Labor Parlamentaria

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar las modificaciones del Senado al proyecto sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal.

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín N° 598-11, sesión 36ª en 6 de septiembre de 1994. Documentos de la Cuenta No 9.

El señor PALMA (don Joaquín).-

Señor Presidente, el proyecto sobre Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, que lleva largo tiempo de tramitación en ambas Cámaras, ha sufrido en el Senado algunas modificaciones que no aceptaremos, por cuanto podrían originar algunos problemas a futuro. Por otra parte, debido al tiempo transcurrido, será necesario actualizar algunas fechas y cantidades.

Queremos que se repongan algunos artículos rechazados por el Senado, en particular el

1°, que especifica el ámbito de aplicación que tendrá la ley, por cuanto, al ser suprimido, posiblemente se producirán en el futuro algunos problemas de interpretación que pueden tener ciertas consecuencias y complicaciones. Si bien en el artículo 3° propuesto por el Senado se establece, en parte, la norma de aplicación que tendrá el proyecto, estimamos que ella no es suficiente.

Asimismo, estamos por reponer otros artículos muy importantes, como el 12 y el 13 que, Junto con otros, permiten la vinculación técnica de los servicios de salud con los municipios, ya que las modificaciones del Senado eliminan la posibilidad de que el Ministerio de Salud pueda intervenir en las políticas comunales.

Por otra parte, estimamos necesario introducir algunas modificaciones en los artículos que en la numeración del Senado corresponden al 10, 22, 25, 44, 45, 53, permanentes, y 9, 11, 13, 14 y 15 transitorios.

En este sentido, y y a que se trata de un tercer trámite constitucional en que las modificaciones que no aprobemos tendrán que tratarse en Comisión Mixta, propongo votar en forma separada los artículos que he mencionado, los cuales rechazaremos, y aprobar el resto del articulado, ya que, según entiendo, existe unanimidad para votarlo favorablemente.

He dicho.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente me alegro que se encuentren en la Sala el Ministro de Salud y el señor Subsecretario durante la discusión de un proyecto tan importante como éste, porque nos permite expresar aprensiones que tenemos respecto de la iniciativa y de algunas modificaciones del Honorable Senado.

Me parece satisfactorio que en el artículo 21 bis, nuevo, propuesto por el Senado, se haya igualado en un ciento por ciento la asignación por atención primaria de salud municipal para todos los funcionarios, porque esta petición nos fue formulada en forma reiterada por esos servidores. En ese sentido, constituye un avance importante.

Concretamente, mis aprensiones se relacionan con el artículo 30, que ha pasado a ser 23, por el cual se establece una asignación de responsabilidad directiva, que la Cámara fijó en 30 por ciento para los directores de los consultorios de salud municipal y en un 15 por ciento para los jefes de programas.

En las enmiendas del Senado se fija una tasa variable para los directores de consultorios, que va "de un 10 a un 30 por ciento", y otra para los jefes de programas, "de un 5 a un 15 por ciento". Sin embargo, en mi opinión, luego de la revisión que hice del proyecto, no se indican los criterios con que aplicarán estos porcentajes ni tampoco se indica la autoridad que debiera determinarlos. Si esta materia no está claramente establecida será fuente de conflictos y de interpretaciones, lo que dificultará la aplicación de la ley, en lugar de facilitarla.

Por esa razón, debieran rechazarse las modificaciones del Senado al artículo 30, con el propósito de hacer claridad sobre la aplicación de la norma.

En el artículo 51, que establece los criterios sobre los cuales...

El señor TOHÁ.-

Señor Presidente, todos abogamos por implementar un sistema de salud cuyos objetivos son imprescindibles si queremos otorgar una atención en salud que satisfaga a la población.

Una de sus finalidades debe ser injertar el componente de solidaridad, y en relación con él definir el rol que le corresponde al Estado en ese sentido, para asegurar el acceso a la salud de todos los habitantes.

El componente equidad es un elemento que nos augura proporcionar, por lo menos, la atención básica a todos los chilenos.

Otro elemento que debería formar parte de los objetivos de toda política de salud es abrir cauces de participación, para involucrar de esa forma, a toda la comunidad en los aspectos concernientes a la salud, especialmente en lo que tiene que ver con la prevención.

Reconocemos que existen muchas falencias y carencias en los recursos, desde el punto de vista estructural. También hay falencias en relación con los recursos humanos, con los funcionarios que trabajan en el área de atención primaria de salud municipal. Es muy legítima y de gran importancia su aspiración de contar con una carrera funcionaria que atraiga especialmente a los más calificados; con continuidad en la capacitación, y que ella represente un ingreso, por lo menos equivalente a quienes desempeñan trabajos de la misma índole; y que se asegure estabilidad, sin que ello signifique incompatibilidad con las condiciones que ahora se exigen para una buena administración. También necesitan que se haga un gesto objetivo en cuanto al reconocimiento del mérito y de la experiencia.

Por lo anterior, creemos que el artículo 1° del proyecto, suprimido por el Senado, es fundamental para lograr los objetivos anteriormente expuestos, al fijar el ámbito de aplicación de sus normas al personal que trabaja en los establecimientos de salud municipalizados. Esto comprende también su relación laboral, sus derechos y deberes, y se refiere a la posibilidad de hacer una carrera funcionaria y de fijar normas sobre administración y financiamiento.

Aquellos que hemos trabajado muchos años en los servicios de salud, y quienes lo hacen en la actualidad, entendemos que todas estas reivindicaciones son muy legítimas en cuanto a su exigencia, porque en esta labor hay una especificidad que la hace muy delicada, por lo cual requiere de gran abnegación y sacrificio. Y no digo estas palabras con afán demagógico, sino en el sentido de que el reconocimiento de todas las necesidades de quienes trabajan en esos servicios y el hecho de responder positivamente a ellas, contribuirá a dar una mejor atención de salud.

Convencido de que el artículo 1° del proyecto crea el marco para conseguir todas estas reivindicaciones y anhelos en relación con la atención primaria de salud municipal, los Diputados de la bancada socialista votaremos en contra de su supresión, propuesta por el Senado.

He dicho.

El señor ALLAMAND.-

Señor Presidente, en relación con lo que se ha mencionado respecto del artículo 1°, es pertinente efectuar al igual que el colega que acaba de hacer uso de la palabra una reflexión general, a fin de que la Honorable Sala tome cabal conciencia de lo que se está aprobando en esta materia.

Como los señores Diputados recordarán, la materia fue aprobada durante la legislatura anterior. Con posterioridad, en el Senado se produjo una discusión bastante intensa y, en consecuencia, tenemos de vuelta un proyecto con un conjunto de modificaciones.

En ese sentido, quiero señalar, a lo menos, cuatro aspectos centrales y, posteriormente, de acuerdo con lo que he conversado con el Ministro de Salud, efectuar una consulta concreta respecto de este tema.

En primer lugar, estamos incurriendo en un absurdo conceptual. En esta semana, la Comisión de Educación de la Cámara, con la buena voluntad de todos los sectores políticos, ha estado estudiando la forma de corregir el Estatuto Docente para el profesorado, que se aprobó durante el Gobierno anterior.

En la práctica, y en términos generales, lo que estamos haciendo ahora es precisamente aprobar un nuevo Estatuto Docente. De manera que, desde un punto de vista conceptual, el Gobierno está incurriendo en una contradicción. Lo que pretende desarmar en materia de educación para perfeccionar el sistema, lo está armando en materia de salud.

En segundo lugar, al margen de este absurdo, la orientación general del proyecto avanza en la línea de la centralización y no en la de descentralización de los servicios, que es precisamente aquello que, teóricamente, todos los sectores políticos postulan como positivo.

En consecuencia, aquí tenemos una suerte de esquizofrenia política; a la hora de las declaraciones de principios, todos decimos: "Fortalezcamos la autonomía municipal, descentralicemos, confiemos en los gobiernos locales". A la hora de aprobar los proyectos de ley, el Gobierno hace exactamente lo contrario.

En tercer lugar, se incurre en el mismo error que hoy existe y que ha generado tantas dificultades en el Estatuto Docente: Se están introduciendo elementos de rigidización en materia de remuneraciones que recaerán sobre las municipalidades, sin que exista un sistema debidamente acreditado que garantice los recursos. Por lo tanto, el Gobierno se está comprando un conjunto de conflictos innecesarios.

En cuarto lugar, estamos frente a un doble bumerán en que el propio Gobierno se hace trampas a sí mismo. Y lo estamos porque antes de 12, 16 ó 18 meses, pero, en cualquier caso, mucho antes, o con mucho menos tiempo del que ha mediado entre la aprobación del Estatuto Docente y el intento de modificarlo, vamos a tener en esta Sala al Ministro de Salud, don Carlos Massad, por quien tenemos el mayor aprecio personal y la mejor opinión respecto de su gestión, introduciendo un conjunto de modificaciones a las normas que hoy se pretende aplicar. Se va a repetir exactamente lo que está ocurriendo hoy en educación.

Pero hay un segundo bumerán, cual es que supuestamente estas normas pretenden beneficiar al sector de trabajadores afectados. En verdad, cuando hay un sector que no está modernizado, como es precisamente el de salud en lo que todos coincidimos, se genera un conjunto de situaciones: mal servicio a la población. ¿O hay alguien que hoy pueda sostener que los servicios de salud pública dan buena atención a la población? Los sectores más modestos de nuestro país tienen acceso a una salud que, simplemente, no se condice con su dignidad.

En seguida, existen problemas de financiamiento que no se solucionan por lo demás, lo ha señalado el propio Ministro de Salud inyectándoles recursos a estructuras anquilosadas que finalmente no rinden.

Además, hay problemas de incentivos incorrectos. Por cierto, las personas que trabajan en los sectores que no están modernizados no son las culpables, sino, muchas veces, las víctimas de los defectos estructurales de los sistemas. Pero, so pretexto de proteger a este sector de trabajadores al introducir normas incorrectas, lo único que se hace, a la larga, es perjudicarlos.

Quiero traer a colación un argumento quizás un poco distinto.

No conozco ninguna ley de inamovilidad más perfecta de aquella que se aprobó durante la gestión del anterior Presidente peruano...

El señor SCHAULSOHN (Presidente).­-

¿Me permite, señor Diputado? Se agotó el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el de su segundo discurso.

El señor ALLAMAND.-

Muchas gracias, señor Presidente.

Nunca había habido en el Perú una legislación que protegiese mejor la inamovilidad y, en teoría, los derechos de los trabajadores, que aquella que se aprobó en el Gobierno de Alan García. Y nunca había habido en el Perú una situación de mayor cesantía y desempleo.

De manera que aquí el Gobierno está incurriendo en un doble bumerán.

¿Por qué importa esto? Porque, dependiendo de cómo nos alineemos frente al proyecto, vamos a definir qué tipo de acción política queremos hacer. El Gobierno y la Oposición tienen un camino fácil y un camino difícil.

¿Cuál sería el camino fácil para la Oposición? Uno muy simple: ponerse de lado, en este caso, de los trabajadores del sector y generar en éste y en otros casos, como en la educación, un conflicto con el Gobierno; o sea, simplemente ponerse en una situación de pasivos espectadores de los conflictos que tienen el Gobierno y sectores corporativos o políticos.

Mi impresión es que eso sería malo para la Oposición. Pero es mucho peor para un Gobierno que, en definitiva, renuncia anticipadamente a lo que en su fuero interno cree, por ceder a una presión corporativa mal entendida parto de la premisa de que en esto nadie actúa de mala fe, y mucho menos por ceder a una presión política de corto plazo.

Este país tiene por delante cinco años y medio, plazo dentro del cual el Gobierno del Presidente Frei debe iniciar modernizaciones y transformaciones de fondo.

Hay que tomar un camino: u optamos todos por el camino fácil de resistimos a las modernizaciones, o juntos encontramos un camino para hacer lo que al país le conviene, pagando los costos políticos que correspondan y no cediendo ante la presión corporativa.

Se equivoca la Sala si piensa que la decisión que va a adoptar ahora es menor. Aquí hay una cuestión de fondo, de política. Por eso quiero hacer un llamado al Gobierno, particularmente al Ministro señor Massad, para que quede constancia clarísima de lo que hoy se está señalando.

Por último, en un documento de agosto, la Asociación de Municipalidades, que dirige don Jaime Ravinet, secundado por doña Sofía Prats nadie podrá sostener que se trata de una opinión de la Oposición, entregó una declaración pública, copia de la cual acabo de entregar al señor Ministro, donde se señala un conjunto de reparos de fondo respecto de este proyecto.

En uno de sus cinco puntos, la Asociación de Municipalidades, no la Oposición, dice: "No parece posible que los municipios puedan continuar administrando estos servicios con todas las restricciones legales y financieras que les impone el Gobierno central y las leyes en gestación."

¿Qué solicita la Asociación de Municipalidades al Gobierno, no a la Oposición? Don Jaime Ravinet y doña Sofía Prats, no el Senador señor Prat, quien ha hecho en el Senado una inteligente defensa de lo que conviene al país, asumiendo los costos políticos de ello, expresan: "Solicitamos al Poder Ejecutivo y al Parlamento revertir la situación que se creará si se aprueba este proyecto de ley, y acoger nuestras demandas, que son producto de la experiencia práctica de administrar estos servicios."

Después de hablar con el señor Ministro de Salud, me he comunicado telefónicamente con don Jaime Ravinet, Alcalde de Santiago y Presidente de la Asociación de Municipalidades. Me autorizó para puntualizar en esta Sala que él no podía asegurar si los reparos de dicha Asociación se habían o no corregido durante la tramitación del proyecto en el Senado, pues no tenía esos antecedentes, y que, por lo tanto, no podía absolver la consulta que ahora formulo oficialmente al señor Ministro de Salud.

Quiero saber si, en opinión del señor Massad, las objeciones de la Asociación de Municipalidades están o no adecuadamente resueltas.

Don Jaime Ravinet me autorizó para señalar a esta Sala que, en su concepto, el texto original del proyecto del Ejecutivo era técnicamente equivocado y tenía una orientación general defectuosa.

Considero muy importante, para la historia fidedigna de la ley, que esto quede establecido.

Termino manifestando que la Oposición permanentemente da señales al país de querer contribuir a gobernar para que las cosas mejoren realmente. Insisto, para nosotros el camino fácil es bastante obvio. Aquí se va a producir una votación, pero quiero dejar absolutamente claro, para la historia fidedigna de la ley y por los posteriores problemas que tendrá que afrontar el Gobierno, lo que hemos expuesto.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente, este proyecto ya fue discutido en la Cámara con ocasión de su primer trámite constitucional.

Muchos de los argumentos que entregamos en ese debate son parte de la historia de la larga tramitación de una iniciativa que intenta mejorar algunos aspectos fundamentales de la atención en salud de la población de nuestro país.

Evidentemente, resulta fundamental que el Estado realice un esfuerzo que permita una política unitaria en materia de salud, más aún cuando ella está consagrada como un derecho. En ese sentido, intentar mecanismos para regular en forma adecuada el establecimiento de los programas de salud accesibles a la población en cada lugar del territorio nacional, me parece una tarea primordial.

La modernización no debe significar que tengan acceso a los derechos básicos solamente quienes pueden pagarlos o viven realidades de privilegio.

El argumento de la modernización no puede ser extendido al extremo de ponerle vallas a una tarea ineludible del Estado y de cualquier Gobierno, cual es la de consagrar mecanismos que permitan, a nivel nacional, formas adecuadas para que todos los chilenos tengan acceso a la salud.

Las modificaciones del Senado, particularmente las aprobadas por indicaciones formuladas por el Senador señor Prat tienen un trasfondo, una concepción de lo que debiera ser el sistema de salud en el país que no alcanza a distinguir claramente entre los sectores que no tendrán posibilidad de acceder a la salud, en especial en el mundo rural, a menos que sea mediante un esfuerzo del Estado, centralizado en gran medida, y del esfuerzo propio que, en gran parte, están llamados a efectuar los municipios, pero haciendo una clara distinción en la naturaleza de cada uno de ellos.

En ese sentido, quiero hacer un alcance al Diputado señor Allamand: los argumentos que encuentra razonables respecto de algunas de las opiniones entregadas por la Asociación de Municipios sobre este proyecto, también debiera haberlos encontrado razonables cuando esa organización fijó claramente ante el país su opinión sobre la Ley de Rentas Municipales; porque no me parece equitativo que se tomen puntos de vista parciales eludiendo la discusión de fondo.

En materia de salud es fundamental lograr armonía en proposiciones que permitan compatibilizar el esfuerzo que algunos municipios pueden realizar con el esfuerzo que, inevitablemente, tendrá que efectuar el Estado en aquellos lugares donde los municipios, por razones que no es preciso reiterar las hemos señalado muchas veces en la Cámara, no están en condiciones de responder adecuadamente a las necesidades de atención primaria de salud y, en general, al acceso a la salud que todos los chilenos no sólo se merecen, sino que requieren para sobrevivir.

El proyecto del Ejecutivo y lo dije en la primera oportunidad en que se discutió en la Sala, hace bastante tiempo no distingue entre la realidad del mundo urbano y la del mundo rural, lo cual me parece una falla de fondo, que el Senado con sus modificaciones, profundiza. Entonces; introduce enmiendas que incluso llegan a asimilar en un mismo esquema de lo que podría ser un servicio de salud, aquellos servicios accesibles por parte de la comunidad...

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

­ Señor Diputado, ha terminado el tiempo de su primer discurso.

Le restan cinco minutos.

El señor LATORRE.-

Muchas gracias, señor Presidente.

El Senado no solamente incurre en el mismo error que el proyecto ha tenido desde su origen, por cuanto no distingue entre la realidad del mundo rural y la del mundo urbano de nuestro país, sino que profundiza esta diferencia al intentar asimilar las condiciones en que se les ofrece la salud a los chilenos a un esquema que, incluso, no distingue entre lo que puede ser salud que se entrega con fines de lucro por parte de muchas corporaciones que existen en nuestro país, y la que se proporciona a la población sin esa finalidad.

La historia de la discusión en el Senado demuestra que en el trasfondo de muchas de las inquietudes planteadas por el Senador señor Prat, también estaba la idea de asimilar a un mismo esquema lo que puede ser un consultorio en una localidad que no tiene acceso posible a la salud, con la que puede ofrecerse a través de corporaciones de salud privada que sí tienen vigencia en realidades distintas. Y él asimilaba a una misma connotación cada uno de estos servicios de salud.

Quiero reivindicar en esta oportunidad lo que ocurre con la salud en el mundo rural de nuestro país. Me parece que no tiene ninguna justificación que los chilenos que viven en ese mundo, por ese solo hecho deban aceptar que no tienen acceso a un sistema de salud de atención primaria, básica, que les garantice lo mínimo que la Constitución asegura a todos los chilenos en esta materia.

Me preocupa que hoy aprobemos normas que establecen niveles de renta, asignaciones y exigencias que son impracticables en un porcentaje importante de municipios a lo largo y ancho de nuestro país. Incluso, el Senado plantea que en vez de que la dotación funcionaria de los servicios municipales se fije sobre la base del número de funcionarios, se haga por asignación por horas, tal como ha sido nuestra discusión respecto de la dotación en materia del Estatuto Docente. En mi opinión, no es factible que esa proposición tenga lugar en el mundo rural de nuestro país, porque es imposible que la dotación establecida por horas garantice la dedicación, el tiempo y el acceso que la población se merece a un servicio tan básico como es la atención primaria de salud.

En mi opinión y en eso discrepo absolutamente de mi camarada Presidente de la Asociación de Municipalidades a nivel nacional, don Jaime Ravinet, no se pueden asimilar las realidades de los municipios de Santiago, de las Condes o de cualquier otro de la Región Metropolitana incluso de los que tienen los ingresos más bajos con las del municipio rural, aun cuando éste tenga la mejor situación económica, porque son muy distintas. Y lo que la Asociación ha hecho en muchos de sus planteamientos es seguir la opinión de aquellos municipios que por su presencia y por sus sugerencias logran representar una realidad que puede ser muy efectiva, pero que no trasunta adecuadamente el interés de muchos municipios que responden a la realidad rural.

Quiero terminar solicitándole al señor Ministro que también se refiera a las inquietudes del mundo rural.

Un señor DIPUTADO.-

No se encuentra presente el Ministro.

El señor LATORRE.-

Entonces, al señor Subsecretario, si así lo permitiera la Sala.

Somos muchos los parlamentarios presentes que, representando una realidad rural, vamos a coincidir en que este proyecto de ley puede responder a muchas de las inquietudes que en su oportunidad han quedado en evidencia en la discusión de la iniciativa en la Sala o en Comisiones, pero deja mucho que desear en cuanto a una realidad que requiere inevitablemente de una acción directa del Estado en políticas de salud y en apoyo en recursos, en técnicas y, en fin, en todo aquello que el mundo rural por sí solo no está en condiciones de garantizar.

He dicho.

El señor ORPIS.-

señor Presidente, la fecha en que estamos discutiendo este proyecto. Desde mi punto de vista, es bastante significativa, porque el debate se suscita a una semana de la intervención del señor Ministro de Hacienda por cadena nacional. No se trató de cualquier discurso sino de definiciones fundamentales en materias económicas y sociales que asume el actual Gobierno.

Transcurrida una semana de su intervención, y frente a todo lo expuesto por el señor Ministro de Hacienda en su discurso, nos encontramos con profundas contradicciones al interior de esta Cámara para los efectos de que su intervención tenga alguna coherencia.

Su intervención tuvo el respaldo de los distintos sectores políticos. Pero, ¿qué ha ocurrido una semana después? El Ministro habla de flexibilidad laboral, y ayer aprobamos un proyecto de inamovilidad laboral; el Ministro expresa que en materia de infraestructura el sector privado debe tener activa participación, y ayer esta Cámara aprobó un proyecto de acuerdo por el cual se solicita que prácticamente por ningún motivo pueda intervenir el sector privado en los servicios de agua potable y alcantarillado; y en pocos minutos más trataremos un proyecto que aumenta a 25 días el feriado anual de los trabajadores que prestan servicios en las zonas extremas del país, en el que se incluye a Magallanes.

Apunto, señor Presidente, a que, en definitiva, del discurso del señor Ministro a la práctica hay gran diferencia. Y este proyecto no es ajeno a eso. Lleva dos años de tramitación en el Parlamento, y tal como señalaba el honorable Diputado señor Allamand, en materia de Estatuto Docente coincide en la fecha en que se comienza a estudiar hoy se viene de vuelta. En este caso particular, ni siquiera después de la intervención del señor Ministro se ha hecho una reflexión a fondo de lo que se quiere realmente con este Estatuto.

La gran pregunta es si queremos o no comunas autónomas en el país. Y es indudable que este proyecto, al margen de rigidizar las relaciones laborales, no establece la autonomía municipal. Me gustaría que la Cámara analizara con rigurosidad el tema de las municipalidades en el país y lo que está ocurriendo con sus presupuestos.

El Diputado señor Latorre preguntaba: ¿Por qué, señor Allamand, usted no aprobó la Ley de Rentas Municipales, o por qué estuvo en contra de su aprobación? Me gustaría consultarle al Diputado señor Latorre qué ocurrió después de la dictación del Estatuto Docente respecto de las rentas municipales. El llegará a la conclusión, tanto en el tema de salud como en el de educación, de que la velocidad con que aumentaron los déficit a partir de la dictación de ese Estatuto ha sido inmensa, por cuanto más del 70 por ciento de las municipalidades, por la vía del ítem "Transferencia" es lo que se destina a educación, aumentaron sus déficit con una velocidad superior al 70 por ciento, equivalente a más de un ciento por ciento real en 1991 respecto de 1993. Es decir, este Honorable Congreso y el Ejecutivo han desfinanciado a las municipalidades en forma gratuita y con cargo al ahorro fiscal, lo cual es grave y no me parece justo.

Éstas son definiciones más profundas.

En 1991, en general, el sistema de salud estaba financiado. De las 200 municipalidades analizadas, 69 no tenían déficit en 1991; en la actualidad, hay 135 municipalidades con déficit en materias de salud, problema que se ha convertido en un tema relevante en los presupuestos municipales. Lo más grave es que el 80 por ciento de las 135 deficitarias aumentan su velocidad de déficit en un ciento por ciento.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

­ Señor Diputado, terminó el tiempo de su primer discurso.

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, ¿a dónde voy con esta intervención? A que la Ley de Rentas Municipales no tendrá ningún efecto sobre la comunidad, porque los recursos servirán únicamente para pagar deudas y déficit. La comunidad no verá una mejora sustancial de las condiciones de vida en las respectivas comunas, porque no se pavimentará más, no se iluminarán más calles, ni habrá un mejoramiento en materia social, ni de áreas verdes, etcétera.

Sostengo que debemos analizar el tema con mayor profundidad, lo cual significa, primero, una definición sobre qué sistema de salud queremos: uno centralizado u otro descentralizado pero no sistemas híbridos, porque no resultan. Ése ha sido el gran fracaso del Estatuto Docente, puesto que las municipalidades siguen administrando, pero sin tomar decisiones a nivel local por existir un estatuto común para los profesores y para la administración municipal; y en este caso particular, también se trata de un sistema híbrido, porque se les impone a las municipalidades un sistema homogéneo, en circunstancias de que hay realidades distintas en materias presupuestarias y en otras. Por ello, los sistemas híbridos no dan resultado.

Después de dos años de reflexión no deberíamos estar parchando situaciones particulares, sino ir a definiciones de fondo; primero, sobre si queremos comunas autónomas o no; segundo, al margen de desearlas así, limitar el gasto corriente en una serie de ítem; y tercero, sobre la base de esas definiciones fundamentales, establecer una legislación coherente. De lo contrario, en dos años más estaremos de nuevo abocados a discutir una nueva ley de Rentas Municipales o modificando este Estatuto.

Me inclino porque las comunas sean autónomas y porque tomen la mayoría de las decisiones, lo cual, en ningún caso, significa dejar desamparados a los trabajadores; por el contrario, debemos incorporar normas de flexibilidad laboral, integrando la negociación colectiva en el seno de las propias comunas.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente, es indudable que la salud en Chile tiene muchísimos problemas que no han sido resueltos y en cuyo caso es necesario avanzar.

En ese sentido, es fundamental entender que un sistema de salud pública sólido y poderoso es la mejor garantía de una buena atención a la población.

Este concepto ya se ha incorporado en casi todo el mundo. Incluso, en países como Estados Unidos, en que los sistemas de salud pública eran débiles, ha sido necesario reforzarlos a fin de que la atención, sobre todo a los sectores menos pudientes, mejorara y se compatibilizará con el nivel de vida del resto de la población.

En Chile, la atención primaria es la que tiene más falencias. El rechazo de atención, listas de espera, largas colas en las madrugadas de quienes solicitan atención en los consultorios, se deben a que este sistema todavía no ha logrado alcanzar la calidad y cantidad de los sistemas secundario y terciario.

Por eso, cuando se municipalizaron los consultorios de atención primaria, los que participábamos en el Colegio Médico vimos todos los problemas que iba a acarrear esta separación forzada como lo han dicho otros parlamentarios entre las atenciones primaria y secundaria.

Sin embargo, el sistema ha continuado funcionando y es necesario mejorar sus profundas fallas. Una de ellas es la relación de las municipalidades con los funcionarios que atienden en los consultorios.

Sabemos muy bien que la calidad y cantidad de la atención dependen, en cualquier sistema de atención a público, del grado de bienestar y del compromiso de los trabajadores con la institución. En la actualidad, en los servicios municipalizados hay profundo malestar y frustración de parte de sus empleados. Naturalmente, esto se refleja en la atención a los pacientes.

Por lo tanto, para mejorar la atención de salud a ese nivel, uno de los puntos básicos es elevar el estado de ánimo y las condiciones de trabajo de quienes laboran en ese sector.

Este Estatuto constituye un gran avance en ese sentido. Incluso, sabemos que la Coordinadora de Funcionarios Municipales de Salud Primaria está de acuerdo con gran parte del articulado, porque ve en él un progreso en la situación de sus representados, el que, naturalmente, va a proyectarse en mejor atención, y va a ayudar a mejorar la mala calidad y escasa cantidad de atención de salud que se entrega en estos momentos.

Es necesario perfeccionar este Estatuto. Por ejemplo, el artículo 1°, que elimina la imagen de unidad, de cohesión entre todos los funcionarios de atención primaria de salud a lo largo del país, es perjudicial, porque los deja separados, aislados, sin ese espíritu de cuerpo, sin esa sensación de formar parte de una gran organización, en la cual pueden progresar, tener carrera funcionaria, incluso, traspasarse a los servicios de salud mediante el articulado que así lo dispone.

Por otra parte, el tema del control técnico de los servicios de salud hacia la atención primaria debe mantenerse, ya que no podemos dejar que cada municipalidad o institución que administre salud en el nivel primario fije normas o reglas que desarmonicen con lo que debe ser una atención de salud moderna, con criterios epidemiológicos y técnicos que en este momento sólo los puede dar el Ministerio de Salud, a través de los servicios de salud.

Es fundamental reponer los artículos 12 y 13 para que la técnica y la normativa de tipo clínico sean homogéneas y no perdamos la gran ventaja actual de que todo el país se rige por un criterio moderno de atención de salud.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

­ Señor Diputado, terminó el tiempo de su primer discurso. Puede continuar en el de su segundo discurso.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Gracias, señor Presidente.

Por otra parte, el funcionamiento de la atención municipalizada de salud, incluido un período con el nuevo estatuto, debemos someternos a una evaluación concienzuda dentro de un plazo razonable, ya que, a mi juicio, la dicotomía entre las atenciones primaria y secundaria hasta ahora ha causado muchísimos problemas que han repercutido en la necesidad de elaborar este estatuto, en las huelgas, en un no progreso de la atención de salud en el país, como ha ocurrido en otros sectores del servicio público.

Esta evaluación debe realizarse luego de un tiempo prudencial de aplicación del nuevo estatuto, para adoptar decisiones definitivas, como las propuestas en el artículo 12 transitorio, mediante un traspaso definitivo del dominio de propiedad de los establecimientos de atención primaria, actualmente entregados en comodato a las municipalidades por los servicios de salud. Tal traspaso crearía una situación irreversible si en la evaluación futura de funcionamiento de este estatuto el efecto de la separación de la atención primaria y secundaria es favorable o perjudica las políticas de salud que el Congreso y el Gobierno quieren llevar a cabo para mejorar la atención de salud del país. En ese sentido, el comodato actual debe mantenerse hasta que no se realice la evaluación en un plazo razonable, que estimo en cinco años por lo menos, a fin de tomar decisiones definitivas.

El proyecto recoge muchas de las inquietudes no sólo de los funcionarios, sino también de los niveles técnicos de salud del país para mejorar la atención primaria actual. Como legisladores, en la Cámara y luego en Comisión Mixta podremos incorporar elementos que lo perfeccionen, con lo cual cumplimos la función para la cual fuimos elegidos: elaborar leyes que tiendan a la solución de los problemas de nuestra sociedad.

He dicho.

El señor GARCÍA (don José).-

Señor Presidente, también quiero expresar mi preocupación sobre el financiamiento del proyecto.

Muchos de los señores parlamentarios que me han antecedido en el uso de la palabra han sido categóricos para señalar las graves dificultades económicas por las que atraviesan las municipalidades en relación con los servicios de educación y salud.

También se han referido in extenso a los déficit en el sistema de educación, los que se han incrementado sustantivamente luego de la promulgación de la ley sobre Estatuto Docente. Como parlamentarios, y después de esa experiencia, debemos aseguramos de que no ocurrirá una situación similar con esta normativa que regula la atención primaria de salud.

En ese sentido, llamo la atención respecto del artículo 51, que se refiere al financiamiento permanente del proyecto. Dicha disposición establece los criterios para determinar los recursos que se entregan a las municipalidades para financiar la atención primaria de salud. Sin embargo, en ninguna parte se dispone que esos montos recibirán el complemento de asignación de zona, el cual está considerado dentro de lo que se les entrega a los funcionarios.

Sabemos que hoy existen serios problemas con el pago del complemento asignación de zona al profesorado, y no quisiéramos que ello se repitiera con los funcionarios del sector de atención primaria de salud. Por lo tanto, es indispensable que el artículo 51 contemple una norma clara, precisa y categórica que disponga que dentro del financiamiento se considera el mayor costo que significa dicho complemento.

Además, me preocupa que ni en dicha disposición ni en las siguientes se establezca a qué instancia recurrirá el alcalde, a quién apelará la municipalidad cuando no exista coincidencia entre los recursos asignados y los costos efectivos para concretar la atención primaria de salud.

Asimismo, me preocupa el artículo 10 transitorio, que regula el uso del fondo de recursos complementarios. Su inciso segundo dispone: "El mayor gasto en remuneraciones que podrá ser financiado mediante este aporte...", es decir, mediante el uso de los recursos complementarios. Reitero: "podrá ser financiado". Ello implica que: nuevamente nos encontraremos con una situación similar a la ya vivida con el Estatuto Docente, en que los recursos asignados a los municipios pueden resultar insuficientes para cubrir los mayores costos de remuneraciones, y no se les pagará a los funcionarios, lo que, una vez más, generará una situación incómoda, de desprestigio del Parlamento, ya que no se dará cumplimiento a lo dispuesto por el estatuto en esta materia.

Por eso, somos partidarios de que tanto el artículo 51, sobre financiamiento permanente del sistema, como el 1O transitorio, relativo a la regulación del uso del fondo de recursos complementarios, vayan a Comisión Mixta, para que se aclaren las normas y, fundamentalmente, se garantice y asegure a cabalidad el financiamiento del proyecto.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, la tramitación de este proyecto es de larga data, y, al parecer, debido a ello, hemos perdido de vista lo que significa realmente para la atención primaria de salud municipalizada y para los funcionarios del sector.

El Estatuto de Atención Primaria Municipal constituye la respuesta del Gobierno democrático a una aspiración de los funcionarios del sector por aglutinar normas que les den la estructura y protección necesarias. Se ha dicho muchas veces y es asique este estatuto llenará el vacío existente en nuestra legislación sobre las materia, porque contiene tanto normas novedosas sobre estos aspectos, como también aquellas situaciones que es necesario reunir y precisar en un solo cuerpo legal.

El artículo 1° determina el ámbito de aplicación de las normas de este estatuto al personal que desempeña funciones de atención primaria de salud en establecimientos municipales, sean consultorios, postas o estaciones médico-rurales cuya administración estuviera traspasada a las municipalidades desde 1991 o hubieran sido creadas por éstas y traspasadas con posterioridad a los servicios de salud.

Ese señala el artículo 1° del Estatuto de Salud Primaria y hay que tenerlo presente para que sepamos qué se está discutiendo y cómo se regulan la relación laboral la carrera funcionaria y los deberes y derechos del personal que desempeña funciones de atención primaria de salud en dichos establecimientos.

Este artículo contiene las ideas matrices sobre las cuales se sustenta el proyecto para regular y homogeneizar las normas que rigen al personal de atención primaria. De acuerdo con el precepto, se pretende rearticular los niveles de salud de mayor complejidad para perfeccionar la gestión de salud local integrada a la intersectorialidad, reorientando y racionalizando el financiamiento proveniente del Ministerio de Salud.

El proyecto estimula el aporte municipal, y es necesario señalar estas ideas y fundamentos para tener presente que lo que pretende este estatuto difiere de los enfoques que hoy se dan sobre la materia.

Es asunto fundamental en esta iniciativa complementar la legislación vigente en todo aquello que diga relación con las inquietudes más apremiantes, propias de este grupo de trabajadores y necesarias para su seguridad y su dignidad. Por ello se propone este estatuto para normar el régimen de administración y el financiamiento de la atención primaria de salud señalados en este artículo y en las demás disposiciones que han sido modificadas o eliminadas por el Senado; para obtener como objetivo básico aumentar y mejorar la capacidad de los establecimientos, optimizando la calidad y cantidad de las atenciones, de los medicamentos e insumos de la atención primaria, creando una efectiva y necesaria descentralización de la salud: para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios y para asegurar la integridad de sus acciones, regulando el cumplimiento en el establecimiento de la atención primaria de los planes y programas que norma el Ministerio de Salud.

Con este estatuto se pretende lograr una nueva y verdadera atención primaria de salud que constituya una estrategia de desarrollo para el país en esta área tan relevante que atendemos con este proyecto.

En suma, que quieren resolver los problemas de accesibilidad y falta de capacidad resolutiva de primer nivel de salud.

El señor LATORRE (Vicepresidente).­-

Señor Diputado, terminó el tiempo de su primer discurso.

El señor OJEDA.-

Gracias, Señor Presidente. La eliminación del artículo 1° significa atentar en contra de la integridad y de la coherencia del proyecto al tomar éste un camino distinto y un enfoque diferente, variando las ideas y fundamentos que he dado a conocer y que se tuvieron en cuenta para su elaboración.

Se deja sin claridad el ámbito de aplicación de la ley, al permitir que las municipalidades prescindan de las razones por las que este estatuto trata de modificar las actuales condiciones de la atención primaria.

Los funcionarios de la salud municipalizada han recibido en pleno rostro, en pleno corazón o en el centro mismo de sus derechos laborales y funcionarios, la eliminación de este artículo básico, fundamental y primordial, y la comunidad, que requiere una salud primaria de esta naturaleza, la impresión de inseguridad en la atención de esta salud real y efectiva. Entonces, los funcionarios de la salud municipalizada "han reaccionado con justicia.

Eliminar el artículo 1° significa desnaturalizar el proyecto y mantener a los funcionarios en su actual situación jurídica, que les es desfavorable; es decir, mantenerlos en un sistema que no los favorece. Es bueno hablar de flexibilización y de modernización, pero también hay que solucionar la situación caótica que hoy se presenta.

De acuerdo con nuestros antecedentes, la eliminación del artículo 1°, producto de una indicación del Honorable Senador señor Prat, se aprobó de manera muy circunstancial. Prosperó por problemas de quórum, porque con posterioridad las demás indicaciones se perdieron con la recuperación del quórum. Por ello, en este proyecto quedó un verdadero engendro, sin sentido ni ámbito de aplicación. Por eso, estamos por la reposición del precepto, pues es fundamental y básico para la comprensión y aplicación del Estatuto de Salud Primaria Municipalizada.

He dicho.

El señor AGUILÓ.-

Señor Presidente, en verdad, por momentos, sorprende la discusión de este proyecto en tercer trámite constitucional, porque las objeciones que se han escuchado en la Sala no dicen relación con algún artículo en particular o con alguna disposición específica, sino como se desprende de las intervenciones de los Diputados señores Allamand y Orpis que hay un cuestionamiento a su conjunto y como ambos colegas lo han formulado es al proyecto original del Ejecutivo, respecto del cual tienen objeciones de fondo, las que atraviesan los más de 60 artículos y 15 disposiciones transitorias de que consta.

Es sorprendente, porque esta iniciativa se aprobó en forma unánime en la Sala, en su primer trámite constitucional, con la participación activa de los colegas de Oposición, por lo menos en el conjunto de la inmensa mayoría de los artículos que hoy están siendo cuestionados. Desde luego, el artículo 1° obtuvo el concurso explícito y el voto favorable de todos los colegas de Oposición, tanto en la Comisión de Salud como en la Sala, en su discusión general y en la particular. Comenzar la discusión de cero, puede ser pertinente, académicamente útil; incluso, desde el punto de vista intelectual, un ejercicio interesante; pero, sin duda, un proyecto que lleva más de dos años y medio en tramitación requiere que cada uno de los parlamentarios, ya sea éste su segundo ejercicio o su primer período, se incorpore a la discusión de esta materia en el Parlamento.

Sin embargo, quiero detenerme en dos tipos de objeciones formuladas al artículo 1° entiendo que es la preocupación principal de los colegas que han intervenido, no sin antes decir que si se elimina dicho precepto se dejaría trunco un proyecto coherente desde su inicio hasta el final, y no sería conducente para rearmar la filósofa, distinta, que aquí se reclama por parte de algunos colegas de la Oposición: radicar la atención primaria de manera autónoma en los municipios, tanto desde el punto de vista del financiamiento como de la administración, de la carrera funcionaria y de la relación laboral. Es decir, en cada municipio habría que establecer de manera autónoma qué tipo de relación laboral tendrían los funcionarios de salud: algunos, por el Código del Trabajo; otros, por alguna disposición especial que se decidiera en aquella municipalidad. El financiamiento de un municipio podría ser completo y enteramente distinto, sin ningún tipo de piso nacional. No podría haber normas nacionales en una materia tan decisiva como es la salud y, en particular, la salud primaria.

Aunque ésa fuera la filosofía, naturalmente, no habría que rechazar el artículo 1°. Habría que desestimar el proyecto de ley, porque el conjunto de sus disposiciones está imbuido de la filosofía que el Ministerio de Salud quiso imprimirle al enviarlo y que, con su aprobación, tanto la Cámara como el Senado hicieron suya en el momento oportuno.

En primer lugar, hay dos objeciones concretas que tienen que ver con el financiamiento de la salud primaria. La cifra actual se eleva a aproximadamente 40 mil millones de pesos al año. Eso es lo que aporta el sector salud a través del Fapem, y hoy el per cápita, que acaba de modificarse, a los municipios de todo el país. Hay déficit; es decir, los municipios deben aportar, incluso para el financiamiento total del costo de la atención primaria, alrededor de 8 mil millones de pesos en 1994.

¿Qué aporta el proyecto más la modificación del nuevo sistema de financiamiento, desde el Fapem al per cápita? Aproximadamente 7 mil millones de pesos. O sea, de las 334 municipalidades, alrededor de 200, con la aprobación del proyecto y la modificación del sistema de financiamiento, recibirán un aporte adicional para financiar lo que hasta ahora ha sido un déficit en la atención primaria de salud.

Los 7 millones de pesos adicionales podrían considerarse un aporte sustantivo a los municipios, que reclaman por el déficit que se produce a través del financiamiento nacional y, por lo tanto, posibilitar la entrega de un servicio tan imprescindible para la población. Hay aportes sustantivos, desde el punto de vista financiero a los municipios.

En segundo lugar, se hace una comparación liviana y superficial entre este estatuto y el Estatuto Docente. Dos diferencias muy de fondo entre uno y otro obligan a hacer una más detallada o, por lo menos, a realizar un análisis un poco más pormenorizado.

En educación municipalizada se sostiene no emito juicios de valor sobre el tema, porque no es eso lo que estamos discutiendo que existe una sobredotación docente, es decir, una cantidad equis de profesores, toda vez que los alumnos se han cambiado del sistema municipalizado al particular subvencionado. Con ello, quedarían las municipalidades con una sobredotación y, por lo tanto, existiría rigidez para resolverla. No existe ese problema en el sector de la salud municipalizada.

Los municipios de Chile reclaman y me imagino que todos conocerán el tema que faltan profesionales de salud, médicos, enfermeras, funcionarios. Es decir, los 17 mil funcionarios actuales son insuficientes para prestar una adecuada, seria y oportuna atención primaria a la población, que demanda los servicios de los consultorios, de las postas rurales. Esta es la primera diferencia de fondo. No hay una sobredotación, sino una subdotación. Hay que subrayarlo, porque es una diferencia no menor respecto del tema en discusión.

En tercer lugar, se reclama que en el Estatuto Docente existen normas tampoco voy a emitir juicios de valor muy rígidas respecto de la dotación. Hay rigideces extremas o estrictas que impiden actualmente a las municipalidades reducir personal. El Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley que efectivamente intenta innovar sobre esta materia.

En este proyecto no existe esa rigidez. Los colegas que han hecho uso de la palabra no han reparado, al parecer, que el artículo 11 del proyecto señala que la dotación máxima de cada año será fijada por la entidad administradora, es decir, por el municipio o por la corporación correspondiente, de acuerdo con criterios muy precisos, como la población beneficiaria, sus características epidemiológicas, los referentes técnicos del Ministerio de Salud, el número y el tipo de establecimientos de atención primaria de salud a cargo de la entidad administradora y la disponibilidad presupuestaria para el año respectivo. O sea, a diferencia del Estatuto Docente, aquí hay una flexibilidad bastante amplia para modificar la dotación de acuerdo con los criterios establecidos en la iniciativa, porque simultáneamente se debe tener respeto por los 17 mil ó 18 mil abnegados funcionarios de la atención primaria de salud, como muy bien los calificó el colega Tohá.

El señor LATORRE (Vicepresidente).­-

Diputado señor Aguiló, le resta un minuto para el término de sus dos discursos.

El señor AGUILÓ.-

Tampoco existe en el proyecto rigidez o inflexibilidad para las dotaciones, como se ha reclamado.

Este Estatuto recoge la experiencia del Estatuto Docente y la que hemos tenido en otros ámbitos. Se trata, entonces, de un proyecto bastante mejorado que incorpora un conjunto de materias ya discutidas, como la relativa a la educación; que cumple bien con el propósito de establecer o normar un régimen de financiamiento y de administración para los consultorios de atención primaria de salud, y que regula en buena forma las relaciones laborales, la carrera funcionaria y los deberes y derechos de los funcionarios.

Por último, los colegas opositores siempre han reclamado por el respeto de la carrera funcionaria. No veo por qué la Oposición se niega en esta oportunidad a respetar la carrera funcionaria de los 17 mil trabajadores de la atención primaria de salud. Esta es una de las dudas que queda en la discusión del proyecto.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que estamos por despachar en tercer trámite constitucional se originó en el primer gobierno de la Concertación y el actual heredó un proyecto que indudablemente tiene un énfasis distinto de lo que ha estado planteando: cambiar el eje que se ha establecido en política de salud, lo que, básicamente, mejora la gestión en cuanto no allega recursos del Estado para las remuneraciones, sino que, más bien, descentraliza los servicios del país, traspasa algunas gestiones al sector privado y mejora los aspectos de infraestructura y de servicios que requiere el sistema de salud, o sea, se ha heredado el proyecto y, de alguna manera, el Gobierno y el actual Ministro del ramo hay que decirlo con todas sus letras ha tenido el coraje político y la claridad para poner sobre la mesa el problema que se le suscitó al primer gobierno de la Concertación, que allegó grandes cantidades de recursos, 66 por ciento, al mejoramiento de los salarios de los trabajadores del sistema nacional de salud, lo que no ha redundado en un mejoramiento de la productividad. Ahora ha dicho claramente que se debe cambiar los énfasis. Sin embargo, el ministro se ve en la necesidad de seguir defendiendo un proyecto que va en dirección contraria al énfasis de las políticas de salud, por una razón que escapa a la voluntad política de hacer las transformaciones que requiere la salud.

Sinceramente, creo que el Ministerio de Salud está perdiendo la primera batalla librada en favor de lo que hemos denominado una cirugía mayor del sistema de atención de salud del país y de poner los énfasis en los problemas de la equidad y del acceso de las personas a la salud, más que en seguir gastando en la infraestructura o en el gran aparato oferente de salud del país. Es obvio que la situación es preocupante.

La UDI, como le consta a la opinión pública, quiso enfrentar el problema de la atención primaria de salud hace algunas semanas. Para ello, realizó una encuesta sobre diez mil personas para detectar cómo se estaba entregando la atención a la gente. Se comprobó que los problemas persisten, que las colas de madrugada siguen siendo inmensas, que la falta de atención es grande, que la atención derivada de los consultorios primarios a la atención terciaria se ve dificultada al tener que esperar meses y meses para acceder a una cama o a un pabellón.

Con sinceridad, no vemos en el proyecto que este esquema promueva una atención a la gente; más bien, está promoviendo una medianía generalizada, una centralización gigantesca, una vuelta atrás que traspasa al Ministerio del ramo las grandes decisiones de salud y va en dirección contraria a lo que quiso la descentralización de los municipios.

El proyecto no redunda en una mejor atención al público usuario, lo que en definitiva debería ser prioritario, sino que pone todo el énfasis en mejoramientos, en escalafones, en carreras funcionarias y en rigidizaciones del sistema. Se termina con la autonomía de cada municipalidad para elegir a sus funcionarios, promoverlos y fijarles sus salarios. No se avanza en la descentralización. Con este Estatuto se elimina la posibilidad de mejorar la eficiencia a través de la descentralización, ya que todo se centraliza. Se termina con la vigencia del Código del Trabajo; se traspasa la dependencia de los funcionarios a la ley de Municipalidades; se fijan sueldos y reajustes de acuerdo con los de la Escala Única, y se desincentiva toda forma para ir teniendo una mejor atención al público usuario.

En nuestra visita a los consultorios detectamos más de 200 médicos extranjeros, de distintas nacionalidades, que prestan atención de salud primaria en los consultorios, lo que es la más clara demostración de que los incentivos que se les ofrece a los profesionales de la salud para trabajar en atención primaria no van en la dirección correcta.

Enfrentar el problema de la salud en Chile requiere de coraje político y de decisión. El Ministro de Salud lo ha demostrado, pero no entendemos cómo lo que se escribe con la mano después se borra con el codo, a través de proyectos de ley que van en una dirección totalmente contraria a ese principio.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Ha terminado el tiempo de su primer discurso. Puede continuar Su Señoría en el tiempo de su segundo discurso.

El señor MELERO.-

Por consiguiente, no tiene mayor significación centrar la discusión en si el artículo 1° debe o no existir a la altura en que se encuentra la tramitación del proyecto y si se considera cómo ha quedado el resto del articulado.

El Diputado señor Aguiló señalaba la contradicción que existía en nosotros por haber aprobado esta iniciativa en el primer trámite y tener ahora una posición más crítica respecto de cómo se debe administrar la salud de la población. Ello se debe a que los nuevos tiempos nos han demostrado que se debe hacer cambios en la salud. Las experiencias con otros estatutos, en que se pone más plata en la salud, sin que ello redunde en mejoramiento de la atención de la gente, nos lleva a poner mayor énfasis en la necesidad de modificar lo que se ha estado haciendo hasta hoy.

Respecto de algunas normas específicas que se desglosan del artículo 1a, creemos que la norma de reajuste en la misma oportunidad y porcentaje que las remuneraciones del sector público, asimila por completo a los funcionarios municipales al sistema público, terminándose así con la autonomía de la municipalidad de fijar remuneraciones por sobre las que tiene el sector público.

Creemos que la participación del concejo en la aprobación de las bases de los concursos públicos para ingresar a la carrera funcionaria es buena y conveniente, porque anteriormente radicaba todo el poder en la persona del alcalde.

El reconocimiento de actividades de capacitación y el estímulo son proposiciones convenientes, desde el momento en que se autoriza a participar en misiones de estudio y becas con goce de remuneraciones, a fin de mejorar lo que antes criticaba: la falta de incentivos a los trabajadores médicos de la atención primaria.

Nos parece adecuada la norma que señala que con la aprobación del concejo y de la entidad administradora podrá otorgarse una asignación de estímulo, de carácter transitorio, a una parte o a la totalidad de la dotación de salud de la municipalidad, la que podrá fijarse de acuerdo con el nivel, categoría funcionaria o especialidad del personal.

Pero no vemos, en el conjunto, la necesidad de estatuir un régimen que solucione el problema real que el país sigue teniendo; la gente que concurre a los consultorios no percibe ni comprueba que hoy está siendo mejor atendida que antes.

Señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Paya, con cargo a mi tiempo.

El señor PAYA.-

¡Cómo no va a estar en discusión, señor Presidente, si lo vamos a votar en dos minutos más! Creo que es bastante evidente que sí lo está.

Justamente en esas normas están consagradas las rigidizaciones; se entrega, una vez más, un problema insoluble a las municipalidades, se da a un sector de los trabajadores un trato especial y privilegiado, que no tiene nadie más, con lo cual se manifiesta un dogmatismo que cierra cualquier puerta al ingreso al sector salud de la administración privada. Son normas que establecen que el administrador de un consultorio debe ser médico cirujano, cirujano dentista, etcétera. Cuando estoy enfermo, no acudo donde un ingeniero comercial. No existe ningún dogmatismo que me obligue a hacer algo de ese estilo. Sin embargo, en la iniciativa se contempla ese tipo de rigideces, con lo cual se cierra completamente la posibilidad de incorporar criterios más profesionales de administración. Ese dogmatismo hace que esta iniciativa sea inaceptable.

Como lamentablemente ni siquiera podemos discutir o votar por separado este conjunto de normas, temo que, más allá de las críticas a los artículos en discusión, los defectos de que adolece el proyecto nos obligan a rechazarlo en su totalidad.

He dicho.

El señor GONZÁLEZ.-

Señor Presidente, es lamentable que antes de que el Estatuto de Salud Municipal haya llegado a su tercer trámite constitucional, la Cámara no tenga en sus manos una evaluación previa del funcionamiento del sistema de salud municipalizado. Pero los propios trabajadores de salud municipal y quienes hemos trabajado en esos servicios tenemos algunos indicadores que nos hablan de defectos del sistema, que van más allá de conceptos sobreideologizados, de centralización, de flexibilización o de falta de ella.

Uno de esos defectos radica en que, hasta aquí, el sistema ha tenido una asignación de recursos equivocada y perversa. El actual sistema del Fondo de Asistencia Primaria Municipal, Fapem, estimula sólo una cantidad de acciones sin precisar su ámbito, sin insistir en que deben ser integrales de salud, cosa que han utilizado los municipios para aumentar la cantidad en detrimento de la calidad de las mismas. Por lo tanto, no se trata de que esta iniciativa de ley introduzca incentivos incorrectos. Todo lo contrario: corrige una asignación de recursos perversa en su origen y en su destino.

Otra de las tendencias que hemos recogido es la de gestionar por parte de las municipalidades sin contar con elementos técnicos de juicio, los cuales son indispensables en un sector que cada día es más tecnificado y más oneroso para las personas y el país. Estos elementos técnicos deben ser caucionados por el Ministerio de Salud a través de sus organismos técnicos, esto es los servicios de salud.

También existe una tendencia a olvidar que el rol de la atención primaria de salud es mucho más que un conjunto de actividades de recuperación de la Salud. Bien entendido, es una herramienta de desarrollo comunal.

Un cuarto defecto del actual sistema es la enorme inestabilidad funcionaria, una permanencia muy corta de los profesionales del sistema que no permite la formación de equipos estables de salud, condición sine qua non para desarrollar una estrategia de atención primaria de salud archicomprobada en gran parte del Tercer Mundo como herramienta de mejoría de la calidad de vida. Al establecer remuneraciones básicas, incentivos adecuados, una carrera funcionaria y posibilidad de progresión,...

El señor LATORRE (Vicepresidente).­-

honorable Diputado señor González, ha terminado su tiempo. Le ruego redondear una frase final.

El señor GONZÁLEZ.-

...el sistema corrige este defecto. Por eso no se trata de un sistema híbrido, sino de uno mixto de salud, única forma de rebajar costos, de incorporar a la población marginada a la atención y de garantizar la calidad técnica, como ha sido establecido por la Organización Mundial de la Salud.

Por esa razón, creemos que este Estatuto debe ser analizado por una Comisión Mixta a fin de que se corrijan sus defectos de fondo.

He dicho.