Labor Parlamentaria

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día corresponde ocuparse, en tercer trámite constitucional, del proyecto de ley destinado a reprimir desórdenes y hechos de violencia cometidos en estadios y otros centros deportivos con ocasión de espectáculos públicos.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Gutenberg Martínez.

Antecedentes:

- Modificaciones del Senado, boletín N° 259-07, sesión 15a, en 21 de abril de 1994. Documentos de la Cuenta N° 6.

señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

 Señor Presidente, me corresponde informar, en tercer trámite constitucional, el proyecto que reprime desórdenes y hechos de violencia en los estadios y otros centros deportivos, con ocasión de espectáculos públicos.

La Cámara de Diputados lo despachó en el trámite anterior sobre la base de dos conceptos básicos: el primero, las denominadas "medidas de seguridad preventivas" que deben cumplir los centros o recintos destinados a la realización de espectáculos deportivos públicos; el segundo dice relación con el carácter de los delitos cometidos con ocasión de dichos espectáculos, entre los cuales se incluyeron figuras delictivas nuevas que permitirán cautelar el cumplimiento del orden público y el buen desarrollo de ellos.

La Comisión propone a la Sala rechazar en su globalidad las modificaciones introducidas por el Senado, con el fin de que en la Comisión Mixta se puedan subsanar las diferencias de criterio entre ambas Cámaras. Básicamente, el Senado ha eliminado las exigencias previas respecto de las medidas de seguridad paira los centros o instalaciones que faciliten la realización de espectáculos deportivos públicos. A juicio de la Comisión, es muy importante que, con antelación, haya una calificación de los mismos, como lo aprobó la Cámara. En esta perspectiva, dado la supresión de dicha disposición, es conveniente rechazar la modificación.

En segundo lugar, el proyecto despachado por la Cámara se refiere sólo a medidas en relación con espectáculos deportivos públicos, y el Senado ha ampliado el concepto a espectáculos públicos masivos. Algunos miembros de la Comisión hicieron ver la importancia de estudiar esta ampliación, pero nos pareció discutible hacerlo sin mayor meditación, dado que esto podría contradecirse con las libertades públicas de reunión.

No queda establecido qué se entiende por "espectáculos públicos masivos" y, por lo tanto, a pesar de que en el seno de la Comisión hubo opiniones dispuestas a abrir discusión sobre la materia, existe discordancia con lo señalado en su oportunidad por la Cámara.

En atención a que en este trámite no es posible mejorar la redacción o aclarar aspectos de la misma, y a la Cámara le corresponde sólo aprobar o rechazar, para aceptar la aplicación de las medidas de seguridad preventivas a los espectáculos públicos masivos, sería necesario precisar el concepto de espectáculo, a fin de no comprender las manifestaciones políticas, sindicales, estudiantiles, sociales o de otra especie.

En tercer lugar, siguiendo su criterio en relación con los mayores de 16 y menores de 18 años, la Cámara planteó que las posibilidades de sanción de los mismos se ajusten a las disposiciones legales vigentes.

Señor Presidente, el Diputado señor Bombal me solicita una interrupción y, con su venia, se la concedo.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, al margen del problema que aqueja al Diputado señor Pizarro, se está informando un proyecto sobre hechos que últimamente han causado conmoción en el país, que incluso ameritó que el Ejecutivo lo calificara con determinada urgencia. Sin embargo, ha sido imposible poner atención en el informe, que es de gran importancia, porque la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia propone rechazar todas las modificaciones del Senado. Es difícil que alguien pueda reproducir lo que ha señalado el señor Gutenberg Martínez, porque no se ha escuchado. Su explicación ha sido buena, pero nadie ha prestado atención.

El proyecto es demasiado importante y no puede seguir tratándose en esta forma. Por ello, le ruego que suspenda la sesión y, si fuera posible, que el informe se rinda de nuevo.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, el tercer aspecto en que existen diferencias de criterio se refiere a las sanciones para los eventuales partícipes menores de 18 y mayores de 16 años que señala el proyecto.

La Cámara no varió su posición sobre la materia, ya que este punto ha sido discutido en otras iniciativas de ley. Mantuvo las normativas legales vigentes relativas al discernimiento, y el Senado introdujo una disposición por la cual se puede sancionar a mayores de 16 y menores de 18 años sin dicho trámite. La Comisión estimó que esta diferencia también amerita mayor discusión.

Sin perjuicio de lo señalado, algunas ideas, conceptos y aportes del Senado son significativos y mejoran claramente el proyecto despachado por la Cámara; pero dado que sólo corresponde aprobar o rechazar y que existen esas tres diferencias básicas, la Comisión propone rechazar las modificaciones para que defina la Comisión Mixta.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, este proyecto, como bien señaló el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra, ha despertado gran preocupación en la opinión pública.

Como expresó el señor Gutenberg Martínez, la Comisión propone rechazar las modificaciones del Honorable Senado, porque, si bien algunas son razonables y tienen importantes coincidencias, es imposible armonizarlas con el texto de la Cámara.

El señor NARANJO.-

Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué se vuelve a informar?

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Así lo resolvió la Comisión.

Puede continuar el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

La necesidad de concordar ambos textos motiva que la Comisión solicite a la Corporación que rechace las modificaciones del Senado, para redactar las normas de tal manera que no se produzcan contradicciones entre un artículo y otro.

El proyecto del Senado tiene aspectos coincidentes con el de la Cámara: mejora la redacción de algunos artículos; en otros produce discrepancias. Pero no podemos aprobar sólo algunas modificaciones porque, a la hora de armonizar el texto completo, podríamos encontramos con alguna dificultad, a causa de la falta de adecuación de las normas aprobadas a una redacción común.

Más que superar discrepancias de fondo entre dos textos que tratan de abordar la violencia en los estadios de modo distinto, hay necesidad de armonizar los artículos incorporados por el Senado con los aprobados por la Cámara, y la mejor manera de hacerlo es en la Comisión Mixta.

Si algún Honorable colega quiere formular una consulta específica -porque entiendo que todos tienen el boletín comparado del proyecto-, los Diputados informantes no tendremos ningún inconveniente en explicar los criterios que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia tuvo en consideración para concordar o discernir con las modificaciones del Senado.

Reitero: la Comisión recomienda rechazar las modificaciones para que el proyecto vaya a la Comisión Mixta, donde se resolverá, por las razones antedichas, el texto definitivo.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, solicito que el señor Secretario explique el motivo por el cual hay dos Diputados informantes de la misma Comisión -entiendo que esa posibilidad no está considerada en el Reglamento-, situación que no se había dado en los casi cinco años que lleva funcionado la Cámara. Se establece un precedente bastante nefasto.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, ojalá tengamos un poco de tranquilidad después de estos entreveros que, al parecer, son el prólogo del proyecto sobre violencia.

Las proposiciones del Senado difieren en forma sustancial de las de la Cámara en una serie de materias, algunas de las cu ales ya explicaron los señores Diputados informantes.

En primer lugar, si se revisa el mensaje que originó el proyecto, se observa que se refiere especialmente a la violencia de los recintos deportivos, e incluso en los que compite el fútbol profesional. En cambio, las modificaciones del Senado hablan de espectáculos públicos masivos.

En segundo lugar, el proyecto aprobado por la Cámara, al igual que el del Ejecutivo, se refiere al "riesgo y a la seguridad de los recintos deportivos"; en cambio, el del Senado, "al riesgo y a la seguridad de los espectáculos públicos". Son dos conceptos absolutamente diferentes.

En tercer lugar, tanto el texto aprobado por la Cámara como el del Ejecutivo, establecen un procedimiento para que los intendentes o gobernadores, en su caso, mediante una delegación de facultades, examinen y autoricen, en definitiva, los recintos que cuenten con plena seguridad para el desarrollo de espectáculos públicos. Ese procedimiento, dispuesto en el Título I del proyecto, fue suprimido por el Senado.

Además, el Senado señaló que a los integrantes de las barras de los clubes deportivos del fútbol profesional se les exigirá una credencial y se verificará su identidad y asistencia al estadio, lo cual, no cabe duda, provocará toda clase de dificultades, pues estas medidas serán impracticables en los grandes eventos, cuando asistan 20,30, 40 u 80 mil personas a un espectáculo deportivo. El criterio de la Cámara, en cambio, es mantener un padrón con los datos sobre la identidad de las personas que pertenecen a las barras; en consecuencia, los responsables de las mismas deben ser sus dirigentes.

Respecto de los delitos, el Senado difiere de la Cámara porque hace atingente a la violencia sólo los delitos de lesiones y de daños y aumenta sus penas. La Cámara señaló que en los actos de violencia la pena sería de presidio menor en su grado mínimo a medio, o sea, de 61 días a tres años.

El Senado, por el contrario, propone aumentar el límite inferior de la pena, en cuanto a que debe ser de presidio menor en su grado medio, es decir, sería de 541 días a tres años.

Lo más grave del cambio del Senado dice relación con la penalidad que se aplica a los menores de 18 años y mayores de 16. De acuerdo con nuestro Código Penal, los menores de 16 años están exentos de responsabilidad, y en cuanto a los mayores de 16 años y menores de 18, se exige que hayan obrado con discernimiento para tener responsabilidad. En caso contrario, el tribunal de menores se encarga de señalar las medidas de rehabilitación, de reeducación o correctivas que estime del caso, establecidas en la ley correspondiente. El Senado al disponer que los menores de 18 años y mayores de 16 pueden ser sancionados con algunas de las penas que indica en su propuesta, cambia, indudablemente, el régimen normal con que se trata a dichos menores.

En primer lugar, elimina el trámite del discernimiento y, en segundo lugar, crea una completa vaguedad sobre qué tribunal decidirá el problema, porque supuestamente, de acuerdo con las leyes comunes u ordinarias, el juez del crimen debería estimar que, para los efectos de la responsabilidad penal de ese menor, no interesa examinarlo o enviarlo al juzgado de menores para saber si actuó con o sin discernimiento.

Esos cambios son graves porque nosotros mismos, en el período legislativo pasado, ratificamos un convenio sobre los derechos del niño, que comprende a todos los menores de 18 años. Entonces, de alguna manera se transgrederían las convenciones internacionales, sobre todo el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño, que establece algunos principios generales sobre la corrección de la conducta de los menores. Por ejemplo, señala que los Estados parte tomarán todas las medidas apropiadas para promover el establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones aplicables específicamente a los niños que sean acusados o declarados culpables de infringir las leyes penales y, en particular, examinarán, siempre que sea apropiado, la conveniencia de tratar a esos niños sin recurrir a procedimientos judiciales, respetando plenamente los derechos humanos y las salvaguardias jurídicas.

Se dispondrá de diversas disposiciones, tales como el cuidado, las órdenes de orientación y supervisión, el asesoramiento, la libertad vigilada, la colocación familiar, los programas de enseñanza y de formación profesional, así como otras posibilidades alternativas a la internación en instituciones, asegurándose de que los niños sean tratados de una manera apropiada para su bienestar, que guarde proporción tanto en las circunstancias como en el delito.

Sin embargo, la propuesta del Senado para el artículo 7° dice que "Las personas menores de 18 y mayores de 16 años de edad, que incurrieren en las conductas contempladas en el artículo 4o de esta ley -que se refieren a delitos de lesiones y daños—, podrán ser sancionadas con las siguientes medidas:

"1°.- Prohibición de asistir a los futuros espectáculos públicos de la misma naturaleza de aquel que haya determinado la aplicación de la medida, con obligación de presentarse en los días y horas en que ellos se realicen en el lugar fijado por el juez, hasta por el término de un año." En cierta manera, esta medida implica una restricción al principio, derecho o garantía a la libertad de los niños.

"2°.- Actividades determinadas en beneficio de la comunidad, en los términos del inciso penúltimo del artículo 4o."

Sin duda, el desarrollo de trabajos comunitarios, como medida, constituye una especie de trabajo vigilado o forzado absolutamente prohibido en las convenciones internacionales.

No obstante estas observaciones, como lo ha dicho el Diputado informante, señor Espina, numerosas disposiciones del Senado son rescatables, por lo cual la Comisión estimó conveniente que ambos textos se discutan y armonicen en una Comisión Mixta.

Por tales razones, en mi opinión y en la de la Comisión, deben rechazarse las modificaciones del Senado para discutirlas en la Comisión Mixta.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, sorprende que sobre este controvertido proyecto existan desacuerdos entre la Cámara de Diputados y el Senado, y que la diferencia sea tan ostensible.

En la Comisión de Constitución estuvimos por rechazar las modificaciones del Senado. Pero, más allá de la decisión que adopte la Sala, llama profundamente la atención la divergencia en el Poder Legislativo, pues refleja con claridad que no hay acuerdos básicos para proceder al estudio de la materia. Es la sensación que se percibe.

No hay duda de que es extrema la decisión de dictar una ley penal especial para enfrentar la violencia en los espectáculos deportivos. Tengo la impresión de que el Estado, respecto del tema, no ha agotado todos los medios de prevención de que dispone, y que ante algunos desórdenes que han causado conmoción, ha propuesto de inmediato este proyecto, en circunstancias de que nuestra tradición jurídica demuestra que las leyes penales especiales se dictan después de bastante análisis y, tal vez, transcurrido mucho tiempo desde que se detecta algún problema o anomalía en el cuerpo social. No es corriente que se dicten, sobre todo en este caso, en que las figuras penales están contempladas en la actual legislación penal.

Aún más, tal como señaló el Diputado informante y Presidente de la Comisión de Constitución, se cambian las normas sobre discernimiento, materia que discutimos ampliamente el año pasado con motivo de un proyecto del Ejecutivo, y sobre la cual todos estuvimos contestes en que ameritaba mucho más análisis. Sin embargo, hoy, a pretexto de la legislación penal especial que se nos propone, olvidamos principios del derecho penal al incorporar en el proyecto modificaciones a las normas generales sobre el discernimiento de menores, por señalar uno de los aspectos que, a mi juicio, es extraordinariamente controvertido.

Pienso que la violencia en los espectáculos públicos, hasta donde conocemos, se da exclusivamente en el fútbol, cuya práctica ha dado ocasión de que se generen hechos de violencia. Recorriendo un poco la historia de esta manifestación deportiva, es posible apreciar que se rige por normas especiales diferentes de las comunes existentes en el país, las que, durante estos años, se han acatado sin mayor dificultad. Por ejemplo, en materia de contratos, todos estamos contestes en que difieren mucho de las normas contractuales generales; si se trata de sanciones, tienen un código de honor, con tribunales especiales que sancionan a quienes incurren en conductas determinadas, normas que los jugadores acatan sin mayor dificultad: después de determinados hechos, se les prohíbe participar en algún partido, son suspendidos, en fin. Por lo tanto, la organización futbolística tiene enorme capacidad para controlar y contener estos desbordes, si sus actores acatan las normas que la rigen y si quienes organizan los espectáculos están contestes en que en el país existe una normativa legal que garantiza el orden en ellos. A mi juicio, no se necesita ley penal especial para controlar los desbordes; basta con la existente y con la voluntad política de la autoridad de turno para adoptar, en coordinación con las organizaciones deportivas que corresponda, las medidas preventivas necesarias, de acuerdo con la naturaleza del espectáculo. En definitiva, frente a un problema del fútbol, pretendemos legislar, incluso, sobre otro tipo de espectáculos deportivos en los cuales si bien la violencia puede estar potencialmente presente, no es pertinente hacerlo porque básicamente ella se da sólo en algunos.

La Fifa, organización internacional del fútbol, a raíz de los desbordes y desmanes que se produjeron -si mal no recuerdo en Inglaterra-, sancionó a un equipo -entiendo que por diez años-, privándolo de jugar en las canchas de su país. Estos hechos violentos, los cuales todos conocimos, se resolvieron con sanciones que la propia organización deportiva impuso a los equipos involucrados.

En mi opinión, lo que se debe hacer es crear un tribunal de honor, de hombres buenos, como quiera llamarse, que aplique sanciones muy drásticas a los equipos que incurran en hechos de violencia: clausura temporal del estadio; eliminación o suspensión de la actuación durante un campeonato; castigo con menor puntaje; prohibición de participar en eventos internacionales. En la medida en que esas sanciones se apliquen, se generará un orden que resolverá gradualmente el problema de la violencia, porque, naturalmente, a ningún hincha le gustará encontrarse en un espectáculo donde el individuo que está a su lado, con la comisión de un hecho agresivo, perjudique a su equipo. Incluso, esto puede llevar aparejadas hasta sanciones pecuniarias. Precisamente, en la Comisión de Constitución se comentó que una de las sanciones que en su momento se aplicó en Europa fue cerrar los estadios, de manera que las millonarias pérdidas que eso implicó para un equipo hizo reflexionar a sus hinchas o simpatizantes. En consecuencia, todavía hay mucho que explorar antes de dictar una ley penal especial con estas características que, además, genera las controversias que estamos viendo esta mañana. El proyecto del Senado es diametralmente distinto del que propuso el Ejecutivo y perfeccionó la Cámara; por eso, vamos camino a una comisión mixta. Reitero que en Chile no se requiere ley penal especial para solucionar este problema. Hay una ley penal que sanciona todas las conductas de violencia que puedan darse en espectáculos públicos y deportivos, y nada obsta para que exista la debida coordinación entre la autoridad y las organizaciones deportivas en la adopción de todas las medidas preventivas que se requieran. La legislación española contempla claramente toda una instancia de coordinación previa de educación, incluso de difusión, para evitar situaciones de violencia en los estadios. Y aún así no se advierte un régimen tan punitivo como el que aquí se propone.

Tengo la impresión de que en nuestra sociedad todavía es posible extremar las medidas de seguridad sobre la base de la coordinación entre los entes involucrados en este tipo de eventos y la autoridad, sin tener que llegar a la dictación de una ley punitiva especial que, incluso -como lo dije-, alteraría las normas del discernimiento en el procedimiento penal chileno.

En consecuencia, espero que en la Comisión Mixta podamos incorporar un conjunto de elementos que promuevan incentivos mediante la ley, antes de aplicar la sanción, y así, sin necesidad de dictar esta legislación, mejorar la situación e impedir los riesgos que hoy se viven en los espectáculos deportivos; ello, principalmente, apelando a la organización del fútbol profesional chileno, en la cual es perfectamente factible alcanzar medidas de coordinación mediante la aplicación de sanciones que esta misma organización está en condiciones de implementar.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, intentaré acoger su recomendación, porque también apoyaré la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para enviar la totalidad de las modificaciones del Senado a comisión mixta.

Respecto del proyecto en discusión, creo que es realmente urgente renovar nuestra legislación sobre esta materia. En ese sentido, tengo más que un matiz de discrepancia con lo señalado por el Diputado señor Bombal, por cuanto considero que en materia de violencia en los espectáculos públicos estamos atrasados de tal manera que su mayor ocurrencia en los eventos deportivos está afectando de manera bastante delicada a muchos ciudadanos del país.

Quienes representamos distritos en los que se ubican recintos deportivos sabemos que la asistencia masiva de barras bravas a espectáculos en recintos que no reúnen todas las garantías de seguridad, constituye un serio problema para los vecinos de los alrededores, no sólo por la violencia que se desata en el interior de ellos, sino por las acciones vandálicas que se generan en su entorno, situación que se ve agravada particularmente cuando no se cumplen las normas que rigen cualquier espectáculo masivo.

Por esta razón, me preocupa enormemente -y lo señalo en forma categórica- que el Senado haya rechazado el artículo Io, aprobado en la Cámara y ubicado en el título "De las medidas de seguridad preventivas", el cual exigía una autorización otorgada por el intendente de la región respectiva, previo informe de Carabineros, que acreditara el recinto para espectáculos masivos.

En la comuna de Macul se encuentra el Estadio Monumental "David Arellano", sobre el cual un informe de Carabineros de Chile señala que allí no deben efectuarse espectáculos ni actividades masivas. No obstante, se realizan habitualmente, y hemos visto las funestas consecuencias que han acarreado los excesos, incluso la muerte de varias personas. Ello ha desatado toda una polémica nacional sobre la necesidad de estudiar este proyecto.

Con las autoridades de la comuna de Macul, con el anterior y con el actual Ministro de Vivienda y Urbanismo, y con el anterior Ministro del Interior, tratamos de resolver el problema del Estadio Monumental, del Club Social y Deportivo Colo- Colo. El viernes pasado lo visitamos con ese objeto con el Intendente de la Región Metropolitana; pero comprobamos que en estos momentos no se puede categóricamente hacer valer la inseguridad de este recinto desde el punto de vista de la concurrencia masiva de personas. Las únicas causales para habilitar o no un recinto figuran en la Ordenanza General de Vivienda y Urbanismo, que es insuficiente para abarcar este aspecto. En ese sentido, me parece grave la supresión del artículo Io por el Senado.

Asimismo, quiero referirme a otros dos aspectos que ha considerado el Senado, uno de los cuales ha sido mencionado tanto por los Diputados informantes como por los diputados señores Elgueta y Bombal. Me parece grave qué en una legislación aparentemente irrelevante desde el punto de vista de las normas procesales, se modifique la situación procesal de los menores de edad, y eso es lo que está haciendo el Senado al no regular en esta iniciativa el procesamiento de los mayores de 16 y menores de 18 años. Esto es delicado y debe ser corregido.

La medida más innovadora contenida en el proyecto de la Cámara era que la persona condenada por haber cometido actos de violencia durante el transcurso de un espectáculo deportivo debía ser objeto de penas que facilitaran su correcto comportamiento en la sociedad, y no su desinserción, tales como arrestos y trabajos comunitarios en fin de semana; presentarse a los recintos policiales u otros durante la realización de los espectáculos deportivos que le estuvieran prohibidos. Esta fue suprimida por el Senado. Si bien existe una norma genérica, a partir de la cual podría interpretarse que el Senado la acoge, en la práctica es tan genérica que su aplicación se hace inviable. De esta manera, no resolveremos los problemas de fondo que queremos enfrentar con este proyecto.

Respaldo la posición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y sólo pido que, en función de la urgente necesidad de esta legislación, la comisión mixta pueda abocarse a su trabajo a la brevedad, de manera que pronto se resuelva este proyecto insistiendo en las normas de la Cámara.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Ortiz.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, quiero recordar que el proyecto ingresó a la Cámara el 8 de enero de 1991. La controversia que se suscitó al respecto, en la cual el Diputado señor Espina tuvo destacada participación defendiendo a la Corporación, es el mejor acicate para que, tal como lo propuso la Mesa, hoy lo votemos rápidamente para que pase a comisión mixta y se convierta en Ley de la República.

He dicho.

La señora WÓRNER.-

Señor Presidente, la bancada del Partido por la Democracia acoge, en su integridad, la propuesta de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de que este proyecto pase a comisión mixta, de tal suerte que se produzcan allí las discusiones pertinentes y se restablezcan sus ideas matrices restrictivas, que tienen por objeto poner atajo a los actos de violencia que se perpetran en recintos deportivos con ocasión de espectáculos públicos. Las modificaciones que le ha introducido el Honorable Senado son de tal amplitud que desbordan esas ideas matrices.

Cabe advertir un error de apreciación en que han incurrido varios señores Diputados que me han precedido en el uso de la palabra. En efecto, han sostenido que el artículo 7° propuesto por el Senado estaría alterando las normas del discernimiento. Eso no es así, puesto que dicho artículo consigna que "Las personas menores de 18 y mayores de 16 años de edad, que incurrieren en las conductas contempladas en el artículo 4o de esta ley, podrán ser sancionadas con las siguientes medidas:". Eso significa que tales medidas serán aplicadas por el tribunal correspondiente, el juzgado de menores en este caso, una vez que se determine por el juez competente si el menor actuó o no con discernimiento.

El problema de fondo radica, como todos sabemos, en que la institución del discernimiento es engorrosa, complicada y arbitraria muchas veces. Por lo tanto, someter al menor a la determinación del discernimiento es generalmente vejatorio y violatorio de sus derechos fundamentales; pero no significa que el proyecto esté alterando tales normas.

Reitero, en consecuencia, que la bancada del Partido por la Democracia acogerá la recomendación de la Comisión.

Con su venia, concedo una interrupción al Honorable Diputado señor Viera-Gallo.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, apoyo la decisión de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para que el proyecto pase a comisión mixta, fundamentalmente por considerar que deben ampliarse las medidas preventivas.

Si bien la iniciativa tiende a restringir la violencia que se provoca en los estadios, es tremendamente importante no olvidar que, en nuestra sociedad, ella constituye prácticamente un hecho cotidiano. Este tipo de actitudes se va repitiendo. Hoy día son los estadios. Ayer, quienes convocábamos, por ejemplo, a jomadas de protesta, también veíamos que algunos grupos se salían de los marcos de esos llamados* y cometían actos de vandalismo, que nosotros mismos condenábamos a través de la prensa. Hoy tratamos de suprimir la violencia en los estadios, pero seguramente la vamos a encontrar en otro tipo de espectáculos masivos, esta vez vinculada fundamentalmente a grupos juveniles, en los cuales la violencia está a flor de piel. Incluso, el otro día tuve oportunidad de ver, en un partido transmitido por televisión, que un jugador invitaba al resto de sus compañeros a retirarse de la cancha y exacerbaba al público a cometer hechos de violencia.

Estas situaciones debemos asumirlas desde la perspectiva de que la violencia es un hecho cotidiano en nuestra sociedad. Desde ese punto de vista, en primer lugar, debemos tomar medidas preventivas en relación con los jóvenes, y pedir al Gobierno que implemente programas y planes capaces de reinsertarlos en nuestra sociedad. Con los catastros que los clubes harán ahora sobre sus barras y la asistencia de los jóvenes que van a ser penalizados a los juzgados, será posible recabar información, tremendamente importante, para determinar cuál es su situación laboral y los trastornos psíquicos que puedan padecer, producidos por innumerables factores, incluso por violencia intrafamiliar. Esta información debiera ser utilizada por el Gobierno para tomar medidas preventivas.

En segundo lugar, quiero reafirmar lo dicho por el Diputado señor Palma, don Andrés, en cuanto a que lo más novedoso de este proyecto son las medidas alternativas a las penas de cárcel que proponía la Cámara. En ese sentido, considero muy importante que la comisión mixta sea capaz de rescatar la mencionada forma alternativa de penalidades.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

La Mesa ya recibió la proposición de los Comités para integrar la comisión mixta con los Diputados señores Gutenberg Martínez, Ignacio Balbontín, Carlos Montes, Carlos Bombal y Alberto Espina.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en el segundo lugar del Orden del Día y en primer trámite constitucional, que fija nueva planta para el personal del Servicio Agrícola y Ganadero.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura es el señor Hernández, y de la de Hacienda, la señora Rebolledo.

Antecedentes:

- Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1150-01, sesión 35a, en 13 de febrero de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.

- Informes de las Comisiones de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, y de Hacienda. Documentos de la Cuenta N°s 11 y 12, de esta sesión.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, paso a informar sobre el proyecto que fija una nueva planta para el personal del Servicio Agrícola y Ganadero, originado en un mensaje de su Excelencia el Presidente de la República, quien lo calificó de "suma" urgencia.

Durante su tramitación, la Comisión contó con la presencia del Director del Servicio Agrícola y Ganadero, don Leopoldo Sánchez; del fiscal, don Alvaro Sapag, y del jefe del Departamento del Personal, don Omar Cancino. En nombre de la Asociación de Funcionarios del Servicio, participó su presidenta, doña María Teresa Vera.

Ideas matrices del proyecto.

La iniciativa legal propuesta pretende mejorar o regularizar la situación de los trabajadores del Servicio Agrícola y Ganadero y modernizar la estructura de esa entidad, permitiendo un mejor desarrollo de la carrera funcionaría.

Fundamentos.

Según se expresa en el mensaje, este proyecto se funda en el hecho de que la planta actual de personal del SAG impide la carrera funcionaría conforme a lo que establece el Estatuto Administrativo. Por lo tanto, propone la creación de algunos cargos, la eliminación de otros y la supresión de algunos requisitos de ingreso y promoción, lo que significa mejoramiento económico y racionalización de las plantas del servicio.

Destaca el Presidente de la República que el SAG es un soporte fundamental para la actividad exportadora del país, y además, que la ley orgánica del Servicio, estudiada y aprobada recientemente por el Parlamento, le entregó mayores facultades, lo que obliga a readecuar las plantas.

Se adjuntó al mensaje el informe financiero, según el cual los actuales 1.205 cargos se aumentan a 1.235, lo que representa un mayor costo anual del 10,69 por ciento.

También señala que el mayor gasto que origina la aplicación de esta ley durante 1994, que asciende a la suma de 527.678.000 pesos, se financiará con cargo al presupuesto del Servicio, sin perjuicio de que parte del mayor gasto que no pueda financiarse con dicho presupuesto lo sea con cargo al ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación para dicho año.

Comentario al articulado del proyecto.

El proyecto que informo consta de diez artículos permanentes.

El artículo 1° sustituye las plantas del SAG fijadas por decreto con fuerza de ley N° 2, de 1990, del Ministerio de Agricultura, para darles una estructura acorde con su actual realidad. Además, se mejoran las remuneraciones, incrementando las rentas brutas promedio como sigue: directivos, en 7,31 por ciento; profesionales, en 6,5 por ciento; técnicos, en 29,5 por ciento; administrativos, en 9,14 por ciento, y auxiliares, en 10,62 por ciento.

El artículo 2° prescribe que los jefes de departamentos sean de exclusiva confianza del director nacional, y que quienes pierdan sus empleos por esta causal serán ubicados en cargos del mismo grado, previo cumplimiento de los requisitos correspondientes.

El artículo 3° resguarda la situación del funcionario titular de la planta de profesionales que pasa a ser jefe de departamento. En este caso, se compatibilizan los cargos, pero no en materia de remuneración, sin que se contemple la posibilidad de subrogar el cargo, para evitar mayores gastos al Servicio.

Por el artículo 4°, se fijan los requisitos para el ingreso y promoción de las diferentes plantas.

Por el 5°, se fija el procedimiento de encasillamiento, tomando en cuenta el orden de los funcionarios en el escalafón. En este caso, se contemplan normas especiales para determinados funcionarios que se incorporarán a las plantas que correspondan, según sus estudios y trabajo actuales.

El artículo 6° permite que el personal a contrata, en un porcentaje muy superior al 5 por ciento, pueda desempeñar funciones de jefatura.

Por el 7°, se dispone que los encasillamientos a que den lugar las instituciones de las plantas contenidas en el artículo Io se efectuarán por resoluciones del jefe superior del Servicio, dentro de 60 días de publicada esta ley, y no serán considerados causal de término de la relación laboral. Además, se garantiza a los trabajadores que no sufrirán disminución de remuneraciones.

El artículo 8° establece que el personal que ocupa cargos en extinción, adscritos a la planta de directivos, mantendrá inalterable su situación.

El artículo 9° soluciona un problema de encasillamiento provocado por la dictación de la ley que creó la Odepa y fijó las nuevas plantas de esta oficina y de la Subsecretaría de Agricultura.

Para concluir el análisis de este proyecto, cabe señalar que el artículo 10 determina que el mayor gasto se financiará con el presupuesto del Servicio para este año, y lo que exceda, con cargo al Tesoro Público.

Artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

De acuerdo con el artículo 286 del Reglamento Interno, la Comisión estimó que no existen normas con esas características.

Personas escuchadas en la Comisión.

Concurrió el Director Nacional del Servicio, don Leopoldo Sánchez, quien manifestó propicia la oportunidad de la tramitación de este proyecto, por las complicaciones que actualmente afectan a nuestras exportaciones hortofrutícolas y, además, porque adecúa las plantas del Servicio a las normas del Estatuto Administrativo. Indicó que se debe premiar el buen funcionamiento con remuneraciones adecuadas y competir con el sector privado, más atractivo en esta materia, y recalcó la importancia de transformar el SAG en un servicio estratégico.

El señor Sánchez agregó que el SAG es un soporte fundamental para la actividad exportadora del país en lo pecuario, forestal y agrícola, pues es el encargado de certificar la calidad y condiciones de exportación de estos productos. Manifestó que la nueva ley orgánica, y también la ley de tipificación de la carne, le otorgaron facultades en materia de contaminación y de recursos naturales, lo cual incide en una adecuación de sus plantas para cumplir en mejor forma las funciones que le han sido encomendadas; que para cumplir con las funciones del Servicio se necesita de personal idóneo y calificado, estable y en número suficiente, y que la actual situación en materia de remuneraciones y de clasificación de los funcionarios no responde a las necesidades del Servicio, por lo cual se propone otorgarle una herramienta adecuada para la gestión de recursos humanos disponibles. Concluyó señalando que se pretende conformar las plantas de acuerdo con requisitos académicos y mejorar los escalafones del Servicio, mediante la eliminación de los cargos de más bajos ingresos, e incorporar a la planta al personal a contrata más antiguo.

El fiscal del Servicio, don Alvaro Sapag, señaló que el informe financiero indica un incremento del gasto del 9,6 por ciento, y que, a causa de las modificaciones realizadas por el Ministerio de Hacienda, éste alcanza al 10,93 por ciento.

Terminó señalando que existe personal a honorarios permanente durante todo un año, ya que no hay vacantes, y puso como ejemplo la situación de los abogados de regiones.

La señora María Teresa Vera, presidenta de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, expuso en carta dirigida al presidente de la Comisión una serie de planteamientos, que resumo a continuación.

Proponen que, por única vez, se considere el factor experiencia en el reencasillamiento del personal, para hacer justicia a muchos trabajadores afectados por procesos de calificación en los últimos años.

En cuanto al artículo 5°, sugieren mantener el propuesto por el Ejecutivo, con un cambio: "que los funcionarios que deban ser traspasados de plantas, lo hagan en el mismo grado que detentan en la planta que abandonan, para que, en conjunto con todos los funcionarios de sus respectivas nuevas plantas, posteriormente, procedan a ser encasillados, sin ascenso previo." Todo esto porque la actual estructura impide el ascenso en algunos tramos del escalafón.

Finalmente, expresaron que anhelan el pronto despacho de esta iniciativa, ya que es una antigua aspiración de los funcionarios.

En representación del Ministerio de Hacienda participó don Mario Marcel, subdirector del Departamento de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.

Expresó que el proyecto se enmarca dentro de la política general del Ministerio de Hacienda, en orden a nivelar la situación del personal rezagado de la Administración Pública, como ya se ha hecho en forma global con los Ministerios de Salud Pública y de Educación y con algunos servicios específicos. Esta etapa se ha ido cerrando con la dictación de la ley miscelánea.

El Servicio Agrícola y Ganadero, además de modificar su ley orgánica, tiene programas de mejoramiento de su funcionamiento. Las plantas miran a las necesidades de gestión, pero deben ajustarse a ciertos parámetros, que son los mismos de los otros servicios públicos.

No se deben mezclar los temas -dijo el señor Marcel- de estructura de planta con las dotaciones, ya que obedecen a normativas diferentes; el primero corresponde tratarlo en este proyecto, y el segundo en la Ley de Presupuestos.

La Comisión determinó, en uso de sus facultades, que la totalidad del proyecto debía ser conocido por la Comisión de Hacienda.

Discusión y aprobación del proyecto.

Durante su discusión general, la Comisión estuvo de acuerdo en la importancia de modernizar nuestra Administración Pública, y estimó que el proyecto constituye sólo un avance en ese sentido.

Los Diputados integrantes de la Comisión estuvieron de acuerdo en las ideas matrices del proyecto, ya que estiman necesario ordenar los escalafones y establecer una adecuada carrera funcionaría.

El artículo Io del proyecto original incluía en la planta los jefes de subdepartamento. Se acogió una indicación para sustituir esa denominación por "jefe de departamento", y así adecuar este proyecto a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, quedando cinco cargos con tal denominación.

En el artículo 2° se aprobaron tres indicaciones que variaron su texto original.

La primera elimina el inciso primero y modifica el inciso segundo -para adecuarlo a lo aprobado en el artículo anterior- que pasa a ser primero, de la siguiente forma:

"Los actuales Jefes de Sección y Jefes de Oficina que, por efectos de la aplicación de esta ley, sean nombrados Jefes de Departamento y cesen con posterioridad a estas funciones por habérseles pedido la renuncia, tendrán derecho a ocupar un cargo del mismo grado en la planta correspondiente según los requisitos que cumplan."

La segunda modifica el inciso tercero, por contradecir a la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

La tercera reemplaza el inciso cuarto por el siguiente:

"Cada uno de los cargos creados conforme a lo establecido en el inciso anterior, una vez que el titular ascienda o cese en funciones por cualquier causa el cargo será suprimido de la planta respectiva."

La Comisión estimó que el inciso cuarto original rigidizaba la planta funcionaría.

Se modificó el artículo 3° para adecuarlo a lo dispuesto en los artículos anteriores, y se reemplazó la expresión "Jefe de Subdepartamento" por "Jefe de Departamento".

En el artículo 4° se suprimió la letra c) del número 1, ya que contenía exigencias mayores para cargos de igual jerarquía.

En el artículo 5° sólo se acogió el inciso primero propuesto por el Ejecutivo; por lo tanto, se rechazó el inciso segundo en su totalidad, por unanimidad. En efecto, se consideró inadecuado, como técnica legislativa, incluir en la iniciativa una situación que se produciría una vez, y, además porque se enmarcaba mejor dentro del reglamento de la ley.

Los artículos 6o, 7°, y 8o se aprobaron por unanimidad, según el texto del mensaje del Presidente de la República.

El artículo 9o se eliminó por no estar dentro de las ideas matrices del proyecto, que propone la planta del SAG, y esta norma establecería una modificación a la planta de la Subsecretaría de Agricultura.

El artículo 10 fue aprobado por unanimidad y pasó a ser 9o.

Hago presente que el Presidente de la Comisión no estimó ninguna indicación inadmisible.

Escuchadas las partes involucradas en el proyecto -directivos del Ministerio, del Servicio y funcionarios-, podemos asegurar que ordenar y adecuar este servicio a los requerimientos actuales representa el sentimiento generalizado. Hay plena conciencia de que la iniciativa es un paso importante en el camino de la modernización del Estado, quizás insuficiente; pero, sin lugar a dudas, a partir del momento de su aplicación, el SAG estará en mejores condiciones de responder a las exigencias actuales y futuras, propias de la importante labor que desarrolla.

Luego de esta síntesis de la discusión en el seno de vuestra Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, en su nombre y en el mío propongo a la Cámara la aprobación del proyecto de ley.

He dicho.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, paso a informar lo resuelto por la Comisión de Hacienda sobre el proyecto que fija la nueva planta del personal del Servicio Agrícola y Ganadero.

Dada la importancia adquirida por ese Servicio a raíz del crecimiento de las exportaciones agrícolas y forestales del país y debido al desafío de profesionalización y desincentivo actual que enfrenta y que lleva a muchos funcionarios a emigrar al sector privado, el mensaje presidencial propone, como objetivos generales, la readecuación de las plantas para hacerlas asequibles a una carrera funcionaría y generar los estímulos apropiados, como también aumentar las remuneraciones, acordes con las de un servicio que requiere mayor eficiencia y profesionalización.

Como objetivos específicos, se establece, en primer lugar, proporcionalidad entre los grados de un mismo escalafón. En segundo término, se conforman plantas genéricas según requisitos académicos. En tercer lugar, se mejoran cuantitativamente los escalafones del servicio, eliminando los cargos de más bajos ingresos y creando cargos topes en cada uno de ellos. En cuarto lugar, se incorpora en la planta al personal a contrata con cierta antigüedad en el Servicio.

El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuestos señala que las diversas modificaciones que introduce la iniciativa a las plantas de personal del referido Servicio, dan origen a la composición y costos que los señores parlamentarios encontrarán en el cuadro respectivo del informe de la Comisión de Hacienda.

En lo medular, expresa qué disminuye la planta de directivos de 170 a 113; que aumenta la planta de profesionales de 326 a 440 y la de técnicos de 264 a 291; que se elimina la planta de técnicos universitarios en extinción; que los administrativos aumentan de 238 a 264 y que los auxiliares bajan de 136 a 126. En general, se mejoran los grados, y en el caso de técnicos, administrativos y auxiliares, se elevan los topes.

Respecto de los costos, en términos de remuneraciones, el proyecto significa un gasto adicional de 516 millones de pesos que, sumados a la planilla suplementaria de 11 millones 570 mil pesos, alcanza a un total de 527 millones 678 mil pesos.

Se consigna también que el mayor gasto que origine la aplicación del proyecto durante 1994 se financiará con cargo al presupuesto del SAG, sin perjuicio de que el exceso que no pueda financiarse con dicho presupuesto, lo será con cargo al ítem respectivo de la partida Tesoro Público del Presupuesto de la Nación.

Se hizo notar que lo planteado no significa incrementar el número de funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, que, en general, mantiene su dotación, ya que el proyecto sólo incorpora a 30 funcionarios que trabajan a contrata.

La Comisión de Agricultura puntualizó en su informe que el articulado del proyecto debía ser conocido íntegramente por esta Comisión.

El artículo Io sustituye las plantas de personal del Servicio Agrícola y Ganadero, contenidas en el decreto con fuerza de ley N° 2, de 1990, del Ministerio de Agricultura.

Puesto en votación, fue aprobado, sin enmiendas, por 9 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.

El artículo 2° establece que los actuales directivos que por aplicación de esta iniciativa sean nombrados jefes de departamento tendrán derecho, al cesar en sus funciones por petición de renuncia, a ocupar un cargo del mismo grado en la planta correspondiente, según los requisitos que cumplan.

Puesto en votación, fue aprobado, sin modificaciones, por 8 votos a favor y 2 en contra.

El artículo 3o dispone que en caso de que el Director Nacional del Servicio nombre en un cargo de jefe de departamento a un funcionario titular de la planta de Profesionales, habrá compatibilidad de empleos, pero no de remuneraciones. Sin embargo, el cargo de la planta de Profesionales no podrá ser provisto, mientras el funcionario se desempeña en la de Directivos, por suplente ni por subrogante.

Puesto en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por 9 votos a favor y 1 en contra.

El artículo 4o señala los requisitos para el ingreso y promoción en las plantas y cargos que se indican. No obstante, estos requisitos no regirán para el efecto del encasillamiento del personal de planta que se encuentre en servicio a la fecha de publicación de la ley en proyecto.

Puesto en votación, fue aprobado por 9 votos a favor y 1 voto en contra, sólo con el reemplazo, en su inciso final, del ordinal "5°" por la expresión "transitorio". El artículo 5o originó la mayor discusión, dado que existía la solicitud de la Asociación de Funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero, de reponer, mediante indicaciones, algunas normas que resolvían casos particulares que afectaban a funcionarios del Servicio. Por otra parte, la Comisión de Agricultura mantuvo exclusivamente el inciso primero de este artículo.

Se aprobó una indicación para sustituirlo por el siguiente artículo transitorio -reponiendo el artículo 5o original, con una redacción más genérica y no tan casuística-:

"Artículo transitorio.- El Director Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero procederá a encasillar, en las nuevas plantas que se establecen en el artículo 1°, al personal de planta en servicio a la fecha de publicación de la presente ley, siguiendo el orden de los respectivos escalafones.

"No obstante lo señalado en el inciso anterior, los cargos que a continuación se indican, al encasillar, se ubicarán en las plantas que se señalan considerando las normas establecidas en el artículo 46 de la ley N° 18.834, para efectos de conformar los escalafones."

La letra A) dispone que "el personal que ocupa cargos en la planta de Directivos de exclusiva confianza y de carrera, que no ejerza funciones de jefatura, será encasillado en cargos de profesionales, técnicos o administrativos, conforme a los requisitos de ingreso establecidos en el artículo 4° de la presente ley."

La letra B) prescribe que "el personal que ocupa cargos de profesionales que no ostenten título profesional de, a lo menos, 8 semestres académicos, será encasillado en las plantas de técnicos o administrativos...", manteniendo, en todos los casos, el grado actual.

La letra C) establece que "el personal que actualmente ocupa un cargo en la planta de técnico y que esté en posesión de un título profesional de a lo menos 8 semestres, será encasillado en la planta profesional en cargos de igual grado al que actualmente ejerce."

La letra D) consigna que "el personal que actualmente ocupa un cargo en la planta de Técnicos Universitarios en Extinción será encasillado en la planta profesional, técnica o administrativa...", siempre que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 4°.

La letra E) previene que "el personal que en la actualidad ocupa un cargo en la planta Administrativa y que está en posesión de un título de técnico, será encasillado en la planta de Técnicos en cargo de igual grado al que actualmente detenta."

Por último, la letra F) indica que "el personal que actualmente ocupa un cargo en la planta de Auxiliares y que está en posesión de Educación Media Completa o su equivalente, será encasillado en la planta Administrativa en cargo de igual grado que el que actualmente detenta."

Puesta en votación la indicación, fue aprobada por 7 votos a favor y 6 en contra.

Esta nueva redacción del artículo 5° resuelve un problema del proyecto del Ejecutivo, ya que su tratamiento tan particular implicaba que la iniciativa no sería efectiva a la hora de su aplicación, pues señalaba que algunos funcionarios que se encuentran actualmente en grado 8 serán encasillados en tal o cual grado. Esos funcionarios perfectamente pueden tener otro grado en dos años más, lo que haría inaplicable el proyecto.

Esta norma resuelve en forma general un problema específico: el de los funcionarios que teniendo requisitos para ocupar otros cargos, no lo han hecho a la fecha.

El artículo 6° dispone que el personal a contrata, en un porcentaje no superior al 5 por ciento, podrá desempeñar funciones de jefatura dispuestas por el Director Nacional del Servicio, sólo mientras éste cuente con autorización para exceder el límite de 20 por ciento de funcionarios a contrata en relación con el total de cargos de su planta de personal.

Puesto en votación, fue aprobado, en los mismos términos, por 6 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención.

El artículo 7° establece que los encasillamientos a que den lugar las sustituciones de las plantas se efectuarán por resolución del jefe superior del Servicio en el plazo que indica, y no serán considerados como causales de cesación de funciones, de supresión o fusión de cargos ni de término de la relación laboral.

Puesto en votación, fue aprobado, en iguales términos, por 8 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención. Pasa a ser artículo 6°

El artículo 8° dispone que el personal que actualmente ocupa un cargo en extinción adscrito a la planta de directivos mantendrá inalterable su situación, entendiéndose que dichos cargos quedan adscritos a la nueva planta por el solo ministerio de la ley.

Puesto en votación, fue aprobado, sin modificaciones, por 7 votos a favor y 3 votos en contra. Pasa a ser artículo 7°.

El artículo 9° dispone que el mayor gasto que origine la aplicación de esta ley durante 1994 será financiado con cargo al presupuesto del SAG.

Puesto en votación, fue aprobado, sin enmiendas, por 9 votos a favor y 1 voto en contra. Pasa a ser artículo 8°

En resumen, la Comisión de Hacienda recomienda a la Sala aprobar este proyecto, de gran importancia para mejorar la eficiencia y el funcionamiento del Servicio Agrícola y Ganadero.

He dicho.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, estamos ante la creación de una nueva planta, de las muchas que hemos aprobado durante el gobierno anterior y en lo que va corrido de éste, las cuales suman cerca de 20.

Es indudable que el Servicio Agrícola y Ganadero requiere mejorar y regularizar la situación de sus trabajadores, modernizar su estructura y permitir un adecuado desarrollo de la carrera funcionaría. En virtud de este Proyecto, lo está logrando a medias o en pequeña medida, ya que, tal como ha sido redactado, sólo crea nuevos cargos y grados, y suprime algunos requisitos de ingreso.

Todos nos preguntábamos en la Comisión si esos objetivos se podrán cumplir con estas modificaciones de la planta.

Últimamente, el Servicio Agrícola y Ganadero ha asumido nuevas responsabilidades que requieren de una modificación más sustancial y de fondo de su actual estructura, como las que le entregan las normas sobre nueva tipificación de carnes, las relativas a la Ley de Alcoholes, las relacionadas con los recursos naturales y el medio ambiente, y las nuevas responsabilidades que seguramente se le otorgarán respecto de las actividades exportadoras, las que seguramente servirán para implementar, con el tiempo, un control de calidad. Por ello, la gran pregunta es si con esta modificación de la planta se lograrán estos objetivos.

Durante la discusión en la Comisión, mucho se habló sobre la necesidad de modernizar a fondo la Administración Pública, en lugar de aplicar una política de parches, representada por la creación de nuevas plantas. Por eso, se aprecia una vez más que se está utilizando el sistema de "apagar el incendio", más que de modificar en forma sustancial la Administración Pública, que es lo que realmente se requiere.

Por lo anterior, propusimos aplicar el principio de subsidiariedad del Estado, con lo que podríamos delegar algunas responsabilidades del SAG en el sector privado.

Estamos de acuerdo en aprobar en general el proyecto, porque el Servicio Agrícola y Ganadero necesita una serie de modificaciones; pero nos abstendremos en la votación de algunos de sus artículos.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, este proyecto, que fija la nueva planta de personal del Servicio Agrícola y Ganadero, apunta a restablecer una situación de justicia al interior de esa repartición, ya que para nadie es un misterio que en gran parte de los organismos públicos, particularmente en servicios como éste, había diversas situaciones de irregularidad. Por consiguiente, esta iniciativa legal, propuesta por el Ejecutivo, justamente mejora y regulariza la situación de los trabajadores de este organismo.

Sin embargo, este proyecto apunta básicamente a resolver un problema de forma del Servicio Agrícola y Ganadero. Me habría gustado que, además, hubiese solucionado problemas de fondo que tienen que ver con la modernización del Estado. Aquí deberíamos haber discutido qué tipo de Servicio Agrícola y Ganadero necesita nuestro país para seguir apoyando, como organismo auxiliar, el desarrollo y el progreso en el sector rural, para continuar trabajando en la senda de progreso y bienestar y de las exportaciones.

Si bien es cierto que consideramos oportuno y de justicia este proyecto, insisto en que ha llegado el momento para que discutamos y reflexionemos profundamente sobre el aparato de Estado que requiere nuestro país para seguir fomentando el desarrollo, el progreso y el bienestar del sector rural.

En todo caso, la bancada del Partido Socialista dará su consentimiento a este proyecto; pero no quiere perder la ocasión para expresar también su inquietud en cuanto a la necesidad de que, de una vez por todas, nuestro país aborde el imperioso problema de cómo vamos a modernizar el aparato del Estado.

He dicho.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, vamos a votar favorablemente. Sin embargo, coincidimos con las apreciaciones de los Diputados señores Correa y Naranjo, por cuanto creemos que esta iniciativa de nueva planta para el SAG no contempla el fortalecimiento futuro del control fitosanitario de las actividades del agro ni el fomento de su posibilidad exportadora, ni la aplicación plena de normas de tipificación de la carne.

Por otra parte, consideramos que las normas de modernización de la Cámara no debieran establecer que la Comisión de Hacienda se preocupara sólo de la parte financiera de las iniciativas y no de todo el proyecto, como ha ocurrido con el informe dado por la señora Rebolledo.

No estamos de acuerdo, como Renovación Nacional, con la modificación del artículo 5o propuesta por la Comisión de Hacienda; pero votaremos favorablemente este proyecto en general.

He dicho

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, para ser consecuente con lo que he planteado tanto en forma pública como en esta Sala, nuevamente me opondré a un aumento de planta, tal como lo he hecho con todos los proyectos sobre plantas que se han presentado este año, y lo seguiré haciendo con los que llegan.

De nuevo escucho discursos en la Sala que indican la necesidad de modernizar el Estado, mejorar las remuneraciones y fortalecer el aparato productivo. A pesar de que llevamos cuatro años conversando sobre este tema, se siguen enviando proyecto en forma selectiva, que no apuntan ni a modernizar el Estado ni a solucionar el problema de la burocracia existente en nuestro país. Los gastos en personal han aumentado en forma significativa, y gran parte de ellos sólo han incrementado la estructura burocrática. Lamentablemente, se siguen enviando proyectos en forma absolutamente aislada.

Quiero hacer presente a esta Honorable Sala que prácticamente debemos tratar, como promedio semanal, un proyecto de aumento de plantas. Es así como en la sesión anterior nos correspondió ver el aumento de planta de la Dirección del Territorio Marítimo; hace dos semanas, el de la Superintendencia de Seguridad Social, y hay tres o cuatro proyectos más que están en carpeta, los que fueron estudiados por las distintas Comisiones. Es decir, vamos a seguir legislando en forma aislada sobre esta materia, lo que significará que en 1998 habremos aprobado 60 proyectos sobre plantas en esta legislatura, en lugar de los 20 ó 30 que hemos sancionado hasta hoy.

Aun reconociendo el mérito que podría tener el aumento de planta del SAG, no estoy dispuesto a aprobarlo en forma aislada; sólo accederé a ello cuando se aborde globalmente el tema de la modernización del Estado.

Aquí se producen dos tipos de distorsiones: por una parte, se trata de un aumento de planta y no de un aumento de dotación, como bien se ha señalado; pero este Servicio tiene un margen, de acuerdo con lo dispuesto en las leyes de presupuestos, para aumentar sus funcionarios en otros 270 por sobre los que estamos aprobando en esta oportunidad. Por otro lado, todos estos aumentos selectivos de remuneración están comprimiendo las plantas de la Administración Pública hacia arriba. Si revisamos lo que ha ocurrido con estos aumentos de plantas nos encontramos con que ningún servicio tiene funcionarios en los últimos grados.

Por estas razones, rechazaré la idea de legislar.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, el proyecto es un tímido apoyo a la importante labor que desarrolla el SAG, pues aumenta su planta en sólo 30 personas. Así lo ha expresado el Diputado señor Correa, muy en contraposición con la opinión del Diputado señor Orpis. También han expuesto sus opiniones el Diputado señor Taladriz y todos los que me han precedido en el uso de la palabra, en el sentido de que el SAG realmente necesita un mayor y fuerte apoyo del Gobierno. Es evidente que Hacienda no le está dando los recursos para que aumente ostensiblemente su planta. Es del caso señalar que la dotación autorizada en el Presupuesto de la Nación es de 1.505 funcionarios y la planta actual está constituida por 1.205, la que se incrementará en los 30 ya mencionados, quedando con 1.235.

¿Qué pasa en el SAG? Que la mayoría de sus funcionarios se están retirando precisamente por sus malas remuneraciones. Todas las grandes empresas exportadoras en desarrollo los captan rápidamente y con remuneraciones tres o cuatro veces más altas de las que paga el Estado chileno.

Por eso, hoy, cuando en el país se están desarrollando fuertemente la agroindustria, las exportaciones frutícolas, las exportaciones forestales, las exportaciones pecuarias, se requiere de la fiscalización del SAG.

El Congreso ha aprobado una serie de leyes, entre ellas la tipificación de la carne; sin embargo, el Servicio no puede cumplir sus requerimientos porque no tiene los funcionarios para hacerlo. En la Octava Región existe un sólo funcionario para inspeccionar la tipificación de la carne. ¡Qué sacamos con legislar si nadie fiscaliza! Por eso, cuando algunos industriales tratan de ajustarse a la ley, cumpliendo con la tipificación, cientos de otros no lo hacen, lo cual motiva la queja de los primeros. ¡Bueno, yo cumplo y los demás no! ¿Quién sanciona? ¿Quién controla?

Por eso -reitero-, éste es un tímido apoyo al SAG y un tímido aumento en las remuneraciones de sus funcionarios, que se traduce en un 7,31 por ciento para los directivos; en un 6,5 para los profesionales; en un 29,5 para los técnicos; en un 9,14 para los administrativos, y en un 10,62 para los auxiliares, constituyendo un gasto anual de 527.678.000 pesos para un gran servicio comprometido con el crecimiento económico del país.

Por eso, apoyaremos con entusiasmo el proyecto, lamentando de que no sea mayor el número de personal contratado y mejor aún el aumento de las remuneraciones.

Debo señalar también al Diputado señor Taladriz -como ya lo aclaró la Diputada señora Romy Rebolledo- que la Comisión de Agricultura acordó que la Comisión de Hacienda conociera todos los artículos. La iónica modificación fundamental introducida consiste en restituir el inciso segundo del artículo 5°, eliminado en la Comisión de Agricultura. Se ha acogido la proposición formulada por los funcionarios del SAG, que desean flexibilizar la forma en que se concederán los ascensos.

Por todo esto, la bancada demócrata- cristiana apoyará el proyecto.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, accediendo a lo solicitado por Su Señoría, seré breve al señalar mis discrepancias con la opinión emitida por un parlamentario de la Oposición, en el sentido de votar en contra del proyecto por implicar un aumento de planta.

Es una actitud rígida, que deja en situación difícil la labor del Parlamento. ¿Cómo podría mañana ejercerse una labor de fiscalización nuestra respecto de un Servicio si se le niegan las condiciones de trabajo con un argumento genérico, que no corresponde, de no crear plantas? Acepto el argumento si se dice que un servicio específico, por ejemplo el SAG, tiene exceso de funcionarios o deficiencia de ellos, o carencia o superávit de presupuesto; pero se debe hacer un análisis cualitativo de cada caso.

Creo que un juicio objetivo implica evaluar que Chile posee un excelente Servicio Agrícola y Ganadero. Cuando hay reparticiones que funcionan bien, debemos reconocerlas. Efectivamente, el SAG está en un alto nivel de prestigio por la calidad de su trabajo, en comparación con el resto de los países de América Latina o con los principales exportadores agrícolas del mundo. Un servicio público que ha logrado un desempeño de alto nivel, requiere un apoyo básico por cuanto hoy sus funcionarios ganan salarios muy reducidos en relación a los del sector privado.

No veo por qué los mismos parlamentarios que repiten que debemos guiarnos por el mercado en nuestras decisiones, se niegan ahora a que el sector público remunere a sus profesionales de acuerdo con la demanda del mercado.

Lo que está en juego con este proyecto es si creemos que el país debe tener un Servicio Agrícola y Ganadero eficiente y si, en ese caso, estamos dispuestos a dar las remuneraciones y los instrumentos para actuar. Es importante hacerlo. Estoy cierto de que esta reforma de planta, que en definitiva significa un alza salarial para una parte de sus funcionarios, especialmente los profesionales y técnicos, permitirá mejorar el Servicio, aunque pienso que todavía nos quedan cosas significativas por hacer.

El Diputado Sabag hacía alusión a la ley sobre tipificación de carnes. Consultado el Director del Servicio en la Comisión de Hacienda respecto de estas materias, señaló que se había incrementado en 18 el número de funcionarios para todo Chile. En verdad, es casi ridículo que una ley que establece una normativa estricta en cuanto a la venta de carnes en el país, no sea capaz de contar con fiscalizadores adecuados. Me parece que deberíamos cambiar, quizás, los criterios futuros y entender que si Chile exporta frutas y productos agrícolas, un porcentaje de ese monto debería financiar el servicio, de modo que si el día de mañana se duplica la exportación agrícola de Chile, también se duplique la capacidad de operación del servicio que fiscaliza la existencia de plagas y pestes que destruyen las plantaciones agrícolas.

No existe en Chile proporción entre el desarrollo que han tenido ciertas especialidades agrícolas del país y el que deben tener los organismos de apoyo técnico o de fiscalización para prevenir las enfermedades que afectan al sector. Toda comparación en ese sentido demuestra que el apoyo que otorgamos hoy es modesto. Como tal lo respaldamos, pero invitamos a la Comisión de Agricultura a que analice, quizás a continuación y no bajo la presión de un proyecto, cómo le damos mayor respaldo a la eficiencia profesional del SAG, de modo que cuando discutamos la Ley de Presupuestos podamos tomar las medidas conducentes para asegurar un trabajo más adecuado de ese servicio. Sólo así el día de mañana estaremos en condiciones de fiscalizar la labor de un organismo como el SAG.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, del análisis del proyecto de plantas del SAG se desprende un tema, que el Diputado Orpis ha hecho bien en poner sobre la mesa. Pero ello no obsta a que analicemos en particular las situaciones de cada servido.

Y digo que ha hecho bien en plantear el tema, pudiendo no compartir algunas de sus apreciaciones, porque en su caso, además de formar parte de la Comisión de Hacienda, encargada de poner especial cuidado en el gasto, debe procurar que analicemos cuál ha sido la política que en materias de aumento de plantas y mejoramiento de remuneraciones nos ha tocado conocer en los últimos cuatro años. Si hacemos un rápido análisis, llegaremos a la conclusión de que siempre, en más de 19 iniciativas legales que hoy son leyes, la presión se ha hecho sentir para alzar las remuneraciones y aumentar el número de funcionarios. Como si fuera poco, esas remuneraciones, en 19 casos que no voy a citar por razones de tiempo, se han elevado por sobre el IPC.

Entonces, cuando el Diputado señor Orpis dice que quiere ver una política general del actual Gobierno en esta materia, no deja de tener razón. Es bueno que ese tema lo tengamos presente.

El proyecto propone un aumento del 10,93 por ciento en las remuneraciones del personal, con un costo de aproximadamente 528 millones de pesos. Esa cifra podría parecer no significativa, más aún en el contexto de lo que el Servicio Agrícola y Ganadero hace en el país, más aún cuando parte importante de su presupuesto se financia con los cobros que hace al sector privado con motivo de la inspección de la fruta en los preembarques. Sin embargo, debemos tener presente que la política de remuneraciones del cuatrienio terminado el año pasado ha consistido básicamente en efectuar mejoramientos especiales por encima del reajuste general, que corresponde a algo más del IPC, que ha tenido la Administración Pública. Entonces, estamos produciendo una distorsión.

Recuerdo a la Sala, que desde la ley N° 19.031, de remuneraciones de los directores de Enap y Enami, hasta la N° 19.269, ha habido 19 proyectos presentados por la Administración anterior que han otorgado aumentos por sobre el IPC. Eso requiere y amerita un análisis en profundidad sobre la forma como el Ejecutivo se ha dejado presionar y cómo el Parlamento no está poniendo atajo en esas materias. Por consiguiente, las modificaciones de plantas, que son de carácter selectivo y sin parámetros homogéneos, especialmente en cuanto a los requisitos de ingreso y ascenso, que responden solamente al objetivo de mejorar remuneraciones, como reiteradamente lo reconocen los respectivos mensajes -y este del SAG no es uno menos-, pueden ir produciendo, en el corto plazo, el efecto que señalaba antes, de comprimir hacia arriba, al no haber un sistema de selección del personal en base a parámetros objetivos.

No quiero alargar el debate, pero me parece que no hay que descalificar lo que aquí se ha destacado y elogiado con razón en orden a lo que el Servicio Agrícola y Ganadero significa para el país, más aún cuando es importante señalar que, en virtud de la nueva ley, el SAG ha asumido funciones y atribuciones en los campos de la protección de los recursos naturales y de la contaminación, funciones que antes tenía Conaf o el Servicio de Salud del Ambiente, las que obviamente aumentan su carga de trabajo.

Recuerdo que cuando despachamos esa ley, le preguntamos al Director del SAG y al Ministro de la época si con igual planta el Servicio podría dar cumplimiento a sus nuevas obligaciones. Ahora resulta evidente que no.

Validando la posición crítica del Diputado señor Orpis, no puedo dejar de flexibilizar la mía y ver lo que el SAG significa. En el contexto del Servicio Agrícola y Ganadero, el proyecto va en la dirección correcta; pero también hago un llamado para que no siempre el criterio sea ir mejorando remuneraciones sobre el IPC, ni el aumento de plantas, porque eso no corresponde a la posición que el mismo Gobierno ha señalado en cuanto a modernizar el Estado. No hay modernización si vamos exclusivamente por la vía del crecimiento del Estado y del aumento de las remuneraciones por sobre el IPC, cuya variación es normalmente el reajuste que se otorga al sector público.

Por estas consideraciones, votaré favorablemente en general el proyecto, y en la votación en particular manifestaré mi posición contraria o mi abstención, según corresponda.

He dicho.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, hay argumentos que hacen razonable fijar la nueva planta para el personal del Servicio Agrícola y Ganadero pero deseo poner especial énfasis en el hecho que el proyecto no mejora la labor de fiscalización del SAG en aquellos aspectos en que la está realizando en forma ineficiente, como con la Ley de Carnes, en cuanto a la venta al detalle de los cortes tipificados, según las normas del Instituto de Normalización, a pesar de haberse contratado el año 1993 a 18 nuevos funcionarios específicamente para cumplir esta labor.

También deseo destacar que en esta Sala no se ha explicado que el proyecto, al aumentar considerablemente los cargos de confianza del Director Nacional del SAG de 40 y tantos a 114, medida que alcanza incluso a los jefes provinciales y jefes de subdepartamentos, en mi opinión limita la carrera funcionaría dentro del Servicio.

Por esa razón, anuncio que votaré favorablemente el proyecto en general, pero que me abstendré en la votación en particular en ciertas materias inherentes a lo señalado.

He dicho.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señor Presidente, el rol que juega actualmente el Servicio Agrícola y Ganadero en cuanto a fiscalizar, tipificar, vigilar y observar la manera de crecer y desarrollamos en materia de comercio exterior, requiere de un mayor apoyo.

Lo que hacemos ahora es un mero paliativo. Para los grandes desafíos, necesitamos un apoyo más de fondo, porque cada día existen mayores exigencias en los controles de calidad tendientes a afianzar nuestro comercio exterior.

Las plagas deben ser controladas. Este Servicio tiene como responsabilidad hacer respetar la Ley de la Carne en relación con su clasificación y tipificación, para que el consumidor tenga garantías de que está comprando lo que se está promoviendo.

El resguardo de los pasos fronterizos, puertos y aeropuertos también corresponden al SAG, en términos del control fitosanitario, y los propios productores le reconocen este rol de control. Por esas razones nuestra bancada va a respaldar este proyecto.

He dicho.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, deseo dejar constancia de mi oposición al hecho de que en este proyecto se está incrementando el personal de exclusiva confianza, de 44 a 114 funcionarios.

Me parece que esta situación es totalmente contradictoria con un adecuado concepto de carrera funcionaría, según la ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, por cuanto no promueve mayor eficacia y eficiencia técnica, sino el efecto contrario.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente, Honorable Cámara, deseo expresar mi completo acuerdo con aprobar este proyecto, que mejora la actual situación funcionaría del SAG, muy desmedrada en cantidad de personal y en remuneraciones

El SAG cumple un rol fundamental en variadas actividades de defensa y desarrollo de nuestro patrimonio nacional, las cuales implican efectos económicos cuantiosos, tanto para el sector público como para el privado. La actual situación nacional y mundial del comercio exportador obliga a un accionar más intensivo y tecnificado del SAG; por ello, necesita mejorar mucho más su equipamiento y planta funcionaría. Lo que aprobamos hoy es un avance en ese sentido, y esperamos que a futuro podamos continuar fortaleciendo sus actividades.

Por haber trabajado toda mi vida en el sector salud, debo destacar aquí un rol poco informado sobre la importante repercusión en salud humana del accionar del SAG. Al respecto, lo ocurrido con el buen manejo en Chile de la epidemia latinoamericana del cólera, se debió, en buena parte, al apoyo sólido y eficaz que prestó el SAG a las medidas sanitarias adoptadas para el control de las aguas de riego, producción y venta de alimentos de riesgo.

Todas estas responsabilidades y éxitos del SAG deben ser apoyados en forma real, no retórica, y por eso este proyecto de ley, aunque insuficiente para todo lo que se necesita, cuenta con mi voto favorable.

He dicho.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, estimados colegas: estamos conscientes de que el proyecto que estamos discutiendo es sólo un modesto avance para fortalecer al Servicio Agrícola y Ganadero y permitir que pueda cumplir, cada vez en forma más eficiente, su importante labor. El gran auge exportador y la aceptación de nuestros productos se basa, en forma importante, en nuestra calidad fitosanitaria, la cual se debe, en gran medida, a la eficiente labor del SAG y sus funcionarios.

Esto hace necesario, a través del proyecto en cuestión, permitir la modernización de la estructura del Servicio mediante un mejor desarrollo de la carrera funcionaría, lo que se traducirá en un ordenamiento justo que motive a los funcionarios a realizar su tarea cada día en mejor forma. Por eso, señor Presidente, anuncio mi voto favorable a este proyecto, al igual que los de la bancada democratacristiana.

He dicho.

El señor ASCENCIO.-

Señor Presidente: quiero destacar la importancia de aprobar esta mañana el proyecto de ley que fija nueva planta para el personal del Servicio Agrícola y Ganadero.

Es cierto que, por un lado, y tal como se ha señalado, el proyecto es bien modesto en cuanto a los objetivos de mejorar sustancialmente este servicio público. Y también es cierto que se hace necesario estudiar las ideas generales acerca de la modernización del Estado, donde debiera incluirse un estudio amplio de todos los servicios.

Pero lo anterior no es argumento suficiente para pretender rechazar este proyecto, que por lo menos es un avance muy necesario, oportuno y de toda justicia para los trabajadores públicos de dicho servicio. Por un lado, se obtiene una racionalización de la planta; se incorporan en ella algunos funcionarios que por largos años han estado ejerciendo sus funciones a contrata; se establecen claras normas para su encasilla- miento y, por último, este proyecto, tal como lo manifestaran los representantes de los funcionarios, es una antigua aspiración de ellos.

El SAG tiene extraordinaria importancia para el desarrollo y crecimiento económico de este país. Sus funcionarios, con pocos medios y pocos recursos, deben cumplir todo tipo de controles y de fiscalizaciones, certificando calidad de productos agrícolas, controlando la mosca de la fruta, la fiebre aftosa o el cumplimiento de la ley de tipificación de la carne.

Hoy tiene muchas otras funciones y menos personal. Y, en verdad, las remuneraciones de los funcionarios están muy lejos de ser aceptables para sus necesidades.

Por lo menos, con este proyecto hay un modesto apoyo y un avance, que significa el reconocimiento de la extraordinaria labor que desarrolla el SAG. En las provincias de Chiloé y de Palena sabemos de los grandes esfuerzos que sus funcionarios realizan para cumplir sus funciones.

Por lo anterior, anuncio que votaré aprobando, en general y en particular, este proyecto de ley.

He dicho.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, respeto la iniciativa del Ejecutivo para calificar el proyecto con "suma" urgencia, pero hay materias que quedaron pendientes en la discusión de la Comisión de Agricultura, que tengo el honor de presidir. Por tanto, votarlo en particular significará enviar al Senado un proyecto trunco sobre un punto de gran importancia, como es el mecanismo de encasillamiento considerado en el artículo 5o.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, el artículo 5o, después que la Comisión de Agricultura elaboró su informe, fue tratado en la Comisión de Hacienda. Ahí el Director del SAG propuso una indicación que resuelve todos los problemas que tenía tanto el texto original del Ejecutivo como el aprobado por la Comisión de Agricultura. No veo motivo para enviarlo de nuevo a Comisión después del análisis en profundidad que se hizo sobre sus disposiciones.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Por vencer hoy el plazo constitucional, corresponde tratar, en primer trámite, el proyecto de acuerdo relativo a diversos convenios internacionales del trabajo aprobados por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.

Diputado informante de la Comisión del Trabajo es el señor Fantuzzi.

Antecedentes:

- Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1044-10, sesión 22a, en 3 de agosto de 1993. Documentos de la Cuenta N° 3.

- Informe de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana. Documentos de la Cuenta N°s 8 y 9 de esta sesión.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto de acuerdo relativo a diversos convenios internacionales del trabajo aprobados por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo.

Para ser consecuente con algo que he venido planteando, y como todos los señores Diputados saben leer muy bien y los he notado muy interesados en estos convenios, rendiré un informe lo más breve posible.

Los convenios internacionales del Trabajo aprobados por la Conferencia son siete.

El Convenio N° 42, relativo a la indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, comprende dos aspectos fundamentales, uno de los cuales se refiere a que cada Estado que lo ratifique se obliga a garantizar una indemnización a las víctimas de enfermedades profesionales. El Convenio N° 103, es el relativo a la protección de la maternidad. Los señores Diputados tienen en su poder todos los antecedentes. El N° 115, dice relación a la protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes. El N° 136, es sobre la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno. El N° 156, establece la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares. El N° 159, trata de la readaptación profesional y empleo de las personas inválidas. Por último, el N° 162, dispone medidas de protección y prevención de los riesgos derivados de la utilización del asbesto por los trabajadores.

Señor Presidente, por su intermedio, quiero informar a la Cámara que la legislación chilena vigente, en la mayoría de estos convenios, sobrepasa lo que ellos solicitan.

Por lo tanto, pido a los señores Diputados aprobar la iniciativa sin mayor trámite.

He dicho.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, para no repetir lo señalado por el Diputado señor Fantuzzi respecto del contenido técnico del proyecto, que estudió la Comisión de Trabajo, me referiré sólo a los aspectos internacionales de los acuerdos que estamos tratando.

La OIT fue creada en 1919, en virtud de lo dispuesto en la parte XIII del Tratado de Versalles, para promover la paz a través de la justicia social. A partir de 1946, es un organismo especializado de las Naciones Unidas.

Desde sus orígenes, la principal misión de la OIT ha sido mejorar las condiciones de vida y de trabajo, mediante el esfuerzo concertado de gobierno, empleadores y trabajadores, gracias a la integración tripartita de sus órganos, de los cuales el más importante es la Conferencia General.

Los convenios internacionales del trabajo son tratados multilaterales que, en virtud de su ratificación, crean dos obligaciones básicas para el Estado miembro: la de aplicar disposiciones en el orden jurídico interno y la de aceptar la supervisión internacional de su aplicación por los órganos de la OIT.

En lo sustancial, el mensaje del Presidente de la República señala que interesa al Gobierno ratificar los convenios internacionales del trabajo, a los cuales nuestra legislación ya se encuentra adaptada y que lo estará aún con más plenitud con la promulgación de iniciativas legales próximas a convertirse en leyes de la república.

En cuanto al contenido específico de cada uno de los convenios desde el punto de vista internacional, quiero indicar que el N° 42, relativo a la indemnización por enfermedades profesionales, revisado en 1934, fue adoptado por la Conferencia General el 21 de junio de 1934 y tiene vigencia internacional desde el 17 de junio de 1936. Ha sido ratificado por 50 Estados, entre ellos, Argentina, Bolivia, Brasil, Cuba, Guyana, Haití, Honduras, México, Panamá y Uruguay. También se registra, entre los ratificantes, la mayoría de los países de la Unión Europea.

En el caso del Convenio 103, relativo a la protección de la maternidad, revisado en 1952, debo señalar que fue adoptado por la Conferencia General el 28 de junio de ese año y tiene vigencia internacional desde el 7 de diciembre de 1955. Ha sido ratificado por 27 países, entre ellos, Bolivia, Brasil, Cuba, Ecuador, Guatemala, Uruguay y Venezuela. De Europa se pueden citar España, Grecia, Italia, Países Bajos, Polonia y Portugal.

El Convenio N° 115, sobre protección de los trabajadores contra las radiaciones ionizantes, fue adoptado por la Conferencia General el 22 de junio de 1960 y tiene vigencia internacional desde junio de 1962. Ha sido ratificado por 41 países, entre los cuales se encuentran Argentina, Barbados, Brasil, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. De los ratificantes europeos, se pueden citar: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza.

Respecto del Convenio N° 136, referente a la protección contra los riesgos de intoxicación por el benceno, fue adoptado por la Conferencia General el 23 de junio de 1971 y entró en vigencia el 27 de julio de 1973. Ha sido ratificado por 29 Estados, entre los que se cuentan siete países de América Latina y el Caribe: Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, Guyana, Nicaragua y Uruguay. De Europa, se registran: Alemania, España, Finlandia, Francia, Grecia, Italia y Suiza, entre otros.

El Convenio N° 156, sobre igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, fue adoptado por la Conferencia General el 23 de jimio de 1981, entró en vigencia el 11 de agosto de 1983 y ha sido ratificado por 19 países. De América Latina y el Caribe lo han ratificado Argentina, Perú, Uruguay y Venezuela; y de Europa, lo han hecho, entre otros, España, Finlandia, Francia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Portugal y Suecia.

El fundamento principal se encuentra en la Declaración de Filadelfia, relativa a los fines y objetivos de la OIT, que reconoce que "todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo, sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades".

El Convenio N° 159, referente a la readaptación profesional y el empleo de personas inválidas, fue adoptado por la Conferencia General de la OIT el 20 de junio de 1983, entró en vigencia en junio de 1985, y ha sido rectificado por 43 Estados, entre los cuales están Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Paraguay, Perú, Uruguay, de América Latina; y de Europa, Alemania, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Noruega, Países Bajos, Suecia y Suiza, entre otros.

El Convenio N° 162, sobre utilización del asbesto en condiciones de seguridad fue adoptado por la Conferencia General en junio de 1986 y entró en vigencia en junio de 1989. Ha sido ratificado por 15 países, entre los cuales se encuentran Bolivia, Brasil, Ecuador y Guatemala, de América Latina; y España, Finlandia, Noruega, Suecia, y Suiza, de Europa, entre otros.

Por último, se adjunta al informe una lista de los convenios internacionales del trabajo ratificado por nuestro país con la fecha de su vigencia internacional y con la de ratificación por Chile, los cuales suman 144, lo que indica nuestro cumplimiento con las materias acordadas por esa organización internacional.

Por eso, la Comisión de Relaciones Exteriores ha aprobado estos Convenios y solicita la unanimidad de la Sala para su ratificación.

He dicho.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, la utilidad de la ratificación de convenios internacionales del trabajo es manifiesta. Así lo han comprendido el Gobierno y las organizaciones de empleadores y trabajadores. Por ello, ratificamos hace dos años el Convenio N° 144, sobre consultas tripartitas para la aplicación de los convenios internacionales.

La ratificación muestra a la faz del mundo cómo el derecho chileno se ha entrado a amoldar a la normativa del Derecho Internacional del Trabajo, emanado en los convenios de la Conferencia Internacional del Trabajo.

Todos los convenios sometidos a la consideración de esta Corporación son de actualidad, al margen de la fecha en que ellos fueron aprobados por la Conferencia, toda vez que todos ellos, sin excepción, dicen relación con importantísimos problemas laborales y de seguridad social, prevención de enfermedades profesionales, rehabilitación de inválidos, etcétera.

Su utilidad es manifiesta desde varios ángulos:

a) Muestra a la comunidad internacional que la legislación chilena se amolda, en lo que a estos convenios se refiere, al Derecho Internacional del Trabajo.

b) Parece sobradamente obvio que primero Chile debe modificar su legislación interna y luego proceder a ratificar el convenio. Lo contrario sería poco serio. .

Esta iniciativa específica es una muestra de lo anterior. En el día de hoy, Chile se encuentra plenamente acorde con el Convenio N° 162, sobre prevención de la contaminación con asbesto, lo que, siendo realidad en la práctica, no lo era tanto antes de la dictación del decreto supremo, de Salud, N° 745, de 1993. Lo mismo puede decirse del Convenio N° 159, sobre rehabilitación profesional y empleo de personas inválidas, cuya ratificación se encuentra realzada por la reciente promulgación de la ley N° 19.284, referente a integración social de personas con discapacidad.

Estimo que debe seguirse por esta senda reiniciada, de ratificar instrumentos internacionales del trabajo, en cuya elaboración y preparación han mediado grandes esfuerzos y estudios de organismos internacionales. Algunos podrán serlo sin grandes modificaciones a nuestro ordenamiento jurídico positivo, salvo en algunos aspectos reglamentarios administrativos; otro, podrán recibir reformas en la legislación, lo cual deberá hacerse previo a la ratificación. Pero esta es una de las vías por las cuales Chile puede seguir progresando en el ámbito del derecho del trabajo y en favor de los trabajadores chilenos.

Todo lo anterior me parece especialmente relevante, sobre todo cuando este año la Organización Internacional del Trabajo cumple 75 años de vida. Creo que la ratificación de estos convenios y de otros que seguramente vendrán es nuestro mejor aporte y contribución a este importante organismo internacional del cual nuestro país forma parte.

Muchas gracias, señor Presidente.

He dicho.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, quiero referirme al último de los convenios que pensamos ratificar, el N° 162, relativo a las exigencias que asume nuestro país en relación con el manejo del asbesto, tema que fue discutido con anterioridad por esta Corporación.

Los representantes del Ejecutivo dieron numerosas explicaciones en la Comisión, pero no está muy claro que algunas exigencias del convenio sean respetadas en nuestro país. Por desgracia, en los países subdesarrollados se utiliza demasiado el asbesto, sobre todo en la construcción de viviendas. Han quedado demostrados -aquí hay colegas médicos que pueden explicar el asunto mejor que el Diputado que habla- los peligros y los daños a la salud que produce este producto. En varios países se ha comprobado que produce cáncer. No obstante, en nuestro país, quizás como consecuencia de nuestra falta de recursos y del subdesarrollo, por desgracia se construye demasiado con productos que contienen este elemento tóxico. De conformidad con normas reglamentarias existentes en nuestra legislación, se ha bajado el porcentaje de asbesto permitido en ciertos productos, pero no se ha dado información pública, como lo exige el convenio, sobre los peligros que encierra para la salud su uso, pues no se rotulan los productos advirtiendo que contienen asbesto.

Por lo tanto -no sé si procede reglamentariamente-, pido que se voten por separado los diferentes convenios. Si no fuera posible por las características con que fue presentado el proyecto de acuerdo, dejo constancia que respecto del Convenio 162, con el cual estoy de acuerdo, no existe correspondencia en la legislación nacional.

Es necesario asumir con seriedad el debate en la Corporación, y no dejar de lado estos riesgos ante los argumentos de técnicos que defienden a ciertos sectores de la producción nacional, en particular a aquellos vinculados con la construcción y con ciertas empresas que llevan el mismo nombre del producto que se pone en los techos de la gran mayoría de las casas de los pobladores de nuestro país.

En atención a ello, dejo planteadas mis reservas sobre la aprobación de este convenio, al no existir una legislación concordante, seria, que permita informar a la opinión pública sobre los riesgos que pueden significar para la salud la comercialización y el uso de ese producto en nuestro país.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, sólo para un asunto técnico referido a la forma como aprobará la Honorable Cámara el Convenio N° 103, relativo a la protección de la maternidad.

Una de sus cláusulas establece textualmente: "Se aprueba este convenio sobre la base de que, en declaración anexa, Chile procederá a su ratificación, exceptuando del beneficio, a que se refiere el artículo 6°, del mismo Convenio, "al trabajo doméstico asalariado efectuado en hogares privados".

Aquí estamos ante un problema de tipo constitucional, toda vez que, según el artículo 50, N° 1, de la Constitución, sólo podemos aprobar o desechar los tratados internacionales. Si bien es cierto que diversos Diputados pertenecientes a la Comisión de Relaciones Exteriores son partidarios de que exista una mayor injerencia del Congreso Nacional en la aprobación o rechazo de los tratados, condicionando su aprobación, no es menos efectivo que en la interpretación que se le da a ese artículo no cabe el condicionamiento, sino sólo la aprobación o rechazo.

No podemos dilucidar si la aprobación del convenio en los términos que aquí se establecen, es porque el Ejecutivo envió el proyecto con esa restricción, que él mismo se ha impuesto. Por eso, propongo que se apruebe el artículo único, con excepción de la letra b), en espera de que la Comisión de Relaciones Exteriores requiera de Su Excelencia el Presidente de la República mayores antecedentes. En caso contrario, no estaríamos dando cumplimiento al artículo 50, N° 1, de la Carta Fundamental. Ese trámite es conveniente para no entrar en un problema de tipo constitucional, tanto con el Presidente de la República como con el Senado.

Me gustaría conocer su opinión al respecto.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, le encuentro razón al Diputado señor Ribera. Por eso, podríamos aprobar los convenios y solicitarle a la Comisión de Relaciones Exteriores que haga un análisis sobre la materia. Con posterioridad, se podría enviar un informe a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y requerir los antecedentes en la Cancillería.

El problema es que se crea una complicación entre la resolución de la OIT -referida al punto de las empleadas domiciliarias- con la legislación nacional vigente, por cuanto hay divergencias en esta materia. Desde el punto de vista del Derecho Internacional, al aprobar este convenio tendríamos que ajustar nuestra legislación en ese sentido. Por lo tanto, sería conveniente tratar esta situación con los Ministerios de Relaciones Exteriores y del Trabajo.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, acojo el procedimiento planteado por el Diputado señor Dupré para superar el "impasse". El problema se produce porque habría una aprobación condicionada a que el Presidente de la República deba necesariamente formular una reserva a un convenio internacional, en circunstancias de que él maneja las relaciones exteriores. Incluso, puede retirar reservas que un gobierno anterior haya formulado. Por eso, habría un condicionamiento que podría atentar contra lo dispuesto en el artículo 50, N° 1.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, quiero hacer una observación al Convenio 103, relativo a la protección de la maternidad, pero no en su aspecto técnico -como señaló el Diputado que me antecedió en el uso de la palabra-, sino en cuanto a su contenido, situación que creo relevante destacar en la hora de su aprobación.

Desde luego, cabe tener presente que dichos convenios se aprueban dentro de un marco de materias solicitadas por la Organización Internacional del Trabajo. En ese sentido, la integración de Chile a esa legislación no sólo debe servir para destacar aquellos convenios en los cuales se ha avanzado, como el N° 42, referente a la indemnización por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, en el cual, junto a las profesiones, hay una lista de diez enfermedades y sustancias tóxicas. Por su parte, nuestra legislación, el decreto supremo N° 109, publicado en 1968, incluye una lista de treinta elementos que entrañan riesgos y enfermedades profesionales o provocan incapacidad temporal o invalidez. Chile se encuentra adelantado respecto de esta normativa y son más los elementos tóxicos prohibidos o no autorizado su manejo por los trabajadores.

Sin embargo, el Convenio N° 103, que se refiere a la protección de mujeres empleadas en empresas industriales, no industriales y agrícolas, o asalariadas que trabajen en su domicilio, propone un período de doce semanas para proteger la maternidad, de las cuales seis deben ser con posterioridad al parto, sin perjuicio de las licencias médicas, que otorguen descanso prenatal complementario. Asimismo, otorga derecho a recibir prestaciones médicas y en dinero, conforme a la legislación nacional; descanso para la lactancia del hijo (en la jomada laboral), y fuero maternal durante este período (no puede ser despedida del trabajo).

La legislación nacional, consagrada en el nuevo Código del Trabajo, artículo 201, contiene estas normas y en algunos casos las amplía. Así, por ejemplo, el período de descanso es de seis semanas antes del parto y de doce semanas después de él. Sin embargo -y sobre esto quiero llamar la atención de la Sala-, respecto de las trabajadoras de casas particulares, el convenio no es susceptible de aplicarse íntegramente, dado que el inciso final del artículo 201 no considera el fuero maternal para ellas. Por eso, el Ejecutivo formula una indicación, la cual fue aquí ratificada.

Por tratarse de un convenio que contiene normas de carácter programático, se hace necesario actualizar la legislación, en general y en particular, sobre las trabajadoras de casas particulares. En mi opinión, no se justifica la discriminación contra este tipo de trabajadoras. Cabe preguntarse, ¿por qué todas las trabajadoras del país están afectas a este beneficio y no las asesoras del hogar, las empleadas de casas particulares o domésticas? ¿Por qué la legislación chilena no hace referencia alguna a la discriminación que hoy salta a la vista?

Señor Presidente, estoy de acuerdo en que es de interés general aprobar los convenios, pero esta Cámara no puede dejar de advertir que aquí existe una flagrante discriminación respecto de esta clase especial de trabajadoras, la que debe ser corregida. Espero que en la Comisión de Trabajo -la cual integro- podamos abocamos a la supresión de esa norma, a fin de que el Convenio 103 pueda ser aplicado en su integridad, sin ninguna excepción, en la forma propuesta por el Ejecutivo.

Daré mi voto a favor del proyecto de acuerdo, teniendo presente que esta materia en particular debe ser analizada con posterioridad.

He dicho.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, respecto de este proyecto, quiero manifestar un punto de vista que, si bien no va al fondo del mismo, se traduce en que, en la práctica, la mayoría de los mensajes que acompañan a cada uno de estos convenios -con excepción de uno- señalan, explícitamente, que se refieren a materias que ya están reguladas y bien resueltas en la legislación chilena, de manera que su aprobación, según mi parecer, sólo podría dar pie a confusiones que afectarían fundamentalmente a los trabajadores, porque dichos convenios son de una amplitud y de un grado de exactitud menor que los de las leyes correspondientes.

Por lo tanto, personalmente me voy a oponer a la aprobación de los mismos.

He dicho.

El señor TALADRIZ -

Señor Presidente, quiero hacer notar un punto que muchas veces no se dice con franqueza en esta Cámara; que cuando se hace una broma, aflora el centralismo de algunos señores Diputados y se refieren despectivamente a uno porque es valdiviano, por ejemplo; también podrían referirse, en la misma forma, a otro señor Diputado de La Calera, que hoy está de aniversario, quien no merece ese trato, porque los que pertenecemos a distritos alejados de la metrópoli nos. sentimos muy orgullosos de ser de provincia y de representar aquí, todo el tiempo que sea posible, los intereses de nuestras zonas, para lo cual sus electores nos han dado una gran votación.

Quiero decirle al Diputado señor Dupré que Marco Polo fue un sabio que conoció gran parte del mundo; pero nunca tuvo conocimiento absoluto del distrito al cual representaba. Respecto de las obligaciones o compromisos que se contraen con colegas, yo estoy muy de acuerdo en que el señor Diputado está cumpliendo, pero lentamente, igual que el Gobierno.

He dicho.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, en relación con lo que dijo el Diputado señor Navarro, en el mensaje del Ejecutivo figura esa situación de reserva, la cual, básicamente, se refiere al inciso final del artículo 186 del Código del Trabajo, que no hace posible aplicar a las trabajadoras de casas particulares las disposiciones sobre fuero maternal. Entonces, estoy de acuerdo con el Diputado señor Navarro en que, como principio general, cuando se aprueba un convenio internacional por parte del Congreso, la legislación nacional tiene que adaptarse a ese compromiso, de modo que el país, con posterioridad a estos hechos, debe hacer las modificaciones pertinentes al inciso final del artículo 186 del Código del Trabajo.

Es importante que la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, después de analizar con el Ejecutivo esta materia, pueda indicarle su punto de vista a la Comisión correspondiente del Senado.

He dicho.