunas de Curicó, Talca y Constitución.

Asimismo, dio a conocer que se ha puesto en marcha el Programa Regional de la Infancia y de la Adolescencia (PRIA) y que se estudia la posibilidad de aplicarlo en las comunas prioritarias.

Entre los principales aspectos por considerar en el Plan Territorial de la Superación de la Pobreza, detalló los siguientes:

1)Relevancia de la doble focalización de programas y proyectos sociales en comunas y localidades en situación crítica, para favorecer la integralidad y la complementariedad de la gestión social pública.

2)Importancia de la participación de la comunidad, para asegurar la adecuada sustentabilidad de los programas y proyectos y la generación de capacidades que permitan emprender iniciativas en el futuro.

3)Necesidad de identificar indicadores de calidad de vida, en el nivel territorial, que sean compartidos y utilizados por los distintos sectores sociales para evaluar la repercusión de los proyectos y programas sociales en las localidades calificadas como en extrema pobreza.

El señor Sergio Moffat López, Secretario de Planificación y Coordinación de la Octava Región, hizo hincapié en que su Región ha presentado un deterioro en la situación de los ingresos de la población, según la encuesta “Casen”, de 1992.

De acuerdo con esa encuesta; la Octava Región fue la única del país donde aumentó el número de indigentes en el sector urbano. En efecto, en el país donde aumentó el número de indigentes en el sector urbano. En efecto, en el período 1990-1994, la población en estado de indigencia, en el sector urbano, subió, en términos absolutos, de 204.396 a 211.267 personas.

No obstante, la situación de las personas en condición de pobreza se incrementó levemente, del 46,3 por ciento al 46,6 por ciento. Con ello, su Región se sitúa por sobre la Metropolitana y por sobre la que le sigue en el número de pobres.

Añadió que se trata de una Región de menor dinamismo, la cual ha bajado, su participación en el Producto Nacional del 11 por ciento al 8,8 por ciento.

Abordó, seguidamente, materias como la construcción social en la Región y la necesidad de modernizar la gestión del Gobierno Regional a través del fortalecimiento de las instituciones, sobre todo, en el nivel municipal, para que puedan elaborar proyectos y superar los problemas de la emigración de capacidades.

En cuanto al equilibrio y al orden territorial, abogó por la conveniencia de crear villorios forestales y agrícolas.

Sobre el tema de la cultura, aseveró que es necesaria una mejoría de la capacitación y añadió que la cobertura de la educación básica alcanza a sólo el 5 por ciento.

Aludió al “Plan Piloto de Monitoreo” de la Región, que se encuentra en estudio desde mediados de 1994. Hasta la fecha se han realizado 128 entrevistas, de un total de 147, que abarcan las provincias de Arauco, Concepción, Bio-bío y Nuble.

El señor Ramiro Pizarra Ruedi, Secretario de Planificación y Coordinación de la Novena Región, se refirió a los programas relativos a la infancia y a la adolescencia y a los del sector costero, como los primeros orientados hacia la superación de la pobreza.

Respecto al Programa Regional de Superación de la Pobreza, destacó seis políticas de carácter multirregional, que son las de participación, desarrollo intensivo, infraestructura, educación e identificación de localidades aisladas.

En cuanto a las metas de la Región, informó que se espera que su productividad se desarrolle por sobre la del promedio nacional y que el 6 por ciento de los nuevos puestos de trabajo planteados para el país, es decir, alrededor de 30.000 nuevas ocupaciones, se creen en la Región de aquí al año 2000.

El señor Carlos Haefner Velásquez, Secretario de Planificación y Coordinación de la Décima Región, hizo especial mención del sub-sector pesquero artesanal y de la situación de la mujer en la Región.

El subsector pesquero artesanal, en la Región, se encuentra constituido por aproximadamente 20.000 personas y distribuido en 41 caletas y centros de desembarque, las que aportan el 90 por ciento de la materia prima para la industria pesquera elaborada, y representan, además, el 62,5 por ciento del total de la mano de obra del sector pesquero regional.

No obstante lo anterior, el subsector enfrenta actualmente una serie de problemáticas que agudizan muchos problemas que derivan de las condiciones de desarrollo particulares que ha experimentado en los últimos años y que constituyen características socio-culturales que le son inherentes. w Si bien los pescadores artesanales cuentan con los medio básicos de subsistencia, no presentan potencialidad para asegurar procesos de crecimiento económico bajo la actual situación de su expansión productiva, las actuales características del mercado y las condiciones de capacitación y desarrollo tecnológico que le ofrecen otros subsectores. Todo ello permite identificar, mayoritariamente, a los pescadores artesanales bajo la línea de pobreza.

Respecto de la situación de la mujer, informó que las mujeres de la Región sólo participan en el 23 por ciento, contra el 28 por ciento de la participación en el nivel nacional. En esta cifra incide la ruralidad de la Región, ya que muchas mujeres que tienen labor activa en la producción agrícola doméstica no la declaran por considerarse dueñas de casa.

A pesar de que la tasa de analfabetismo de la mujer registra una tasa de casi el 15 por ciento, es particularmente relevante que existan en la Región 51.970 hogares, en los cuales las mujeres cumplen el papel de jefas de hogar, las que corresponden al 22,8 por ciento del total de hogares de la Región. En síntesis, un total de 16.179 mujeres jefas de hogar (31,1%) se encuentran en condiciones de extrema pobreza.

Opinó que el avance significativo en la superación de la pobreza en la Región implica considerar, necesariamente, las características diferenciales entre la pobreza urbana y la rural, pues ellas determinan diversas necesidades de acción relevante. En el caso de los centros urbanos, la pobreza se origina en las escasas oportunidades de empleo formal, de capacitación y de acceso a mejores salarios. Por su parte, en las localidades rurales, la pobreza se asocia a la falta de capacitación, al aislamiento y a las dificultades para acceder a los beneficios sociales, a los graves problemas de comercialización derivados de insuficiencias redes viales secundarías y de mala calidad de los suelos, etcétera.

El señor Oscar Gárate Mora, Secretario de Planificación y Coordinación de la Undécima Región, afirmó que la pobreza es, en gran parte, el resultado de dificultades para la acumulación de capital. Estas dificultades muchas veces tienen una causa de tipo mental más que material, dado que poblaciones completas se sumen en condiciones de precariedad, por una actitud de abandono y de “desesperanza aprendida”.

Debido a ello, es necesario fomentar las organizaciones de base como instrumento de desarrollo y participación, así como crear las instancias adecuadas que movilicen a la población et| la búsqueda de una mejor calidad de vida.

Agregó que es fundamental reconocer la importancia de la creación de trabajos productivos y la dignificación del trabajo. Por ello, debe referirse el uso de tecnología intermedia, que permita obtener la misma cantidad de bienes con mayor costo de mano de obra que la producción mediante tecnología de punta.

Estimó que el Programa Nacional de Superación de la Pobreza, a través de sus redes de acción, de los programas regionales y de los programas pilotos comunales, conlleva en sí un vuelco radical. Se trata de no mirar desarticuladamente un problema que compete a todos, como se hiciera antaño, sino de mirarlo en forma holística, integrada y coordinada.

Para ello, será necesario establecer una capacidad de seguimiento y de la evaluación participativa, que posibilite decidir adecuadamente qué políticas se deben llevar a cabo para la consecución de las metas y de los objetivos propuestos en función del desarrollo deseado.

El señor Carlos Gómez Cárdenas, Secretario de Planificación y Coordinación de la Duodécima Región, subrayó que la pobreza de Magallanes ofrece características particulares, no sólo debido a sus determinantes geográficas y climatológicas, sino también a que no ha obtenido crecimiento económico de otras regiones del país.

En la Región, la pobreza se manifiesta principalmente en la falta de empleo estable y de ingresos que permitan la adecuada satisfacción de las necesidades humanas elementales. Esta situación reviste mayor gravedad en la época de invierno, cuando se paralizan las actividades estacionales, entre las que destacan las de la construcción y de la ganadería. Los subsidios y los apoyos potenciales de los servicios públicos cobran especial importancia, aunque constituyen un paliativo que no apunta a la superación de esta problemática.

Hizo presente que las mayores restricciones que experimenta el proceso de industrialización radican en las características de un mercado consumidor reducido, en la lejanía de los principales centros de consumo, en la insuficiente infraestructura del servicio portuario, en los obstáculos que presenta la incursión en el comercio exterior y en la ineficiencia de los incentivos de producción y de inversión en el desarrollo regional.

Añadió que además el problema del aislamiento afecta integralmente a todos los elementos de la sociedad magallánica, en especial al encarecer el costo de la vida y al restar efecto a la inversión social, aumentando el costo de las inversiones.

No obstante lo anterior estimó que el Proyecto de la Región será la base para elaborar propuestas claras, coherentes y de largo plazo para la superación de la pobreza en ella. Al mismo tiempo, el Plan Regional de Superación de la Pobreza debe ser parte integral y ordenadora del Proyecto de la Región, al menos en sus metas a corto y a mediano plazo.

Las intervenciones de las autoridades regionales que concurrieron invitadas a la Comisión, han sido muy resumidas en este informe y, todas ellas, se encuentran a disposición de los señores Diputados en el expediente especialmente preparado por la Comisión.

6.Participación de los honorables Diputados señores Juan Masferrer Pellizzari y Héctor Zambrano Opazo, en la segunda reunión del Comité Preparatorio de la Cumbre Social, celebrada en las Naciones Unidas en el mes de agosto de 1994.

El señor Masferrer en su intervención expresó:

“Queremos referimos a tres aspectos del proceso de seguimiento y estructuración de los acuerdos de la Cumbre:

La cuestión de los recursos, la modalidad del seguimiento y las acciones por tomar en el nivel del sistema de Naciones Unidas.

Comenzaremos por analizar la cuestión de los recursos, dado el escaso tiempo disponible, nos concentraremos en las acciones en el nivel internacional.

Los acuerdos de la Cumbre deben incorporar un renovado esfuerzo de cooperación hacia el desarrollo social. Como se ha señalado reiteradamente, los esfuerzos nacionales, necesariamente, deben ser acompañados por una mayor solidaridad internacional. La Cumbre representa una oportunidad única para fortalecer el compromiso con ese principio y tomar medidas prácticas en esa dirección. En esa perspectiva, proponemos las siguientes iniciativas:

-Cada país donante debiere establecer un calendario preciso para alcanzar el compromiso de destinar el 0,7 por ciento de su producto a la cooperación para el desarrollo. En ese contexto, las prioridades acordadas en la Cumbre debieran reflejarse en la orientación de los recursos de la cooperación.

-Debe acordarse la moratoria de la deuda externa bilateral de los países africanos y de menor desarrollo relativo.

La situación de la deuda externa multilateral debe ser examinada, a fin de revertir el actual flujo de recursos desde los países en endeudados hacia las instituciones financieras internacionales.

-Deben estructurarse mecanismos de reconversión de la deuda externa hacia los recursos para el desarrollo social.

La evaluación del efecto social de los programas de ajuste estructural desde el diseño de dichos programas debiera reflejarse en una mayor disponibilidad de recursos para el desarrollo social en cada país.

El Banco Mundial y los bancos regionales deben sumarse a los acuerdos de la Cumbre, y comprometerse a incrementar los recursos destinados al desarrollo social, asegurando plazos y condiciones adecuadas en sus préstamos.

-El criterio de propuesta 20-20 representa una de las expresiones posibles de la voluntad política de realzar la importancia otorgada al desarrollo social y, como tal, merece ser examinada en detalle. ; Es importante recalcar, sin embargo, que la preocupación por el nivel del gasto social debe ir acompañada por una atención similar respecto de la eficiencia con que los recursos sean usados.

En relación con el seguimiento de la Cumbre, hay que considerar el nivel nacional y el internacional.

En el nivel nacional, proponemos las siguientes iniciativas:

-Debieran establecerse comités de seguimiento, de constitución amplia, en los que se incorpore activamente a los sectores de la sociedad civil.

-Las estrategias nacionales de desarrollo social deben comprender los compromisos adquiridos en la Cumbre y ser revisados a la luz de las recomendaciones expresadas en este programa de acción.

-Anualmente, los gobiernos que lo estimen conveniente podrían elaborar un informe nacional, acerca de los progresos logrados. Estos informes podrían ser integrados en un compendio de circulación amplia, de modo de facilitar el intercambio de información y de las experiencias.

En el nivel multilateral, se debieran considerar los siguientes mecanismos:

-Examen periódico del estado de cumplimiento de los acuerdos por la Asamblea General.

-Informe periódico del Secretario General sobre el tema.

-Establecimiento de un Comité interagencial de alto nivel, con participación de la OIT, de las instituciones financieras y de la Organización Mundial del Comercio, cuyas funciones serían, entre otras:

a)Estudiar y proponer las acciones que el sistema debe tomar para llevar a cabo una efectiva aplicación de los acuerdos;

b)Asegurar la coordinación de los distintos actores del sistema en el cumplimiento de los acuerdos de la Cumbre;

c)Cooperar con el Secretario General en las labores de seguimiento que debe llevar a r cabo la Secretaría, y Estudiar nuevas fórmulas para el financiamiento de las actividades del sistema en el campo del desarrollo social, incluido el examen de las propuestas contenidas en el último informe sobre el desarrollo humano.

Por último, debiera considerarse la realización de una reunión Cumbre en cinco años más, g. para evaluar los resultados alcanzados.

En relaciono con el sistema de Naciones Unidas, creemos que éste debe reforzar su papel en el ámbito del desarrollo social. Para ello, son necesarias, entre otras iniciativas, las siguientes:

-Frenar el descenso en el financiamiento que sugiera el comité interagencial ya mencionado.

-Fortalecer la Comisión de Desarrollo Social a través de la ampliación del número de los Estados miembros, la incorporación de expertos, la educación de su agenda a la luz de los resultados de la Cumbre y el otorgamiento de las facultades para emitir recomendaciones sobre la coordinación del sistema en relación con el seguimiento de los acuerdos de la Cumbre.

-Ampliar substantivamente la participación de la sociedad civil y, en particular de las organizaciones no gubernamentales en las Naciones Unidas, particularmente a través de su incorporación en las instancias de tratamiento del tema del desarrollo social.

El señor Zambrano en su exposición manifestó:

Para nuestra delegación, la declaración política reviste la máxima importancia, pues será el producto más visible de la Cumbre.

Por ello, creemos que la declaración que firmen nuestros Jefes de Estado debe expresar, con fuerza y claridad, las razones, por las que se ha convocado a la Cumbre, el marco analítico que defina la forma en que, vemos el desarrollo social y las acciones que se emprenderán como resultado de este encuentro.

En tomo a estos tres ejes, debiera estructurarse la declaración política. A continuación, proponemos los elementos que consideramos que debiera incluir cada una de las tres partes de la declaración.

Las razones para convocar a la Cumbre.

El sentido estratégico de la convocatoria de la Cumbre puede resumirse en la necesidad de crear una conciencia global sobre el alto costo político de la inacción.

En efecto, la Cumbre surge, sobre todo, como la expresión de una necesidad política que se hace cargo del hecho de que los temas constituyen su agenda-pobreza, empleo, integración social- se sitúan en el centro de la preocupación y de los dilemas políticos que cruzan nuestras sociedades, con independencia del grado de desarrollo relativo en cada una. El incremento de ®la pobreza, de la exclusión y de la inseguridad, hacen que progresivamente el riesgo de la bomba nuclear, sea reemplazado por el de una bomba social. Lo que está en juego, entonces, es la raíz misma de la legitimidad de las formas de funcionamiento de la economía y, más grave aun, de la democracia.

Ciertamente la humanidad ha experimentado grandes avances en los últimos decenios y muchos logros pueden ser exhibidos. Sin embargo, la suma de historias exitosas no es suficiente para resolver el conjunto de problemas que enfrentamos. Ello no significa, sin embargo, que ésta sea una Cumbre de la desesperanza. Por el contrario, el hecho mismo de que ella sea convocada es una demostración de que existe el convencimiento de que la seguridad humana y la paz social son objetivos que deben estar en el centro de la preocupación de los gobiernos y de la comunidad internacional.

La Cumbre muestra también el convencimiento de que éstos objetivos globales. En efecto, si bien los problemas que nos preocupan se manifiestan más agudamente en los países en desarrollo, ellos también están presentes en los países desarrollados. Más aun, la creciente globalización del mundo hace que las tensiones y los problemas se desplacen sin respetar fronteras, en ese sentido, podemos afirmar que hoy la seguridad es interdependiente y que muchos problemas no tienen una solución puramente nacional. Así, aun cuando el desarrollo social es una responsabilidad nacional, sólo puede ser logrado con la cooperación de la comunidad internacional.

La Cumbre, entonces, se convoca como una expresión de la voluntad política de emprender acciones concertadas que pongan freno a la creciente polarización de las condiciones de vida de la población en los niveles nacional e internacional. Nuestra meta es construir una civilización inspirada en el valor de la solidaridad y de la convivencia pacífica. Debe ser el reflejo concreto de que una nueva visión debe guiar nuestras acciones.

Cuál es nuestra visión común.

Queremos un mundo más humano, una sociedad realmente para todos, que reconozca que todos los seres humanos nacemos iguales, pero que cada persona es diferente.

Para avanzar en esa dirección, nos debemos unir tras una misma perspectiva. Creemos que dicho enfoque ha sido expresado ya en esta reunión, a través de los siguientes elementos:

- La necesidad de dar prioridad a la inversión en las personas, de manera que promover una efectiva igualdad de oportunidades, que amplíe realmente la libertad de elegir.

-La necesidad de que el desarrollo sea orientado por un enfoque integrado en el que se equilibren los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales y ecológicos.

-La necesidad de promover una red de igualdad de género como condición insustituible para el desarrollo, la justicia y la equidad social.

-La equidad y la justicia deben ser vistas como factores que favorecen el crecimiento de la estabilidad, y no deben ser subordinados al logro previo de dichos objetivos.

-La acción del Estado, la participación de la comunidad y las oportunidades creadas por el mercado, son todos mecanismos igualmente necesarios para alcanzar un mayor desarrollo social.

-El desarrollo social requiere la efectiva participación de todos los actores de la sociedad.

-Existen ciertos estándares mínimos de vida bajo los cuales nadie debe caer. Por ello, es necesario que todas las personas tengan acceso a una protección básica social.

-El desarrollo humano sostenible es un objetivo global, que debe manifestarse en una solidaridad internacional efectiva.

Señor Presidente, la tercera parte de la declaración política debiera contener una formulación concisa de los principales compromisos adoptados en la Cumbre, ordenados de acuerdo con los temas centrales tratados en el programa de acción.

7.Cuarta etapa del trabajo de la Comisión.

CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES DE LA COMISIÓN ESPECIAL PARA EL DESA-RROLLO SOCIAL Y LA PARTICIPACIÓN DE CHILE EN LA CUMBRE MUNDIAL.

A.- FUNDAMENTOS GENERALES

En 1991, por iniciativa del ex Presidente de la República, don Patricio Aylwin Azocar, el Gobierno de Chile solicitó de la Organización de Naciones Unidas la convocatoria a una Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, con objeto de promover la erradicación de la pobreza en el mundo, basándose, fundamentalmente, en la necesidad de mejorar la calidad de vida, promover el empleo productivo y la integración social, con lo que se podría favorecer mejores condiciones de paz entre los pueblos y al interior de los Estados.

La Comisión comparte el reconocimiento que ha hecho la Comunidad Internacional, en su convocatoria a la Cumbre Social, en el sentido de que la pobreza constituye un problema global que afecta al mundo subdesarrollado y también al primer mundo, al generar fenómenos que ponen en riesgo la estabilidad de las democracias y provocan variadas condiciones globales de inseguridad por la existencia de inquietantes contrastes sociales. Por ello, valora el paradigma de desarrollo que está en la base de esta convocatoria a la Cumbre y que concibe el crecimiento económico en estrecha unidad con el desarrollo social.

La Comisión concuerda con los propósitos que han inspirado al Gobierno a llamar a la realización de esta Cumbre y coincide en que ella ofrece una gran oportunidad para elevar la importancia política de los temas sociales; para progresar en un compromiso de la comunidad internacional en tomo a valores compartidos y para perfeccionar, a través del intercambio de experiencias, las estrategias y los planes nacionales de desarrollo social.

El país proponente ostenta una rica experiencia en la materia. En efecto, Chile vive hoy en día un significativo avance en materia de aplicación exitosa de políticas sociales, lo que ha permitido a muchos incorporarse a los beneficios de un crecimiento económico sostenido. Estas metas han sido el fruto tanto de la experiencia de décadas de aplicación de políticas sociales como de las transformaciones más recientes evidenciadas por la economía chilena en un contexto de libertad económica. Estas son el fomento de la participación de la empresa privada en la administración y en la prestación de servicios y, en general, en las distintas actividades del que hacer nacional, y en la existencia de un Estado subsidiario que lleva a cabo una política social sustentada en la inversión en capital humano; en políticas asistenciales y en el suministro de servicios básicos, como salud, educación y subsidios habitacionales a los sectores más desposeídos.

B.-CONCLUSIONES

a) En lo nacional:

1.Las propuestas que Chile aporte tanto a la Declaración como al Programa de Acción a la Cumbre Social deben tener una connotación de país, y no sólo de gobierno o de instituciones determinadas. Existe en la actualidad un amplio consenso nacional en tomo a la prioridad y a la urgencia del problema de superación de la pobreza. Al mismo tiempo, hay una labor histórica desarrollada en buena parte del presente siglo, que en sí misma constituye un buen muestrario de variedades de diseños que conforman un muy valioso acervo que debemos aprovechar y compartir, y

2.Los logros alcanzados en materia social durante los últimos años han sido posibles gracias a la mantención de un esquema económico estable, lo que ha permitido el desarrollo de una economía sana y el control de ciertos factores que afectan principalmente a los pobres, como es la inflación. En el proceso de crecimiento económico chileno, debe destacarse el papel desempeñado por el sector privado, que ha modernizado, ha mejorado su productividad y ha generado empleos, contribuyendo, significativamente a la erradicación de la pobreza. Del mismo modo, se debe hacer resaltar el papel del Estado subsidiario, que ha llevado a efecto políticas sociales basadas en la inversión en recursos humanos y que han sido focalizadas hacia los grupos objetivos de pobreza y de extrema pobreza.

Aun cuando se ha logrado disminuir notablemente las cifras de pobreza y de extrema pobreza, aún queda mucho por hacer, por cuanto más de un millón de personas sigue viviendo en condiciones de miseria y más de tres millones continúan en la pobreza b) En lo internacional.

1.Para disminuir la miseria en el mundo antes del año 2000, no basta con políticas gubernamentales. Es indispensable la participación activa de los propios afectados en las estrategias de solución, en sus comunidades y en sus países;

2. Coincidimos en la necesidad de refrendar un nuevo paradigma de desarrollo: el desarrollo humano sostenible, en que el crecimiento económico esté centrado en el ser humano y sea sustentable, de una generación a la siguiente;

3.Compartimos la idea del Programa de las Naciones unidas para el Desarrollo (PNUD) en orden a fortalecer el papel de las Naciones Unidas en la esfera socioeconómica mundial y de conferir a este organismo internacional y formar parte de un concepto más global de la seguridad mundial, que incluya a la dimensión humana;

4.Es necesario superar las graves distorsiones que existen actualmente en el orden mundial. Los recursos de la cooperación internacional deberían destinarse más al desarrollo social de los países pobres, para que no sucediera lo que ocurre en la actualidad, en que el 40% de los países más' ricos recibe el doble de la ayuda per capita que recibe el 40% de los países más pobres. Por otra parte, esta ayuda debiera dirigirse a financiar programas de desarrollo social, y no, como sucede en la actualidad, en que sólo el 7% de ella se orienta a ese fin;

La ayuda internacional debería dirigirse de manera de elevar las capacidades nacionales y, por lo tanto, enfatizar la asistencia técnica y facilitar las llamadas cooperaciones horizontal y triangular, y

5.Concluida la “guerra fría” y en un clima mundial que da prioridad a las soluciones políticas, la Cumbre Social constituye una oportunidad histórica que no es posible desaprovechar. En este sentido, es importante continuar avanzando en el estudio de la reducción de los gastos de armamentos; en el establecimiento de foros de desarme; en la regulación del comercio de armas y en el real aprovechamiento del “dividendo de paz” para el desarrollo social.

C.PROPUESTAS.

a)En lo nacional.

1.Es necesario redefinir, dentro de la mayor brevedad posible las políticas sociales, partiendo desde un enfoque más personalizado del problema de la pobreza. Los problemas pendientes hoy en día son localizados y no masivos, y pueden ser identificados con sistemas de información y de seguimiento. En este sentido, para el éxito de las políticas sociales más personalizadas, que reconozca que la pobreza es una sola, pero heterogénea en sus manifestaciones, que busque adecuar los programas a cada realidad local y obtenga la mejor utilización de los recursos a través del buen uso del instrumento denominado “de doble focalización”.

En este contexto, las políticas sociales deben contemplar:

a)Mecanismos de fiscalización, de modo que los recursos públicos sean designados en forma prioritaria a los grupos de mayor pobreza, y

b)Desconcentración de los recursos designados a programas sociales.

2.El crecimiento económico es un sustrato básico "para la superación de la pobreza, pero, aun siendo indispensable no es suficiente. Es así como, si el ritmo de crecimiento anual alcanza un 7 por ciento, se podría proyectar para el año 2000, un producto por habitante de 4.200 dólares. Es preciso, asimismo, garantizar que el crecimiento económico origine una mayor justicia y solidaridad social, mejorando la redistribución, especialmente, en ciertas regiones críticas los ingresos familiares y las políticas de remuneraciones. Del mismo modo, debe compartirse el aumento de la productividad con los trabajadores, evitando el crecimiento sobre la base de iftano de obra barata. En este sentido, la presencia de sindicatos serios y organizados, con adecuadas relaciones empresa-trabajadores, será una condición fundamental para hacer posible el crecimiento con equidad social;

3.Debe otorgarse prioridad a la educación, tanto en lo relativo a cobertura, calidad y, poner énfasis, en los problemas de capacitación, de los trabajadores y de la juventud que han salido del sistema sin la preparación adecuada para insertarse laboralmente, garantizando de esta manera que exista concordancia entre los programas de capacitación, las demandas del mercado y de los planes de desarrollo regionales y nacionales.

Asimismo, debería otorgarse prioridad a los planes de desarrollo psicosocial para niños y adolescentes que vivan en condiciones de pobreza y riesgo psicosocial.

En materia de salud, es urgente mejorar la atención pública, ya que si bien, los indicadores demuestran que el país exhibe una política de salud a la vanguardia latinoamericana y otros países, existe una gran demanda, tanto en el nivel primario como en el secundario y en le terciario, especialmente en la atención de la salud mental. Para lograr lo anterior, se requiere racionalizar los recursos y la organización estructural del sistema.

Del mismo modo, se requiere desarrollar de manera amplia y eficiente la integración al trabajo productivo a través de los programas de fomento a la pequeña y mediana empresa (PYME);

4.Es necesario considerar que la sociedad civil organizada debe desempeñar un papel relevante en el cumplimiento de los objetivos de la Cumbre Social que como lo han señalado sus impulsores, “debe ser la Cumbre de la gente”. Para ello recomendamos poner las necesidades de las personas en el centro de las políticas sociales y hacer de ellas, los principales actores en el proceso de alcanzar un desarrollo con rostro humano, articuladas en las organizaciones no gubernamentales, en las organizaciones sociales y en las instituciones representativas, como el Parlamento, los Consejos Regionales y los Municipios;

5.La solidaridad social y él compromiso participativo de todos puede originar nuevas formas de integración social, las que a su vez, pueden permitir paliar o superar otros fenómenos íntimamente ligados a la pobreza y la miseria como son: la delincuencia, la prostitución, el embarazo adolescente, el alcoholismo, la drogadicción y otros problemas colaterales a ella y que son elementos que se reproducen en el tiempo.

Es fundamental, también, para permitir una adecuada integración social, la generación de programas específicos dirigidos hacia grupos vulnerables e incapaces por si solos de superar sus carencias, como lo son los de tercera edad, las mujeres jefas de hogar, las minorías étnicas v los discapacitados, para ser fiel a un concepto de amplia solidaridad social.

Asimismo, la integración de la mujer en igualdad de condiciones, no solo es un asunto de derechos humanos y de democracia, sino también una exigencia para el desarrollo, por lo que es indispensable avanzar con rapidez en la superación de la iniquidad de género, y

6.La Cámara de Diputados, como parte del Poder Legislativo y como organismo fiscalizador, se compromete a realizar durante el presente período legislativo, lo que sea pertinente para colaborar en la superación de la extrema pobreza. Al respecto, se propondrá al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional la conveniencia de impulsar iniciativas legislativas que surjan en el desarrollo del Plan Nacional y de los Planes Regionales de Superación de la Extrema Pobreza que se han puesto en marcha en nuestro país.

La Comisión ha acordado proponer la continuidad de sus trabajos, con el fin de abocarse al estudio de los temas nacionales pendientes, de lograr nuevos diseños de evaluación que permitan observar la magnitud de los gastos sociales, la correcta asignación de los recursos, garantizando la prioridad social de la inversión a los grupos más necesitados, su eficiencia, su eficacia y su efecto en los objetivos nacionales y locales preestablecidos. Debiera trabajar también en el seguimiento de las recomendaciones emanadas de la Cumbre Social y fiscalizador los programas de superación de la pobreza y de la extrema pobreza se llevan a cabo diferentes organismos públicos.

B) En lo internacional:

1.Recomendamos fortalecer el intercambio de experiencias sobre la aplicación y la evaluación de políticas sociales con parlamentarios de América Latina, especialmente en el seno del Parlamento y en su Comisión de Deuda Social, con el Grupo Interparlamentario de Población y Desarrollo, auspiciado por las Naciones Unidas y de otras zonas en que predomina la pobreza o la pobreza extrema, como el continente africano;

2.Coincidimos con el PNUD respecto del progreso que significaría concluir con la aprobación de una “Carta Social Mundial”, en la que la comunidad internacional refrende un nuevo paradigma de desarrollo sostenible y centrado en el ser humano; haga suya la propuesta 20/20, que implica el compromiso de todos los países de reservar el 20% de sus presupuestos para atender las necesidades humanas prioritarias, como la educación y la salud, entre otras; convenga en una meta para la reducción del 3% anual en los gastos militares mundiales; establezca un claro compromiso de los países desarrollados en aportar el 0,7% del PNB para la asistencia al desarrollo y manifieste su voluntad de fortalecer el papel de las Naciones Unidas en la esfera del desarrollo social y de la seguridad humana;

3.Consideramos preciso estructurar programas y mecanismos de comunicación masiva, destinados a crear conciencia en el nivel mundial y a dar a conocer experiencias exitosas en la consecución de objetivos para superar la pobreza en los distintos países;

4.Estimamos necesario avanzar hacia una relación más positiva y eficiente entre los países del Norte y del Sur, buscando establecer una nueva era de cooperación para el desarrollo, que coloque en el centro de seguridad y el bienestar del ser humano y mejore la relación entre los países más desarrollados y los que buscan un mejor nivel de vida para sus pueblos.

Al Respecto, resulta imperativo levantar las severas restricciones y barreras arancelarias con las que dejan de percibir montos que a veces llegan a duplicar lo que reciben por concepto de ayuda.

Lo mismo acontece con los controles respecto del medio ambiente, cuyo daño, por lo de- más, es en gran medida consecuencia del modelo de sobreproducción de los países desarrolla-f dos y cuya preservación tiene un costo que la comunidad internacional debería compartir;

5.Creemos que es menester dar prioridad a las propuestas y a las posibilidades de solución para los países más subdesarrollados, fundamentalmente de África y del área de Centro América y del Caribe, con el objetivo de focalizar adecuadamente los recursos internacionales hacia los planes de superación de la pobreza en el nivel mundial; y

6.Proponemos un seguimiento sistemático de los programas de desarrollo social en el plano internacional, para que ellos sean evaluados dentro del plazo de diez años. Por tanto, al final de dicho período, debería convocarse a un nuevo encuentro mundial, con el fin de apreciar el grado de avance que han tenido estas políticas y el impacto que han producido en la erradicación de la pobreza a nivel mundial, y

7.Remitir este informe a S.E. el Presidente de la República y a los señores Ministros de Relaciones Exteriores y de Planificación y Cooperación.

Se designó Diputado Informante al señor Balbontín, don Ignacio, (Presidente).

Sala de la Comisión, a 14 de Diciembre de 1994.

Acordado con la asistencia de los señores Balbontín, don Ignacio (Presidente); Allamand, don Andrés; Correa, don Sergio; señora Cristi, doña María Angélica; señores Dupré, don Carlos; García, don José; León, don Roberto; Makluf, don José; Masferrer, don Juan; Naranjo, don Jaime; señoras Pollarolo, doña Fanny; Rebolledo, doña Romy; señorita Saa, doña María Antonieta y señores Sota, don Vicente; y Zambrano, don Héctor.

Concurrieron, además, a algunas sesiones de la Comisión, los señores García, don René Manuel; Latorre, don Juan Carlos; señora Matthei, doña Evelyn, y señores Montes, don Carlos; Palma don Andrés; Tuma, don Eugenio, y Vargas, don Alfonso.

(Fdo.): Héctor Piña de la Fuente, Secretario de la Comisión”.

Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Hurtado, Ramón Peréz, Solís, Correa, Karelovic, Leay y Paya.

ESTABLECE PARA LOS ÓRGANOS, SERVICIOS Y EMPRESAS PÚBLICAS QUE INDICA LA OBLIGACIÓN DE EMITIR TRIMESTRALMENTE INFORMES PÚBLICOS (boletín N° 1476-07).

“Honorable Cámara:

Una medida que a nuestro juicio resulta idónea para obtener un adecuado grado de transparencia en los asuntos públicos, es la que consiste en imponer a los órganos, servicios y empresas del sector público la obligación de dar a conocer periódicamente información acerca de su funcionamiento y de la inversión de sus recursos, garantizando el libre acceso a la misma.

Por tal motivo, hemos estimado oportuno establecer, para dichos órganos, servicios y empresas públicas, la obligación de emitir trimestralmente informes públicos que deberán contener una serie de datos, que dicen relación fundamentalmente con su situación financiera y presupuestaria y con el destino de sus recursos, y que se individualizan en el artículo 2o DE este proyecto de ley.

Se propone que tales informes se hagan llegar a la Contraloría General de la República y la Cá-mara de Diputados, donde deberán quedar depositados y ser exhibidos a cualquier persona que así lo solicite. Por otra parte, se establece que una copia de tales informes deberá permanecer en el propio órgano, servicio o empresa que los haya emitido, como también en la Biblioteca del Congreso Nacional, lugares donde deberán estar a disposición de toda persona que desee estudiarlos.

Se contemplan además sanciones pecuniarias en caso de falsedad u ocultamiento dé información, cuando el informe no sea oportunamente emitido y, si la persona que lo tiene en su custodia se rehúsa a exhibirlo.

En mérito de lo expuesto venimos en presentar a la H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1: Los Ministerios, los Gobiernos Regionales, las Municipalidades, los Servicios Públicos, el Banco Central, el Congreso Nacional y las Empresas del Estado y aquellas en que ‘este tenga una participación por aporte de capital superior al 50%, cualquiera que sea su estatuto jurídico, deberán emitir, en los meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, un informe que tendrá carácter público y que deberá contener todos los datos, que se indican en el artículo siguiente, relativos a los tres meses inmediatamente anteriores al de su emisión.

Los informes de los Ministerios, sólo deberán contener los datos que se mencionan en las letras a), d), e), f), g) del artículo siguiente. Los servicios y empresas que dependerán de los Ministros o que se relacionen con el Presidente de la República a través de los mismos, deberán emitir los informes separados de ellos con los datos señalados en el artículo segundo.

ARTÍCULO 2: El informe a que se refiere el artículo primero, deberá contener los siguientes datos: a) Identificación del órgano, servicio o empresa de que se trate,

b)Balance general;

c)Estado de resultados y de cambios en la posición financiera, sólo en el caso de las empresas;

d)Estado de ejecución presupuestaría;

e)Información de la dotación personal, incluyendo a quienes formen parte de la planta, y a los que se encuentren a contrata;

f)Antecedentes sobre transferencias a cualquier persona natural o jurídica, sea pública o privada; y

g)Nombre y firma de quienes se hagan responsables del informe.

En los antecedentes señalados en la letra f). se deberán mencionar los contratos celebrados, con entes públicos o privados, sin previa licitación, cuyo monto total exceda de cien unidades tributarias, como asimismo los contratos a honorarios que hayan sido celebrados en el trimestre respectivo, o que se encuentren vigentes durante él, cualquiera sea su monto. En el caso de las transferencias mediante licitación pública, se deberán acompañar las bases técnicas y administrativas de las mismas, individualizando a todos los postores que hayan concurrido a ellas, con sus respectivas ofertas, e indicando al adjudicatorio.

El informe será suscrito, según corresponda, por los Ministros, los Intendentes, los Alcaldes, los Jefes superiores de servicios, el Presidente y los miembros del Consejo del Banco Central, los Presidentes del Senado y da la Cámara de Diputados, y de los Directores o miembros de los Directorios y de los Gerentes Generales de las Empresas del Estado.

ARTÍCULO 3: Los informes deberán ser remitidos en los meses indicados en el artículo 1, a la Cámara de Diputados y a la Contraloría General de la República. Además tratándose de sociedades anónimas, deberán enviarse a la Superintendencia de Valores y Seguros. Los entes públicos receptores de los informes podrán utilizarlos para ejercer todas las facultades fiscalizadoras que la ley les confiere.

Los informes depositados en la Cámara de Diputados, en la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Valores y Seguros deberán ser exhibidos sin más trámite a cualquier persona que así lo solicite.

ARTÍCULO 4: Una copia del informe deberá quedar depositada en el propio órgano, servicio o empresa que lo haya emitido debiendo remitirse además un ejemplar a la Biblioteca del Congreso Nacional, con el objeto de que pueda ser también exhibidos, a cualquier persona que así lo solicite.

ARTÍCULO 5: Las personas indicadas del inciso final del artículo segundo que no remitan el informe respectivo en las oportunidades señaladas en el artículo tercero, serán sancionadas con una multa de 50 a 100 Unidades Tributarias, la que se duplicará por cada mes de atraso.

La falsificación u ocultamiento de información en el informe será sancionada con una multa de 100 a 500 Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio de las responsabilidades penales derivadas de estas conductas sancionadas por otras leyes.

Las conductas indicadas en el inciso precedentes constituyen una grave infracción a la ley.

El funcionario o trabajador que tenga a su cargo la custodia de las copias de los informes a que se refiere esta ley y que se negare a exhibirlas será sancionado con una multa de 25 a 50 Unidades Tributarias.

Moción de Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Fantuzzi, Cardemil, Galilea, Correa, Karelovic, Leay y Paya.

ESTABLECE PARA LOS AGENTES PÚBLICOS QUE MENCIONA, LA OBLIGACIÓN DE DECLARAR SUS INTERESES BAJO JURAMENTO ANTE NOTARIO (boletín N° 1477-07).

“Honorable Cámara:

Un medio fundamental para resguardar la probidad pública es el establecimiento de mecanismos que garanticen el más alto grado de transparencia de los asuntos públicos, pues de esa manera se hace posible la existencia de un efectivo control social sobre estos últimos, lo que a su vez permite detectar con facilidad cualquier irregularidad que acontezca en ellos

Uno de los mecanismos para obtener la mencionada transparencia, consiste en imponer a los agentes públicos la obligación de declarar sus intereses, en el momento en que acceden a sus cargos. De este modo se puede conocer fácilmente en qué casos los agentes públicos deben abstenerse de ejercer sus atribuciones por encontrarse afectados por un conflicto de intereses que los inhabilita, evitando así que utilicen sus cargos en beneficio propio. Si de hecho actúan en tales casos, la declaración previa de los intereses permitirá también descubrir con mayor facilidad tal irregularidad, a objeto de aplicar al infractor la correspondiente sanción.

Ahora bien, para que una medida de esta naturaleza resulte realmente eficaz y no se convierta en un mero gesto simbólico carente de toda utilidad práctica, es de vital importancia que se garantice la publicidad de las declaraciones que efectúen los agentes públicos, de modo que cualquier persona pueda tener acceso a ellas e imponerse de los intereses que éstos han reconocido, lo que hace posible además corroborar la veracidad de tales declaraciones y acudir a los Tribunales de Justicia, en caso de que sean falsas.

Es necesario reconocer, por otra parte, que estas medidas suelen generar cierta resistencia, puesto que obligan a exponer frente a la opinión pública informaciones que las personas consideran parte de su esfera de privacidad. Estimamos, sin embargo, que las molestias e incomodidades que ellas inevitablemente provocan constituyen un costo de quien asume una función pública debe necesariamente soportar, con el objeto de garantizar a la sociedad el desempeño probo y honesto de dicha función.

Las consideraciones expresadas nos han llevado a proponer a través del presente proyecto de ley, el establecimiento, para un grupo amplio de agentes públicos de alta jerarquía de todos los poderes del Estado, la obligación de declarar sus intereses bajo juramento.

Dichas declaraciones de interese deberán mencionar todas las actividades de carácter lucrativo que el agente público ejerza ya sea como persona natural o como socio o director de una persona jurídica.

Por otra parte, se ha adoptado por exigir que los agentes públicos de que se trata presten sus declaraciones juradas antes de acceder al cargo respectivo, como requisito previo para hacerlo, debiendo efectuar una nueva declaración jurada cada 4 años, cada vez que adquieran un nuevo interés relevante y al momento en que hagan abandono del cargo.

Se ha puesto énfasis también, en asegurar el acceso público a estas declaraciones. Para tal efecto, se ha establecido que el original deberá protocolizarse en la Notaría en que se haya prestado, debiendo además depositarse una copia en el órgano, servicio o empresa en que el agente público se desempeñe, y otra en la Contraloría General de la República. Todos estos documentos deberán exhibirse a cualquier persona que así lo solicite.

Por último, se han establecido sanciones para el agente público que incurra en falsedad u ocultamiento de información en una declaración jurada, o que no efectúe una nueva declaración en la oportunidad en que deba hacerlo; como también, para el funcionario o trabajador del órgano, servicio o empresa en que se desempeñe algún agente público obligado a prestar declaración de intereses, que rehúse exhibir la copia de declaración, o proporcionar información acerca de la Notaría en que ésta se encuentra protocolizada; y para el funcionario de la Contraloría General de la República que incurra en esta misma acción.

En mérito de lo expuesto venimos en presentar a la H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY

ARTÍCULO 1: Los agentes públicos que se individualizan en el artículo cuarto de la presente ley, deberán efectuar una declaración jurada de sus intereses económicos, ante un Nota-' rio de la comuna o agrupación de comunas en que ejerzan sus funciones, como requisito previo para asumir el cargo.

La declaración de intereses económicos comprenderá en forma precisa todas las actividades de carácter lucrativo que el agente público ejerza personalmente, sea como persona natural o como socio o director de una persona jurídica, o como administrador de la sociedad conyugal.

ARTÍCULO 2: El original de la declaración jurada a que se refiere el artículo anterior deberá ser protocolizado en la Notaría en que aquélla haya sido prestada. En el órgano, servicio o empresa pública en que el agente se desempeñe deberá darse a conocer, sin más trámite, a cualquier persona que así lo solicite, la Notaría en que tal declaración se encuentre protocolizada.

El agente público deberá depositar una copia autorizada de esta declaración jurada en el órgano, servicio o empresa pública en que se desempeñe, lugar en que deberá ser exhibida, sin más trámite, a cualquier persona que así lo pida

Otra copia autorizada de la declaración jurada deberá depositarla en la Controlaría General de la República, donde se permitirá su examen por particulares.

ARTÍCULO 3: Los agentes públicos a que se refiere el artículo siguiente deberán efectuar una nueva declaración jurada de intereses, en los mismos términos señalados en los artículos anteriores, cada 4 años, y en el momento en que hagan abandono del cargo respectivo. Cada vez que tengan un nuevo interés económico relevante, deberá incorporarlo en la declaración jurada referida dentro del plazo de 30 días.

ARTÍCULO 4: Los agentes públicos sujetos a las obligaciones a que se refieren los artículos precedentes son los siguientes:

a)El Presidente de la República

b)Los Ministros de Estado, los Subsecretarios y jefes de Divisiones y Departamentos de los Ministerios.

c)Los jefes de Servicios y los Jefes de Departamentos y Directores Regionales de los Servicios Públicos.

d)Los Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales Ministeriales y miembros de los Consejos Regionales.

e)Los Alcaldes y Concejales.

f)El Contralor General de la República, el Subcontrolador, los Jefes de Divisiones de la Contraloria General de la República y los Contralores Regionales.

g)Los miembros del Consejo, el Presidente, el Vicepresidente, el Fiscal, el Revisor General, el Gerente General y demás gerentes del Banco Central.

h)Los Directores y Gerentes de las empresas públicas y de aquellas en que el Estado tenga una participación por aporte de capital superior al 50%, cualquiera que sea su estatuto jurídica.

i)Los Diputados y Senadores y los Secretarios de ambas ramas del Congreso Nacional.

j)Los Magistrados, fiscales, secretarios y relatores de los Tribunales Superiores de Justicia y los jueces de letras.

k)Los miembros, secretarios y relatores del Tribunal Constitucional, del Tribunal Calificador de Elecciones y de los Tribunales Electorales Regionales.

ARTÍCULO 5: El agente público que no formule la declaración jurada de intereses económicos en las oportunidades que señala esta ley, será sancionado con una multa de 10 a 50 Unidades Tributarias Mensuales. En caso que falsee u oculte maliciosamente información en la mencionada declaración será sancionado con una multa de 50 a 500 Unidades Tributarias Mensuales, sin perjuicio de las penas establecidas en las leyes para estas conductas.

El funcionario o trabajador dependiente del órgano, servicio o empresa pública en que se desempeñe alguno de los agentes públicos enumerados en el artículo anterior, tenga a su cargo la custodia de las copias de las declaraciones juradas formuladas por estos, y que rehúse exhibirlas o proporcionar información acerca de la Notaría en que dichas declaraciones juradas se encuentran protocolizadas, será castigado con una multa de 10 a 50 Unidades Tributarias.

La misma pena del inciso precedente se aplicará al funcionario de la Contraloría de la República, que tenga a su cargo la custodia de las copias a que se alude en dicho inciso y que rehúse exhibirlas.

Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Kuschel, Prokurica, Jürgensen, Masferrer, Víctor Pérez, Ulloa y Moreira.

REFORMA CONSTITUCIONAL QUE INCORPORA LOS PRINCIPIOS DE PROBIDAD Y TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA Y ESTABLECE NUEVA CAUSAL DE INHABILIDAD DE LOS PARLAMENTARIOS (boletín N° 1478-07).

“Honorable Cámara:

La corrupción constituye, sin lugar a dudas, uno de los problemas más preocupantes de nuestro tiempo. Representa una seria amenaza para la estabilidad de las democracias contemporáneas, puesto que su existencia socava gravemente la confianza de los gobernados en el sistema político y puede actuar como incentivo a que las personas se desinteresen de los asuntos públicos o apoyen alternativas aventuradas que pueden afectar gravemente a todo el sistema.

Es necesario, por tanto, que la institucionalidad tome los resguardos necesarios para evitar que el citado mal se arraigue en nuestro sistema político. Para ello' no son suficientes las declaraciones de buenas intenciones ni los compromisos generales. Es necesario contar con las herramientas jurídicas apropiadas de modo de precaver y corregir los males que puedan presentarse. En ese sentido, consideramos urgente que la Carta Fundamental sea perfeccionada de modo de contar, en la base misma de nuestro ordenamiento institucional, con los instrumentos necesarios para combatir la corrupción.

Así, en este proyecto de reforma constitucional, se ha considerado adecuado introducir modificaciones en dos aspectos principales:

1.Incorporación de los principios de probidad y de transparencia.

En primer término, se propone incorporar al texto de la Constitución, tal como fuera propuesto por la Comisión Nacional de Ética Pública, los principios de probidad pública. Ello, en el entendido de que ambos constituyen importantes fíenos a la corrupción y que al ser introducidos al texto de la Carta Fundamental no sólo envía una señal importante a la sociedad, sino que además y de manera muy especial, se los dota de respaldo positivo necesario para que™, puedan cumplir de mejor manera su rol de rectores de la actividad de la administración de*» Estado influyendo en todas las normas que regulan a dicho sector.

2.Causales de cesación en los cargos de diputados y senadores.

En segundo término, se proponen modificaciones a las disposiciones que regulan la cesación en el cargo de diputados y senadores. Ello debido a que, tal como es sabido, uno de los mecanismos fundamentales para la prevención y el combate de la corrupción, lo constituye el establecimiento de sanciones drásticas para aquellos agentes públicos que actúen afectados por un conflicto de intereses incompatibles, privilegiando el interés privado por sobre el público.

Dentro de las sanciones posibles, evidentemente, una de las más drásticas es aquella que consiste en la cesación en el cargo, la cual debe ser dispuesta por un órgano jurisdiccional, y que ya se encuentra prevista expresamente en nuestra legislación para los parlamentarios, concejales y miembros del Consejo del Banco Central.

En nuestra opinión, resulta necesario introducir modificaciones a la actual regulación de las causales de cesación en los cargos de diputados y senadores. Así, en el número dos del artículo único del proyecto de reforma, proponemos restringir la causal de cesación en los cargos de diputados y senadores que acepten ser directores de banco o una sociedad anónima, o ejercer cargos de similar importancia en estas actividades, sólo a los bancos, sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas reguladas por normas especiales, puesto que con sólo éstas las que por la dispersión accionaria y oferta pública de sus acciones representan un riesgo alto de conflicto de intereses.

En el número tres, por su parte, se propone la creación de tres nuevas causales de cesación en los cargos de parlamentarios, que están configuradas por conductas en que existen conflictos de intereses evidentes. Ellas son la intervención en alguna votación en que el parlamentario o su cónyuge tengan un interés personal y directo de carácter patrimonial, a menos que se trate de materias que afecten de modo similar a la generalidad de la población o a una porción considerable de la misma; el uso del cargo para intervenir ante autoridades administrativas con el objeto de obtener un beneficio económico directo para él o para su cónyuge; y el uso para beneficio económico propio, o de su cónyuge, de información privilegiada o reservada de que conozca en razón de su cargo.

Por último, en el número cuatro se propone una reforma que confiere acción pública para requerir la intervención del Tribunal Constitucional para conocer de las causales de cesación en el cargo de los parlamentarios que se incorporan en virtud de esta reforma. Como se sabe, actualmente la intervención del Tribunal Constitucional en este tipo de casos sólo puede ser requerida por el Presidente de la República o por a lo menos 10 parlamentarios. Ello resulta, a nuestro juicio, inconveniente en ciertos casos, pues, atendido que resulta, poco probable que el Presidente haga uso de esta facultad, dados los conflictos entre poderes que ello podría generar, en definitiva, la facultad de requerir la cesación en el cargo de un parlamentario está entregada fundamentalmente a sus pares, con lo que se corre el riesgo de convertir a esta sanción en un instrumento meramente teórico, debido a una eventual y mal entendida solidaridad corporativa. Por lo anterior, nos ha parecido conveniente conferir acción pública para requerir la intervención del Tribunal Constitucional en ciertos casos, siguiendo la orientación adoptada respecto de las inhabilidades e incompatibilidades de los Ministros de Estado.

Es importante destacar, en este punto, que la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal constitucional, N° 17.997, contempla mecanismos suficientes para garantizar la seriedad de los requerimientos que se presenten ante ese tribunal. En efecto dichos requerimientos deben cumplir con una serie de requisitos expresamente mencionados en la ley, tales como antecedentes de hecho, fundamentos de derecho en indicación de las diligencias probatorias con que se pretende acreditar los hechos invocados. Además la ley establece, para los casos de acción pública, la obligación de afianzar las resultas de la acción a satisfacción del Tribunal. Todo ello nos lleva a pensar que no existe mayor riesgo de que la reforma que proponemos haga surgir una avalancha de requerimientos infundados ante el Tribunal Constitucional. Por lo demás, ello no ha ocurrido con los Ministros de Estado, respecto de los cuales, como ya dijimos, ya existe hoy una regla de una orientación similar a la que proponemos ahora para los diputados y senadores.

En mérito de lo expuesto venimos en presentar a la H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE REFORMA CONSTITUCIONAL.

ARTÍCULO ÚNICO: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Constitución Política de la República:

A 1.- Intercálase a continuación del artículo 7o, el siguiente artículo 8° nuevo:

“Artículo 8.- Todo el que ejerce una función pública, de cualquiera naturaleza o jerarquía que ella sea, en cualquiera de los poderes, organismos, entidades o empresas del Estado, deberá observar estrictamente el principio de probidad consistente en mantener una conducta moralmente intachable y una entrega honesta y leal al desempeño de su cargo o función, con preeminencia del interés público sobre el privado.

Toda función pública se ejercerá con transparencia, de manera que se permita y promueva el conocimiento de los procedimientos, contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten en el ejercicio de ella, sin perjuicio de las materias que. Por razones de seguridad o interés nacional, calificadas por la ley, deban mantenerse en secreto.

Las leyes y estatutos que reglan el funcionamiento de los poderes, organismos, entidades o empresas del Estado, deberán contener normas de acuerdo con las cuales todas las personas que ejercen funciones en ellos, sin excepción, quedan sujetos a responsabilidad administrativa

por infracción de los principios de probidad y transparencia a que se refieren los incisos anteriores, sin perjuicio de la responsabilidad política, civil o penal que pueda afectarles. Establecerán también los procedimientos para prevenir, investigar y sancionar conductas que hagan incurrir en dicha responsabilidad.”.

2.- Intercalándose las expresiones “abierta o sujeta a normas especiales”, en la frase final

del inciso segundo del artículo 57, entre las expresiones “sociedad anónima” y la coma (,) que actualmente sigue a ellas.

3.-Agrégase el siguiente inciso tercero nuevo al artículo 57, pasando los actuales incisos

tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo a ser cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo respectivamente: “Cesará igualmente en su cargo el diputado o senador que intervenga en cualquier votación relativa a asuntos en que él o su cónyuge tenga un interés personal y directo de carácter económico, a menos que se trate de materias que afecten de modo similar a la generalidad de la población o a una porción considerable de la misma; el que use su cargo para intervenir ante autoridades administrativas con el objeto de obtener un beneficio económico directo para él o para su cónyuge; y el que use para beneficio eco|*j| nómico propio o de su cónyuge información privilegiada o reservada de que conozca en razón de su cargo. Se entenderá a estos efectos por información privilegiada aquella que no se encuentre divulgada en el mercado y cuya naturaleza haga posible que su conocimiento sea capaz de influir en aquél y otorgar beneficios indebidos a quienes la utilicen.”

4.-Sustituyese el punto aparte del inciso decimoquinto del artículo 82 por un punto (.) seguido y agrégase, a continuación, la siguiente oración: “Tratándose de las causales contempladas en el inciso tercero del artículo 57 habrá, además, acción pública.”.

Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Kuschel, Prokurica, Jürgensen, Masferrer, Víctor Pérez, Ulloa y Moreira.

MODIFICA LA LEY N° 18.971, SOBRE ACCIÓN DE PROTECCIÓN ECONÓMICA (boletín N° 1479-07).

“Honorable Cámara:

La corrupción constituye uno de los principales problemas de nuestros días y puede afectar _ de manera considerable las bases fundamentales del sistema democrático. Una de los problemas de fondo se encuentra asociado al tamaño y a la actividad reguladora del Estado. En la medida que el Estado mantenga un alto grado de injerencia en las actividades de la sociedad, como ocurre actualmente, las oportunidades para que prácticas reñidas con la ética se produzcan, seguirán siendo peligrosamente altas. De allí que toda política destinada a combatir la corrupción deba necesariamente hacerse cargo del tema del tamaño del Estado, si es que verdaderamente desea atacar las causas del fenómeno.

Uno de los mecanismos que contempla nuestra legislación para evitar el crecimiento descontrolado del Estado, es la acción de protección económica establecida en la Ley 18.971, a través de la cual cualquier persona puede solicitar la paralización de aquellas actividades empresariales que desarrolle el Estado sin la autorización legal que requiere de acuerdo a la Constitución Política.

En este proyecto se propone perfeccionar la ley señalada para hacerla más eficiente. Se especifica el objeto preciso de la acción (lo que no ocurre en la ley vigente), estableciendo que a través de ella se solicita al tribunal que se disponga la paralización de las respectivas actividades del Estado, fijando un plazo para el efecto. Se establece además que en casos graves y urgentes, y cuando el actor sea directamente afectado por los hechos, el tribunal podrá disponer provisionalmente la suspensión de las actividades, mientras se sustancia la causa.

Otra innovación que se introduce, es que la acción podrá interponerse hasta seis meses después de terminadas las actividades ilegales, con el solo objeto, cuando hubieren concluido, de que el tribunal remita el fallo a la Cámara de Diputados, a efecto de que ésta adopte las medidas que estime pertinentes, en relación con sus facultades fiscalizadoras y acusadoras.

Se establece también, finalmente, la obligación del tribunal que haya debido conocer de la acción, de remitir los antecedentes a la Cámara de Diputados, cuando aquella fuere rechazada por estar autorizada la actividad económica del Estado en normas generales o especiales dictadas antes de que entrara en vigencia la Constitución Política actual. De esta manera, el Congreso podrá, si lo estima adecuado derogar o modificar la norma de que se trate.

En mérito de lo expuesto venimos en presentar a la H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo único. Sustituyese el texto de la Ley N° 18.971, por el siguiente:

“Artículo 1: Cualquier persona podrá denunciar las infracciones al artículo 19 N° 21, inciso segundo, de la Constitución Política de la República, y solicitar al tribunal que disponga la paralización de las respectivas actividades, fijando un plazo para este efecto. El recurrente no necesitará tener interés actual en los hechos denunciados.

Tratándose de casos graves y urgentes en que el recurrente sea directamente afectado por los hechos denunciados, el tribunal podrá disponer provisionalmente la suspensión de actividades, mientras se sustancia la causa.

Artículo 2: La acción de protección económica podrá interponerse desde que se inicie la actividad que configura la infracción y hasta dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que dicha actividad hubiere concluido. En este último caso, la acción sólo tendrá por objeto la declaración de la existencia de la infracción y la remisión de la comunicación a que se refiere el artículo 4o de esta ley.

Artículo 3: Para interponer esta acción no se exigirá más formalidad ni procedimiento que el establecido para el recurso de amparo.

Conocerá de ella en primera instancia la Corte de Apelaciones del lugar donde tenga o haya tenido lugar la actividad denunciada, la que deberá tramitarla de manera breve y sumaria, pudiendo adoptar todas las medidas que estime necesarias para establecer los hechos. Deducida la acción, el tribunal deberá investigar la infracción denunciada y dar curso progresivo a los autos hasta el fallo respectivo.

La sentencia definitiva será apelable, en el plazo de cinco días hábiles, para ante la Corte Suprema. Si no se dedujere apelación procederá el trámite de la consulta.

Artículo 4: Si la acción fuere rechazada por estar autorizada la actividad económica del Estado o sus organismos en normas generales o especiales dictadas antes del 11 de marzo 1981, o por haberse puesto término a dicha actividad, la Corte Suprema remitirá copia del fallo al Presidente de la República, al Senado y a la Cámara de Diputados”.

Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, René García, Ferrada, Masferrer, Ulloa, Moreira y Víctor Pérez.

MODIFICA LAS LEYES N° 18.834, ESTATUTO ADMINISTRATIVO, Y N° 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES, PARA EVITAR EL TRÁFICO DE INFLUENCIAS Y EL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA (boletín N° 1481-06).

“Honorable Cámara:

En el presente proyecto de ley, se proponen dos reformas de relevancia a los Estatutos Administrativos de los funcionarios públicos y municipales. Estas modificaciones se refieren a las siguientes materias:

1° La incorporación del tráfico de influencias y del uso de información privilegiada o reservada dentro de las prohibiciones de los funcionarios públicos y municipales.

Uno de los mecanismos más eficientes para prevenir la corrupción, es el establecimiento de sanciones en contra de los agentes públicos que ejerzan sus funciones haciendo prevalecer un interés económico personal por sobre el de carácter público, con los graves efectos que ello tiene para el bien de la comunidad.

Es necesario actualizar nuestra legislación e incluir dentro de las conductas ilícitas de los funcionarios públicos y municipales el tráfico de influencias y del uso de información privilegiada o reservada.

La primera de estas figuras consiste en el ejercicio de influencia sobre otras personas, valiéndose de un cargo público, con el objeto de obtener un beneficio económico directo para sí, para el cónyuge o para algún pariente cercano.

La segunda, por su parte, consiste en la utilización, en beneficio propio o de alguno de los parientes que señala la ley, de información que un agente público haya conocido en razón de su cargo, y que tenga el carácter de secreta, o que sea de aquellas que no se encuentran divulgadas en el mercado y cuya naturaleza haga posible que su conocimiento sea capaz de influir en aquel y beneficiar indebidamente a quien la utiliza.

La primera de estas figuras consiste en el ejercicio de influencia sobre otras personas, valiéndose de un cargo público, con el objeto de obtener un beneficio económico directo para sí, para el cónyuge o para algún pariente cercano.

La segunda, por su parte, consiste en la utilización, en beneficio propio o de alguno de los parientes que señala la ley, de información que un agente público haya conocido en razón de su cargo, y que tenga el carácter de secreta, o que sea de aquellas que no se encuentran divulgadas en el mercado y cuya naturaleza haga posible que su conocimiento sea capaz de influir en aquél y beneficiar indebidamente a quien la utilice.

La actualización de nuestra legislación a que hacemos referencia debe tener lugar en diversos planos. En lo que respecta al ámbito de la legislación penal, existe en la actualidad un proyecto de ley de iniciativa parlamentaria que se encuentra en tramitación con el Congreso Nacional, en el que se propone dar el carácter de delitos a las conductas a que nos hemos referido en los párrafos anteriores.

En este proyecto de ley proponemos incluir expresamente el tráfico de influencias y el uso de información privilegiada o reservada dentro de las prohibiciones a que están afectos los funcionarios públicos, estableciendo como sanción administrativa, atendida su gravedad, la destitución del funcionario infractor.

2° La suspensión en el cargo del funcionario público sometido a proceso criminal.

Se propone que el funcionario público que sea objeto de un sumario administrativo, y que simultáneamente, por los mismos hechos es sometido a proceso por crimen o simple delito por los tribunales del crimen, deba ser suspendido de su cargo.

En mérito de lo expuesto venimos en presentar a la H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY.

ARTÍCULO 1: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.834:

1.-Sustituyese la coma y la conjunción “y” con que actualmente concluye la letra j) del artículo 78 por un punto y coma, y el punto final con que concluye la letra k) también por un punto y coma, y agregándose las siguientes letras al artículo en cuestión:

“1) Ejercer influencia sobre otras personas, valiéndose de su cargo, con el objeto de obtener un beneficio patrimonial directo o indirecto para sí o para alguno de los terceros que se mencionan en la letra b) de este mismo artículo, y Usar en beneficio patrimonial propio o de alguno de los terceros a que se refiere la letra b) de este mismo artículo, información privilegiada o reservada de que conozca en razón de su cargo. Se entenderá para estos efectos por información privilegiada aquella que no se encuentre divulgada en el mercado y cuya naturaleza haga posible que su conocimiento sea capaz de influir en aquél y otorgar beneficios indebidos a quienes la utilicen.”

2.- Sustitúyese la conjunción “y” ubicada en la letra b) del inciso segundo del artículo 119, entre las expresiones “j)” y “k)”, por una coma, e intercalarse entre las expresiones “k)” y “del” las expresiones “,1) y m>”.

3.-Agrégase a continuación del punto final del inciso primero del artículo 130, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Si el inculpado es sometido a proceso por crimen o simple delito, quedará de inmediato suspendido de sus funciones, medida que se dejará sin efecto al dictarse la sentencia absolutoria o el sobreseimento de la causa”.

ARTÍCULO 2°: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley N° 18.883:

1.- Sustitúyese la coma y la conjunción “y” con que actualmente concluye la letra j) del artículo 82 por un punto y coma, y el punto final con que concluye la letra k) también por un punto y coma, y agregánse las siguientes letras al artículo en cuestión:

“1) Ejercer influencia sobre otras personas, valiéndose de su cargo, con el objeto de obtener | un beneficio patrimonial directo o indirecto para sí o para alguno de los terceros que se mencionan en la letra b) de este mismo artículo, y m) Usar en beneficio patrimonial propio o de alguno de los terceros a que se refiere la letra b) de este mismo artículo, información privilegiada o reservada de que conozca en razón de su cargo. Se entenderá para estos efectos por información privilegiada aquella que no se encuentra divulgada en el mercado y cuya naturaleza haga posible que su conocimiento sea capaz de influir en aquél y otorgar beneficios indebidos a quienes la utilicen.”

2.-Sustitúyese la conjunción “y” ubicada en la letra b) del inciso segundo del artículo 123, entre las expresiones “j>” y “k)’\ por una coma, e intercalase entre las expresiones “k)” y “del” las expresiones “,1) y m)”.

3.-Agrégase a continuación del punto final del artículo 134, que pasa a ser punto seguido, la siguiente oración: “Si el inculpado es sometido a proceso por crimen o simple delito, quedará de inmediato suspendido de sus funciones, medida que se dejará sin efecto al dictarse la sentencia absolutoria o el sobreseimento de la causa”.

Moción de los Diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Ferrada, Rene García,Rodríguez, Masferrer, Ulloa, Moreira y Víctor Pérez.

ESTABLECE NORMAS PARA LAS EMPRESAS PÚBLICAS Y MODIFICA LAS LEYES N° 18.834, ESTATUTO ADMINISTRATIVO, N° 18.883, ESTATUTO ADMINISTRATIVO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES Y N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE PREVENIR LOS CONFLICTOS DE INTERESES INCOMPATIBLES (boletín N° 1482-06).

“Honorable Cámara:

Una de las causas que da origen a numerosos problemas de corrupción es la constituida por la existencia de conflictos de intereses que afectan a agentes públicos y que pueden llevarlos a actuar privilegiando el interés privado por sobre el público. Para evitarlos es necesario que el ordenamiento jurídico contemple mecanismos eficientes que puedan prevenir su aparición. En tal sentido, el presente proyecto propone las siguientes modificaciones:

1.- Causal de inhabilidad para ingresar a la administración pública.

Nuestra legislación establece inhabilidades para acceder a los cargos de diputados, senadores y concejales. Entre ellas figuran la de celebrar o caucionar contratos con el Estado o con la Municipalidad según sea el caso

Proponemos en este proyecto extender esta inhabilidad a todos los cargos de la Administración Pública, como también a los directores y gerentes de las empresas públicas. Para tal efecto, se incluye dentro de los requisitos generales para ingresar a la Administración Pública, establecidos en el estatuto administrativo, el de no tener contratos o cauciones vigentes, ni personalmente ni como representante de una persona natural o jurídica, con la institución o servicio a la cual se ingresa, ni ser socio o accionista, en más de un 10%, de una persona jurídica que se encuentre en dicha situación. Igual inhabilidad regirá para acceder a los cargos arriba señalados de las empresas públicas.

2.-Obligación del funcionamiento público y los directores y gerentes de empresas públicas de recusarse ante un conflicto de intereses y derecho de los afectados para solicitar la inhabilidad de ellos.

Se propone imponer a los funcionarios públicos regidos por el Estatuto Administrativo, funcionarios municipales, concejales y directores y gerentes de las empresas públicas, la obligación de inhabilitarse de oficio para intervenir en aquellos asuntos en que ellos o determinados parientes tengan interés económico, expresando las razones que los llevan a hacerlo.

Asimismo se otorga a los particulares que puedan verse afectados por la actuación de los agentes públicos señalados, la facultad de solicitar su inhabilitación para el caso específico.

El conocimiento de la solicitud de inhabilitación corresponderá a la autoridad facultada para hacer efectiva la responsabilidad administrativa del funcionario, o para ordenar su cesación en el cargo. Respecto de las empresas públicas, en que dicha regla no resulta aplicable, corresponderá al Ministro de Estado de quien dependan o a través del cual se relacionen con el Presidente de la República.

Proponemos, por último, algunas disposiciones que persiguen evitar que las solicitudes de inhabilitación entorpezcan indebidamente el desenvolvimiento de los asuntos públicos.

Es en mérito de lo expuesto venimos en presentar a la H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Capítulo 1 De las Empresas Públicas

ARTÍCULO 1: No podrán acceder a los cargos de Directores o Gerentes de las Empresas Públicas, aquellas personas que por sí o como representantes de otra persona natural o jurídica celebren o caucionen contratos con la empresa respectiva, o que sean socios o accionistas, en más de un 10% de una persona jurídica que se encuentre en dicha situación.

ARTÍCULO 2: Los directores y gerentes de las empresas públicas no podrán intervenir en aquellos asuntos en que ellos, sus cónyuges o sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o segundo de afinidad tengan interés económico. Cuando se encuentren en tales situaciones deberán inhabilitarse de oficio para intervenir en tales asuntos, expresando los morios que los llevan a hacerlo.

Toda persona que pudiera verse afectada por la intervención de alguno de los agentes públicos en los casos que se señalan en el inciso precedente, podrá solicitar al Ministro del cual dependa la respectiva empresa, o con el cual ésta se relacione, que declare la inhabilidad de dicho agente para actuar en la situación específica de que se trate.

La solicitud deberá ser fundada y será resuelta en el más breve plazo debiendo el Ministro adoptar todas las medidas conducentes a evitar la intervención del agente impugnado. Si en definitiva se declara la inhabilidad del agente público, éste no podrá intervenir en el caso específico de que se trate, el que deberá ser conocido por la persona a quien corresponda subrogarlo o por otra a quien se designe fundamentalmente en la misma resolución.

Los agentes públicos señalados en el inciso primero que a sabiendas intervinieren en los asuntos allí mencionados, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 240 del Código Penal.

ARTÍCULO 3: Las disposiciones contenidas en los dos artículos precedentes, se aplicarán, sin perjuicio de otras más rigurosas que se encuentren contenidas en otros cuerpos legales, a todas las empresas públicas, incluidas las siguientes:.

a)Empresa de Correos de Chile;

b)Televisión Nacional de Chile;

c)Empresa de los Ferrocarriles del Estado;

d)Empresa Nacional de Petróleo;

e)Empresa Nacional de Minería;

f)Empresa Portuaria de Chile;

g)Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas;

h)Fábricas y Maestranzas del Ejército;

y)Astilleros y Maestranzas de la Armada;

j)Empresa Nacional de Aeronáutica;

k)Corporación Nacional del Cobre;

l)Banco del Estado de Chile, y

m)Radio Nacional de Chile.

Capítulo II. Disposiciones varias.

ARTÍCULO 4: Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley 18.834, sobre Estatuto Administrativo:

1Agrégase al final del artículo Illa siguiente letra g) y el siguiente inciso final:

“g) No tener contratos o cauciones vigentes, ni personalmente ni como representante de una persona natural o jurídica, con la institución o servicio a la cual se ingresa, ni ser socio o accionista, en más de un 10%, de una persona jurídica que se encuentre en dicha situación.

2.- Intercálase a continuación del artículo 78, el siguiente artículo 78 bis:

"ARTÍCULO 78 BIS: El funcionario que se encuentre en la situación a que se refiere la letra b) del artículo anterior, deberá inhabilitarse de oficio para intervenir en el asunto de que se trate, expresando los motivos que lo llevan a hacerlo.

Cualquier persona que pudiera verse afectada por la intervención de dicho funcionario, podrá solicitar a la autoridad que esté facultada para ordenar la instrucción del sumario administrativo respectivo, que declare su inhabilidad para actuar en la situación específica.

La solicitud deberá ser fundada y será resuelta en el más breve plazo, debiendo la autoridad adoptar todas las medidas conducentes a evitar la intervención del funcionario impugnado. Si en definitiva se declara la inhabilidad, éste no podrá intervenir en el caso específico, el que deberá ser conocido por la persona a quien corresponda subrogarlo o por otra a quien se designe en la misma resolución.

Los funcionarios señalados en el inciso primero que a sabiendas intervinieren en los asuntos allí mencionados, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 240 del Código Penal.

ARTÍCULO 5: Introdúcese la siguiente modificación a la ley 18.883, sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales:

Intercálase a continuación del artículo 82, el siguiente artículo 82 bis:

“ARTICULO 82 BIS: El funcionario que se encuentre en la situación a que se refiere la letra b) del artículo anterior, deberá inhabilitarse de oficio para intervenir en el asunto de que se trate, expresando los motivos que lo llevan a hacerlo.

Cualquier persona que pudiera verse afectada por la intervención de dicho funcionario, podrá solicitar al Alcalde, que declare su inhabilidad para actuar en la situación específica.

La solicitud deberá ser fundada y será resuelta en el más breve plazo, debiendo el Alcalde adoptar todas las medidas conducentes a evitar la intervención del funcionario impugnado. Si en definitiva se declara la inhabilidad, éste no podrá intervenir en el caso específico, el que deberá ser conocido por la persona a quien corresponda Subrogarlo o por otra parte a quien se designe en la misma resolución.

Los funcionarios señalados en el inciso primero que a sabiendas intervienen en los asuntos ahí mencionados, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 240 del Código Penal.

ARTÍCULO 6: Introdúcese la siguiente modificación a la ley 18.695:

Intercálase a continuación del actual artículo 65, el siguiente artículo 65 bis:

“ARTÍCULO 65 BIS: El concejal que se encuentre en la situación a que se refiere la letra c) del artículo anterior, deberá inhabilitarse de oficio para intervenir en el asunto de que se trate, expresando los motivos específicos que lo llevan a hacerlo.

Cualquier persona que pudiera verse afectada por la intervención de dicho concejal, podrá solicitar al Tribunal Electoral Regional respectivo que declare la inhabilidad de éste para actuar en la situación específica.

La solicitud deberá ser fundada y será resuelta en el más breve plazo, debiendo el Tribunal adoptar todas las medidas conducentes a evitar la intervención del concejal impugnado. Si en definitiva se declara la inhabilidad del concejal, éste no podrá intervenir en el caso específico, sin que sea procedente su subrogación.

Los concejales señalados en el inciso primero que a sabiendas intervinieren en los asuntos allí mencionados, serán sancionados con las penas previstas en el artículo 240 del Código Penal.

Moción de los diputados señores Espina, Coloma, Allamand, Vilches, Rosauro Martínez, Vargas, Masferrer, Víctor Pérez, Moreira y Ulloa.

MODIFICA LA LEY N° 18.695, ORGÁNICA CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, CON EL OBJETO DE FORTALECER LA PROBIDAD EN EL EJERCICIO DE LOS CARGOS PÚBLICOS, ESTABLECIENDO CAUSALES DE INHABILIDAD PARA LOS CONCEJALES Y CONCEDIENDO ACCIÓN PUBLICA PARA ELLO (boletín N° 1483-06).

Honorable Cámara:

El artículo 77 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece que “ningún concejal de la municipalidad podrá tomar parte en la discusión y votación de asuntos en que él o sus parientes, hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, estén interesados, salvo que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios concejales”.

Agrega esta disposición legal que “se entiende que existe dicho interés cuando su resolución afecta moral o pecuniariamente a las personas referidas”.

Con el objeto de prevenir y sancionar eventuales actos de corrupción o de influencia indebida en el ejercicio de cargos públicos de relevancia, estimamos conveniente complementar la disposición legal citada estableciendo como causal de inhabilidad para los concejales su intervención en cualquier votación en que ellos, sus cónyuges o sus parientes más próximos tengan un interés de carácter económico, a menos que se trate de una materia que afecte de un modo Similar a la generalidad de la población de la comuna o a una porción considerable de la misma.

Asimismo, se establece la misma sanción cuando el concejal use en beneficio económico personal, de su cónyuge o de sus parientes más cercanos información privilegiada o reservada de que conozca en razón de su cargo.

Dentro de la idea matriz del proyecto, se propone conceder acción pública a las personas domiciliadas en la comuna para requerir del Tribunal Electoral Regional respectivo, la declaración de las causales de cesación en sus cargos que afecten a los concejales, relativas a materias de falta de probidad en el desempeño del cargo. Cabe recordar que en la actualidad la intervención de dichos tribunales en esta materia, sólo puede ser requerida por otro concejal de la misma comuna, lo que limita gravemente el ejercicio de este derecho.

En mérito de lo expuesto venimos en presentar a la H. Cámara el siguiente:

PROYECTO DE LEY.

ARTÍCULO ÚNICO: Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades:

1.-Sustituyese la coma y la conjunción “y” con que actualmente concluye la letra a) del inciso segundo del artículo 65, por una coma y una conjunción “y”, y agréganse a dicho inciso las siguientes nuevas letras:

“c) Los que en el ejercicio de su cargo intervengan en alguna votación relativa a asuntos en que ellos, sus cónyuges o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tengan un interés de carácter económico, a menos que se trate de materias que afecten de un modo similar a la generalidad de la población de la comuna o a una porción considerable de la misma o que se trate de nombramientos o designaciones que deban recaer en los propios concejales, y

d)Los que usen en beneficio patrimonial propio o de alguno de los terceros que se mencionan en la letra anterior información privilegiada o reservada que conozcan en razón de su cargo. Se entenderá por información privilegiada aquella que no se encuentra divulgada en el mercado y cuya naturaleza haga posible que su conocimiento sea capaz e influir en aquél y otorgar beneficios indebidos a quienes la utilicen.”

2.- Sustituyese la conjunción “y” ubicada en la letra d) del artículo 66 entre las expresiones “a)”

y “b)” por una coma, e interálanse entre las expresiones “b>” y “del” las expresiones “,c) y d).”

3.-Agregese el siguiente inciso segundo al artículo 67: “Además, tratándose de las causales

establecidas en la letra d), el Tribunal deberá pronunciarse sobre la cesación en el cargo, a requerimiento de cualquier persona con domicilio en la respectiva comuna”.

4.- Elimínanse los incisos segundo y tercero del artículo 77