Labor Parlamentaria

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo relativo al protocolo para la constitución de un Consejo Bilateral de Economía y Comercio, suscrito entre los Gobiernos de las Repúblicas de Chile y Federativa del Brasil.

Diputado informante de la Comisión de Relaciones Exteriores es el señor Fuentealba.

Antecedentes:

Mensaje, boletín N° 1311-10, sesión 27ª, en 4 de agosto de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2.

Informe de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, sesión 38ª, en 8 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 1.

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, por encargo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana paso a informar el proyecto de acuerdo aprobatorio del tratado bilateral denominado “Protocolo para la Constitución de un Consejo Bilateral de Economía y Comercio”, suscrito entre los Gobiernos de Chile y de la República Federativa del Brasil y sometido a la consideración de la Honorable Corporación en primer trámite constitucional.

En marzo de 1993, los Gobiernos de Chile y de Brasil suscribieron el tratado bilateral, con el objeto de crear un Consejo Bilateral de Economía y comercio que actuara como mecanismo de consulta y concertación en materias de comercio recíproco, de similar naturaleza al constituido en tratados celebrados con Estados Unidos de América, Costa Rica y Honduras, ya aprobados por la honorable Cámara.

El Presidente de la República señala en su mensaje que este nuevo tratado debe ser considerado como un paso importante en la estrategia internacional de nuestro país para fortalecer su economía, vinculándose con otras sobre la base del libre comercio y de la inversión privada. Agrega que más allá de la creación del Consejo Bilateral, elemento central del acuerdo, se encuentra la idea de identificar y eliminar las barreras que obstaculicen el comercio, las inversiones y la prestación de servicios entre ambos países, lo que permitirá crear las condiciones para concretar un espacio económico ampliado entre ellos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores nos ha informado que los representantes de Chile en este Consejo Bilateral serán el Subsecretario de Economía, Fomento y Reconstrucción, el Subsecretario de Hacienda y el Director de Planificación de Relaciones Exteriores, y que las actividades del Consejo se iniciaron en Brasilia el 16 de agosto de 1993, fecha de su primera reunión.

Ahora bien, el Consejo tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones: identificar y eliminar las barreras que obstaculicen el comercio bilateral, las inversiones y la prestación de servicios; promover las inversiones de nacionales de cada país e inversiones conjuntas, encaminadas a un aprovechamiento intensivo tanto de los mercados de los países signatarios así como de terceros países, y, por último, trabajar para la creación de mercados abiertos entre ambos países que permitan el surgimiento de un mercado binacional ampliado de comercio.

Para lograr estos propósitos, se acordó que el Consejo estableciera, antes del 30 de junio de 1993, una agenda bilateral y las bases de negociación para constituir un grupo de trabajo ad hoc que elaborara una propuesta de acuerdo de complementación económica brasileño-chilena.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ha informado a la Comisión que tales agenda y bases fueron aprobadas en las reuniones celebradas en agosto de 1993, y que respecto del acuerdo de complementación, aún no se ha conseguido elaborar un proyecto común que pueda ser considerado por ambos Gobiernos.

Conforme a los informes que nos ha proporcionado el Ministerio de Relaciones Exteriores, puedo señalar a esta honorable Cámara que el objetivo fundamental del Consejo Empresarial Chile-Brasil es el de establecer un diálogo permanente, objetivo, eficaz y de alto nivel, entre empresarios brasileños y chilenos, con miras a desarrollar diversas acciones conjuntas tendientes a reducir o a eliminar los obstáculos al libre flujo del comercio y a incentivar, por otra parte, el intercambio comercial, económico, financiero y tecnológico.

Finalmente, debo señalar a los honorables colegas que el tratado en informe se encuentra en vigencia internacional desde la fecha de su firma, el 26 de marzo de 1993, y que ha tenido aplicación efectiva, según los informes del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Comisión de Relaciones Exteriores, Asuntos Interparlamentarios e Integración Latinoamericana, en consecuencia, ha compartido también las razones de mérito que ha dado el Ejecutivo para solicitar la aprobación de este tratado, por lo que decidió, por unanimidad, acogerlo y recomendar su aprobación a la Sala.

He dicho.

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín N° 998-13, sesión 39a, en 13 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 5.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario que regula los contratos de exportación y transformación de productos horto-frutícolas.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura es el señor Hurtado.

Antecedentes:

Segundo informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca, boletín N° 780-01 sesión 39ª, en 13 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 11.

El señor HURTADO.-

Señor Presidente, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca me ha encomendado entregar el segundo informe reglamentario sobre el proyecto de ley que regula los contratos de exportación hortofrutícola, ingresado a tramitación el 20 de agosto de 1992, de origen en una moción parlamentaria de los Diputados señores Acuña, Letelier, don Juan Pablo; Naranjo, Sota, Tohá y de los ex Diputados Jara, don Sergio; Olivares, Ortega, Rodríguez, don Hugo, y Muñoz.

En la Comisión se contó con la asistencia y participación del Fiscal del SAG, señor Álvaro Sapag, y del asesor jurídico del Ministerio de Agricultura, don Sergio Mujica.

Asistieron, además, los Diputados no miembros de la Comisión señores Álvarez-Salamanca, García-Huidobro, Munizaga y Sabag.

Durante el estudio del proyecto se recibieron tres cartas:

La primera, de fecha 10 de agosto, enviada por el Presidente de Fedefruta y el Secretario General de la Sociedad Nacional de Agricultura, en la que se informa que han puesto en conocimiento de la Asociación de Exportadores, para su debida consideración, los planteamientos que sustentan sus organizaciones con el propósito de alcanzar una posición de consenso respecto de las materias abordadas en esta iniciativa legal. Señalan que son de opinión que el contrato de exportación se otorgue por escrito; que acordado en el contrato el mecanismo arbitral, la designación del árbitro deberá hacerse de común acuerdo, referente a los tipos de contratos postulan el derecho de las partes a celebrar el que libremente convengan; que las partes deben fijar como domicilio, para todos los efectos legales, la comuna donde el productor entregue su producción o donde esté su residencia o domicilio; que es de suma importancia que el productor tenga conocimiento anticipado del costo de los servicios prestados y de los materiales proporcionados por el exportador; que se debe establecer un plazo de entrega de una liquidación por el exportador, no superior a 90 días, la que deberá contener una relación pormenorizada de los gastos en que haya incurrido hasta la etapa FOB, pudiendo el productor requerir la fundamentación documentada de los mismos; que se deberá informar al productor, dentro del plazo de siete días de ocurrida, de cualquier contingencia que haya afectado la condición de llegada de la fruta al mercado de destino.

La segunda, del 30 de agosto, enviada por los presidentes de la Asociación de Exportadores, Fedefruta y la Sociedad Nacional de Agricultura, en que se informa a la Comisión que se han puesto de acuerdo en un sinnúmero de materias, pero que han surgido discrepancias en torno de uno de los aspectos tratados, existiendo preacuerdos que deben ser ratificados por el Consejo General de Fedefruta y el directorio de la Asociación de Exportadores.

La tercera, de fecha 6 de septiembre, enviada por el presidente de la Asociación Exportadora, que informa a la Comisión de los compromisos alcanzados entre su institución, la SNA y Fedefruta, y que estiman indispensable aplicar a partir de la próxima temporada de exportación.

En ellos se acogen los planteamientos de Fedefruta y de SNA, con la excepción de la rendición pormenorizada de los gastos en que haya incurrido el exportador, incluyéndose, además, dos nuevas materias: Fórmulas para evitar retorno neto productor negativo. Es decir, las empresas exportadoras asumen los riesgos por materiales y servicios que proporcionen, y los productores limitarán sus riesgos a los costos de producción. Se contempla la obligación de entregar información de liquidaciones a Fedefruta.

Artículos que no han sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

Se encuentra en esta situación el artículo 2° del proyecto.

Artículos calificados como normas de carácter orgánico-constitucional o de quorum calificado.

La Comisión estimó unánimemente que el proyecto no contiene artículos calificados como norma de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

Artículos Modificados.

La Comisión acordó introducir las siguientes modificaciones a su artículo 1°:

Indicación de los Diputados señores Correa, Galilea, García-Huidobro, Hernández, Hurtado, Letelier, don Juan Pablo, y Melero, para suprimir, en el epígrafe y en la primera parte del artículo 1°, la frase “y de transformación”.

Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 1°, letra a).

Indicación de los Diputados señores Elgueta y León, para reemplazar la palabra “obligaciones” por “estipulaciones”.

Fue aprobada por mayoría de votos.

Artículo 1°, letra b).

Indicación de los Diputados señores Ceroni, Correa, Galilea, Hernández y Letelier, don Felipe, para reemplazar el inciso primero por el siguiente:

“b) En caso de que el contrato contemple cláusula compromisoria, el árbitro sólo podrá ser designado una vez producida la controversia, conforme al procedimiento establecido en el artículo 232 del Código Orgánico de Tribunales.”

Fue aprobada por mayoría de votos.

Indicación de los Diputados Correa, García-Huidobro, Hernández, Hurtado, Letelier, don Juan Pablo; Letelier, don Felipe, y Melero, para reemplazar el inciso segundo por el siguiente:

“En todo caso, las partes fijarán como domicilio, para todos los efectos legales, el lugar donde el productor posea su residencia o domicilio.”

Fue aprobada por unanimidad.

Artículo 1°, letra c).

Indicación de los Diputados Álvarez-Salamanca, Correa, García-Huidobro, Hurtado, Letelier, don Felipe, y Taladriz, para sustituir el inciso primero por el siguiente:

“c) Cualquiera que sea la denominación o calificación jurídica del contrato que hagan las partes, o terceros, se entenderá que sus obligaciones son las propias de un contrato de Comisión, el que conlleva siempre la obligación de rendir cuenta documentada al productor de todas las operaciones llevadas a cabo por el agente exportador, a menos que de su texto se desprenda en forma inequívoca que es una compraventa a firme, cuyo precio no está sujeto a variaciones, salvo las provenientes del tipo de cambio o de las fluctuaciones de los índices de precios.”

Fue aprobada por mayoría de votos.

Indicación de los Diputados García-Huidobro, Letelier (don Juan Pablo), y Letelier (don Felipe), para sustituir el inciso segundo por el siguiente:

“La forma de fijación del precio definitivo deberá ser consignada en el contrato. Si el precio final de liquidación es producto de un precio promedio, deberá establecerse si éste es por barco, por localidad, por fecha, por país, por calidad de fruta u otro parámetro.”

Fue aprobada por mayoría de votos.

Artículo 1°, letra d).

Se acordó, por unanimidad, refundir en un solo texto el inciso primero de la indicación presentada por el Diputado señor Melero con la parte final de la indicación propuesta por los Diputados señores Álvarez-Salamanca, Correa, García-Huidobro, Hurtado, Letelier, don Felipe, y Taladriz, para intercalar una nueva letra d), pasando la actual a ser e). Su tenor es el siguiente:

“d) Los costos de cada uno de los servicios y materiales que presten o contraten los agentes exportadores, para los efectos de comercialización, deberán ser comunicados por escrito al productor, a lo menos con noventa días de anticipación al inicio de la cosecha.

“Si el productor decide aportar los servicios y materiales que estime convenientes, deberá comunicarlo por escrito al exportador con sesenta días de anticipación a la fecha en que se inicie el embalaje.”

Fue aprobado por unanimidad.

Artículo 1°, letra d), que pasa a ser e).

Indicación de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, García-Huidobro, Hurtado, Letelier, don Juan Pablo, y Taladriz, para sustituirla por la siguiente:

“e) Las liquidaciones documentadas deberán presentarse, a más tardar, noventa días después del embarque de los productos.

“Si por razones de comercialización, la fruta que se encuentra en mercados extranjeros deba ser guardada durante un tiempo mayor al previsto en el inciso anterior, como efecto de la situación de tales mercados, el exportador deberá informar al productor sobre todo lo referente a su fruta. En este caso, una vez producida la venta, el exportador tendrá un plazo de hasta sesenta días para presentar la liquidación al productor.

Esta indicación fue aprobada por unanimidad.

Se deja constancia de que el Diputado señor Melero retiró la indicación que presentó en la Sala para eliminar el inciso primero de la letra d).

Indicación de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, García-Huidobro, Hurtado y Taladriz para agregar una nueva letra f) al artículo 1°, del siguiente tenor:

“f) Cualquier contingencia que afecte las condiciones de calidad en que llegue la fruta al mercado de destino, como asimismo los reembalajes, redestinación u otras alteraciones del proceso exportador, deberán ser informadas al productor en un plazo no superior a siete días, posterior al accidente que ha provocado el daño.”

Fue aprobada por unanimidad.

Artículos nuevos introducidos.

Al proyecto de ley no se le introdujeron artículos nuevos.

Artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

La Comisión en forma unánime, determinó que el proyecto no contiene artículos que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

No hubo indicaciones rechazadas por la Comisión ni disposiciones legales que el proyecto modifique o derogue.

Por lo tanto, la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca recomienda la aprobación del proyecto.

Es cuanto puedo informar.

El señor AVILA.-

Señor Presidente, a propósito del análisis del artículo 1° del proyecto de ley sobre contratos de exportación, creo útil dar cuenta de algunas realidades que los productores de fruta de Aconcagua y, en general, del país han padecido resignadamente por mucho tiempo.

Ha llegado la hora de esclarecer esta situación, no para agregar un gesto retórico más, sino con el definido propósito de ir al fondo del problema y resolverlo de una vez por todas. Para ello, lo primero es hablar claro y decir las cosas por su nombre.

En primer lugar, tratemos las liquidaciones que entregan los grandes exportadores. He aquí sus rasgos esenciales: carecen por completo de base legal para eventuales reclamaciones, no tienen firma responsable, todo su contenido resulta un puzzle incomprensible y sin respaldo documental alguno. Los “gastos en el exterior” cargados al productor constituyen partidas misteriosas de las cuales ni siquiera el Banco Central exige comprobante de ninguna clase.

Para comprender mejor la relación entre el productor y el gran exportador, creo útil plantear un ejemplo dimensionado a la realidad de Aconcagua, mi zona.

Partiendo de la base de una caja vendida en Filadelfia a 10 dólares, cabe señalar que ésta tiene un Fob-Chile, es decir, costos cargados al productor, de 5,54 dólares. Teóricamente, esto es lo que llega al Banco Central para cubrir los gastos del año.

Si a lo anterior se agrega el descuento de la comisión, más los materiales y servicios de exportación, llegamos al neto en potrero, que, en el ejemplo, sería de 2,47 dólares.

Como el productor analizado produce 1.500 cajas, al multiplicarlas por 2,47 dólares da un retorno por hectárea de 3.705 dólares, en circunstancias de que el costo de explotación de una hectárea en Aconcagua es de 4.500 dólares; o sea, operacionalmente perdió 795 dólares por hectárea.

Por otra parte, el recibidor norteamericano ganó 1.500 dólares por hectárea sólo por concepto de comisión, sin claridad ni forma alguna de verificación de los conceptos que componen su estructura de costos.

El exportador ganó 660 dólares por hectárea, también por concepto de comisión, sin asumir riesgo alguno.

Pensemos que se venden 130 millones de cajas. Al multiplicar esta cifra por los “gastos en el exterior”, estimados en 4.46 dólares por caja, da 579.800.000 dólares. Esta es la cifra que se gasta fuera de nuestras fronteras con cargo a los productores chilenos, sin rendición de cuenta alguna. ¡Este es el verdadero negocio de la fruta!

Nunca los productores han logrado explicarse por qué las liquidaciones se conocen en agosto; es decir, seis meses después de haber entregado la fruta. Durante ese lapso, el exportador, de manera absolutamente discrecional y arbitraria, elabora las liquidaciones como un traje a la medida, muchas veces trasvasijando plata de una zona a otra y de una especie a otra. La idea es mantener al productor con vida, haciéndolo llegar sin opciones a la contratación de la próxima temporada. Los saldos, generalmente deudores, están dimensionados como una dosis de oxígeno que impida morir, pero, a la vez, mantengan energías y esperanzas que permitan hacer subsistir el vínculo contractual.

Así, bajo la apariencia de una actividad moderna y con tecnología de punta, se esconde el más regresivo sistema de inquilinaje. Lo es, porque envuelve un método perverso de manejo. Así, si a un productor el exportador le ha permitido sobrevivir, no se debe a otra consideración que a la de un cálculo económico frío, ajeno a toda consideración humana. Si el deudor es rematado, a la exportadora le significaría colocar un administrador a su costo. En cambio, la sobrevivencia del productor le significa incondicionalidad de los términos de contratación futura y cero costo por todos los otros conceptos, más los intereses que sigue ganando la deuda.

¿Estamos o no frente a un “moderno sistema de vasallaje”?

Al amparo de la libre empresa, si no actuamos a tiempo, llegaremos a ser una “república uvera”, con nuestras mejores tierras en poder de transnacionales y, lo que es más grave, con absoluta incapacidad de ejercer soberanía en un ámbito del comercio internacional que es fruto de la iniciativa y esfuerzo de productores, profesionales, técnicos y obreros chilenos.

He dicho.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, culmina hoy en la Cámara espero que sea así el estudio de un proyecto que ha generado gran interés en la Comisión de Agricultura. Se trata de regular o no regular una actividad que ha demostrado gran eficiencia, que, sin duda, es un símbolo del sistema económico vigente y que ha logrado ocupar lugares preponderantes a niveles internacionales en la colocación y comercialización de nuestros productos, que forman parte de una cadena que comienza en el huerto y termina en los mercados internacionales.

Represento a una zona que ha tenido en la fruticultura la razón del crecimiento más alto en los últimos tiempos, en la Década del 80. Somos los mayores productores de kiwis y de manzanas, y ocupamos los primeros lugares en la producción de cerezas y de peras, lo que se ha traducido en prosperidad y trabajo para muchas familias que han visto crecer numerosas centrales frutícolas e industrias procesadoras de fruta al costado de la Ruta 5. Quien pase por allí, comprobará que las exhibimos con orgullo ante nuestras visitas.

Por eso, en nuestra zona estamos realmente preocupados por la situación que afecta a esta actividad originada, como se ha señalado en muchas ocasiones, en diversos motivos: medidas proteccionistas, tasas compensatorias, menor valor del dólar, falta de información de mercados, problemas de calidad, aumento de costos internos, etcétera. Todo ello ha significado que muchos productores hayan perdido sus propiedades o estén a punto de perderlas, lo cual afecta fuertemente la economía de la zona e incrementa la cesantía, como se refleja en las últimas cifras.

El proyecto tiende a implementar algunos mecanismos, a mi juicio correctos, que resguarden mínimamente el primer eslabón de esta cadena de comercialización, es decir, el productor que, sin duda, es y ha sido siempre el más desprotegido. Apunta en el sentido correcto al buscar la transparencia de este negocio, que fue rentable; pero a medida que su rentabilidad se reduce, cuando cada centavo es necesario, se genera una serie de situaciones que es necesario determinar, aunque sea someramente.

Sin duda, existe falta de credibilidad en las empresas exportadoras, que no han dado ninguna señal de querer ser más abiertas y explicar en mejor forma los valores que pagan por la fruta y los que cobran por los insumos, sean materiales, fletes, etcétera.

Por eso, nos alegramos de que los productores, representados por Fedefruta, hayan llegado a un acuerdo con la Asociación de Exportadores, el cual, por rara coincidencia, es muy similar al articulado del proyecto, que dice relación con el contrato que debe otorgarse por escrito, y en caso de inobservancia deben tenerse como ciertas las estipulaciones que declara el productor; que sea obligación rendir cuenta documentada, cualquiera que sea la calificación jurídica del contrato; que el productor tenga conocimiento mínimo de los costos de los materiales antes de las cosechas, etcétera. Es lo mínimo que se puede garantizar a los productores, si realmente queremos evitar que vayan a la quiebra. Por otro lado, no se menoscaba en lo más mínimo la agilidad al comercio al permitir que los productores tengan acceso a la planta de embalaje, al frigorífico o a otro lugar durante las distintas etapas del proceso de comercialización.

Por las razones expuestas, votaré favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, en la discusión general, expresamos la alegría que nos producía el hecho de que, originado en moción, se hubiera presentado un proyecto que protege realmente a los productores hortofrutícolas.

Ahora, al discutirlo en particular, nos damos cuenta de que la Comisión lo enriqueció efectivamente, y las indicaciones aprobadas por ella van en la línea correcta, esto es, seguir protegiendo a los productores.

No me explayaré sobre la situación de los productores del sector, por cuanto ya se refirieron a ella los colegas que me antecedieron en el uso de la palabra; pero me parece realmente importante que la Comisión haya estimado que en los contratos que celebran los productores con las empresas exportadoras, en caso de controversia, valgan las estipulaciones que favorezcan al productor. Por otra parte, todos sabemos que las empresas exportadoras tienen distintos domicilios a través del país. Si se está estableciendo una norma de arbitraje de acuerdo con el Código Orgánico de Tribunales, es muy positivo que, para todos los efectos legales, se considere como domicilio la residencia del productor.

Asimismo, es muy interesante porque sigue en la misma línea de favorecer a los productores agrícolas, entender que aquí estamos en presencia de un contrato de comisión, que conlleva necesariamente la obligación legal de rendir cuenta respecto de todas las operaciones llevadas a cabo por el agente exportador.

También es importante consignar en el contrato la forma de fijación del precio definitivo y si éste corresponde al promedio de los precios.

Como podemos damos cuenta, los problemas enfocados en el proyecto son, justamente, aquellos respecto de los cuales los agricultores han reclamado por falta de seriedad o conocimiento.

Los agricultores también se quejan porque desconocen los costos de las operaciones. Por lo tanto, me parece extraordinariamente positivo que el legislador establezca que los costos de cada uno de los servicios que presten y contraten los agentes, deberán estar fijados, a lo menos, 90 días antes del inicio de la cosecha. Si el exportador entrega los servicios y materiales, el plazo deberá ser, a lo menos, con 60 días de anticipación a la fecha en que se inicie el embalaje.

No cabe duda de que establecer un plazo de 90 días después del embarque de los productos para las liquidaciones pone término a la actual incertidumbre de los productores, quienes no saben cuándo las recibirán.

Otro de los problemas graves que siempre nos hacen presentes los productores, es el de no saber el destino de su fruta en los mercados extranjeros. Por lo tanto, establecer la obligación de informar a los productores sobre todo lo referente a su ruta, evidentemente traerá tranquilidad al sector.

En resumen, nos encontramos en presencia de un proyecto de vital importancia para los productores frutícolas del país, pues consignará las garantías y seguridad mínimas que deben tener para seguir produciendo. Al conocer las condiciones de los contratos, tendrán la tranquilidad de que no correrán riesgos y de que el día de mañana no recibirán, producto de las liquidaciones, cantidades de dinero apenas suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.

Se trata de un negocio en el cual están involucrados muchos sectores del país y, por lo tanto, cada norma que los legisladores dictemos para favorecerlos también ayudará a construir nuestra patria.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, hoy se ha dado la casualidad de que el Parlamento discute dos proyectos de gran importancia para el sector exportador. Mientras en la mañana en el Senado se discutió un proyecto sobre control de calidad obligatorio para las exportaciones hortofrutícolas, en la Cámara estamos debatiendo otro que regula los contratos de exportación entre productores y exportadores.

Esto debe analizarse en el contexto de qué es, qué representa y cuál es hoy la situación de la fruticultura nacional.

En verdad, las exportaciones hortofrutícolas han ido experimentando un dinamismo sin precedentes en la historia del desarrollo agrícola y económico del país. Mientras en 1973 la superficie plantada era de poco más de 40 mil hectáreas, hoy estamos cerca de las 200 mil y alcanzamos exportaciones del orden de los mil millones de dólares, lo que explica que esta actividad se empine como el tercer sector exportador de Chile.

Sin embargo, esta importante actividad laboral, que genera más de 150 mil empleos, ha ido perdiendo dinamismo a través del tiempo, y hoy el sector frutícola enfrenta, indudablemente, una crisis derivada de muchos factores, entre ellos, quizás el más importante es la caída del 32 por ciento que ha ido experimentando el dólar desde 1989 a la fecha, es decir en los últimos cuatro años, debidamente indexado respecto del IPC. En otras palabras, los productores de frutas, en términos reales, están recibiendo por sus exportaciones un 32 por ciento menos que hace cuatro años.

Sin embargo, en forma paralela, sus costos han ido subiendo al menos en igual proporción que el IPC. Sólo en materia de costo de mano de obra, en el período 1990-1993, ha aumentado en un 30 por ciento, representando aproximadamente el 60 por ciento del costo de la producción hortofrutícola.

En la década del 80, las ganancias y las utilidades de exportadores y productores eran buenas e importantes y se reinvirtieron en la actividad, así se generaron más plantaciones, se crearon más empleos y se conquistaron nuevos mercados. Pero si entre 1992 y 1993 se exportaron 147 millones de cajas, en el período 1993-1994 esa cifra cayó a 139 millones. Es decir, en vez de crecer, las exportaciones hortofrutícolas decrecieron; las utilidades son menores y, por consiguiente, parece necesario establecer algunas regulaciones para que la menor rentabilidad sea compartida.

En ese sentido, quiero ser muy claro y reconocer el efecto positivo de llevar este proyecto a la mesa de conversaciones, como elemento de debate sobre la situación hortofrutícola nacional.

Desde hace dos años, especialmente en los últimos tres meses, productores y exportadores, han debido reunirse para tratar de buscar acuerdos que logren mejor relación en la deseada transparencia que el proceso exportador debe tener. Si algo debe reconocerse al hecho de que el proyecto haya estado sobre la mesa, ha sido el avance de las conversaciones y los acuerdos que se han ido logrando.

La Sociedad Nacional de Agricultura, la Asociación de Exportadores y la Federación de Fruticultores han alcanzado avances importantes que se aplicarán al margen de que el proyecto se apruebe o no. Esta es una señal auspiciosa respecto de la forma en que los sectores privados deben ponerse de acuerdo. ¿Qué han dicho los exportadores y los productores? Básicamente, que ante la necesidad de celebrar contratos escritos, en ausencia de ellos sean válidas las obligaciones del productor; asimismo, que ello, más la posibilidad de modificar el árbitro en caso de que las partes no estén de acuerdo, son elementos positivos y es bueno establecerlos en la ley. Así se termina, quizás, con la práctica que tantas veces nos tocó ver de los árbitros preimpresos en los contratos.

Leo textualmente parte del acuerdo de productores y exportadores:

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

¿Me permite, señor Diputado? Ha terminado el tiempo de su primer discurso.

El señor MELERO.-

Gracias, señor Presidente.

“Se incorporarán fórmulas para evitar retorno neto a un productor negativo. Por su parte, los productores limitarán sus riesgos a los costos de producción y contarán con facilidades para seguir aportando sus propios materiales; como también se contempló la obligación de entregar información de las liquidaciones a Fedefruta y una instancia de disciplina que vele por el cumplimiento de los acuerdos por parte de los miembros que la integren”.

Todo eso va en la línea correcta. Pero, ¿será necesario que, en virtud de una ley, el Estado entre a regular los contratos entre productores y exportadores? ¿A quiénes queremos regular? Según cifras Cirén Corfo, a aproximadamente 12 mil productores de frutas y hortalizas en Chile. Acotemos la cifra; aproximadamente a 8 mil, que están en el rubro exportador. Deseamos regular a más de 600 empresas exportadoras. Hago notar que en 1991 eran del orden de los 200 los exportadores chilenos. En los últimos tres años, son más de 600 quienes están registrados como tales.

¿Qué más queremos regular? La acción de venta en el extranjero de aproximadamente 140 millones de cajas que se colocan en todo el mundo, en más de 25 ó 30 países que reciben nuestra fruta.

¿Es posible obtener un sistema de rendición de cuentas detallada sobre ese volumen de productores y exportadores y de cajas? Para que los señores Diputados tengan un conocimiento más detallado, si la cifra promedio de producción nacional es de 20 mil cajas, un buen productor de uva obtiene 2.500 a 3.000 cajas por hectárea. ¿Podremos separar 20.000 ó 30.000 cajas en el contexto de 140 millones que se exportan, y decirle al productor: “Mire, sus 20.000 cajas que iban en un barco que transportaba 500.000, llegaron al mercado de Rotterdam como puerto de destino, pero allí se redistribuyeron, por tierra, a 4, 5 ó 6 países más”? ¿Y rendirle cuenta detallada de cómo se hizo eso? ¿O no estaremos, quizás, al revés, en virtud de una iniciativa que estimo loable, como es la transparencia entrabando más el proceso exportador y obligando a las exportadoras a decirse: “No corro este riesgo ni este costo y mejor voy a precio firme”. Entonces le manifestarán, al productor: “¿Sabe qué? No hay consignación para usted. Le compro a un precio firme y bajo, porque el riesgo no lo quiero correr yo”.

Si hay alguien feliz con este proyecto de ley, son las 4 ó 5 grandes exportadoras de Chile, las grandes 4 ó 5 multinacionales que tienen espaldas para vender en los hemisferios sur y norte, y ganar la compraventa a precio firme. Y los grandes perjudicados y ojalá mis palabras no se cumplan serán, justamente, a quienes se quiere beneficiar; y nos vamos a transformar, como en la mayoría de los países centroamericanos, en un país donde 2 ó 3 grandes exportadoras tienen el control de todo. Los grandes perjudicados van a ser los productores que verán que se les paga a precio firme, que se les acabó la consignación, de que no les van a rendir cuenta de nada. En definitiva, el proceso exportador chileno perderá dinamismo.

Loable iniciativa que no va por el camino correcto. Sobre este punto, entonces, hay que meditar. Creemos que, en definitiva, esta iniciativa legal disminuirá los retornos de los productores, porque la venta será a precio firme, y dificultará la apertura de nuevos mercados. Quiero preguntarles: ¿Estados Unidos, los países árabes, Bélgica u Holanda, le comprarán a Chile con todas estas cláusulas restrictivas: debe rendirse cuenta, tiene que pagarse en los Estados Unidos el Franchoisej tax, porque ya no se vende por comisión, sino a precio firme, lo que encarecerá los costos? Preferirán comprarle a Argentina, a Nueva Zelandia, a Australia, que están mucho más desregulados.

No vamos a conquistar mayores mercados regulando. Los mercados se conquistan con flexibilidad y con apertura, con dinamismo en el proceso exportador.

Por último, creo que este proyecto de ley también encarecerá los costos del proceso exportador, porque rendir cuentas no es gratis. Implica computación, funcionarios y una serie de situaciones que hoy no se dan y, por desgracia, puede terminar agudizando aún más la crisis de un sector, la cual, como señalé al principio, es muy grave.

He dicho.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, el análisis y discusión de este proyecto de ley al interior de la Comisión ha permitido alcanzar un importante grado de consenso sobre el tema. También ha hecho posible el acercamiento entre los representantes de los sectores involucrados: productores y exportadores, lo que se tradujo en un acuerdo que va más allá de los alcances del propio proyecto, situación que nadie se habría atrevido a predecir y que, al parecer, es una realidad, a pesar de que hoy hemos recibido una carta del Presidente de la Asociación de Exportadores de Chile, en la que expresa una serie de argumentos para concluir recomendando la no aprobación de la iniciativa.

Este hecho se contradice completamente con una declaración anterior, en la que ratifican los acuerdos con los representantes de Fedefruta, y se contradice también con lo recientemente expresado por el presidente de ésta y su Consejo General, en relación con los acuerdos alcanzados y la necesidad de seguir discutiendo el aspecto más conflictivo de este tema: la obligatoriedad de la rendición de cuenta.

De mi participación en el estudio de este proyecto de ley, de escuchar a personas e instituciones ligadas al tema, y también opiniones de colegas Diputados, me he formado mi propia opinión, la que quisiera compartir con ustedes.

El actual sistema económico, que entrega al mercado la regulación de la libre competencia, afecta fuertemente al sector agrícola y le ocasiona graves trastornos. Este mercado regulador, en los hechos, se transforma en una verdadera ley de la selva, donde los sectores más débiles son avasallados por quienes tienen más poder. Y es precisamente en el sector agrícola productor, donde coexisten grandes, medianos y pequeños agricultores, está la instancia donde con mayor dramatismo se expresa esta realidad.

Las diferencias existentes entre los agricultores respecto de capacidad económica, gestión, acceso al crédito, a la tecnología, de superficie productora, etcétera, son tan grandes que, en mi opinión, no es conveniente dejar exclusivamente en manos del mercado la regulación económica de esta importante actividad productiva.

Un análisis de los sectores productivos más relevantes de la agricultura nos hace concluir que el gran cuello de botella de su proceso económico es precisamente la comercialización.

Esta realidad, ampliamente compartida, ha permitido dar pasos importantes, como la creación de la Bolsa de Productos Agrícolas, la que, lamentablemente, hasta hoy no funciona. Pero esta realidad también nos indica que es necesario preocuparse de la comercialización del ganado, de la leche y de otros productos agrícolas y, obviamente, en el caso que nos ocupa, de los productos hortofrutícolas.

Ello nos debe conducir a enfrentar de manera eficaz el tema de la comercialización de productos agrícolas en general. No basta con el mercado: hay que legislar para adecuar el sistema y proteger, sin paternalismo ni antojadiza discriminación, a sectores social y económicamente importantes, pero incapaces, por su vulnerabilidad, de mantenerse en las actuales condiciones.

El mérito de este proyecto es que apunta a reglamentar el proceso de comercialización de las exportaciones hortofrutícolas, discriminando positivamente a favor de los productores, dada su vulnerabilidad.

La actividad agrícola en general aporta gran cantidad de divisas al país y genera una importante contratación de mano de obra; pero, lo más importante, es la base de nuestras más profundas tradiciones, sostén irremplazable de nuestra cultura y nacionalidad, y la forma de vida de miles de nuestros compatriotas.

Hoy, en que la agricultura enfrenta serias dificultades y cuando la Cámara de Diputados se aboca al estudio de este importante proyecto de ley, invito a los colegas parlamentarios a asumir el tema con responsabilidad y a situarlo en el lugar de privilegio que se merece.

Por estas razones, anuncio mi voto favorable al proyecto e insto a los colegas parlamentarios a darle su aprobación.

He dicho.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, como autor de la moción, no puedo dejar de expresar mi satisfacción porque en este momento se discute la iniciativa en particular. Pero, a raíz de los comentarios del colega señor Melero, creo necesario que despejemos cierta mitología y actitud catastrófica, muy común cuando los intereses de algunos sectores son tocados.

El proyecto tiene por objeto regular la relación entre dos tipos de agentes económicos: productores de un bien perecible y quienes se dedican a comercializarlo.

El colega señor Melero, quizás intencionalmente dudo de que sea ignorancia, porque es un hombre muy inteligente, nos dice: “Hay 600 exportadores en este país”. Sí, es cierto; pero 6 controlan el 70 u 80 por ciento del mercado y son conocidos como el grupo Penta.

Dice: “Esto puede dificultar nuestros mercados en el exterior”, en circunstancias de que se trata de regular la relación económica en Chile, entre dos actores. A la gente que comercializa se le pide algo muy sencillo: que informe de manera documentada. El proyecto, por decisión de la mayoría de los miembros de la Comisión, no habla de “documentación detallada”, sino que se refiere al sentido más general de “rendición documentada”. Con ello se quiere evitar que el productor, cuyo objeto, conocimiento y vital razón de ser es producir, tenga más información que la hoja computarizada de que disponen todas las pobres exportadoras, las cuales no incurrirán en gastos por la compra de nuevas computadoras. Por lo demás, son empresas bastante importantes. Los productores del país quieren que se les entregue algo más que una hoja de computadora que señale cuáles son los costos de embalaje, de caja, de frío, de seguros, de transporte al puerto de destino, la tarifa que cobra el SAG y, algo bastante sencillo, algún respaldo documentado acerca del precio de venta de su producción. El colega señor Melero quizás guiándose demasiado por las reflexiones del señor Ronald Bown y por el memorándum que nos manda dice: “¡Oh, qué horror, en Filadelfia, Estados Unidos, cómo van a seguir el destino de 120 millones de cajas!” Por cierto, en Filadelfia importan bastante más. No toda la producción chilena va para allá, y hace algunos años a ellos no les costó nada ubicar el “pallet” donde estaban las dos uvas envenenadas con cianuro.

En los Estados Unidos, curiosamente, no tienen problemas para saber el precio de venta de las cajas, porque sí que está documentado el precio en que venden tanto la exportadora al recibidor como el recibidor al mercado mayorista.

El problema es que legalmente no tenemos forma de obligar a que ese precio de venta a mayoristas el que realmente interesa al productor, factible de conseguir en los Estados Unidos, detallado por caja, por transacción, por barco sea del dominio del productor chileno.

Vale la pena señalar a la honorable Cámara que don Waldo Tornel, destacado productor de la Sexta Región, no sólo demostró que se puede obtener la factura, o lo que los norteamericanos llaman el “invoice” por las cajas producidas por él y vendidas por United Fruit of America a una empresa mayorista, sino también que ese “invoice” o factura es de propiedad del productor chileno.

Entonces, no se venga con cantos de sirenas terroristas, en el sentido de que el mercado se descalabrará y habrá un desastre para el país. No es así. Los productores que arriesgan su producción piden que les digan en cuánto vendieron su fruta. En el proyecto no figura si ese precio es promedio del país comprador; no se dice si es el precio en barco, en puerto en determinada fecha.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Gracias, señor Presidente.

Los productores piden y están conscientes de ello que se les dé información documentada. Incluso muchos productores y perdonen mi falta de formalismo en el lenguaje saben que los van a “chamullar”, pero creen que en la medida en que se establecen regulaciones mínimas, se puede ir agregando transparencia al mercado.

Se solicita que el contrato sea escrito; que el mecanismo de arbitraje sea más igualitario, en particular, a fin de defender el derecho del más débil; que las liquidaciones sean documentadas; que haya un plazo para rendir cuentas y que, en caso de que existan problemas, dicho plazo pueda ampliarse, y que se establezca la obligación del exportador de informar al productor en caso de que ocurra un accidente.

No creo que ninguna de estas obligaciones mínimas, propias de cualquiera relación contractual, sea tan nociva como para generar miedo en las grandes empresas de nuestro país, que controlan la exportación como decía el colega Melero de cerca de 8 mil creo que de unos tantos más productores.

El señor Melero nos plantea con una lógica muy propia de nuestro amigo Ronald Bown y de sus asesores que prepararon los memorandos de estas últimas fechas que lamentablemente el señor Bown no cumplió su palabra de llegar a un acuerdo. Esperamos dicho acuerdo más de tres meses. Tengo cartas en mi poder que datan de agosto, en las que nos dicen que el acuerdo viene; septiembre, donde se repite que viene el acuerdo; cartas en las cuales él interpreta la opinión del señor Ariztía, de que viene el acuerdo como el lobo, y hoy hemos visto que la carta del 12 de septiembre tiene poco que ver con aquella que nos mandó la semana pasada, señalando materias en las que había acuerdo.

La semana pasada nos dijo: “Hemos aproximado mucho nuestras posiciones. Estamos dispuestos a decir que el productor no arriesgará más que su producción.” En otros términos, están dispuestos a garantizar que no habrá un precio neto negativo al productor. Pero hoy, con este memorándum que todos hemos visto, porque nos ha llenado de papeles, al igual como lo hizo Entel, en una ocasión, se da a entender que con este proyecto se generará un descalabro en el sector. En mi opinión, no es así. Creo que el objetivo de la iniciativa, en particular la letra a) que vamos a votar, que establece que debe haber un contrato por escrito, es fijar las condiciones mínimas, con lo cual se logrará ordenar el mercado, compartir los riesgos y garantizar un conocimiento mejor de la dinámica del sector.

Señor Presidente, permítame plantear dos cosas. Hay un estudio de Naciones Unidas, realizado a principios de los 80, que plantea que la proyección del sector frutícola será una transacción a precio firme en los años venideros. Pero el colega Melero se equivoca al creer la versión de los exportadores cuando sostiene que el precio firme significa precio más bajo a los productores. No es así. Significa que mañana los exportadores tendrán que ofrecer un buen precio para la fruta de buena calidad.

Por último, quiero señalar que, para tener éxito, este sector requiere modernizarse. Las relaciones entre los agentes, en esta nueva fase exportadora, necesitan de reglas claras, tal como lo establece el proyecto que se está discutiendo hoy en el Senado.

He dicho.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Señor Presidente, la fruticultura es una de las actividades más importantes del país como creadora de fuentes de trabajo y de un sinnúmero de actividades anexas, al generar negocios fuera de Chile por alrededor de 2.000 millones de dólares, que se transforman en un retorno al Banco Central de aproximadamente 900 millones de dólares, de los cuales sólo poco más de 200 millones llegan a los productores.

Lo anterior ha obligado a los productores y trabajadores a buscar el máximo de eficiencia, tecnología de punta, imaginación y creatividad para poder subsistir en un mundo lleno de desafíos y de dificultades.

En la actualidad, hay 170 hectáreas plantadas en nuestro país y cerca de 10 mil productores que exportan 140 millones de cajas a gran parte del mundo.

El sistema de comercialización, propio de un crecimiento acelerado, ha sido deficiente en su orden: sin homogeneidad en la clasificación de la fruta, con poca información, se ha visto afectado, desde hace años, por un constante deterioro del tipo de cambio y un fuerte incremento de los costos internos, lo que nos ha dejado, por decir lo menos, en una crisis de difícil solución.

Es importante conocer el nivel de endeudamiento del sector, el cambio de tenencia de la tierra y otros antecedentes para poder hacer un análisis más minucioso de la crisis que estamos presenciando.

Como bien lo dijo el presidente de Fedefruta en su discurso en la 8a. Convención de Productores, el capital de una actividad como la fruticultura son plantas vivas, mercados e incidencia social de tal magnitud que no se pueden detener ni menos perder. Cuando las cifras que usan las autoridades sean negativas, ya será tarde su recuperación.

Esta es una actividad que no se puede cambiar en pocos meses, y en cualquier decisión tiene una respuesta, a lo menos, a 5 años plazo. Se estima en 1.900 millones de dólares el endeudamiento del sector, lo que significa una deuda de alrededor de 11 mil dólares por hectárea plantada, lo que llevó a decir al mismo presidente de Fedefruta que podría estar comercialmente quebrado.

Muchas son las causas de la actual situación, ya enumeradas anteriormente. Pero hay otras que también han atentado en contra de la estabilidad de la fruticultura nacional, como el sistema contractual, poco claro, que no permite la transparencia del proceso comercializador. Las causas fundamentales están en la falta de confianza y credibilidad en las empresas exportadoras, las que han cometido un tremendo error al no querer explicar los procedimientos para determinar los precios que pagan. Nadie puede negar que existen márgenes en los fletes marítimos; nadie duda tampoco de que hay otros ingresos en el sector exportador que son más importantes que la Comisión. O si no, ¿Cómo se explica la velocidad de desarrollo e inversiones en tierras e infraestructura de las mismas exportadoras? Es legítimo, entonces, poner en duda una liquidación cuando existe una diferencia de 6 a 7 dólares entre el valor FOB y el pagado por el recibidor.

El articulado del proyecto me merece comentarios positivos.

Respecto de la letra a) del artículo 1°, hay absoluto acuerdo, y fue aprobada por unanimidad en la Comisión. Además, es parte del acuerdo entre productores y exportadores, lo que implica un reconocimiento claro de que hay una deficiencia que debe ser corregida. Pero éste no es el problema de fondo.

También daré mi aprobación a los arbitrajes y domicilios para los efectos legales, dejando constancia de que en el proceso exportador es bueno tener un procedimiento arbitral ágil y expedito; por lo tanto, debería designarse árbitro siempre y cuando las partes así lo acuerden.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Ha terminado el tiempo de su primer discurso, señor Diputado.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.-

Redondeo la idea, señor Presidente.

Aquí está en discusión un punto que los exportadores no aceptan hasta el día de hoy. Los contratos, exceptuando aquellos que son ventas a firme, no son de compraventa real, sino que esa denominación se establece sólo con el fin de eludir la rendición de cuentas. No es compraventa cuando se le paga al productor un porcentaje ínfimo al contado y el saldo o el precio final queda entregado a la sola voluntad del comprador; es sólo una apariencia de la misma.

Si no se obliga a las empresas exportadoras a rendir cuentas documentadas, no existe posibilidad alguna de evitar arbitrariedades. Es inaceptable, en cualquier negocio, que quien vende a través de un tercero no reciba de éste la información fiel de la gestión realizada. ¿Por qué tanta aprensión a saber la verdad? Aquí hay un negocio que no es suficientemente claro. Hay empresas que rinden cuentas. Los productores que exportan por cuenta propia saben en cuánto vendieron su fruta, conocen los costos que tienen, y si muchas empresas exportadoras dan cuenta documentada, ¿por qué otras no quieren hacerlo?

Señor Presidente, votaré en forma positiva el proyecto, y espero que se apruebe por unanimidad en la Sala.

He dicho.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, a las consideraciones expuestas por el Diputado señor Melero sobre el proyecto las que comparto, sólo quiero agregar que, tal como lo señaló y quedó demostrado en la discusión en la Sala, el tema de mayor controversia es precisamente el que dice relación con la obligatoriedad de la rendición de cuenta.

Me cuento entre quienes se han convencido, a lo largo del debate de este proyecto y debo advertir que no represento una zona frutícola, de que esta obligatoriedad rigidizará el proceso de comercialización de la fruta, lo que creará el inconveniente de que, para no correr mayores riesgos, posiblemente las empresas exportadoras tomen la decisión de establecer las compras a firme, lo cual, lógicamente, repercutirá en forma negativa en los precios que se paguen a los productos.

Además, nuestra fruta debe competir en el extranjero con países altamente eficientes que han ido, poco a poco algunos ya lo habían establecido con cierto grado de aceptación, incorporándose a los mercados internacionales y compitiendo fuertemente con nuestra fruta. Cualquiera incorporación de grados de rigidez o de flexibilidad al respecto, necesariamente provocará que nuestro país compita en desventaja con las otras naciones.

Por otra parte, en ninguno de los documentos que se nos ha hecho llegar se señala en forma clara, ni por parte de la Asociación de Exportadores ni de los representantes de los productores, que se comparte la idea de establecer esta obligatoriedad. Es más, los propios productores de fruta manifiestan que cualquier elemento que inflexibilice el sistema o la etapa de comercialización en el país hacia el extranjero en el proceso de exportación, necesariamente repercutirá en forma negativa sobre aquellos que pretendemos beneficiar con el proyecto.

Por estas consideraciones, y teniendo presente que en los acuerdos que la Asociación de Exportadores ya ha suscrito con los productores de fruta del país se establece, como se ha dicho, que los contratos sean por escrito y que, de común acuerdo, se nominen árbitros para resolver las controversias, creo que no es necesario avanzar más allá de lo que los propios interesados están dispuestos a hacer, y obligarlos con una norma legal como la que estamos por aprobar.

De manera que, en lo personal y entendiendo que las letras a) y b) establecen justamente dos cosas sobre las cuales existe pleno acuerdo entre exportadores y productores, anuncio mi voto negativo respecto de la letra c), que dice relación con la obligación de rendir cuenta, y de las demás letras del proyecto.

He dicho.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señor Presidente, ni yo ni nadie en esta Corporación tenemos una actitud contra los exportadores de fruta del país. Al contrario, lo que ocurre es que estamos frente a un proyecto que llegó casi como una obligatoriedad de esa institución. Se pidió un plazo prudente como se ha dicho acá, de más de un año, para que estos dos actores se pusieran de acuerdo.

Como señaló un colega, fueron muchos los memorándum anunciando que ya se iban a poner de acuerdo. Y ocurre que no es posible que en este país exista un tipo de negocio especialmente éste, que es tan importante en que no haya transparencia. Este es el fondo del proyecto: transparencia entre los exportadores y los productores de fruta del país.

Se dice que es complicado rendir una cuenta documentada. En verdad, en el país hay un sinnúmero de empresas comerciales que deben rendir cuenta documentada de todo lo que compran y venden, máxime instituciones como la Asociación de Exportadores, que tienen tecnología de punta, ya que sus “computers” les permiten entregar información de manera rápida y eficiente.

Hay una gran contradicción entre los que se oponen al proyecto, que en el fondo apunta a regular la situación, a que exista claridad y transparencia. No obstante que no tengo nada en contra de los exportadores, no puedo ocultar que, por supuesto, tengo muy puesta la camiseta con los productores porque, como han señalado algunos colegas, se han quedado sin sus tierras y sin sus casas, y no por la mala comercialización de sus productos, sino por la falta de transparencia en la comercialización de la fruta en el mercado exterior.

Es largo argumentar en favor del proyecto, pero sólo quiero señalar que lo votaré favorablemente, por cuanto considero que no es posible que existan negocios tan importantes como los de los exportadores de fruta en que, hasta el día de hoy, las cuentas han sido, por decir lo menos, oscuras o poco transparentes.

He dicho.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, estamos frente a un proyecto que contiene disposiciones útiles, atingentes, que viene a normar, como lo han dicho antes otros parlaméntanos, una situación delicada que se ha presentado en el sector hortofrutícola, de gran importancia en la economía nacional.

En realidad, el proyecto no contiene normas jurídicas demasiado novedosas. Como se vio en la Comisión y de la sola lectura del proyecto se advierte, se están recogiendo numerosas disposiciones jurídicas dispersas en la legislación ordinaria, y se ha procurado focalizarlas respecto del contrato de exportación, en particular.

Pero ocurre y así entiendo la intervención del Diputado señor José Antonio Galilea que al hacerse un resumen para crear una herramienta jurídica nueva de disposiciones generales dispersas en la legislación ordinaria, se han cometido errores jurídicos que pueden llevar a que los buenos propósitos que se han tenido en vista resulten dañinos para lo mismo que se quería normar.

Por eso, muchos de nosotros votaremos favorablemente las letras a) y b); y en contra, las letras c) y siguientes.

Señor Presidente, con su venia, concedo una interrupción al Diputado señor Enrique Taladriz.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, sólo para alabar la coincidencia que se ha dado, porque es primera vez que escucho discursos tan vehementes de sectores de la Concertación tendientes a proteger al sector agrícola. Nunca antes se había escuchado un discurso tan emocionante como el del Diputado señor Ávila, por ejemplo, o de otros señores Diputados de la bancada socialista, defendiendo al productor agrícola. Eso lo considero una feliz coincidencia.

También quiero decir a algunos señores Diputados que negocios turbios y poco transparentes se dan, por ejemplo, en la importación de carne desde Argentina, en circunstancias que debiera existir la misma voluntad para proteger siempre al productor nacional.

Por lo tanto, felicito a esta Corporación por el gran consenso logrado para proteger al productor agrícola chileno.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, la bancada del Partido Socialista y con esto contesto al Diputado señor Taladriz siempre ha defendido a los productores agrícolas y nunca ha tenido diferencias sobre la materia, pero muy distinta es la cosa cuando se producen situaciones de extrema irregularidad, que son justamente a las que estamos enfrentados en este proyecto.

Me sorprende constatar cómo parlamentarios que siempre han dicho representar y expresar el sentir y los intereses de los empresarios agrícolas, hoy se manifiestan absolutamente contrarios a ir en apoyo de esos productores. Por eso me pregunto, ¿Sobre qué estamos legislando aquí? ¿Se trata de algo distinto a lo que cualquiera actividad productiva de nuestro país tiene como norma? Porque todo lo expuesto en este proyecto siempre se hace en cualquier negocio transparente o actividad productiva. ¿Acaso es ilegal, ilícito, o va contra los intereses de determinado grupo, por ejemplo, exigir la rendición de cuenta documentada al productor sobre cómo se vendió la fruta? ¿Es ilegal, por ejemplo, que al productor se le diga cuáles serán los costos de los servicios y de los materiales que se ocuparán para que él haga sus exportaciones? ¿Es ilegal pedir que las liquidaciones se presenten a más tardar 90 días después del embarque? Si hay algún accidente en el transporte de la fruta, ¿es ilegal que a los siete días se le deba informar al productor? ¿Es eso algo que puede afectar la actividad productiva? ¿Puede eso desembocar en la quiebra del sector? Creo que no, señor Presidente.

Lo que sí puede llevar a situaciones extremadamente delicadas que pueden terminar afectando seriamente al sector exportador hortofrutícola de nuestro país, es el hecho de que hoy las empresas que se dedican a exportar no están haciendo de esto un negocio transparente. Y eso, por cierto son diversos los antecedentes que uno tiene, ha llevado a diversos productores a situaciones de quiebra, porque al no existir una legislación clara, al haber un vacío legal, quedan prácticamente transformados en reos de estas empresas exportadoras.

Con este proyecto se trata de hacer transparente un negocio poco claro, lo que irá no sólo en beneficio de los productores hortofrutícolas, sino también aparejado a eso significará darle un mayor dinamismo e impulso al sector exportador de nuestro país.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Señor Presidente, dado que en mi región es muy poco lo que exportamos en realidad, lo único que tenemos es cesantía y es lo que exportamos en este momento, a veces da envidia la existencia de estos conflictos. Sin embargo, la actitud del Congreso debe apuntar a proteger a nuestros connacionales productores.

Para que el productor tenga confianza en invertir, debe saber lo que ganará a futuro y debe existir transparencia en las liquidaciones de las ventas de sus productos en los precios, lo único, a lo mejor, que puede tener el pequeño, el mediano o el gran productor chileno.

Las grandes comercializadoras, y lo sabemos todos, lo único que tienen y aportan en cada una de las regiones o ciudades donde están insertas, son los galpones, las máquinas o las grandes congeladoras de frío, pero fuera de eso, quien genera el verdadero trabajo y el potencial es el productor.

Por lo tanto aun cuando en Arica no existe el problema, votará favorablemente, para proteger al productor nacional.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Indicación de los honorables Diputados señores Longueira, Chadwick, García-Huidobro, Vega y Masferrer, para agregar el siguiente párrafo en la letra f): “Transcurrido dicho plazo y sin que se hubiese notificado al productor la contingencia sufrida, se entenderá que su fruta fue comercializada en condiciones normales.”

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Si le parece a la Sala se someterá a votación la indicación.

Acordado.

Se votará la letra f) con la indicación.

El señor VILLOUTA.-

Señor Presidente, ¿no debería votarse primero la indicación y después el artículo?

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

No, señor Diputado.

En votación la letra f) con la indicación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 50 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 4 abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Aprobada.

En consecuencia, queda despachado en general y en particular el proyecto, originado en moción parlamentaria.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Ávila, Aylwin (doña Mariana), Bayo, Cardemil, Coloma, Correa, Chadwick, Elgueta, Encina, Estévez, Ferrada, Gajardo, García (don José), García-Huidobro, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Hurtado, Jara, Jürgensen, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Melero, Montes, Moreira, Muñoz, Naranjo, Navarro, Ojeda, Orpis, Palma (don Joaquín), Pérez (don Víctor), Prochelle (doña Marina), Prokurica, Reyes, Sabag, Salas, Silva, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Valcarce, Valenzuela, Villouta, Wörner(doña Martita) y Zambrano.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:

Galilea, García (don René Manuel), Rodríguez y Solís.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que sustituye las expresiones “sueldos vitales” por “ingresos mínimos” en artículos del Código Penal.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Elgueta.

Antecedentes:

Moción, boletín N° 962-07, sesión 62ª., en 13 de abril de 1993. Documentos de la Cuenta N° 19.

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 39ª, en 13 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 9.