Labor Parlamentaria

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde votar, sin discusión, el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a los Ministerios de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado.

Antecedentes:

Proyecto del Senado, boletín 1097-09 (S), sesión 18a, en 7 de julio de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.

Informes de las Comisiones de Obras Públicas; de Vivienda y Urbanismo, y de Hacienda, sesión 41a, en 15 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N°s 5, 4 y 3, respectivamente.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal en materia de excarcelación.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Aníbal Pérez.

Antecedentes:

Moción, boletín N° 1321-07, sesión 30a en 16 de agosto de 1994. Documentos de la Cuenta N° 12.

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Documentos de la Cuenta N° 3, de esta sesión.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto que modifica el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, en materia de excarcelación.

El proyecto se inició en una moción de los Diputados señores Rubén Gajardo, Sergio Elgueta, Sergio Ojeda y de quien les habla.

Mediante esta moción parlamentaria, los Diputados, en su calidad de legisladores, pretenden dar el alcance que corresponde a la prisión preventiva, en cuanto a su contenido y finalidad. Este mecanismo procesal, conocido como prisión preventiva, está concebido dentro de nuestro ordenamiento jurídico como una medida excepcional, por cuanto ella coarta un derecho fundamental de toda persona: su libertad individual. Por ello, sólo debe recurrirse a la prisión preventiva en situaciones estrictamente necesarias y por el menor tiempo posible.

Tal situación, descrita de esta manera en teoría, en la práctica diaria de los tribunales de justicia no ocurre así, puesto que, a pesar de que se han dictado leyes para reducir el ámbito de su aplicación, ellas no han surtido los efectos esperados. Al respecto, vale la pena comentar que del total de reclusos, hombres y mujeres, que hoy se encuentran en las cárceles del país, un 80 por ciento corresponde a personas que están siendo procesadas, es decir, sometidas a prisión preventiva, y sólo un 20 por ciento corresponde a reos condenados o rematados.

Ahora bien, una de las prácticas que más prolonga la prisión preventiva es la exigencia que se autoimponen los jueces de contar previamente, antes de proveer un escrito de libertad provisional, con el prontuario penal del procesado para conocer sus antecedentes delictuales, como un dato o requisito condicionante.

Es bueno que el magistrado, antes de proveer una petición de libertad provisional, conozca los antecedentes penales de la persona que lo está solicitando. Pero no es justo que, mediante este mecanismo, quienes delinquen por primera vez estén detenidos treinta o cuarenta días, o a veces más, por la falta del documento que se conoce como extracto de filiación. Su obtención, a través del Gabinete Central de Identificación, demora como dije alrededor de treinta días y en algunos juzgados de provincia hasta más de cincuenta o sesenta días. Como abogado, he tramitado en muchos juzgados de provincia, básicamente de la Sexta Región, y puedo afirmar que dicho documento, efectivamente, demora a veces cuarenta o más días, y ello debido a la forma como se elabora en la actualidad. Es un oficio que redacta el actuario de la causa, lleva las firmas del juez y del secretario, y se envía por correspondencia al gabinete.

La información que hoy se consigna en el prontuario está disponible de inmediato en todos los gabinetes regionales del servicio, incluso en algunos provinciales que funcionan a través de una red computacional en línea con la casa central o matriz. Por lo tanto, si el juez pide la información a la oficina local, estaría en condiciones de resolver la excarcelación con mayor prontitud y sin demora injustificada y de origen burocrático.

De acuerdo con lo expuesto, la idea matriz o fundamental del proyecto es agilizar el procedimiento para la obtención de los antecedentes y extracto de filiación de los procesados, con el fin de no dilatar el pronunciamiento del tribunal sobre el otorgamiento del beneficio de la libertad provisional.

Para cumplir ese objetivo, se propone agregar un inciso al artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, que obliga al juez a requerir a la oficina territorial que corresponda del Servicio del Registro Civil e Identificación el envío de la información que tenga sobre el extracto de filiación y antecedentes del procesado, cuando precisare de ellos para resolver sobre la libertad provisional de los reos. Lo anterior, obviamente, sin perjuicio de las actuaciones que se deben efectuar para prontuariar al procesado, las que no se ven afectadas por el proyecto.

La Comisión, por unanimidad, aprobó en general esta iniciativa.

Se presentaron varias indicaciones destinadas a perfeccionarla. Una de ellas obliga al juez a resolver sobre la libertad provisional con el mérito del antecedente recibido; otra especifica que el hecho de solicitar los antecedentes en la forma indicada es sin perjuicio de las actuaciones que se deben efectuar para prontuariar al procesado, y la tercera detalla la forma en que se pedirá la información, a través de un procedimiento rápido y expedito, sea a requerimiento verbal o escrito, o por medios computacionales o de transmisión de datos. De aprobarse la iniciativa, un magistrado puede pedir, vía telefónica, la información obviamente, cuando la ocasión así lo amerite, con lo cual se agiliza el procedimiento penal en el caso de los detenidos o de los sometidos a prisión preventiva.

Para los efectos de lo previsto en el artículo 287 del Reglamento de la Cámara, se deja constancia de que no hay artículos que deban ser calificados como normas orgánicas constitucionales o de quorum calificado.

Tampoco hay disposiciones que deban ser conocidas por la Comisión de Hacienda, por cuanto el proyecto no irroga mayores gastos al erario.

No hay artículos ni indicaciones rechazadas.

El proyecto, como he señalado, fue aprobado en general, por unanimidad.

En mérito de las consideraciones expuestas, solicito, como Diputado informante y miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, la aprobación de esta interesante iniciativa.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, el proyecto, originado en moción de varios señores Diputados, tiende a solucionar un problema que afecta a las personas que están siendo procesadas. Quienes hemos ejercido la profesión nos hemos podido percatar de la necesidad imperiosa de esta normativa.

En efecto, la letra e) del N° T del artículo 19 de la Constitución Política establece, como garantía constitucional, la libertad provisional de aquellas personas que están siendo sometidas a proceso, la que muchas veces resulta imposible otorgar, precisamente por el trámite del extracto de filiación, porque para conceder el beneficio los magistrados del crimen necesitan saber si el procesado tiene antecedentes prontuariales, si ha cometido delitos o si es reincidente.

Como muy bien lo señaló el Diputado informante, normalmente dicho trámite demora 30 o más días. Con el sistema computacional que se ha implementado que implica rapidez en la entrega de documentación, resulta difícil creer que se puedan producir demoras tan exageradas. Por eso es conveniente el inciso que se ha agregado, en el sentido de que el juez pueda requerir la información directamente a la oficina territorial que corresponda del Servicio de Registro Civil e Identificación, la que, además, puede llegar a través de fax o de cualquiera otra vía, a manos del magistrado para que resuelva la petición formulada en virtud de la garantía constitucional establecida en la letra e) del N° T del artículo 19 de la Carta Fundamental.

He presentado una indicación, sobre la cual he conversado previamente con el Diputado informante y autor de la moción, el honorable colega don Aníbal Pérez, con el objeto de sustituir, en el inciso primero del artículo único, la expresión “Cuando” por “Si”, ya que gramaticalmente es más correcta. Quedaría: “Si para resolver el juez precisare del extracto de filiación y antecedentes del procesado, requerirá en el acto a la oficina territorial...”.

Los Diputados de Renovación Nacional votaremos favorablemente el proyecto de ley, y solicitamos que la indicación presentada se tramite de inmediato, con el fin de despachar la iniciativa para que pase a su segundo trámite constitucional y poder contar con un texto que es de urgencia para solucionar, incluso, problemas en los diferentes recintos carcelarios del país, pues muchas veces se encuentran atochados con personas que, a pesar de estar sometidas a proceso, no pueden lograr el beneficio de la libertad provisional, debido al extracto de filiación, aun cuando el delito amerita que puede otorgarse.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el proyecto se fundamenta, entre otras motivaciones, en el hecho de que la situación carcelaria demuestra que existen más detenidos y procesados que condenados. Por ejemplo, en 1991, más de la mitad de los recluidos, el 53 por ciento, no se encontraban condenados; en 1993, tampoco lo estaba el 59,1 por ciento. En consecuencia, corresponde atenuar esta situación mediante la aceleración de los procedimientos penales, con el objeto de que las cárceles chilenas se desocupen de aquellas personas que solamente están detenidas o procesadas, pero no condenadas.

En el informe de la Comisión se incluyen datos proporcionados por el Instituto Libertad y Desarrollo, los cuales señalan que el otorgamiento del extracto de filiación demora como promedio 45 días, de acuerdo con antecedentes extraídos al azar en 377 causas criminales por hurto y robo en los 38 juzgados del crimen dependientes de las cortes de apelaciones de Santiago y San Miguel.

Una de las causas de que las cárceles estén abarrotadas de personas que no han sido condenadas se debe precisamente a la demora en la obtención de este documento, que los jueces precisan para determinar si otorgan o no la libertad provisional que, como aquí se ha dicho, constituye una garantía constitucional.

Se cita también en el informe lo manifestado por el profesor Paillás, quien se pone en el caso de que sea necesario averiguar si el procesado tiene otros procesos pendientes o si existe orden de detención o prisión en su contra. Y se pregunta: “...en este siglo de la técnica, ¿no es posible requerir estos datos por teléfono u otra vía rápida, sin perjuicio de que más adelante se agreguen por escrito? ¿Hay que esperar quince días hasta que llegue el extracto del prontuario?”.

Por lo anterior, en la discusión del proyecto se agregó una indicación del Diputado que habla, para incorporar un precepto similar al que ya aprobó la Cámara en relación con los juzgados de policía local cuando requieren el domicilio del infractor. Si se aprobara el proyecto, como esperamos, la información podrá ser solicitada por el tribunal, verbalmente o por escrito, o por medios computacionales o de transmisión de datos, debiendo ser proporcionada por el organismo que tenga a su cargo el respectivo registro, de manera rápida y expedita, en la misma forma o por los mismos medios. Si se proporcionara información general sobre estos registros mediante un medio magnético, ésta quedará bajo la custodia del secretario del tribunal.

Represento un distrito muy lejano de Santiago, y he vivido la experiencia de que en Puerto Montt, Calbuco o Maullín la libertad provisional se retrasa debido a que el documento que solicita el juez demora alrededor de treinta días en agregarse al proceso.

Por ello, solicito que la Sala apruebe el proyecto tal como lo hizo la Comisión.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, la bancada de la UDI votará favorablemente, al igual que en la Comisión, pues considera que apunta a uno de los temas esenciales de la administración de justicia, en particular al procedimiento penal.

Lo engorroso, la falta de diligencia, la lentitud en cada una de las etapas del procedimiento penal hacen que en Chile exista una serie de falencias que es necesario corregir. Creo que el país va por buen camino, con la iniciativa del Ministerio de Justicia en conjunto con el Centro de Promoción Universitaria y la Fundación Paz Ciudadana, en la modificación del procedimiento penal.

El proyecto apunta a una cuestión puntual pero no menos importante, que supera en forma pertinente y eficaz que refleja una serie de otras situaciones en que la lentitud y los trámites engorrosos dificultan el accionar de la justicia.

La actual demora de los jueces para obtener de los diversos servicios antecedentes e información oportuna y adecuada demuestra la falta de capacidad de investigación de la justicia chilena en las diversas etapas del procedimiento penal.

Por lo tanto, en la creencia de que la iniciativa intenta solucionar un problema para lograr la libertad provisional y de que las indicaciones presentadas son pertinentes, las votaremos favorablemente e instamos al Ministerio de Justicia a acelerar los estudios y proyectos necesarios para modernizar el procedimiento penal chileno.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, uno de los mayores problemas que enfrentan los abogados en el procedimiento o defensa en materia criminal, y también una de las injusticias que hay respecto de quienes son enjuiciados, es el de la libertad provisional, porque los jueces, con razón o sin ella, para concederla bajo fianza deciden que es necesario acompañar antecedentes, para lo cual piden el extracto de filiación.

Este documento, que acredita si la persona tiene o no antecedentes, demora entre 15 y 30 días, lo que implica un retraso en la tramitación y una injusticia para quienes, de acuerdo con la Constitución y las leyes, y con el mérito del proceso cuando el nivel de culpabilidad no es mayor, deben permanecer en prisión innecesaria y prolongadamente.

Esto puede generar injusticias, por cuanto el auto de procesamiento es esencialmente revocable. ¿Qué sucede si con posterioridad, al acompañarse los antecedentes necesarios, una persona es sobreseída? Sin duda, va a sufrir una detención inmerecida en circunstancias de que, conforme al derecho a la libertad personal que asiste a toda persona, debiera gozar de inmediato de ella una vez que ha sido sometida a proceso.

El proyecto propuesto soluciona ese problema. Le da mayor expedición, claridad y rapidez al procedimiento, puesto que las personas encarceladas que no tienen antecedentes penales podrán gozar de inmediato de libertad. Esto implica el uso de modernos mecanismos computacionales, poner las cosas al nivel que corresponda y, además, como se ha sostenido, rebajar el número de detenidos en los centros penitenciarios, cuyo número a veces es desproporcionado en relación con quienes están cumpliendo penas.

Por estas razones apoyaré el proyecto, del cual también soy autor, porque viene a solucionar un grave problema, a reparar injusticias y a terminar con las detenciones prolongadas, innecesarias e injustas, y también porque significa dar al procedimiento la agilidad y claridad necesarias para favorecer de esta forma a los procesados.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, como aquí se ha destacado, en el país se ha ido formando conciencia de la necesidad de introducir una profunda reforma al sistema penal chileno. Nos alegramos de que, tanto en el sector oficial como en el privado y en el académico, hayan surgido muchas iniciativas destinadas a promover un gran debate en tomo al tema, ya que no hay duda de que nuestro sistema penal está en crisis desde hace bastante tiempo.

Sin perjuicio de ello, creemos válido que nos preocupemos de algunos asuntos puntuales que, sin embargo, tienen una enorme incidencia e importancia en la práctica de la administración de justicia. Uno de esos temas, que puede ser resuelto con mucha facilidad, es el que se origina en la innecesaria prolongación de la prisión preventiva de los procesados.

Hay dos temas vinculados a esta materia que me parecen relevantes. Uno, la defensa de la presunción de inocencia que asiste a toda persona mientras no sea declarada culpable, mientras no sea condenada; y segundo, un problema práctico y extraordinariamente dramático en nuestro país: la sobrepoblación penal en los recintos carcelarios.

Estos dos fenómenos se ven claramente afectados por la forma práctica en que se desarrolla el proceso penal, que en muchas ocasiones hace absolutamente innecesaria la prolongación de la prisión preventiva de los procesados.

Sabemos que cuando se encuentra probada la existencia de un delito y de los antecedentes resulta que existen fundadas presunciones de la participación del inculpado como autor, cómplice o encubridor, tiene lugar la prisión preventiva del procesado, que constituye una situación excepcional.

Por eso, en resguardo del derecho que tiene el procesado de ser considerado inocente mientras no se dicte sentencia de culpabilidad, puede solicitar su libertad provisional o excarcelación, que solamente podría ser negada por el tribunal por motivos muy fundados: por ser estrictamente necesario para el éxito de la acción de la justicia, o porque la libertad del procesado pudiera constituir un peligro para la sociedad o para el ofendido.

Estas son las únicas situaciones de excepción que establece la legislación vigente, tanto en sus normas constitucionales como legales. Sin embargo, en la práctica los jueces las interpretan con mucha liviandad o extensión.

Uno de los antecedentes que normalmente requieren para pronunciarse sobre una petición de libertad es el extracto del prontuario del procesado.

Cuando el inculpado es sometido a proceso, se procede a su filiación, que se practica en el Registro Civil e Identificación, que consiste en tomar sus datos y huellas dactilares, los que se remiten al gabinete central, donde un departamento especializado coteja los antecedentes con los que se tienen de la persona. Esa información se envía al tribunal de la causa. Una vez recibida, se entiende que se ha cumplido con el requisito de contar con los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre la solicitud de excarcelación.

Como se ha señalado, en las provincias la diligencia demora 20, 25, 30 o más días, en circunstancias de que la información está disponible, porque actualmente el Registro Civil e Identificación tiene una red computacional que abarca todo el país. En consecuencia, desde cualquier punto de nuestro territorio se puede accionar este mecanismo que permite contar con todos los datos necesarios para pronunciarse en el acto sobre una petición de libertad provisional.

Este proyecto persigue obtener la información computacionalmente disponible, lo que permitiría agilizar el trámite de excarcelación en una cantidad importante de días, y es un avance importante en el mejoramiento de nuestro procedimiento penal y en el resguardo del derecho de los procesados.

Creemos que las indicaciones, tanto las aprobadas por la Comisión como la planteada por el honorable Diputado señor Raúl Urrutia, son plenamente justificables. Si esta última la votamos de inmediato, quedará despachado el proyecto en este trámite constitucional.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, comparto la opinión de los distinguidos señores parlamentarios que se han pronunciado sobre el tema. Como se ha señalado, los abogados que ejercen en pueblos pequeños como ha sido en mi caso durante buena parte de iru carrera profesional, conocen las dificultades que significa obtener la libertad provisional por falta del extracto de filiación.

Quiero dejar constancia de un hecho que me parece pertinente. No hay que confundir el extracto de filiación que se va a entregar a través del Servicio de Registro Civil en virtud de la disposición que discutimos, con lo que los abogados llamamos el extracto local de filiación, que es otorgado por la oficina correspondiente del Registro Civil, a petición del abogado y por orden del juez, que incluye las anotaciones que se le han hecho al individuo que está privado de libertad por los ilícitos cometidos en la localidad en que actualmente reside.

En mi opinión, la redacción de este artículo es tremendamente confusa. Llamo la atención de los colegas al respecto lamentablemente no he tenido el tiempo suficiente para formular una indicación que contemple una redacción distinta para haberla conversado con los Diputados que integraron esta Comisión ya que, aún con la indicación del Diputado señor Urrutia, que me parece muy válida, no mejora en general el texto de la disposición. Por ejemplo, donde dice: “Cuando para resolver el juez precisare del extracto de filiación y antecedentes del procesado, requerirá en el acto a la oficina territorial que corresponda del Servicio de Registro Civil e Identificación el envío de un certificado que contenga la información computacionalmente disponible,...”, no creo que se establezca claramente la diferencia entre el extracto de filiación enviado por la oficina central del Registro Civil y el extracto de filiación local a que me he referido.

Tampoco me parece adecuado que se diga “...el envío de un certificado que contenga la información computacionalmente disponible,...”, porque, obviamente, si el certificado lo envía la oficina central, debe contener toda la información computacionalmente disponible y no sólo una parte, como sucedería con el extracto de filiación local antes aludido.

En consecuencia, sin perjuicio de aprobar este proyecto que lo estimo importante y porque en alguna medida va a agilizar la concesión de la libertad provisional, su redacción amerita que le dediquemos más tiempo para aclararlo y para que cumpla el objetivo que se pretende. De lo contrario, nos vamos a encontrar con una norma que va a servir de muy poco, en circunstancias de que es una excelente oportunidad para agilizar el procedimiento penal en materia de excarcelación.

He dicho.

El señor VILLEGAS.-

Señor Presidente, es indudable que la idea matriz de este proyecto es importante para resguardar un derecho fundamental de la persona humana: la libertad individual.

En este momento, con el avance del sistema computacional en el Registro Civil, en cualquiera oficina del país se puede obtener un certificado de antecedentes. Más aún, para saber exactamente si existen anotaciones prontuariales, el Registro Civil puede entregar un certificado de antecedentes para fines especiales. Lo que sucede muchas veces es que en virtud de ese documento que acredita que la persona no ha cometido ningún delito o donde constan algunas anotaciones, los jueces no se encuentran en condiciones de otorgar la libertad provisional a los procesados o detenidos, mientras no llegue el extracto de filiación. Además, las oficinas del Registro Civil exigen que dicho certificado sea solicitado por la misma persona, lo que es imposible si está privada de libertad.

Entonces, para agilizar el trámite de la libertad provisional es fundamental que los tribunales requieran este certificado de antecedentes para fines especiales vía telefónica o por fax, que demorará dos o tres minutos y les permitirá contar con los antecedentes suficientes respecto de la irreprochable conducta anterior del inculpado o sometido a proceso.

Por las consideraciones señaladas anteriormente, y porque representa un avance notable en la expedición con que se debe actuar en el otorgamiento de la libertad provisional, votaré favorablemente este proyecto.

He dicho.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, me hacen mucho peso las intervenciones pronunciadas en esta sesión, principalmente la del Diputado señor Rubén Gajardo. Desde el punto de vista jurídico y constitucional, pareciera no haber duda de que el proyecto apunta en la correcta doctrina; no obstante, en la discusión general no debiéramos olvidar un aspecto que debe ser considerado.

Todos sabemos que uno de los problemas principales que aquejan hoy a la ciudadanía es el de la seguridad. Respecto de este tema, la frase que más escucha diariamente nuestra población es la de que la policía, Carabineros de Chile y todos los organismos encargados de combatir la actividad delictiva cumplen con su función, toman detenidas a las personas, pero a los pocos días ellas quedan libres y vuelven a delinquir. En todos los diarios podemos leer tales afirmaciones, y oírlas continuamente. Como señalaba el Diputado señor Gajardo, no es que en Chile el sistema penal esté en crisis, sino que, en muchos aspectos, en las grandes ciudades se encuentra francamente colapsando. Para regular la libertad provisional, la primera pregunta que se hacen cada día nuestros jueces es cuántos lugares disponibles existen en la cárcel, y el número de personas que quedan detenidas depende de los espacios vacantes. Esta es la verdad.

Por lo tanto, en esta oportunidad sólo quiero dejar establecido este aspecto. Desde el punto de vista jurídico, el proyecto apunta en la correcta dirección, pero, en realidad, en Chile estamos experimentando un fenómeno en el cual la seguridad es un valor altamente apreciado por la población, y temo mucho que al tratar de cumplir requisitos jurídicos puristas estemos creando nuevas y mayores condiciones para que la libertad provisional se transforme en una suerte de vicio que, en definitiva, sólo favorezca a los que delinquen.

Nuestro Código Penal está hecho para favorecer a la población, pero desde muchos puntos de vista nuestro Código de Procedimiento Penal parece hecho para beneficiar a los delincuentes.

He dicho.

El señor MELERO (Presidente accidental).-

En votación el proyecto con la indicación al artículo único, la que consiste en reemplazar la palabra “cuando” por “si”, quedando de la siguiente manera: “Si para resolver el juez precisare del extracto de filiación...”, etcétera.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 51 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 1 abstención.

El señor MELERO (Presidente accidental).-

Aprobado en general y en particular.

Despachado el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), Balbontín, Caminondo, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Escalona, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García-Huidobro, González, Hamuy, Karelovic, León, Martínez (don Gutenberg), Matthei (doña Evelyn), Melero, Montes, Morales, Moreira, Munizaga, Muñoz, Navarro, Ojeda,

Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pizarro, Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Solís, Taladriz, Ulloa, Urrutia (don Raúl), Valcarce, Valenzuela, Vargas, Venegas, Villegas, Wómer (doña Martita) y Zambrano.

Se abstuvo el Diputado señor Ferrada.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, Honorable Cámara, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.297, somete a la consideración de la Corporación el proyecto de Estatuto que establece las normas por las cuales se regirá el personal de la Cámara de Diputados, en cuanto a nombramientos, promociones, deberes, derechos, responsabilidad, cesación de funciones y requisitos para servir los cargos que comprende su planta.

Una vez aprobada la ley mencionada, la Comisión encargó al Secretario de la Corporación redactar un anteproyecto de Estatuto, para su posterior análisis y aprobación por la Comisión de Régimen Interno. El Secretario, a su vez, encomendó a los diferentes servicios elaborar textos atinentes a la materia, los cuales sirvieron de base para estructurar un primer cuerpo normativo; luego, lo dio a conocer a la totalidad de los funcionarios, a fin de que aportaran opiniones e iniciativas tendientes a perfeccionar el texto; después, dispuso que fuera estudiado acuciosamente por una Comisión presidida por el señor Prosecretario e integrada por los jefes de los distintos escalafones y por un representante de la Asociación de Funcionarios, con el objeto de analizar, una por una, las proposiciones y modificaciones, y proponer las enmiendas procedentes. Cabe destacar que la mayoría de las sugerencias formuladas por el personal fueron incorporadas en el anteproyecto que ahora conocen los señores Diputados.

Este Estatuto es el paso previo al encasillamiento que el Secretario de la Cámara deberá efectuar de acuerdo con las leyes vigentes. Sólo falta determinar las bases para efectuar los concursos internos previstos en la ley N° 19.297 para el nombramiento de quienes hoy desempeñan cargos a contrata o a honorarios, si ellos fueren seleccionados.

Por su parte, la Comisión de Régimen Interno realizó un detenido estudio de la propuesta del señor Secretario, en virtud del cual somete a la consideración de la Sala el proyecto en discusión.

La iniciativa consta de seis títulos, uno preliminar, contenidos en 98 artículos permanentes y 3 transitorios.

El título preliminar, “De las reglas generales”, regula las relaciones entre la Cámara y sus funcionarios; las atribuciones de la Comisión de Régimen Interno en las materias pertinentes y las facultades del Secretario, otras autoridades del Servicio y jefaturas dentro de su competencia. Señala, asimismo, que el personal forma parte de un servicio especializado, cuya finalidad es coadyuvar al cumplimiento de las labores de la Corporación y trata de sus nombramientos y calidades jurídicas.

Además, ciñéndose a principios de buena administración, reconoce al Jefe Superior del Servicio sus facultades de administración del personal y de proponer su nombramiento y ascenso a la Comisión de Régimen Interno. Por último, preceptúa que los cargos de Secretario, Prosecretario y Secretario Jefe de Comisiones son de la exclusiva confianza de la Sala, tal como está establecido en el Reglamento de la Corporación.

Cabe señalar que, a falta de norma expresa, rige para estos funcionarios el Estatuto Administrativo.

El título primero “De la Carrera Funcionaria”, consta de siete párrafos.

El primero, “De la carrera funcionaría”, garantiza la igualdad de oportunidades para el ingreso, ascenso, capacitación y perfeccionamiento, la excelencia e importancia de la función, la estabilidad en el empleo y la seriedad en las calificaciones, basadas en el mérito y en la antigüedad.

El segundo, “De los requisitos de cada cargo”, establece requerimientos extraordinariamente rigurosos y severos, dada la necesidad de estructurar un servicio profesional y técnico con la mayor excelencia posible.

El tercero, “Del ingreso”, consagra preceptos atinentes al ingreso como titular a un cargo de planta, especificando que éste se produce en la última categoría del escalafón correspondiente, excepto si hay vacantes en grados superiores que no hubiere sido posible proveer por ascensos. Además, dispone que las bases y la materialización de los concursos se realizarán por una comisión seleccionadora que en cada caso nominará el Secretario, compuesta por cuatro funcionarios de planta, uno de los cuales será el jefe del escalafón en que exista la vacante.

El párrafo cuarto, “Del nombramiento”, especifica que éste se efectuará por la Comisión de Régimen Interno, a propuesta del Secretario, quien, una vez aceptado el cargo, dictará la resolución respectiva para el solo efecto de su registro en la Contraloría General de la República y en el servicio de la Cámara que corresponda. El funcionario recién ingresado deberá prestar juramento o promesa de rigor.

El quinto, “De la promoción”, señala que ésta procederá por ascenso, según el orden de precedencia determinado por los antecedentes de mérito y de antigüedad, y preceptúa que, de no ser posible aplicar estas disposiciones, el Secretario queda facultado para llamar a concurso público o dejar temporalmente vacante el cargo. Indica, por último, quienes estarán imposibilitados para ascender.

El párrafo sexto, “De la calificación”, establece que corresponderá al Secretario dictar un reglamento que deberá contener las normas complementarias indispensables para efectuar el proceso de calificación periódica, el cual se verificará por una junta calificadora, integrada por los cinco funcionarios de más alto nivel jerárquico exceptuado el Secretario, por un delegado del escalafón pertinente y por un representante de la Asociación de Funcionarios, estos dos últimos sólo con derecho a voz. Se excluye de la calificación a los funcionarios de exclusiva confianza de la Sala y a los delegados del personal, salvo que estos últimos pidan ser calificados. Los funcionarios que ocupen cargos topes de escalafón y el jefe de personal serán evaluados y calificados por el Secretario, quien elevará su informe a la Comisión de Régimen Interno, para su resolución. Se incorpora, como primera fase del proceso, el concepto de autocalificación, lo que implica alta responsabilidad y activa participación del funcionario. Se fija un plazo para apelar de las calificaciones.

El párrafo séptimo, “De la capacitación”, define qué se entiende por esta actividad, destinada a perfeccionar o actualizar los conocimientos y aptitudes del personal, y se dispone que el Secretario dictará las normas que reglarán esta materia. La idea es que el mayor número posible de funcionarios pueda acceder a la capacitación.

El título segundo, “De las obligaciones funcionarías”, consta de seis párrafos, en los cuales se estatuye que los funcionarios deben cumplir leal y diligentemente sus obligaciones y cometidos con la Cámara, los mandatos e instrucciones de sus superiores y guardar rigurosamente el principio de probidad administrativa. Además, quedan afectos a las disposiciones de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo, y a los deberes especiales que se detallan en la normativa.

Cabe señalar que queda excluida la participación política del personal cuando ejerza actividades propias de sus funciones, y también la expresión pública de sus adhesiones políticas, si bien no les queda prohibido participar en un partido político.

En cuanto a la jornada de trabajo, se dispone que ésta será de 44 horas semanales, sin que se considere parte de la misma el tiempo que se ocupe en la colación. Lo anterior es sin perjuicio de las facultades del Secretario o de los jefes de servicio para fijar horarios especiales de trabajo, diurnos o nocturnos, en días sábados, domingos o festivos. En este caso, no se entiende que esa mayor jornada constituya horas extraordinarias.

También se establece que, en virtud de una orden del Secretario, el funcionario deberá cumplir labores en un servicio de la Cámara distinto del cual pertenece, por un tiempo no mayor de tres meses, o ejecutar trabajos o cometidos para la Corporación fuera del edificio del Congreso Nacional.

Respecto de las prohibiciones, que se tratan en forma pormenorizada, ellas, en su mayoría, son similares a las contenidas en el Estatuto Administrativo.

En lo atinente a las incompatibilidades, el Estatuto establece las habituales, en especial las relativas al parentesco, a las funciones o cargos de elección popular o de representación parlamentaria y a cualquier actividad remunerada mediante honorarios, ya sea con fondos fiscales o municipales, cualquiera que sea el vínculo que relacione al funcionario con el Servicio, con excepción de los cargos docentes. Obviamente, un funcionario de planta de la Cámara no puede ser contratado a honorarios, por la propia Corporación a la vez.

En este título también se preceptúan las causales en virtud de las cuales se produce la cesación de funciones, destacándose que respecto de los funcionarios de exclusiva confianza la remoción se hace efectiva a través de la petición de renuncia que le formule la Sala, a diferencia de los demás funcionarios, en que procede previo sumario administrativo, según las normas del estatuto correspondiente.

El título tercero, “De los derechos funcionarios”, hace una enumeración de los mismos. Especifica que las remuneraciones y asignaciones son las que dispone la ley, siendo embargables hasta en el 50 por ciento y no pudiendo descontarse de ellas otras cantidades que no sean las estrictamente legales. Estatuye que los feriados se fijarán de acuerdo con las necesidades de la Corporación, pero que, en ningún caso, podrán ser inferiores a los establecidos para los servidores del Estado. Prescribe que se otorgará permiso administrativo hasta por seis días hábiles en el año, con goce de remuneraciones, y permiso sin goce de sueldo hasta por tres meses, prorrogable por otros tres. Dispone que las licencias médicas se concederán en cumplimiento de una prescripción profesional, visada por el servicio de salud competente. Por último, indica cuáles son las prestaciones sociales que corresponden en caso de fallecimiento del funcionario, de accidente en acto de servicio o enfermedad. Establece, finalmente, el derecho a afiliarse a servicios de bienestar y a percibir las asignaciones familiar y maternal.

El título cuarto, “De la responsabilidad administrativa”, se deja sujeto a las disposiciones del título V de la ley N° 18.834, en lo que corresponda.

El título final, llamado "Disposiciones varias”, contiene dos preceptos: el primero, consagra el derecho de reclamar ante la Comisión de Régimen Interno cuando sus derechos se vean vulnerados; el segundo, no hace exigible el requisito de desempleo anterior, cuando un empleo de planta se provea por concurso.

Asimismo, se establecen tres artículos transitorios. El primero dispone que el requisito de antigüedad para los cargos de planta no se exigirá al personal a contrata o a las personas contratadas a honorarios que sean nombradas por concurso interno, las que podrán seguir sirviendo sus empleos en la misma condición jurídica en que los ejercen. Agrega que dispondrán de dos años para cumplir la exigencia requerida para el desempeño del cargo, cesando en sus funciones si ello no ocurre.

Sobre este punto, quisiéramos formular una indicación al proyecto, en el sentido de que, igual como ocurre con el personal que fue exonerado por motivos políticos, el que haya sido...

El señor VIERA-GALLO.-

Quiero clarificar cómo es la situación hoy día. En este informe se señala que el personal a contrata puede participar en el concurso interno y eventualmente acceder a la planta, pero tiene que cumplir con ciertos requisitos, para lo cual se le da un plazo de dos años.

El artículo segundo transitorio dispone que al personal que ingrese a la planta entre el 30 de septiembre y el 31 de diciembre de 1994, se le podrá eximir del requisito de tiempo exigido para ascender.

El tercero transitorio, para los efectos de la asignación de título y el cumplimiento de las exigencias curriculares pertinentes, hace equivalentes los títulos otorgados por un instituto profesional o por una universidad con los que entregan ahora las universidades en carreras de 10 semestres de duración, y, asimismo la asignación profesional prevista en los servicios afectos a la Escala Única de Sueldos para cargos para los cuales se exija estar en posesión de un título profesional. Esto porque hay funcionarios que gozan de esta asignación en virtud de otras disposiciones legales y otros que han obtenido título en carreras que en su época no exigían la cantidad de semestres que establece la nueva normativa.

Por estas consideraciones, la Comisión de Régimen Interno, Administración y Reglamento propone la aprobación del Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados que se contiene en el informe respectivo.

He dicho.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, a mí me parece muy bueno el informe, pero pienso que la Comisión no se fijó en los artículos transitorios, porque vemos que a los funcionarios, especialmente de Administración, se les exigirá cuarto medio, en circunstancias de que algunos tienen muchos años de servicio en la Corporación. Evidentemente, ahí hay un perjuicio para ellos, por cuanto ya han sido calificados y el cuarto año medio no ha influido en el desempeño de sus labores.

Por lo tanto, pido que los artículos transitorios se voten aparte, porque veo una franca discriminación con funcionarios que han cumplido a cabalidad muchos años de servicio. Nada tiene que ver en este momento el hecho de que tengan o no cuarto medio. En lo demás, estoy de acuerdo, porque se trata de disposiciones destinadas a ordenar el Servicio y los funcionarios saben perfectamente a qué atenerse.

Gracias.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, el Estatuto del personal establece una serie de requisitos y algunos de los funcionarios a contrata no los cumplen todos. Por eso se les da un plazo de gracia de dos años para cumplirlos. Sin embargo, algunos pertenecieron a la Cámara y por múltiples motivos la dejaron, siendo reincorporados con posterioridad, pero a contrata. Algunos parlamentarios pensamos, al igual que el DiputadoGarcía, que no sería justo para estos funcionarios que ya lo fueron anteriormente y que, además, se han desempeñado en esta Cámara durante largo tiempo exigirles requisitos que en su momento no se les pidió.

Por eso, hay una indicación que podría firmar también el Diputado señor René García, que corrige este problema cuando dice: “Las personas que hayan pertenecido alguna vez a la planta de esta Corporación, que se encuentren actualmente en funciones y que al 31 de diciembre de 1993 desempeñaban en calidad de contrata o a honorarios, un cargo en la Cámara de Diputados, quedarán exentos para el solo efecto del nombramiento a que den lugar, etcétera, los requisitos específicos”.

Según me informó el señor Secretario, esas personas son 38, en las cuales están comprendidos los exonerados, y 25 de ellas pertenecen al escalafón de servicio.

A mi juicio, el problema planteado por el Diputado señor René García quedaría resuelto con esta indicación.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, los empleados que actualmente están en la planta serán encasillados en forma automática. Como en la nueva planta quedarán cupos, los funcionarios que se desempeñan a contrata tienen derecho a participar, según la ley, en un concurso interno para acceder a ella; pero puede ocurrir que algunos de ellos no cumplan con los requisitos para ingresar a los cargos. Por tanto, una vez hecho el encasillamiento de los funcionarios de la planta actual y de los a contrata me refiero a la primera operación, pueden quedar espacios. En ese caso, se llamará a un concurso público, abierto, al cual se puede presentar cualquier persona.

Asimismo, por un artículo transitorio se ha dado el plazo de dos años a los funcionarios a contrata para completar los requisitos y acceder a los cargos. Por ejemplo, en algunos casos se ha exigido a las secretarias dominio del idioma inglés y un curso de secretariado de a lo menos dos semestres. Puede que haya secretarias a contrata con gran capacidad, pero que hoy no pueden acreditar haber hecho el curso de dos semestres o dominar el idioma inglés. Entonces, se les da un plazo de gracia de dos años para cumplir con esos requisitos, a fin de acceder, siempre mediante concurso interno, a la planta.

Hay dos tipos de concurso: uno interno y, si no se llenan todas las vacantes, uno público. En todo caso, en el futuro, los concursos siempre serán públicos.

He dicho.

El señor HUENCHUMILLA.-

Señor Presidente, la pregunta iba dirigida en otro sentido.

Entiendo que las normas contenidas en el párrafo 3°, “Del ingreso”, que va del artículo 22 al 28, el cual se refiere al concurso, y en el párrafo 4°, “Del nombramiento”, se aplican sólo cuando estamos hablando de concurso público. Esa es mi consulta, porque el concurso público el Reglamento lo señala y yo no tengo objeciones; estoy de acuerdo termina con el nombramiento hecho por la Comisión de Régimen Interno. Esas son las normas del concurso público. Pero en las normas del concurso interno, la ley que en su oportunidad aprobamos señala que ese procedimiento termina con un nombramiento del Jefe del Servicio.

En consecuencia, lo que quería aclarar era la consulta que le formulaba al señor Diputado informante, pero entiendo que es como yo lo sostengo es si estas normas de los párrafos 3° y 4°, respecto del ingreso y del nombramiento, se refieren al concurso público, en virtud del cual el nombramiento y la selección definitiva de la persona que ingresa a la Cámara serán hechos por la Comisión de Régimen Interno. En cambio, en el concurso interno, cuando postulen los actuales funcionarios a contrata o a honorarios, la selección definitiva estará en manos del Jefe Superior del Servicio, en este caso, el Secretario de la Cámara.

Entiendo así las normas que estamos por aprobar.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, deseo expresar la mejor disposición respecto del proyecto. Entiendo que es un largo trabajo de la Comisión de Régimen Interno y. por lo que he alcanzado a leer, también ha habido gran participación de los funcionarios de la Cámara. En la perspectiva de cualquier institución, y más aún en una como la nuestra, es vital contar con un cuerpo reglamentario como el que hoy estamos conociendo.

Sin embargo, me cabe una duda, cual es la difícil situación de encontrarme con un texto de alrededor de 80 páginas y poder entregar una opinión, a pesar de lo muy acuciosa que ha sido, sin duda, la relación hecha por el Diputado informante.

En esa perspectiva, solicito a la Mesa o a la Sala la posibilidad de dejar esta materia como primer punto para la tabla de la próxima sesión del jueves o del martes, según se estimare, ya que, de la lectura, a uno se le presenta una cantidad de dudas que se pueden o no traducir en observaciones, dependiendo de las respuestas a las mismas, por lo que considero mejor que uno pudiera hacer ese estudio directamente con los Comités o con el Diputado señor Viera-Gallo, para no obstaculizar o demorar el tratamiento de un proyecto de esta naturaleza. Si uno llegara a la conclusión de que esas dudas no le son suficientemente respondidas, debiera tener el tiempo para redactar las indicaciones que uno estimare del caso formular.

Sobre esa base, sin entrar todavía al fondo de algunos temas, pido a la Mesa sugerir la posibilidad de un acuerdo de dejar esta materia en el primer lugar de la tabla entiendo que, como siempre, hay premura para la sesión del jueves o del martes próximo.

El señor MELERO (Presidente accidental).-

Señor Diputado, el acuerdo adoptado por los Comités y ratificado por la Cámara esta mañana, fue despachar el proyecto hoy. Por consiguiente, no tenemos la presión de hacerlo en esta sesión, pero sí en la sesión nocturna. De manera que, si a Su Señoría le parece, se puede generar debate o hacer preguntas sobre los puntos que le preocupan en lo que resta del Orden del Día de esta sesión, que termina a las 13; después, en la sesión nocturna, seguirá el debate; pero sí existe el acuerdo de despacharlo hoy día. De manera que en el transcurso de lo que queda de la sesión y en la tarde, habrá algún tiempo para que usted pueda reflexionar y avanzar sobre las inquietudes muy legítimas que tiene; pero el compromiso de la Cámara es despacharlo en la sesión nocturna de hoy.

Puede continuar el Diputado señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, entonces, en esa línea, me permito formular tres tipos de consultas generales al Diputado informante, y algunas particulares las dilucidaré con él, con su beneplácito, en la tarde.

La primera dice relación con uno de los temas que se discuten en la temática del Estado, cual es la necesidad de su modernización. A su vez, en varias discusiones en la Cámara se ha hablado de la modernización del Parlamento, con el fin de cumplir mejor nuestra función legislativa.

Dentro del tema de la modernización, en el caso de la Administración Pública, se discute que hay que buscar un readecuamiento de lo que han sido las normas tradicionales en relación con los factores mérito y antigüedad. Se ha señalado que es relativamente peligroso que el factor antigüedad pueda ser muy determinante para el buen funcionamiento de la Administración Pública, por cuanto el mérito no estaría claramente apreciado, lo cual genera determinadas dificultades. De una lectura rápida del Estatuto por eso pido excusas, la que podremos complementar durante el día, me da la impresión de que hay una igualdad de condiciones entre ambos factores.

Quiero dejar planteada la pregunta acerca de cómo se asume la experiencia sobre el tema y cuáles son los criterios que inspiran al Estatuto y a sus normas respecto de los factores mérito y antigüedad, para los efectos de los ascensos.

En el mismo plano, cuando se ha analizado el tema de la carrera judicial, se ha señalado que debiera existir la posibilidad de concursos abiertos para llenar los cargos más altos. Lo que se quiere es que las instituciones tengan la posibilidad de incorporar en sus plantas a personas de calidad que, por distintas razones, no han ingresado a esa carrera en el escalafón inicial.

De una primera lectura, entiendo que el sistema que aquí se estaría estatuyendo a lo mejor, está considerado en la ley, es que se concurse sólo para ingresar al cargo inferior, y que los cargos superiores siempre serían llenados a través del procedimiento de nombramiento y de ascenso, lo que significa que no habría posibilidad de que pudiera postular un tercero extraño a la Corporación. Entiendo que, de incluirse una idea de este tipo, tiene que haber un privilegio muy fuerte y una ponderación determinante de los factores entre los postulantes y quienes hayan desempeñado el cargo con anterioridad.

Pero antes de pronunciarse sobre el sistema, pregunto si en este reglamento se ha planteado la conveniencia de efectuar concursos públicos para quienes no son funcionarios de confianza, con el objeto de que ocupen cargos que no sean los iniciales de la carrera.

También quiero consultar, en el contexto de la ley y del reglamento, cuál es la calidad jurídica que se le otorga o se le reconoce al funcionario del Congreso. Esto tiene implicancias ulteriores variadas me lo ha planteado el colega Fuentealba como una inquietud de él por lo cual me permito hacerla en la Sala.

La indicación que anunció el colega Viera-Gallo soluciona parte de las dudas que tenía, por lo que por ahora, sólo haré estas consultas.

He dicho.

El señor DUPRÉ.-

Señor Presidente, en relación con el Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados, es importante que exista finalmente un cuerpo normativo después de tan largo debate y de la gran expectativa que se han formado los funcionarios, para que pueda realizarse el encasillamiento respectivo. Además, es fundamental el establecimiento de normas para que el personal pueda ver con claridad y objetivamente que se le está entregando estabilidad funcionaría y que se le permitirá hacer carrera dentro de la Cámara.

Me parece relevante, fuera de lo que aquí se ha planteado, destacar el hecho de que para ingresar a la Cámara en el futuro se requerirá contar con alto grado de competencia, desde el punto de vista profesional y personal, y participar en un concurso público.

Deseo mencionar, sin menoscabar la importancia del Reglamento y el apoyo que éste merece de la Cámara, algunos problemas que visualizo en su discusión.

En primer lugar, creo que no se ha debatido a fondo el tema de la asesoría a los parlamentarios, porque así lo refleja la planta. Nosotros requerimos una mejor y mayor asesoría, lo que tiene que efectuarse a través de la estructura funcionaría de la Cámara, pues con los fondos que se asignan a los parlamentarios es absolutamente imposible que cada uno de nosotros pueda disponer de recursos para contar con una asesoría de nivel adecuado, a fin de ejercer en forma eficaz el cargo de Diputado.

Los parlamentarios tenemos asesoría en forma absolutamente menoscabada: por un lado, en el caso de la Oficina de Informaciones, a través de los tres profesionales que figuran en la planta. La otra alternativa, poco clara nunca se ha determinado la forma de contactarse respecto de ambas Cámaras, es a través de la Biblioteca del Congreso Nacional. Debiera hacerse un estudio con el objeto de lograr de la Biblioteca una asesoría e investigación importante para los requerimientos de cada uno de los parlamentarios. Pero, en realidad, fuera de la Oficina de Informaciones, sólo tenemos la posibilidad de que los Secretarios de Comisiones y los asistentes de cada una de ellas puedan ayudar a los parlamentarios en su labor legislativa.

Le asigno mucha importancia a que en algún momento discutamos esta materia. Si queremos que sea eficiente la calificación establecida en la legislación que estamos por aprobar; si en verdad queremos canalizar adecuadamente las inquietudes de la comunidad que representamos, las cuales deben estar reflejadas en proyectos de ley relevantes para el país, es necesario aumentar la capacidad de asesoría parlamentaria y entregar a cada uno de los Diputados una asesoría mucho más directa. La asesoría particular de las corporaciones, para este efecto, sólo puede ayudar a los Comités parlamentarios o a los parlamentarios, desde la perspectiva político-partidista, pero no es necesariamente la que requerimos desde un punto de vista objetivo y global, porque la misma debe ser de carácter institucional.

Señor Presidente, por su intermedio, le concedo una interrupción al Diputado señor Gutenberg Martínez.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, me faltó dejar planteada una consulta en relación con el tema de calificación. He continuado leyendo el Estatuto, y prefiero hacer la pregunta para no caer en una apreciación indebida.

¿Cuál es la participación de las distintas partes en el proceso de calificación? ¿Cuál es el antecedente sobre el cual se funda la propuesta que se hace? Me explico. En el tiempo que llevo en el Parlamento, he escuchado apreciaciones del personal sobre su falta de participación, del no debido respeto de la jerarquía interna y de la no participación de los parlamentarios en la calificación. Entonces, la pregunta es: ¿cómo juegan estas variables, de tal modo que la calificación, responda al respeto hacia los funcionarios, al respeto de las jerarquías dentro de la Cámara y al respeto de la opinión que puedan entregar los parlamentarios, que permanentemente trabajan con los funcionarios, sobre sus calificaciones?

Gracias, señor Presidente.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, me restan por hacer dos observaciones pequeñas.

En primer lugar, por su intermedio, pido al Diputado informante que me explique cuál fue la razón o el criterio que se tuvo en consideración para establecer en el artículo 12 que el abogado Secretario Jefe de Comisiones debe ser propuesto por los presidentes de las Comisiones permanentes. Como dichas Comisiones son órganos políticos, este caso se exceptúa del sistema de nombramientos aplicable al resto de los funcionarios. Espero que no se produzca una controversia de decisión entre diferentes sectores, la que en algún momento podría paralizar esos nombramientos, por lo cual estimo que, a este respecto, el Secretario de la Cámara debiera elevar una tema a la Comisión de Régimen Interno. En consecuencia, quiero saber cuál fue el criterio que se aplicó para establecer ese mecanismo.

En segundo lugar, en cuanto al tema del personal a contrata, me parece importante y de justicia lo que se ha dicho sobre el caso de los exonerados y de las personas que se reincorporaron, en el sentido de que se les otorguen las posibilidades para acceder a la planta. He suscrito la indicación que mencionó el Diputado informante, con el fin de hacer posible la corrección que, a la vez, indicó el Diputado señor García en su intervención.

Pero tengo otra duda y deseo que me la aclare el Diputado informante en relación con el requisito del plazo de dos años. No sé si dicho plazo será suficiente para que todos los funcionarios que hoy no cumplen con los requisitos que les exigiremos en el futuro, puedan acceder a la planta. Digo esto porque no sé si una persona que está estudiando una carrera universitaria por tanto, es un sacrificio compatibilizar su capacitación con el trabajo que realizaen la práctica alcanzará a cumplir el requisito dentro del plazo de dos años, para poder acceder en propiedad al cargo que está desempeñando.

Señor Presidente, solicito que se absuelvan estas consultas.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero expresar mi satisfacción por estarse tratando en esta sesión el Estatuto del personal, el cual regula sus derechos, nombramientos, promociones, deberes, responsabilidades, cesación en el cargo y, en general, todo lo concerniente a su desarrollo en la Corporación. Es evidente que esto contribuirá a una mayor transparencia y eficiencia.

Los funcionarios de la Cámara son altamente calificados y estamos muy satisfechos de su desempeño. Sin embargo, quiero llamar la atención sobre un personal muy valió

so, con muchos años en la Corporación, que ya ha cumplido toda su etapa y que seguramente no ha podido jubilar, o no le conviene retirarse, por las condiciones previsionales.

Quiero que busquemos la manera de que esos antiguos y meritorios funcionarios puedan retirarse con una pensión más o menos digna, que les permita irse a descansar libremente y no estar aquí, muchas veces, cumpliendo con un horario respecto del cual es imposible pedirles más, porque ya han cumplido de sobra su etapa de trabajo; sin embargo, todavía permanecen en la Cámara. Desearíamos verlos con una pensión digna y gozando de una jubilación como les corresponde.

También quiero señalar que el personal de la planta telefónica de la Cámara, incorporado en el artículo 20, estima que debe ser incluido en el artículo 18, en los cargos de supervisores técnicos, letra j) y operadores telefónicos, letras k), 1) y m), puesto que se requieren condiciones técnicas para cumplir esa importante función. Es evidente que en la actualidad el sistema de computación exige conocimientos técnicos especiales para ingresar a ese escalafón. Por eso pido, si es posible, considerar su cambio del artículo 20 al 18, indicación que estaría dispuesto a suscribir.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una breve interrupción al Diputado señor Munizaga.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, trataré de responder algunas de las inquietudes planteadas; en primer lugar, al Diputado señor Gutenberg Martínez.

El estatuto jurídico de los funcionarios está clarificado en el artículo 1° del reglamento que se propone. Ahí se dice, con toda claridad, que el personal está regido por la ley N° 18.918 y su acuerdo complementario, al cual se acaba de referir el señor Presidente, por el Reglamento de la Corporación y por este Estatuto, y si nada de esto bastare, la ley madre, de referencia, es el Estatuto Administrativo, que rige al personal de la Administración Pública.

Respecto de cómo evaluar el mérito y la antigüedad para los ascensos en los artículos 32 y 33, y después en los referidos a la calificación, se establece un equilibrio.

Desde luego, me parece importante señalar que existe una carrera profesional y que se asciende por mérito. Cuando hay igualdad en el mérito, prima la antigüedad. ¿Cómo se establece el mérito? Básicamente, por las normas contenidas en el párrafo 6o “De la calificación”, artículos 35 y siguientes, donde se toma en cuenta la hoja de vida del funcionario, la hoja de calificaciones y lo que su superior directo pueda indicar.

El artículo 36 establece cuatro listas de calificación: distinción, buena, condicional y de eliminación.

A su vez, el artículo 45 dispone que el funcionario calificado por resolución ejecutoriada en lista 4 es decir, de eliminación, o por dos años consecutivos en lista 3 o sea, condicional, deberá presentar su renuncia. En otras palabras, si un funcionario no tiene mérito, no sólo pierde la posibilidad de ascender, sino la de permanecer en la planta de la Cámara.

El Diputado señor Gutenberg Martínez consultaba también por qué no quedaban abiertos los cargos superiores de los escalafones.

Hay tres cargos que son de la exclusiva confianza de la Sala; por lo tanto, son políticos: Secretario, Prosecretario y Secretario Jefe de Comisiones. La Corporación puede cambiar a quienes se desempeñan en esos cargos y nombrar a otras personas. No son cargos tope de carrera. Por consiguiente, en el futuro, eventualmente, la Corporación nombra abogados u otras personas que no sean de la planta pero que posean méritos suficientes.

En cuanto a los cargos tope de carrera de cada escalafón, habría que plantear la pregunta del Diputado señor Gutenberg Martínez escalafón por escalafón. Entiendo que él se refiere, sobre todo, al escalafón de Secretaría, en el cual el tope de carrera es el cargo de Secretario Jefe de Comisiones. Se discutió bastante si debía quedar abierto o no a concurso público, de manera que el día de mañana pudieran ingresar directamente a él abogados de vasta experiencia. Ese no fue el criterio predominante en la Comisión de Régimen Interno. No digo que no sea un buen criterio, sino, simplemente, que no fue el predominante. Por tanto, hay una carrera funcionaría y derecho a ascenso, donde el mérito es un factor muy importante; pero la carrera no está abierta a concurso público en los cargos superiores de cada escalafón.

Sin embargo, el inciso cuarto del artículo 33 dice: “Cuando no sea posible aplicar las normas del ascenso, por falta de postulantes que posean los requisitos exigidos para ocupar el cargo vacante, el Secretario estará facultado para llamar a concurso público...” o sea, en ese caso, si nadie cumple con esos requisitos, entonces se llamará a un concurso público abierto y podrá entrar una persona ajena a la Cámara.

Creo que en esa forma he dado respuesta a las inquietudes del Diputado señor Gutenberg Martínez.

En relación con lo planteado por el Diputado señor Carlos Dupré, sobre por qué se exige que el abogado Jefe de Comisiones sea propuesto por los Presidentes de las Comisiones Permanentes, el Secretario de la Comisión de Régimen Interno nos explicó que ésa era la tradición de la Cámara, que siempre había sido así y que, al respecto, nunca hubo ninguna dificultad. Parecía, entonces, que si la norma era tradicional, lo lógico era mantenerla. Evidentemente, puede haber otras formas de nombramiento, como las que el Diputado señor Dupré plantea, que también pueden ser adecuadas.

Ahora, si el plazo de dos años que se otorga a los funcionarios a contrata es suficiente o no para que puedan cumplir con los requisitos, la verdad es que la Corporación ha oscilado aquí entre dos extremos: entre quienes planteaban que no debía darse ninguna preferencia a los a contrata y, simplemente, llamarse a concurso público donde participaran dichos funcionarios posición planteada en esta Sala con bastante insistencia por parlamentarios de diferentes bancadas, entre ellos, los Diputados señores Jorge Pizarro y Carlos Montes, y la Diputada señora Evelyn Matthei, y quienes en cambio pensaban que había que entregarles algún reconocimiento por el período que llevaban trabajando para el buen desempeño de la Corporación.

Se llegó, entonces, a una situación intermedia. Pero como esa situación no fue suficiente debido a los requisitos que se establecieron para los cargos de planta, en un artículo transitorio nuevamente se abre una posibilidad en favor de los funcionarios a contrata, al otorgarles dos años para que puedan cumplir con los requisitos. Y ahora se ha presentado una indicación referida a sólo 38 funcionarios, que los exceptúa, incluso, de los requisitos, por el hecho que ellos ya estaban en la planta, de la cual se retiraron o fueron retirados en un período anterior.

La Diputada señora Allende me recuerda la inquietud planteada por el Diputado señor Dupré en cuanto a la asesoría técnica. En verdad, la Corporación siempre tiene la libertad de contratar personal a contrata, hasta un 20 por ciento de la planta, como en cualquier servicio público, y a honorarios, sin limitación. Se trata de una decisión que deberá adoptar en su momento la Comisión de Régimen Interno.

Sobre lo expuesto por el Diputado señor Sabag respecto de las funcionarías de la planta telefónica, eso ya quedó establecido en la ley como escalafón aparte, por lo que no correspondería como lo explicó quien presidía en ese momento la sesión, el Diputado señor Melero cambiarlas simplemente del artículo 20 al 18 del Estatuto, por cuanto este reglamento se atiene a lo establecido en la ley que fijó la planta del Congreso Nacional.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, no quiero referirme a la admisibilidad de la indicación, porque tendríamos que hacer un estudio más de fondo.

En cuanto a su objeto, debo señalar que, para todos los efectos legales, los exonerados son asimilados por la ley a los funcionarios de planta y, por lo tanto, no requieren cumplir ningún tipo de requisito para ser encasillados en la planta. Sin embargo, 38 funcionarios que abandonaron voluntariamente la Cámara, han sido reincorporados a contrata. Ellos se regirían por la norma transitoria del Reglamento, que dispone que sino cumplen los requisitos establecidos, tendrán dos años para reunirlos. En el caso de algunos, especialmente del personal del escalafón de servicio, parece muy difícil que durante esos dos años puedan cumplir ciertos requisitos, como, por ejemplo, tener cuarto medio.

La indicación la está perfeccionando el Diputado señor García, porque quiere limitarla sólo al escalafón de servicio, donde hay 25 funcionarios, y hacer asimilable esa situación a la de los exonerados.

Ahora, si me pregunta y le respondo por intermedio del señor Presidente si eso concuerda plenamente con la ley, no estoy en condiciones de contestarle.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Continúa con la palabra la honorable Diputada señora Prochelle.

La señora PROCHELLE.-

Señor Presidente, me ha quedado clara la explicación del Diputado señor Viera-Gallo, en el sentido de que está perfeccionándose esa indicación. Pero me preocupa el problema de la admisibilidad, porque, por vía del Reglamento, estamos alterando la ley. Sólo se lo consulto, ya que no soy experta en la materia.

He dicho.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, después de escuchar en la mañana la intervención del señor Diputado informante, quiero hacer algunos comentarios sobre el Estatuto del Personal de la Cámara de Diputados y, al mismo tiempo, proponer indicaciones con el objeto de dar una mayor claridad a cada una de sus disposiciones.

En primer lugar, me deseo referir a la calidad jurídica que tienen los funcionarios del Congreso Nacional. Esta es una calidad especial, ya que no son funcionarios públicos, no son funcionarios particulares, no están sujetos a las disposiciones del Estatuto Administrativo sino sólo en lo que toca a la responsabilidad de los mismos ni a otro tipo de disposiciones laborales y, por consiguiente, este Estatuto que discutimos pasa a ser el cuerpo legal y el conjunto de normas jurídicas por las cuales se regirán los funcionarios de la Cámara. En consecuencia, estamos creando una nueva categoría de servidores o de trabajadores: los funcionarios del Congreso Nacional.

En segundo lugar, me referiré a los nombramientos. En el inciso segundo del artículo 2o de la ley Orgánica del Congreso Nacional se dispone que los Reglamentos de la Cámara y las correspondientes normas que se dicten posteriormente deben establecer que el ingreso al Servicio será siempre previo concurso público. En el pasado, los nombramientos fueron muy criticados. Por ello quiero que impere la transparencia en el nombramiento de los funcionarios del Parlamento y se vele por el ingreso de las personas más calificadas.

A este respecto, si bien el artículo 24 del Estatuto que estudiamos consagra, en parte, este principio, quisiera que se eliminara la frase que dice: “...las pruebas que se hubiesen rendido, si así se exigiere,...”.

No sé si es posible, pero presentaré indicación para que las pruebas siempre se rindan, y si hay circunstancias especiales en que ellas no se ameritan o no se justifican, deberán explicarse en su oportunidad, pero no hay que dejarlo a un arbitrio en este momento, porque esta facultad siempre podría ejercerse por la vía de la excepción. En definitiva, las pruebas deben rendirse y, en casos especiales, habrá que justificar por qué no se van a efectuar.

En tercer lugar, quiero resaltar el asunto relacionado con la calificación de los funcionarios.

La calificación del personal de cualquier organismo siempre ha sido un tema extremadamente sensible, controvertido y muy criticado. Si bien es cierto en los artículos 40 y siguientes se consagran normas para que la junta calificadora sea integrada por personas idóneas y se resguarde la transparencia y la objetividad de la calificación, el inciso segundo del artículo 44 deja una frase suelta que me gustaría modificar por la vía de la indicación que dice que del recurso de apelación “conocerá el Secretario o la Comisión de Régimen, según sea el caso”. Prefiero que se exprese de que “de este recurso conocerá la Comisión de Régimen, con informe del Secretario”, para hacerlo compatible con lo que establece el artículo 97, que dispone: “Los funcionarios tendrán derecho a reclamar ante la Comisión de Régimen cuando se hubieren producido arbitrariedades o vicios de legalidad que afectaren los derechos que les confiere este Estatuto.” Y una arbitrariedad o vicio puede ser precisamente una calificación subjetiva o no hecha en la forma en que estamos solicitando que sea efectuada.

Por consiguiente, no sólo presentaré esta indicación por la concordancia que debe existir entre las normas jurídicas del Estatuto, sino porque prefiero que las apelaciones respecto de arbitrariedades o vicios de legalidad las conozca la Comisión de Régimen Interno, como también las apelaciones respecto de las resoluciones de la Junta Calificadora.

En cuarto lugar, y con esto termino, me referiré al problema de los exonerados por motivos políticos, que tuvo este Congreso.

A raíz de la aprobación de este Estatuto, el Jefe Superior del Servicio, es decir, el Secretario de la Corporación, quedará facultado para proceder al encasillamiento de los funcionarios.

Al respecto, quisiera que el Jefe Superior del Servicio tome en cuenta la situación de aquellas personas que, habiendo sido exoneradas de la Corporación, por motivos políticos, posteriormente han sido reincorporadas, algunas en los niveles que desempeñaban al momento de la exoneración; otras, en grados inferiores, y hay un caso en que el funcionario fue mejorado al reincorporarse.

En consecuencia, también presentaré indicación en esta materia para los efectos de contemplar la situación que afecta a estas personas.

Creo que la igualdad entre funcionarios, entre las funciones que se están desarrollando y las calidades que se tuvieron, hay que conservarlas.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, sin perjuicio de lo que planteé esta mañana, cuando se me respondió que había un acuerdo de los comités que obligaba a despachar hoy este Estatuto, me encuentro ante el problema de que prácticamente lo que pretendíamos cumplir, al menos en mi caso, se me ha hecho imposible y temo que suceda lo mismo en cuanto a otros colegas.

Terminada la sesión de la mañana, aparte del almuerzo de bancada, nos integramos a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y luego nos incorporamos a esta sesión, adelantada para las 17.30, por lo cual no ha habido una posibilidad cierta de leer responsablemente el texto completo y elaborar las indicaciones pertinentes.

Tengo un conjunto de indicaciones, pero no sería del todo responsable al formularlas, ya que no he tenido el tiempo para estudiarlas en debida forma y hacer las presentaciones correspondientes.

En consecuencia, me permito insistir en la posibilidad de que la Sala acuerde que este proyecto sea tratado y despachado en la sesión del próximo martes, colocándolo en el primer lugar de la tabla.

He dicho.

El señor PIZARRO.-

Señor Presidente, tal como lo ha planteado el Diputado señor Martínez, esta materia es bastante compleja. Tiene que ver no sólo con el ingreso del personal a la Cámara, sino que, además, con la forma cómo cumple sus funciones en cada escalafón y con la carrera de cada funcionario.

Quiero decir, con toda claridad, que lamentablemente el proyecto está de acuerdo con los criterios con que se aprobaron las plantas del Congreso.

En la mañana, el colega señor Viera-Gallo hizo referencia a los que habían sido los distintos puntos de vista para enfrentar esta situación, y colocaba unos y otros en extremos, para llegar a una solución intermedia, según él. Más bien, es un híbrido que no vela por un principio mínimo de transparencia para el ingreso del personal a los distintos cargos de la planta, para muchos puede llegar a sembrar cierta duda respecto de la idoneidad del personal que está cumpliendo alguna función en la Cámara. Esto en cuanto a las protecciones y privilegios para quienes están a contrata, al no llamado a concurso público y a una serie de otras materias.

Lo planteado por el Diputado señor Gutenberg Martínez es pertinente, y tal vez podría solicitarse el asentimiento unánime de la Sala para cambiar el acuerdo de Comités, el cual es tan válido para los proyectos de acuerdo cómo para ver en qué forma se trata una materia de ley. De manera que pido flexibilidad en esta materia, porque pienso que los propios funcionarios serán los primeros interesados en que, dados su prestigio y capacidad, la posibilidad de asumir los cargos en plenitud sea con transparencia y en igualdad de condiciones con los eventuales postulantes externos.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Señor Presidente, hemos cumplido con lo acordado por los jefes de Comités, en términos de presentar indicaciones, las que hemos alcanzado a elaborar en el corto tiempo.

Ahora preferiría hablar a título personal. Primero, para aclarar que ha sido cortísimo el tiempo, por lo que la calidad de las indicaciones no tienen el sustento de la meditación suficiente, ni tampoco hemos tenido todos los textos a la mano para fundarlas debidamente.

De todas maneras, de lo que he estudiado hasta el momento, tengo una visión genérica negativa respecto del Estatuto del Personal. Estoy influido fuertemente por la discusión que se ha iniciado en el país en tomo al tema de la modernización del Estado y por el convencimiento de que para que la democracia funcione bien, se requiere que los distintos Poderes y la Administración Pública funcionen bien.

Pienso que la eficiencia en el funcionamiento de las instituciones dice relación con la existencia de una buena y sana democracia, y que no tan sólo tiene relación con la democracia, sino con una buena concepción del desarrollo del país. Desde ese punto de vista, lo que realicemos respecto de nuestra institucionalidad debe caracterizarse por tener presente lo que sostenemos: las necesidades de modernización, de eficiencia y de resguardo del derecho de las personas.

Sobre la base de este contexto, desgraciadamente el Estatuto del Personal se caracteriza por una concepción tradicional, que se ve reflejada en varios de sus acápites; entre otros, se liga a los funcionarios de la Corporación al Estatuto Administrativo. Todos los colegas saben que hay una gran discusión respecto del problema de ese Estatuto, por cuanto se ha señalado que en un proceso de modernización no es el mejor mecanismo para asegurar la carrera funcionaría ni tampoco los méritos, el buen funcionamiento y la eficiencia.

A modo de ejemplo, en el caso de los eventuales sumarios administrativos a los funcionarios de la Corporación, según el artículo 96 deberíamos remitirnos a lo que prescribe el Estatuto Administrativo.

En cuanto a los procedimientos de concursos públicos y de ascensos, ¿qué dispone básicamente el Estatuto? Por la explicación que nos diera de modo brillante el colega Viera-Gallo, se asumen los mismos mecanismos que rigen a la Administración Pública. Se igualan los conceptos de mérito y de antigüedad en la letra, pero en el hecho se privilegia absolutamente la antigüedad.

¿Por qué afirmo esto? Porque se establece que los concursos públicos sólo se realizan en los escalafones en el grado inferior, de tal modo que el resto del procedimiento es de ascenso. Y para llenar los cargos hacia arriba no hay concurso, ya que sólo se aplica el procedimiento de ascenso, en el cual se deben considerar los antecedentes de mérito y de antigüedad, y sólo en el caso de que haya dos personas con la misma antigüedad entra el procedimiento de mérito.

¿Por qué pongo énfasis en este punto? Porque en la discusión que tuvimos en su oportunidad respecto de la carrera judicial, en la cual también participó en forma brillante el DiputadoViera-Gallo, vimos la necesidad de que hubiese concurso público en los cargos más relevantes, privilegiando a los funcionarios que participaran con un factor preponderante en la antigüedad; pero permitiendo que desde fuera se pudiese competir, para tener la seguridad de contar siempre con la mejor calidad en el servicio.

¿A qué apunto con esto? Estamos rigidizando en términos tradicionales la situación de la Corporación y de nuestro personal en grados preocupantes. Creo que el personal de la Cámara es de calidad. Tengo la mayor confianza en la calidad y en la justa apreciación por parte del Secretario y de quienes ocupan las distintas jerarquías. Pero hay que defender la tradición de que los funcionarios de la Cámara de Diputados y del Congreso, en general, son distintos de otros. Hay que defender la condición de funcionarios de la Corporación, que les otorga determinados derechos especiales. Por ejemplo, las remuneraciones, los concursos y los ascensos. Desde el momento en que apliquemos el espíritu del resto de la Administración Pública, estaremos iniciando el camino para eliminar esta condición o característica especial de nuestros funcionarios.

Por respeto a mis colegas, no quiero alargarme. He llegado a esta convicción en forma apresurada y pido que lo que acabo de decir se tome como un alegato en favor de dejar pendiente el Estatuto, para que sea analizado debidamente; o, si esto fuera imposible debido al acuerdo de los Comités, como una opinión contraria en los términos en que está redactado.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Entonces, lo vamos a votar en general, y luego discutiremos y votaremos los artículos 1, 22, 24, 27, 33, 44, 45, 63 y 96, que tienen indicaciones.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo ¡ abstención.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Reglamentariamente, se dan por aprobados los artículos que no fueron objeto de indicaciones.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Alvarez-Salamanca, Allende (doña Isabel), Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García-Huidobro, Girardi, González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Jürgensen, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Makluf, Masferrer, Naranjo, Navarro, Ojeda, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Ribera, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Valenzuela, Vega, Viera-Gallo, Villouta, Walker y Zambrano.

Se abstuvo el Diputado señor Martínez (don Gutenberg).

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación de los honorables Diputados señores Gutenberg Martínez y Elizalde tiene por finalidad reemplazar, en el artículo Io, la frase “supletoriamente por las normas estatutarias aplicables al personal de la Administración Pública”, por la siguiente: “lo que acuerde la Comisión de Régimen Interno”.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 22 votos. Hubo 1 abstención.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Rechazada.

Aprobado el artículo 1°.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Aylwin (doña Mariana), De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Fuentealba, García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Karelovic, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Víctor), Ulloa, Vega y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), Balbontín, Encina, Errázuriz, Estévez, García (don René Manuel), Girardi, González, Letelier (don Juan Pablo), Naranjo, Navarro, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Sabag, Schaulsohn, Seguel, Turna, Valenzuela, Viera-Gallo y Villouta.

Se abstuvo el Diputado señor Jürgensen.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación del honorable señor Fuentealba tiene por finalidad suprimir, en el artículo 24, inciso primero, la expresión “si así se exigiere”.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 20 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

No hay quorum.

Se va a repetir la votación.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 35 votos; por la negativa, 12 votos. Hubo 5 abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Avila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, De la Maza, Dupré, Elgueta, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Leay, Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Muñoz, Naranjo, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Rebolledo (doña Romy),

Sabag, Seguel, Silva, Turna, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Viera-gallo, Walker y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Errázuriz, Estévez, González, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Munizaga, Prochelle (doña Marina), ProkurÍ9a, Schaulsohn, Vargas, Vilches y Villouta.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Elizalde, Encina, Girardi, Reyes y Ulloa.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación del honorable señor Gutenberg Martínez tiene por finalidad agregar al artículo 33 lo siguiente: “En el caso de los escalafones profesionales de Secretaría y de la Oficina de Informaciones todos los cargos serán objeto de concurso público, debiendo considerarse en las bases del concurso un factor importante como es la antigüedad en la Cámara de los funcionarios que postulan”.

El señor (Presidente).-

En votación la indicación.

El señor MARTÍNEZ (don Gutenberg).-

Pido la palabra.

El señor SCHAULSOHN (Presidente) Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor SCHAULSOHN.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.

El señor VIERA-GALLO (Presidente accidental).-

En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 15 votos; por la negativa, 44 votos. Hubo 1 abstención.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Rechazada.

Votaron por la afirmativa, los siguientes señores Diputados: Aylwin (doña Mariana), De la Maza, Elgueta, Elizalde, Gajardo, Gutiérrez, Hamuy, Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Ojeda, Sabag, Seguel. Villouta y Walker.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Balbontín, Dupré, Encina, Errázuriz, Estévez, Fuentealba, García (don René Manuel), García-Huidobro, González, Hernández, Jürgensen, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Longton, Masferrer, Morales, Munizaga, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Ribera, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Silva, Taladriz, Turna, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Vega, Viera-Gallo, Vilches y Zambrano.

Se abstuvo la Diputada señora Rebolledo (doña Romy).

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de los Diputados señores Fuentealba y René Manuel García, para sustituir el inciso segundo del artículo 44 por el siguiente:

“De este recurso conocerá la Comisión de Régimen, con informe del Secretario.”

El señor FUENTEALBA.-

Pido la palabra.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En votación la indicación de los Diputados señores Fuentealba y René Manuel García.

¿Habría unanimidad para aprobarla?

Aprobada.

Se va a dar lectura a la indicación al artículo 45.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación del honorable Diputado señor Gutenberg Martínez para agregar al final del artículo 45, lo siguiente:

“El Secretario deberá presentar el informe del proceso de calificación a la Comisión de Régimen Interno para su conocimiento y resolución.”

El señor SCHAULSOHN (Presiden te). En votación la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa. 2 votos. No hubo abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Aprobada.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Ávila, Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hernández, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Longton, Makluf, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Montes, Morales, Muñoz, Navarro, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Saa (doña María Antonieta), Seguel, Silva, Taladriz, Ulloa, Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vega, Viera-Gallo, Vilches, Villouta y Zambrano.

Votaron por la negativa los Diputados señores Errázuriz y Schaulsohn.

El señor ESTÉVEZ.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, quiero hacer una consulta porque el artículo 45, recién aprobado, dice: “Se entenderá que la resolución queda ejecutoriada desde que venza el plazo para apelar o desde que sea notificada la resolución del Secretario o de la Comisión de Régimen que falle dicho recurso”.

Entiendo que la indicación al artículo 44 obligaría a modificar el primer inciso del artículo 45.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Efectivamente, señor Diputado. Lo hará la Comisión de Estilo para efectos de la concordancia.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación es de los Diputados señores Longton y René Manuel García, para sustituir, en el artículo 63, la expresión “son de dedicación exclusiva” por “son de ejercicio permanente”.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Pido la palabra.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor GARCÍA (don René Mañuel)Señor Presidente, la indicación persigue dar alguna facilidad a los funcionarios, principalmente a los abogados, que requieran hacer alguna escritura o algún trabajo fuera de la Cámara en horas en que no están de servicio, porque si tienen dedicación exclusiva, a pesar de encontrarse en vacaciones o no estar cumpliendo una función dentro de la Cámara, quedarían inhabilitados para ejercer cualquier trabajo o asesoría fuera de sus horas de trabajo.

Esa es la razón por la cual se ha pedido el reemplazo de “son de dedicación exclusiva” por “son de ejercicio permanente”.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Longton.

El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor BARTOLUCCI (Presidente accidental).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Balbontín.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Honorable Cámara, son las 19.30 y, en conformidad con el acuerdo de Comités, corresponde votar sin discusión el resto de los artículos.

En votación la indicación en discusión.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 6 votos; por la negativa, 54 votos. No hubo abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).

Rechazada.

Votaron por la afirmativa, los siguientes señores Diputados: García (don René Manuel), Longton, Ojeda, Pérez (don Aníbal), Ulloa y Valenzuela.

Votaron por la negativa, los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Cristi (doña María Angélica), De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Errázuriz, Estévez, Fuentealba, Gajardo, García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hernández, Jürgensen, Karelovic, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez (don Gutenberg), Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Munizaga, Navarro, Ortiz, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Ribera, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Taladriz, Urrutia (don Salvador), Vargas, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker y Zambrano.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los honorables Diputados señores Martínez, don Gutenberg; Fuentealba, Montes y Elizalde, para sustituir el artículo 96 por el siguiente:

“Existirá un reglamento del procedimiento de los sumarios dictados por la Comisión de Régimen Interno.”

El señor SCHAULSOHN (Presidente)Solicito el acuerdo de la Sala para que el honorable Diputado señor Dupré pueda hacer una apreciación al respecto, lo cual es contrario al acuerdo de Comités.

Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

No hay unanimidad en la Sala para darle la palabra, señor Diputado.

El señor DUPRÉ.-

Pero no van a entender la indicación.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 21 votos; por la negativa, 34 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Balbontín. De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Fuentealba, Letelier (don Felipe), Makluf, Martínez, Montes. Morales. Pérez (don Aníbal), Reyes, Seguel, Silva, Urrutia (don Salvador), Valenzuela. Venegas y Villouta.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Bartolucci, Cristi (doña María Angélica), Errázuriz, García (don René Manuel), García-Huidobro, González, Gutiérrez, Hernández, Jürgensen, Karelovic, Leay, Longton, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Munizaga, Navarro, Ortiz, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Ribera, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Taladriz, Ulloa, Vargas, Vega, Viera-Gallo, Vilches, Walker y Zambrano.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Aylwin (doña Mariana), Gajardo y Letelier (don Juan Pablo).

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los Diputados señores Longton, Huenchumilla y García, don René Manuel, para consultar el siguiente artículo transitorio:

“Las personas que se encuentran actualmente en funciones, que al 31 de diciembre de 1993 desempeñaban en calidad de contrata o a honorarios un cargo en los escalafones Administrativo y de Servicios, y que alguna vez hayan pertenecido a la Corporación, se les dará por cumplido, para el solo efecto del nombramiento que pudiera derivar de los concursos internos a que se refiere el artículo 3° transitorio de la ley N° 19.297, los requisitos específicos que exige este Reglamento para dichos escalafones. No obstante, el ascenso de este personal procederá previo cumplimiento de las exigencias que en dichos escalafones se establecen para cada cargo.”

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo para plantear un asunto reglamentario.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, solicito que Su Señoría se pronuncie sobre el carácter legal o ilegal, según el caso, de esta indicación.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

¿Cuál sería el fundamento de su ilegalidad, señor Diputado?

El señor VIERA-GALLO.-

La ley que fijó las plantas del Congreso Nacional establece una sola excepción respecto de los requisitos, y se refiere a los exonerados, que son asimilados a la planta. La indicación hace extensiva la norma a otros funcionarios. No sé si eso contraviene o no la disposición legal.

El señor SCHAULSOHN (Presidente),Tal vez la contravenga, señor Diputado, pero el Presidente de la Cámara no está facultado para declarar inadmisible la indicación por ilegal, sino por inconstitucional. Y aquí no hay problema de inconstitucionalidad alguna. Por lo tanto, no se admite discusión.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 11 votos; por la negativa, 43 votos. Hubo 3 abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Cristi (doña María Angélica), Errázuriz, García (don René Manuel), González, Jürgensen, Karelovic, Longton, Munizaga, Pérez (don Ramón), Prokurica y Urrutia (don Salvador).

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Allende (doña Isabel), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Estévez, Fuentealba, Gutiérrez, Hernández, Leay, Letelier (don Juan Pablo), Makluf, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Montes, Morales, Naranjo, Navarro, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Víctor), Reyes, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Schaulsohn, Seguel, Silva, Taladriz, Ulloa, Valenzuela, Vargas, Vega, Venegas, Viera-Gallo, Vilches, Villouta, Walker y Zambrano.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Bartolucci, Kuschel y Ribera.

El señor LOYOLA (Secretario).-

El artículo transitorio es del honorable Diputado señor Fuentealba, y dice lo siguiente:

“Para los efectos del encasillamiento, después de encasillar al personal de planta, se procederá a encasillar en los grados inmediatamente disponibles al personal a contrata que alguna vez haya pertenecido a las plantas y que hizo abandono obligado de (unciones por motivos políticos, y, en seguida, a quienes se reincorporaron al servicio, habiendo hecho abandono del mismo por cualquier otra causa.”

El señor SCHAULSOHN (Presidente) .-

En votación la indicación propuesta.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, pido la palabra por un asunto reglamentario.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, la cuestión se puede dividir, porque entiendo que hay dos ideas involucradas: una se refiere a encasillar, a continuación de los funcionarios de planta, a quienes tuvieron que salir por razones políticas; y otra, distinta, es encasillar después a quienes salieron por cualquier motivo y no fueron exonerados políticos.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Lo que ocurre, señor Diputado, es que la división de la cuestión hay que pedirla antes del cierre del debate, y, en este caso, estamos votando y no hay debate. Se acabó el Orden del Día.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 19 votos; por la negativa, 39 votos. Hubo 2 abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Rechazada la indicación y despachado el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Allende (doña Isabel), De la Maza, Dupré, Encina, Estévez, Fuentealba, González, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Navarro, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Rebolledo (doña Romy), Saa (doña María Antonieta), Soria, Urrutia (don Salvador), Valenzuela y Zambrano.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados: Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Bartolucci, Coloma, Cristi (doña María Angélica), Elizalde, García (don René Manuel), García-Huidobro, Gutiérrez, Hernández, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Longton, Makluf, Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Morales, Moreira, Munizaga, Ojeda, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prologa, Ribera, Rodríguez, Schaulsohn, Seguel, Silva, Taladriz, Ulloa,Vargas, Vega, Viera-Gallo, Vilches, Villouta y Walker.

Se abstuvieron los Diputados señores Gajardo y Solís.