Labor Parlamentaria
Diario de sesiones
- Alto contraste
Disponemos de documentos desde el año 1965 a la fecha
Índice
- DOCUMENTO
- PORTADA
- OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- Zarko Luksic Sandoval
- PERMISO CONSTITUCIONAL PARA INASISTENCIA
- DEBATE
- I.- ASISTENCIA.
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- Sergio Bitar Chacra
- Manuel Matta Aragay
- Sergio Paez Verdugo
- ASISTENCIA A SESIÓN DE SALA
- II.- APERTURA DE LA SESIÓN.
- III. ACTAS.
- IV. CUENTA.
- ALCANCE SOBRE PROCEDENCIA DE MOCIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ENACAR.
- V. FÁCIL DESPACHO.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.700, SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS. Tercer trámite constitucional.
- APROBACIÓN DE ACTAS DEL XX CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL. Segundo trámite constitucional.
- VI. ORDEN DEL DÍA.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA EN LO RELATIVO AL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES. Primer trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Sergio Benedicto Elgueta Barrientos
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- INTERVENCIÓN : Romy Rebolledo Leyton
- INTERVENCIÓN : Harry Jurgensen Caesar
- AUTORIZACIÓN A LOS MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA INTEGRAR CORPORACIONES DE DERECHO PRIVADO. Segundo trámite constitucional.
- ANTECEDENTE
- INTERVENCIÓN : Harry Jurgensen Caesar
- INTERVENCIÓN : Jose Ortiz
- INTERVENCIÓN : Maximiano Errazuriz Eguiguren
- INTERVENCIÓN : Rene Manuel Garcia Garcia
- INTERVENCIÓN : Francisco Huenchumilla Jaramillo
- INTERVENCIÓN : Octavio Jara Wolff
- INTERVENCIÓN : Hosain Sabag Castillo
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- PERMISOS CONSTITUCIONALES.
- DESIGNACIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO PARA DEFENDER PROYECTOS EN EL SENADO.
- PETICIÓN DE ARCHIVO DE PROYECTOS RELATIVOS A REFORMAS DEL PODER JUDICIAL.
- AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
- MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA EN LO RELATIVO AL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES. Primer trámite constitucional.
- VII. INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RELATIVO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MARÍTIMA S.A, EMPREMAR.
- INTERVENCIÓN : Ramon Segundo Perez Opazo
- INTERVENCIÓN : Anibal Perez Lobos
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- INTERVENCIÓN : Evelyn Matthei Fornet
- INTERVENCIÓN : Ramon Segundo Perez Opazo
- INTERVENCIÓN : Eugenio Tuma Zedan
- INTERVENCIÓN : Roberto Leon Ramirez
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Alejandro Navarro Brain
- INTERVENCIÓN : Felipe Letelier Norambuena
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTERVENCIÓN : Nelson Jaime Avila Contreras
- INTERVENCIÓN : Arturo Longton Guerrero
- INTERVENCIÓN : Carlos Dupre Silva
- INTERVENCIÓN : Francisco Leandro Bayo Veloso
- INTERVENCIÓN : Tomas Jocelyn Holt Letelier
- INTEGRACIÓN : Arturo Longton Guerrero
- CIERRE DE LA SESIÓN
- DOCUMENTOS DE LA CUENTA
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Jorge Soria Macchiavello
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- Aldo Cornejo Gonzalez
- Carlos Montes Cisternas
- Jaime Estevez Valencia
- Andres Palma Irarrazaval
- AUTOR DE UN DOCUMENTO
- DEBATE
Notas aclaratorias
- Debido a que muchos de estos documentos han sido adquiridos desde un ejemplar en papel, procesados por digitalización y posterior reconocimiento óptico de caracteres (OCR), es que pueden presentar errores tipográficos menores que no dificultan la correcta comprensión de su contenido.
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REPÚBLICA DE CHILE
CAMARA DE DIPUTADOS
LEGISLATURA 330a, EXTRAORDINARIA
Sesión 3a, en jueves 6 de octubre de 1994.
(Ordinaria, de 10.30 a 15.14 horas)
Presidencia de los señores Schaulsohn Brodsky, don Jorge; Latorre Carmena, don Juan Carlos, y Espina Otero, don Alberto.
Secretario, el señor Loyola Opazo, don Carlos.
Prosecretario, el señor Zúñiga Opazo, don Alfonso.
ÍNDICE
I.ASISTENCIA
II.APERTURA DE LA SESIÓN
III.ACTAS
IV.CUENTA
V.FÁCIL DESPACHO
VI.ORDEN DEL DÍA
VII.INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA,
FOMENTO Y DESARROLLO RELATIVO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MARÍTIMA S.A., EMPREMAR.
VIII.DOCUMENTOS DE LA CUENTA
IX.OTROS DOCUMENTOS DE LA CUENTA
ÍNDICE GENERAL
Pag.
I.Asistencia 8
II.Apertura de la sesión 10
III.Actas 10
IV.Cuenta
Alcance sobre procedencia de moción contenida en la Cuenta 10
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 10Constitución de Comisión Investigadora de Enacar 10
V.Fácil Despacho.
Modificación de la Ley N° 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios.
Tercer trámite constitucional 13
Aprobación de actas del XX Congreso de la Unión Postal Universal. Segundo trámite constitucional 14
VI.Orden del Día.
Modificación de la ley sobre impuesto a la renta en lo relativo al régimen de
participación en los ganaciales. Primer trámite constitucional 14
Autorización a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado. Segundo trámite constitucional 21
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 35
Permiso s constitucionales 35
Designación de un señor Diputado para defender proyectos en el Senado35
Petición de archivo de proyectos relativos a reformas del Poder Judicial35
Autorización a Comisión para sesionar simultáneamente con la Sala 36
VII.Informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sobre la gestión de la Empresa Marítima S.A. Empremar 36
VIII.Documentos de la Cuenta.
1.Oficio de S.E. el Presidente de la República, por el cual hace presente la urgencia, con calificación de “simple”, para el despacho del proyecto que
IX.Otros documentos de la Cuenta.
Comunicación del Diputado señor Luksic, por la que en cumplimiento del artículo 35 del Reglamento de la Corporación, solicita permiso constitucional para ausentarse del país por un plazo superior a 30 días a contar del 10 de octubre en curso.
Oficios:
De la Contraloría General de la República, por el que responde al enviado en nombre del Diputado señor Rodríguez, relativo a fecha que asumirá sus funciones el Alcalde de Calle Larga.
Del Ministerio del Interior, mediante el cual responde al enviado en nombre del Diputado señor Ceroni, relativo a creación del Juzgado de Policía Local en la comuna de Longaví.
Del Ministerio de Relaciones Exteriores, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores Jürgensen , Álvarez-Salamanca, Cantero, Martínez (don Rosauro) y Ulloa, relativo al Mercosur.
Del señor Pérez (don Ramón) y los Comités parlamentarios de los Partidos Renovación Nacional y Unión Demócrata Independiente, actividades desarrolladas en Bolivia por el señor Pedro Godoy. (Reservado)
De la Corporación, pesar y solidaridad frente a la tragedia de Ruanda.
Del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, mediante el cual responde al enviado en nombre de los Diputados señores Kuschel, Munizaga, Vargas y Ferrada, referido al anteproyecto de ley presentado por la Confederación Nacional de Trabajadores Artesanos Independientes y de Autogestión.
Del Ministerio de Hacienda, por el que responde al enviado en nombre del Diputado señor Pérez (don Ramón) referente a financiamiento de reemplazos, con motivo de licencias médicas de educadoras de párvulos que se desempeñan en establecimientos dependientes de la Junta Nacional de Jardines Infantiles en la ciudad de Iquique.
Del Ministerio de Educación, por el que responde al enviado en nombre del Diputado señor Melero, relativo a proyectos que han sido financiados por el Fondo Nacional del Libro y la Cultura, durante el año 1994.
Del Ministerio de Justicia, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Reyes, Creación Juzgado de Letras en la comuna de Purranque.
De la Corporación, creación de notarías en la Pintana y San José de Maipo.
Del Ministerio de Agricultura, mediante el cual responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores Jara, Álvarez-Salamanca, Hamuy, León, Ortiz, Ojeda, Seguel y los Comités parlamentarios de los Partidos Por la Democracia y Socialista, situación que afecta a predio El Porvenir, Octava Región.
Del señor Kuschel, estado de avance catastro bosque nativo que realiza la Universidad Austral.
Del señor Galilea, problema con carne bovina importada.
Del señor Jürgensen, intención del Gobierno de reducir el V.A.M. en la importación de leche en polvo.
De la Corporación, modificación de los convenios que se implementan en el país en el marco del Programa de Transferencia Tecnológica.
Del Ministerio de Bienes Nacionales, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Kuschel, proyecto de saneamiento en localidad Paso El León, comuna Cochamó.
Del señor Morales, solicitud arriendo terrenos fiscales en Convento Viejo, Sexta Región.
Del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor García (don José), cartera hipotecaria que administra el INP.
De la señora Prochelle, seguro de desgravamen sucesión María Olga Ampuero Mansilla.
Del señor Bartolucci, revalorización de pensiones.
De la Corporación, proyecto de ley que revalorice las pensiones del sector pasivo.
Del Ministerio de Salud, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De los señores García-Huidobro, Chadwick, Moreira y Vilches, envío de información de red de monitoreo de Fundición Calefones, Sexta Región.
De los señores Jocelyn-Holt, Palma (don Andrés), Palma (don Joaquín), Kuschel y Reyes, asignación de recursos efectuados al Hospital Clínico de la Universidad de Chile.
De la señora Cristi, clausura clínicas privadas en las que se practican abortos ilegales.
Del Ministerio de Minería, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del Señor Chadwick, contratistas de Codelco y prioridades a los vecinos de Coya.
Del señor Villegas, proyectos dispuestos por Codelco-Chile para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Potrerillos.
Del señor Arancibia, monto de recursos que serán asignados al Pamma.
Del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mediante los cuales responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
De la señora Wórner, líneas de acción que este Ministerio ha programado en las comunas de Coronel, Lota, Los Álamos, Curanilahue y Lebu.
De los señores Letelier (don Juan Pablo) y Bartolucci, pavimentación de calles de Placilla, comuna de Valparaíso.
Del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Pérez (don Ramón), servicios urbanos de locomoción colectiva en Iquique.
Del señor Longueira, medidas de fiscalización para impedir la incorporación de servicios adicionales a usuarios de telefonía local; convenios suscritos por concesionarias de servicios públicos telefónicos.
Del señor Navarro, diversas medidas en beneficio de Tomé.
Del señor García-Huidobro, descuento del valor de pasaje en trenes a los adultos mayores.
Del señor Rodríguez, restablecimiento del servicio del F.F.C.C. para pasajeros entre Valparaíso y Los Andes.
Del señor Jara, recursos pertinentes para el Fondo de Desarrollo de Telecomunicaciones.
Del señor Kuschel, destino transbordador Caupolicán.
Del señor Pérez (don Ramón), renovación de taxis.
Del señor Orpis, concesiones para señal Mmds o TV Multicanal banda 2.66 Hz.
Del Ministerio de Planificación y Cooperación, por los que responde los enviados en nombre de los siguientes Diputados:
Del señor Solís, asignación de bonificación del decreto con fuerza de ley N° 15.
De los señores Latorre, Ferrada, Reyes y Elizalde, vigencia de programas de desarrollo para comunas no calificadas como de extrema pobreza.
De los señores Latorre, Ferrada, Reyes y Elizalde, prioridad comunas en extrema pobreza Sexta Región.
De la Corporación, ampliación programa de equipamiento comunitario.
De la Municipalidad de Linares que responde al enviado en nombre del Diputado señor Ferrada, referente a directivas de las organizaciones comunitarias de esa comuna.
De la Municipalidad de Villa Alemana, por el que responde al enviado en nombre del Diputado señor Longton, relativo a población Gumercindo de esa comuna.
I.- ASISTENCIA.
Asistieron los siguientes señores Diputados: (102)
--Acuña Cisternas, Mario
--Alvarado Andrade, Claudio
--Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro
--Allamand Zavala, Andrés
--Allende Bussi, Isabel
--Arancibia Calderón, Armando
--Ascencio Mansilla, Gabriel
--Ávila Contreras, Nelson
--Aylwin Azocar, Andrés
--Aylwin Oyarzún, Mariana
--Balbontín Arteaga, Ignacio
--Bayo Veloso, Francisco
--Bombal Otaegui, Carlos
--Cantero Ojeda, Carlos
--Cardemil Herrera, Alberto
--Ceroni Fuentes, Guillermo
--Correa De la Cerda, Sergio
--Cristi Marfil, María Angélica
--Chadwick Piñera, Andrés
--De la Maza Maillet, Iván
--Dupré Silva, Carlos
--Elgueta Barrientes, Sergio
--Elizalde Hevia, Ramón
--Encina Moriamez, Francisco
--Errázuriz Eguiguren, Maximiano
--Espina Otero, Alberto
--Estévez Valencia, Jaime
--Fantuzzi Hernández, Ángel
--Ferrada Valenzuela, Luis Valentín
--Fuentealba Vildósola, Renán
--Ojeda Uribe, Sergio
--Orpis Bouchon, Jaime
--Ortiz Novoa, José Miguel
--Palma Irarrázaval, Andrés
--Palma Irarrázaval, Joaquín
--Paya Mira, Darío
--Pérez Lobos, Aníbal
--Pérez Opazo, Ramón
--Prokurica Prokurica, Baldo
--Rebolledo Ley ton, Romy
--Reyes Alvarado, Víctor
--Ribera Neumann, Teodoro
--Saa Díaz, María Antonieta
--Sabag Castillo, Hosaín
--Salas De la Fuente, Edmundo
--Schaulsohn Brodsky, Jorge
--Seguel Molina, Rodolfo
--Silva Ortiz, Exequiel
--Solís Cabezas, Valentín
--Soria Macchiavello, Jorge
--Sota Barros, Vicente
--Taladriz García, Juan Enrique
--Tohá González, Isidoro
--Tuma Zedan, Eugenio
--Ulloa Aguillón, Jorge
--Urrutia Avila, Raúl
--Urrutia Cárdenas, Salvador
--Valcarce Medina, Carlos
--Valenzuela Herrera, Felipe
--Vargas Lyng, Alfonso
--Vega Vera, Osvaldo
--Venegas Rubio, Samuel
--Vilches Guzmán, Carlos
--Villegas González, Erick
--Villouta Concha, Edmundo
--Walker Prieto, Ignacio
--Zambrano Opazo, Héctor
Con permiso Constitucional estuvo ausente el Diputado señor Jaime Rocha.
Asistieron, además, la Ministra de Justicia, señora Soledad Alvear; el Ministro de Vivienda y Urbanismo, señor Edmundo Hermosilla; el Ministro de Fomento de la Producción, señor Felipe Sandoval, y los Senadores señores Sergio Bitar, Manuel Antonio Matta y Sergio Páez.
II.- APERTURA DE LA SESIÓN.
Se abrió la sesión a las 10.30.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En el nombre de Dios y de la Patria, se abre la sesión.
III. ACTAS.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Las actas de las sesiones 1a y 2a se encuentran a disposición de los señores Diputados
IV. CUENTA.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.
El señor ZÚÑIGA (Prosecretario) da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.
El Señor SCHAULSOHN (Presidente)Terminada la lectura de la Cuenta.
ALCANCE SOBRE PROCEDENCIA DE MOCIÓN CONTENIDA EN LA CUENTA.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, el punto 8 de la Cuenta se refiere a una moción presentada por el Diputado señor Soria, que propone la derogación de los decretos leyes números 1 y 128, de 1973.
El decreto ley N° 1 trata de la constitución de la Junta de Gobierno; el N° 128, de la expresión del poder en esa época.
Es de público conocimiento que los mencionados decretos leyes no están vigentes a partir de la Constitución de 1980. En consecuencia, pregunto por qué, en el examen previo, no se le hizo presente al Diputado señor Soria que ha habido acontecimientos posteriores que dejaron sin vigencia esos decretos.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
A lo mejor, el Diputado señor Soria posee antecedentes que nosotros ignoramos, señor Diputado.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El Señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Solicito autorización de la Sala para que la Comisión Especial de Aduanas pueda sesionar simultáneamente con la Sala.
Acordado.
El Señor RIBERA.-
Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, en la Cuenta se informó de la urgencia solicitada por el Ejecutivo para el proyecto que figura en el segundo lugar de la Tabla del Orden del Día.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Estamos dentro de los plazos para el despacho del proyecto. Mientras los cumplamos, no hay problemas con la urgencia.
CONSTITUCIÓN DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE ENACAR.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, me referiré a una situación que me parece anómala respecto del Reglamento.
El miércoles pasado nos reunimos para constituir la Comisión Investigadora de Enacar. De acuerdo con el Reglamento, me correspondió presidir la sesión. Hubo un empate como es de conocimiento de la Sala, que se repitió tres veces. Haciendo uso de mis facultades y por la unanimidad de la Comisión, se acordó citarla para el miércoles siguiente, a las tres y media de la tarde.
Señor Presidente, deseo saber si Su Señoría, en virtud de las facultades que le confieren los artículos 73, letra b), y 242, letra b), citará para formar una nueva Comisión.
Quiero destacar que, por primera vez durante los dos períodos en que soy Diputado, a pesar de haber un acuerdo unánime, el Presidente de la Corporación ha intervenido, bajo presión de no sé qué Diputado, para constituir ese mismo día miércoles una Comisión Investigadora de Enacar.
He sido miembro de 4 ó 5 Comisiones investigadoras, e invariablemente todas han terminado negociadas. Y estoy viendo que esta Comisión partirá viciada si el Presidente ha actuado bajo presión para que se constituya una nueva el mismo día miércoles. Por eso, quiero preguntar: ¿Nosotros, indirectamente, nos estamos convirtiendo en los amparadores de la corrupción en este país porque, dependiendo del color político del acusado, de antemano se sabe el resultado de la misma?
Este es un mal precedente para las futuras comisiones investigadoras. Por lo tanto, pido formalmente a la Sala y a Su Señoría, en su calidad de Presidente de la Corporación, que se modifique el Reglamento revisando el procedimiento de las comisiones investigadoras, porque, de lo contrario, no conducirán a nada y seremos el hazmerreír de la opinión pública cuando se trate de una de ellas.
Formulo mi reclamo más airado por el procedimiento seguido en esta oportunidad.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Su reclamación no tiene fundamento alguno, señor Diputado. La Comisión no se logró constituir y, en virtud de las facultades establecidas en el Reglamento, se citó dentro del plazo de cuatro horas para su constitución. El acuerdo fue ratificado por los Comités y por la Sala.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Tiene fundamento, señor Presidente, porque la Comisión se constituyó; lo que no eligió fue su presidente y, como consta en acta Su Señoría la puede pedir porque tiene facultades, al igual que cualquier parlamentario, por unanimidad se acordó que la elección se haría el miércoles siguiente. De manera que mi reclamo tiene fundamento.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Señor Diputado, el asunto lo estudiamos con el Secretario de la Corporación y llegamos a la conclusión de que la Comisión no se podía entender constituida, y se citó para ese efecto dentro del plazo reglamentario de cuatro horas.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Gracias, señor Presidente.
El señor ULLOA.-
Pido la palabra para referirme a un aspecto reglamentario.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, sería de enorme importancia que Su Señoría solicitara el asentimiento, frente a la materia
requerida por el honorable colega señor García, para poner los antecedentes a disposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, no sólo por este problema, sino porque me parece una discusión absolutamente válida, por cuanto es posible entender que efectivamente se constituyó la Comisión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
No es así.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, es posible desprender aquello, a pesar de no haber elegido presidente. Como esta es una cuestión que no vamos a zanjar ahora, me parece muy válida la aprensión del honorable colega señor García, y solicito a Su Señoría que...
Es señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Lo que ocurre, señor Diputado, es que el tema va a quedar zanjado ahora.
La Mesa no tiene dudas que la interpretación reglamentaria es correcta y, por lo tanto, no corresponde debate sobre el asunto, de acuerdo con el Reglamento que Su Señoría invoca.
El señor GALILEA.-
Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor GALILEA.-
Señor Presidente, para claridad de la Sala, debo manifestar que me parece inexplicable que no se haya podido constituir la Comisión, en circunstancias de que, según me han señalado, empataron a cinco votos. Con ese número de Diputados, en este Congreso se constituye una comisión. Por lo menos a mí no me ha quedado claro el procedimiento, señor Presidente.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Pero a la Mesa sí. Se hizo de la mejor manera para agilizar la constitución de la Comisión.
El señor LONGTON.-
Pido la palabra, señor Presidente, para referirme a un asunto reglamentario.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, no deseo dilatar más el inicio de la sesión, pero quiero hacer una petición.
En la tabla figura el informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, relativo a la gestión de la Empresa Marítima S.A. (Empremar). Como están citados dos Ministros y éste es un asunto importante y bastante largo, pido que recabe el asentimiento de la Sala a fin de comenzar lo antes posible el análisis de dicho informe, aun cuando se deje sin tramitar algún proyecto contenido en aquélla.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En todo caso, recuerdo al señor Diputado que éste fue un acuerdo unánime de los Comités, debidamente informado a la Sala el martes recién pasado, sin que hubiera objeción alguna al procedimiento consignado en acta.
Sin perjuicio de ello, pido que Su Señoría indique cuál es la modificación específica que sugiere respecto de la tabla, y en qué lugar desea abordar el tema, con el objeto de solicitar la unanimidad a la Sala.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, es efectivo que se trata de un acuerdo unánime de los Comités, pero también es cierto y Su Señoría lo sabe que nosotros no estábamos en conocimiento de la cantidad de proyectos que íbamos a ver hoy. Podríamos haber tenido en el Orden del Día, siete o seis proyectos, con lo cual comenzaríamos con este tema a las 16 horas.
termina reglamentariamente, en este caso, a las 12.30 hrs.
El señor LONGTON.-
A veces se alarga por acuerdo de la Sala.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Lo que quiero decir, señor Diputado, es que la hora para empezar a tratar el informe no depende de la cantidad de proyectos que existan en la tabla. A las 12.30 se acaba el Orden del Día, y aunque queden todos los proyectos pendientes se procede a tratar el informe. Ese elemento de juicio lo tuvieron muy en cuenta los Comités al momento de acordar el procedimiento.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, formalmente solicito que el Orden del Día termine media hora antes.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En el fondo, el señor Diputado está pidiendo que el Orden del Día termine a las 12 y no a las 12.30.
Solicito el asentimiento unánime a la Sala para proceder de esa manera.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Señor Diputado, no hay acuerdo de diversos sectores políticos.
La señora MATTHEI.-
Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN.- (Presidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, mi protesta no es porque se vea a las 12.00. Doy la unanimidad para eso, pero si hemos trabajado durante seis meses y el informe es bueno por primera vez, hemos emitido un informe por unanimidad, encuentro inaceptable que...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Honorable señora Diputada, los Comités acordaron por unanimidad un procedimiento para conocer el informe a partir de las 12.30 hrs. El hecho de que ahora un honorable Diputado, con todo derecho, quiera modificarlo, y que haya parlamentarios que no estén de acuerdo, con el debido respeto, no me parece inaceptable. Está dentro de las normas reglamentarias. En todo caso, en un rato más se puede recabar la unanimidad.
V. FÁCIL DESPACHO.
MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 18.700, SOBRE VOTACIONES POPULARES Y ESCRUTINIOS. Tercer trámite constitucional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En Fácil Despacho, corresponde conocer, en tercer trámite constitucional, las modificaciones del Honorable Senado al proyecto de ley que modifica la ley N° 18.700, sobre votaciones populares y escrutinios, en lo relativo a las normas sobre apoderados de mesa y vocales.
Antecedentes:
Modificaciones del Senado, boletín N° 1020-07, sesión 39a, en 13 de Septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N°3.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
En votación.
Si le parece a la Sala, se aprobarán por unanimidad las modificaciones del Senado.
El señor RIBERA.-
Dejando constancia de que se reunió el quorum.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Aprobadas las enmiendas con el quorum requerido, esto es, por más de 70 Diputados de 119 en ejercicio.
Despachado el proyecto.
APROBACIÓN DE ACTAS DEL XX CONGRESO DE LA UNIÓN POSTAL UNIVERSAL. Segundo trámite constitucional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Corresponde conocer el proyecto de acuerdo, en segundo trámite constitucional, que aprueba las actas del XX Congreso de la Unión Postal Universal.
Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana es el señor Juan Antonio Coloma, quien se encuentra ausente.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín N° 874-10 (S), sesión 36ª, en 6 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 8.
Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 1°, en 4 de octubre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 35.
El señor SCHAULSOHN (Presidente) Ofrezco la palabra a algún señor Diputado de la Comisión de Relaciones Exteriores para que entregue el informe.
Si le parece a la Sala, se dará por rendido en virtud del texto escrito, y se aprobará por unanimidad el proyecto de acuerdo.
El señor MUNIZAGA.- Pido la palabra.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).- Tiene la palabra Su Señoría.
El señor MUNIZAGA.- Señor Presidente, la Comisión de Relaciones Exteriores analizó y acogió por unanimidad este proyecto de acuerdo. Por lo tanto, perfectamente podemos proceder a su aprobación de la misma manera, sobre la base del informe escrito.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).
Ofrezco la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si le parece a la Sala, se aprobará por unanimidad.
Aprobado.
Despachado el proyecto de acuerdo.
VI. ORDEN DEL DÍA.
MODIFICACIÓN DE LA LEY SOBRE IMPUESTO A LA RENTA EN LO RELATIVO AL RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN EN LOS GANANCIALES. Primer trámite constitucional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
En el Orden del Día, corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica la Ley sobre Impuesto a la Renta, en lo relativo al régimen de participación en los gananciales.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Francisco Huenchumilla.
Antecedentes:
Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1380-05, sesión 1° en 4 de octubre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.
Certificado de la Comisión de Hacienda. Documentos de la Cuenta N° 5, de esta sesión.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, el 23 de septiembre del presente año se publicó en el Diario Oficial la ley N° 19.335, que modificó el Código Civil y otros cuerpos legales, para incluir en el régimen de bienes del matrimonio el de participación en los gananciales, en el que incide este proyecto, que aborda aspectos tributarios derivados de este nuevo régimen.
El artículo 2° de esa ley señala: “En el régimen de participación en los gananciales los patrimonios del marido y de la mujer se mantienen separados y cada uno de los cónyuges administra, goza y dispone libremente de lo suyo. Al finalizar la vigencia del régimen de bienes, se compensa el valor de los gananciales obtenidos por los cónyuges y éstos tienen derecho a participar por mitades en el excedente.”
Por otra parte, el N° 1 del artículo 2° del decreto ley 824, contiene un concepto amplio de renta, por cuanto dispone que son “los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera que sea su naturaleza, origen o denominación.”
En consecuencia, en nuestra legislación tributaria el concepto de renta es amplio. Quedan exceptuados sólo aquellos ingresos que la ley declara expresamente no constitutivos de renta o los que exima del pago de los impuestos respectivos.
Por lo tanto, si una norma específica no establece que la participación en los gananciales o el crédito en la participación, de acuerdo con la terminología que usa la ley N° 19.335, no constituye renta, quedarían incluidos en el N° 5 del artículo 20, que es una norma residual de la ley sobre Impuesto a la Renta, la cual dispone que el impuesto afectará, en definitiva, a “todas las rentas, cualquiera que fuera su origen, naturaleza o denominación, cuya imposición no esté establecida expresamente en otra categoría ni se encuentren exentas”. Al no estar considerados en el impuesto de segunda categoría, ni exentos porque en la ley N° 19.335 no se estableció esta excepción, ni declarados no constitutivos de renta, se aplicaría el N° 5 del artículo 20 del decreto ley N° 824 y, por lo tanto, pagarían el impuesto de primera categoría, sin perjuicio del global complementario y del adicional, en su caso. Por consiguiente, se produciría un problema de doble tributación, ya que cuando los respectivos patrimonios generaron esos excedentes, gananciales o utilidades, pagaron los impuestos correspondientes, y ahora, una vez liquidados los gananciales, los matrimonios afectos a este régimen matrimonial estarían sujetos a esa obligación.
Además, tendríamos otro efecto discriminatorio respecto del régimen de sociedad conyugal que actualmente contempla el Código Civil. La letra g) del N° 8 del artículo 17 de la Ley de Impuesto a la Renta precisa que no constituye renta la “Adjudicación de bienes en liquidación de sociedad conyugal a favor de cualquiera de los cónyuges o de uno o más de sus herederos, o de los cesionarios de ambos;”.
Por ello, el proyecto propone agregar un N° 30, nuevo, al artículo 17 del decreto ley N° 824, donde se especifican los ingresos que no constituyen renta, que indicaría: “La parte de los gananciales que uno de los cónyuges, sus herederos o cesionarios, perciba del otro cónyuge, sus herederos o cesionarios, como consecuencia de la liquidación del régimen patrimonial de participación en los gananciales”.
Por otra parte, con el objeto de evitar la discriminación con la sociedad conyugal, se plantea la sustitución del inciso primero del artículo 53 del decreto ley N° 824, por el siguiente: “Los cónyuges que estén casados bajo el régimen de participación en los gananciales o de separación de bienes, sea ésta convencional, legal o judicial, incluyendo la situación contemplada en el artículo 150 del Código Civil, declararán sus rentas en forma independiente”. La novedad es la inclusión de los cónyuges casados bajo el régimen de participación en los gananciales, que no estaban incorporados en el texto actual de esta disposición.
La Comisión de Hacienda analizó y discutió el proyecto y conoció tres indicaciones presentadas por el honorable Diputado señor Elgueta, de las que quiero dar cuenta en forma breve, porque me parece que inciden en la parte sustancial del debate.
Lamentablemente el honorable Diputado señor Elgueta no pudo asistir a la Comisión para intercambiar ideas sobre aspectos jurídicos bastante importantes en relación con el proyecto y con el nuevo régimen, contenido en la ley N° 19.335. recientemente publicada, que constituye toda una novedad desde el punto de vista de su análisis en la Comisión de Hacienda, no obstante haberlo visto en la Sala. Quienes lo conocieron detenidamente fueron los señores Diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Por lo tanto, el análisis lo hicimos estando presente don René García, Subdirector Normativo del Servicio de Impuestos Internos.
Voy a dar una breve cuenta de la discusión sobre las indicaciones del Diputado señor Elgueta.
La primera tenía por objeto sustituir el número 30 del artículo 17, es decir, la primera modificación del proyecto de ley que se refiere a la parte de los gananciales que perciba el otro cónyuge como consecuencia de la liquidación. En lugar de “partes de los gananciales”, establece “incremento patrimonial que se obtenga” y no menciona el vocablo “liquidación”, sino la expresión “terminado el régimen de participación en los gananciales”; y en vez de “gananciales” propiamente tal, se refiere a “pago del crédito de participación”.
El criterio de Impuestos Internos al respecto es que si bien la indicación del señor Diputado usa la terminología de la ley N° 19.335, ellos prefieren la redacción del proyecto porque, a su juicio, tiene un concepto más amplio y acorde con la terminología que usa la ley de Impuesto a la Renta. Al parecer, esto hizo fuerza en la mayoría de los señores Diputados, que rechazaron la indicación del Diputado señor Elgueta. Quien habla se abstuvo, porque le pareció interesante y creyó conveniente escuchar argumentos que ojalá se den en la Sala, con el objeto de precisar su sentido jurídico exacto.
La segunda indicación consiste en una adecuación formal del artículo 53. Se acogió la idea de reemplazar la expresión “de” por “participación en los gananciales”.
La última indicación dice relación con la entrada en vigencia de esta iniciativa una vez que sea ley de la República. La ley N° 19.335, en la cual incide esta modificación del Impuesto a la Renta, entra en vigencia con la mayor parte de sus artículos después de tres meses desde su publicación en el Diario Oficial ésta fue publicada el 23 de septiembre, por lo que la indicación señala que la ley regirá a contar de la misma fecha en que lo haga la ley N° 19.335.
Esta indicación nos pareció pertinente, porque mal podríamos aprobar una ley que tuviera vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial, en circunstancias de que las materias sobre las cuales incide lo harán dentro de tres meses.
Por estas razones, la Comisión de Hacienda aprobó en general y en particular el proyecto en la forma señalada.
Respecto de la primera indicación, esperamos tener dentro del tiempo que señala el Reglamento, y atendida la urgencia del proyecto de ley, los elementos de juicio que permitan definir concretamente la posición definitiva de la Sala.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.
El señor ELGUETA.-
Señor Presidente, en primer término, afirmo que estoy de acuerdo con la idea de legislar; pero la indicación que formulé en la Comisión de Hacienda y que, desafortunadamente, no pude ir a explicar, atendido que a esa misma hora tuve que participar en una Comisión Mixta en el Senado, la redacté con el objeto de precisar la situación que se presenta en el régimen de participación de gananciales.
El proyecto del Ejecutivo, en el acápite de la indicación que se rechazó, dice: “la parte de los gananciales”. De acuerdo con el sistema propuesto y con lo que se discutió en la Cámara, esa frase nos lleva a especular sobre si el proyecto quiere declarar que no son renta los gananciales, o bien si se trata de lo que se llama crédito en la participación, porque son dos conceptos absolutamente distintos.
Al finalizar el régimen de participación en los gananciales, sea por muerte real o presunta de uno de los cónyuges, nulidad de matrimonio, divorcio perpetuo, por fallo que declare la separación de bienes o por pacto de separación de bienes, los patrimonios de los cónyuges permanecen separados; no se forma la comunidad como en el régimen de sociedad conyugal.
A este propósito, quiero señalar que en el informe, cuando se debatió el proyecto que estableció el régimen patrimonial, en su página 22 dice: “Hay que tener presente que en este régimen no se obtienen gananciales, como en el de la sociedad conyugal, sino un crédito de participación, y en consecuencia, no hay gananciales que repartir”.
Es lógico que así sea, porque el artículo 6o de la ley define los gananciales, y señala: “Se entiende por gananciales la diferencia de valor neto entre el patrimonio originario y el patrimonio final de cada cónyuge”. O sea, aquí hay dos patrimonios, y si respecto de cada uno existe excedente, constituye ganancial. Pero eso no es lo que se reparte, como en el sistema de la sociedad conyugal.
Y cuando el proyecto habla de la parte de los gananciales incurre en una ilegalidad, en una infracción al artículo 6°, porque, de ser así, habría dos rentas: la del marido y la de la mujer. Por lo tanto, si no existiera esta iniciativa y estuviera en aplicación dicho régimen patrimonial, los dos gananciales constituirían renta y, en consecuencia, deberían tributar.
Pero creo que el proyecto no se refiere a esa materia, porque con posterioridad habla de que la parte de los gananciales que perciba el otro cónyuge, su heredero o cesionario.
Y como este sistema no admite la entrega de esos gananciales, porque no se distribuyen ni se forma la comunidad, entonces está mezclando dos conceptos que no calzan entre sí, pues lo que sí se percibe es el pago, la entrega de los valores, del dinero o de los bienes, cuando verdaderamente existe un crédito, mientras que en el sistema de participación en los gananciales existe en las dos situaciones señaladas en el artículo 19 de la Ley sobre régimen de gananciales.
En primer lugar, si uno de los cónyuges ha obtenido gananciales dice, el otro participará de la mitad de su valor. En ese caso, hay sólo uno de los patrimonios; en consecuencia, no hay dos rentas, como en el caso a que puede llevamos el proyecto, en el sentido de decir que hay dos rentas que no son tales, sino una sola.
Por lo tanto, en esta fase todavía no hay un valor a repartir ni un ganancial que se entrega a la otra parte. Si ambos cónyuges hubieren obtenido gananciales, éstos se compensarán hasta la concurrencia del menor valor, y aquel que hubiera obtenido menores gananciales, tendrá derecho a que el otro le pague la mitad del excedente a título de participación.
En esta situación, ambos cónyuges tienen una diferencia a su favor en sus respectivos patrimonios y, por lo mismo, ambos generan gananciales, pero éstos no son los que se reparten, porque, a continuación, el párrafo cuarto de la ley se titula “Del crédito de participación en los gananciales”. Por lo tanto, aquí se trata de un derecho personal de aquello que define el Código Civil y que recíprocamente se trasforma en una obligación de pagar o de solucionar por parte de aquel cónyuge que hubiera obtenido mayor valor, el cual se puede pagar una vez terminado el régimen, y originada así esta diferencia, es posible cederla o transmitirla. Es como una letra de cambio que se transfiere a cualquier persona. En consecuencia, no se trata de gananciales, sino de un crédito personal.
De allí, entonces, que cuando el proyecto se refiere a “la parte de los gananciales” incurre en un error frente al texto de la ley publicada el 23 de septiembre de 1994. porque en este régimen nunca habrá una repartición de gananciales. Ello es una contradicción, porque el proyecto la asimila a lo que perciba el otro cónyuge, quien jamás podrá recibir una parte de los gananciales, sino que percibirá el dinero correspondiente al pago de su crédito, ya que el mismo texto del Ejecutivo, a continuación, lo define “como consecuencia de la liquidación del régimen patrimonial de participación en los gananciales”.
Si el régimen se ha liquidado, no se reparten los bienes ni los gananciales, sino que se genera exclusivamente vuelvo a insistir un crédito, y cuando éste se paga o esa renta se percibe en los términos que define la Ley de Impuesto a la Renta, constituye incremento patrimonial en favor del otro cónyuge y, por ende, debería pagar impuesto. Precisamente el objetivo de la ley es que ese crédito en la participación de los gananciales que se paga con posterioridad a la llamada liquidación...
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
¿Me excusa, señor Diputado? Le queda un minuto de su tiempo.
El señor ELGUETA.-
Voy a terminar.
Me parece que éste no es un problema baladí, porque, de aceptarse la propuesta del Ejecutivo, se entendería que los gananciales de cada cónyuge estarían afectos al impuesto a la renta y que por este proyecto dejarían de tributar. En cambio, estoy sosteniendo que no son los gananciales los que constituirían renta, sino el crédito percibido por parte del otro cónyuge o cesionario. Esa fue la razón por la cual presenté indicación en el sentido de que no debería declararse como renta el crédito de participación en los gananciales, por cuanto constituye un incremento del patrimonio del otro cónyuge.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Si le parece a la Cámara, podríamos fijar las 11.30 como hora de votación del proyecto.
Acordado.
En todo caso, el honorable señor Elgueta tiene derecho a solicitar que su indicación se vote.
Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto, con trámite de “discusión inmediata”, viene a corregir una omisión producida durante la tramitación de la ley N° 19.335, publicada el 23 de septiembre del año en curso, que se refiere a que los gananciales deben estar exentos de impuestos.
Tal como quedó redactada dicha ley, evidentemente habrían quedado afectos a los impuestos de primera categoría y global complementario, lo que sería una injusticia por cuanto cada cónyuge ya está tributando en la actualidad por ese patrimonio. Por lo tanto, al producirse la liquidación de los gananciales y al no excluirse de los impuestos, estarían tributando doblemente, lo que se pretende evitar con este proyecto, respecto del cual anunciamos nuestros votos favorables.
En el análisis de la iniciativa participó el Subdirector de Impuestos Internos, quien defendió la forma en que están redactados sus fundamentos, y manifestó que en su análisis también intervino el Ministro de Justicia. Como está presente la señora Ministra del ramo, pido que dé su opinión al respecto, en especial sobre la indicación formulada por el Diputado señor Elgueta.
En la Comisión nos inclinamos por el proyecto del Ejecutivo, básicamente por las razones dadas por el Subdirector de Impuestos Internos, puesto que, para los efectos tributarios, la redacción del proyecto es clara en cuanto a que no pagarían ningún tipo de tributo los gananciales producto de las liquidaciones de las sociedades conyugales.
Por lo tanto, solicito que la señora Ministra nos dé su opinión sobre el proyecto, en particular de la indicación que propicia el Diputado señor Elgueta.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra la señora Ministra de Justicia.
La señora ALVEAR (Ministra de Justicia).-
Señor Presidente, tal como se ha señalado, esta iniciativa legal, con trámite de “discusión inmediata”, tiene por finalidad abordar la situación tributaria que implica la entrada en vigencia de la ley que creó el régimen de participación en los gananciales como uno alternativo del matrimonio, publicada en el Diario Oficial en septiembre recién pasado.
El proyecto del Ejecutivo introduce dos artículos modificatorios de la Ley sobre Impuesto a la Renta en los términos señalados por el Diputado informante, el honorable señor Huenchumilla.
En relación con las indicaciones presentadas ayer en la Comisión de Hacienda, estimó necesario manifestar que, en opinión del Ejecutivo, en particular de los especialistas en materia tributaria que estudiaron con detención el proyecto, se llega a la conclusión de que en la ley N° 19.335, que establece el régimen de participación en los gananciales, se dispone muy claramente la manera en que éstos se liquidan y se establece cada uno de los pasos, en la forma en que lo explicó el honorable Diputado señor Elgueta.
La iniciativa, que modifica los artículos pertinentes de la Ley sobre Impuesto a la Renta, sólo tiene por objetivo aclarar, desde el punto de vista tributario, los efectos que los gananciales originan. De manera que corresponde adecuar la iniciativa legal que estamos discutiendo con la ley sobre Impuestos a la Renta.
En esa perspectiva, el proyecto busca que los gananciales no constituyan rentas. La forma que al Ejecutivo le parece más clara para lograrlo, desde el punto de vista tributario, ha sido la presentada ayer en la Comisión de Hacienda, porque la liquidación de la sociedad conyugal se realizará de acuerdo con la forma establecida en la ley N° 19.335. La aplicación de la Ley sobre Impuesto a la Renta, de acuerdo con el proyecto que hoy discutimos, aparece más clara insisto en los términos redactados en la indicación formulada por el Ejecutivo.
Sin perjuicio de eso, me parece importante rescatar una indicación hecha ayer en la Comisión de Hacienda por el Diputado señor Elgueta, para que el número 30°, nuevo, del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, quede redactado de la siguiente forma: “La parte de los gananciales que uno de los cónyuges, sus herederos o cesionarios, perciba del otro cónyuge, sus herederos o cesionarios, como consecuencia del término del régimen patrimonial de participación en los gananciales”.
En definitiva, señor Presidente, respecto de las tres indicaciones mencionadas en esta sesión, nos parece pertinente señalar que el número 30°, nuevo, del artículo 17 de la Ley sobre Impuesto a la renta, queda más claro con la indicación del Ejecutivo, en orden a referirse a “la parte de los gananciales”.
Por otro lado, respecto de esa misma norma, es conveniente acoger la indicación del Diputado señor Elgueta, en el sentido de reemplazar la frase “de la liquidación” por “del término”.
Quiero manifestar el amplio acuerdo del Ejecutivo para acoger también las otras dos indicaciones.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra la Diputada señora Romy Rebolledo.
La señora REBOLLEDO.-
Señor Presidente, el proyecto es tremendamente importante para evitar una discriminación en contra de este nuevo régimen patrimonial de participación en los gananciales. Tal cual estaba establecido, una vez que se le pusiera término, la parte que recibiría uno de los cónyuges estaría afecta a la Ley sobre Impuesto a la Renta. El proyecto, reitero, evita esa discriminación, liberándola de dicho impuesto, tal como ocurre cuando termina el régimen de sociedad conyugal.
Respecto de las indicaciones, comparto plenamente lo planteado por la señora Ministra de Justicia, en el sentido de que es mejor la redacción propuesta por el Ejecutivo al numeral 30 del artículo 17. No obstante, la indicación del Diputado señor Elgueta, a mi juicio, dice relación también con el mismo objetivo: perfeccionar la redacción.
Ayer fuimos partidarios en la Comisión de Hacienda, y lo reiteramos hoy, de que es pertinente acoger el resto de las indicaciones formuladas pro el Diputado señor Elgueta, las que procederemos a aprobar.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.
El señor JÜRGENSEN.-
Señor Presidente, se hace necesario establecer una exención como la que se propone, dado que, de lo contrario, se produciría el efecto no deseado de que la parte que perciba un cónyuge al liquidarse el régimen de participación en los gananciales tributarían dos veces: la primera, al ser generada por el cónyuge que obtiene la ganancia, y la segunda, al ser transferida al otro a título de participación en los gananciales.
Por esa razón, la bancada de Renovación Nacional votará favorablemente este proyecto.
He dicho.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Si le parece a la Sala, se declarará cerrado el debate.
Acordado.
El señor Secretario dará lectura a la indicación presentada al proyecto.
El señor LOYOLA (Secretario).-
El número 30°, nuevo, que agrega el N° 1) del proyecto al artículo 17 del decreto ley N° 824, quedaría redactado en los siguientes términos:
“30°. La parte de los gananciales que uno de los cónyuges, sus herederos o cesionarios, perciba del otro cónyuge, sus herederos o cesionarios, como consecuencia del término del régimen patrimonial de participación en los gananciales”.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
¿Habría unanimidad para aprobar el proyecto con esta indicación?.
Aprobado.
El señor SEGUEL.-
Señor Presidente, ¿el proyecto que recién aprobamos es de quorum calificado?.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
No, señor Diputado. Estaba calificado como de “discusión inmediata”.
El señor SEGUEL.-
Estoy preguntando qué cantidad de votos requería.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Cuando no es de quorum calificado, debe aprobarse por quorum simple; esto es la mitad más uno de los señores Diputados.
Al aprobarse en forma unánime, se entiende que fue por todos los Diputados presentes.
El señor SEGUEL.-
Tenía que haber dicho eso.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
No, señor Diputado.
El señor SEGUEL.-
Debió hacer votación para que se supiera quiénes lo aprobaron.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Está en un error Su Señoría. La votación fue unánime, de manera que se entiende que se pronunciaron a favor aquellos que aparecen presentes.
Despachado el proyecto.
AUTORIZACIÓN A LOS MINISTERIOS DE OBRAS PÚBLICAS Y DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA INTEGRAR CORPORACIONES DE DERECHO PRIVADO. Segundo trámite constitucional.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Corresponde tratar, en segundo trámite constitucional, el proyecto que faculta a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado.
Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Jürgensen; de la de Obras Públicas, el señor Ortiz, y de la de Vivienda, el señor Moreira.
Antecedentes:
Proyecto del Senado, boletín N° 1097-09 (s), sesión 18a, en 7 de Julio de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.
Informes de las Comisiones de Hacienda; de Vivienda y Desarrollo Urbano, y de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, sesión 41a en 15 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N°s. 3, 4 y 5.
El señor SCHAULSOHN (Presidente).-
Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Hacienda.
El señor JÜRGENSEN.-
Señor Presidente, el proyecto tiene su origen en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República.
Las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones y de Vivienda y Desarrollo Urbano consideraron, en sus respectivos informes, que el artículo único aprobado por ellas es de competencia de la Comisión de Hacienda.
El propósito de la iniciativa consiste en facultar a los Ministerios de Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas para integrarse, como miembros, a corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, con el objeto de promover, desarrollar y coordinar iniciativas de investigación, de transferencia y difusión de conocimientos, tecnología y experiencias en el área de la construcción, tanto de viviendas como de infraestructura.
Durante el estudio del proyecto, la Comisión escuchó a los señores Sergio Galilea, Subsecretario de Vivienda; Sergio González, Subsecretario de Vivienda subrogante; José Manuel Cortínez, Jefe de la División Técnica, y a la señora Jeanette Tapia, Jefa del Departamento Jurídico, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, quienes hicieron presente que la iniciativa surgió de las deliberaciones de la Comisión de Calidad de la Vivienda, que fue convocada en 1992, la que habría propuesto la creación de un Instituto de la Construcción.
Las actividades del instituto se guiarán por el criterio de coordinar y fortalecer las capacidades y los organismos existentes a lo largo del país, como las universidades, centros de investigación, etcétera.
En consecuencia, contará sólo con una reducida planta estable y de alto nivel profesional, que contratará externamente los servicios que requiere para el desarrollo de sus programas. La actividad del Consejo y de los grupos de trabajo no será remunerada.
También se manifestó en la Comisión de Hacienda que el sector privado ha mostrado interés en la iniciativa y que la Cámara Chilena de la Construcción participó en la discusión del proyecto en el Senado.
El informe financiero, emitido por la Dirección de Presupuestos, señala que, si bien la iniciativa permite que los ministerios referidos puedan disponer aportes en dinero, éstos no irrogarán un mayor gasto fiscal, en atención a que los recursos deberán financiarse con cargo a los respectivos presupuestos.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó a la Comisión de Hacienda diversos antecedentes sobre el financiamiento del Instituto de la Construcción que se desea crear, en un documento que señala que los requerimientos mínimos serán de 224 millones de pesos para 1995, de los cuales 84 millones de pesos corresponden al gasto inicial de instalación y al gasto anual de administración.
Se propone que el sector público contribuya a financiar el 50 por ciento de esos gastos como aportes ordinario, lo que significa 42 millones de pesos, es decir, una cuota de 21 millones de pesos por cada Ministerio. El 50 por ciento restante debería ser financiado por las entidades fundadoras privadas, como los colegios profesionales, la Cámara Chilena de la Construcción y otras.
Además, el informe indica que se pretende obtener, con aportes extraordinarios y con la incorporación de nuevos asociados privados, una cifra adicional de 70 millones de pesos, complementando esa cifra con el aporte de 35 millones de cada ministerio, con lo cual se financiaría el desarrollo de los proyectos del primer año de actividad del referido instituto, cuyos costos se estiman en 140 millones de pesos.
En el mismo documento del Ministerio de Vivienda y Urbanismo se señala que en los años siguientes se estiman recursos adicionales provenientes del sector privado que financiarán las actividades del instituto, de tal forma que no se requerirán aportes nuevos del sector público superiores a los ya señalados.
En función del programa de actividades que realice el instituto, éste deberá explorar fuentes específicas de recursos, tales como aportes de la cooperación internacional, aportes de recursos humanos o materiales, de los socios y de contratos por servicios.
En relación con la discusión particular del articulado, cabe señalar que el debate de la Comisión dio lugar a diversas observaciones que dicen relación con la necesidad de precisar que se trata de una corporación sin fines de lucro a que se refiere el Título XXXIII del Libro I del Código Civil que se creará en el futuro, y no de incorporar a entidades existentes, como lo expresara el proyecto de ley original; que en la corporación habrá un representante de cada uno de los ministerios pertenecientes a sus respectivas unidades técnicas, a fin de lograr los objetivos de investigación, de transferencia tecnológica y de experiencia en la construcción y conservación de obras civiles y de viviendas; que el monto de los recursos que aporten dichos ministerios en conjunto no podrán exceder del 50 por ciento del total de los aportes que reciba la señalada entidad; que los recursos extraordinarios que se aporten no podrán destinarse a gastos administrativos ordinarios, y que los representantes de cada uno de los ministerios estarán facultados para participar en la dirección y en la administración de la corporación 'en cargos que no podrán ser remunerados.
En vista de lo anteriormente expuesto, los Diputados señores Alvarado, Estévez, García, don José; Jürgensen, Kuschel, Rebolledo, doña Romy; Sabag y Sota formulamos la siguiente indicación sustitutiva del artículo único del proyecto.
“Artículo único.- Facúltase a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar y participar en la formación y constitución de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, a que se refiere el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, cuya finalidad fundamental sea la promoción, información, desarrollo y coordinación de iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos económicos, tecnológicos y de experiencias en el área de la planificación construcción y conservación de obras civiles, infraestructura y de vivienda. DJ mismo modo, los Ministerios antes nombrados estarán facultados para participar en la disolución y liquidación de la entidad de que formen parte, con arreglo a los estatutos de la misma.
“Por decreto supremo del Ministerio correspondiente se autorizará formalmente la incorporación de los Ministerios mencionados a la corporación, designándose un representante de cada uno de ellos pertenecientes a sus respectivas unidades técnicas. Mediante el mismo procedimiento y encuadrándose en los recursos que anualmente establezca la Ley de Presupuestos para estos fines, se autorizarán los aportes ordinarios o extraordinarios que se harán a esa entidad.
“El monto de los recursos que aporten anualmente dichos Ministerios, en conjunto, al financiamiento de la mencionada corporación, no podrá exceder del 50 por ciento del total de los aportes que reciba dicha entidad”.
“Los recursos extraordinarios que se aporten no podrán destinarse a financiar gastos administrativos ordinarios de la corporación, tales como remuneraciones de su personal, arriendo de oficinas u otros similares”.
“El representante de cada uno de los Ministerios antes mencionados estará facultado para participar en los órganos de dirección y de administración que contemplen los estatutos de la corporación, en cargos que no podrán ser remunerados”.
Puesta en votación esta indicación, fue aprobada por 7 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.
Señor Presidente, éste es el informe de la Comisión de Hacienda respecto del proyecto de ley que faculta a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Para entregar el informe de la Comisión de Obras Públicas, tiene la palabra el honorable DiputadoJosé Miguel Ortiz.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, señor Ministro de Vivienda, colegas parlamentarios: En representación de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones paso a informaros el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que faculta a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado. El proyecto fue iniciado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República y lo tratamos en nuestra Comisión en dos reuniones.
Durante su estudio tuvimos a la vista el informe de la Comisión de Obras Públicas del honorable Senado, en el cual se expone que se escuchó a distintas instituciones y personas y se tuvo en consideración diversos antecedentes legales que ilustraron su debate, los cuales, a su vez, sirvieron a nuestra Comisión técnica en el análisis y discusión que realizó sobre la materia.
Para tal efecto, el secretario de nuestra Comisión dio a conocer los cuerpos legales que eran necesarios para que el proyecto fuera considerado con un artículo único: la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, y el Código Civil, entre otros.
Por eso, nos llamó la atención, especialmente, que el Código Civil dispone que las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública. No obstante, no define ninguna de ellas.
Al respecto, la doctrina entiende que la corporación, en sentido estricto, es la unión estable de una pluralidad de personas que persiguen fines e ideales no lucrativos, y que la fundación es una organización que no consiste en una alianza de personas para la realización de determinados fines.
La idea fundamental del mensaje, indicada en su parte expositiva, es facultar a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo, en conjunto, para integrarse en corporaciones de derecho privado, a fin de promover, desarrollar y coordinar iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos, como también de tecnología y experiencias en el área de la construcción, tanto de la vivienda como de la infraestructura.
El mensaje reitera que el proyecto se funda, por un lado, en el hecho real de que, en el sector de la construcción, junto a áreas de actividades en que se observa un alto nivel profesional y tecnológico, existe en forma paralela un bajo nivel de innovación, lo cual realmente es preocupante para el desarrollo de esa actividad en el país.
La construcción añade es uno de los sectores de la actividad con menor investigación y desarrollo. Al mismo tiempo lo hemos observado durante los últimos años, la construcción ha demostrado gran dinamismo en su nivel de actividad y presenta importantes desafíos futuros, tanto en el ámbito de la infraestructura como en el de la vivienda.
A los integrantes de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones nos llamó la atención la positiva experiencia de trabajo que vivieron profesionales, académicos empresarios y representantes del sector público en la Comisión de Tecnología y Calidad de la Vivienda, convocada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en julio de 1992, que sesionó durante todo el segundo semestre de ese año y en la cual quedó demostrada la necesidad de coordinar todos esos sectores. La idea es que en dichas corporaciones participen representantes de los sectores públicos y empresariales, y, además, que se integren los medios académicos y profesionales más relevantes del quehacer nacional.
Por eso, el proyecto faculta a tales Ministerios para integrarse como socios o miembros en corporaciones de derecho privado que existan o que se formen en el futuro y que tenga por objeto mejorar la calidad y la productividad en el sector de la construcción, su desarrollo tecnológico y, en general, que persiga en forma real y efectiva la modernización de la actividad de la construcción como asimismo de la infraestructura.
El proyecto faculta a los referidos Ministerios para proporcionar aportes a las corporaciones, los cuales, en el caso de tratarse de dinero, dependerán de las disponibilidades presupuestarias.
La Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones estimó como también lo hizo el Honorable Senado que el artículo único del proyecto contiene normas de quorum calificado. Hago notar esta apreciación por la importancia que reviste en el instante de su votación.
Entre las indicaciones que se presentaron está la del Diputado señor René Manuel García para reemplazar, en el inciso segundo, el punto aparte por la coma y agregar la frase: “previa presentación de proyectos”.
Puesta en votación dicha indicación, fue rechazada por un voto a favor y seis en contra.
Durante la discusión en general del proyecto en el seno de vuestra Comisión existió amplio acuerdo sobre la idea de legislar, la cual se aprobó por la unanimidad de los Diputados presentes.
Dejo constancia en la Sala, para la historia fidedigna de la ley, que concurrió a la Comisión el Ministerio de Obras Públicas subrogante, señor Germán Quintana Peña, para hacer presente el parecer del Ejecutivo respecto del proyecto que hoy nos preocupa.
Manifestó que, en un comienzo, esta iniciativa estuvo destinada a conformar el Instituto de la Construcción, con el fin de que se abocara a establecer niveles de cooperación técnica entre los sectores privado, académico e instituciones públicas.
Hizo especial hincapié en que, no obstante, el gran dinamismo existente en los sectores de la construcción y de infraestructura, sus márgenes de productividad, políticas de innovación tecnológica e instancias de encuentro técnico entre los sectores indicados no son los deseables desde el punto de vista del Ministerio de Obras Públicas. Por tal motivo, se ha pretendido focalizar los objetivos que persigue la constitución de este tipo de corporaciones de derecho privado.
Recalcó en forma especial que el Ministerio de Obras Públicas está plenamente de acuerdo con la iniciativa que, aún cuando fue presentada por el Ministerio del ramo durante el gobierno anterior, de todas maneras, ahora es más necesaria que nunca.
Compartió, en nombre del Ejecutivo, sus objetivos técnicos específicos, la coordinación real que debe existir en el sector y la forma en que el Ministerio debe participar en estas corporaciones. Recordó que ello se hará mediante la designación de un representante del Ministerio en los directorios de ellas, en las cuales no podrán participar ni el Ministro, ni el Subsecretario, aspecto que se establece categóricamente.
Expresó que todo lo relacionado con el carácter técnico profesional está dentro del ámbito del proyecto y que en este caso no importa si su cobertura es profesional, regional o nacional.
Expuso que se autoriza a los ministerios para efectuar aportes con el objeto de realizar estudios, investigaciones, transferencias o difusión de conocimientos y experiencias dentro del contexto específico de la construcción y la vivienda, y recalcó que tales aportes no son para gastos administrativos ni ejecución de obras, tal como lo expresó el Diputado informante de la Comisión de Hacienda en la parte pertinente.
En último término, destacó que el aporte del Ministerio de Obras Públicas a una corporación de este tipo tiene dos restricciones: que su monto no sea superior al 50 por ciento del presupuesto global que para efectos de investigaciones tenga destinado la Corporación, y que los aportes sean proporcionales al número de miembros que formen parte de los directorios de ella.
En la discusión y votación en particular del proyecto, se solicitó votar inciso por inciso. Al respecto, el inciso primero señala: “Facúltase a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrarse, a través de un representante de cada uno de ellos, perteneciente a sus respectivos organismos técnicos, como miembros a corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, a que se refiere el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, existentes o que se formen, con el fin de promover, informar, desarrollar y coordinar iniciativas de investigación, de transferencia y difusión de conocimientos económicos, de tecnología y de experiencias, en el área de la planificación, construcción y conservación de obras civiles, infraestructura y de vivienda”.
Como el acuerdo de la comisión fue votar inciso por inciso, daré a conocer el tenor de los incisos segundo, tercero, cuarto y quinto.
El inciso segundo dispone: “Por decreto supremo, del Ministerio correspondiente, se autorizará formalmente la incorporación de los Servicios mencionados a estas corporaciones. Mediante el mismo procedimiento y encuadrándose en los recursos que anualmente establezca la Ley de Presupuestos para estos fines, se autorizarán los aportes ordinarios o extraordinarios que se harán a estas entidades”.
El inciso tercero consagra: “Los ministerios señalados en el inciso primero, deberán disponer aportes a las mencionadas corporaciones en proporción al número de sus representantes en ellas, recursos que se consultarán anualmente en la Ley de Presupuestos y que, en ningún caso, podrán exceder del 50% del total de los recursos de la entidad respectiva”.
El inciso cuarto preceptúa: “El Servicio autorizado podrá participar, por intermedio de su Jefe Superior o de representantes debidamente facultados por él, en los órganos de dirección y de administración que contemplen los estatutos de tales entidades en cargos que no podrán ser remunerados”.
Finalmente, el inciso quinto prescribe: “Los recursos extraordinarios que se aporten, no podrán destinarse a financiar gastos administrativos ordinarios de estas corporaciones, tales como remuneraciones de su personal, arriendo de oficinas u otros similares”.
Tal como lo expresé a esta Honorable Cámara, el acuerdo consistió en votar los cinco incisos en forma separada. Efectuada la votación de esa manera, fueron aprobados por la unanimidad de los Diputados presentes.
El texto del artículo único aprobado en el Honorable Senado fue sancionado en los mismos términos por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones de la Cámara. Solicito a la Sala, en nombre de la referida comisión técnica, que también lo apruebe por unanimidad, dado que constituye un avance en el desarrollo de la construcción y la infraestructura del país.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Errázuriz para rendir el informe de la Comisión de Vivienda y Desarrollo Urbano, en reemplazo del Diputado informante señor Moreira.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, cuando concurrimos al gabinete del señor Ministro, hace poco menos de siete meses, para saludarlo con motivo de haber asumido su cargo, nos señalo que a él le interesaban sobremanera dos proyectos: uno, el de leasing habitacional, que ya analizamos en la Sala y que en estos momentos se encuentra en la Comisión de Hacienda, y el que vamos a despachar ahora. En menos de siete meses hemos tratado los dos proyectos más importantes.
Al mismo tiempo, cabe destacar que el señor Ministro de la Vivienda ha concurrido a todas las comisiones en las cuales se han tratado iniciativas del Ejecutivo sobre la materia. Resalto ese hecho porque no siempre sucede así.
El proyecto en estudio faculta a los Ministros de Obras Públicas y de la Vivienda y Urbanismo par integrar corporaciones de derecho privado. Su origen emana de una proposición de la Comisión de Tecnología y Calidad de la Vivienda, convocada por el Ministerio del ramo en julio de 1992.
Uno de los grupos de trabajo propuso la creación de un instituto de la construcción, donde tengan cabida representantes de universidades, de colegios profesionales y de los sectores públicos y privado.
El proyecto se fundamenta en la conveniencia de tener un lugar donde analizar y coordinar los problemas relacionados con el mejoramiento de la calidad de la vivienda y con la modernización del desarrollo tecnológico en la construcción, que representa un porcentaje importante de la inversión del país.
A través de estas corporaciones de derecho privado se busca promover, desarrollar y coordinar iniciativas de investigación, de transferencia y difusión de conocimientos en experiencias, para elevar el nivel de productividad en el área de la construcción.
En el Senado, concretamente en la Comisión de Obras Públicas, se agregaron cuatro incisos al artículo único.
En primer lugar, los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo sólo pueden integrarse a estas corporaciones por medio de un representante perteneciente a sus organismos técnicos, y no a través de sus Ministros o Subsecretarios.
En segundo lugar, se precisan sus objetivos, al ampliar 'a participación a la planificación, construcción y conservación de obras civiles.
En tercer lugar, se aclara que estas corporaciones no tienen fines de lucro, de manera que se les hace aplicable lo dispuesto en el Título XXXÜI del Libro Primero del Código Civil.
En cuarto lugar, limita a uno el representante ministerial por cada Secretaría de Estado.
Por último, se indica que los aportes deben encuadrarse dentro de los recursos asignados por la Ley de Presupuesto.
En la Comisión se conoció el informe de la Comisión de Obras Públicas, que aprobó el proyecto en los mismos términos en que lo hizo el Senado.
Hubo consenso en la conveniencia de esta iniciativa que faculta a los Ministerios señalados para integrarse en corporaciones existentes o que se creen.
El artículo único fue aprobado por unanimidad, y la Comisión estimó que contiene normas de quorum calificado.
El proyecto no fue modificado.
En relación con la posibilidad de que se creen corporaciones nuevas o que se les dé a alguna de las existentes esta misión, me permito señalar que el Ministerio de Justicia, concretamente el Consejo de Defensa del Estado, ha sido muy exigente en cuanto a los objetivos de las corporaciones. Estos deben estar enumerados en forma expresa y taxativa, de manera que se ha eliminado, desde hace algún tiempo, la posibilidad de que entre los objetivos se señale “y otros”.
Por eso, si se pretende incorporar estas materias a algunas de las corporaciones existentes, sería necesario modificar sus objetivos, ya que no resulta fácil entender que alguna de las actuales corporaciones pueda contemplar, entre sus finalidades las materias propias de este proyecto de ley.
He dicho.
El señor BOMBAL.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Bombal por un asunto de Reglamento.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, al iniciar la sesión, se solicitó el acuerdo unánime para alterar el Orden del Día y empezar a ver el informe de Empremar a las 12.00. Se acordó que se recabaría nuevamente el asentimiento unánime de la Sala para ese fin.
Dado los completos informes y el acuerdo que se manifiesta respecto del proyecto en estudio, sugiero aprobarlo sin debate, ya que en los tres informes, de Obras Públicas, de Vivienda y de Hacienda se ha consignado la unanimidad. De esa forma, no lo dejamos pendiente y nos abocamos de inmediato a ver el informe de Empremar.
Señor Presidente, solicito que recabe el asentimiento unánime para ver si la propuesta que formulo a la Honorable Sala tiene acogida.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Hago presente que la Mesa había acordado que se recabaría el asentimiento de la Sala para conocer el informe de Empremar a partir de las 12.00. Estamos a sólo un par de minutos y hay varios señores Diputados inscritos.
Algunos señores parlamentarios se oponen a la proposición de su Señoría.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, sugiero que se inserten los discursos de los señores parlamentarios y procedamos a votar el proyecto.
El señor ORTIZ.-
Pido la palabra.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ORTIZ.-
Señor Presidente, concuerdo con el Diputado señor Bombal en que se inserten los discursos de los parlamentarios inscritos.
En segundo lugar, como Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, quiero recordar que el proyecto contiene normas de quorum calificado. Por lo tanto, solicito que cuando se lleve a efecto la votación se llame por cinco minutos a los señores Diputados, porque hay varias Comisiones funcionando.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Desde el punto de vista estrictamente reglamentario, y considerando que hay Diputados inscritos para hacer uso de la palabra, esta discusión me parece sin sentido. En consecuencia, voy a dar la palabra, por última vez, a los Diputados señores Ribera y Sabag para referirse a este punto.
Luego, podemos continuar con el tratamiento del proyecto, o bien adoptar algún procedimiento distinto.
Tiene la palabra el Diputado señor Ribera.
El señor RIBERA.-
Señor Presidente, aparentemente existe, por un lado, la voluntad de la Sala de abocarse al conocimiento de las conclusiones de la Comisión Especial de Empremar y, por otro, hay señores parlamentarios que aún desean hacer uso de la palabra respecto del proyecto.
En consecuencia, propongo continuar con la discusión de esta materia el próximo martes, porque no todos estamos de acuerdo con los términos en que viene consignada, y pasemos a conocer el informe de la Comisión Especial de Empremar.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, concuerdo en votar el proyecto en forma inmediata, porque todos estamos de acuerdo en general con la idea propuesta, máxime si ya la hemos aplicado tiempo atrás con respecto al turismo.
Pero hay un problema. La Comisión de Hacienda modificó totalmente el proyecto, por lo tanto, habría que decidir qué texto se vota.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el señor Ministro Edmundo Hermosilla.
El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda).-
Señor Presidente, efectivamente el proyecto, en segundo trámite, tuvo su origen en una Comisión sobre tecnología y calidad de la vivienda, en la que el Ministerio respectivo invitó a participar a distintas instancias del quehacer nacional. Sus objetivos son los que muy bien han indicado los Diputados informantes.
Respecto de la forma estamos de acuerdo ynos, parece pertinente la indicación sustitutiva que los Diputados señores Alvarado, Estévez, García, don José; Jürgensen, Kuschel, Sabag, Sota y la Diputada señora Rebolledo formularon en la Comisión de Hacienda.
En atención al amplio impacto nacional que tiene el tema de la calidad y el desarrollo de las tecnologías, sobre todo en aquellos sectores de más escasos recursos, invitaría a continuar ahora en el análisis de este proyecto. Se daría un gran paso en la dirección correcta, y permitiría asumir también todos aquellos reclamos, incluso de los propios señores Diputados, que en forma permanente llegan al Ministerio, como consecuencia de las situaciones que a veces se producen en la construcción de viviendas, especialmente en el ámbito social.
Gracias, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Hay cuatro señores Diputados inscritos, sin perjuicio de que puedan hacerlo otros.
La Mesa solicita, si en el ánimo de la Sala está adelantar el conocimiento del informe de Empremar, que las intervenciones de los colegas inscritos sean breves para proceder a la votación de este proyecto en el transcurso de los próximos 20 ó 25 minutos.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, habría que aclarar que el informe de Empremar no se comienza a ver a las 12, de conformidad al acuerdo adoptado.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Está equivocado, colega Bombal. Nunca ha existido acuerdo respecto de ese punto. Sólo existía la posibilidad de someter a la consideración de la Sala tal procedimiento.
El señor BOMBAL.-
Entonces, ¿cuál es el acuerdo?
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
De acuerdo con la tabla, se deberá iniciar el tratamiento del informe de Empremar a partir de la 12.30.
El señor BOMBAL .-
Señor Presidente, se iba a solicitar el asentimiento de la Sala para empezar a verlo a las 12. Ya es la hora. En consecuencia, reclamo ese acúcalo.
El señor LATORRE.- (Vicepresidente).-
Señor Diputado, no voy a entrar en diálogo respecto de este punto. La única forma en que pueda modificarse el orden de la tabla es por unanimidad, y ésta no existe.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, se dio la unanimidad y el señor Secretario así lo recordará.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Diputado señor Ulloa, en primer lugar, le ruego que pida la palabra. En segundo lugar, el señor Secretario me acaba de ratificar que no ha existido acuerdo respecto de ese punto y él es el ministro de fe en la Sala. Por consiguiente, continúa la discusión en general del proyecto.
Tiene la palabra el honorable Diputadodon René Manuel García.
El señor GARCÍA (don René Manuel).-
Señor Presidente, como todos sabemos, el proyecto faculta a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda y Urbanismo para integrar corporaciones de derecho privado.
La importancia del proyecto es justamente la calidad y transferencia de experiencia que pueden aportar estas corporaciones.
Creo fundamental que exista este intercambio entre la corporación y el ministerio, porque, como todo el mundo sabe, hoy la calidad de las viviendas es la misma desde Arica a Punta Arenas, y dadas las condiciones climatológicas y de vida, debería existir alguna diferenciación.
Sin duda, los beneficiarios con estas transferencias serán justamente las personas de más escasos recursos, las que tendrían viviendas mucho más dignas y baratas en Arica, y en mejores condiciones, según la experiencia de la Cámara de la Construcción y del Ministerio de Vivienda, en Punta Arenas.
Lo mismo pasa con el subsidio rural, al que hoy se le está dando gran impulso. Sin embargo, se están aplicando las mismas normas en las zonas donde no llueve nunca como en aquellas donde hay inundaciones. Por lo tanto, también debería existir una diferenciación. En algunos casos, la vivienda podría construirse en altura o en otras condiciones, de manera que la gente, por los efectos del clima, no pierda su vivienda y el esfuerzo que le significa conseguir el subsidio habitacional. Creemos fundamental implementar cuanto antes estas medidas.
Lo mismo pasa en Obras Públicas. Un cambio de ripio tiene las mismas características tanto en la zona central como en el sur, todos sabemos que, por situaciones climatológicas, los caminos en el sur necesitan otro tratamiento.
Es decir, veríamos ampliamente favorecida la calidad y los recursos se canalizarían hacia las reales necesidades de las personas y según las condiciones de cada zona.
El proyecto aborda dos materias importantes, respecto de las cuales todos los parlamentarios estamos preocupados; la vivienda y la infraestructura, tan necesarias para el país. Pero como se trata de transferencia de conocimientos, consideramos relevante y así lo hicimos presente en la Comisión de Obras Públicas, donde fue aprobada la idea, con posterioridad retirada por el Ejecutivo adoptar similar decisión respecto de los Ministerios de Salud y de Educación, porque creemos que en esas áreas también se requiere transferencia de conocimientos para ser aplicados en los distintos hospitales del país.
Los Diputados de Renovación Nacional daremos nuestros votos favorables al proyecto, porque tenemos el convencimiento de que beneficiará a las personas más necesitadas, sobre todo en vivienda, que hoy tanto anhela la gente de nuestro país.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Huenchumilla.
El señor HUENCHUMILLA.-
Señor Presidente, sin perjuicio de compartir las expresiones del Diputado señor Maximiano Errázuriz respecto del brillante desempeño del señor Ministro de Vivienda, creo que los parlamentarios también debemos hacer un trabajo riguroso sobre los proyectos de ley. De ese modo, me voy a permitir plantear algunas interrogantes sobre esta iniciativa, desde dos puntos de vista: uno jurídico y otro de política gubernamental.
Desde el punto de vista jurídico, me llama la atención la facultad que se pretende otorgar a los Ministerios de Obras Públicas y de Vivienda para constituir corporaciones de derecho privado sin fines de lucro o participar en una persona jurídica. Tengo la duda de si los ministerios pueden actuar de esa manera o, desde otro punto de vista, uno debería preguntarse cuál es la naturaleza jurídica de aquéllos. Nosotros podemos formar una corporación con una persona natural o con una jurídica, y entiendo que los ministerios no son personas jurídicas.
Si nos atenemos a la Ley Orgánica Constitucional, de Bases Generales de la Administración del Estado, los servicios centralizados actúan bajo la personalidad jurídica del Fisco, mientras que los descentralizados sí tienen personalidad jurídica propia. En consecuencia, podrían participar en la conformación de otra persona jurídica, como la creación de una corporación de derecho privado sin fines de lucro. Sin embargo, la Ley de Bases y la Constitución no conozco otro cuerpo legal que podría hacerlo, y de ahí la duda que planteo, no señalan cuál es la naturaleza jurídica de los ministerios; o sea, si tienen personalidad jurídica o no la poseen. Entiendo que los ministerios actúan bajo la responsabilidad jurídica del Fisco, al igual que los servicios centralizados. Entonces, planteo la duda de si en el proyecto estamos haciendo bien al decir que un ministerio podrá constituir una persona jurídica, en circunstancias de que él mismo no la tiene, con lo cual podríamos crear un problema jurídico que, a mi juicio, deberíamos resolver. Me gustaría escuchar, al efecto, la opinión del señor Ministro.
La segunda observación toca temas de política gubernamental y se refiere, en este caso a que estamos facultando al Ministerio para que forme una asociación sin saber con quién. Sería bueno que nosotros, como Parlamento, supiéramos si el Ministerio se va a asociar con la Cámara Chilena de la Construcción, con las universidades, con organismos no gubernamentales o con personas jurídicas privadas, y colocar, incluso, si nos ponemos un poco más rigurosos y nos atenemos al concepto de potestad reglamentaria, los elementos de juicio necesarios e indispensables para que la ley se bastara por si misma o señalar en ella con quién se asociarán los Ministerios.
En tercer lugar, me imagino estoy leyendo entre líneas que esta corporación será una persona jurídica ubicada en Santiago y, por lo tanto, centralizada. Cotidianamente, promocionamos discursos abogando por la descentralización, por profundizar la regionalización, y resulta que ahora, con este proyecto, estamos centralizando. ¿Por qué no hacemos algo mucho más descentralizado? ¿Un organismo en Santiago se preocupará de los caminos de Iquique, de Coihaique, de Punta Arenas? ¿No podríamos tener un fondo concursable en el cual participaran, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Concepción o la Escuela de Construcción Civil de Temuco, o la de Osorno, de Iquique o de Antofagasta? ¿Debemos tener necesariamente una corporación centralizada?
No planteo estas dudas que espero que el señor Ministro absuelva con el afán de que el proyecto sobrepase la línea de flotación al revés, me interesa perfeccionarlo, sobre todo por la calidad del señor Ministro de la Vivienda, sino porque desde el punto de vista jurídico debemos entregar a los Ministerios las herramientas correctas, resguardando los legítimos intereses de las regiones.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Hago presente a la Sala que restan sólo 14 minutos para someter a votación el proyecto.
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Octavio Jara.
El señor JARA (don Octavio).-
Señor Presidente, sin perjuicio de recoger las razonables inquietudes del Diputado señor Huenchumilla, quiero expresar, en nombre de los Diputados del Partido por la Democracia, nuestro apoyo al proyecto por lo menos a las ideas de fondo que lo inspiran y que la indicación formulada por la Comisión de Hacienda nos parece adecuada y habría que incorporarla en el texto definitivo.
A partir de los planteamientos del Diputado señor Huenchumilla, deseo formular algunas observaciones más de fondo, relacionadas básicamente con la necesidad de crear una institucionalidad que armonice los esfuerzos público y privado.
En este plano, parece ser cada vez más evidente que estamos superando una cultura de confrontación y de desconfianzas recíprocas, como se dio en determinado período.
Estamos llegando al convencimiento íntimo de la necesidad de que, para asumir los problemas reales del país, se precisa una articulación y complementación entre los sectores público y privado.
Al respecto, lamentablemente, nuestra institucionalidad tiene una carencia muy grande. No hay una figura jurídica que permita institucionalizar la participación del sector privado en éstas y en otras áreas. En la Comisión de Obras Públicas nos planteamos por qué exclusivamente los Ministerios de la Vivienda y Urbanismo y de Obras Públicas, y no todos los organismos públicos, tienen la posibilidad de participar como miembros de este tipo de asociaciones o corporaciones con el sector privado, para coordinar y complementar los esfuerzos de ambas áreas.
A propósito de este punto, quiero recordar la iniciativa del* Gobierno del Presidente Aylwin relacionada con las últimas reformas constitucionales relativas a los gobiernos regionales y a las municipalidades. En ella se proponía la creación de una figura jurídica especial que, en último término, era desarrollada en el proyecto primitivo sobre gobiernos regionales. El capítulo sobre las asociaciones o corporaciones de desarrollo regional fue rechazado por el Congreso, particularmente por los sectores de Oposición. Sin embargo, quedó como una declaración de principios en el inciso del artículo 104 de la Constitución, la que hasta la fecha no ha sido desarrollada como una institución jurídica nueva donde se plantee la necesidad de crear estas asociaciones o corporaciones de carácter regional, con una naturaleza jurídica mixta: son públicas en cuanto a su origen requieren la dictación de una ley, pero en su vida se rigen por la normas del derecho privado.
A propósito de lo señalado por el Diputado señor Huenchumilla, sin perjuicio de que, más que instituciones centralizadas, a lo mejor constituyen la figura más adecuada para descentralizar y crear este tipo de institutos o asociaciones con sentido regional y respondiendo sus inquietudes plenamente razonables, debo manifestar que entiendo que la facultad que se otorga al Ministerio es para actuar por el Estado en tanto Fisco, como bien lo expresó, los ministerios no son personas jurídicas, pero sí lo es el Estado, el cual puede autorizarlos para formar parte de estas asociaciones.
Aunque ésta es la discusión general, lo' ideal sería aprobar el proyecto, pero como se presenta este tipo de dudas razonables, el perfeccionamiento de la normativa amerita, a lo mejor, una segunda discusión, en el sentido señalado por el Diputado señor Huenchumilla.
En todo caso, los Diputados del Partido por la Democracia votaremos favorablemente el proyecto.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Antes de conceder la palabra al señor Ministro, la Mesa desea plantear la siguiente duda razonable.
Si el proyecto no se alcanza a votar a las 12.30 la discusión debe continuar en la sesión siguiente. ¿Debo entender que no existe acuerdo para votar hoy el proyecto?.
Varios señores DIPUTADOS.-
Así es.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Correcto.
Tiene la palabra el señor Ministro.
El señor HERMOSILLA (Ministro de Vivienda y Urbanismo).-
Señor Presidente, me referiré brevemente a los puntos mencionados por el diputado señor Huenchumilla.
En primer lugar, recojo las palabras del Diputado señor Jara, en cuanto a que los ministerios son parte de la Administración del Estado, como se expresa en el inciso segundo del artículo Io de la Ley de Bases Generales de la administración del Estado: “La Administración del Estado estará constituida por los Ministerios, las Intendencias,...”, etcétera.
Además, en el artículo 6° se indica: “El Estado podrá participar y tener representación en entidades que no formen parte de su Administración sólo en virtud de una ley que los autoriza, la que deberá ser de quorum calificado...”.
Sobre la base de los antecedentes mencionados se envió este proyecto de ley.
En segundo lugar, en cuanto a los participantes, me referiré primeramente al espíritu, y, luego, a la forma.
Respecto de1 espíritu, como lo indicó muy bien el Diputado señor Jara, es un punto de encuentro, ya que, por primera vez, trabajarán juntos en este ámbito los Ministerios de Vivienda y de Obras Públicas, los colegios profesionales y el sector privado.
En la forma, los estatutos de la corporación determinarán exactamente los requisitos que deben cumplirse.
En tercer lugar, sobre la situación regional, debo recordar que las leyes y las ordenanzas son de aplicación general, para todo el país y, naturalmente, se recogen y se recogerán las distintas particularidades regionales, con el objeto de, primero, propender a una mejor utilización de recursos propios de la zona y, después, a perfeccionar distintos mecanismos para nuevos procesos constructivos, considerando, como dijo el Diputado señor García, las situaciones climatológicas que afecten las distintas regiones del territorio nacional.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Están inscritos los Diputados señores Ribera y Errázuriz, quienes no se encuentran en la Sala.
Tiene la palabra el honorable Diputado señor Hosaín Sabag.
El señor SABAG.-
Señor Presidente, no cabe duda de que este proyecto de ley es de alta conveniencia para los intereses del Estado, por cuanto trata de aunar los esfuerzos de diversas instituciones: de los Ministerios, de los empresarios privados y de las universidades, a través de corporaciones, de manera que puedan actuar en conjunto en temas tan importantes como desarrollar y coordinar iniciativas de investigación, transferencia y difusión de conocimientos, de tecnologías y experiencias en las áreas de la construcción, tanto de la vivienda como de infraestructuras.
Por esta razón, fue aprobado en las tres Comisiones que lo debatieron en forma extensa: por unanimidad en las de Obras Públicas y de Vivienda, y por la inmensa mayoría siete votos en contra uno en la de Hacienda, en la cual se formuló una indicación tendiente a que sólo se autoriza la formación de una corporación privada, pero que no se facultará la integración a corporaciones ya constituidas, o la creación de varias corporaciones. En definitiva, se pretende que exista sólo una corporación privada que se aboque a los estudios mencionados.
La Cámara ya ha aprobado otras ideas en el mismo sentido, como la que autorizó al Servicio Nacional de Turismo para coordinar las acciones tendientes a promover el turismo en el país con todas las organizaciones existentes, a través de una corporación privada con aportes de dicho Servicio. Se trata de una materia que ya analizamos y discutimos. Existe jurisprudencia al respecto, y legalmente no habrá impedimento alguno, por cuanto ésta será una ley especial que autorizará a los Ministerios, como representantes del Estado, para formar corporaciones de derecho privado.
Por lo tanto, se trata de un proyecto de mucha transcendencia en esta materia, y deberíamos aprobarlo en la presente sesión.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
A continuación, está inscrito el Diputado señor Pedro Pablo Álvarez-Salamanca.
Tengo la impresión de que algunos señores Diputados se inscribieron y, después, salieron de la Sala. Lo hago presente para evitar reclamos posteriores.
El Diputado señor Maximiano Errázuriz estaba inscrito; no obstante, cuando le ofrecí la palabra no se encontraba en la Sala. Ahora está presente. ¿Desea hacer uso de la palabra, señor Diputado?.
El señor ERRAZURIZ.-
Sí, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor ERRÁZURIZ.-
Señor Presidente, sólo quería pedir que se votara la indicación de la Comisión de Hacienda para que el proyecto no vuelva a Comisión. Sin embargo, acabo de informarme de que hay otra indicación del Diputado señor Ribera; por lo tanto, de todas maneras habrá un segundo informe.
He dicho.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Ha terminado el tiempo destinado a la discusión del proyecto.
El señor SABAG.-
Votémoslo en general, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
El proyecto necesita quorum calificado para su aprobación, pero tengo la impresión de que en este momento no se reúne el requerido.
En consecuencia, propongo que su votación en general quede pendiente para la próxima sesión.
El señor ORTIZ.-
¿Se trataría en el primer lugar de la sesión del próximo martes, señor Presidente?.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Se votaría en general en los inicios de la próxima sesión; no necesariamente en primer lugar.
El señor ULLOA.-
Pero el proyecto tiene un artículo único.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Diputado señor Ulloa, se han presentado dos indicadores. Por lo tanto, en estricto rigor, debe volver a Comisión, a menos que ese día se acuerde, después de la votación en general, resolver sobre las indicaciones.
Me están pidiendo la palabra los Diputados señores Munizaga y Ulloa.
El señor MUNIZAGA.-
Yo le solicito que disponga que se toquen los timbres y llame a votación.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Lo que pasa es que no hay acuerdo en el sentido de votar el proyecto. Por eso no puedo tocar los timbres llamando a votar.
El señor BOMBAL.-
Señor Presidente, terminó el Orden del Día.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Como se cumplió el tiempo de discusión, el proyecto se votará en general en la sesión del próximo martes en la mañana, porque no hay acuerdo para hacerlo ahora.
Para un punto de Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.
El señor ULLOA.-
Señor Presidente, propongo tomar el acuerdo de votarlo en general y en particular en la próxima sesión, porque, como consta de un artículo único, es perfectamente posible tomar ahora la decisión de votar las indicaciones en esa misma oportunidad.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
¿Hay acuerdo para despacharlo en la sesión del martes en la mañana? Se votaría en general sin discusión y se resolvería sobre las indicaciones presentadas.
No hay acuerdo.
En consecuencia, se votará en general el próximo martes.
El señor ULLOA.-
¿Me permite, señor Presidente?
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor UULOA.-
Señor Presidente, me parece que hay unanimidad. Por lo tanto, le ruego recabar nuevamente el asentimiento de la Sala.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, desde la Mesa se aprecia con claridad cuando se indica que no, y en este caso un señor Diputado señaló taxativamente que no da la unanimidad. Como además intervino, tiene fundamentos para expresar su oposición.
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
La Comisión especial encargada de estudiar los proyectos relacionados con el acuerdo general sobre aranceles aduaneros y comercio, recaba el acuerdo de la Corporación para sesionar los días jueves, en forma simultánea con la Sala.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PERMISOS CONSTITUCIONALES.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Solicito el acuerdo de la Sala para otorgar el permiso constitucional solicitado por el Diputado señor Zarko Luksic, a contar del 10 del presente.
Asimismo, el Diputado señor Sergio Ojeda ha solicitado permiso para ausentarse del territorio nacional por un plazo superior a 30 días.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
DESIGNACIÓN DE UN SEÑOR DIPUTADO PARA DEFENDER PROYECTOS EN EL SENADO.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia solicita el asentimiento de la Sala para designar al Diputado señor Espina para que concurra al Senado a sostener dos proyectos de ley rechazados por el Senado y aprobados por nuestra Corporación, sobre eliminación de antecedentes penales y rehabilitación de los presos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
PETICIÓN DE ARCHIVO DE PROYECTOS RELATIVOS A REFORMAS DEL PODER JUDICIAL.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Por último, se solicita el asentimiento de la Sala para que la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informe favorablemente la petición de archivo, formulada por el Honorable Senado, respecto de proyecto relativos a reformas al Poder Judicial, todos los cuales fueron sustituidos por iniciativas nuevas, lo cual está entrabando el despacho de los otros proyectos ya que son conjuntos. Simplemente es de orden administrativo y ha sido pedido por el Senado, autorizado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para despachar el paquete de normas relativas al Poder Judicial.
¿Habría acuerdo?
AUTORIZACIÓN A COMISIÓN PARA SESIONAR SIMULTÁNEAMENTE CON LA SALA.
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor Presidente, la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo solicita sesionar simultáneamente con la Sala los martes en la noche para agilizar el proyecto de cooperativas.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Señores Diputados, se solicita autorización para que la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo sesione simultáneamente con la Sala los días martes a las 19 horas para agilizar el trámite de algunos proyectos.
¿Habría acuerdo?
Acordado.
VII. INFORME DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, FOMENTO Y DESARROLLO RELATIVO A LA GESTIÓN DE LA EMPRESA MARÍTIMA S.A, EMPREMAR.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Corresponde ocuparse del informe de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo relativo a la gestión de la Empresa Marítima S.A. Emprentar.
Diputado informante es el señor Ramón Pérez Opazo.
Tiene la palabra Su Señoría.
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor Presidente, la Diputada señora Evelyn Matthei denunció a la Honorable Corporación malos manejos por parte de Empremar S.A. en su relación comercial con la naviera peruana Servicio Multimodal Integrado S.A., Seminsa que implicarían una pérdida patrimonial para la empresa chilena de un millón doscientos mil dólares.
Estos malos manejos fueron resumidos por la señora Diputada precisando que no se enteraron oportunamente por parte de Seminsa los dineros percibidos en su calidad de agente naviero del puerto de El Callao, Perú, en la cuenta corriente de Empremar, situación que agravó de manera notoria su estado financiero.
La Comisión de Economía, con el objeto de estudiar a conciencia la materia, celebró 15 sesiones especiales, con más de 47 horas de trabajo en días diferentes a los acordados para las ordinarias.
Para que entregaran sus observaciones se invitó a diversos personeros, tanto vinculados con la empresa, como ajenos a ella, pero que por diversas circunstancias se han visto relacionados con la misma.
A su vez, además del tiempo empleado en investigar, a proposición de diversos señores Diputados, se acordó el envío de antecedentes que pudiesen servir de fundamento para conocer el manejo de la empresa.
La Comisión envió 29 oficios a servicios del Estado para requerir antecedentes. No todos fueron contestados, en atención a una denuncia efectuada en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso, a raíz de la cual el juez incautó material en las oficinas de Empremar, lo que impidió remitirlos a la Comisión.
Con el objeto de no extender el informe, me limitaré a indicar que tanto los oficios para recabar antecedentes como las respuestas y las declaraciones formuladas por las personas invitadas, se encuentran a disposición de Sus Señorías en la Secretaría de la Comisión.
La Comisión analizó la materia en concordancia con un aspecto que marca todo el tema: la difícil situación financiera en que se encuentra la Empremar S.A., debido a manejos poco claros en los últimos años.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Señor Diputado, le ruego que me perdone; pero me veo en la obligación de interrumpir su intervención para recabar algunos acuerdos de la Sala, pensando en que más adelante podría afectarse el quorum para tomar decisiones.
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Desde luego, señor Presidente.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia informa favorablemente la petición de archivo formulada por el honorable Senado del proyecto de reforma constitucional sobre el Poder Judicial, Consejo Nacional de la Magistratura y Defensor del Pueblo.
Asimismo, señala que igual procedimiento sobre reforma al sistema de administración de justicia y ley orgánica constitucional sobre el defensor del pueblo. Ambos son de iniciativa presidencial y se encuentran en primer trámite constitucional en la citada Comisión, razón por la cual deberá consultarse, además, a Su Excelencia el presidente de la República.
¿Habría acuerdo para rectificar la proposición de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia?.
Hablan varios señores Diputados a la vez.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma.
El señor PALMA (don Andrés).-
Señor Presidente, ¿cuál es el motivo de hacerlo tan de improviso, sin que tengamos por escrito ese acuerdo?
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Ajuicio de la Mesa, es un punto fácil de despacho y viene con informe unánime de la Comisión. Es una petición del Senado en el mismo sentido y, como en otras oportunidades. la Mesa lo consideró de ese modo.
El señor PALMA (don Andrés).-
Es que la Tabla de Fácil Despacho se ve al comienzo de la sesión.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
No es Tabla. Es simplemente una posición de acuerdo.
Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta, presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.
El señor ELGUETA.-
Señor presidente, la Comisión resolvió esa petición en atención a que hubo un acuerdo político en su oportunidad, que estableció que las reformas constitucionales referidas al Poder Judicial se traducirían en proyectos de ley, que efectivamente se han estado tramitando. Incluso, algunos ya han sido despachados por el Honorable Congreso. En ese sentido, se ha despachado, por ejemplo, todo lo relativo al poder Judicial.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Gracias, señor Elgueta.
No entraremos en mayor análisis al respecto. Lamento que se objeten puntos que aparecen claramente como de fácil solución. No creo razonable interrumpir al colega señor Pérez.
En estas circunstancias, hago presente que no se podrá asegurar el quorum para algunos acuerdos que debieron adoptarse oportunamente en la Sala.
El señor LATORRE (Vicepresidente).-
Puede continuar el Diputado señor Ramón Pérez, a quien vuelvo a pedir excusas por la interrupción.
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor presidente, a raíz de la denuncia de la colega señora Evelyn Matthei y de los dirigentes sindicales de Empremar S.A., la Comisión coligió los siguientes hechos que paso a informar a continuación, para luego exponer, en síntesis, los descargos formulados por los presuntos implicados y, por último, las conclusiones propuestas:
1.Contrato de agenciamiento celebrado entre la Empresa Marítima S.A, y Empremar, y el Servicio Multimodal Integrado S.A., Seminsa, del Perú.
Empremar tuvo que contratar los servicios profesionales de un agente naviero en El Callao, Perú, para atender a sus barcos que hacen escala en ese puerto.
Con ese fin, se firmó contrato con la empresa de Servicio Multimodal Integrado (S.A.), Seminsa, con fecha 5 de octubre de 1990.
Con posterioridad, se introdujeron dos modificaciones a este contrato, mediante addenda N°s. 7 y 8. La segunda reviste mayor importancia para el contenido de lo investigado. En el contrato original se había estipulado que Seminsa debía percibir una comisión de 2,5 por ciento. Ahora bien, en virtud de la enmienda, este porcentaje se subió al 5 por ciento, vale decir, al doble. El cambio fue autorizado por el señor Patricio Vidal, en su calidad de gerente general de Empremar.
Al respecto, los denunciantes hicieron presente en la Comisión que a pesar de estar dentro de las atribuciones propias del cargo, por la importancia y trascendencia del acuerdo, debería haberse hecho asesorar por la gerencia de línea, ente especializado de la estructura orgánica de la empresa, para emitir un juicio técnico respecto del cambio de porcentaje por percibir por el agente, máxime si tiene presente la situación financiera de Empremar, de todos conocida.
2.Retención de liquidaciones por parte de la agencia de Seminsa, que involucran dineros provenientes de fletes ya cobrados.
La Comisión analizó en conjunto con este tema el que dice relación con la situación generada en el último tiempo, relativa al fuerte endeudamiento de la empresa Seminsa con Empremar, el que había llegado a 1.180.440 dólares. Por razones diversas Seminsa se fue atrasando en liquidar los dineros que se producían con motivo de su labor de agenciamiento en el puerto de El Callao, Perú. Esto motivó que se produjesen contactos, tanto escritos como personales, con ejecutivos y socios de Seminsa, con objeto de aclarar lo ocurrido y encontrar una solución.
En un principio, Seminsa hizo varias proposiciones de arreglo, las qué no fueron aceptadas por Empremar, y que se basaban fundamentalmente en traspasar ciertos derechos en otras sociedades, lo que no se traducía, en definitiva, en abonar a la deuda dinero fresco. En el contrato vigente entre Empremar y Seminsa, se estableció que el agente estaba obligado a remesar las cantidades de dinero que se produjesen con respecto a los fletes prepagados, en forma inmediata. Por los fletes cobrados en forma parcial debía remesar el ciento por ciento del saldo en plazo no superior a 30 días, de haber zarpado la nave desde el puerto de El Callao.
Además, se había estipulado que las liquidaciones de viajes debían ser remitidas a Empremar en el mismo plazo antes señalado, contado desde el zarpe de la nave atendida por Seminsa. Así, tanto en un caso como en el otro, el plazo máximo de que disponía la agencia para enterar en cuenta corriente de Empremar los dineros percibidos por los servicios prestados, era de 30 días.
Ahora bien, a raíz de conversaciones entre los señores Patricio Vidal, gerente general de Empremar, y Manuel González, por una parte, y los ejecutivos de Seminsa, señores Eduardo Fernandini y José Baraudiaran, por
la otra, se llegó a un acuerdo para modificar el contrato en los siguientes términos: Se amplió de 30 a 45 días el plazo de que disponía Seminsa para depositar en cuenta corriente de Empremar los dineros que se recibieren por concepto de servicios navieros. Se le otorgó, además, un préstamo, a Seminsa, ascendiente a la suma de 200 mil dólares, con cargo a fletes no cobrados. Por este préstamo, Seminsa se comprometía a pagar un interés equivalente a la tasa libor, más un tres por ciento.
Sobre la materia, tanto la Diputada señora Evelyn Matthei como los dirigentes sindicales de Empremar, expusieron en el seno de la Comisión sus objeciones a estos acuerdos, en razón de que, una vez más, se estarían perjudicando los intereses de Empremar al extender un plazo que sólo beneficia al agente peruano, que dispondría de uno mayor para enterar los dineros ya recibidos. Además, con el préstamo se atenta contra las finanzas de la empresa nacional, la que debía recurrir a créditos bancarios para hacer caja y enfrentar gastos inherentes del negocio.
3.Situación producida con motivo de haberse entregado determinados cheques por Seminsa a nombre del señor Patricio Vidal, ex gerente general de Empremar S.A.
Este tema constituye una de las materias centrales que conoció la Comisión y a la cual destinó mayor tiempo.
Consta en los documentos de que se disponen y en las declaraciones que formuló en la Comisión el señor Mauricio Villaseñor, ex presidente del directorio de Empremar S.A., que, estando él de paso en la ciudad de Lima, Perú, los señores Pagador Puente y González Moreno le entregaron una nómina que indicaba valores adeudados por Seminsa por cobros de fletes y no depositados en la cuenta de Empremar, documento referido a los meses de julio de 1991 y de septiembre de 1993, los que ascendían a un total de 86.389 dólares. Además de este documento, le fueron entregadas fotocopias de cuatro cheques girados de la cuenta corriente de Seminsa y cobrados por el señor Patricio Vidal.
Consultado en la Comisión el señor Villaseñor sobre la razón que habían tenido esos ejecutivos para entregarle esa documentación, éste señaló textualmente: “Fue entonces que ellos me dijeron que aproximadamente a mediados de 1991 o en septiembre, se habían sentido presionados por nuestro gerente general que había estado hasta el 7 de enero y que se habían visto en la obligación de traspasarle algunos valores que tenían relación con el 15 por ciento de todos los ingresos que a Seminsa le habían significado egresar. Me pasaron fotocopias de tres cheques, uno cobrado aquí en el Banco O’Higgins y los otros dos contra un banco de Nueva York, y tenían el nombre de don Patricio Vidal. Incluso, estaban firmadas por lo menos las fotocopias, pero yo no he visto los cheques originales, y la suma de los tres daba un total de 12 mil dólares aproximadamente. Me pasaron esa fotocopia explicándome que ellos se habían visto obligados a traspasar este dinero.”
Como consecuencia de lo anterior, el directorio de Empremar dispuso iniciar una investigación de los hechos y, a su vez, ponerlos en conocimiento de la Contraloría Regional de Valparaíso para que se realizara un sumario. Resultado de la investigación que efectuaba el abogado jefe de Empremar, señor Jorge Lembeye, tanto en el país como en Lima, Perú, fue una declaración escrita de los ejecutivos de Seminsa, en la que dejan constancia de las razones que tuvieron al proporcionar estos documentos.
Los señores Diputados encontrarán anexo al informe en la página 9 copia de dicha declaración.
4.Procedimiento determinado por Empremar para pagar gastos de comunicación en que incurriera Seminsa (lumpsum).
Aunque podría decirse que esta denuncia no reviste la importancia de las anteriores, bien puede ser constitutiva, si se analiza en un contexto, de una reiterada actitud de despreocupación por el manejo de Empremar S.A.
Por contrato, Empremar tenía la obligación de pagar al agente Seminsa todos aquellos gastos en que ésta incurriese por concepto de télex, cables, correspondencia y llamadas telefónicas, que empleara para su normal desempeño como agente naviero en el puerto de El Callao.
Seminsa se obligaba a entregar oportunamente a Empremar toda la documentación que justificase el gasto, tales como facturas, planillas y comprobantes. Este Material debía ser revisado por Empremar para constatar su veracidad, lo que se traducía en un procedimiento sumamente engorroso y lento y obligaba a destinar personal extra para cumplir esa función.
Ahora bien, estudiada la materia, Empremar sugirió a Seminsa sustituir este sistema por otro que considerara una suma global o lumpsum, que abarcase un período determinado y que cubriese ese gasto sin tener que contactarse su efectividad.
Es así como, iniciadas las conversaciones, se determinó un plazo de prueba de tres meses, a partir de mayo de 1992, en el que Empremar pagaría una suma global de 14.500 dórales mensuales. Transcurrido el plazo, se revisó el acuerdo, por un nuevo período de agosto a octubre de 1992 y se acordó que, a partir de noviembre, esa cantidad bajaría a 13.425 dólares.
En cuanto a esta última cifra, Seminsa formuló reparos y, por su parte, propuso la cantidad de 15.500 dólares, la que fue aceptada en definitiva por Empremar. Pero lo extraño y anormal es que Empremar continuó pagando 16 mil dólares mensuales por el lumpsum, a pesar de existir acuerdo de dejarlo en una cantidad inferior.
Lo anterior s; reflejó en que en el período de noviembre de 1992 a febrero de 1994, Empremar pagó en exceso la suma de 8 mil dólares.
Unido a lo expuesto, se denunció que Seminsa efectuó cobros irregulares y fuera de contrato, conforme lo investigó y detectó la contraloría interna de Empremar, llegándose a la cantidad de 47.696 dólares, por el período mayor de 1992 a diciembre de 1993.
5.Descargos de ejecutivos de Empremar respecto de su actuación en los hechos denunciados.
La Comisión, luego de recibir estas denuncias y solicitar los antecedentes que pudiesen servir para confirmarlas o desmentirlas, invitó a directores, ex directores, ejecutivos y ex ejecutivos de Empremar, con el fin de que expusieran sus testimonios.
En general estas personas entregaron versiones sobre los hechos en que excluyen su responsabilidad, tanto por los cargos que desempeñan como por su ninguna relación, según ellos, con los otros cargos directivos.
Las declaraciones se encuentran insertas en las respectivas actas de la Comisión, las que están a disposición de los señores Diputados en la Secretaría de la Comisión.
Se analizará el testimonio del señor Patricio Vidal Walton, ex gerente de Empremar, dada su participación en los hechos denunciados.
Respecto de los cheques extendidos por Seminsa a su favor, cuya copia trajo al país el señor Mauricio Villaseñor, el señor Vidal explicó que los documentos existen, pero tienen por finalidad un objetivo totalmente diferente del denunciado. Expresó que con el señor Guillermo González Moreno, director de Seminsa, le une una antigua y larga amistad y que, en virtud de ella, cuando el señor González Moreno venía a Chile, ya sea por razones profesionales o privadas, le solicitaba que le cambiara cheques en dólares para sus gastos personales en el país.
Agregó que en una oportunidad, el cheque que cambió tuvo un destino muy especial: financiar la compra del pase del señor Horacio
Jara, jugador de fútbol del equipo Santiago Wanderers, pa i trasladarlo a Perú con el propósito de que jugase en ese país.
En cuanto a la nómina del 15 por ciento antes comentada, el señor Vidal expresó en forma categórica que no la conocía y que no tenía vinculación alguna con ese documento. Reiteró que jamás recibió dinero de parte de los ejecutivos de Seminsa por ningún concepto, y comentó la declaración jurada que trajo al país el abogado jefe de Empremar, señor Jorge Lembeye, la que los libera de toda responsabilidad.
Referente al cambio del procedimiento acordado para pagar los gastos de comunicaciones en que incurriese Seminsa, de un sistema de gasto comprobados por otro de suma alzada y global, señaló que en su período de gerente se propuso únicamente con el objeto de simplificar el procedimiento el usado hasta la fecha era engorroso y obligaba a la empresa a destinar personal extra para revisar la documentación reemplazándolo por otro más ágil y expedito, más beneficioso a los intereses de la empresa. Además, se fijó este nuevo sistema por un período de prueba, susceptible de modificar o reemplazar.
Arriendo de Nave.
El tema constituye la base de la investigación que realizó la Comisión, la cual para tener un cabal conocimiento de la materia, invitó a sus sesiones a diversas personas vinculadas con la misma las que en sus exposiciones retificaron que, a su juicio, en Empremar S.A. existía un mal manejo por parte de las personas encargadas de la administración, lo que se tradujo en cuantiosas pérdidas económicas, siendo un factor determinante toda la política empleada respecto del arriendo de naves.
Para un mejor conocimiento del tema, se analizará cada operación de arriendo de naves por separado.
Nave “Samra”.
Esta nave se arrendó por un plazo de nueve meses, que posteriormente se bajó a seis, para atender un servicio especial a Brasil.
El “broker” señor Alexis Ramírez ofreció esta nave, que se encontraba en Portugal, en un arriendo de 5 mil dólares por vía, más un ballast bonus de 60 mil dólares, suma que se agregaba por concepto de posicionamiento de el puerto de permanencia al de destino, por los gastos en que se incurriría por el traslado de la nave y entregar en Brasil.
Luego de conversaciones entre ejecutivos de Empremar y Unichart, firma del broker, se llegó, en principio, al acuerdo de tomar la nave en un arriendo de 5.500 dólares diarios y suprimir el ballast bonus.
Finalmente, se transó en fijar el arriendo en 5.150 dólares diarios y en suprimir el pago del ballast bonus.
Con posterioridad, el señor Patricio Vidal, mediante addenda al contrato de arriendo, autorizó el pago del ballast bonus por la cantidad de 65.000 dólares, a pesar de haberse excluido expresamente en el acuerdo final. Además, cabe hacer presente que el pago de esta suma no se efectuó mediante el procedimiento habitual, es decir, al armador, sino que se pagó a la empresa Acreus Shipping Coiporation, de la cual es socio el señor Alexis Ramírez, broker que arrendó la nave. Había actuado en esta operación como broker, ofreciendo la nave Samra en arriendo a Empremar.
Por último, se denunció en la Comisión que con el objeto de normalizar esta extraña situación, se hizo firmar al armador, con fecha posterior a la operación comercial, un documento en el cual éste reconoce haber recibido la suma de 65.000 dólares, correspondiente al ballast bonus.
En la comisión se insistió en que el ballast bonus es absolutamente ilegal, ya que nunca se acordó el pago de esta suma, a pesar de haberse conversado y tocado el tema en los fax que se remitieron para cerrar el negocio.
Los funcionarios de Empremar que asistieron a declarar, expusieron su disconformidad con el pago del ballast bonus; además, que la operación de la nave Samra provocó una pérdida de 50.000 dólares, y que la línea a Brasil ocasionó un déficit de 350.000 dólares, por la gran cantidad de empresas que operaban en esa línea, con gran competencia en precios y condiciones técnicas.
En descargo de esta denuncia, el señor Patricio Vidal señaló, en la comisión, que autorizó el arriendo de esta nave a petición del señor Heriberto Guerra, gerente de Servicios Especiales de Empremar S.A., quien le informó que requería esta nave para el tráfico a Brasil.
Luego de solicitar al broker, señor Alexis Ramírez, que ubicara una nave, éste ofreció el Samra, que se encontraba en el puerto de Lisboa, pero como se necesitaba trasladarla a Brasil, se analizaron las alternativas de recibirla en Portugal y no pagar el ballast bonus, o recibirla en Brasil y pagar esa cantidad. Se decidió por la última alternativa por ser menos costosa.
Consultado el señor Vidal, por que autorizó el pago del ballast bonus, respondió que dio su visto bueno, porque venía autorizado con anterioridad por el Departamento Jurídico y la Gerencia de Servicios Especiales, por lo que no se preocupó de averiguar más a fondo sobre la materia. Le bastó saber que había visto bueno de estas dos reparticiones de Empremar, que le merecían plena confianza, Reconoció que en esta operación con Brasil se perdieron alrededor de 350.000 dólares, los que constituyó un mal negocio para la empresa.
Nave Rider B.
Esta nave se arrendó por Empremar por el señor Patricio Vidal, en su calidad de gerente general, debido a que a la fecha no había gerente de línea, a quien le habría correspondido intervenir en esta operación, destinada a la atención de la línea Golfo de México y Venezuela.
El valor de arrendamiento se estipuló en 5.500 dólares diarios, pero mediante un side letter posterior, propuesto por Unichart, empresa del broker, y aceptado por el señor Patricio Vidal, se elevó esa suma en 500 dólares, lo que hizo que el arriendo quedara en 6.000 dólares.
En la Comisión se informó que este side letter o addendum, no fue informado ni conocido en Empremar, sino hasta el 10 de enero de 1994, esto es, tres días después del retiro del señor Patricio Vidal, quien renunció el 7 de enero.
Debe tenerse presente que el addendum antes comentado, se habría acordado con fecha 10 de octubre de 1993, información que se mantuvo en reserva hasta el momento en que correspondió pagar la cuota anual de arriendo correspondiente a enero de 1994.
Se agregó que en la empresa se desconocía esta diferencia; nadie asumió la responsabilidad de haberla convenido ni existía un documento original y oficial que la legalizase.
Al concurrir a la Comisión a entregar sus declaraciones, el señor Patricio Vidal expresó que le correspondió actuar personalmente en esta operación, a pesar de que no era de su responsabilidad, dado que en esa fecha no había gerente de línea.
Agregó que se contrató esta nave para que Empremar se incorporara a Maersk Pacific, que reemplazaría a Medispac, propósito que en definitiva no prosperó, por lo que esta nave no sirvió para el objeto primitivamente consultado. Expresó su extrañeza por el cobro de la diferencia de 500 dólares, que determinó el valor final y total de 6.000 dólares.
Nave Capitán Kiris.
Esta nave fue arrendada en noviembre de 1993 en un valor final de 9.900 dólares diarios, a pesar de que el directorio de Empremar había acordado arrendar una nave por un valor máximo de 7.500 dólares y una comisión de 5 por ciento.
Se debe tener presente que con anterioridad dicha nave estuvo arrendada por la Compañía Sudamericana de Vapores en la cantidad de 8.000 dólares diarios.
Se puede colegir que era una buena nave, pero como su arriendo resultaba demasiado caro y estaba fuera de lo presupuestado por los ejecutivos de Empremar, su explotación, en definitiva, no daría utilidad a la Empresa.
Por las razones anteriores, la gerencia de Empremar decidió poner término al contrato de arrendamiento de esta nave, para lo cual podía invocar que no había llegado en la fecha presupuestada al puerto estipulado para su entrega al nuevo arrendamiento, Empremar.
Se iniciaron las gestiones para desahuciar el contrato, pero no a través de un juicio, sino por gestiones directas con el armador. Finalmente, se llegó a un acuerdo y se mantuvo el “Capitán Kiris” para efectuar dos viajes. Esta operación significó perder 265.000 dólares por el arriendo del “Catherine Oldendorf ’ en 8.700 dólares, por concepto de indemnización y entrega inmediata de la nave.
Consultado por la Comisión sobre esta operación, el señor Ricardo Abuauad, gerente comercial de Empremar S.A., puntualizó que no participó en las primeras conversaciones de arriendo de la nave, y que como posteriormente le correspondió efectuar una evaluación de rentabilidad, determinó que el valor máximo por pagar debía ser de 8.500 dólares para que fuese rentable. Fue partidario de poner término de inmediato al arriendo del “Capitán Kiris” y desahuciar el contrato por dos años con el “Catherine Oldendorf’, que lo había reemplazado.
El señor Patricio Vidal, consultado sobre el tema, manifestó que, a su juicio, el arriendo de la nave “Capitán Kiris”, fue buena para Empremar, porque reunía las condiciones técnicas requeridas.
Naves “Trinidad” y “Esperanza”.
Al respecto se denunció en la Comisión que el arriendo de la nave Trinidad se hizo sin constatar su real capacidad de carga de contenedores. Se ofrecía por el armador una capacidad de 342 contenedores, en circunstancias de que sólo cabían 294, lo que reducía su capacidad en 20 por ciento.
Según se informó en la Comisión, esta nave sólo hacía 11.600 toneladas y no 13.600, como se había ofrecido. Además, adolecía de otras fallas técnicas, y el broker que participó en la operación cobró una comisión de 6,25 por ciento, a pesar de que lo normal es 1,25 por ciento.
La Comisión recibió al señor Andrés Chellew, ex abogado de Empremar, quien expuso sus observaciones al respecto. Señaló que la nave “Trinidad” fue arrendada para atender el servicio de la línea Gulfpac (Golfo de México, Venezuela y Estados Unidos), y que la nave Esperanza se destinó a la gerencia de Servicios Especiales. Agregó que ambas naves eran bastante antiguas y poco adecuadas para el servicio que se deseaba prestar con ellas.
Su arriendo fue por un año y se comprometieron fletes por 2 millones de dólares.
El abogado señor Chellew expresó que le correspondió participar en las gestiones extrajudiciales que le encomendó la empresa, para ver a manera de dejar sin efecto el contrato, puesto que era perjudicial para los intereses de Empremar.
Inició contactos con el armador de la nave para ver la forma de terminar el contrato en las mejores condiciones para Empremar. Al final se logró un acuerdo consistente en que Empremar pagase un período de arriendo extra de 15 días adicionales, lo que significó un valor de 75.000 dólares.
Para dar por terminada su gestión, requería el visto bueno del gerente general, a quien por diversas razones no pudo ubicar y ante esta situación, y con el objeto de concretar el acuerdo, él firmó el addendum respectivo, en representación de aquel, actuando como agente oficioso.
Como consecuencia de esta actuación, el señor Andrés Chellew fue despedido de Empremar invocándose que no tenía personería jurídica suficiente para comprometer a la empresa.
La señora Carmen Gloria Muñoz, gerente de línea, señaló al respecto que le consta que la decisión final para arrendar las naves fue del señor Patricio Vidal y que ella desconoció las gestiones sobre la materia, a pesar de que le habría correspondido participar en las conversaciones y decidir sobre la materia.
El señor Patricio Vidal, consultado sobre esta denuncia, expresó que el señor Hernán Ramírez, conjuntamente con el señor Heriberto Guerra, fueron las personas que tomaron la decisión de arrendar la nave “Trinidad” y que él jamás fue informado de sus deficiencias técnicas, por lo que no tiene responsabilidad en el asunto.
6.Comisiones percibidas por el broker señor Alexis Ramírez por su gestión en el arriendo de naves para Emprentar.
Diversas personas que concurrieron a ¡a Comisión para entregar su testimonio, denunciaron este hecho como negativo para la marcha de la empresa, ya que no se daba la oportunidad de consultar al mercado en forma más extensa a través de varios brokers.
Se informó que Empremar empleaba exclusivamente al broker señor Alexis Ramírez, quien era a su vez gerente general de la firma Unichart, para las gestiones de arriendo de naves.
En particular, el señor Mauricio Villaseñor, ex presidente del directorio de Empremar, al entregar sus observaciones en la Comisión, afirmó que durante su período el 80 por ciento de los cierres de arriendos fueron realizados por el señor Alexis Ramírez.
A su vez, la señora Carmen Gloria Muñoz agregó que recibió orden expresa del señor Patricio Vidal para que sólo se cotizara a través del señor Alexis Ramírez, lo cual, en su opinión, era negativo para la Empresa, máxime si se consideraba que este broker, además de tener un nexo de amistad con el señor Patricio Vidal, era director de la Compañía Naviera Interoceánica, que compite directamente con Empremar, situación que podría prestarse a interpretaciones equívocas, por decir lo menos.
La Comisión también conoció la opinión del Director señor Rodrigo Azocar, quien declaró que el directorio jamás fue informado del procedimiento empleado respecto de la contratación de los servicios de un broker exclusivo para arrendar una nave y que, en cambio, siempre el señor Vidal informó que se habían cotizado a varios brokers en cada oportunidad que se requería.
Con motivo de estas contradicciones, el señor Azocar expresó que el directorio había perdido la confianza en la gestión del gerente general señor Vidal, debido a que aparecía mintiendo al mismo y entregaba información errónea.
El señor Patricio Vidal, interrogado al respecto, expresó que jamás dio orden de que se cotizara solamente con el señor Alexis Ramírez, a pesar de que, en su opinión, era partidario de emplear a un broker único para salir al mercado.
Con relación al pago de comisiones por arriendo de naves, la Comisión tuvo oportunidad de conocer diversas opiniones, las que en su mayoría se orientaron en el sentido de que Empremar pagaba comisiones altas muy por sobre la media de la competencia. Se recibieron denuncias de pago de comisiones, por arriendo de naves, de 6 a 8 por ciento, en circunstancias de que lo normal y justo era de 1,25 a 3 por ciento. A su vez, el señor Alexis Ramírez, explicando a la Comisión el tema, expresó que, con relación a Empremar, las comisiones habituales fluctuaban entre 5 y 7 por ciento, y que en ocasiones llegaron a 8,75 por ciento y hasta un 10 por ciento, según la característica y condiciones de la nave.
A su juicio, una comisión promedio debe ser de 6 a 6,25 como máximo.
El señor Patricio Vidal señaló a la Comisión que mientras fue gerente general, Empremar jamás pagó comisiones por el arriendo de naves y que tan solo pagaba comisión o “hire” en el caso de que ofreciera una nave propia en arriendo, en calidad de arrendador. Agregó que el tema del arriendo de naves es de incumbencia de la gerencia de línea. El pago de este porcentaje es diario.
Es impórtame precisar que la Contraloría Regional de Valparaíso, en su informe, expresó que, sobre la materia de arriendo de naves, no pudo detectar irregularidades en los procedimientos empleados y que, además, ese organismo contralor carece de atribuciones para pronunciarse respecto de precios, condiciones, oportunidad y conveniencia de los contratos que se han oficializado sobre la materia.
Contratación de pasajes aéreos
La Comisión estudió este tema a raíz de una denuncia formulada por los diferentes sindicales de Empremar, quienes señalaron que la empresa licitó en los años 93 y 94 la contratación de pasajes aéreos que debe adquirir para trasladar al personal tanto dentro del país como en el exterior, con motivo del cambio de tripulación. Por convenios colectivos y normas internacionales, la tripulación de una nave debe permanecer determinado período embarcada, y cumplido éste, en el primer puerto que arribe, debe ser reemplazado por otra igual. Quienes se embarcan y continúan con el manejo de la nave, y los que salen, deben volver al país para un período de descanso. Como se podrá apreciar, esta materia que podría parecer sencilla y simple, se convierte en algo complicado, ya que se requiere tener oportunamente personal de relevo para seguir manejando una nave que, por circunstancias de su ruta, puede encontrarse en el extranjero.
Ahora bien, la Gerencia de Recursos Humanos de la empresa Empremar, mediante llamados a licitación de pasajes aéreos, se encargo de efectuar esta tarea. Para que la Honorable Corporación se forme un juicio, cada grupo que se releva es de aproximadamente de 20 personas y, a su vez, una dotación permanece a bordo por un período de 20 a 25 días, más o menos.
Es así como se llamó a licitación y la propuesta fue adjudicada a la agencia de Turismo Zahr, de Valparaíso, por haber presentado mejores condiciones para la empresa. Posteriormente, por razones desconocidas, se dejó sin efecto esa adjudicación y, en cambio, se favoreció a la firma Turismoroco que figuró en el segundo lugar.
Junto con esta denuncia se agregó que Empremar contrataba pasajes con una rebaja del 50 por ciento del valor comercial en la empresa Línea Aérea Nacional, LAN, la cual, más tarde facturaba el valor del pasaje en el ciento por ciento, lo que constituía una irregularidad y no era controlado por quien correspondía.
La Comisión recibió información sobre la materia por parte de la señora Claudia Núñez, subgerente de recursos humanos de Empremar S.A., quien manifestó que ella recibió la orden del señor Patricio Vidal de desahuciar a Turismo Zahr, que había ganado la propuesta, y adjudicársela a Turismoroco. Y la razón que le dio el gerente general para actuar en ese sentido, fue que el señor Luis Aracena, director de Empremar, lo presionó para que la referida propuesta se resolviese de esa forma. A su juicio, la propuesta de Turismo Zahr era mucho más favorable que la otra. Agregó que efectuó gestiones ante el señor Patricio Vidal para mantener a Turismo
Zahr como proveedor y que, posteriormente, al revisarse los antecedentes de ambas propuestas, se descubrió que la última hoja de la propuesta de Turismoroco había sido cambiada por otra, en la que se igualaba con valores de Turismo Zahr respecto de un porcentaje de pasajes aéreos liberados para Emprentar.
Por último, la ejecutiva expresó, en la Comisión, que en una conversación habida con el señor Vidal, éste le había reconocido el cambio de hoja referido y que él habría tenido que ceder en favor de Turismoroco debido a la fuerte presión que en este sentido ejerció el director señor Aracena.
El señor Aracena, al entregar sus observaciones en la Comisión, negó cualquier participación suya en el asunto y expresó no recordar claramente lo sucedido con respecto a esta materia.
A su vez, el señor Patricio Vidal reconoció el hecho expuesto y agregó que, a petición del señor Luis Aracena, resolvió en favor de Turismoroco, pero siempre que esa firma igualara su oferta a la de Turismo Zahr. Por último, negó que se hubiese cambiado la última hoja de la propuesta de Turismoroco.
7.Cartas de intención firmadas durante la gestión del ex gerente general de Emprentar, señor Gastón Rojas.
Este tema tiene relación con un viaje efectuado al extranjero por el señor Fernando Molina, ex director de Empremar, y con posteriores conversaciones, en Santiago, entre ejecutivos de Empremar, el señor Giovanni Pieraccini, presidente de la sociedad italiana “Societá Esercizio Canieri S.P.A.”, y el señor Raúl Andión, broker de nacionalidad argentina. En estas conversaciones se vio la posibilidad de que la empresa italiana, dedicada a la actividad naviera y dueña de un astillero, se interesara en adquirir un porcentaje del capital accionario de Empremar con el propósito de inyectar recursos frescos en esta empresa. Asimismo, se conversó sobre otra alternativa: la obtención de un crédito italiano para Empremar con el objeto de destinarlo a la construcción, por parte de esta firma italiana, de naves para Empremar.
De estas reuniones y conversaciones se determinó la necesidad de materializarlas en una carta intención, que expresara el interés de Empremar en estas gestiones, para ser presentadas en los trámites del crédito ante el Gobierno de Italia. Es así como los abogados señores Fernando Molina y Ricardo Abuauad redactaron la carta intención, incluyendo los puntos antes referidos.
El señor Gastón Rojas, al informar a la Comisión acerca de la materia, expresó que con motivo de haberse redactado y él haber firmado esta carta de intención, fue despedido de su cargo por el directorio de Empremar y, además, fuertemente criticado por el señor Edmundo Hermosilla, a la fecha gerente de empresas Corfo, quien le representó que no tenía autoridad para comprometer a Empremar en esta carta intención y que su actitud había perjudicado seriamente los intereses de Empremar S.A.
En resumen, a raíz de esta carta, el señor Rojas perdió el cargo de Gerente General de Empremar. El señor Fernando Molina, al prestar declaración en la Comisión, expresó que su participación en los hechos fue en su calidad de director de Empremar, y que, además, siempre se tuvo presente que el documento firmado sólo representaba una intención de iniciar gestiones que no obligaban a nadie. Tanto es así, que al final no se contrató el crédito italiano ni tampoco se vendió parte del capital de Empremar.
También la Comisión recibió el testimonio del señor Santiago Morán, ex presidente del Directorio de Empremar S.A., quién expreso desconocer las conversaciones iniciadas por Empremar con representantes del astillero italiano, a pesar de haberse realizado en el período en que él ocupaba el cargo de Presidente del Directorio.
8.Políticas implementadas por Corfo relativas a la gestión de Empremar y su relación con el Directorio y ejecutivos de la misma.
La Comisión consideró esta materia que, sin haberse expuesto como expresa denuncia, fue apareciendo en las declaraciones de las personas que recibió.
Es un hecho cierto que en la última década la actividad naviera, tanto nacional como internacional, ha tenido un vuelco enorme y se ha transformado íntegramente para hacer frente a una demanda de fletes más moderna y ágil. Todo este cambio ha repercutido muy fuerte en la política implementada por Empremar para ponerse a tono en la actividad naviera.
Se criticó fuertemente la falta de políticas de Corfo para sacar adelante a esta empresa que, por ser del Estado, se encuentra muy limitada en su accionar, ya que para adoptar cualquier medida comercial requiere del visto bueno del Directorio de la Corfo, del Ministro de Hacienda, de Mideplan, etcétera, todo lo cual le impide ser competitiva en un mercado ágil y moderno que necesita tomar decisiones de un momento a otro. Por otro lado, grave problema para Empremar en su calidad de sociedad es que el socio mayoritario, el Fisco, se lleva todas las posibles utilidades que se producen, dejando a la empresa sin poder definir programas de modernización.
Finalmente, se denunció una falta de comunicación entre el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción; Corfo, Directorios y ejecutivos de Empremar, todo lo cual redunda en una burocracia y falta de coordinación y responsabilidad de cada actor en el grupo, ya que aparentemente nadie responde ante nadie y cada uno excusa su no participación en los hechos denunciados, alegando que no le correspondía atender esa materia y que era resorte de otra gerencia.
La Comisión, luego de un largo, meditado y profundo debate, tanto de los hechos denunciados como de los descargos que en cada caso se hicieron, se abocó al estudio de una proposición a la Honorable Cámara de conclusiones del trabajo realizado.
Para estos efectos, el presidente de la Comisión propuso un proyecto de conclusiones, las que fueron complementadas por las respuestas de la Diputada señora Matthei y del Diputado señor León. Con este material, la Comisión designó una subcomisión, compuesta por la Diputada señora Matthei y el Diputado señor José Makluf, quienes estudiaron las tres proposiciones y entregaron a la Comisión un texto único y final.
Quiero dejar expresa constancia de la labor realizada por la Comisión. Siempre se tuvo presente el interés nacional, y sin perjuicio de existir diferentes apreciaciones acerca de los hechos y de la participación que en ellos le correspondió al Directorio y a ejecutivos de Empremar, la Comisión efectuó su trabajo en forma mancomunada y a conciencia. Deseo felicitar a mis colegas integrantes de la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, la que me honro en presidir, por su valiosa participación, tanto en los interrogatorios de las personas invitadas a entregar sus versiones de los hechos, como en el estudio de los innumerables antecedentes recopilados, todo lo cual sirvió para formarse un juicio sobre estas denuncias y, como decía anteriormente, pasando por alto a veces apreciaciones personales.
Todos dieron la unanimidad para concluir el trabajo con recomendaciones a la Honorable Cámara que, creemos, serán positivas para que los Poderes Ejecutivo y Judicial se aboquen a las materias propuestas en las conclusiones.
Me honro en reiterar que nuestro trabajo obtuvo la unanimidad de los señores Diputados que participaron en la Comisión, lo cual desmiente lo que a veces piensa la opinión pública en cuanto a que estas comisiones investigadoras no sirven para fiscalizar y que nunca se ponen de acuerdo en el trabajo realizado. No es así, y queda demostrado ante los señores Diputados, que nuestra Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, con interés, dedicación, profundidad y celo investigó, citó a declarar a innumerables personas, analizó la materia y, finalmente, puede proponer las conclusiones que voy a leer aprobadas por la unanimidad de los señores Diputados presentes en la sesión respectiva.
Corresponde al pleno de la Honorable Cámara calificar este trabajo, realizado con verdadera dedicación y responsabilidad, dada nuestra investidura de legisladores y fiscalizadores de los actos de gobierno.
Conclusiones:
1. Contrato de agenciamiento entre la Empresa Marítima S.A. y la sociedad peruana Servicio Multimodal Integrado:
a)Que, considerando la importancia de la Empresa Empremar S.A. y el profundo celo, transparencia y eficiencia con que deberían actuar sus autoridades, resulta inaceptable la reiterada negligencia demostrada por el gerente general en el proceso de negociación de las modificaciones del contrato con Seminsa, la que produjo graves daños patrimoniales a la Empresa, aun cuando baya actuado dentro de sus facultades legales y delegadas por el directorio.
b)Que la Comisión no puede determinar la veracidad de las versiones sobre la entrega y cobro de los cheques por parte del gerente general y que, en definitiva, serán los tribunales de justicia los encargados de hacer efectivas las responsabilidades que correspondan, por cuanto existen hechos que podrían revestir la calidad de delitos.
c)Que a juicio de esta Comisión, la Corporación de Fomento de la Producción debería hacerse parte en el juicio incoado en el Tercer Juzgado del Crimen de Valparaíso.
2.Arriendo de naves.
2.7 Naves Rider, Capitán Kiris y Trinidad.
Respecto del arrendamiento de las naves Rider B, “Capitán Kiris” y "Trinidad”, la Comisión consideró que los contratos no fueron negociados con la adecuada diligencia y tampoco se resguardaron debidamente los intereses de la Empresa, en atención a que se pagaron comisiones excesivas, a que algunas no cumplían con las especificaciones técnicas y a que otras se arrendaron en contra de las recomendaciones de los ejecutivos, produciéndose pérdidas.
Cabe hacer presente que la Contraloría General Regional de Valparaíso, en su informe, no detectó desviación de pagos a personas distintas del armador, haciendo presente que dicho órgano carece de facultades para pronunciarse acerca de los precios, condiciones, oportunidad y conveniencia de los respectivos contratos.
2.2 Nave “Samra”.
La Comisión, atendidos los hechos expuestos, estima que el pago por parte de Empremar S.A. de dicho bono de posicionamiento reviste el carácter de indebido, puesto que no estaba incluido en el télex de cierre. Respecto de este bono y del monto del arriendo diario, la Comisión considera que, en estas operaciones, el señor Heriberto Guerra, Gerente de Servicios Especiales de Empremar, dio su visto bueno junto con el Departamento Jurídico de la empresa, a esta operación, teniendo también, en consecuencia, responsabilidad en estos hechos.
3.Situación del broker único.
Que de los antecedentes conocidos por la Comisión sobre este punto, no se puede afirmar que existe un criterio unánime respecto de la conveniencia de contratar uno o más brokers. Sí está claro que cuando existe un broker único, se negocia una comisión más conveniente; pero, en este caso, se pagaron comisiones más altas que las normales.
Además, este broker único contratado estaba relacionado como director y accionista minoritario de una empresa de la competencia.
4.Contratación de pasajes aéreos.
La Comisión acuerda que serán los tribunales de justicia los encargados de hacer efectiva las responsabilidades que pudieran existir, por cuanto en este punto la Comisión comprobó que existió la sustitución de la última hoja de la pi opuesta de Turismoroco, hecho que puede revestir la tipificación de un delito.
5.Pago de indemnizaciones a ejecutivos de Empremar S.A.
Uno de los temas que más preocupó a la Comisión dice relación con el estatuto jurídico aplicable a las indemnizaciones que corresponde pagar y que se pagaron a los ejecutivos de Empremar S.A. por su retiro de la empresa. En efecto, se informó que, en esta empresa en particular, la Corporación de Fomento de la Producción había autorizado la cláusula de indemnización a todo evento, incluida la renuncia voluntaria, que favorecía a ciertos cargos directivos de la empresa.
Como consecuencia de lo anterior, se considera necesario que en el estudio que se propone en el número 7 de estas conclusiones, se incluyan normas claras y uniformes en esta materia.
6.Responsabilidad política del directorio.
La Comisión concluye, además, que al
directorio de Empremar S.A. le cabe responsabilidad política, al no cumplir cabalmente con sus funciones de administración y de control de la gestión del gerente general.
7.Legislación aplicable a las empresas públicas.
La Comisión de Economía, Fomento y desarrollo acuerda solicitar a la Honorable Corporación que la autorice para que, en conjunto con el Ejecutivo, estudie y patrocine, en un plazo máximo de 180 días, proposiciones legislativas respecto de la gestión de las empresas públicas, de la fiscalización de parte de órganos competentes y de la información pública que sea necesaria.
8.Envío de antecedentes a Su Excelencia el Presidente de la República.
La Comisión propone que se acuerde el envío de copia del presente informe a Su Excelencia el Presidente de la República, al señor Ministro de Economía, Fomento y Reconstrucción y al señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo, con el objeto de que: 8.1 Atendida la dictación de la ley N° 19.319, que modificó la ley N° 18.773, disponiendo la enajenación de acciones de la Empresa Marítima S.A. y, en consecuencia, autorizando su privatización, se requiere que la Corporación de Fomento de la Producción mantenga informada a la Honorable Cámara de Diputados acerca del proceso de licitación de la Empresa Marítima S.A.
8.2 Considerando que Empremar S.A. será sometida a un proceso de privatización, se requiere del Ejecutivo que, dentro de la brevedad, se adopten las medidas necesarias por parte del directorio de la referida empresa, en conjunto con el Consejo de Defensa del Estado, con el propósito de:
Ejercer todas las acciones legales que sean necesarias para recuperar montos adeudados a Empremar S.A.
Agilizar los procesos pendientes, tanto en Chile como en el extranjero, en que Empremar S.A. tenga la calidad de demandante, especialmente en los casos de Seminsa y del arriendo de la nave Samra.
9.Envío de todos los antecedentes a los tribunales de justicia.
Se considera de suma importancia remitir todos los antecedentes conocidos y analizados por la Comisión a los tribunales de justicia, los cuales ya han tomado conocimiento de estos hechos, para que se persigan las responsabilidades civiles y penales que correspondieren.
10.Requerimientos a la Corporación de Fomento de la Producción y a los tribunales de justicia.
La Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo propone a la honorable Cámara que requiera a la Corporación de Fomento de la Producción y a la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso que le informen periódicamente acerca del estado de tramitación del o los procesos judiciales iniciados por eventuales irregularidades en el manejo y administración de la empresa Emprentar S.A., tanto en el país como en el extranjero.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
De acuerdo con el orden de inscripción, tiene la palabra el Diputado señor Aníbal Pérez.
El señor PÉREZ (don Aníbal).-
Señor Presidente, en primer lugar, creo conveniente destacar que la Comisión de Economía, Fomento y Desarrollo, que se abocó al estudio del “caso Emprentar”, demostró la firme voluntad y propósito de abordarlo con mucho rigor, eficiencia y altura, aspectos que en definitiva fueron determinantes para concurrir en un solo informe, aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.
En segundo lugar, después de escuchar la relación del Diputado Informante, qué duda cabe de que efectivamente en la especie existieron, por decir lo menos, gravísimas irregularidades que, en algunos casos, rayan en lo delictual y que obviamente perjudicaron el patrimonio de Empremar ya lo ha señalado el Diputado Informante como lo fueron el contrato con la agencia peruana Seminsa, el arrendamiento de naves, los pagos indebidos, incluso adulteración de documentos mercantiles privados y otros más.
De todos los antecedentes recogidos e investigados por la Comisión, aparece un gran culpable, un gran responsable: el señor Patricio Vidal, gerente general de Empremar.
Sin embargo, estimo que, en este caso ha existido una responsabilidad compartida con otros estamentos de la empresa, como, por ejemplo, ejecutivos también de alto nivel que no hicieron presentes en forma oportuna las anomalías que estaba cometiendo el gerente general, como algunos directores aún cuando el directorio actúa como cuerpo según la ley que no cumplieron cabalmente con su función de control al gerente general.
Además, creo que aquí también ha existido responsabilidad de la Corporación de Fomento de la Producción, como dueña de Empremar, ya que teniendo una organización interna encargada de estas empresas, como es la Gerencia de Empresas Corfo, tampoco ejerció el control de la administración de Empremar.
Al respecto y para ser justo y equitativo, es menester hacer una prevención.
Si bien es cierto la Comisión estableció dentro de sus conclusiones que había una responsabilidad política del directorio, no puede entenderse bajo ningún aspecto que éste haya tenido alguna responsabilidad directa o haya estado coludido o en concomitancia con el gerente general o con algún ejecutivo para como se dice“hacer la vista gorda” frente a las anomalías de la empresa. No se puede deducir de ninguna manera que el directorio habría actuado en concomitancia o coludido o en forma directa respecto de las irregularidades cometidas en Empremar.
Comparto plenamente lo señalado en el punto 7 de las conclusiones, en cuanto a que sea la propia Comisión de Economía, conjuntamente con el Ejecutivo y en un plazo prudente, quienes propongamos una serie de medidas tendientes a hacer más eficiente más eficaz la acción de las empresas públicas, como asimismo, establecer mecanismos periódicos de control y fiscalización e información de las empresas públicas.
Sin embargo, deseo hacer una reflexión final con motivo del caso Empremar. De cierto tiempo a esta parte ha existido una fuerte ofensiva, por cierto muy bien dirigida, por parte de sectores empresariales y de la Derecha política tendiente a menoscabar, denostar y desprestigiar la acción de las empresas públicas o del Estado. Cualquier situación de anormalidad administrativa o financiera en una de ellas, la convierten inmediatamente en sinónimo de corrupción, de dolo y de actitudes indebidas, creando, así, un ambiente muy negativo en la opinión pública hacia este importante sector de la economía nacional.
No obstante, esos sectores de la Derecha, interesados obviamente en el fracaso de las empresas públicas, no usan la misma vara para medir a las empresas públicas, no usan la misma vara para medir a las empresas privadas cuando ellas fracasan; en esos casos no hablan de corrupción, de actitudes indebidas o de dolo, sino simplemente de “malos negocios”, en circunstancias de que la corrupción, el soborno, el cohecho, la extorsión, el enriquecimiento y el fraude se dan tanto en funcionarios públicos como privados. Por lo tanto, a partir de un hecho particular, como el caso Empremar, no se puede generalizar y decir que ello ocurre en todas las empresas públicas, porque eso sería tender un manto de dudas sobre la honorabilidad de miles de funcionarios que trabajan en empresas públicas del Estado en forma honesta y eficiente, contribuyendo al desarrollo del país.
Para finalizar, quiero decir que la bancada socialista votará en forma favorable el informe de la Comisión Investigadora, pero con las prevenciones que he señalado.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Carlos Dupré.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, al iniciar mi comentario sobre el trabajo realizado por la Comisión Investigadora de la gestión de Empremar, quiero destacar, como ya se ha hecho, el trabajo tesonero que realizaron sus integrantes para recoger antecedentes que permitieran a la Corporación formarse un juicio claro sobre las irregularidades que se produjeron en la gestión de la empresa.
Además, es necesario realzar el hecho de que la Comisión trabajó en armonía, con pleno consenso, sin consideraciones de otra naturaleza que no fuera la voluntad de contribuir a aportar un grano de arena a la decisión de erradicar los focos de corrupción que se produzcan en las empresas del Estado.
Finalmente, agradecemos al personal de la Comisión, que fue pieza fundamental en su trabajo.
No quiero repetir los conceptos y argumentos que el Diputado informante, señor Ramón Pérez, detalló en el documento que los colegas tienen a su disposición producto de la investigación; sólo haré una sucinta insistencia en lo que me parece más destacable de la investigación.
Ha existido una pésima gestión de quienes fueron los ejecutivos responsables de Empremar hasta marzo de 1994, lo que se tradujo en pérdidas sustantivas en el balance financiero del capital y del valor de la empresa.
Hay corrupción, desidia e irresponsabilidad en el manejo e inversión de bienes y capitales públicos; endeudamiento inadecuado; irregularidades en la relación con empresas con las cuales debían vincularse comercialmente: Seminsa, los brokers, las agencias de viajes, etcétera; entrelazamientos anormales e irregulares, ajenos a la relación que debe existir entre los ejecutivos, funcionarios de la empresa y el personal del área privada con las que se tradujo en acrecentamiento abusivo respecto de los arriendos de naves y en el pago excesivo de comisiones; cambios reiterados en contratos o acuerdos del servicio que reafirman la conducta irregular de los responsables de dichas decisiones en la empresa; desvinculación y desinformación deliberada a los directores, especialmente de parte del ex gerente, lo que acredita la clara responsabilidad en las irregularidades determinadas en la investigación.
Sin perjuicio de lo que el informe señala y después de profundizar la información, ha quedado con el más claro convencimiento de la grave responsabilidad del ex gerente general por la autoritaria mala gestión e irregular administración de la Empresa.
Pero, además, no puedo dejar de entregar a los señores Diputados mi opinión íntima de conciencia sobre lo que creo ocurrió en esta empresa. Tengo formada la impresión de que las irregularidades y los signos de corrupción detectados, fueron cometidos por parte de algunos funcionarios que, a través de su ubicación en la estructura y organización de esta empresa, fueron constituyéndose en una especie de organización informal de carácter diría yo mafioso que, adecuándose a normas implícitas, accedían en la comisión de irregularidades.
Es claro el abuso y beneficio obtenido en el mal uso de dineros de Empremar que, por su carácter público, es de todos los chilenos. No pudimos acreditar objetivamente, más de lo que el informe señala. Sin embargo, reitero, he quedado convencido de que muchos declarantes no nos dijeron la verdad en sus testimonios; que se habían relacionado previamente para entregar versiones que, a veces, resultaron grotesca y vergonzosamente coincidentes y que adoptaron los resguardos necesarios para impedir una clarificación en la investigación de lo que realmente ocurrió.
Frente a esta apreciación quiero destacar la positiva ayuda prestada por las autoridades de Corfo para clarificar lo que ocurría en
Empremar. Particularmente importante es la decisión y voluntad del Ministro Vicepresidente de Corfo, don Felipe Sandoval en este sentido. No sólo se nos facilitaron elementos para concretar nuestro trabajo, sino que aceptaron sugerencias que se tradujeron en medidas que rápidamente ayudaron a normalizar determinadas actuaciones de la empresa e incluso a poner término a situaciones estimadas discutibles para los integrantes de nuestra Comisión.
Me alegro y felicito al MinistroSandoval por esta posición, que resulta una clarificadora actitud de la voluntad del Gobierno, en especial del PresidenteFrei, de perseguir todo brote sectorial de corrupción e inmoralidad administrativa que ejecutivos o funcionarios del Estado, de empresas públicas o de municipalidades puedan cometer.
En la Comisión de Economía la unanimidad de los señores Diputados actuó conforme a estos principios. Por ello, anuncio que los Diputados democratacristianos votaremos favorablemente el informe.
Finalizo mi análisis refiriéndome a las sugerencias finales que entregamos a los parlamentarios, con el fin de que autorice a la Comisión de Economía para que, en conjunto con el Gobierno, estudie proposiciones respecto de la gestión de las empresas públicas. No hay duda de que una importante parte de nuestras posibilidades para continuar con un crecimiento económico que nos pueda facilitar los caminos hacia nuestro desarrollo, pasa por la regulación, transparencia y adecuada orientación de las actividades empresariales del Estado.
Debemos debatir profundamente como hay que conducir y hacia donde hay que dirigir las empresas públicas, la naturaleza de los problemas que los aquejan, la necesaria modernización que requieren y las soluciones que podamos facilitarles.
Esta discusión debemos hacerla diferenciando del debate el tema de la privatización, puesto que existe una decisión del Gobierno de la Concertación en el sentido de que un determinado número de empresas debe permanecer en el sector público, y las que lo hagan, deben cumplir una eficiente y transparente actividad productiva. Debemos evitar que ellas tengan una organización piramidal, concentrada. Hay que posibilitar que se precisen los mecanismos de fiscalización, a través de las instituciones u órganos competentes.
Es indispensable que las empresas del Estado o en las que éste participe mayoritariamente, entreguen una información pública que permita a la comunidad apreciar sus gestiones. Estimo conveniente que estudiemos formas posibles para que las empresas públicas tengan una mayor relación con las situaciones actuales del mercado, donde, sin comprometer cambios de propiedad, se vinculen más estrechamente con los privados contribuyendo con ello a la eficiencia, transparencia y mejor fiscalización.
Hay que precisar las atribuciones, deberes y responsabilidades de los directorios de las empresas públicas. Creo que es un deber ineludible de esta Cámara, hacer un aporte concreto, a través de este estudio, para que permita fortalecer una corriente nacional de opinión pública favorable a estas actividades que deben permanecer en manos del sector público.
Es evidente que, en algunos casos, como el de Empremar, las empresas públicas no cumplen en forma eficiente los objetivos para los cuales fueron creadas o respecto del rol que deben jugar en el desarrollo equitativo del país. Hay exceso de interferencia de diferentes orígenes y una legislación limitante y anticuada para las necesidades empresariales que se requieren en la etapa que vive nuestra nación. Hace falta una constante evaluación y un sistemático juicio de lo que sucede en cada empresa. Falta transmitir oportunamente a la ciudadanía el resultado de las gestiones de las empresas. En general, se aprecia un problema de fondo en la falta de coherencia entre la necesaria mantención de empresas en el sector público, las necesidades que demanda el desarrollo y los sistemas, estructuras y mecanismos de gestión y de control administrativo propios de la condición empresarial.
Creemos que podemos hacer aportes para corregir estas deficiencias y posibilitar las herramientas jurídicas que le faciliten un manejo eficaz.
Si trabajamos en lo que hemos planteado, evitaremos dar la razón a aquellos que atacan la necesaria función empresarial en determinadas áreas que debe tener el sector público.
Esta discusión y estudio, indispensable después de lo que hemos constatado en algunas empresas, nos permitirán mirar hacia el futuro y no sólo escarbar en las deficiencias comprobadas.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de la UDI, tiene la palabra la Diputada señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, han transcurrido ya más de seis meses desde que se hiciera pública la denuncia de malos manejos comerciales y financieros en Empremar.
En cuanto a lo obrado hasta aquí por esta Honorable Cámara, debe hacerse especial mención de tres aspectos.
En primer lugar, valoramos el hecho de que la Concertación haya dado su aprobación para que la Comisión de Economía se constituyese en Comisión investigadora.
Por otra parte, es importantísimo destacar el clima de trabajo, armonía, cooperación y seriedad que reinó en dicha Comisión. A la excelente conducción del Presidente, Diputado señor Ramón Pérez, se sumó la buena disposición a un trabajo serio de los Diputados que participaron en ella, tanto de la Concertación como de la Oposición. No hubo actitudes de lucimiento personal, ni de mala utilización de la prensa, ni de defensa cerrada de personas involucradas en los hechos por Diputados de la Concertación, que, en algunas ocasiones, han entorpecido la labor de otras Comisiones investigadoras.
En tercer lugar, se debe destacar la unanimidad del informe. Quizás no deja a nadie plenamente satisfecho. Cuando se está tan próximo a la investigación, hay muchos detalles que se consideran importantes y que los diversos integrantes desearíamos se hubiesen incluido. Sin embargo, estoy segura de que contiene todos los aspectos esenciales y de que es un buen resumen de la investigación de la Comisión.
Respecto de la investigación, a pesar de la calidad de algunos pocos ejecutivos de Empremar, la Comisión quedó con una amarga sensación general de una administración negligente, abusiva, descuidada y de un ambiente general de despilfarro en esta empresa.
Sin duda, las situaciones más graves se refieren a la relación entre Empremar y Seminsa y a los arrendamientos de nave. Si se revisa la secuencia de hechos en la relación entre Empremar y Seminsa, queda clarísima la concomitancia entre el ex gerente general y los dueños y ejecutivos de Seminsa para realizar una desviación de fondos.
Es cierto que la justicia del crimen es la que debe determinar si existió delito o no. Pero a nadie que haya participado en la Comisión y escuchado los testimonios le queda duda alguna sobre la relación absolutamente indebida que existía, tanto de Patricio Vidal como del ex Presidente del Directorio, Mauricio Villaseñor, con los peruanos.
Veinte días después de haber asumido Patricio Vidal como gerente general de Empremar, ya se realiza la primera modificación del contrato con Seminsa, la cual, entre otras materias, aumentó el monto de las comisiones que le correspondía percibir por tales fletes de metales contratados en Perú del 2,5 a 5 por ciento, es decir, al doble. Lo más increíble es que estas nuevas comisiones significaban que el transporte de esa carga le producía pérdidas a Empremar. Con posterioridad, el contrato sufrió dos modificaciones más. Todas las modificaciones iban en contra de los intereses de la empresa.
Uno podría preguntarse, ¿acaso la empresa estatal chilena no tenía alternativa? ¿Se enfrentaba a un monopolio peruano en materia de agenciamiento, por lo tanto, sin capacidad de negociación? No, en absoluto. Es un hecho que existían otras agencias peruanas interesadas en trabajar con Empremar, y también que existieron ofertas, incluso, algunas negociaciones para cambiar la agencia, pero todas ellas, por razones inexplicables, no prosperaron.
La Comisión recibió fotocopias de depósitos realizados por Seminsa en la cuenta grupo Euroandes, del Citibank de Nueva York, perteneciente a los mismos dueños de Seminsa. Existe una presunción de que, al menos, parte del monto adeudado por Seminsa a la empresa chilena fue desviado a esa cuenta. Este desvío pudo ser ocultado por la concesión de un crédito por 200 mil dólares de Empremar a Seminsa, por el alargamiento del plazo máximo para remesar los fletes cobrados en Perú, y por el cobro, por partida doble, de gastos de comunicaciones. De esta forma, se pudieron cubrir los dineros nuevos, producto del normal desarrollo del negocio. Esta especie de “bicicleta” colapso, sin embargo, al ponerse término al contrato de agenciamiento.
Por otra parte, la Comisión comprobó que Patricio Vidal cobró una serie de cheques girados contra la cuenta corriente de Seminsa y también contra la del grupo de Eurandes, todos del Citibank de Nueva York, Patricio Vidal adujo que correspondían a cheques que él cambió para facilitarle trámites a Guillermo González, uno de los socios de Seminsa, quien requería de efectivo cuando venía a Chile. Sin embargo, esta explicación se contrapone absolutamente con el hecho de que los cheques no corresponden a la cuenta personal del señor González, sino a la cuenta institucional de Seminsa y a la del grupo Eurandes. La otra explicación, en cuanto a que correspondería a la compra del pase de un jugador de fútbol, adolece del mismo problema.
Cabe destacar que la denuncia respecto de los cheques de Seminsa cobrados por el ex gerente general, se origina en una denuncia que hizo el ex presidente del directorio de Empremar, quien, a su vez, tiene vinculaciones comerciales, particulares, con Seminsa. En efecto, el señor Mauricio Villaseñor recibió fotocopias de los cheques girados de parte de los mismos señores de Seminsa en un viaje a Lima. Además de las fotocopias de cheques, le hicieron entrega de una lista de valores que, según sostuvieron, representaba el 15 por ciento de las comisiones percibidas por Seminsa, como agente de Empremar. La explicación de la nómina y de los cheques fue que los peruanos se habrían visto obligados a pagar esos montos para mantener vigente el contrato de agenciamiento. A su regreso, Mauricio Villaseñor puso en antecedentes de lo anterior al directorio de Empremar, a la Contraloría General de la República y al Consejo de defensa del estado. El directorio de Empremar ordenó una investigación, pero el que viajó a Lima fue el entonces fiscal de la empresa, señor Jorge Lembeye, quien es amigo y abogado personal de Patricio Vidal, y trajo, finalmente, una declaración jurada de los peruanos en que sostienen que jamás habrían sido presionados para efectuar pagos en favor de Patricio Vidal y que los cheques correspondían a negocios particulares.
La posible relación entre los cheques cobrados por Patricio Vidal y el hecho de que se otorgasen facilidades especiales a Seminsa, que permitieron ocultar las irregularidades que, finalmente, causaron la pérdida patrimonial de Empremar, es una materia que debe dilucidar la justicia. Sin embargo, repito, de todos los antecedentes recogidos y de los testimonios recibidos, no queda duda alguna en cuanto a la relación absolutamente indebida que existía entre el ex gerente general, Patricio Vidal y el presidente de Empremar, Mauricio Villaseñor, con los ejecutivos y dueños de Seminsa.
Respecto del arrendamiento de naves, sólo cabe consignar que, prácticamente, todos los arriendos produjeron pérdidas para Empremar, y en la mayoría de los casos no se consultó la opinión de los gerentes que tenían la información pertinente para una buena toma de decisiones. Se trabajó, en la práctica, con un intermediario único, cuyas comisiones duplican, triplican e, incluso, cuadruplican las normalmente pagadas en el mercado, y que el “broker”, además, era director de una empresa de la competencia.
La Comisión estudió muchos casos en que hubo irregularidades en el arrendamiento de naves. Quizás el más grave de todos fue el caso “Samra”, donde queda patente el pago ilegal o indebido de un bono por 65 mil dólares; que no está estipulado en el telex que confirma el cierre del negocio, ni en el contrato, sino en un simple anexo del contrato firmado en la misma fecha que el contrato principal, y que, finalmente, no fue pagado a la cuenta del armador, es decir, del dueño del buque, sino a la cuenta de una firma en Panamá, cuyo representante legal es el mismo intermediario de Empremar.
A pesar de lo contundentes de estas conclusiones, quizás lo que resulte, a la postre, más valioso de este informe, sea el punto que recién se integró anteayer, que señala que la Comisión de Economía, junto con el Gobierno, en el plazo de seis meses, deberán buscar nuevas normas, para mejorar la administración de las empresas estatales. Ello, porque resulta imposible soslayar el hecho de que el caso de Empremar es uno más entre múltiples denuncias que se han conocido en el último tiempo: Digeder, la Refinería de Concón, Codelco, la Central de Abastecimiento, la Oficina de Retorno, Esval y Enacar.
Sería fácil, pero poco serio, acusar a la Concertación de problemas de corrupción. Si alguna crítica debe hacerse a la Concertación, es que no ha entendido o no ha querido aceptar, por motivos ideológicos, que el problema de manejos irregulares no se limita a una mala gestión o mala intención de parte de gerentes o directores de estas empresas y organismos, sino a un problema más profundo, que tiene su origen en la naturaleza humana, porque no estamos hablando sólo de irregularidades; también preocupa la baja rentabilidad y la mala gestión de muchas empresas públicas. Y quiero dar algunos datos. La rentabilidad de Edelnor, de Lan Chile y de Colbún han sido de un 3,3 de un 0,6 y de un 11,3 por ciento, respectivamente. Estoy segura d r que esos capitales que está manejando el Estado deben y pueden tener una mejor rentabilidad.
Quiero dar algunos datos de Codelco, que no requieren mucha explicación. La productividad en la producción de cobre fino en Chuquicamata es de 50 toneladas por trabajador, mientras en las minas de Estados Unidos y Canadá alcanza a un promedio de 93 toneladas por trabajador. Las remuneraciones de los trabajadores mineros en Estados Unidos es un 38 por ciento inferior a las de Codelco. Mientras en Estados Unidos las empresas del sector minero tienen un administrativo por cada 10,8 trabajadores de operación, en Codelco hay un administrativo por cada 3,1 trabajadores de operación.
¿Es esto un problema de la Concertación? No y Sí. No, porque también existían estos problemas de mala administración en Codelco en el gobierno militar, y sí, porque creo que en los gobiernos de la Concertación estos problemas se han agravado.
¿Es este un problema derivado del hecho que la propiedad sea estatal? También sí y no. Sí, porque generalmente se dan este tipo de resultados en empresas estatales, pero no, porque a veces se dan problemas bastante parecidos en grandes empresas privadas, en que las acciones están muy dispersas, y en que no existe un dueño o un grupo con suficiente poder como para evitar el enseñoramiento de la planta gerencial, que empieza a preocuparse más de sus objetivos particulares que de los de la empresa.
¿Cuál es, finalmente, la mejor receta para disminuir las irregularidades, para cautelar de mejor forma el dinero fiscal? Nosotros pensamos que es claramente la privatización.
Generalmente, cuando hablamos de privatizaciones, se nos acusa de una excesiva ideologización. Pero, en verdad, salvo en el caso de Margaret Thatcher, la inmensa ola de privatizaciones que se ha venido dando en el mundo responde mucho más a razones pragmáticas que a ideológicas.
En Latinoamérica las privatizaciones se han debido a intentos de reducir la deuda del Gobierno o la deuda extema, y también a problemas de eficiencia, de mal servicio y de poca disponibilidad de recursos para planes de inversión.
En efecto, es un hecho que en países en vías de desarrollo la obtención de fondos para los planes de inversión de las empresas estatales deben competir con los programas sociales.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Señora Diputada, le queda un minuto y medio de su tiempo.
La señora MATTHEI.-
Señor Presidente, con el diputado señor Ramón Pérez, había conversado justamente por si le sobraba tiempo.
Solicito que pida la unanimidad de la Sala para tres o cuatro minutos.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
¿Habría unanimidad para conceder el tiempo que solicita la señora Diputada?
Acordado.
Puede continuar con su intervención la Diputada señora Matthei.
La señora MATTHEI.-
Gracias.
Es un hecho que en los países en vías de desarrollo la obtención de fondos para los planes de inversión de las empresas estatales debe competir con los programas sociales. Así, se posponen inversiones hasta que ciertos sectores se constituyen en cuellos de botellas del desarrollo de la economía. Este fue el caso de Chile en comunicaciones; fue el caso, en parte, en Empremar, donde la mayoría de las grandes pérdidas se produjeron por falta de inversiones. También es el caso, de la escasez de obras de infraestructura, de caminos, de puertos y de túneles, que han llevado a incorporar al sector privado a través de una ley de concesiones dictada por la propia Concertación.
De la misma manera, es un hecho que en muchas empresas existe más preocupación por el padrinazgo político o el empleo de correligionarios que por el manejo eficiente. Esto, sumado al hecho de que el directorio y la plana gerencial completa suele renovarse con cada cambio de Gobierno, ha llevado a serios problemas.
Por último, la burocracia, la mala atención, las pérdidas de patrimonio llevan a la privatización, como es el caso que estamos enfrentando en Empremar.
Sin embargo, somos oposición y somos realistas. Entendemos que mientras el gobierno de la Concertación no acepte esta realidad en forma plena, muchas empresas van a seguir siendo estatales. En este sentido, es nuestra obligación buscar formas de administración, de fiscalización y de información que, si bien no van a resolver todos sus problemas, por lo menos, evitarán casos de manifiesta corrupción y de mal uso de los recursos fiscales.
Por eso valoramos tanto la unanimidad de la Comisión de Economía para que, junto con el Gobierno, busquemos soluciones a este problema, que no sólo afecta la imagen de los involucrados, la imagen de la Concertación, sino, que termina destruyendo la confianza en los políticos.
Espero que la Comisión de Economía muestre la misma madurez y seriedad para elaborar las propuestas que tuvo durante el curso de esta investigación.
Sin duda, más importante que el eventual castigo a las personas involucradas en las irregularidades de Empremar, es evitar la ocurrencia de nuevos hechos de esta naturaleza.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el diputado señor Ramón Pérez.
El señor PÉREZ (don Ramón).-
Señor presidente, al concluir la fiscalización en torno a las denuncias efectuadas por la mala gestión de Empremar, a quienes participamos en la Comisión Especial Investigadora de la naviera estatal nos quedó la sensación de que todas las personas entrevistadas mintieron, salvo rarísimas excepciones.
Esto lo puedo aseverar, pues si se comparan las declaraciones de algunos personeros que asistieron a las sesiones, algunos manifestaron no tener responsabilidad mientras que otros simplemente precisaron no acordarse del tema, según su conveniencia personal.
También fue notorio que se pusieron de acuerdo, pues tuvieron el tiempo suficiente para hacerlo, ya que por sus atribuciones la Cámara no puede actuar con más celeridad, a lo que se suman las filtraciones de declaraciones y antecedentes conocidos sólo por la Comisión.
Es evidente que los acontecimientos son demostrativos de que en esto hubo irregularidades que a la Cámara no le corresponde sancionar. Sin embargo, según lo señala el informe emitido por la Contraloría General de la República en su parte pertinente, los hechos configurarían los delitos contemplados en los artículos 239 y 248 del Código Penal, que corresponden a fraude y exacciones ilegales y cohecho, respectivamente.
Lo que sí puede demostrar la Honorable Cámara es la responsabilidad política de Corfo, del Directorio y de ejecutivos de Empremar S.A.
De la forma en que se administró esta importante empresa estatal, podemos deducir que no existió ninguna coordinación entre sus tres estamentos superiores, por el hecho de que Corfo designa a los directores con la obligación de votar por determinada persona para presidente y vicepresidente, y con posterioridad designa al gerente, sin considerar para nada al directorio, por lo que la gerencia no responde ante él y actúa libremente sin informar a nadie, en la mayoría de los casos.
Al analizar los antecedentes que a continuación detallaré, nadie podría dudar que hubo una doble intención o componenda en el manejo de Empremar S.A.
Según el contrato con la empresa peruana Seminsa, la comisión por el agenciamiento era del 2.5 por ciento, y por disposición de la gerencia, sin conocimiento del directorio, ésta se aumentó a un 5 por ciento; vale decir, al doble, y sin que se lo pidieran. Los 30 días, se aumentaron a 45 para que depositara los valores cobrados; y aún más, se le otorgó un crédito de 200.000 dólares, que se cargaron como fletes no pagados. Inverosímil, cuando la propia empresa debía solicitar créditos bancarios para su funcionamiento.
Con posterioridad aparece el señor Mauricio Villaseñor, ex presidente del directorio, con la copia de tres cheques del Citybank girados por las cantidades de 12.625, 5.850 y 10.200 dólares, más una lista que en su encabezamiento dice: 15 por ciento, y varios valores que suman 86.389 dólares, cantidad que corresponde exactamente al 15 por ciento del valor adeudado por Seminsa. Además, una fotocopia de otro cheque por 6.220 dólares, girado a la orden del Israel Discount Bank. Todos para el señor Patricio Vidal. Se dan diferentes justificaciones, como por ejemplo, “asuntos particulares”; pero lo raro es que los cheques fueron girados de la cuenta de Seminsa y entregados como denuncia cuando el señor Vidal informó a la empresa peruana que se caducaría el contrato.
Otra decisión que causa duda es que se envía al señor Lembeye, socio, condiscípulo y amigo personal del gerente, a investigar a Lima, y vuelve con una declaración jurada donde los peruanos se desisten de todo lo obrado. Pero donde se llega al máximo de la ineficiencia, es al aceptar, en el artículo 2° del contrato firmado con la empresa peruana, la cláusula que dice: Para garantizar su responsabilidad ante el armador, el agente le otorgará la “garantía moral” suscrita por dos de sus representantes legales, la que cubrirá la responsabilidad del agente durante todo el tiempo que dure su gestión como tal. Le pregunto al señor Ministro de Corfo presente: ¿Cómo hará efectiva la garantía moral para recuperar los valores adeudados a Empremar?
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Le ruego dirigirse a la Mesa, señor Diputado.
El señor PÉREZ (don Ramón).- Otro caso es el de la nave Samra, que se arrendó por 5.000 dólares diarios y un ballast bonus de 60.000 dólares por posicionamiento de Portugal a Brasil. Luego de varias conversaciones se llegó al acuerdo de pagar sólo 5.150 dólares, sin el ballast bonus. Sin embargo, el gerente señor Vidal, sin estar estipulado en el contrato, autorizó el pago de un ballast bonus de 65.000 dólares, valor que no se pagó al armador, sino que se depositó en la cuenta de Acrues Shipping Corporation, de la cual es socio el señor Alexis Ramírez, que fue el broker que arrendó el barco. Posteriormente, se obtuvo un certificado del armador para justificar la recepción de este dinero.
Iniciada la investigación, la nueva gerencia de Empremar nos comunicó que se había descerrajado un estante en la oficina de la empresa y llevado la carpeta con todos los antecedentes referidos a este. Afortunadamente para la Comisión, existían copias.
A propósito del broker señor Ramírez, extrañamente, era solicitado como exclusivo por la gerencia para el arrendamiento de naves. Además, es amigo personal y condiscípulo del señor Vidal, y socio de la Compañía Interoceánica, empresa de la competencia de Empremar. Es normal que a un broker se le pague una comisión entre 1,25 y 3 por ciento, pero en algunos casos se le pagó un 6, un 8 y hasta un 10 por ciento. Vale destacar que esta Comisión es por día de arrendamiento.
Por otra parte, es obligación de la empresa movilizar por vía aérea a las tripulaciones que deben hacer uso de su descanso, desde cualquier lugar en que se encuentren. Para ello se hicieron contratos, y según los trabajadores, se consiguió una rebaja de 50 por ciento. Sin embargo, se facturaba por el ciento por ciento.
La empresa hizo un llamado a licitación de pasajes aéreos entre las distintas agencias de turismo. Quedó seleccionada Turismo Zahr, por haber sido la más conveniente y económica. Posteriormente, se dejó sin efecto y se adjudicó a Turismoroco por disposición del señor Vidal. Al investigarse la situación, se descubrió que se había cambiado la última hoja de la propuesta de Turismoroco, con lo que pasó a ser h más conveniente.
Es digno de hacer notar también el misterioso despido de ejecutivos que demostraron real interés por mejorar la situación económica de Empremar o desarrollar iniciativas favorables para la empresa. Sin embargo, al abogado señor Kegevic, fiscal de Empremar y procesado por fraude al Fisco y falsificación de instrumentos privados, se le pagó una indemnización superior a 8 millones de pesos. Por otro lado, se organizó una campaña de reducción de gastos, pero igualmente se contrató a un estudiante de Derecho para que hiciera su práctica, con un sueldo de 200 mil pesos, quien lo percibió, sin trabajar, durante tres meses.
Entre las actuaciones independientes de los estratos superiores de la empresa naviera, es bueno destacar que en el período en que era gerente don Gastón Rojas se estuvo a punto de vender a una empresa italiana un paquete accionario de Empremar y de obtener un crédito blando por 30 millones de dólares, para construir dos barcos. Posteriormente, el director don Fernando Molina lo invitó a una reunión en que participaron, entre otros, el ex Ministro de Minería, don Juan Hamilton, el subgerente de Empremar, señor Abuauad, el Senador italiano señor Pieraccini, director del astillero, y el broker argentino, don Raúl Andión. En esa oportunidad, el gerente señor Rojas firmó dos cartas-intención sin el consentimiento de la Corfo ni del presidente del directorio don Santiago Morán, motivo por el cual fue despedido.
El señor Santiago Morán, ex presidente de Empremar, no tuvo conocimiento de las conversaciones sostenidas con el señor Pieraccini ni de las cartas-intención. A su entender, ello dio origen a un procedimiento bastante irregular, pues se estaba actuando a espaldas de la Corfo.
El señor Molina manifestó en la Comisión que las cartas-intención no tenían efecto vinculante alguno. Pero, en mi opinión, cuando negocios como el naviero se cierran a través de fax, adquieren gran valor.
Considero legítimo que la Corfo vea la forma de recuperar los valores adeudados por Seminsa, que el Ejecutivo patrocine proposiciones legislativas respecto de la gestión de las empresas públicas, de la fiscalización de parte de órganos competentes, y que las empresas del Estado, que manejan recursos públicos, informen acerca de sus operaciones a la Cámara de Diputados, a fin de que podamos actuar en forma preventiva y no sobre hechos consumados, que han significado pérdidas cuantiosas al erario.
Es bueno hacer notar también la responsabilidad política del directorio al no cumplir cabalmente con sus funciones de administración y de control de la gestión del gerente general.
Los antecedentes puestos en conocimiento de la Sala ameritan la designación de un ministro en visita para que investigue los hechos. Sin embargo, la Comisión acordó entregarlos a la justicia ordinaria, donde, por exceso de trabajo de los magistrados, es difícil profundizar una investigación como corresponde.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
En el tumo del Partido por la Democracia, tiene la palabra el Diputado señor Turna.
El señor TUMA.-
Señor Presidente, quiero entregar un reconocimiento a la acuciosidad y seriedad del trabajo realizado por los Diputados integrantes de la Comisión. Del mismo modo, al desempeño del Secretario, don Luis Pinto, del ayudante, don Sergio Pizarro, y de la señorita María Eugenia Hevia, secretaria. Con su profesionalismo, como es habitual en la Corporación, contribuyeron al éxito en esta tarea.
Antes de referirme a las materias específicas contenidas en el informe, deseo destacar el sello que la Comisión de Economía impuso al trabajo que le encomendó la Honorable Cámara.
En esta oportunidad se ha conciliado la adecuada información de la opinión pública sobre una delicada materia con la necesaria reserva y prudencia que se requiere durante la etapa de investigación, para no desvirtuar el sentido último de nuestra labor, que es esclarecer las dudas que se ciernen sobre la administración de una importante entidad pública.
El énfasis ha estado en el estricto cumplimiento de nuestras facultades y no solamente en las posibilidades de lucimiento público que se pueden o que se suelen generar al calor de la investigación de tan controvertidas materias.
De este modo, creo no equivocarme al aseverar que se ha contribuido a fortalecer el ejercicio de las facultades fiscalizadoras de nuestra Corporación.
La opinión pública puede evaluar con toda justeza el resultado de nuestras conclusiones y observará que no hemos vacilado en el cumplimiento de nuestro mandato constitucional.
Sobre las materias específicas, no reiteraré el informe pormenorizado que tan acabadamente ha expuesto el colega señor Ramón Pérez Opazo. Sólo deseo destacar tres puntos que considero relevantes:
En primer lugar, en el transcurso de la investigación ha quedado de manifiesto la necesidad de encarar el problema de fondo, que es la modernización de la gestión pública, como una cuestión urgente y de carácter nacional. Es decir, es preciso cruzar las fronteras partidarias para abordar este problema que se repite en las conclusiones de cada una de las comisiones investigadoras.
En el punto 7 de las conclusiones del informe se consigna un acuerdo en orden a solicitar a esta Corporación que autorice a la Comisión de Economía para iniciar, en conjunto con el Ejecutivo, proposiciones legislativas respecto de la gestión de las empresas públicas, para lo cual hemos propuesto un plazo de 180 días, con el objeto de abocarnos de manera rigurosa a esta urgente tarea que, por lo demás, es una necesidad asumida globalmente por todos los gobiernos en el mundomoderno.
Nuestras economías han enfrentado una primera generación de transformaciones, que estuvieron dirigidas a liberar al Estado de aquellas tareas diarias de la acción pública que se estimó en ese momento podrán ser asumidas de mejor forma por el sector privado, a pesar de que persisten justificadas disputas sobre los criterios utilizados en el proceso emprendido en nuestro país, la legitimidad de la autoridad que asumió dicho proceso y las consecuencias y costos sociales que han significado esas transformaciones que hoy son parte de nuestra realidad.
Pero ahora enfrentamos un nuevo desafío, esto es, emprender una segunda generación de transformaciones destinadas a dotar al Estado de eficiencia en todas aquellas tareas que le son naturales y que ha quedado demostrado que los particulares no pueden emprender, a lo menos solos.
La principal tarea la hemos definido en la superación de la pobreza, y el Gobierno las ha precisado recientemente en dos importantes áreas.
De este modo, tenemos la obligación de encarar las dificultades que se presentan en la gestión pública y, particularmente, en las empresas del Estado.
La honorable Diputada señora Evelyn Matthei ha planteado que muchas de estas anomalías que estamos tratando, y que son materia de debate, son el producto de una actitud de la Concertación.
Deseo manifestar nuestro completo desacuerdo, por cuanto el Gobierno, que actualmente lidera nuestra coalición, ha recibido un aparato del Estado que no cumple con la estructura de las empresas públicas capaces de responder a los requerimientos de una economía social de mercado, que exige la definición de una política para todas las empresas del Estado. Esta responsabilidad y tarea no es una cuestión que sólo compete a la Concertación, sino que a todos los sectores políticos del país.'
Como ya no podemos guardar nuestra preocupación frente a la ausencia de una definición de una política de modernización de las empresas del Estado, éstas deben responder a las necesidades presentes del país, en su conjunto, que es la razón de su existencia en el área pública, puesto que se espera de ellas que aporten al bien común, entregándole elevados niveles de eficiencia en su gestión y cumplimiento en el mercado, asegurando así su transparencia.
Desde este punto de vista, es absurdo pretender arrogar la exclusividad de la eficiencia al mundo privado. Esto sería fatal no sólo para un Gobierno, sino para todo el país.
Así las cosas, no creemos que el dilema del país sea privatizar versus no privatizar o Estado versus privados. Estos esquemas, en los hechos, están superados. No tenemos dogmas para definir estas materias. Nuestras decisiones se mueven según lo que estimamos conveniente y oportuno para el país. Creemos que lo central es resguardar el bien público y consolidar el desarrollo económico del país, priorizando sin tregua la batalla contra la pobreza, uno de los mayores obstáculos para alcanzar las metas de progreso. Por ello, no escatimaremos ningún esfuerzo por corregir las deficiencias de gestión y, más aún, las negligencias o faltas de probidad que afecten a los funcionarios públicos.
En segundo lugar, en el análisis de las situaciones denunciadas al interior de Empremar, más allá de las deficiencias normativas, que las hay, y las patologías organizacionales, queda de manifiesto que el factor decisivo es el resultado de una buena o mala gestión. El recurso humano es el que, en este caso, no estuvo a la altura de las responsabilidades encomendadas a los servidores públicos.
La Comisión llegó a la conclusión que los directores de Empremar tienen, a lo menos, responsabilidad política por falta de oportuno control sobre la gestión de la empresa, y no puede ser de otro modo. No existiendo precisión desde el punto de vista normativo, es indispensable establecer proporcionalidad entre las atribuciones y las responsabilidades del directorio. Siendo el nombramiento de los directores de naturaleza política, corresponde entonces asumir las consecuencias de los actos u omisiones en este ámbito. De otro modo, un manto de impunidad cubriría poco a poco la gestión pública, abrigando los brotes de corrupción que en algunas áreas de la gestión pública tienden a germinar.
Estamos conscientes de las implicancias de esta conclusión, pero lo hacemos con absoluta responsabilidad. Las investigaciones realizadas en el seno de la Cámara de Diputados deben contener mínimas definiciones sobre los hechos conocidos; de otro modo, los ciudadanos entenderán la tarea fiscalizadora más como instrumento propagandístico que una prerrogativa destinada a velar por el interés público.
La bancada del Partido Por la Democracia no inhibirá bajo ningún aspecto las facultades fiscalizadoras de la Corporación, y entendemos que ésta es la voluntad que inspira a los parlamentarios de la Concertación. La formación de comisiones investigadoras en las que se pueden ver involucrados funcionarios públicos, no constituye un temor; por el contrario, es un desafío donde se juega el prestigio del Gobierno de la Concertación, y así lo ha expresado también el propio Presidente de la República. A su vez, estamos convencidos de que la fiscalización debe dar origen a la formulación de propuestas que permitan subsanar las desciendas que pueden originar una inconveniente gestión pública.
En el marco de las proposiciones, en el informe se consigna la necesidad de establecer normas generales en relación con el funcionamiento de los directorios, sus atribuciones, responsabilidades y las condiciones de sus contratos, incorporando transparencia a su gestión y precisando las incompatibilidades que se generan en el desempeño de sus funciones de dirección.
Por último, desde el punto de vista de la gestión el informe es categórico. No es aceptable que los funcionarios públicos que desempeñan cargos directivos avalen modificaciones contractuales que abiertamente perjudican el patrimonio de la empresa, como sucediera en el caso del contrato de agenciamiento entre Empremar y Seminsa. En este caso queda demostrada la reiterada negligencia, por decir lo menos, del señor gerente general de Empremar, al igual que la situación producida en el arrendamiento de las naves Rider, Capitán Kiris y Trinidad. Del mismo modo, se comprobaron acciones poco transparentes en el contrato de servicios de pasajes aéreos.
Señor Presidente, una de las conclusiones más importante de esta investigación es la urgente necesidad de dotar a los servicios públicos, particularmente a las empresas públicas, de personal idóneo y con un alto sentido de responsabilidad en el desempeño de sus funciones. De otro modo desfilarán incansablemente las denuncias y las comisiones investigadoras, que nada podrán hacer para reparar el daño que se ha provocado al patrimonio público y fundamentalmente a la credibilidad de los ciudadanos,...
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Le resta un minuto al Comité del partido por la Democracia, señor Diputado. Se lo hago presente para que pueda redondear su discurso.
El señor TUMA....quienes confían en que los servidores públicos resguardarán debidamente los intereses de todos los chilenos.
Por lo anterior, la bancada del Partido por la Democracia suscribe plenamente el contenido y conclusiones del informe elaborado en el seno de la Comisión de Economía y dará su aprobación a los acuerdos que en él se contienen, los que esperamos contribuyan a mejorar la gestión de las instituciones públicas, particularmente de las empresas del Estado.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Hago presente que hay otros señores Diputados inscritos del Partido por la Democracia, pero lamentablemente, sólo le queda medio minuto.
También debo señalar que las ideas no se redondean ni se encuadran, sino que se precisan, como dice el Diputado señor Ferrada.
Tiene la palabra el Diputado señor León.
El señor LEÓN.-
Señor Presidente, en esta oportunidad corresponde referimos a un tema que por mucho tiempo llamó la atención de esta Corporación y de la opinión Pública, lo que hizo necesario crear una Comisión investigadora de las denuncias hechas sobre las irregularidades que se estaban cometiendo en Empremar.
Como nuestra función, establecida en la Constitución, es fiscalizar la gestión del Gobierno y de sus organismos, no podremos confundirla con la de otros Poderes del Estado, dado que nuestra fiscalización se orienta a establecer responsabilidades políticas. En tal sentido, una de las conclusiones de la Comisión fiscalizadora fue “que al directorio de Empremar le cabe responsabilidad política, al no cumplir cabalmente con sus funciones de administración y de control de la gestión del gerente general.”, en cuyo caso parece aconsejable que, en esta aspecto, se precise con más claridad hasta qué punto nos está permitido, como entidad fiscalizadora, investigar situaciones irregulares que cualquier organismo pudiese cometer, sin vulnerar las atribuciones que al respecto corresponde ejercer a otro Poder del Estado u organismo destinado al efecto.
A pesar de esta carencia, es oportuno señalar que una decisión acertada por parte de esta Comisión es poner los antecedentes de que podamos disponer en manos de las autoridades competentes.
Como resguardo de posibles errores que pudieran cometerse a futuro, debo destacar que el punto 7 de las conclusiones es una solicitud sensata: solicitar al Gobierno que proponga una legislación tendiente a coordinar y sistematizar el estatuto jurídico aplicable al holding de empresas totalmente estatales y a las empresas en que el Fisco tenga participación accionaria, tanto mayoritaria como minoritaria; precisar las atribuciones de los directorios de dichas empresas, cuando adquieren la forma de sociedades anónimas, y de sus gerentes generales, y finalmente determinar la relación de dichas empresas, su directorio y gerencia general con el Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción y con la Corfo.
En tal sentido, podemos vislumbrar que, a futuro, poner énfasis en el concepto eficiencia no es algo que pueda estar ajeno a las empresas públicas, argumento muy socorrido por algunos sectores que ven en dicho concepto la justificante para llevar adelante procesos privatizadores; el control que se haga sobre ellas y los responsables directos de la buena gestión de estas entidades debe ser considerado como una herramienta más del proceso productivo de bienes de servicios, sin importar qué sector del país lo está generando.
En tal sentido, hacer distingo entre la cosa técnica y política para mejorar a las empresas es algo que debemos tener claro y no crear confusiones al respecto para sacar partido de ellas.
En dicho orden se orienta la recomendación de la Comisión fiscalizadora cuando señala que la Corfo debería realizar evaluaciones periódicas del desempeño del directorio, en función de los resultados de las empresas donde el Estado tenga participación mayoritaria.
Me parece oportuno señalar que a la Comisión se le ha allanado el camino en su investigación gracias a la buena disposición de las autoridades de Gobierno, en especial del Ministro de la Corfo, don Felipe Sandoval, quien ha brindado toda la cooperación a su alcance para establecer en todos sus términos las irregularidades denunciadas. Esto nos demuestra que nuestras autoridades, encabezadas por el Presidente de la República, están empeñadas en desterrar cualquier foco de corrupción que pudiera afectar a algún organismo del Estado, porque no sólo se ve comprometida su imagen, sino el país entero, más aún cuando éste ha abierto sus puertas a la inversión extranjera.
Similar predisposición ha hecho posible que las distintas conclusiones a que ha podido llegar la Comisión Investigadora han sido fruto de la investigación acuciosa y profesional de todos sus miembros, y, sin duda, lo más importante y digno de resaltar, es el hecho de que dichas conclusiones fueron aprobadas por la unanimidad de los parlamentarios de esta Corporación, lo que es una demostración más de que el combate a cualquier esbozo de corrupción es un compromiso de todos.
Por otra parte, es aconsejable que la opinión pública conozca la verdad respecto de las irregularidades denunciadas. En tal sentido, debemos admitir que la investigación realizada y la información recopilada de otras instituciones relacionadas con el caso que nos ocupa, permiten señalar que la empresa en cuestión, desde hace mucho tiempo, ha tenido una administración negligente que no ha sido capaz de consolidar un espacio en el mercado naviero, cuestión que no sólo es de recursos pienso, puesto que en la época actual ser competitivo implica una serie de variables que dicha empresa no ha podido manejar adecuadamente.
No es menos cierto que, relacionado con lo anterior, Empremar ha visto perjudicado su activo por irregularidades que en su mayoría corresponderá a los tribunales de justicia calificar. En tal sentido fue posible a esta Comisión establecer hechos que podrían revestir caracteres de delito, situación que quedó expuesta en las conclusiones de su informe.
Por último, debo señalar un punto que merece la mayor atención.
Cuando esta Corporación, en su conjunto, propone trabajar con el Ejecutivo en la dictación de normas que permitan buscar la eficiencia y la productividad en las empresas en que el Estado tenga participación, con esa conclusión, tácitamente se le reconoce al Estado el derecho de tener y administrar empresas en aquellas áreas necesarias para mantener los equilibrios de mercado, como asimismo optimizar la administración en aquellas que le son rentables. Es decir, con ello echamos por tierra aquella idea, elevada a la categoría de dogma por sectores políticos de nuestro país, que plantea que todo debe ser privado o todo debe ser público. Es un reconocimiento al derecho del Estado a administrar sus empresas y una aceptación de que es posible contar con un Estado moderno y eficiente dentro de la actual política económica de nuestro país.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, en primer lugar, felicito a los miembros de la Comisión Investigadora Empremar por haber llegado, al fin, a lo largo de la historia de este Parlamento, a conclusiones más o menos claras de que hubo apropiación indebida, corrupción y que la empresa está prácticamente quebrada.
Pero también es cierto que todo lo que sucedía en ella era evidente y de conocimiento público. Por eso, los miembros de la Comisión fueron unánimes es sus conclusiones.
Tampoco hay que engañarse o tal vez pensar, como hipótesis, que sólo cuando las sustracciones o apropiaciones indebidas de dinero en una empresa estatal son evidentes, llegamos a conclusiones; y que cuando la situación es poco clara y hay que investigar profundamente, hay que poner trabas, para lo
cual los Diputados de la Concertación son bastante expertos. Voy a dar un ejemplo.
Hace dos años, una comisión compuesta mayoritariamente por Diputados de la Concertación realizó una investigación en Empremar, ¿Y cuál fue su conclusión? lamento que en la Sala no haya Diputados de la Concertación que la integraron para que me escucharan que Empremar funcionaba perfectamente, que sus finanzas estaban clarísimas y que la Comisión Investigadora era prácticamente una calumnia para sus directores y ejecutivos.
¿Qué sucede al cabo de un año y medio o dos? Que estamos llegando a la conclusión de que Empremar está quebrada, que el gerente general y todo el directorio están involucrados en apropiación indebida, que hay unos cheques que vienen de Perú, en fin, un escándalo. Yo no sé si algún privado estará interesado en comprar una empresa que vale cero.
Creo que la enseñanza que nos dejan las comisiones investigadoras está a la vista. Quisiera rescatar un buen propósito, una buena intención por parte de los señores Diputados presentes, en el sentido de que todas las comisiones investigadoras, cuando existan razones fundadas de que hay delito, debieran terminar en un informe positivo y con el propósito de llegar hasta el final.
Hace poco tiempo se dio el caso de la Dirección Nacional de Aduanas, donde son claros los signos de corrupción. Sin embargo, tuvimos que retirarnos porque en la comisión que lo analiza no se dan garantías. Ya sabemos que la Comisión va a decir que ahí todo anda estupendamente bien, y todos sabemos que ocurre lo contrario.
Pero, en fin, el que no quiere aprender tendrá que hacerlo a la fuerza. De todas maneras, la opinión pública sabe lo que está sucediendo.
Respecto de las comisiones investigadoras, propongo que no sólo modifiquemos la Constitución y tengamos más facultades en ese sentido, sino que nuestro Reglamento sea más claro y dé garantías, a lo menos, a los que hoy, circunstancialmente, somos minoría.
¿Pero cuál es el tema de fondo en Empremar, aparte de lo que muy minuciosamente se ha dicho por los Diputados de la Oposición? Son las privatizaciones. El estado, a través de la Corfo, las empresas estatales, etcétera, tiene una caja a la vista. Aquí no se ha dicho donde fueron a parar los dineros, pero también hay antecedentes claros que indican que fueron a parar a bolsillos de particulares.
Hay algo mucho más de fondo en esto. No es sólo el señor Vidal. El es un instrumento. Hay personas de rangos superiores que están detrás de todo y hoy no se hacen presente. Entonces, aquí se ha estado actuando por mano mora.
Las empresas estatales, mientras sigan en manos del Estado, están condenadas a un rotundo fracaso, salvo que se tenga el propósito pero ya hemos visto que eso no sucede de administrarlas en forma eficiente. Y no puede ser así cuando, primero, los directorios son cuoteados políticamente y, segundo, los gerentes o administradores tienen un currículum político más que académico, como poseer, a lo menos, alguna experiencia en administrar las empresas. Por lo tanto, siempre están condenadas al fracaso.
No comparto la tesis del Diputado socialista que habló anteriormente, de que aquí no hay corrupción, justificando su voto positivo diciendo que se han cometido algunos errores. Si esto no es corrupción, ¿que es? Creo que eso es ser como el avestruz. Es evidente que en la actualidad hay signos de corrupción en la administración pública. Lo peor es no reconocerlo. Hay un informe de una Comisión que este Gobierno instituyó. Entonces, también debiéramos avanzar en ese tipo de leyes para combatir todos estos focos de corrupción.
Pero, más que eso, también se requiere voluntad política. Yo quisiera que de esta triste experiencia de Empremar sacáramos conclusiones, como avanzar más derechamente; cambiar nuestra legislación a fin de hacer más efectivas las comisiones investigadoras; que aquellos Diputados de la Concertación que formaron parte de la Comisión Investigadora de Empremar hace dos años, asuman su responsabilidad, porque si en ese momento se hubiera dicho la verdad, hoy no existiría esta Comisión ni este informe, y tal vez habríamos evitado la quiebra de la empresa. Esos Diputados tienen una responsabilidad política ante el país y su electorado.
Ojalá que el señor Ministro Vicepresidente Ejecutivo de Corfo presente en la Sala pueda avanzar y tenga la libertad para actuar. El lo ha demostrado. Posee la voluntad, pero no sabemos si cuenta con el apoyo general de su Gobierno para poder avanzar en el proceso de privatización de las empresas estatales.
Recuerdo que antes del término del gobierno militar se decía que las privatizaciones habían sido un desastre, porque no se había conversado ni consensuado; que las empresas se habían vendido a precio vil y que, por lo tanto, cuando llegara la democracia íbamos a conversar, se iban a fijar las bases, todo iba a ser muy transparente, pero iba a haber privatizaciones. Pero, a seis años de la vuelta a la democracia vemos también, con mucha decepción, que esas intenciones quedaron en el aire: palabras, palabras, que, finalmente, no son realidad.
Notamos a lo menos así está demostrándose en la práctica que hay vacilaciones que nos pueden llevar tal vez a algunas distorsiones o fracasos en cuanto a la conducción financiera y económica del país. Reitero que éste es un ejemplo claro de que hay que hacer todo lo contrario de lo que hemos hecho hasta el momento; avanzar en las privatizaciones, con transparencia, con bases claras.
Pido al señor Ministro que transmita al Presidente de la República esta opinión, sé que él está con ella, a fin de que a la brevedad posible avancemos en ese sentido y podamos dar un ejemplo al país de que somos responsables y que ése es el camino a seguir.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Alejandro Navarro.
El señor NAVARRO.-
Señor Presidente, en forma breve pero enfática, quiero señalar que, de las palabras pronunciadas por algunos señores Diputados de la Oposición, especialmente por el Diputado señor Longton, uno podría concluir en que la actitud de defensa del patrimonio público, de las empresas estatales, puede ser sincera y coherente. Pero, lo que aquí no se ha dicho es que esta actitud no ha sido la misma para pedir la investigación y poder sancionar a los responsables del grave deterioro habido con motivo del traspaso de empresas públicas al sector privado antes de 1990, hecho por todos conocidos y que, a la luz de la viabilidad de esas empresas, no cabe duda alguna de que significó un daño para su patrimonio.
El hecho de que los señores Diputados manifiesten que las Comisiones Investigadoras no sirven para nada y anticipen sus conclusiones, daña gravemente la credibilidad de dichas Comisiones. Incluso no quiero deducir que porque el Diputado señor Longton se retiró abruptamente de la Comisión de Aduanas, que él mismo propuso, ésta no sirve. Sin embargo, continúa participando en ella. Como integrante de la comisión investigadora de la situación de Enacar, creo firmemente, además, como Diputado nuevo en esta Corporación, que no me cabe otra responsabilidad.
Por lo tanto, llamo a la mesura respecto de anticipar resultados para no caer en el auto desprestigio de la Corporación, especialmente de su facultad fiscalizadora.
Por último, respecto del tema recurrente de que la única solución para la mala o pésima administración de las empresas públicas en lo cual coincido con el Diputado señor Longton es la privatización, evidentemente, se trata de una discusión de fondo que el país debe tener para el adecuado resguardo del patrimonio público, especialmente de las empresas estratégicas del Estado. Por lo tanto, no sólo cabe privatizarlas sino también mejorar su eficiencia. Creo que el dilema no está entre el estatismo y el neoliberalismo, sino más bien en la eficiencia de las empresas para resguardar el bien común; es decir, aquello que pertenece a todos los chilenos.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Se ha informado a la Mesa que parte del tiempo del Comité Socialista ha sido cedido a los Diputados señores Felipe Letelier y Avila.
Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.
El señor LETELIER (don Felipe).-
Señor Presidente, en esta investigación yo afirmo que hay grados concretos de corrupción.
Me alegro que hoy exista en el país la posibilidad de fiscalizar, porque, si bien es cierto uno no quiere mirar hacia atrás, no es menos cierto que en el pasado si la Corfo hablara, en los últimos veinte años hemos conocido la enorme cantidad de dinero despilfarrado en la Corfo, en especial durante el gobierno militar. Al inicio del Gobierno del ex PresidenteAylwin hubo presiones políticas para acallar ciertas cosas. Hoy, si queremos asumir nuestra responsabilidad social, nacional y patriótica, no podemos quedamos callados.
Cuando en esta misma Sala aprobamos la privatización de Empremar estuvieron presentes los trabajadores de esa empresa, y me da pena que chilenos como el señor Vidal, que no tienen sentido patriótico ni responsabilidad soda*, se encarguen de que esos trabajadores se queden sin su fuente de trabajo. Las empresas del estado pueden ser rentables, viables y competitivas, pero con administraciones que muchas veces sirven a otros intereses no se logrará ese objetivo.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
En el tiempo correspondiente al Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Tomás Jocelyn-Holt.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, sólo quiero hacer una precisión antes de las tres ideas que quiero exponer.
Personalmente, valoro el informe, aprobado por unanimidad, de la Comisión encargada de investigar estos hechos. Por otra parte, cuando correspondió votar la privatización de Empremar, fui partidario, al igual que muchos otros Diputados, que se privatizara, opinión que sigo sosteniendo.
Sin embargo, dentro del marco general de la fiscalización, quiero hacerme cargo del tema de fondo, el cual por lo menos a mime lleva a tener algunas reservas acerca de la forma en que hemos procedido y estamos procediendo, por regla general, al interior de la Cámara y en el debate público del país.
El hecho de precisar facultades no significa impedir o entorpecer la investigación de hechos irregulares. Nadie podría decir, cuando se delimita lo que puede o no puede hacerse, que existe una intención preconcebida para que no se clarifiquen los hechos o que se pretende proteger a ciertas personas que han cometido un delito o determinadas irregularidades.
Debo precisar al Diputado señor Longton que cuando en el punto 6 del informe la Comisión concluye que al Directorio de Empremar le cabe responsabilidad política ¡responsabilidad política, señor Presidente!, al no cumplir cabalmente con sus funciones de administración y control en la gestión del gerente general, no significa que exista una colusión del Directorio en algunos hechos irregulares, sino que le cabe responsabilidad política por falta de diligencia.
Entonces, cabe formularse la siguiente pregunta: ¿hasta dónde la Cámara tiene facultades para decir eso?, ¿hasta qué punto tenemos atribuciones para hacerlo? Tengo la impresión de que en este tipo de situaciones, cuando en el país estamos desarrollando una discusión acerca de los alcances de la fiscalización, conviene definir los mecanismos de control, la responsabilidad de las acusaciones, los límites y los ámbitos en los cuales ella debe desarrollarse, si sólo abarca lo público o también lo privado. Antes de “tirarse a la piscina” hay que definir las facultades que ella involucra y no desarrollar una doctrina que se va imponiendo en la práctica y que va determinando una caricatura, en virtud de la cual hay “chipe libre” para investigar determinados hechos y restricciones para indagar situaciones del pasado, porque, de alguna manera, ello se enrostra con las limitaciones legales que existen para poder ejercer la fiscalización en un sentido u otro.
Creo que es legítimo y necesario mejorar los sistemas de control y buscar los mecanismos para hacer posible que todo el sector público pueda funcionar en forma más transparente y con mayor eficiencia. Incluso, es legítimo tener una discusión acerca del mérito de las políticas públicas, con las diferentes opiniones que tengan las diversas bancadas o cada uno de nosotros; pero aprovecharse de las Comisiones que tienen como misión definir irregularidades en casos concretos para discutir sobre políticas públicas globales, me merece reparos. Utilizar, por ejemplo, a una Comisión que tiene por objeto determinar irregularidades en Enacar para discutir sobre toda la política del carbón, no me parece correcto. Discutamos sobre la política del carbón, discutamos sobre la necesidad de privatizar Empremar, pero no utilicemos, para bien o para mal, precisa o imprecisamente, la honra de las personas para justificar nuestros argumentos.
Tengo la impresión de que la DiputadaEvelyn Matthei ha sido muy honesta al decir, en el fondo, cual es el problema que está detrás de la discusión que tenemos hoy acá.
Hay algunos parlamentarios y visiones políticas al interior de la Cámara que enfrentan el tema de la fiscalización no tanto con el objeto de descubrir hechos, que nos podrían merecer el repudio de todos, sino que lo usan eventualmente como una herramienta para reforzar una visión preconcebida acerca de lo que ellos creen que debe hacerse en el plano público: lo que se refiere a las empresas públicas, acerca de la política de privatizaciones, lo que el Gobierno no está realizando en general. Insisto en que esa discusión es legítima, pero no me parece legítimo darle crédito sin más, a una interpretación que en, la práctica, se asemeja mucho más al viejo “McCarthiysmo”, de darle crédito a declaraciones que se hacen en una comisión investigadora para construir irregularidades pues como bien lo ha dicho el Diputado señor Pérez, no me parece que se puede llegar a la conclusión de que una carta de intenciones refleje irregularidades de un directorio o de personas determinadas para realizar un acto patrimonial dentro de una empresa determinada.
De repente mezclamos cosas que sólo confunden a la opinión pública y generan una sensación global que no tiende a reforzar el sistema político, sino a deteriorarlo.
Creemos en el reforzamiento de las facultades de fiscalización para mejorar el sistema público, descubrir irregularidades, hacer que el Estado aumente sus facultades normativas y ejerza sus atribuciones de control con el objeto de que el sistema funcione bien. Otros, en cambio, creen que hay un mal académico de tal magnitud que cada vez que constituyamos este tipo de instancias descubriremos que el sistema está desplomado y que debe aplicarse otro sistema de administración totalmente inversa, y dar vuelta en 180 grados un tipo de gestión pública que ellos manejarían mejor si fueran gobierno.
Desde luego no los vamos a acompañar en esta estrategia. Podremos discutir sobre el rol del Estado en la economía, en su mérito, en su lugar, pero no hagamos desfilar por las Comisiones de esta Cámara a ciudadanos de nuestro país, metiéndolos con nombre y apellido dentro de informes en los que, inevitablemente, van a afectar su honra personal, a partir de interpretaciones que, en algunos casos, pueden ser antojadizas de parte de algunos parlamentarios para reforzar una determinada visión política.
Esa no es la forma adecuada de llevar un debate político, sino usar a determinadas personas para reforzar una opinión propia por carecer de argumento suficientes para ello. Eso lo hicieron los norteamericanos durante la segunda Guerra Mundial; lo utilizó un senador determinado que hizo desfilar a cuanto dirigente social fue posible ante una de las comisiones del Senado, que tuvo por objeto “investigar hechos antinorteamericanos”. En la práctica, con el tiempo demostró ser una muy mala forma de ejercer la labor parlamentaria, se cometieron enormes abusos, lo cual sólo generó una imagen de desprestigio de la labor realizada por colegas nuestros en otro país.
Que no nos ocurra eso a nosotros también.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Ávila.
El señor ÁVILA.-
Señor Presidente, hoy es Emprentar, ayer Esval, antes Emporchi y también Codelco. La sola enumeración en tan breve lapso de un conjunto de empresas que adolecen de problemas nos revela que no se trata de un mal aislado. Si atendemos a la sintomatología del enfermo que hemos tenido hoy, podemos
reforzar la apreciación de que estamos frente a una suerte de epidemia institucional.
Hemos tomado nota: despreocupación, mal manejo de las personas encargadas de su administración, nadie responde ante nadie, falta de diligencia, no se resguardaron los intereses públicos, administración abusiva, la gerencia no responde al directorio.
Es claro que estamos frente a rasgos perfectamente aplicables a diferentes empresas públicas. Por lo tanto, hay un problema de fondo que debemos señalar con claridad.
Existe el intento de devaluar el sentido de la responsabilidad, de acotarla a niveles inferiores y dejar todo un espacio directivo, específicamente el de aquellos encargados de asumir las políticas dictadas por el Gobierno, que se transforman en algo así como paraísos burocráticos, en donde se ejercen derechos pero no deberes; hay pecados, pero no pecadores.
Entonces, la conclusión más importante que podemos sacar después de escuchar este conjunto de intervenciones, es que para salvar a las empresas públicas es necesario impedir que la ineficiencia siga cobrando víctimas, y, al mismo tiempo, tener un avance sostenido, porque la frontera con la corrupción es muy sutil.
El señor ESPINA (Vicepresidente).- Señor Diputado, le ruego puntualizar, porque se le acabó el tiempo.
El señor ÁVILA.- Por eso, señor Presidente, esta Cámara deberá ocuparse de una propuesta legislativa que apunte hacia el funcionamiento del control de gestión en la entidad fiscalizadora por excelencia, que es la Contraloría General de la República, y reivindicar el rol de las instancias de control interno en cada una de las empresas públicas, porque en estos momentos son ámbitos a los cuales nadie les hace caso en los niveles directivos.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Restan 4 minutos y medio al Comité de Renovación Nacional y 6 al Comité Demócrata Cristiano.
En el tiempo de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, esta cantinela y el eslogan que hemos escuchado durante cinco años, de que no se investiga el pasado y sí el presente, creo que es un tema ya agotado. Lo que preocupa hoy a la gente, a los chilenos en general, es que se estén cometiendo estas tropelías, de que hoy a las empresas estatales les esté sucediendo lo que le ocurrió a Empremar.
Entonces, si tienen alguna denuncia concreta respecto del pasado reciente o del pasado lejano, tráiganla aquí, pues ésta es una Cámara política.. Aquí se discute políticamente, no estamos con tecnicismo. Traigamos el tema al debate presente y no nos comparemos con los norteamericanos, con el tiempo de McCarthy, con la persecución o la caza de brujas. Estamos muy distantes de eso, y se lo digo al Diputado señor Jocelyn-Holt, primero porque no tenemos facultades. Ni siquiera nos acercamos a las facultades que tiene el Senado o el Congreso norteamericano para investigar este tipo de corrupción. Quisiera tener al menos un tercio de ellas, pues creo que las utilizaríamos muy positivamente y ayudaríamos a evitar la corrupción.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.
El señor DUPRÉ.-
Señor Presidente, en verdad me gustaría que al final del debate no nos quedáramos con la imagen del “chacreo” que ha hecho el Diputado señor Arturo Longton con su argumentación sobre la materia. Tengo la impresión de que no ha leído el informe, razón por la cual no se puede referir al fondo del tema, como lo hicieron con mucha seriedad los Diputados de su propia bancada que participaron en la comisión y que trabajamos muy lealmente. Nosotros reconocemos su tarea.
A veces el tono de las declaraciones no se condice con la calidad que debe haber cuando el debate es serio como en este caso. Por ejemplo, se ha planteado que no quisimos realizar una investigación anterior respecto de Empremar, y que el informe acredita lo que se había planteado antes.
Por eso mismo llamo a la seriedad de los parlamentarios que hacen esta clase de afirmación para que lean el informe, porque no tiene nada que ver lo que la Cámara investigó antes, con los antecedentes que se recogieron en esta ocasión. Era el caso específico de un barco, en que quedó acreditado, desde el punto de vista de los informes técnicos, que no tenían la razón quienes formularon, en esa ocasión, algunas acusaciones que debían investigarse.
El hecho de que las investigaciones, como en muchos de los planteamientos del Diputado señor Longton en la Sala, no concluyan en lo que él plantea, no es precisamente lo que acredita la seriedad de sus afirmaciones o la debilidad de las comisiones. Es todo lo contrario. En este caso, todos hemos actuado, o hemos pretendido actuar con seriedad. Ojalá, en lo que resta del debate, volvamos a elevarlo, y a no caer en apreciaciones sólo de palabrería que, en definitiva, en nada contribuyen al ejercicio de nuestras funciones.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
En el tiempo del Comité de Renovación Nacional, tiene la palabra el Diputado señor Bayo.
El señor BAYO.-
Señor Presidente, en primer lugar, ratificó y comparto todas las expresiones del Diputado señor Longton, no sólo en su última intervención, sino sobre todo en la primera.
Valoro el informe hecho en forma tan responsable, como lo ha reconocido la totalidad de la Cámara, y destaco el reconocimiento de que estamos en Chile en presencia de corrupción, muchas veces desmentida por varios señores Diputados presentes. Valoro, además, el acuerdo de la Comisión, en el sentido de enviar estos antecedentes a la justicia ordinaria.
En esta oportunidad, el país es testigo de que ha habido un muy buen trabajo de una Comisión, con un buen informe, y que nadie ha tratado de “chacrear” el debate. Este es un debate serio. Estoy seguro de que el país valora el informe. Ojalá que hubiera mucha gente que lo leyera detenidamente para comprobar que una comisión investigadora de la Cámara, que encara seriamente la misión que se le entrega, llega a las conclusiones que hoy conocemos.
No se venga a decir aquí que la Oposición es la que modifica actitudes, o es la que oculta intenciones, o es la que tergiversa hechos. Todo Chile sabe de las presiones que, en relación con Codelco, por ejemplo, recibió un distinguido y honorable Diputado de la Concertación, que en el momento de las decisiones tuvo que retirarse de la Sala. ¿O no eran presiones o no era un arreglo o un “muñequeo” político para justificar lo injustificable?
Me alegro lo que hoy estamos escuchando y ojalá el país también conozca en profundidad el informe, para que valore en su verdadera dimensión el trabajo de la Cámara. De esta manera, queda establecido que mientras el país se preocupe de que a ella lleguen casos de corrupción, mayor tranquilidad le dará a su población.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
En el tumo del Comité Demócrata Cristiano, tiene la palabra el Diputado señor Jocelyn-Holt.
Restan tres minutos y cuarenta segundos.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor Presidente, sólo para responder una afirmación del Diputado señor Longton.
Efectivamente, hay otros congresos que tienen más facultades que el nuestro. Sin embargo, también ejercen responsabilidades que tampoco están establecidas dentro de nuestra práctica habitual chilena.
En este momento, también la opinión pública es testigo de un nivel ambiental, no sólo por lo que algunos atribuyen a una cantidad de irregularidades sino lo que también muchos atribuyen a un afán excesivo de protagonismo, que especialmente de alguna manera ha recalentado una discusión que debería ser tratada con altura de miras, con un nivel de frialdad adecuada y con un nivel de reconocimiento de buena fe de todos los sectores políticos nacionales, para partir de la base de que en Chile no se quiere, de ninguna manera, institucionalizar un fenómeno de práctica habitual de corrupción, que todos queremos impedir. Si somos capaces de llegar y, justamente, permitir que nuestras instituciones funcionen en esa dirección, de alguna manera, todos vamos a estar de acuerdo. Sin embargo, si tenemos, efectivamente, otro tipo de intenciones torcidas, que muchas personas de la opinión pública sí creen que existen, en verdad lo vamos a deteriorar y, entremedio, vamos a afectar la honra de personas. Se trata de un ejercicio de atribuciones que no tiene una contrapartida por responsabilidad, y eso es lo que me lleva, en este caso, a señalar mis inquietudes.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Tiene la palabra el Diputado señor Longton.
El señor LONGTON.-
Señor Presidente, quiero decirle a la Cámara y al Diputado señor Jocelyn-Holt, que ha tenido la gentileza de mantener un diálogo bastante serio no como lo ha planteado el Diputado señor Dupré que la Comisión fue bastante seria y tuvo muy poco protagonismo, por lo menos no recuerdo que se hayan hecho tantas publicaciones sobre su cometido en los diarios. Por lo tanto, el informe que aquí se está dando merece toda credibilidad.
Nosotros no estamos siendo investigados. Aquí hay personas que han sido nombradas por el Gobierno, que militan en partidos de Gobierno. Por lo tanto, ellos son los que están siendo investigados, y no se pretenda decir lo contrario.
Lamento las expresiones del Diputado señor Dupré, cuando ha señalado de que estamos “chacreando” el debate. Hemos opinado con mucha responsabilidad, seriedad, meditación y calma, porque consideramos que las cosas hay que llamarlas por su nombre, ya que el país está esperando que nosotros, sus representantes, digamos las cosas claras y no tengamos ninguna debilidad en expresarlas.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Ofrezco la palabra al Comité del Partido Demócrata Cristiano, al que restan dos minutos.
Ofrezco la palabra.
Antes de concluir el debate, ha solicitado hacer uso de la palabra el señor Ministro Vicepresidente de la Corfo.
El señor SANDOVAL (Ministro Vicepresidente de la Corfo).-
Señor Presidente, quiero decir cuatro cosas.
Primero, me ha parecido importante estar aquí en el momento de la entrega de un informe de una Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados respecto de una empresa filial de la Corfo. Por respeto a la Cámara de Diputados, consideré importante escuchar el informe y su discusión.
Segundo, aquí se han planteado muchos aspectos discutibles sobre el tema, pero no por estar presente debo responder cada una de ellas, porque creo que eso forma parte del debate de la Cámara de Diputados.
Tercero, quiero decir que tanto mi antecesor como yo tomamos alguna medidas en relación con Empremar. El Ministro Vicepresidente de la Corfo anterior, envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado y a la Contraloría General de la República al momento de conocer los hechos denunciados. Por nuestra parte, hemos tratado de cooperar al máximo con la Comisión Investigadora. Además, hace un par de semanas, personalmente, en actitud que no es usual en un Ministro Vicepresidente de la Corfo, me he querellado en contra del antiguo gerente de Empremar, señor Patricio Vidal, porque hay hechos que ameritan tal medida.
Finalmente, quiero decir que vamos a estudiar con mucha atención y con buena voluntad las conclusiones de la Comisión, con el fin de ver cuáles son las medidas posibles que pudiéramos tomar, adicionales a las ya adoptadas.
He dicho.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Ningún señor Diputado ha hablado en contra del informe, por lo que sugiero aprobarlo por unanimidad.
El señor JOCELYN-HOLT.-
Señor presidente, me abstendré en la votación.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
¿Su señoría pide que se vote?
El señor JOCELYN-HOLT.-
Sí, señor Presidente.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
El informe plantea remitir los antecedentes de la investigación a los tribunales de justicia, los cuales ya han tomado conocimiento de la materia. Para los efectos de determinar el tribunal competente, el informe debe remitirse a la Excelentísima Corte Suprema, la cual lo enviará al tribunal correspondiente.
¿Habría acuerdo para proceder en esos términos?
Acordado.
En votación el informe de la Comisión.
Efectuada ¡a votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 49 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo dos abstenciones.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Se agrega el voto del Diputado señor Ojeda.
El señor MOREIRA.-
Y el mío, señor Presidente.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
La Secretaría está tomando nota de los votos de los Diputados que no han quedado registrados en el tablero electrónico, que entiendo son favorables.
El señor MOREIRA.-
Favorables.
El señor ESPINA (Vicepresidente).-
Aprobado el informe de la Comisión.
Por haber cumplido su objeto, se levanta la sesión.
Se levantó a las 15:14
JORGE VERDUGO NARANJO,
Jefe de la Redacción de Sesiones.
DOCUMENTOS DE LA CUENTA
Moción del Diputado señor Soria. "DEROGA DECRETOS LEYES Nos. 1 y 128, de 1973. (boletín N° 1391-07).
Lo dispuesto por los decretos leyes N°1 y 128 de 1973, que corresponden el Acta de Constitución de la Junta de Gobierno y el que Aclara el sentido y alcance del artículo 1° del Decreto Ley N°1 de 1973, respectivamente. Que estos decretos leyes obedecieron a la necesidad de un gobierno de facto de buscar los medios de legitimar el ejercicio del poder. Que, sin embargo, los Decretos Leyes son reconocidos por la doctrina y jurisprudencia, como una forma de dar continuidad al proceso normativo de un país, y la necesidad de regularse, y concordante con esto, estas normas son modificadas y derogadas, ya sea por otros decretos leyes o leyes propiamente tales. Que en la actualidad estas normas carecen de sentido, por cuanto rige plenamente el Régimen Constitucional Republicano consagrado en la Constitución Política de la República. Que en virtud de 10 anterior no se justifican motivos para la vigencia de las señaladas normas, sino que constituyen un resabio de un pasado régimen autoritario, ya superado. En virtud de lo anterior, vengo en proponer a la H. Cámara de Diputados, el siguiente: PROYECTO DE LEY Artículo Único: Deróganse los Decretos Leyes N° 1 y N° 128 de 1973.
(Fdo.): Jorge Soria Macchiavello, Diputado de la República".
Moción de los Diputados señores Palma (don Andrés), Cornejo, Estévez y Montes. "NORMAS QUE FACILITAN LA OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE FINANCIAMIENTO HABITACIONAL. (boletín N° 1392-14).
El proyecto de Ley que se somete a consideración del Congreso Nacional tiene por objeto iniciar un proceso de homogeneización de los diferentes instrumentos que permiten acceder a una vivienda, de manera de crear condiciones de igualdad operativa entre los mismos, rebajar costos, disminuir riesgos yen definitiva facilitar el acceso de los interesados a los sistemas de financiamiento habitacional por la vía de generar condiciones que permitan una rebaja en la tasa de interés cobrado por los intermediarios financieros.
Artículo r.- Se introducen algunos perfeccionamientos a la normativa que regula el otorgamiento de Mutuos Hipotecarios Endosables, equiparando estos instrumentos a los créditos otorgados mediante la emisión de letras de crédito. En efecto, el artículo primero obliga a los notarios intervinientes en un contrato de mutuo hipotecario endosable, cuyo objeto sea el financiar la adquisición de una vivienda, a otorgar copia autorizada de las escrituras a las partes que se 10 requieran. De esta forma se soluciona el problema hoy en día existente, en el sentido de que ellos carecen de un título ejecutivo y de medios de pruebas adecuado para hacer valer sus derechos ante los Tribunales de Justicia.
El artículo tercero explícita que las obligaciones emanadas de los contratos de mutuos hipotecarios endosables pueden extinguirse por novación, reglamentando una situación que en la práctica diaria estaba presentando algunas dificultades, por la interpretación administrativa que se había hecho de las normas aplicables a este tipo de contratos.
El Artículo r.- hace aplicables a los contratos de mutuos hipotecarios endosables, las normas sobre ejecución de las obligaciones por préstamos concedidos con emisión de letras de crédito. De este modo, se cumple con los objetivos del proyecto de aplicar las mismas disposiciones a instituciones que son similares. Al disminuir el riesgo de este tipo de contratos, se hace posible generar las condiciones necesarias para una rebaja en la tasa de interés y por ende en el costo del dinero para el usuario final.
Al respecto es conveniente tener presente que las recientes modificaciones introducidas a la ley del mercado de valores, permitirá la emisión de títulos de deuda con garantía de mutuos endosables, lo que hace convenientes mejorar los sistemas de cobranza de este tipo de créditos, ya que ello redunda en mayores seguridades para los inversionistas adquirentes de estos bonos, con la consiguiente rebaja en la tasa de intereses exigidos a esos instrumentos.
El Artículo 4°._ hace aplicable tanto a los contratos de mutuos hipotecarios endosables como a los créditos otorgados mediante la emisión de letras de crédito, la norma del arto 9 de la Ley 19.281. De esta manera, los contratos de mutuo hipotecario y los contratos de arrendamiento de viviendas con promesa de venta se regirán, en materias de descuento por planillas de sus servicios, por una misma disposición.
También se propone simplificar el proceso de escrituración de los contratos de mutuos hipotecarios endosables, de préstamos hipotecarios concedidos mediante la emisión de letras de crédito y los contratos de arrendamiento de viviendas con promesa de compraventa regidos por la ley N° 19.28' .
El sistema de escrituración propuesto, permite reducir sustancialmente los costos de confección y custodia de los mencionados contratos, lo cual, sin lugar a dudas se traducirá en una menor tasa de interés y por ende, en un beneficio para los futuros adquirientes de viviendas. Esta medida que también permite estandarizar los productos financieros en el mercado, mejorando así su liquidez, cobra especial importancia con la dictación de las normas sobre securitización, ya que por esta vía se reduciría el costo de formación de los patrimonios separados. Es del caso señalar que actualmente existen una serie de actos y documentos que, sin estar reproducidos, sino simplemente mencionados en los respectivos contratos, vinculan jurídicamente a las partes.
Ejemplo de ello, es la referencia que se hace en los contratos de créditos hipotecarios a tablas de desarrollo protocolizadas previamente y las referencias a los reglamentos de copropiedad en los contratos de compraventa de viviendas acogidas a la Ley de Propiedad Horizontal.
Cabe destacar que el artículo 405 del Código Orgánico de Tribunales permite expresamente la extensión de escrituras públicas de otra forma que la indicada en el mismo Código, si leyes especiales lo autorizan. La exención del impuesto de timbre a las operaciones con subsidio se justifica desde el momento en que actualmente se encuentran exenta del mismo todas las denominadas viviendas sociales, las que constituyen el mayor porcentaje de los mismos. Por otra parte, no tiene mucho sentido que el Estado reclame de vuelta parte del subsidio otorgado, aplicando un impuesto al préstamo que es el complemento natural del financiamiento de la operación de adquisición de una vivienda. En resumen, este proyecto pretende homogeneizar diferentes instituciones que cumplen un mismo objetivo, con la finalidad de evitar que normas legales o reglamentarias de detalle, tengan influencias la determinación de los precios finales que deba pagar el usuario.
PROYECTO DE LEY.
Artículo 1° No obstante lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, y en el artículo 83 N° 4 bis de decreto con fuerza de ley N° 252, de 1960, si un contrato de mutuo hipotecario endosable tiene por objeto financiar la adquisición de un bien raíz, el Notario interventor, a requerimiento de cualquiera de las partes deberá otorgar copias autorizadas de la respectiva escritura, debiendo estampar en ellas en forma destacada de mención "COPIA AUTORIZADA NO ENDOSABLE".
Artículo 2° A los contratos de mutuo hipotecario endosables celebrados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, y en el N° 4 bis del artículo 83 del decreto con fuerza de ley N° 252, de 1960, les será aplicable el procedimiento judicial para la ejecución forzada de las obligaciones, previsto en los artículos 98 a 106 ambos inclusive, del decreto con fuerza de ley N° 252, de 1960. Artículo 3° Las obligaciones emanadas para el deudor de un contrato de mutuo hipotecario endosable, podrán extinguirse por novación por cambio de deudor, siempre que el acreedor consienta expresamente en ella.
Artículo 4" A los dividendos de préstamos hipotecarios otorgados con emisión de letras de créditos o mediante mutuos hipotecarios endosables serán aplicables las normas contenidas en el artículo 9° de la ley 19.281. Artículo 5° Las Instituciones autorizadas para otorgar préstamos hipotecarios mediante mutuos hipotecarios endosables o con emisión de letras de crédito y aquellas autorizadas para celebrar contratos de arrendamiento con promesa de compra venta de acuerdo con la norma de la Ley N° 19.281, podrán utilizar el siguiente procedimiento en el otorgamiento de las escrituras públicas que den cuenta de los contratos respectivos.
l. Todas las cláusulas de carácter general, podrán estar contenidas en una escritura pública otorgada especialmente al efecto por el arrendador promitente vendedor o mutuante.
2. Por el solo hecho de hacerse mención al Registro que se señala en el N° 3 se entenderá expresamente incorporada en cada escritura de arrendamiento con promesa de compra venta o contrato de mutuo hipotecario las cláusulas contenidas 'en la escritura pública mencionadas en el número 1 anterior.
3. Las instituciones otorgantes de la escritura mencionada en el número 1 anterior deberán enviar a la Superintendencia de Valores y Seguros, una copia autorizada de dicha escritura para su inclusión en el Registro que la Superintendencia de Valores y Seguros mantendrá para estos efectos el que podrá ser consultado por cualquier persona interesada. Estas escrituras solo regirán a partir de la fecha de su registro.
4. El arrendador promitente vendedor o el mutuante, estarán obligados a proporcionar al arrendatario promitente comprador o al mutuario una copia simple de dicha escritura. Del cumplimiento de esta obligación se dejará constancia en el contrato de arrendamiento con pr, 'mesa de venta o en el contrato de mutuo respectivamente.
5. Cada vez que el otorgante de la escritura a que se refiere este artículo requiera introducir alguna modificación en la misma, deberá otorgar una nueva escritura y proceder en 10 demás en la forma señalada en los números anteriores. Las cláusulas de esta nueva escritura, sólo serán aplicables a los contratos que se celebren con posterioridad a su registro.
Artículo 6° Para practicar las inscripciones pertinentes en los Registros correspondientes del Conservador de Bienes Raíces se entenderá que el título presentado está constituido además, por las cláusulas contenidas en la escritura mencionada en el artículo anterior. Para estos efectos, el otorgante de la escritura ya mencionada, deberá enviar una copia autorizada de ella, a cada Conservador de Bienes Raíces ante el cual necesite efectuar alguna inscripción anotación o registro. Esta copia servirá para practicar las inscripciones o modificaciones de todos los títulos que se refieran a ella.
Articulo 7° En las escrituras públicas que den cuenta de la celebración de contratos de arrendamiento con promesa de venta a que se refiere la Ley N° 19.281 y de mutuos endosables a que se refieren el artículo 21 bis del DFL 251 de 1931, Y N° 4 bis del artículo 83 del DFL 252, de 1960, podrán emplearse cifras sin expresarse éstas en palabras.
Artículo 8° Exímese del impuesto establecido en el Decreto Ley N° 3.475, de 1980, sobre Impuesto de Timbres y Estampillas a los contratos de mutuo cuyo objeto sea financiar la adquisición, ampliación, separación o construcción de una vivienda cuyo precio de venta no exceda de 1.500 Unidades de Fomento pero siempre que corresponda a una operación a cuyo financiamiento se aplique el subsidio habitacional. Artículo 10 Transitorio: Las normas del artículo 3°, referente a novaciones, será aplicable a los contratos celebrados con anterioridad a la publicación de esta ley.
Artículo 2° Transitorio: Las normas del artículo 4°, serán aplicables a los contratos de mutuo otorgados con anterioridad a la publicación de esta ley, siempre y cuando en el correspondiente juicio ejecutivo aún no se hubiese practicado e requerimiento o primera notificación. Los juicios que ya se hubieren iniciado, continuarán tramitándose de acuerdo con los procedimientos vigentes a esa fecha.
Artículo 3° Transitorio: La Superintendencia de Valores y Seguros deberá abrir dentro del plazo de 120 días, contados desde la publicación de esta ley, el Registro Público a que se refiere el N° 3 del Art. 5.
(Fdo.): Aldo Cornejo, Carlos Montes, Jaime Estévez, Andrés Palma".