Labor Parlamentaria

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que establece un subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas.

Diputado informante de la Comisión de Economía es el señor Dupré.

Antecedentes:

- Informe complementario de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, boletín N° 1052-09, sesión 18°, en 5 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, como es de conocimiento de la Corporación, en una oportunidad reciente se dieron a conocer a la Sala los informes de las Comisiones de Economía, Fomento y Desarrollo, de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Hacienda en relación con el proyecto que modifica la ley N° 18.778, que establece un subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas. La Corporación acordó radicar en la Comisión de Economía la responsabilidad de resumirlos en un solo texto, materia que paso a informar.

Se trata de modificaciones propuestas a la mencionada ley N° 18.778, tendientes a aumentar el porcentaje de subsidio de manera que no sea inferior al 40 por ciento.

Se dispone, asimismo, que el cobro variable correspondiente al consumo total mensual de la vivienda debe ser definido anualmente para los beneficiarios de una región que estén sujetos a tarifas máximas similares y presenten, además, un nivel socioeconómico determinado.

El porcentaje a subsidiar sobre los cargos fijos y variables no será inferior al 25 por ciento ni excederá el 85 por ciento. Deberá ser el mismo para todos los beneficiarios de una región que estén sujetos a tarifas máximas iguales y presenten, como indicaba, el mismo nivel socioeconómico.

En relación con los sistemas rurales de agua potable, la proposición de modificación establece que, en tanto no cumplan con lo prescrito en disposiciones legales del Ministerio de Obras Públicas, podrá otorgarse directamente un subsidio a los administradores de los sistemas, el que tendrá por objeto cubrir la diferencia entre los costos de inversión y explotación y el monto financiable para los usuarios, de acuerdo con la capacidad de pago.

Los subsidios se pagarán con cargo a los recursos que se consulten en la Ley de Presupuestos para el Ministerio de Obras Públicas, los que serán asignados a nivel regional mediante decretos que emita dicha Secretaría de Estado, correspondiendo al gobierno regional resolver su distribución entre sistemas rurales específicos de agua potable que cumplan con los criterios que se establecerán en el reglamento.

Además, en el artículo final se faculta a los prestadores del servicio para que, en representación de los usuarios residenciales, y sin costos para éstos, reciban postulaciones y los presenten a la municipalidad correspondiente a la dirección de la propiedad que habitan los usuarios.

La Comisión de Economía propone este texto que, después de discutirse ampliamente, se aprobó por mayoría de votos, porque, de alguna manera, es equidistante con algunas de las proposiciones que se hicieron en la Comisión de Obras Públicas. Establece el sistema que he indicado, en relación con la distribución de los subsidios y, en particular, con los fondos que éste va a generar.

La discusión estuvo centrada en si la medida se adoptaba a través de los consejos regionales o mediante el sistema que el proyecto de ley en informe señala.

Solicitamos, al igual que lo hicimos en la Comisión, la unanimidad de la Corporación para aprobar este importante proyecto de ley que va a beneficiar a miles de usuarios, especialmente de los sectores más pobres, con el subsidio que entrega.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Ramón).-

Señor Presidente, el proyecto en discusión que modifica la ley N° 18.778 y por el cual se establece un subsidio al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, persigue dos objetivos:

1°.- Establecer un sistema de subsidios, que permita el desarrollo de los servicios sanitarios en los sectores rurales, y

2°.- Permitir el perfeccionamiento del subsidio al consumo de agua potable y alcantarillado, de manera de atender en mejor forma las necesidades de la población de más bajos ingresos en los sectores urbanos. Favorece en particular, a la gente más humilde y a los habitantes del altiplano, en donde el precio del agua es hasta tres veces más elevado que en el resto del país, por su escasez y el alto precio que resulta obtenerla.

Los principales beneficios se contemplan al introducir nuevas enmiendas a la ley N° 18.778, modificada anteriormente por la ley N° 19.059 que estableció un subsidio de rango de 40 a 75 por ciento.

Aumenta de 75 a 85 por ciento el subsidio máximo; en cuanto al mínimo, se rebaja de 40 a 25 por ciento.

En la Comisión de Economía se propuso mantener el 40 por ciento con el fin de no rebajar el mínimo a subsidiar, pero análisis posteriores nos llevaron a aceptar lo propuesto por el Ejecutivo, dado que esta rebaja permite favorecer a más personas.

Otro beneficio importante es el aumento de 15 a 20 metros cúbicos mensuales del consumo máximo subsidiado.

La tendencia hacia tarifas que reflejen el costo en que la sociedad incurre para proveer los servicios sanitarios es un principio sano, no sólo desde el punto de vista de la eficiencia en la asignación de los recursos, sino también de la equidad social. También lo es el reemplazo de subsidios implícitos por otros dirigidos a la demanda, focalizados en los usuarios residenciales de menores recursos, facilitándoles el acceso a un nivel mínimo de consumo de agua potable y de servicio de alcantarillado de aguas servidas.

El sistema vigente corrigió las distorsiones inherentes al subsidio implícito en el sistema tarifario anterior. Las actuales modificaciones lo mejoran mucho más. Así, al exigirse la identificación y la calificación dentro de una determinada situación socioeconómica del grupo familiar correspondiente con derecho a subsidio se focaliza correctamente el beneficio.

Los subsidios otorgados bajo el actual esquema son directos; es decir, favorecen a un determinado grupo de consumidores llegando en forma controlada a la población-objetivo, definiendo con precisión el monto subsidiado.

En la actualidad, los habitantes de los pueblos rurales, no cuentan con subsidios y por este motivo el proyecto establece que éstos se otorgarán directamente a los administradores de los sistemas en tanto esos habitantes no cumplan con lo prescrito en el inciso segundo del artículo 5° del decreto con fuerza de ley N° 382, de 1989, del Ministerio de Obras Públicas, que dice: "El servicio público de distribución de agua potable, aquel cuyo objeto es prestar dicho servicio a través de las redes exigidas por la urbanización conforme a la ley a usuarios finales obligados a pagar un precio por dicha prestación, cuando así no sucede el subsidio se dirige directamente a los administradores de dichos sistemas con el objeto de cubrir las diferencias entre sus costos de inversión y/o explotación, y el monto financiable por los usuarios de acuerdo a su capacidad de pago." Efectivamente, así sucede en la gran mayoría de los pueblos rurales, los que no cuentan con redes de distribución ni medidores.

Los recursos para financiar estos subsidios estarán contemplados en la Ley de Presupuestos para el Ministerio de Obras Públicas, los que se asignarán a nivel regional. Corresponderá al gobierno regional respectivo resolver la distribución de los recursos entre sistemas rurales de agua potable.

Por último, el proyecto faculta a los prestadores de servicios para que, en representación de los usuarios residenciales, sin costos para éstos, puedan recibir las postulaciones y las presenten a las municipalidades respectivas.

Por tratarse de una iniciativa que va en directo beneficio de la gente de más escasos recursos, especialmente de aquella de nuestro norte, anuncio el voto favorable de la bancada de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, el tema que hoy nos preocupa fue ampliamente tratado en la anterior legislatura. Debo recordar que la Cámara dedicó dos sesiones especiales para tratar esta importante materia.

Tanto el Gobierno como distintos parlamentarios hemos expresado nuestras inquietudes en relación con el agua potable y alcantarillado a través de diversas peticiones, mociones y proyectos. Cabe recordar que muchas de estas ideas fueron recogida en este mensaje del Ejecutivo. Como lo señaló el Presidente de la República de entonces, entre los proyectos presentados en la Cámara figuraba uno que suscribí junto con el Honorable Diputado señor Pizarro, moción que todavía está en trámite legislativo y por la cual se propone abordar el complejo tema que afecta al país en materia de cobros por agua potable y alcantarillado, a través del establecimiento de una tarifa uniforme para consumos inferiores a 20 metros cúbicos.

La posición del Gobierno ha sido, de manera invariable, optar por el camino de los subsidios directos. Este proyecto obedece precisamente a esa filosofía, pues mejora las condiciones de la legislación actual sobre la base de otorgar subsidios directos a los usuarios o beneficiarios de esta normativa. Sin duda, los cambios mejoran la situación que hoy viven los sectores de bajos ingresos, sobre todo de las regiones más afectadas por la situación tarifaria.

En primer lugar, se amplía el rango del porcentaje legal de subsidio desde el 75 basta el 85 por ciento.

En segundo lugar, y lo que es muy importante, el consumo máximo susceptible de ser subsidiado aumenta de 15 a 20 metros cúbicos mensuales.

En tercer lugar, amplía por un período de tres años la participación de las empresas que suministran el servicio para que, en representación de los usuarios residenciales y sin cargo para ellos, reciban postulaciones a subsidios y las presenten a las municipalidades respectivas.

Finalmente, atribuimos un alto significado a la modificación que permite distinguir entre las regiones de distintos niveles tarifarios, de manera que el subsidio pueda ser focalizado en aquellas que presenten una mayor tarifa relativa. Como represento a la que tiene el agua potable más cara del país, resulta evidente que esta proposición, que permite distribuir en la Segunda Región un mayor porcentaje del subsidio que se contempla a nivel nacional en la Ley de Presupuestos de la Nación, mejora su situación porque permite -como ya lo señalé- focalizar en las zonas donde el agua potable tiene un mayor costo, la concentración del subsidio que el Estado otorga a los usuarios.

Por las razones expuestas, recibimos con mucho beneplácito el proyectó y lo votaremos favorablemente, pues contribuye a resolver un problema muy importante para los usuarios de las regiones extremas del país.

He dicho.

El señor GARCÍA (don Rene Manuel).-

Señor Presidente, dada su importancia, este proyecto nos interesa a todos. El subsidio al consumo del agua potable constituye un gran alivio, pero quiero preguntar a los Honorables Diputados ¿qué pasa con la gente que no tiene agua potable en las poblaciones y el vecino le presta la llave para sacarla y consumen mucho más de los 20 metros cúbicos que subsidia la ley? Le van a subsidiar sólo los 20 metros, en circunstancias de que va a tener un consumo de 100 metros cúbicos, porque le está dando agua a cinco, seis o siete familias.

Echo de menos un subsidio para instalar redes de agua potable. De ahí deberíamos partir para después subsidiar el consumo, porque si no tienen el beneficio, van a abusar de la buena voluntad del vecino que les está dando agua potable.

En mi región, por ejemplo, en Villarrica, el agua es extremadamente cara. No sé lo que pasa ahí, pero hay gente que gana 14 mil pesos y paga hasta 35 mil de agua. Si los colegas dudan, puedo mostrar boletas.

Entonces, ¿por qué va a ser el gobierno regional el que aplique el criterio? La pauta tenemos que darla nosotros: las casas con subsidio habitacional tendrán el beneficio del 85 por ciento: las personas con pensión asistencial no superior a 15 mil pesos deberían poder acogerse automáticamente, sin necesidad de hacer los enredosos trámites burocráticos. Por el hecho de concurrir e inscribirse, deberían darles las facilidades para acogerse al máximo del subsidio, que es de 85 por ciento. Los que tengan más recursos, podrán acogerse al 25 por ciento.

También hay algo raro en los costos fijos. El Honorable Diputado señor Tuma conoce muy bien el tema, porque fue presidente de la Empresa de Agua Potable en la Novena Región. Por ejemplo, la gente que está conectada al sistema con cañería de tres cuartos de pulgada de diámetro paga un costo fijo inmensamente mayor que el que está con cañería de media, lo que, en el fondo, no influye en nada, porque lo que se cobra es el consumo y no el diámetro de la cañería. No veo por qué le cobran más a esas personas.

Hay varias cosas que habría que modificar.

No podemos dejar de referirnos a estos problemas que a los parlamentarios se nos hace presentes, pero que no es de nuestro resorte solucionar. Con ocasión de este proyecto, se podría subsidiar la instalación del agua potable y permitir que la gente con pensión asistencial y la que ha obtenido sus casas mediante subsidio se acoja automáticamente al 85 por ciento, sin mayores trámites.

En todo caso, votaré favorablemente la iniciativa.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Dupré.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, respecto de la primera inquietud del Diputado señor René García, quiero señalar que cuando se habla del consumo para los efectos del subsidio de 20 metros cúbicos, se trata del consumo medio de la población determinado a través de la Superintendencia de Servicios Sanitarios. De modo que el subsidio eleva, en una cantidad muy apreciable, las posibilidades de beneficio para los sectores más pobres, porque se otorga en relación con el consumo medio.

La segunda duda del señor Diputado se refiere a las posibilidades de tener conexiones de agua potable. El proyecto asume ese punto, porque permite aprovechar al máximo los excedentes de los subsidios, para distribuirlos en los sectores que no cuentan con ese servicio, con el fin de aumentar el porcentaje y la cantidad de nuevos usuarios.

Hemos tratado de evitar todo tipo de trámite burocrático, porque el hecho de aprovechar al máximo los excedentes y los montos de los subsidios por la vía de la distribución regional, permitirá una utilización más óptima de los recursos. De modo que todas las apreciaciones del Diputado señor Rene García están recogidas en el proyecto.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, si es así, me alegro enormemente, pero ojalá que sean aplicables.

Creo que nadie va a votar en contra del proyecto, porque todos estamos de acuerdo con sus objetivos. Sin embargo, como se trata de personas que tienen menor acceso a la información y las que más se molestan con la burocracia de las oficinas de todas las reparticiones -no hablo sólo de una-, solicito, si la Sala lo estima conveniente, que se prepare un folleto informativo para que lo reciban junto con el cobro del agua y puedan determinar cómo solucionar su problema. De otra forma, deberán hacer colas interminables para acogerse al beneficio.

Señor Presidente, por su intermedio me permito hacer esta recomendación a la Sala, porque beneficiaría a gente que no compra diarios, no ve televisión y es la que más lo necesita.

Anuncio mi voto favorable, porque constituye un paso gigantesco en favor de las personas que no pueden acogerse a los subsidios, a no ser por intermedio de esta legislación.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Señor Diputado, la única posibilidad de acoger su recomendación es por la vía de la indicación o mediante un proyecto de acuerdo, pero en este trámite resulta difícil incorporarlo al texto, lo cual no significa que no sea posible. .

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, no solicito que mi recomendación se incorpore al proyecto, sino que se transmita al ministro que corresponda, a fin de que, junto con el cobro del agua, se envíe la información pertinente.

Estoy pidiendo que se haga en nombre de la Sala, para lo cual le agradeceré recabar su asentimiento.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, considero de la máxima importancia el proyecto, no sólo porque mejora el subsidio al consumo de agua potable en el sector urbano, sino porque corrige una de las discriminaciones más importantes respecto del mundo rural, pues los campesinos, en especial los sectores más pobres, no contaban con apoyo del Gobierno para obtener un servicio de agua potable más barato.

En términos financieros, quiero agregar al informe del Diputado señor Dupré que, con las tarifas de junio de 1993, el gasto en subsidio ascendía a 4.800 millones de pesos, y que con esta modificación aumenta a 6.700 millones, o sea, 2 mil millones de pesos más. De manera que con la tarifa neta y la actual modificación, el gasto del Gobierno por subsidio de agua potable se elevará a 9.570 millones, sin considerar el destinado a subsidiar el consumo de agua potable rural, que deberá incorporarse en el presupuesto del próximo año.

En la Comisión de Hacienda, los Diputados que representamos a sectores donde el agua no es, en términos relativos, la más cara de Chile, tuvimos especial preocupación de que nuestras regiones no fueran afectadas por una disminución del subsidio de 40 a 25 por ciento, como lo establece el proyecto. Tenemos el compromiso objetivo y escrito de que el 25 por ciento se utilizará sólo cuando sean incorporados grupos que hoy no están afectos al subsidio. La respuesta del Gobierno es muy creíble si consideramos que ninguna región en Chile tiene hoy subsidios inferiores a 50 por ciento.

Respecto de lo que planteaba el DiputadoRené Manuel García, es imposible llevarlo a cabo, porque este subsidio está aún muy lejos de cubrir las necesidades de los sectores más pobres de Chile, que deberían recibirlo. Se incurre en un error al afirmar que el hecho de que los municipios destinarán los excedentes a mayores inversiones constituye un acierto. Ocurre todo lo contrario -fue algo muy discutido-, porque la idea del proyecto es que los recursos que asigna el Gobierno para subsidio al consumo de agua potable y servicio de alcantarillado se apliquen a ese objetivo. Respecto de las inversiones en el sector urbano, hay otros ítem destinados a las empresas sanitarias propiamente tales; en los sectores rurales, se ocuparán en las inversiones sectoriales que el Gobierno señale.

Tal como lo planteamos hace algunos días un grupo de Diputados cuando se discutió un proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara, este proyecto asigna a los gobiernos regionales la responsabilidad de otorgar los subsidios rurales -respecto de los cuales tendrán que fijar criterios-, no los urbanos. Hoy carecen de la institucionalidad apropiada para tomar decisiones adecuadas en esa materia. Por eso, la unidad coordinadora central que se crea -establecida así en el mensaje- debe existir también a nivel de regiones. El agua potable rural y los sistemas rurales existen en las regiones, y es allí donde debe haber la coordinación apropiada entre las instituciones para que los criterios se establezcan con claridad.

Este proyecto representa un avance muy importante, y por eso el Partido por la Democracia lo votará favorablemente.

Sin embargo, también debemos avanzar en un sistema de regulación tarifaria en el sector rural, en el cual los sistemas existentes en mi región -alrededor de 150- son de medición individual. Por lo tanto, podemos avanzar en una discriminación de ellos, pues todos funcionan con tarifas sugeridas por el Gobierno, que no son legales a nivel regional, las cuales sólo cubren los costos operacionales. Por eso funcionan con grandes pérdidas y no tienen capacidad de rehabilitar los sistemas.

En un futuro proyecto deberemos otorgar a los gobiernos regionales la facultad de regular tarifas, para asegurar que los fondos que beneficiarán al sector rural no sean malgastados y se destinen precisamente donde exista déficit, que es en los costos de mediano y largo plazos que tienen que ver con rehabilitación y reparación. Para eso deberemos complementarlos con un sistema adecuado de regulación de las tarifas en el sector rural.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, a pesar de ser un proyecto que beneficia a los sectores más pobres de las diversas comunidades del país, lleva bastante tiempo en el Parlamento, en particular en la Cámara de Diputados. En efecto, tiene fecha 22 de julio; ingresó a la Cámara el 22 de agosto de 1993 y recién estamos en su primer trámite constitucional. Por eso es absolutamente necesario despacharlo con la mayor urgencia posible.

Todo el mundo sabe que existe el subsidio al consumo de agua potable y servicio de alcantarillado. Este proyecto tiende a perfeccionarlo, a fin de atender en mejor forma los requerimientos de la población de bajos ingresos en los sectores urbanos, a satisfacer en mejor forma las necesidades de las regiones donde el costo de provisión del servicio es de mayor magnitud y a extender los límites de 15 a 20 metros cúbicos a las personas beneficiadas.

Sin embargo, su idea fundamental es aclarar un beneficio que, si bien está establecido en la ley anterior, nunca se pudo aplicar. Consiste en extender el beneficio del subsidio al consumo de agua potable rural.

En las comunidades agrícolas, estos servicios son atendidos por comités de pequeños usuarios o por cooperativas, y por diversas razones, nunca hicieron uso de ellos en ninguna parte de Chile. Debido a sus costos de mantención, estos servicios a veces son mucho más caros que los que se prestan en las ciudades.

Por eso, la idea fundamental es extender clara y categóricamente este subsidio a los usuarios del agua potable rural, lo cual es altamente positivo y lo más importante del proyecto.

Todos estamos de acuerdo con él y queremos que su tramitación avance rápido. Por eso, debemos ser breves en nuestras intervenciones.

Sin embargo, hay que señalar lo que hoy pasa con el consumo del agua potable en el país. Todos los parlamentarios hemos recibido quejas de los usuarios, en el sentido de que las cuentas de 7.000 pesos que pagaban normalmente en diciembre pasado, en marzo y abril han subido a 40 y 45 mil pesos. Personas que viven de una pensión de 40 mil o de 60 mil pesos, en el consumo del agua potable se les va el 50 por ciento de sus ingresos, o muchas veces no alcanzan a cubrirlo. Algo malo está pasando porque las cuentas se han elevado en forma alarmante y es imposible pagarlas.

Por esa razón solicito que se envíe un oficio al Ministro Vicepresidente Ejecutivo de Corfo -representante máximo de todas las empresas de agua potable del país-, para hacerle ver esta verdadera alarma que existe por el excesivo aumento de los valores de los consumos de agua potable y alcantarillado en los meses de enero, febrero y marzo.

El proyecto, que fue tratado en las Comisiones de Obras Públicas -a la cual pertenezco-, de Hacienda y de Economía, posteriormente fue refundido y todos estamos de acuerdo con el informe dado por el Diputado señor Dupré. Por eso, la bancada democratacristiana le dará su aprobación para que sea despachado a la mayor brevedad.

He dicho.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi posición favorable al proyecto porque aumenta los máximos subsidiables y la cobertura, lo que hará que se beneficien más familias con el subsidio al consumo de agua potable y fundamentalmente que éste llegue al sector rural.

En la actualidad muchos pobladores no pueden acceder al beneficio del subsidio, aun cuando cumplan con todos los requisitos legales, sólo porque el servicio de agua potable lo entrega la municipalidad. El proyecto corrige esta discriminación, lo que me parece positivo.

Por otro lado, debo destacar dos cosas interesantes. En primer lugar, el proyecto no define el criterio que deberá seguir la autoridad para otorgar el beneficio del subsidio ni tampoco precisa la forma en que operará el sistema en el sector rural.

En segundo lugar, la última indicación presentada por el Ejecutivo excluye a los consejos regionales de la decisión en la inversión de los excedentes que anualmente se produzcan; la radica sólo en el intendente regional.

De todas maneras, manifiesto mi posición favorable al proyecto porque aumenta la cobertura y corrige dos discriminaciones importantes de la actual legislación.

He dicho.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, desde hace mucho tiempo una gran cantidad de pobladores tiene la esperanza de ser beneficiada con este proyecto, que incrementa el subsidio al pago de consumo de agua potable a través de varias modificaciones a la ley.

En primer lugar, contiene algo inédito, por cuanto por primera vez el Estado irá en ayuda de los sectores que administran sus propios sistemas de agua potable rural, como son las comunidades indígenas y los campesinos, que hasta ahora han fijado sus tarifas de común acuerdo y en relación con su capacidad de pago, modalidad que no les ha permitido realizar mantención u operaciones de inversión para su funcionamiento.

El proyecto viene a subsanar el déficit que mantienen muchos comités de agua potable rural. El subsidio al agua potable rural y a los servicios de alcantarillado siempre fue destinado a los sectores urbanos. Nunca se otorgó a los sectores rurales, por cuanto los prestadores de servicios no tenían un entendimiento directo con los usuarios.

Por eso, el Gobierno ha querido reparar esta injusticia al otorgar un subsidio directo a los comités de agua potable rural, a fin de que éstos, a su vez, subsidien a sus usuarios con el monto del financiamiento requerido para la operación y/o inversiones que requieran los sistemas.

En segundo lugar, la iniciativa considera un incremento sobre los montos del subsidio, a los cuales los usuarios podrán postular. Según la normativa vigente, se puede postular al subsidio hasta los 15 metros cúbicos. El proyecto eleva esta cantidad a 20 metros cúbicos, lo que hace mayor el subsidio que se está entregando a las familias de escasos recursos.

La tercera novedad del proyecto es que en el subsidio, que en proporción bordea entre 40 y 75 por ciento y que se distribuye en las respectivas regiones de acuerdo al grado de pobreza o de necesidad y a la tarifa que exista, este porcentaje varía ahora entre 20 y 85 por ciento, lo cual también aumenta la posibilidad de hacer mayor justicia y focalizar el subsidio en proporción mayor en las familias que más lo necesiten, según lo que asigne la primera autoridad regional a cada localidad que tenga iguales tarifas y condiciones socioeconómicas similares.

Quiero llamar la atención de los señores parlamentarios acerca de que en la ley actual se considera un sistema que, a núes- tro juicio, es injusto. Por ello, vengo en proponer a la Cámara, a fin de que se vote hoy, y de esta manera se evite que el proyecto pase a segundo trámite, una indicación que dice relación con las facultades de los intendentes para distribuir entre sus distintas comunas, año a año, el monto de los subsidios.

La ley vigente señala que los intendentes no podrán disponer para el año siguiente de menos de un 90 por ciento de los recursos asignados en el ejercicio anterior. La modificación que planteo consiste en modificar este artículo, señalando que no podrán disponer de menos del 90 por ciento de los recursos efectivamente utilizados por cada comuna. De este modo, posibilitaríamos una mayor justicia en cuanto a criterios de equidad y de eficiencia en la distribución de los fondos entre las distintas comunas.

Mi indicación es para agregar en el inciso cuarto del artículo 9o, después de la frase "respecto de cada comuna", lo siguiente: "un 90 por ciento del monto utilizado efectivamente en el último ejercicio presupuestario".

Tiene por objeto optimizar los recursos destinados al financiamiento de los subsidios al pago de consumo de agua potable y servicio de alcantarillado de aguas servidas, puesto que, con el mecanismo de asignación de la actual ley, los intendentes están obligados a destinar automáticamente una cantidad no menor del 90 por ciento de los recursos asignados en el ejercicio anterior, sin considerar el grado de eficiencia y la proporción efectivamente utilizada respecto del monto total destinado a cada comuna. Cito un ejemplo, si a una comuna se destinaron dos millones de pesos para subsidio y utilizó sólo un millón, el intendente está obligado a asignarle, al año siguiente, como monto total de subsidio, la cantidad no menor de un millón 800 mil pesos. Los 800 mil pesos que no fueron utilizados, y que seguramente tampoco serán utilizados el año siguiente, podrían entregarse a una comuna que sí ha ocupado más del 90 por ciento del total de los recursos otorgados.

La presente indicación incorpora un mecanismo distinto, que permite a los intendentes asignar recursos en función de la necesidad, de la equidad y del grado de eficiencia que refleje cada comuna en la administración de este importante beneficio y en relación con el monto efectivamente utilizado por ellas. De otra forma, si se mantiene lo propuesto en el proyecto, se restringe la facultad del intendente respectivo, puesto que se le obliga a asignar más recursos de los que una comuna es capaz de utilizar y, al mismo tiempo, se impide que esa sobreasignación pueda ser destinada a otra comuna que la necesite y que ha demostrado ser capaz de utilizar los recursos que le fueron entregados en el ejercicio anterior.

Señor Presidente, ruego a usted someter esta indicación a consideración de la Sala para que sea votada, ojalá de inmediato y por unanimidad. Con ello se aprobará en general y en particular el proyecto y evitaremos que vuelva a la Sala en segundo informe, lo cual, naturalmente, ocasionaría una mayor demora en circunstancias de que muchos miles de pobladores y campesinos están esperando su aprobación cuanto antes.

He dicho.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, en primer lugar, creo de justicia felicitar a los honorables señores Diputados que redactaron la proposición dirigida al Gobierno en junio del año pasado, en virtud de la cual se originó el proyecto, y asimismo hacer presente la disposición del Gobierno del Presidente Aylwin para acoger la iniciativa de los Diputados señores Pérez, don Víctor; Melero, Pérez, don Ramón; Rodríguez, don Alfonso (ex Diputado); García, don René; Masferrer, Horvath (actual Senador); Prokuriga y Ribera.

En segundo lugar, me parece que este proyecto, al margen de los méritos propios, tiene uno adicional, cual es que determina la revisión de gran parte de los beneficios sociales y subsidios que se otorgan en Chile a través del gobierno central, puesto que todos están afectados por un gravísimo centralismo que está provocando una situación muy desmedrada en las zonas rurales y provincias, en general, y desde luego, una asfixia en Santiago. Mediante este proyecto se corrige la actual situación de desigualdad en beneficio de esas zonas rurales.

En tercer lugar, quiero manifestar que una apreciación original sobre este proyecto, de modo fundamental por desconocimiento de la situación en las zonas rurales, me hizo pensar que los administradores de sistemas de agua potable rural podrían ser eventualmente empresas, en cuyo caso me habría parecido inconveniente que se las estuviera subsidiando en forma directa; pero me han explicado que no es así. Por tanto, el proyecto es digno de ser aprobado, haciendo notar, eso sí, que debe entenderse como un paso intermedio, puesto que siempre será preferible, en función de la eficiencia de los programas sociales y de la administración de los recursos, que los subsidios se entreguen directamente a las personas, a las familias consumidoras que los necesitan. Si bien en este momento la única manera práctica de hacerlo es a través de los administradores, repito que éste es un paso intermedio y que hay que buscar la forma de hacer llegar la ayuda de manera directa.

He dicho.

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto.

Asimismo, quiero señalar que con otros señores Diputados planteamos una indicación a fin de que se excluya a los centros comunitarios y a los estadios del cobro variable por los consumos de agua potable y alcantarillado.

Entendemos que la filosofía del proyecto tiende justamente a la política de crecimiento con equidad, y los que tenemos comunas rurales en nuestros distritos sabemos de los problemas que muchas veces se les crean a los centro comunitarios y a los municipios cuando deben pagar las grandes cuentas originadas por consumos variables.

No obstante que esta iniciativa es interesante, puesto que soluciona los problemas de los sectores más desposeídos, también es importante avanzar y profundizar en la idea que se plantea en el proyecto.

De igual modo, tenemos que avanzar, en el corto plazo, respecto del cobro variable por concepto de alcantarillado. Es común en todas las comunas del país que los sistemas de alcantarillado se construyan con la participación de vecinos. La empresa sólo debe cubrir la mantención de los servicios. En consecuencia, me parece injusto que por mantener servicios que no construyó se cobre de acuerdo con un sistema variable, que además es excesivo. No es lo mismo consumir agua y ocupar un servicio como el de agua potable, que ocupar las cañerías y tuberías para vaciar aquella agua que ha sido usada.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, los Diputados de las bancadas socialistas y del PDI vamos a respaldar el proyecto de ley que permite ampliar el monto de los subsidios de agua potable que se otorgan en el país, incorporando una disposición que, en primer término, establece 20 metros cúbicos de consumo, como techo o límite de pago, en lugar de 15, y en segundo término, flexibiliza las normas que señalan los montos que se pagan, al rebajar el límite mínimo de 40 por ciento y subir los límites máximos.

Por tanto, la iniciativa permite que otros sectores no involucrados puedan acceder a los subsidios. Si la política original, aprobada en la legislatura pasada, se orientó a que al menos el 20 por ciento del país -esto es, una de cada cinco familias chilenas, las más pobres- tuviera acceso a este servicio, y si ahora también podemos extenderla a los sectores medios, es indudable que la normativa requiere de mayor financia- miento.

En el debate de la Comisión de Hacienda hicimos notar nuestra preocupación en orden a que el financiamiento que se otorgue a los nuevos sectores que merecen mayor subsidio no saliera de la disminución del subsidio que hoy existe en otras comunas del país.

Por esta razón, junto con establecer esta flexibilidad, pedimos una garantía formal de la Dirección de Presupuestos -así quedó establecido en el oficio enviado a la Comisión- de que no habrá un decrecimiento o deterioro de los montos de los subsidios que se han otorgado a regiones o comunas, donde los sectores pobres ya los tienen, sin perjuicio de que con esto se amplíe el subsidio para aquellas zonas del país con mayores dificultades respecto del agua potable.

En cuanto a la indicación del Honorable Diputado señor Tuma, me parece que, en cualquier caso, habría que estudiar una redacción diferente, aunque mi voto es contraria a ella, a fin de establecer que el intendente debe mantener un 90 por ciento de lo efectivamente gastado en subsidios. Opino que ella podría significar, en primer lugar, un incentivo negativo para que los municipios sobregastaran en subsidios, y puede ocurrir que si un municipio tiene fijada una cuota de 100 y otorga ese beneficio por 120 a partir de la dictación de esta disposición legal, al año siguiente el intendente estará obligado a subir el monto de su aporte por este concepto. No obstante su buena intención, el mecanismo propuesto puede conducir a un comportamiento inadecuado.

En segundo lugar, estimo de importancia que en aquellos casos en que los municipios no consuman la totalidad de los recursos en su planes de subsidio, pero al siguiente los necesitan -incluso pueden tener otro alcalde-, el intendente se los pueda proporcionar.

Recojo el espíritu de la indicación, pero me parece que no resuelve el problema.

El señor ARANCIBIA.-

Agradezco la interrupción al Diputado señor Estévez.

Señor Presidente, quiero referirme muy brevemente a otro aspecto relacionado con la iniciativa en estudio: los diversos proyectos que hicieron posible que el Ejecutivo se encargara de esta situación, la cual, como ya lo manifestaron algunos señores Diputados, afecta a un número importante de familias, especialmente a las que viven en las zonas extremas del norte y del sur del país, donde, por diferentes y muy explicables razones, los sistemas de agua potable y de alcantarillado tienen un costo significativamente mayor.

Con las empresas del ramo se han originado diferentes conflictos, y la comunidad no ha sido escuchada en relación con la mantención de un sistema en que se aplican las normas del mercado y de autofinanciamiento en una actividad que resulta indispensable para la población, sobre todo en las áreas rurales. Además, mucha gente no está en condiciones de pagar el consumo del agua potable y el cargo por el uso del alcantarillado.

Esta iniciativa estuvo precedida por mociones de distintos Diputados. La que hoy discutimos recoge muchas de las disposiciones contenidas en un proyecto presentado en abril del año pasado al Ministerio de Economía por el ex Diputado señor Olivares y los Diputados señores Latorre, Gajardo y quien habla, y resuelve una parte del problema: amplifica la posibilidad de otorgar subsidios a un sector que anteriormente estaba excluido del acceso a un beneficio de esta naturaleza, lo que puede ser muy importante para los habitantes del norte o del sur del país, cuyos ingresos mensuales fluctúan entre los 100 mil ó 120 mil pesos y para quienes las cuentas por consumo de agua potable y servicio de alcantarillado resultan onerosas, pues representan aproximadamente el 10 por ciento de sus entradas.

Hay otros problemas de los cuales esperamos que el Ejecutivo se haga cargo en el futuro inmediato: las deudas por consumo de agua potable que mantiene un elevado número de familias, sobre todo de las Primera, Tercera y Duodécima regiones. Las distintas proposiciones formuladas al Ejecutivo tienen por objeto, además de resolver el fundamental problema de los subsidios, determinar qué se hace con los deudores de agua potable, a los cuales normalmente se les conmina a pagar mediante el corte del suministro, cuya reposición implica una cantidad mucho mayor, que supera su costo mínimo mensual.

Por eso, queremos enfatizar la importancia de esta iniciativa, que amplía el rango de los subsidios; eleva hasta 20 metros cúbicos el consumo favorecido con esta medida; faculta a los gobiernos regionales para distribuir los recursos, y prescribe que los prestadores de servicios de agua potable y alcantarillado, en representación de usuarios residenciales, reciban las solicitudes para agilizar el otorgamiento de este beneficio.

He dicho.

Él señor CORREA.-

Señor Presidente, quiero referirme sucintamente a la implementación y ejecución del programa de proyectos de agua potable rural, por considerarlo un factor de primera importancia en el interés común de disminuir la pobreza rural en nuestro país.'

Sin duda, la carencia de este vital elemento es una de las causas más impactantes en los grados de pobreza en muchas zonas. Influye directamente en la salud de la población e impide el saneamiento básico para lograr una calidad de vida similar o parecida a la que se consigue en las ciudades.

Si revisamos las cifras y porcentajes de población con servicio de agua potable rural, nos encontramos con la triste realidad de que sólo en 1977 se inicia un programa de envergadura tras el objetivo de aumentar su cobertura. En efecto, hasta ese año, el porcentaje era de alrededor de un 30 por ciento. A partir de 1977, el porcentaje comienza a aumentar, para llegar a cerca del 75 por ciento en 1990. Es decir, se logran 45 puntos en 13 años.

Eso fue posible por varias razones que mencionaré lo más resumidamente posible.

Se crea conciencia de que hay que preocuparse de mejorar la calidad de vida del hombre que vive en el campo, y se imple- menta un programa de desarrollo rural que, pese a sus imperfecciones, logra resultados como el que acabo de señalar.

Se establece una unidad ejecutora coordinadora del programa del BID en el Ministerio de Obras Públicas, que funciona regionalizadamente y muy coordinada con las municipalidades y los Serplac regionales. Las municipalidades identifican las localidades, efectúan el informe básico de inversión y lo envían a las regiones donde pasa a formar parte del plan integrado de proyectos de agua potable rural. El Departamento de Agua Potable Rural del Ministerio de Obras Públicas y los Serplac regionales calculan la rentabilidad social y se le da el visto bueno.

Es indudable que este programa funcionó bien hasta que el Sendos se regionalizó, no porque el cambio sea malo, sino porque el programa de agua potable rural para estas empresas se transforma en un "cacho" y no le conviene destinar recursos y tiempo porque económicamente no les significa ningún ingreso. Por esa razón, el ritmo de crecimiento ha disminuido' notablemente en los últimos años.

El proyecto, en este orden de cosas, no apunta en la dirección correcta; no significa solucionar el problema descrito, y no se preocupa de la ejecución de programas y proyectos de agua potable rural, como se esboza en el mensaje, y lo deja a merced de las empresas sanitarias regionales que, como lo he señalado, no tienen interés en ello.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señor Diputado, está haciendo uso de la palabra por la vía de la interrupción y corresponde votar a las 12.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, para terminar quiero señalar que el proyecto, en su parte final, no está en lo correcto, por cuanto entrega el subsidio a las empresas y no a los usuarios en forma directa.

Sugiero corregir esa disposición para que el subsidio se entregue directamente a los pobladores -tal como se hace en el sector urbano- y no a las empresas administradoras.

Gracias, señor Presidente.

La señora POLLAROLO.-

Señor Presidente, concurro en apoyo del presente proyecto en la forma en que ha quedado actualmente redactado el informe complementario de la Comisión de Economía, considerando en especial que esta forma legal otorga flexibilidad al beneficio de subsidio al consumo de agua potable, lo cual beneficiará a los sectores más pobres del país y, dentro de ellos, ello permitirá, en especial, beneficiar a los más pobre de las zonas donde este recurso vital es más escaso y caro.

Deseo en esta oportunidad dejar constancia del enorme valor e importancia que para mi distrito -el 3o- tiene la materia que regula este proyecto, por lo que resulta prioritario asegurar su despacho con carácter de urgente.

Es por ello, que yo hoy, solicito el apoyo solidario de los restantes miembros de esta Honorable Corporación para con el pueblo nortino que tanto ha aportado y aporta al desarrollo nacional con su heroico y cotidiano esfuerzo minero, permitiendo que el más amplio espectro social posible de las familias más pobres del norte puedan acceder a este subsidio que se genera en recursos públicos debidos en gran medida a su producción cuprífera y de otros minerales.

Asimismo, estimo indispensable en esta ocasión dejar constancia de importantes problemas que sobre esta misma temática quedan aún pendientes y que requieren de una legislación complementaria a la que hoy estamos aprobando.

En efecto, el problema del agua y de sus altos costos, constituye un drama para las familias más modestas del norte chileno.

En el norte, la pobreza tiene un rostro particularmente amargo y doloroso, dado que este vital recurso es particularmente escaso y, por tanto, de difícil acceso para los más pobres.

En efecto, el rostro real de la extrema pobreza nortina determina que muchísimas familias no cumplan los requisitos para acceder y mantener el subsidio contenido en esta ley, dado que ésta exige en el artículo 3° de la Ley 18.778 el que las personas que lo soliciten se encuentren al día en el pago de los servicios. El presente proyecto no aborda la problemática de quienes se encuentran en situación de morosidad. Se requiere urgentemente abordar tales situaciones que, en el norte del país, en mi distrito, determinan que un importante sector de quienes deberían verse beneficiados con este subsidio, dada su situación social y económica, no puedan gozar del mismo, dada esta situación no abordada relativa a la morosidad actual.

Podrá imaginar esta honorable Corporación que si el objetivo de la ley y, especialmente, del proyecto que estamos estudiando en este momento es favorecer al 20 por ciento más pobre de la población, debe legislarse complementariamente a fin de contemplar un procedimiento de saneamiento de deudas que le permita realmente a tal segmento de nuestra población acceder al mencionado subsidio. De lo contrario, las actuales intenciones legislativas necesariamente se verán frustradas en su capacidad de incidir realmente en la superación del drama nacional de la pobreza en el norte árido de nuestro país.

Asimismo, se torna particularmente relevante considerar al respecto una normativa especial destinada a beneficiar a aquellas familias de extrema pobreza en las cuales la mujer, jefa de familia o no, genera sus escasos ingresos en base al lavado de ropa ajena, tarea para la que el insumo de agua es obviamente esencial, cautelando que pueda tal mujer de nuestro pueblo continuar allegando dichos recursos imprescindibles para la subsistencia de su grupo familiar. En tal sentido, el actual aumento del proyecto respecto de la cobertura de referencia para la aplicación del subsidio, desde 15 metros cúbicos a 20 metros cúbicos.

A la vez, señor Presidente, estimo imprescindible dejar constancia de que el país entero debe asumir una conciencia plena acerca de la importancia que el problema de la disponibilidad del agua tiene para la cotidiana vida de los chilenos que viven en las áridas zonas del norte. Dicha conciencia solidaria exige modificar la política de tarifas de modo que ésta refleje una contribución específica del resto de las zonas del país a las dramáticas necesidades del norte a este respecto. Estas modificaciones legales sobre aspectos tarifarios del agua potable deben impulsarse complementariamente a la legislación que hoy analizamos, avanzando hacia una política tarifaria nacional solidaria de agua potable, la que, atendiendo a las especialmente difíciles condiciones del norte respecto de la disponibilidad de este recurso, signifique un aporte solidario y concreto del resto de las zonas del país a los más pobres del norte grande. Creo, señor Presidente, que la estructura económica nacional debe contemplar mecanismos especiales de solidaridad en torno a los elementos más esenciales para el adecuado desarrollo de la vida humana, como es la disponibilidad del agua. Para tornar serio y creíble el concepto de economía de la solidaridad resulta primario atender a esta área. Estoy convencida, además, de que la proporción histórica y actual de aporte de la Segunda Región al desarrollo y a las disponibilidades generales de recursos del país, desde hace más de un siglo, lo justifica plenamente.

He dicho.

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, deseo participar en este debate en que se modifica el subsidio al consumo de agua potable, servicio de alcantarillado y aguas servidas, con el fin de entregar algunos antecedentes muy someros, de la situación que en esta materia se vive en Talca, especialmente desde el punto de vista social.

La verdad es que la regionalización de los servicios sanitarios ha tenido muchos efectos favorables y ha significado un mejoramiento del sistema de la región. En Talca, la empresa Essam, ha pasado de un déficit de 1.200 millones de pesos en 1992, a registrar una utilidad de 23 millones de pesos en 1993. Se debe agregar a lo anterior importantes obras de mejoramiento sostenido de la red de agua potable y la construcción de nuevas matrices para el desagüe de aguas servidas, cuyo objetivo es mejorar la condición de las aguas superficiales que corren por la ciudad, como son el estero Piduco y el río Claro. Una vez que se obtenga la limpieza de las aguas es posible que este río vuelva a ser el tradicional balneario de Talca.

La empresa atiende en la ciudad a 36.871 usuarios o clientes, estimándose que existen 37.500 o más viviendas. Es decir, el sistema cubre casi el 100 por ciento. Para este número de viviendas se han otorgado 6.804 cupos de subsidio de agua potable, de los cuales se han ocupado solamente 5.900.

Es necesario señalar que Talca es una de las ciudades con mayor índice de pobreza, que según la encuesta Casen de 1990, llegaba al 48 por ciento de la población regional. De esta manera se da la situación que en las poblaciones de la ciudad se plantea el problema del agua potable en forma muy dramática. Un alto número de pobladores no cancela durante un largo período su consumo y está enfrentando cobros realmente increíbles que llegan a 100 mil, 200 mil pesos, lo cual, un poblador, no está en condiciones de pagar.

Afortunadamente, señor Presidente el directorio de la empresa se ha hecho cargo de la situación y ha reconocido la incobrabilidad de muchas de estas boletas y ha eliminado la deuda de muchos pobladores a contar de enero de este año. Esta medida ha favorecido a miles de usuarios de bajos recursos, ya que se alcanzó a una deuda total de 110 millones de pesos en Talca. De este modo, al quedar limpias sus cuentas, estos pobladores pueden acceder al subsidio.

El presente proyecto de ley, amplía y mejora varios beneficios de la ley de subsidios, pero no corrige la accesibilidad a la postulación de quienes mantienen sus deudas, por lo que es una materia que más adelante deberá corregirse.

He dicho.

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, desde que en 1990 se empezó a aplicar el actual sistema de tarifas del agua potable establecido en el DFL 70 de 1988, hemos asistido a un proceso muy natural: Al principio un amplio rechazo de las nuevas tarifas y sus incrementos -por lo demás realmente elevados en algunos años- luego, poco a poco una posición de aceptarlas.

El Ministerio de Economía durante la anterior administración consideró este tema con dedicación, ya que por un lado debía atender los reclamos de la población, y por otro los de interés de los administradores, ejecutivos y empresarios del sector, que en general mediante empresas filiales Corfo, servían en cada región con directorios autónomos.

Creo positivo que este sistema tarifario se mantenga y no se haya caído en la fácil tentación del subsidio generalizado, como fue en el pasado, que impediría una administración racional de las empresas.

El sector de los servicios sanitarios se ha ido ordenando durante los últimos años, de modo de lograr una administración adecuada, y un sistema de financiamiento más eficiente. Creo que se ha logrado bastante en ambos sentidos, y el Parlamento, durante la anterior legislatura, tuvo en varias oportunidades que analizar temas relacionados con estos servicios. Incluso se realizó una investigación o estudio del sistema, que estuvo a cargo de la Comisión de Economía.

Lo importante de este proyecto, y de las decisiones que implica, es que el actual gobierno y el anterior, reconocen que el sistema tarifario, a pesar de las críticas recibidas, debe mantenerse y perfeccionarse. El criterio, y yo lo respaldo, es que el agua y el alcantarillado deben pagarse según sus - costo, y que la gente más pobre será apoyada mediante subsidio, cuya implementación ya ha dado buenos resultados, y cuyo perfeccionamiento se logra con este proyecto de ley, ya que se flexibiliza en lo referente a los montos que en cada región se otorgan, y se amplía a los sectores rurales más pobres, que hasta ahora no podían ser subsidiados.

Creo, sin embargo que deben traspasarse más decisiones en relación a los subsidios, a los gobiernos regionales, tal como fue aprobado en el informe original por la Comisión de Economía, puesto que estos gobiernos regionales -que no existían como hoy al momento de promulgarse la ley de subsidios- son quienes mejor conocen los problemas locales y quienes pueden resolverlos mejor. Espero que esto se logre más adelante.

Termino señor Presidente, reiterando que creo muy importante que se mantengan los sistemas tarifarios actuales, perfeccionándolos y apoyando a los más pobres con subsidios, tal como estamos haciendo, de modo que se permita al sector crecer y resolver los problemas sanitarios y de abastecimiento de agua que hoy son uno de los más graves que afectan a nuestras poblaciones.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de los Diputados señores Tuma, García, don René; Villouta, Moreira y Pérez, don Aníbal. Tiene por finalidad sustituir la frase final del inciso cuarto del artículo 9° de la ley NH 18.778. El texto vigente dice lo siguiente: "...un 90% de la proporción que le correspondió en el último ejercicio presupuestario.". La indicación sustituye esa frase por la siguiente: "...un 90% del monto utilizado efectivamente en el último ejercicio presupuestario."

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde ocuparse, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, del proyecto de ley sobre carrera funcionarla de los jueces, funcionarios auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Luksic.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado, boletín N° 867-07 (S), sesión 8° en 19 de octubre de 1993. Documentos de la Cuenta N° 7.

-Informe de la Comisión de Constitución Legislación y Justicia, sesión 20a, en 10 de mayo de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2.

El señor LUKSIC.-

Señor Presidente, la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia me ha encomendado informar, en segundo trámite constitucional y primero reglamentario, el proyecto de ley sobre carrera funcionada de los jueces, funcionarios auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial.

Durante el estudio del proyecto, vuestra Comisión contó con la participación activa de todos sus integrantes y con la asistencia y colaboración de la señora Ministra de Justicia, doña Soledad Alvear, y de los asesores de esa Secretaría de Estado, doña Consuelo Gazmuri y don Jorge Correa.

Entre los antecedentes que la Comisión tuvo a la vista para el estudio de esta iniciativa deben mencionarse el mensaje, los informes de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y Reglamento del Honorable Senado, la opinión de la Excelentísima Corte Suprema de Justicia y las observaciones formuladas por la Asociación Nacional de Empleados del Poder Judicial.

Las ideas matrices del proyecto son: reforzar el carácter de Poder del Estado a los órganos jurisdiccionales; mejorar, orgánica y procesalmente, la institucionalidad judicial con miras a lograr eficacia y eficiencia, y estructurar una carrera funcionaría dentro del Poder Judicial con normas claras para todos sus funcionarios, que les den seguridad sobre sus derechos y su futuro dentro de la institución.

Los elementos fundamentales que se tuvieron en cuenta y que inciden en el sistema establecido para la carrera funcionaría son los siguientes: igualdad de oportunidades para quienes deseen ingresar al Poder Judicial y para quienes aspiran a ascender en la carrera judicial; estabilidad en el empleo; posibilidad de ascender por méritos, y reconocimiento explícito y adecuado a la antigüedad en el cargo.

En consecuencia, el proyecto establece una estructura armónica, que consulta normas sobre incompatibilidades para los funcionarios del Poder Judicial; reestructura sus escalafones; establece un sistema moderno de calificaciones de los funcionarios del Poder Judicial, que permite seleccionar al personal más idóneo para los ascensos, y, por último, señala un procedimiento de nombramientos transparente, que garantiza la igualdad de oportunidades para aquellos que quieren postular e ingresar a la carrera judicial.

Señor Presidente, las innovaciones más novedosas consignadas en el proyecto son las siguientes:

Cambiar las reglas sobre el fuero, con el objeto de armonizarlo y adecuarlo a la normativa actual.

Modificar la competencia de los ministros de cortes de apelaciones, en su carácter de juez unipersonal.

Disponer algunas reformas en relación con los nombramientos de los ministros de la Corte Suprema, de cortes de apelaciones y de jueces.

Adecuar a la Constitución Política del Estado los requisitos para ser juez de letras, ministro o fiscal de corte de apelaciones o ministro de la Corte Suprema.

Para ser juez de letras se exige ser chileno -el actual Código Orgánico de Tribunales exige la nacionalidad chilena, natural o legal-, tener título de abogado y haber aprobado el programa de formación para postulantes del escalafón primario del Poder Judicial, instituido en el proyecto de ley sobre Academia Judicial, aprobado por la honorable Cámara. A los abogados ajenos a la administración de justicia que postulen al cargo de juez de letras de comuna o agrupación de comunas, se les exigirá, además, haber ejercido la profesión de abogado por un año, al menos.

En cuanto a los ministros de cortes de apelaciones, se exige ser chileno, sin límite de edad -el actual Código Orgánico de Tribunales exige la nacionalidad chilena, natural o legal, y tener 32 años-, el título de abogado y haber aprobado el programa de perfeccionamiento para ser ministro de corte de apelaciones, normado también en el referido proyecto. Además, menciona algo novedoso: que los relatores no podrán acceder a ser ministros de cortes de apelaciones porque se requiere haber desempeñado, efectiva y continuadamente, la función de juez al menos por un año.

Para ser ministro de corte de apelaciones, los abogados ajenos al Poder Judicial deben haber ejercido su profesión a lo menos durante 12 años.

Respecto de los ministros de la Corte Suprema, se establece ser chileno, tener título de abogado, y a los abogados ajenos a la carrera judicial se les exige 15 años de ejercicio de su profesión y reunir los requisitos de la quina.

Se aumentan las incompatibilidades de los funcionarios del Poder Judicial, ya que se impide que en una misma corte haya miembros ligados por parentesco o que lo estén con jueces de jurisdicción. Por regla general, se acogen los criterios aplicables en la Administración del Estado a los demás funcionarios civiles.

Los elementos fundamentales de la incompatibilidad están dados para las personas unidas por matrimonio o vinculadas por adopción, y se aumenta en un grado el parentesco por consanguinidad. Ella rige entre cargos que deben coordinarse entre sí; por ejemplo, los ministros de una misma corte o aquellos que pueden situarse en una relación jerárquica, es decir, entre el que emite un fallo y el que lo revisa, o entre un funcionario calificado y el órgano que lo califica.

También se impide incluir en temas o nombrar en un cargo jerárquicamente inferior en el mismo tribunal a quien tenga parentesco o vínculo constitutivo de incompatibilidades.

En definitiva, este proyecto aumenta las incompatibilidades entre los funcionarios del Poder Judicial, cuestión que a veces ha sido puesta en duda o en entredicho.

Por último, también se establece la incompatibilidad de la función judicial con toda otra remunerada con fondos fiscales. Se exceptúa la docencia hasta un máximo de 12 horas semanales.

Por otra parte, se readecúan los escalafones primario y secundario, y se crea el del personal de empleados, cada uno con su correspondiente categoría.

Las calificaciones constituyen otro aspecto de gran interés y, sin duda, una reforma preponderante en la carrera funcionaría.

En primer lugar, se premian debidamente los merecimientos del personal sobre la base de antecedentes objetivos. La normativa actual establecía algunos criterios, pero se prestaba a cierta subjetividad; la idea del proyecto apunta a dar el sentido más objetivo posible a las calificaciones.

En segundo lugar, el calificado tendrá oportunidad de hacer valer sus derechos y puntos de vista al conocer los nombres de los calificadores y los fundamentos de su decisión. En caso de disconformidad, se establece un procedimiento para recurrir ante un órgano superior.

Otro aspecto fundamental consiste en el cambio del órgano calificador. De acuerdo con la actual normativa, la Corte Suprema cumple esa labor; en el proyecto, la responsabilidad recaerá en los órganos superiores jerárquicos de la persona.

Todos los funcionarios, salvo ministros y fiscales de la Corte Suprema, deben ser calificados entre el 1° de noviembre y el 31 de octubre del año posterior. El trámite de la calificación se inicia el 1° de noviembre y termina fatalmente el 31 de enero.

Se establece un procedimiento de participación pública en la calificación. Cualquiera persona puede remitir por escrito al respectivo órgano calificador, dentro de los diez primeros días de noviembre de cada año, sus opiniones fundadas respecto de la conducta o desempeño de algún funcionario. En este aspecto, como en otros, la Corte Suprema se opuso.

También se dispone la obligación de llevar una hoja de vida de cada funcionario, en la cual se incluyan, entre otros puntos, sus actividades de capacitación.

El criterio sustentado en el proyecto es objetivizar el proceso de calificación al máximo posible.

En primer lugar, además de su anotación en la hoja de vida, estarán incluidos el criterio, la responsabilidad, capacidad de iniciativas, eficiencia del funcionario, su afán de superación y sus relaciones humanas.

Las calificaciones se efectuarán por los órganos respectivos dentro de los primeros quince días de diciembre.

Los recursos que se pueden interponer son el de reposición, si el órgano calificador es la Corte Suprema, y el de apelación, si se trata de otros órganos. En este sentido, se establecerá un procedimiento similar al actual recurso de queja.

También podrán publicitarse y comunicarse las calificaciones. El funcionario calificado tiene derecho a conocer su hoja de vida y las materias respecto de las cuales debe mejorar o rectificar su calificación.

En cuanto al sistema de nombramiento de los jueces, funcionarios y auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial, se mantienen, como criterio general, los concursos, y se regla su publicidad, objetividad y transparencia. La idea, en una materia tan importante que se refiere a un Poder del Estado, es privilegiar el mérito por sobre la antigüedad.

Asimismo, se hacen ciertas innovaciones en lo relativo al personal de empleados y oficiales de la Secretaría, y se fijan nuevas normas sobre permutas y traslados. Como se sabe, en especial en lo que dice relación con los funcionarios notariales, las permutas y traslados se han prestado para manejos indebidos que significaban la mantención de ciertos privilegios para el cargo de notario.

En la Comisión se eliminó, por unanimidad, esta disposición en lo que se refiere a los notarios, archiveros y conservadores.

Por último, en cuanto a las licencias, se modifica el artículo 340, con el objeto de radicar en el Presidente de la Corte Suprema, en lugar del Presidente de la República, el otorgamiento de licencias y permisos. En este aspecto, se establece un principio fundamental de nuestra Constitución: la igualdad jurídica, y se aplican normas de la Administración del Estado.

Para concluir, reitero que este proyecto entraña la voluntad de crear una estructura de la carrera funcionarla dentro del Poder Judicial que permita reforzar su condición de Poder del Estado a los órganos jurisdiccionales; mejorar orgánica y procesalmente la institucionalidad judicial, con miras a un desarrollo eficaz y eficiente, y estructurar una carrera funcionaría con normas claras para todos los funcionarios, que les dé seguridad en sus derechos y en su estabilidad dentro de la institución.

He dicho.

La señora WÓRNER.-

Señor Presidente, el proyecto de ley sobre carrera funcionaria de los jueces, funcionarios auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial, unido al que crea la Academia Judicial, votado hace pocos días en esta Cámara, responde a sentidas y viejas aspiraciones de los funcionarios del Poder Judicial.

La iniciativa en estudio, luego de un extenso análisis en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, tal como lo señaló la señora Ministra, ha ocupado gran parte del quehacer de este nuevo período legislativo en esta Comisión. Lo engorroso de su largo articulado determinó que sus miembros tuviésemos particular preocupación por informarnos y recoger en nuestras discusiones las propuestas y observaciones que formularon en su oportunidad distinguidos profesores de Derecho Procesal, los asesores del Ejecutivo, la Excelentísima Corte Suprema y la Asociación Nacional de Funcionarios y Magistrados del Poder Judicial.

El proyecto modifica los requisitos legales para el ejercicio de diversos cargos judiciales; el régimen de incompatibilidades funcionarias; los sistemas de selección, ascenso, calificaciones y escalafones de-los funcionarios del Poder Judicial. Igualmente, fortalece la carrera para los miembros del escalafón secundario y de empleados, e introduce algunas pequeñas modificaciones relativas a las competencias de los tribunales.

El sistema propuesto para la conformación de las ternas y quinas, para la calificación de los jueces y para seleccionar a quienes ingresarán al Poder Judicial a fin de cumplir tan delicadas funciones, debe ser estudiado a cabalidad y con mucho celo, para posibilitar que quienes asciendan e ingresen a la carrera judicial sólo lo hagan por vocación y méritos, dejándose de lado cualquiera otra forma anexa que les signifique ser postergados o formar parte de un sistema que no respeta los méritos personales, la trayectoria y la antigüedad.

El proyecto, en sus partes sustanciales, consigna una fórmula por la cual se ingresa a la carrera judicial y se impide acceder a los grados más elevados del escalafón primario a quienes no tienen determinados requisitos; aumenta las inhabilidades; establece un sistema de calificaciones donde se privilegian un sistema de publicidad, la conducta funcionaria y el desempeño observado en el período que comprende la calificación, que se fijará por doce meses; previene la existencia de una hoja de vida, que será con publicidad reservada para el calificado. Quienes actúan como calificadores, cuando se trata de tribunales colegiados, deben hacer cargos, fundamentación de su calificación y firmarla; plantea un sistema distinto del actual para la conformación de las ternas y quinas en los concursos, que se deben regular en el artículo 279, con publicidad y conocimiento no sólo de los interesados, sino también de toda la ciudadanía, a través de inserciones y avisos en el Diario Oficial. Establece sistemas de fueros, de competencias de las cortes de apelaciones; sistemas distintos de nombramiento de los integrantes de los tribunales superiores de justicia, esto es, la Corte Suprema y de las cortes de apelaciones y de los jueces. Introduce también importantes innovaciones en la conformación de las ternas para los cargos de relatores, de defensores públicos, principalmente en lo que dice relación con las cortes de apelaciones de Valparaíso y de Santiago, y para los cargos de notarios, conservadores y archiveros públicos, terminando con cualquier anomalía que signifique desconocimiento de méritos y de antigüedades en la conformación de las ternas, sobre todo en cargos tan apetecidos como los de notario, conservador y archivero.

La bancada del Partido por la Democracia anticipa su voto favorable a la aprobación en general del proyecto y hace un reconocimiento al trabajo amplio y consensual realizado, que nos satisface plenamente, pues con la aprobación de esta iniciativa estamos permitiendo modernizar nuestro sistema judicial y que haya transparencia en el proceso y en los méritos que se tienen en cuenta cuando se promueve a determinado funcionario.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, este proyecto se inserta en aquellas iniciativas legales que tienen por objeto modernizar el Estado chileno, en este caso un Poder tan importante como es el Judicial.

Días atrás, en esta misma Sala, aprobamos otro importante proyecto en igual sentido: el de la Academia Judicial. Si a esto le sumamos el mejoramiento de las remuneraciones del Poder Judicial, sin duda que estamos avanzando en modernizar y agilizar este importante Poder del Estado.

El proyecto consagra igualdad de oportunidades para ingresar a la carrera judicial; da estabilidad en el empleo; establece un sistema de calificación moderno, justo, eficaz, y, lo más importante, dispone un régimen de incompatibilidad entre funcionarios, ya sea por parentesco o matrimonio, y también entre la función judicial y cualquier otro empleo público, con excepción de la docencia.

Una de las cosas que más se ha criticado al Poder Judicial es justamente esta situación, pues en todos los sectores se señalaba que los notarios y los conservadores siempre eran parientes de ministros de las cortes de apelaciones o de la Corte Suprema. Con este nuevo sistema de incompatibilidad, esto no volverá a ocurrir, con lo cual también le damos transparencia a la función judicial.

Por las razones expuestas y dada la importancia del proyecto para modernizar el sistema judicial chileno, anunciamos que la bancada socialista lo votará favorablemente.

He dicho.

EL señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en las intervenciones anteriores se han puesto de relieve algunas de las circunstancias que impulsaron la tramitación de este proyecto.

Hace algún tiempo se hablaba de una crisis de legitimidad en el Poder Judicial. Por ejemplo, en la Decimoséptima Convención Nacional de Magistrados del Poder Judicial se reconocía la necesidad de introducir reformas sustantivas al sistema judicial chileno que le ayudaran a superar sus aspectos de crisis. Sin duda, el proyecto recoge ese tipo de situaciones.

Tal como se dice en el libro "Proposiciones para la reforma judicial", de Eugenio Valenzuela Somarriva y otros, uno de los aspectos que merecía serios reparos en el Poder Judicial eran las calificaciones funcionarías, las que realiza la Corte Suprema sin fundamentarlas y en votaciones secretas. Al respecto, señalan: "Este sistema calificatorio debiera cambiar en los puntos indicados. Los calificados en lista dos y tres deben conocer los fundamentos para mejorar su desempeño. Con mayor razón el calificado en lista cuatro, al cual se le remueve de su cargo. Por otra parte, la votación secreta favorece la irresponsabilidad". El Presidente de la Corte Suprema, en su discurso del pasado 1 de marzo de 1990, se detuvo en lo expresado, concluyendo: "No veo la razón para negar a un magistrado de la República el derecho que tiene a imponerse de quiénes y por qué le han incluido entre funcionarios de bajo rendimiento". El proyecto aborda esta materia, precisando en qué consiste la calificación y los órganos que califican. En ese aspecto, cabe señalar la innovación que representa disponer que "los jueces letrados calificarán a sus asistentes sociales y empleados y a los funcionarios auxiliares de la administración de justicia no comprendidos en las letras anteriores, que se desempeñen dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales. En este último caso, en los lugares en que existan dos jueces de letras, la calificación la hará el más antiguo, y en aquéllos en que existan más de dos se constituirán todos en comisión calificadora. Si fueren más de cinco, la comisión estará constituida por los cinco jueces de mayor antigüedad."

En seguida, esta misma comisión designa como secretario al secretario del tribunal donde se desempeñe su presidente. Estará obligado a llevar los documentos más importantes relativos a la calificación, como la hoja de vida, la hoja de calificaciones y los antecedentes que se reúnan. Además, se establece que la calificación sea puesta, privadamente, en conocimiento del respectivo evaluado tan pronto como finalice el proceso, entregándole copia de la parte que le concierne del libro de acta a que se refiere esta calificación, sea personalmente o remitiéndole ésta por carta certificada al tribunal donde preste sus servicios.

También se preceptúan los recursos pertinentes para reclamar de la calificación. La hoja de vida que debe llevar el secretario del tribunal constituye, al igual que en la Administración del Estado, una pieza esencial, porque en ella se debe dejar "constancia clara, oportuna y precisa, de las medidas disciplinarias ejecutoriadas y de las apreciaciones de mérito y de demérito que ordenen anotar los tribunales, ministros visitadores y funcionarios calificadores..."

"Los antecedentes que figuren en la hoja de vida serán reservados, salvo para la persona a que se refieren, la que podrá imponerse de su contenido las veces que estime conveniente y hacer llegar al encargado de llevarlas, antes de que se inicie el proceso de calificación, las observaciones y antecedentes que desee, para ser agregados."

Al mismo tiempo, el interesado puede pedir que en esta hoja de vida se le anoten los antecedentes que considere meritorios. En la hoja de calificación se deben consignar los fundamentos -así lo establece el artículo 277 bis del Código Orgánico de tribunales- con todas las circunstancias que allí se indican.

Luego, el calificado será evaluado mediante un puntaje de 1 a 7, como se explica en el artículo 278 del mismo Código. El funcionario que figure en lista deficiente, o por segundo año consecutivo en lista condiciona], una vez que firme la calificación respectiva quedará removido de su cargo por el solo ministerio de la ley.

Quiero referirme a una indicación que presenté, relativa a la disposición que establece normas sobre el ascenso.

El proyecto suprime el inciso segundo del artículo 280 del citado Código, que dice: "El tiempo servido en las Regiones Décimo Primera, de Aisén, del General Carlos Ibáñez del Campo, y Décimo Segunda, de Magallanes y de la Antártica Chilena, y en las provincias de Chiloé y Palena, de la Décima Región de Los Lagos, hasta el máximo de cinco años, por una sola vez, se computará doblado para los efectos de la antigüedad de los funcionarios en su categoría y del requisito para el ascenso. Este beneficio no servirá para obtener mayor remuneración."

Al respecto, cabe señalar que en el N° 2 de las notas de la página 114 de la última edición del Código Orgánico de Tribunales, se indican las leyes dictadas para mantener esta disposición: los números 11.986, de 19 de noviembre de 1955; 12.510, de 30 de agosto de 1957; 17.939, de 13 de junio de 1973, y 18.776, de 18 de enero de 1989. Todas ellas respetaron este privilegio para magistrados que se radican en las mencionadas regiones, pues aparte de la mayor remuneración, que de todas maneras es insuficiente, no tenían otro incentivo. En consecuencia, al derogar el inciso se suprime el estímulo para los jueces que se trasladan o que son nombrados en esas regiones, lo que hará muy difícil llenar las vacantes en dichos lugares. Me parece de toda justicia rechazar la supresión del inciso segundo del artículo 280.

Otra disposición de relevancia se refiere a la formación de las quinas por la Corte Suprema para designar un ministro de la misma. En la ley vigente se señala que en la quina deben figurar dos miembros de corte de apelaciones en razón de su antigüedad. Ahora, el proyecto coloca sólo uno, y "los otros cuatro lugares se llenarán en atención a los merecimientos de los candidatos, conforme con lo establecido en el inciso primero del artículo 281, pudiendo figurar personas extrañas a la administración de justicia."

Mediante esta corrección, no cabe la menor duda de que se aumenta la posibilidad de que jueces más meritorios ingresen a la Corte Suprema.

El artículo 284 bis establece que en las ternas para cargos de jueces o secretarios de juzgados de letras no podrán figurar abogados extraños al Poder Judicial que no hubieren aprobado el programa de formación para postulantes del Escalafón Primario, lo cual es concordante con el proyecto de creación de la Academia Judicial y sienta el principio establecido en este proyecto, en orden a impedir que jueces meritorios transformen su vocación judicial trasladándose a la carrera notarial.

El artículo 287 dispone que para integrar la primera categoría del Escalafón Secundario: notario, conservador de bienes raíces o archivero, podrán integrar las ternas abogados extraños a la carrera, pero no un miembro del Escalafón Primario. En la actualidad, los ministros de la Corte Suprema o de las cortes de apelaciones, cada día con mayor frecuencia, aspiran a estos cargos, atendidos los mayores ingresos que en ellos se obtienen.

En relación con ellos y con los auxiliares de la administración de justifica, se establece la prohibición de permutar sus cargos o aceptar traslados que impliquen ciertas relaciones de conveniencia entre parientes, y se precisa que sus funciones expiran al cumplirse 70 años de edad, lo cual parece muy conveniente, pues da la posibilidad de que las nuevas generaciones puedan aspirar a estos cargos.

Por las razones hechas valer por el Diputado informante y por los demás parlamentarios que me precedieron en el uso de la palabra, aprobaremos en general este proyecto.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La primera indicación, del Honorable Diputado señor Elgueta, tiene por objeto reponer en el número 24 la letra b) del artículo 280.

Tal como lo expresó el señor Diputado informante, el proyecto en informe elimina el inciso segundo del artículo 280, que tiene por finalidad establecer que quienes hayan servido en las Regiones Undécima y Duodécima, en las provincias de Chiloé y de Palena, se les considerará doblado por una sola vez el tiempo servido en aquéllas, para los efectos de la antigüedad y del requisito para ascender.

La indicación tiene por finalidad dejar sin efecto la supresión propuesta por la Comisión.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La segunda indicación también es el Diputado señor Elgueta y tiene por finalidad intercalar en el inciso séptimo del artículo 294, página 81 del informe, después de "segundo" y de la coma (,), las expresiones "o técnicos asistentes judiciales titulados en la educación superior".

El inciso quedaría redactado de la siguiente forma: "En las ternas para cargos de la quinta categoría, se incluirá al empleado más antiguo de la sexta categoría calificado en lista de mérito que se oponga al concurso. Los otros dos lugares los ocuparán empleados de la quinta o sexta categoría, de conformidad a lo establecido en el inciso segundo, o técnicos asistentes judiciales titulados en la educación superior, o personas extrañas al Poder Judicial elegidas por méritos".

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es del Diputado señor Ribera y tiene por objeto incorporar en el inciso cuarto del artículo 1° transitorio, luego de "incompatibilidades funcionarias", la siguiente frase: "como el requisito de edad", de suerte tal que el encabezamiento de esta disposición quedaría de la siguiente forma: "Las nuevas incompatibilidades funcionarias como el requisito de edad que se establecen en esta ley,...", etcétera.