Labor Parlamentaria

El señor SOTA (Presidente).-

En el Orden del Día, y conforme con el acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional, que posterga la aplicación, durante el año calendario 1995, del inciso cuarto, del artículo 10 de la ley N° 18.401, que dicta normas para regularizar la situación de entidades bancarias intervenidas.

Ofrezco la palabra, hasta por cinco minutos, a un representante de cada bancada.

Antecedentes:

Proyecto del Senado, boletín N° 1471-05, sesión 26a, en 15 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto despachado ayer por el Senado y que hoy pasamos a estudiar en la Cámara es una consecuencia necesaria de la tramitación de otro proyecto que busca resolver problemas pendientes y dar solución para mejorar la posición del Banco Central sobre el tema de la deuda subordinada.

Cuando el Ejecutivo envió, el año pasado, el proyecto de ley que reforma la banca y la deuda subordinada, éste debió ser tratado con prioridad debido a la urgencia de resolver el problema. Posteriormente cuando se discutió en la Comisión de Hacienda de la Cámara por los partidos de Gobierno y de Oposición, se llegó a acuerdo sobre su solución o su tratamiento, sólo la parte desglosada para ser tratada en el Senado, con el compromiso de que fuera despachado antes de diciembre.

La complejidad de las materias allí tratadas han hecho imposible que el proyecto sea despachado por el Senado en los plazos convenidos. Por esta razón el Banco Central, por una parte, y el Senado, por otra, han visto la necesidad de que el proyecto en discusión se despache como una iniciativa accesoria o suplementaria al proyecto global sobre la deuda subordinada.

Su objetivo principal es que no haya juntas de accionistas en los bancos afectos a las disposiciones de la deuda subordinada antes del 23 de abril del próximo año, porque se considera razonable que en esa época ya se habrá despachado el proyecto que modifica las normas sobre deuda subordinada, y, por lo tanto, será ley. La postergación de las juntas de accionistas se debe a que en las realizadas durante el año en curso, acordaron capitalizar sus dividendos, lo que afectó los intereses del Banco Central, provocándole una pérdida estimada en 105 millones de dólares, en valor presente. Como ningún sector político desea que el Banco Central vuelva a verse afectado, convinimos en acceder a la prórroga de la realización de las juntas de accionistas hasta el despacho del proyecto sobre deuda subordinada.

Por esta razón, los Diputados democratacristianos apoyaremos esta iniciativa, y esperamos que también lo haga la Sala en su totalidad.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, los Diputados socialistas votaremos favorablemente el proyecto que, como bien ha dicho el colega Andrés Palma, es un complemento del que modifica la forma de pago de la obligación subordinada, ya aprobado por la Sala y que se encuentra en el Senado.

Con ocasión del debate de dicha iniciativa, se analizó el efecto pernicioso que podía tener para el Banco Central la capitalización de dividendos de algunos bancos en determinadas condiciones económicas. Dicha situación se reglamentará adecuadamente en el propio proyecto de deuda subordinada, para resguardar el patrimonio del Banco Central.

En marzo del presente año, varios bancos capitalizaron dividendos, lo que significó una reducción del porcentaje de excedentes a que tiene derecho el Banco Central en los bancos con deuda subordinada. A su juicio -que comparto plenamente- de repetirse esta situación, le significaría un daño patrimonial cercano a los 90 millones de dólares en los primeros meses de 1995. Este planteamiento, manifestado por la unanimidad del Consejo del Banco Central, lo acogieron tanto el Senado como el Ministerio de Hacienda, y se propuso la búsqueda de una solución permanente que, como se sabe, consiste en que los bancos puedan capitalizar libremente lo que estimen conveniente, siempre que lo hagan a precio de mercado o de las llamadas sociedades espejo; es decir, la constitución de sociedades administradoras de deudas que le den participación al Banco Central.

Estas dos soluciones fueron aprobadas por la Cámara de Diputados, y estoy cierto que el Senado procederá de igual forma. Sin embargo, como el proyecto debe ser analizado por el Tribunal Constitucional, es posible que en el intertanto hay una demora y no alcance a estar imperando legalmente a tiempo.

La actual ley establece que la capitalización de dividendos se puede realizar en una junta ordinaria de accionistas, la que tendrá lugar en el primer cuatrimestre del año; por lo tanto, en la práctica los bancos pueden reunirse desde febrero hasta abril. Esta iniciativa dispone que la junta de accionistas debe realizarse la última semana del cuatrimestre de 1995, si se quiere capitalizar dividendos. Es decir, se limita transitoriamente, por una vez, dentro del marco de la ley vigente, a que en la última semana de abril se lleven a efecto las juntas de accionistas para capitalizar dividendos, con la certidumbre de que antes de esa fecha estará promulgada y publicada en el Diario Oficial la ley completa de obligación subordinada que establece un nuevo sistema reglamentario para proteger los derechos del Banco Central.

Por esta razón, nos parece altamente conveniente el rápido despacho del proyecto de ley ya aprobado por el Senado y que votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, me alegro del debate que se ha sostenido en esta oportunidad en la Sala, y por la altura de miras con que se está abordando el tema, ya que es radicalmente distinto al que sostuvo ayer el Senado.

Nos habría gustado haber tenido la certeza de que el proyecto que aborda la deuda subordinada en su integridad, sería despachado por completo, porque establece un régimen permanente en materia de aumento de capital y capitalizaciones.

Se hizo todo el esfuerzo posible, pero lamentablemente, no se pudo lograr, y creo que tanto la Sala como los distintos Comités parlamentarios han manifestado que no están dispuestos a que exista un riesgo potencial de una pérdida para el Banco Central ni para los accionistas, y que paralelamente pueden capitalizar, y las instituciones financieras aumenten capital con la mayor flexibilidad posible, Lamentablemente, no se pudo cumplir ese objetivo y, por lo tanto, dentro de las posibilidades que existían, este proyecto es el mejor que se pudo haber enviado. La idea original es postergar las capitalizaciones durante un año, y no era la mejor fórmula. Afortunadamente, se pudo llegar al proyecto que en este minuto se propone a la Honorable Sala, que simplemente significa una postergación de la junta de accionistas que se debe pronunciar sobre los aumentos de capital o capitalizaciones.

Esa fecha -tal como lo han señalado otros parlamentarios- persigue que a esas alturas el problema de las capitalizaciones, esté íntegramente resuelto y de manera permanente, de modo que constituya un arreglo satisfactorio para que, de una vez por todas, se despache el tema de la deuda subordinada que incluye el aumento de capital y capitalizaciones.

Por lo tanto, nuestro partido dará su aprobación a este proyecto y sólo había querido agregar al final algo respecto de las pérdidas eventuales que tenía el Banco Central, pero hay toda una decisión de por medio y no me gustaría profundizar este tema en el tenor del debate que se ha ido produciendo. Sólo diré que hay distintas visiones y cifras que se pueden dar al respecto, así como opiniones divergentes acerca de esta materia; pero lo importante en este instante es evitar cualquier riesgo y tener la certeza de que ni el Banco Central perderá por esta vía y, paralelamente, la seguridad de que el proyecto que abordo íntegramente este tema y otras materias, será despachado antes de abril.

He dicho.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, quiero anunciar el voto favorable de los Diputados de Renovación Nacional al proyecto.

Sin embargo, debo precisar que la disminución en el porcentaje de preferencias a que tiene derecho el Banco Central como consecuencia de las capitalizaciones efectuadas por los bancos, no necesariamente significa una menor recuperación de la obligación subordinada.

El propio Banco Central lo señala en una carta explicativa enviada a los integrantes de la Comisión de Hacienda de la Cámara, así como también lo ha manifestado el Diputado señor Jaime Estévez. De manera que, dependiendo del nivel de rentabilidad que se logre obtener con esos nuevos capitales, el Banco Central podría verse favorecido con una mayor recuperación, pero asimismo, podría existir el riesgo de que se dañen sus intereses patrimoniales.

Entendemos que, fundamentalmente, esto es un plazo que se da para que incluyendo el pronunciamiento del Tribunal Constitucional, se despache integralmente el proyecto de ley que da un nuevo tratamiento a la obligación subordinada que los bancos comerciales tienen con el Banco Central, y en ese sentido, de que sólo se trata de un nuevo plazo, lo votaremos favorablemente.

He dicho.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, quiero expresar la satisfacción del Partido por la Democracia por el envío de este proyecto al Congreso, ya que su objetivo es resguardar los intereses públicos a través de la defensa de los derechos del Banco Central.

Las capitalizaciones que se llevaron a cabo este año por bancos que mantienen deudas subordinadas con el Banco Central, dañaron severamente su patrimonio en cifras que llegarían a los 100 millones de dólares. Esto podría repetirse el próximo año si el proyecto que resuelve definitivamente el problema de la deuda subordinada que se encuentra en el Senado, no está promulgado a tiempo como ley.

Esperamos que su promulgación sea antes de la fecha a la que se han autorizado las nuevas juntas de accionistas, y permitirá realizar nuevas capitalizaciones con los resguardos correspondientes; es decir, a precio de mercado o mediante e) sistema de sociedades espejo y, por lo tanto, de esta forma se verán debidamente resguardados los intereses del Banco Central.

Por esto, votaremos favorablemente el proyecto, y manifestamos también nuestra satisfacción por la unanimidad que ha generado, dando un buen ejemplo de que estos temas se deben tratar con la seriedad y la responsabilidad que le corresponde al Parlamento.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el artículo 2° transitorio de la ley N° 18.893, sobre organizaciones comunitarias territoriales y funcionales.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social es el señor Elizalde.

Antecedentes:

Mensaje de S.E. el Presidente de la República boletín N° 1466-06, sesión 25a, en 13 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1a.

Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 26a, en 15 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 13.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, paso a informar a esta Corporación el acuerdo de la Comisión de Gobierno Interior respecto del proyecto calificado de discusión inmediata, cuya única finalidad es ampliar el plazo para que las organizaciones comunitarias territoriales y funcionales puedan adecuar sus estatutos legales.

Durante largo tiempo hemos legislado sobre la ley de juntas de vecinos, y todos conocemos los inconvenientes que producto de ello se han generado. En este momento, la Comisión está terminando de aprobar el veto del Presidente de la República que permitirá poner en vigencia este proyecto cuando se promulgue.

Sin embargo, dado que aún no es ley, para que las organizaciones puedan ejercer su existencia efectivamente y no sean caducadas y que, a su vez, aquellas que se están organizando tengan acceso a su funcionamiento, se requiere ampliar este plazo.

En consecuencia, por haber sido aprobado también por la mayoría de los miembros de la Comisión, con una abstención, solicito la aprobación de este proyecto calificado de discusión inmediata.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, relativo a la modificación de los escalafones masculino y femenino de oficiales policiales de la Policía de Investigaciones de Chile.

Diputado informante de la Comisión de Defensa Nacional es el señor Andrés Palma.

Antecedentes:

Mensaje de S.E. el Presidente de la República, boletín N° 1469-02, sesión 25a, en 13 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1b.

Informe de la Comisión de Defensa Nacional, sesión 26a., en 15 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto, que también está calificado de discusión inmediata, es muy simple. En la Escuela de la Policía de Investigaciones de Chile está terminando un año lectivo y están a punto de recibirse como detectives 15 mujeres, pero en el escalafón femenino hay sólo 10 cargos vacantes; en circunstancias de que en el masculino existen aproximadamente 600.

En consecuencia, el objetivo del proyecto enviado por el Ejecutivo es reducir en 50 los cargos del escalafón masculino e incrementar en igual número, en el grado 13, el escalafón femenino, con el propósito de que la totalidad de las aspirantes a oficiales de la Policía de Investigaciones que egresen a partir de 1 de enero, sean detectives en propiedad de la policía de Investigaciones de Chile.

El proyecto no involucra gasto, porque es sólo un traspaso de cupos entre escalafones; no afecta el desarrollo del escalafón masculino, porque hay cerca de 600 cargos vacantes, los que se reducen sólo en 50, y soluciona el problema no solamente de 1955, sino de los años 1996 y 1997, dado el número de aspirantes que hoy estudian en los cursos 1° y 2° de la Escuela de Investigaciones Policiales.

Por esta razón, la Comisión de Defensa, en su condición de Comisión técnica, aprobó por unanimidad el proyecto y solicita que la Sala haga lo mismo.

He dicho.

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el límite intercomunal Santiago-Quinta Normal.

Diputado informante de la Comisión de Gobierno Interior es el Diputado señor Balbontín.

Antecedentes:

Mensaje de S.E. el Presidente de la República, boletín N° 1429-06, sesión 13a, en 10 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.

Certificado de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 26a, en 15 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor BALBONTÍN.-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Gobierno Interior, debo informar a la Cámara el proyecto de ley, calificado con “discusión inmediata”, que modifica el límite intercomunal Santiago-Quinta Normal, lo que favorece a la primera comuna.

La iniciativa fue rechazada en la Comisión por 12 votos y 1 abstención, en sesión celebrada el día de ayer, con asistencia de casi todos sus miembros.

Cabe hacer presente que, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 99 de la Constitución Política de la República, la disposición contenida en el artículo único de la presente iniciativa es de quorum calificado.

La Comisión acordó, además, que el informe se emitiera en forma verbal por el Diputado informante.

¿De qué se trata el proyecto y por qué la Comisión lo rechazó?

Los límites originales de la comuna de Quinta Normal han sido variados en reiteradas oportunidades.

La comuna de Quinta Normal nace en 1915. Sus límites estaban claramente demarcados por la línea férrea que corría por las calles Balmaceda y Matucana, por el río Mapocho, por las calles General Velásquez, San Pablo y Darío Salas, y por Carrascal y el río Mapocho, por el norte.

¿Qué ocurrió con Quinta Normal después de esta delimitación? Posteriormente surgieron una serie de nuevas comunas que se constituyeron progresivamente a través del tiempo, fundamentalmente en 1987, por lo que Quinta Normal se vio obligada a ceder territorio a la comuna de Estación Central, en la zona entre Ecuador y Puerto Seguro; más adelante, debió ceder a la comuna de Lo Prado la zona de Loyola hacia el sur; después tuvo que entregar a la comuna de Cerro Navia, territorios que podrían dar lugar a nuevas construcciones en la zona aledaña al río Mapocho y hacia el poniente.

Quinta Normal no había reaccionado como lo ha hecho ahora, con la presencia de todo su concejo y de su alcalde, frente a iniciativas que significan un cercenamiento, principalmente de sus capacidades de desarrollo futuro. Lo que se pretende transferir a la comuna de Santiago es probablemente uno de los sectores de mayor riqueza para la comuna de Quinta Normal, pues allí se encuentran más de 300 actividades, entre industriales, comerciales y profesionales, que tienen posibilidad de entregarle tributos importantes, sea por pago de patentes comerciales o de otra naturaleza. Además, en ella se encuentra una actividad importante desde su origen, porque está ligada con la historia de Quinta Normal, cual es la de la estación Yungay, en la zona de Mapocho y Matucana, con la que se identifica la comuna de Quinta Normal. Por lo tanto, esto significa en la práctica cercenarle el alma a una comuna.

Estas fueron las razones que tuvo la Comisión para rechazar la proposición del Ejecutivo, que, en rigor, pretendía resolver un problema de administración financiera de algunas instituciones de carácter educacional, altamente respetables, entre otras, el Instituto Nacional Barros Arana. Sin embargo, a la Comisión le pareció que cercenar parte del territorio de una comuna no era la forma de resolver este problema, ya que hay otros procedimientos administrativos para resolverlo de otra manera, y con mayor facilidad y agilidad. Concretamente, se alega que Quinta Normal, por ser una comuna de ingresos modestos, no tendría recursos para administrar estos establecimientos que han estado bajo la administración de la de Santiago, a pesar de estar ubicados en territorios de su jurisdicción.

Entonces, por una parte, con esta propuesta del Ejecutivo se cercenan importantes territorios a la comuna de Quinta Normal, que le aportan significativos ingresos y, por otra, se alega que no se le podría entregar la administración de estos liceos, precisamente porque no tiene recursos. Por lo tanto, la solución, a nuestro juicio, es inadmisible.

Además, existe la posibilidad de que se instale una estación de transferencia de basura, cosa de la cual no se ha hablado, dentro de los territorios que se traspasarían a la comuna de Santiago, pero en ese sector se encuentran bodegas de alimentos, industrias alimentarias y otras que sufrirían un grave deterioro si fuesen afectadas por la contaminación. La comuna de Quinta Normal requiere tener control sobre este territorio para garantizar que sus habitantes no se queden, por una parte, con el dolor y la basura y, por otra, con un cercenamiento de sus capacidades de desarrollo.

Por último, quiero señalar, en nombre de la Comisión estas han sido las argumentaciones que escuchamos de parte del Concejo de Quinta Normal, que, además, las posibilidades de desarrollo urbano son muy limitadas, ya que, de acuerdo con cualquier visión moderna, es indispensable que los límites entre las comunas sean normalmente los naturales. De allí que el río, la línea férrea y algunas de las calles más importantes, sean los límites naturales de Quinta Normal, por lo que este cercenamiento afectaría profundamente la actividad de esta comuna.

Estas son las razones por las cuales la Comisión ha recomendado a la Sala rechazar este proyecto presentado por el Ejecutivo, sin perjuicio de que se busquen algunas otras soluciones para las entidades de carácter educacional que podrían ser afectadas.

He dicho.

El señor LEAY.-

Señor Presidente, el informe del Diputado señor Balbontín me ahorra señalar todos los aspectos técnicos de por qué hemos votado en contra de esta iniciativa del Ejecutivo.

Debo señalar que algo poco claro se esconde detrás de este proyecto.

En verdad, el problema no es el déficit educacional; si fuera así, deberíamos quitar terrenos a más de 330 comunas del país que sí tienen ese problema. Por lo tanto, no es una razón valedera.

Tampoco, como bien lo dijo el Diputado señor Balbontín, responde a una realidad histórica, porque esos son los terrenos donde se fundó la comuna de Quinta Normal, los de la estación Yungay.

Entonces, hay que preguntarse, ¿cuál es la verdadera razón detrás del proyecto? La razón es la estación de transferencia de la basura. Ese es el problema de fondo.

Este proyecto ha sido impulsado por la Municipalidad de Santiago, por su alcalde señor Ravinet, quien es también el Director de Emeres, que está detrás del proyecto de la basura del Gran Santiago.

Esto no quiere decir que uno se oponga a este tipo de proyecto. Lo que quiero decir es que hay que decir las cosas abiertamente, hay que informar a la comunidad, hay que hablar con las autoridades y con los Diputados de la comuna, hay que hablar con el alcalde de la comuna, hay que informar a la comunidad adyacente a este lugar sobre el verdadero objetivo que hay detrás de este proyecto, que no es otro que instalar una estación de trasferencia de la basura en la estación Yungay. Esa es la verdad.

Que podrá ser técnicamente adecuado o no, está en discusión, porque ni los señores Diputados ni los habitantes del Gran Santiago conocemos verdaderamente los aspectos técnicos de este proyecto, si verdaderamente cumple con los estudios de impacto ambiental y todo lo que se requiere en servicios de esta envergadura. La verdad es que no tenemos información, y cada vez que la hemos requerido, hemos sido descalificados públicamente, incluso por el alcalde señor Ravinet.

Eso es lo de fondo. Lo que se quiere es instalar esta estación de transferencia, y que sea administrada por Santiago, porque no hay confianza en que las autoridades comunales de Quinta Normal puedan administrarla.

El proyecto fue calificado con “discusión inmediata”, porque el sistema de extracción de basura tiene que estar en funcionamiento a más tardar en los primeros meses del próximo año. Esta es la verdad. No hay un apuro respecto de los establecimientos educacionales; no hay apuro por regularizar esta situación de que los establecimientos educacionales sean de Quinta Normal, pero los fondos que se invierten ahí son de Santiago. Entonces hay un problema con la Contraloria. Esa no es la verdad. Se pretende engañar a las personas e, incluso, a este Parlamento. Y eso se lo representamos ayer a las autoridades del Ministerio del Interior cuando nos vinieron con esta información.

Si se quiere construir una estación de transferencia, dígase así para que la comunidad esté informada. Se habla de democracia y de participación, pero con la actitud del Gobierno, que se ha hecho cómplice de Emeres y del alcalde señor Ravinet, se está llegando a una situación propia del far west, en que hay un “reyezuelo” que entrega todas estas órdenes, maniquea todo el asunto de leyes y quiere que mañana legislemos sobre situaciones en que no se nos informa la verdad. Y es bueno que la gente de la comunidad de Yungay sepa lo que va a pasar ahí, porque desde esa perspectiva se va a poder legislar con seriedad.

Señor Presidente, por estos motivos y por los señalados por el Diputado informante, voy a votar en contra del proyecto de ley.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, en primer lugar quiero manifestar que respecto de la Municipalidad de Quinta Normal se han presentado dos proyectos. El primero tenía por finalidad superar el problema planteado por la comunidad del Inba que, por razones de tipo presupuestario, planteaba traspasar la administración del liceo a la comuna de Santiago. Sin embargo, fue retirado, presentándose este segundo que tiene por objeto variar los límites de la comuna, incorporando en el traspaso el área de la Estación Yungay con el tema planteado de una estación de transferencia.

Inicialmente se nos informó que la Municipalidad de Quinta Normal, habiendo sido consultada, manifestó que no estaba en condiciones de financiar los cuatro colegios existentes en esa jurisdicción y que, por otra parte, hoy recibía los beneficios tributarios, pero no ejercía sobre la zona un trabajo municipal.

No es culpa de la comuna que en el momento de definirse sus límites no se hayan transferido, como debió haber ocurrido oportunamente, el territorio, sus colegios y todos sus aportes.

Por otra parte se nos dijo que este territorio era cubierto por Santiago, solución que fue objetada por la Contraloría, que manifestó que ese municipio no podía seguir invirtiendo en la zona por cuanto territorialmente correspondía a otra municipalidad. Y también se nos señaló que Santiago como municipio con recursos estaba en condiciones de asumir en el sector.

Sin embargo, el tema de fondo va mucho más allá. Desde un primer momento planteé mi objeción, tanto al primer proyecto como al segundo, porque ningún municipio, por rico que sea, puede mejorar su situación en desmedro de otra comuna. No puede un municipio rico comenzar a adquirir, por la vía de modificaciones territoriales, patrimonios culturales o lugares que en definitiva puedan significar polos de desarrollo. En efecto, se trata de un sector que tiene hoy, y que va a tener a futuro, una muy alta plusvalía.

La definición de los límites de la ciudad de Santiago, que impiden su expansión acelerada, incide en que en todos aquellos sectores, y sobre todo en éste aledaño al Palacio La Moneda, que cuentan con urbanización completa (alcantarillado, agua potable, luz y equipamiento), necesariamente tendrán una mayor concentración de desarrollo urbano.

Por esa razón en todo el sector, inclusive con respaldo del Gobierno, existe todo un incentivo para realizar, primero, la remodelación urbana y, luego, la densificación.

Me alegro mucho de que el Concejo de Quinta Normal, en forma unánime, haya concurrido al Parlamento y nos hayan desmentido, primero, de su supuesta falta de interés por el sector y, segundo, nos hayan demostrado con diferentes proyectos, el interés de la comuna por conservar el sector como polo de desarrollo importante, que le permitirá a esta comuna -modesta, pero que cuenta con excelentes dirigentes- salir de la situación en que se encuentra.

Sin embargo aquí hay un antecedente adicional. Tanto el alcalde como los concejales nos dijeron ayer, respecto del tema de la basura y de la estación de transferencia, que si eventualmente esto debe desarrollarse en ambos proyectos en el sector, ellos están dispuestos a analizarlo, a asumir su administración, a responder ante la gente, a recibir sus beneficios y también a pagar sus costos. Aquí no hay, en consecuencia, por parte del municipio, una posición obcecada de manifestar que están en contra de la estación de transferencia de basura.

Hoy es muy fácil decir que no hay estaciones de transferencias; es muy fácil combatir Emeres, pero en el tema de la basura se debiera hacer mención al vertedero Cerros de Renca, cuyas autoridades, irresponsablemente, a sabiendas de que se cerraba el otro vertedero de la comuna de Santiago, no hicieron planes de cierre; no han asumido las responsabilidades que se le plantean por parte de Salud Pública 27 irregularidades graves; no han trabajado para buscar un nuevo lugar de depósito o eventualmente realizar las licitaciones que correspondan; no han ubicado terrenos ni han hecho estudios de impacto ambiental.

En consecuencia, en el tema de la basura, debemos entender que a lo largo de todas las ciudades del mundo, a veces estas centrales están en medio de la ciudad, pero la responsabilidad en el tema -debe ser asumida por el Intendente Regional, por las autoridades regionales, porque el problema les atañe a quienes viven en el norte, sur, centro, oriente o poniente de la Región Metropolitana, al igual como ocurre como en todas las ciudades del país.

Anunció, una vez más, mi voto en contra del proyecto, reiterando, en lo particular, que nadie tiene derecho, mediante una ley, de menoscabar los intereses territoriales, culturales y patrimoniales de una comuna.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, el proyecto ha generado pasiones e involucra una parte conceptual y otra práctica.

Conceptualmente, nadie puede discrepar de la idea de modificar los límites de una comuna: siempre debe estar abierta esa posibilidad para estudiar los criterios que fundamentan esas decisiones. En todo caso, me parece que el criterio fundamental debe ser el buen gobierno; es decir, una posibilidad de gobernar mejor una comuna; que haya más participación, más eficacia en los servicios, más integración de la comunidad. Siempre debemos estar abiertos a esta posibilidad y estudiar los argumentos y antecedentes para decidir en qué casos corresponde y en cuáles no.

El problema radica en que en este proyecto se nos propone modificar los límites de dos comunas con argumentos bastante complicados. Uno de ellos es que, como la comuna de origen no tiene recursos para administrar la educación, el territorio donde se encontraban los establecimientos educacionales se pase a otra comuna que sí tiene recursos.

El fundamento de la propuesta es bien discutible, porque la raíz del problema está en la forma de distribuir los recursos de los municipios, la cual, por ejemplo, permite que uno como el de Quinta Normal, que tiene 110 mil habitantes, cuente con un presupuesto cercano a los 3.000 millones, y otro, como el de Santiago, conel doble de habitantes tenga un presupuesto de 30.000 millones, es decir, diez veces mayor. Santiago es la comuna más rica de Chile y tiene un presupuesto muy alto.

Tal como se distribuyen las rentas municipales, la comuna donde opera el centro de actividades del país, capta un conjunto de ingresos que si fueran bien distribuidos deberían corresponder a otras regiones del país, porque ocurre el absurdo de que comunas como la de Chiloé, que produce pesca, tenga que traspasar gran parte de sus impuestos territoriales porque éstos deben pagarse en

Santiago y no en Quellón o en la comuna donde se extraen los recursos pesqueros.

A mi juicio, el argumento que fundamenta la idea de transferir una parte del territorio es conceptualmente inaceptable. En todo caso, habría que apuntar al fondo del problema para equilibrar en mejor forma los presupuestos entre comunas diferentes y de distintas realidades, mejorando los mecanismos de reasignación y distribución de recursos entre las distintas comunas, con el objeto de que sus ingresos sean más equilibrados.

Es posible que con el criterio de que una comuna más rica administrará mejor los servicios, Santiago podrá entregar mejores beneficios a los vecinos, porque sus servicios contarán con mayores recursos.

Además del argumento conceptual y de fondo, que es inaceptable, tenemos el argumento práctico. En este caso concreto, el Instituto Nacional Barros Arana requiere de recursos para seguir en funciones y la comuna de Quinta Normal carece de los fondos, que sí posee Santiago. No obstante, para el argumento práctico, de corto plazo, existen muchas soluciones y no sólo la de hacer crecer una comuna a costa de otra.

¿Qué otras posibilidades existen?

La Ley Orgánica de Municipalidades establece la posibilidad de que dos municipios puedan asociarse. Esta circunstancia podría darse, por ejemplo, en el caso de la administración de los colegios. Sólo se requiere el acuerdo de dos municipios para hacerse cargo de ella.

La otra alternativa es que, por ley, se otorgue la administración de los mencionados colegios a la comuna de Santiago.

Me parece muy difícil entender cómo se ha presentado este proyecto desde el punto de vista de su fundamento conceptual y de las posibilidades de soluciones prácticas.

Por eso, voy a votar en contra del proyecto y sería importante que el Gobierno encontrará una mejor solución para resolver el problema.

He dicho.

El señor LONGTON.-

Señor Presidente, seré breve ya que los argumentos que se han dado para votar en contra del proyecto son bastante claros.

De todas maneras quiero esbozar algunas reflexiones.

En primer lugar, ayer, en la Comisión de Gobierno Interior, tuvimos oportunidad de escuchar al alcalde y a los concejales de Quinta Normal, quienes fueron bastante claros al entregamos argumentos muy contundentes. Resulta extraño que la Subsecretaría de Desarrollo no los haya recibido.

En segundo lugar, de acuerdo con la presentación del mensaje del Presidente de la República, hay una circunstancia que me parece grave, porque en uno de sus acápites dice que la iniciativa propuesta se fundamenta en la conveniencia de integrar el mencionado sector a la administración de la Municipalidad de Santiago, en consideración a los fuertes vínculos de su comunidad con ésta y a la mejor y más adecuada atención de sus demandas.

Aquí hay una cuestión grave, porque se pone en duda la eficacia e idoneidad de las autoridades municipales para administrar sus comunas. Creo que sería bastante peligroso que el Ejecutivo empezara a cuestionarlas, porque podría suceder, si hay una comuna mal administrada o sus autoridades no manejan sus recursos en forma eficiente, que mediante una ley se le quitara la administración de los establecimientos educacionales, a fin de entregarla a una comuna vecina. Entonces, el caos y la perversidad en la administración regional llevarían francamente a un desastre.

Estos argumentos no pueden darse nunca más. Un proyecto como el que estamos tratando es altamente pernicioso para la autonomía municipal, para la oportunidad que los vecinos deben tener en cuanto a participar y a que sus decisiones y opiniones sean tomadas en consideración. No puede ser que la opinión del alcalde de Santiago prevalezca por sobre la de toda una comunidad, como Quinta Normal, sus alcaldes y concejales.

Este proyecto es francamente malo y el Ejecutivo nunca debió enviarlo. La prueba está en que ayer fue rechazado por 12 votos contra 0 y 1 abstención.

Por lo tanto, sobran las palabras y, obviamente nuestro voto será por la negativa.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, lamento el problema de tiempo que tenemos para referimos al tema y, por lo mismo, la posibilidad de informarnos sobre la situación y emitir una opinión plenamente fundada.

Creo que, en principio, no es conveniente modificar los límites de las comunas, más aún cuando hay evidencias históricas de la ligazón entre los territorios involucrados con la comuna de Quinta Normal. Los que, en nuestra niñez, tuvimos la oportunidad de ser llevados a la Quinta, sabemos que es así, sobre todo en los territorios circundantes. Por lo tanto, no hago cuestión respecto de ese punto.

Sí me preocupan -y voy a hacer la salvedad- los términos en que el colega señor Leay se refirió a la municipalidad y al alcalde de Santiago. Los rechazo absolutamente. Creo que ningún alcalde -que, por lo demás, ha sido electo en forma democrática- puede ser calificado de reyezuelo por nadie, y menos por quienes han sido partidarios de una dictadura durante 17 años, en que sí defendieron a otro tipo de reyezuelos. De modo que, si queremos hacer demagogia en este tipo de materias, seamos claros;

Aplausos.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

En segundo lugar, cuando en la Cámara discutamos el tema de la basura, será el momento de hacerlo en serio, porque nuestra primera obligación es cautelar el bien común y no el de los particulares. No concuerdo con aquellos que creen que el bien común es la simple suma de los bienes individuales.

En el problema de la basura está involucrado el tema del bien común, relativo a toda la Región Metropolitana y a todo el país. Hay actividades que a cada uno de nosotros no nos gustan; es legítimo que las comunidades discutan dónde se sitúan los vertederos o las plantas de transferencia; es explicable qué, a veces, no les guste el lugar en que se instala una casa de tratamiento de enfermos del sida, de enfermos mentales o cárceles, pero nuestra obligación no se reduce sólo a lo sectorial, sino al bien común.

El tema de la basura no tiene nada que ver con el que estamos discutiendo hoy, y ojalá que podamos tratarlo en serio, desde el punto de vista del bien común.

Aplausos en tribunas.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Hago presente a las personas que se encuentran en las tribunas que está absolutamente prohibido efectuar cualquier tipo de manifestación. Les ruego respetar esta norma. De lo contrario, nos veremos en la obligación de despejar las tribunas.

Puede continuar Su Señoría.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, en tercer lugar, me parece absolutamente legítimo que el concejo de la Municipalidad de Quita Normal y su comunidad quieran mantener un determinado territorio dentro de la misma, más aún con la explicación del Diputado informante, en relación con la importancia que tiene, tanto desde el punto de vista histórico como de los ingresos, el mejor funcionamiento de la municipalidad y la eventual calificación de ingresos futuros de la actividad y plusvalía que el sector puede tener.

Pero echo de menos, tanto en el informe como en la discusión, el tema relativo al Internado Nacional Barros Arana y al de las escuelas de discapacitados ubicadas en el sector, respecto del cual no podemos mostrar simplemente indolencia. Creo que la Corporación actuaría mal si se pronunciara sólo por rechazar una eventual fórmula de solución planteada sobre el tema, sin tomar en cuenta los efectos de las decisiones que adoptemos.

Me preocupa el asunto del Inba y la educación pública, pues me eduqué en un liceo fiscal y estimo que uno de los problemas que enfrenta el país consiste en que, mientras no haya una educación fiscal que recupere el nivel que tuvo algún día, no habrá democracia ni igualdad de oportunidades, en términos reales. Por lo tanto, el tema del Inba reviste importancia para mí, aunque no estudié en ese establecimiento, sino en otro.

En todo caso, es obligación de cada comuna hacerse cargo de los establecimientos educacionales ubicados en su territorio. Tengo la percepción de que, en el caso del Inba, como probablemente en el de tres o cuatro instituciones fiscales más, nos encontramos con un cuadro distinto en cuanto a su origen y problemática. No es un establecimiento educacional más, porque no es habitual que una comuna urbana requiera de un internado dentro de su territorio. Por lo tanto, éste tiene un sentido distinto, pues si se revisaran los antecedentes -no los conozco- para saber quiénes son sus educandos, probablemente los de la comuna de Quinta Normal o de las más aledañas son las menos y, de acuerdo con la tradición, debe haber muchos estudiantes de provincias y de otras comunas de Santiago.

Por lo tanto, es razonable que dicha comuna no tenga necesariamente que considerar dentro del plan educacional un internado, porque no dice relación con sus necesidades específicas, pero también debemos darnos cuenta de que un internado genera una situación económica no tan simple para llegar y decir que el 1° de enero esa comuna asumirá el problema y verá cómo lo hace, ya que después, en seis meses más, podemos estar llorando la decisión adoptada.

Entonces, no me gusta un proyecto de “discusión inmediata” respecto de un tema que obliga a pronunciarse en corto plazo ni tampoco un rechazo, a la rápida, sobre algo que afecta a una comunidad importante.

Me impresiona -lamentablemente, no está en conocimiento de todos los colegas- que el Consejo Regional Metropolitano, por la unanimidad de sus miembros, haya emitido una opinión respecto del Inba y del problema en debate. Recordemos que dicho Consejo fue electo por votación de los concejales de todas las comunas de Santiago; o sea, cuenta con representación política de la UDI, de Renovación Nacional, del PS, del PPD, de la DC, de todos.

Además, me llama la atención que, de acuerdo con el informe del Intendente de Santiago, también se den a conocer opiniones de las comunidades escolares involucradas.

Me formé la idea de que una buena solución al tema de la educación fiscal, en una perspectiva de futuro, parte por entender que las comunidades escolares tienen importancia básica. Entiendo que la educación descentralizada no es sólo un problema de los municipios: también tiene relevancia la opinión de los estudiantes, de los padres y apoderados, de los directivos y de los estamentos de profesores.

Debo decir con franqueza que no me gusta que la solución sea decir: sentimos mucho; no sabemos qué sucederá, no por buena o mala voluntad del alcalde, de los concejales o del Consejo Económico y Social de Quinta Normal; ni me agrada que lleguemos a una conclusión en virtud de la cual un establecimiento trascendente para la historia del país, con tradición, que nos debería importar a todos, ya que desde el punto de vista de la educación fiscal es señero, quede en una suerte de paréntesis.

Desconozco -por eso lamento que dispongamos de poco tiempo- el proyecto al cual se refirió el colega Elizalde, sobre un procedimiento distinto para resolver el asunto. Tampoco estoy al tanto de los procedimientos administrativos a los que el Diputado informante indicó que podría recurrirse para solucionar el problema de las comunidades educacionales.

Por lo tanto, me encuentro en una situación difícil. No obstante, como debo entregar una opinión, no estoy de acuerdo con cambiar los límites de la comuna de Quinta Normal, como tampoco con hacer un paréntesis respecto del Inba y de las escuelas de sordos o discapacitados y que sea lo que Dios quiera. No estoy ni con lo uno ni con lo otro.

En cuanto al tema de la basura, soy partidario de discutirlo en serio y sin demagogia aquí o en cualquier lugar.

Desde mi perspectiva, si fuera posible, devolvería el proyecto a la Comisión. En todo caso, señor Presidente, por su intermedio le pido al Diputado informante que enriquezca nuestra discusión ilustrándonos sobre los siguientes elementos:

En primer lugar, cuáles son los procedimientos administrativos alternativos considerados en la Comisión respecto del Inba y de las escuelas de sordos y discapacitados.

En segundo lugar, qué costo significan para la Municipalidad de Santiago dichos establecimientos y. cuáles son las posibilidades de absorberlo por el municipio de Quinta Normal.

En tercer lugar, cómo evaluó la Comisión las opiniones del Consejo Regional y de las comunidades escolares involucradas.

En todo caso, lo ideal sería presentar un proyecto distinto y que éste volviera a la Comisión para que surja una solución.

He dicho.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, como Diputado de la Concertación normalmente apoyo los proyectos que envía el Ejecutivo a esta Corporación.

Sin embargo, gracias a las explicaciones dadas por el Diputado señor Guido Girardi representante de la comuna correspondiente a su distritoy por nuestra colega integrante de la Comisión de Educación, señorita María Antonieta Saa, me he formado una opinión fundada respecto de la materia, toda vez que también asistí a la audiencia pública de la Comisión, a la cual concurrieron el alcalde, concejales y representantes de la comuna de Quinta Normal.

Quiero expresar mi preocupación frente a las inquietudes planteadas en los últimos días por ex alumnos del Inba. Por lo tanto, mi intervención es para defender el derecho de ese Instituto a seguir siendo financiado; pero entiendo que no es posible pretender una solución de vialidad presupuestaria para un Instituto que no es patrimonio ni acervo cultural sólo de la comuna de Quinta Normal -ni siquiera de la de Santiago- sino de todo el país.

La gran mayoría de los estudiantes que pasaron por sus aulas -no tuve la suerte de hacerlo- son de regiones. Este problema es de orden nacional. Por eso el Ejecutivo, antes de enviar este proyecto, debió haberlo consultado al menos con los parlamentarios.

A mi juicio, es necesario que el Ejecutivo plantee con suma urgencia una solución respecto del financiamiento del Inba y sobre el traslado administrativo de otras comunidades escolares de la comuna de Quinta Normal.

No se justifica cambiar los límites de una comuna, creándole un desmedro de tipo cultural y económico para justificar el financiamiento o desfinanciamiento de determinados institutos o colegios. Particularmente, el tema del Inba es de orden nacional, y para su solución se requiere que el Ejecutivo envíe un proyecto de ley tendiente a modificar la distribución del Fondo Común Municipal e incrementar los recursos en la comuna de Quinta Normal, a fin de que ese establecimiento pueda financiarse y la comuna mantenga sus actuales límites comunales.

Recogiendo el argumento del Diputado señor Gutenberg Martínez, concuerdo en que el tema de la basura tampoco es una justificación. Si se transfiere basura a la comuna de Quinta Normal o a sus territorios, debería convenirse colegiarse entre la Municipalidad de Santiago y los representantes de dicha comuna. Tengo entendido que este tema no ha sido consultado ni debatido con ellos.

En defensa de los intereses del Inba, haremos las respectivas observaciones al Ejecutivo para que, por la vía legal o administrativa, resuelva el problema de financiamiento. Además, solicitaremos que mantenga los límites actuales de la comuna de Quinta Normal.

Por eso, en mi nombre y en el de los Diputados del distrito, señor Guido Girardi y señorita María Antonieta Saa, rechazaré el proyecto del Ejecutivo.

He dicho.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, no estamos analizando un proyecto simple. A veces los señores Diputados y demás autoridades se entusiasman al plantear ciertos derechos y reivindicaciones, tratando de potenciar sus respectivas instituciones, y olvidan que la gente resulta afectada por decisiones públicas.

Este proyecto -ha despertado pasiones como alguien recordaba- y sobre él se ha hecho una serie de argumentaciones que se cruzan en diferentes ámbitos.

Me sumo a lo planteado por el Diputado señor Gutenberg Martínez sobre la conveniencia de que este proyecto vuelva a la Comisión para que, a través de las indicaciones correspondientes, pueda perfeccionarse, ya que contiene una serie de aspectos negativos. En esa forma, en definitiva, podremos cumplir con nuestro deber de hacer respetar los derechos y el bienestar de la gente, porque las leyes son ordenaciones racionales de la voluntad dirigidas al bien común.

Hay dos órdenes de materias que se han tratado aquí y que tienen que ver con este proyecto.

El primero dice relación con el tema de la basura. Efectivamente, se avecina un problema serio y grave. Emeres, cuya conducción errática hemos criticado Diputados de todas las bancadas, ha dado con la insólita solución de instalar -como llama eufemísticamente- tres plazas o tres unidades de transferencia de basura hablando en buen chileno, tres basurales, en pleno centro poblado de nuestra capital: en las estaciones San Eugenio, Yungay -las dos pertenecen a mi distrito- y Quilicura.

Este tema hay que abordarlo, es inútil evitarlo y sobre él seguiremos hablando. El problema de la instalación del basurero en San Eugenio y en la estación Yungay, no tiene nada que ver con que este territorio siga perteneciendo a Quinta Normal o quede radicado en la comuna de Santiago. Emeres está formada por los alcaldes de todas las municipalidades de Santiago. Por lo tanto, la planta de transferencia de basura se instalará allí, sea cual sea la ubicación de esta franja Yungay, o el destino que queramos darle. En consecuencia, el problema no está en que esta franja pase de Quinta Normal a Santiago, sino en la conducta y en el manejo que Emeres está realizando y que necesitamos fiscalizar.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo del Orden del Día.

Su Señoría puede terminar su discurso.

El señor CARDEMIL.-

Gracias, señor Presidente.

No se ha consultado para nada a las seis mil personas que viven en la franja Yungay; tampoco se han analizado los problemas de la comunidad organizada que vive en ella. Los Diputados de la zona hemos conocido los planteamientos formulados por los centros de padres y apoderados, directores de colegios, autoridades de salud, etcétera, quienes están muy preocupados por el destino de esa planta.

Hace algunos años, el Subsecretario de Desarrollo Regional tomó la decisión de ubicar a este territorio en la comuna de Quinta Normal. Esto ocurrió durante un gobierno en el cual yo era Subsecretario. A mi juicio, fue mal tomada lo digo con entera franqueza; no por mala voluntad, sino porque los planificadores actúan sobre estadísticas, tiran líneas sobre planos urbanos y se olvidan que en esas áreas vive gente, a quienes lo único que les preocupa es que la institucionalidad sirva mejor sus intereses, que la municipalidad les ayude a solucionar sus problemas. Posteriormente, cuando esa norma tuvo que hacerse efectiva, nos encontramos con esta situación que hoy lamentamos.

Aquí han habido opiniones de los alcaldes, de las intendencias, de los ministerios, pero la gente que se verá afectada por nuestras decisiones, y a la cual debemos atender, no se ha expresado orgánicamente.

Entiendo que esta iniciativa tiene una serie de reparos y las objeciones que se le han hecho; pero en esta materia estoy de acuerdo con el Diputado señor Martínez cuando dice que no es llegar y decidir. Al rechazar este proyecto sin más ni más, porque contiene errores, es probable que dejemos una enorme cantidad de problemas sin resolver, incluso agudizados. Entonces, dictar leyes no es un juego de suma cero. No podemos adoptar decisiones en que no gane nadie. Debemos atender los problemas de la comunidad.

Mi proposición, reforzada con la comunicación de la Presidencia de la República, llegada a la Mesa de esta Cámara, con la cual retira la urgencia del proyecto es que esta iniciativa vuelva a Comisiones y allí se estudie, se analice, se abran las instancias de consulta con la comunidad y se decida qué es mejor para todos los involucrados en el problema.

Señor Presidente, antes de terminar, debo manifestar que me han pedido interrupciones los Diputados señores Leay y Elizalde, las cuales concedo con mucho gusto.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la distribución de cargos que se crean en las plantas de personal del sector salud por la ley N° 19.308.

Diputados informantes de las Comisiones de Salud y de Hacienda son los señores Tohá y José García, respectivamente.

Antecedentes:

Mensaje de S.E. el Presidente de la República, boletín N° 1447-11, Sesión 20a; en 23 de noviembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.

Informes de las Comisiones de salud y Hacienda, Sesión 24a en 13 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N°s. 13 y 14.

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, la Comisión de Salud me ha encomendado informar el proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica la distribución de cargos que se crearon en virtud de la ley N° 19.308, que modificó la planta del personal del sector salud.

Su idea matriz es corregir algunos errores en las normas sobre plantas del sector, aprobadas en la citada ley, cuyo objeto fue incorporar a algunos funcionarios que tenían la condición de contratados, a las plantas respectivas, cumplidos los requisitos pertinentes, fundamentalmente el de antigüedad.

Cabe hacer presente que, según lo señalado a esta Comisión por el jefe del Departamento de Desarrollo de Recursos Humanos, el principal aspecto que motiva las modificaciones propuestas se basa en la necesidad de adecuar la creación de los cargos establecidos en la ley N° 19.308, excesivamente rígida e imposible de corregir administrativamente, a la realidad de cada servicio, indicándose como ejemplo a algunos de ellos, donde los funcionarios a contrata exceden los cargos por crear, y otros donde, a la inversa, los nuevos cargos sobrepasan a los funcionarios contratados en actual ejercicio.

En el estudio de la iniciativa, la Comisión recibió el aporte del Ministerio de Salud, a través del funcionario mencionado, a la vez que recogió la opinión de los trabajadores de la salud, quienes, por intermedio de su presidente nacional, señor Humberto Cabrera, expresaron su acuerdo con la iniciativa.

En primer lugar, su artículo 1°, específicamente, crea y detalla la distribución de 4.250 cargos en los diversos niveles de la planta, a saber, profesionales, técnicos, administrativos y auxiliares del Ministerio de Salud y organismos dependientes, como los servicios de salud, el Fondo Nacional de Salud, el Instituto de Salud Pública de Chile y la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud.

Como técnica legislativa, se ha adoptado la de sustituir el cuadro completo de distribución de los 4.250 cargos en el artículo Io de la ley N° 19.308 por el que se indica en el proyecto.

En segundo término, en atención al tiempo transcurrido desde la publicación de dicha ley, se propone ampliar a diez meses el plazo de seis -que vence el próximo 26 de diciembre- que se otorga al Presidente de la República para suprimir los cargos que no puedan proveerse por no estar en funciones, a la fecha de su creación, el personal a contrata que debía ocuparlos y crear igual número de ellos en las plantas señaladas en el artículo 1°, los que serán provistos según las normas generales, y suprimidos de pleno derecho en caso de continuar vacantes. Esta norma tiene por objeto permitir que exista el tiempo suficiente para materializar dichos traspasos, a través de los decretos necesarios.

Hago presente a la Sala que el proyecto en discusión ha sido calificado de “suma” y que tanto en su discusión general como en la particular, obtuvo la unanimidad de nuestra Comisión, en los términos propuestos por el Ejecutivo.

Cabe señalar también que, según el parecer de la Comisión, la letra b) del artículo único del proyecto no tiene carácter de orgánico constitucional, puesto que éste, al referirse al inciso cuarto del artículo 2° de la ley N° 19.308, no queda comprendido entre los preceptos a que el Tribunal Constitucional confirió dicha calidad en su oportunidad, que son los incisos primero y segundo del citado artículo 2°.

Además, ella indicó a la Sala que la totalidad del artículo único propuesto también debió ser conocido por la Comisión de Hacienda.

Como se puede apreciar, se trata de un proyecto bastante simple en su forma, pero representa una corrección importante para permitir la plena aplicación de la ley N° 19.308.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de hacienda paso a informar el proyecto que modifica la distribución de cargos que se crean en las plantas de personal del sector salud por la ley N° 19.308.

La iniciativa, como ya se ha dicho, tiene por objeto subsanar errores en el cuadro de distribución de los 4.250 cargos creados por la ley mencionada y pretende normalizar las plantas de personal del sector salud, como también ampliar el plazo para que el Presidente de la República ejerza la facultad señalada en el artículo 2° de dicho cuerpo legal relativa a la supresión y creación de cargos mediante la dictación de los decretos correspondientes.

El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuestos plantea que la iniciativa tiene por finalidad cambiar la calidad jurídica de los funcionarios a contrata de mayor antigüedad del sector salud que se incorporarán en los cargos titulares que se crean en las plantas y que, en consecuencia, sólo conlleva una redistribución interna de los recursos asignados, sin que exista un mayor gasto fiscal.

En razón de estas consideraciones, la comisión de Hacienda recomienda, por la unanimidad de sus integrantes, aprobar el proyecto.

Es todo cuanto tengo que informar.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, nuestra bancada votará favorablemente el proyecto reseñado tanto por el Diputado informante de la Comisión de Salud como por el de la de Hacienda.

Procederá de esta manera, porque la iniciativa sólo tiene por objeto corregir algunos errores generados en la elaboración del cuadro de distribución de los 4.250 cargos creados por la ley N° 19.308, para incorporar a igual número de funcionarios a contrata de mayor antigüedad en los organismos que allí se indican. Además, porque el proyecto no varía -como se ha sostenido- el número de funcionarios que pasan de su condición de contratados a la de la planta, ya que se mantiene el número de 4.250, y porque la ley no ha sido aplicada y debe surtir efecto por el bien de los funcionarios favorecidos. Asimismo, porque la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud está en absoluto acuerdo con el proyecto.

Respecto del plazo, es lógico que se amplíe para que el Presidente de la República pueda ejercer la facultad que le concede en la misma ley, para normalizar y materializar el traspaso de los funcionarios contratados a las plantas correspondientes.

Es decir, el proyecto debe ser aprobado por la finalidad que tiene para aquellos funcionarios con una antigüedad superior a cinco años en el servicio mencionado.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente, también votaré favorablemente el proyecto, por cuanto representa una medida de justicia plena hacia aquellos trabajadores a contrata que durante muchos años han esperado gozar de los beneficios de la titularidad en las plantas de los servicios de salud.

Desgraciadamente, por las razones explicadas, esto se ha demorado demasiado, y el Ejecutivo, al calificarlo de “suma” urgencia, le da un manejo adecuado a fin de que las esperanzas de estos funcionarios se materialicen en un plazo razonable a partir de este momento.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

En consecuencia, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley, calificado de “simple” urgencia, que establece beneficios tributarios para los fines que señala, y modifica la ley N° 18.899.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Andrés Palma.

Antecedentes:

Mensaje de S.E. el Presidente de la República, boletín N° 1361-05, Sesión 40a, en 13 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.

Informe de la Comisión de Hacienda, Sesión 24a, en 13 de diciembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 12.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, el proyecto contiene dos ideas muy sencillas que pueden ser tratadas rápidamente.

El artículo 1° autoriza a los contribuyentes a rebajar como gasto las sumas de dinero donadas a la Fundación Alberto Hurtado, de reciente creación, hasta por una cantidad máxima de 800 millones de pesos. En la práctica, significa que al rebajarlas como gastos, disminuyen las utilidades y, por lo tanto, el Impuesto a la Renta que deben pagar las empresas. El esfuerzo fiscal por este concepto, considerando el conjunto de los tributos, es algo superior al 15 por ciento de esos 800 millones. Si fuera el 25 por ciento, estaríamos hablando de un esfuerzo fiscal del orden de los 200 millones de pesos, y el resto serían aportes de empresas a la Fundación Alberto Hurtado.

Como esto constituye una exención tributaria al incorporarlo como gasto, se requiere de una ley, razón por la que el ejecutivo ha enviado este proyecto.

Su artículo 2° amplía el plazo hasta el 31 de diciembre de 1998, para que las donaciones en favor de la Fundación Teresa de Los Andes puedan gozar de los beneficios establecidos en la ley N° 18.899, que son idénticos a los propuestos para la Fundación Alberto Hurtado, ya que hasta la fecha la Fundación Teresa ha recaudado una suma bastante lejana a los 800 millones, pues sólo alcanzan a 240 millones de pesos, razón por la cual el Ejecutivo ha decidido prorrogar ese plazo hasta 1998, es decir, por otros cuatro años.

El total del beneficio tributario en conjunto no podrá exceder en ambos casos los 400 millones de pesos, y el total de donaciones que podría realizarse por las disposiciones de la ley a ambas instituciones, no podrá exceder los 1.500 millones de pesos.

La Comisión de Hacienda aprobó por unanimidad el proyecto.

Es todo cuanto puedo informar.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, quiero manifestar dos dudas sobre el proyecto.

La primera se refiere a si, vista la separación Iglesia-Estado, podemos dictar leyes que tiendan a favorecer determinadas confesiones religiosa.

Tengo una duda constitucional, más allá de que como particular, estaría dispuesto a efectuar erogaciones a estas instituciones, dada mi situación religiosa.

Pero aquí en la Cámara se han adoptado otras leyes anteriores donde no se ha resguardado el principio de la separación Iglesia-Estado ya que este último debe tener una cierta distancia o neutralidad ante las distintas confesiones religiosas.

Quiero señalar claramente que esta ley avanza en un tópico distinto del implementado en Chile en 1925.

Mi segunda duda es si estos beneficios tributarios que se dan a dos personas jurídicas, deben o no ser aprobados por quorum calificado. Considero que si es un beneficio tributario que discrimina entre las personas, la norma debería ser subsumida a lo establecido en el artículo 19, N° 22, de la Constitución.

Reitero, que tengo dudas primero, en cuanto al procedimiento, y, segundo, sobre si esta norma debe ser de quorum calificado, ya que hay cierta discriminación, que puede ser arbitraria.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en relación con la primera consulta, tanto la Fundación Alberto Hurtado como la Fundación Teresa de Los Andes son personas jurídicas de derecho privado, con personalidad jurídica otorgada por sendos decretos del Ministerio de Justicia. Por lo tanto, no son instituciones religiosas, sino fundaciones civiles inspiradas en un motivo religioso.

En relación con el segundo punto planteado por el Diputado señor Ribera, ya existe el precedente de que el beneficio tributario en favor de la fundación Teresa de Los Andes fue aprobado por la Cámara de Diputados y por el Senado con quorum simple, además, iniciativas similares que otorgan beneficios tributarios que podrían catalogarse de carácter particular y no general, han sido despachadas mediante quorum de ley simple.

Por lo tanto, estimo que ése es el criterio que ha prevalecido en la Comisión de Hacienda, aunque el tema no fue debatido en ella por el precedente de la Fundación Santa Teresa de los Andes.

He dicho.

Tiene la palabra el Diputado señor Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, posiblemente sea más cómodo abstenerse de opinar sobre los temas de fondo presentes; pero en ese contexto, quiero sumarme a la reflexión que nos propone el colega Teodoro Ribera.

No es una discusión menor. No es sólo el tema de la separación del Estado de la Iglesia, puesto en discusión implícitamente en los últimos años, por acciones que hemos impulsado o en las cuales hemos participado.

Personalmente, tengo una formación católica; me considero cristiano, aunque no practicante. Sin perjuicio de ello, siento que hemos ido perdiendo la tolerancia y el respeto hacia quienes piensan en forma distinta, sean de los cultos evangélicos, laicos, masones, judíos o de otras confesiones.

Digo que implícitamente hemos ido permitiendo que se tomen estas decisiones, por cuanto, tal como informa el Diputado señor Andrés Palma, estas son dos fundaciones privadas. Entonces, cabe preguntarse si no es mejor dictar una legislación común para que este derecho lo tenga cualquier fundación inspirada en un motivo religioso, en lugar de legislar para dos caso particulares, sobre instituciones a las cuales respeto profundamente. Incluso me siento un tanto inhabilitado, por cuanto estoy emparentado con sor Teresa de Los Andes por el apellido Solar, por el lado paterno.

Pero más allá de esa consideración, tengo serias dudas de si es correcto dar ventaja tributaria a dos fundaciones con las características de éstas. Tal vez sea más cómodo no opinar -como dije- y agachar la cabeza, pues uno puede ser mal interpretado, como si tuviera una actitud contraria hacia el Padre Hurtado, una personalidad a la cual todos los chilenos respetamos, en particular quienes hemos acompañado a la clase trabajadora y al movimiento popular en la lucha por sus reivindicaciones.

No quiero cuestionar el proyecto, pero vamos a legislar con gran ligereza un tema que requiere una segunda discusión.

No soy Comité, pero solicito segunda discusión sobre la materia, respecto de cuya inconstitucionalidad, incluso, se podría argumentar, pues otorga beneficios sólo a algunas organizaciones. ¿Qué ocurriría si mañana una fundación con nombre de otro religioso católico, musulmán o judío, pide este derecho? ¿Se lo otorgaríamos?

Entonces, antes de aprobar este texto, deberíamos debatir lo otro.

Personalmente, creo que debe beneficiarse a las fundaciones que prestan un servicio público evidente, como podría hacerlo mañana -espero que así ocurra-la Fundación Laurita. Vicuña u otras instituciones que tengan estos criterios comunes.

En ese contexto, propongo un segundo debate sobre el tema, en vez de aprobarlo en forma ligera.

Antes de terminar, señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Ribera.

El señor LETELIER.-

Señor Presidente, antes de conceder una interrupción al Diputado señor Ribera, no puedo sino decir que Su Señoría planteó una petición bastante inusitada para mí, cual es esta decisión unánime. Entendí que era para discutirlo y no que el objeto era despacharlo de inmediato. Porque, en ese caso, por no tener el texto del proyecto y no haberlo leído con detención, no había dado la unanimidad.

En todo caso, respecto de este proyecto, no quiero recurrir a mecanismos de Secretaría. Quizás el Diputado señor Walker tampoco lo está proponiendo. El problema no es llevar esto al Tribunal Constitucional.

Sería más cómodo para muchos no discutir este tema para que no se malinterprete. Lo que estamos pidiendo es una discusión más a fondo sobre una materia muy importante.

En el Congreso estamos discutiendo un proyecto, muy relevante, sobre igualdad de cultos. No quiero que, como Congreso Nacional, estemos dando señales equívocas sobre normas o inquietudes generales, como lo planteaba el Diputado señor Gutenberg Martínez sobre un tema de otra índole. Son temas nacionales sobre los cuales debemos reflexionar con más detención.

Señor Presidente, con su venia le concedo una interrupción al Diputado señor Ribera.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, hemos llegado al tema de fondo: si vamos a legislar casuísticamente para favorecer a unos y posiblemente, luego, a otros, o si efectivamente contaremos con una legislación, como existe en otros países, como en Alemania, en donde existen beneficios tributarios para quienes hacen donaciones a las iglesias y centros filosóficos, lo que, a la larga, significa una fuente importante de financiamiento para dichas instituciones, parte del cual nos llega a Chile a través de Advenia, Cáritas y otros.

Planteo el tema, porque ya en una oportunidad se solicitó a esta Honorable Corporación otorgar nacionalidad por gracia a algunas personas que, según se invocaba, habían prestado servicios religiosos. Siendo cristiano, y confesando que cada vez más beato, cuestioné en ese momento dicha circunstancia, porque creí que los motivos aducidos no podían ser cuantificados por parte de la Cámara, la cual no debe tomar en consideración esos elementos en especial por la separación Iglesia-Estado.

Estoy dispuesto a votar lo otro; pero es importante que la Cámara reflexione sobre si vamos a tener una iglesia general que respete todas las confesiones o tendremos una visión distinta. Los tiempos nos indican que debemos dictar una legislación general, porque ésa es la tendencia, que no sólo se impone en Chile, sino en el mundo.

He dicho.