Labor Parlamentaria

-Del Diputado señor Coloma quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Reglamento de la Corporación, informa que se ausentará del país por un plazo inferior a 30 días a contar del 9 de septiembre en curso.

-De la Comisión Especial encargada de investigar la normativa aplicada a los traspasos de acciones de grupos controladores de empresas, por el cual comunica que procedió a constituirse y eligió como Presidente al Diputado señor Palma, don Andrés.

MINUTO DE SILENCIO EN MEMORIA DE LA MADRE TERESA DE CALCUTA.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Solicito a la honorable Sala guardar un minuto de silencio en homenaje a la madre Teresa de Calcuta, recientemente fallecida.

Acordado.

-Los señores diputados, funcionarios y asistentes a las tribunas, de pie, guardan un minuto de silencio.

INFORME DE COMISIÓN SOBRE ARCHIVO DE PROYECTO

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Ojeda para hablar sobre la Cuenta.

El señor OJEDA .-

Señora Presidenta , el Nº 3 de la Cuenta, se refiere a la petición de archivo de una moción que hace alrededor de dos años presenté para excluir de los registros electorales los nombres de las personas fallecidas y, de esa manera, evitar situaciones ignominiosas y problemas producidos con su mantención en ellos. Como todos saben, después de una elección, el Servicio Electoral remite a los juzgados de policía local el listado de las personas que no han votado, en el cual se incluyen los ciudadanos fallecidos y cuyos nombres no han sido eliminados. Esto suele ocasionar situaciones penosas cuando Carabineros acude a los domicilios de los fallecidos a notificarlos. Incluso, cuando no se responde al llamado, se les da por no habidos y se procede a aplicar la multa, lo que, sin duda, va en contra de la dignidad y el honor de las personas.

La omisión en que incurre el Registro Civil al no comunicar los fallecimientos al Servicio Electoral tiene otra consecuencia: aumenta los procesos que deben conocer los juzgados de policía local.

Por eso me resulta bastante extraña la petición de la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, y me gustaría saber el fundamento jurídico que respalda la proposición de archivo de la iniciativa. En caso de que no exista una explicación satisfactoria, pido que el proyecto vuelva a la Comisión, con el fin de que sus autores conozcamos los motivos de la petición o tengamos un debate al respecto.

La señora SAA ( Vicepresidenta ).-

Atendiendo al planteamiento del señor diputado , solicito el acuerdo de la Sala para no votar hoy la petición de archivo y recabar un informe de la Comisión respectiva sobre las razones que la fundan.

¿Le parece, señor diputado ?

El señor OJEDA .-

Sí, señora Presidenta .

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Acordado.

Tiene la palabra sobre la Cuenta el Diputado señor José Miguel Ortiz.

El señor ORTIZ .-

Señora Presidenta , deseo referirme específicamente a los acuerdos tomados ayer en relación con el proyecto de extensión de la jornada escolar.

La Comisión de Educación está autorizada para sesionar desde las 10.45; pero como se va a rendir homenaje al distinguido hombre público don Clodomiro Almeyda Medina , solicito, para no tener problemas de quórum, que la Sala acuerde que la Comisión comience a sesionar una vez terminado el homenaje.

Quienes estamos en política debemos demostrar con hechos y no con discursos que entendemos lo que significa la educación.

En segundo lugar, tal como lo expresé, personalmente y en nombre de la bancada del Partido Demócrata Cristiano a la Vicepresidenta, señora Saa , al Vicepresidente , señor Rocha y como también al Presidente , señor Gutenberg Martínez , lo que nos interesa es celebrar una sesión extraordinaria esta tarde, con el objeto de tratar el proyecto de ley mencionado.

Mi bancada no quiere asumir la responsabilidad de que después se exprese públicamente que no se ha terminado la tramitación del proyecto debido a circunstancias especiales. Estoy consciente de que requiere este trámite de Comisión, como también lo estiman, según he comprobado, diputados de los diferentes partidos.

Por lo tanto, es muy conveniente lo que su Señoría me expresó privadamente: citar a una reunión de Comités después del homenaje para establecer una especie de cronograma de la discusión del proyecto, a fin de que, en lo posible, la Sala lo despache esta tarde en tercer trámite constitucional.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Respecto del primer punto, no es necesario tomar acuerdo, porque la Comisión de Educación comenzará a sesionar después del homenaje a don Clodomiro Almeyda.

En cuanto al segundo punto, informo a la Sala que, después de Fácil Despacho, tendremos una reunión de Comités para decidir si se cita a sesión hoy para tratar el proyecto de educación.

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Valenzuela.

El señor VALENZUELA .-

Señora Presidenta , sólo deseo precisar que ayer se autorizó a la Comisión de Educación para sesionar simultáneamente con la Sala.

Respecto de lo segundo, quiero hacer presente que los socialistas estamos muy preocupados de la tramitación del proyecto de ley que crea la jornada completa, pero más preocupados estamos de su contenido. Por eso, tratarlo con mucha premura podría ser contraproducente para el análisis y resultado de la iniciativa, la más delicada que hemos tramitado durante este año en materia de educación.

He dicho.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor René Manuel García .

El señor GARCÍA (don René Manuel) .-

Señora Presidenta , hay cosas que no se pueden dejar pasar sin una debida aclaración. La educación no es patrimonio de un partido político. Todos los partidos representados en la Cámara de Diputados están interesados en sacar adelante el proyecto de educación, porque sabemos que sin educación un país no puede salir del subdesarrollo. A todo el mundo le interesa que el proyecto sea una realidad al más corto plazo posible.

Quería hacer esa aclaración, porque, de lo contrario, parece que hay unos buenos, que están a favor de la educación, y otros malos, que están en contra de ella.

He dicho.

El señor MONTES.-

¿Está contemplado que la Comisión de Hacienda analice el proyecto de jornada completa, dado que el Senado incrementó el gasto?

Quiero saber los términos del acuerdo del día de ayer.

La señora SAA (Vicepresidenta).-

Los términos del acuerdo de ayer se refieren a la Comisión de Educación.

Cito a reunión de Comités después de tratar la tabla de Fácil Despacho.

HOMENAJE EN MEMORIA DE DON CLODOMIRO ALMEYDA MEDINA

La señora SAA (Vicepresidenta).-

A continuación, corresponde rendir homenaje al destacado hombre público señor Clodomiro Almeyda Medina, recientemente fallecido.

Tiene la palabra el Diputado señor Ignacio Walker, para hablar en nombre de la bancada del partido Demócrata Cristiano.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

De esta manera, la Cámara de Diputados ha rendido homenaje al destacado hombre público don Clodomiro Almeyda, y reitera a su familia, presente en las tribunas, su expresión de condolencias.

MODIFICACIÓN DE LEY QUE CONCEDIÓ NACIONALIDAD CHILENA A RELIGIOSA GIOVANNA FAVERO PELLIZZARI. Primer trámite constitucional.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el señor diputado informante.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Señora diputada , hemos hecho las averiguaciones correspondientes y es un error que cometió un parlamentario presente en la Sala al presentar su moción.

Tiene la palabra el Diputado señor Ojeda.

CONCESIÓN DE NACIONALIDAD CHILENA POR GRACIA AL RELIGIOSO ITALIANO ARMANDO BRIDAROLI PULINO. Primer trámite constitucional.

El señor ROCHA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la diputada informante.

PRÓRROGA DEL TIEMPO DE FÁCIL DESPACHO.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Hago presente a la Sala que quedan cuatro minutos del tiempo de Fácil Despacho. La Mesa propone prorrogarlo en diez minutos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

CONVENIO DE COOPERACIÓN CULTURAL,  EDUCATIVA Y CIENTÍFICA ENTRE LOS GOBIERNOS DE CHILE Y DE HUNGRÍA. Segundo trámite constitucional.

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Fuentealba, quien, en reemplazo del Diputado señor Caminondo, rendirá el informe respectivo.

Se suspende la sesión.

-Transcurrido el tiempo de suspensión:

El señor ROCHA ( Vicepresidente ).-

Continúa la sesión.

3. Informe de la Comisión de Defensa Nacional recaído en el proyecto de acuerdo que le encomienda efectuar un nuevo análisis sobre aspectos determinados del servicio militar obligatorio.

“Honorable Cámara:

La Comisión de Defensa Nacional pasa a informar, en cumplimiento del mandato entregado por esta Cámara, sobre la materia señalada en el epígrafe, de conformidad a los siguientes antecedentes:

I. ORIGEN.

El origen de este trabajo se encuentra en el acuerdo Nº 397-A, adoptado por la Cámara de Diputados en su sesión 60ª, de 3 de abril de 1996, en virtud del cual, reconociendo la labor efectuada por la Comisión respecto del cumplimiento de un anterior acuerdo, relacionado asimismo con el Servicio Militar Obligatorio y en atención a que de ese trabajo surgían diversos aspectos que justificaban la realización de un análisis más pormenorizado, dispuso se efectuara un nuevo estudio sobre:

-la conveniencia de una eventual profesionalización del contingente y el consiguiente tránsito hacia una conscripción voluntaria;

-la posibilidad de incluir la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del servicio militar obligatorio, y

-la consideración del perfeccionamiento de instancias que cautelen eficazmente los derechos de los reclutas.

II. PLAZO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL ENCARGO.

Para el cumplimiento de este encargo, la Cámara de Diputados fijó a la Comisión un plazo de 120 días.

III. ACTUACIONES DE LA COMISIÓN.

a) Sesiones.

La Comisión celebró un total de diez sesiones, las tres primeras dentro del período de la anterior legislatura extraordinaria y las siete últimas en el actual período ordinario.

b) Personas recibidas.

Durante el cumplimiento de su cometido, la Comisión recibió el parecer de las siguientes personas:

-Don Gonzalo García Pino , abogado, asesor político del Ministro de Defensa Nacional .

- Don Mario Polloni Contardo , asesor del Ministerio de Defensa Nacional en asuntos militares.

- Don Miguel Ángel Moraga Guerrero , Secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional .

- Don Marcelo Jiménez Peñailillo , miembro del área de trabajo de Objeción de Conciencia de Amnistía Internacional.

-Don Fernando Aliaga Rojas , Secretario Ejecutivo de la Corporación Servicio Paz y Justicia.

-Don Luis Cárdenas, Presidente de la misma Corporación.

-Don Luis Alvarado , coordinador de la Corporación señalada.

-Don René Donoso, representante de la Vicaría de Pastoral Social.

-Don Jorge Torres , Presidente del Instituto Nacional de la Juventud .

- Don Kenneth Mac Farlane Leupin , Jefe de la Unidad de Estudios Legislativos del Instituto señalado.

c) Documentos recibidos.

La Comisión recibió la siguiente documentación:

1. Objeción de Conciencia en América Latina, trabajo preparado durante el Segundo Encuentro de Objetores de Conciencia, efectuado en Santiago de Chile entre el 2 y el 7 de octubre de 1995.

2. Objeción de Conciencia al Servicio Militar, documento preparado por Amnistía Internacional, el que contiene un análisis de la situación de la objeción de conciencia en diferentes países.

3. Objeción de Conciencia, documento preparado por la Sección Chilena de Amnistía Internacional, en que se analiza el tema desde distintos puntos de vista (frente al Servicio Militar, a los tiempos de guerra y de paz, al Estado, a la Iglesia Católica, etc.), se señala el marco teórico y se efectúa una reseña histórica.

4. Presentación de la Sección Chilena de Amnistía Internacional ante esta Comisión referente al tema de la Objeción de Conciencia.

5. La Objeción de Conciencia y la Profesionalización del Contingente, presentación ante la Comisión efectuada por el señor Gonzalo García Pino .

6. Análisis del artículo 30 de la Constitución española, referente al derecho y al deber de los españoles de defender a España. Texto tomado del Tratado sobre Derechos Fundamentales y Principios Constitucionales, del profesor Francisco Rubio Llorente , aportado a la Comisión por el señor Gonzalo García Pino .

7. Fundamentación de la Objeción de Conciencia como causal de exención del Servicio Militar Obligatorio. Presentación de la Corporación Servicio Paz y Justicia ante la Comisión.

8. Copia de la Declaración Pública efectuada por la Red de Objeción de Conciencia de Chile, aportada por la Corporación Servicio Paz y Justicia.

9. Servicio Militar Obligatorio y violación de los Derechos Humanos en Chile, informe preparado por la Corporación Servicio Paz y Justicia.

10. Proposición de un proyecto de ley, incorporando la objeción de conciencia como causal de exención del Servicio Militar Obligatorio, enviado por la Corporación Servicio Paz y Justicia.

11. Informe referente al Servicio Militar Obligatorio y la Objeción de Conciencia, presentación ante la Comisión del Instituto Nacional de la Juventud.

12. Documentos aportados por la Biblioteca del Congreso Nacional:

a. Ley Nº 24.429 sobre Servicio Militar Voluntario de la República Argentina.

b. Anteproyectos de ley sobre el Servicio Patriótico y sobre Servicio Militar o Social de la República de Guatemala .

c. La Objeción de Conciencia al Servicio Militar, informe preparado por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, de la Organización de las Naciones Unidas.

d. Copia de diferentes resoluciones adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la organización de las Naciones Unidas, sobre la objeción de conciencia al servicio militar, derechos del niño, de las minorías étnicas y otras.

e. Copia del Comentario General aprobado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, sobre el párrafo 4 del artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

f. La Objeción de Conciencia como Derecho Humano Universal, resumen de los puntos principales sobre la materia de la Organización de las Naciones Unidas.

g. Listas de países o territorios clasificados en función de la situación imperante en ellos en lo que respecta al servicio militar obligatorio y al servicio sustitutorio.

h. La Objeción de Conciencia, una visión jurídica, artículo firmado por el abogado señor Héctor Salazar Ardiles .

13. Razones para ser un objetor de Conciencia. Hacia un Decálogo del Objetor, artículo firmado por el señor Luis Cárdenas de la Corporación Paz y Justicia.

14. Las iglesias, el servicio militar obligatorio y la objeción de conciencia, artículo firmado por el profesor Mario Madrid-Malo Garizábal .

15. Comentario de la Comisión Sudamericana Paz, Seguridad, Democracia acerca del preinforme sobre el Servicio Militar Obligatorio, enviado por el Secretario Ejecutivo de esa institución señor Carlos Contreras Quina .

16. Comentario sobre el mismo preinforme remitido a esta Comisión por el Brigadier General Roberto Arancibia Clavel, Director de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

17. Comentario sobre el preinforme ya señalado enviado por el Vicealmirante Alfredo Gallegos Villalobos, Vicepresidente Ejecutivo del Centro de Estudios Estratégicos de la Armada.

18. Informe sobre el Servicio Militar Obligatorio en Chile, sus alternativas de cumplimiento y la objeción de conciencia, preparado por el abogado señor Miguel Ángel Navarro Meza .

19. Análisis técnico del Servicio Militar Obligatorio en Chile, preparado por el señor Eduardo Santos Muñoz , de Ingeniería, Estructura, Computación.

20. La objeción de conciencia al Servicio Militar en Francia y el proyecto de reforma del actual servicio nacional hacia un “Servicio nacional voluntario.”, trabajo preparado por el Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional.

21. Objeción de conciencia y profesionalización del contingente, trabajo preparado por el mismo Departamento mencionado.

22. Objeción de conciencia y conscripción militar, trabajo de investigación documental preparado por el señalado Departamento de Estudios.

23. El suicidio en el Servicio Militar, análisis cuantitativo preparado por el Área de Relaciones Internacionales y Militares de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede Chile.

24. Reflexiones sobre la Objeción de Conciencia, documento preparado por el Diputado señor Jorge Ulloa Aguillón .

IV. RESEÑA DE LAS OPINIONES RECIBIDAS POR LA COMISIÓN.

1º Don Gonzalo García Pino, asesor político del Ministro de Defensa Nacional (Sesiones 11a. de 5 de marzo, 15a. de 16 de abril y 7a. de 6 de agosto de 1997).

En su exposición, hizo presente que los tres temas en estudio por parte de la Comisión, se encontraban estrechamente relacionados con las nuevas medidas que el Ministerio desarrollaba en torno al Servicio Militar Obligatorio.

Recordó que al asumir el actual Ministro , se conocían una serie de antecedentes que colocaban en un nivel crítico al Servicio Militar, siendo el más delicado el relativo al creciente número de personas que no se inscribían en los cantones de reclutamiento.

Al respecto se efectuaron dos encuestas, una en 1994 y la otra a fines de 1995. De estas consultas se concluyó que los puntos más relevantes eran los que decían relación con la utilidad del servicio y con el maltrato al interior de los regimientos.

En lo que dice relación a la utilidad, pudo notarse que la percepción de los jóvenes era que se tenía mucho tiempo ocioso, sin mayor provecho en términos generales, pero no en lo que dice relación a las enseñanzas y prácticas de defensa del país, sobre las que no había críticas.

Explicó que en lo que se refiere al desarrollo útil de los conscriptos, las prácticas del Servicio habían quedado sobrepasadas como consecuencia del avance de la sociedad y del alfabetismo, por ello se quiso ahora darle un nuevo enfoque, recogiendo en gran medida las proposiciones formuladas por esta Comisión.

En lo que se refiere al maltrato, señaló que a este respecto existían una serie de mitos transmitidos oralmente por generaciones, relativos a hechos o sucesos que nunca terminaban de aclararse. El Ministerio, a fin de analizar este acápite, realizó una encuesta entre 1200 conscriptos licenciados en los años 1994 y 1995. El resultado arrojó un porcentaje de maltrato, reconocido efectivamente, igual al 17%. Dentro del concepto de maltrato, se distinguía entre agresiones verbales, agresiones físicas y el llamado aporreo, entendido esto último como la realización de actividades físicas extenuantes orientadas a la obtención del rendimiento adecuado. Del 17% mencionado, sólo un 1,2% reconocía haber recibido malos tratos frecuentes.

A este mismo respecto, aclaró que el primer resultado sobre maltrato, obtenido en la primera encuesta realizada en el año 1994, había arrojado un porcentaje de 40%, resultado que había sido desechado por contener una serie de imprecisiones producto de la forma de encuestar, ya que la consulta no fue, como en 1995, dirigida a indagar si se habían recibido malos tratos, sino sobre la percepción de su existencia que tenían los conscriptos.

Lo anterior, entonces, permitiría afirmar que el maltrato no forma parte de la doctrina de la instrucción.

Explicitando el porcentaje de 17% de maltrato, señaló que tal porcentaje se descomponía en un 14,9% que declaraba haber recibido agresiones físicas, de los cuales un 10% reconocía este tipo de agresiones pero sólo ocasionales; un 3,7% señalaba que las agresiones eran frecuentes y 1,2% que eran permanentes. Puntualizó que tales porcentajes, en relación al maltrato general percibido en la sociedad nacional, sería bajo, aunque no por ello dejaba de ser grave.

Hizo presente que resultaba imperioso disminuir o eliminar tales porcentajes, por cuanto el Ministerio buscaba implementar el reconocimiento voluntario de filas, lo que podría parecer poco razonable frente a la conciencia de maltrato existente.

Estimó importantes las medidas a adoptar para disminuir tal problema, ya que ello cambiaría la reacción de la juventud. Estas medidas ya anunciadas, serían las siguientes:

a) Frente a la constatación de que los malos tratos provendrían de los suboficiales y clases, la responsabilidad del manejo del contingente correspondería a la oficialidad.

b) La delimitación del concepto objetivo del maltrato. Se analizaría modificar el reglamento de disciplina de manera de precisar y distinguir las conductas ilícitas y abusos de poder, de las prácticas correspondientes al llamado aporreo.

c) En el caso de acontecer hechos lamentables, la información debe ser veraz y oportuna a fin de evitar las noticias incompletas que no satisfacen a los familiares.

d) En lo que se refiere a los controles, éstos se realizarían periódicamente y sin previo aviso por las inspectorías generales y con contacto directo con la conscripción. Estimó que tal mecanismo respetaba adecuadamente la jerarquía militar, puesto que la inspección se efectuaría por personas con más grado que el comandante de la unidad y se informaría bimensualmente al Ministerio.

En lo que respecta a la aplicación del sistema del primer llamado voluntario, expresó que este nuevo mecanismo había superado todo lo esperado, porque el promedio de presentación voluntaria había alcanzado al 38%, cifra promisoria que permitía abrigar la idea de que serán más voluntarios que obligados los que cumplirán con el Servicio Militar.

En lo relativo a la idea de establecer la objeción de conciencia como causal de exclusión del Servicio Militar, expuso que no resultaba posible incluirla como tal sin proceder previamente a una reforma constitucional. Recordó, al efecto, que los países europeos que contemplan esta causal, lo hacían en virtud a que sus respectivas constituciones la establecían y no como una extensión de la garantía constitucional de la libertad de conciencia, que sería lo que se pretendería en el país, porque ello llevaría a relativizar los mandatos legales, pudiendo cualquier persona, en base al ejercicio de dicha libertad, eximirse del cumplimiento de otros deberes como el pago de impuestos, por ejemplo.

En cuanto al hecho de que los tratados internacionales de que Chile es parte, consagrarían tal causal y, por lo tanto, obligarían al país, sostuvo que ninguno de esos tratados obligaba derechamente por cuanto, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de libertad de conciencia y religiosa, acepta como límites las restricciones provenientes de la seguridad y del orden del país. Asimismo, la única referencia que existe en los demás tratados sobre derechos humanos que atañen al país, estaría referida al ámbito del servicio militar pero remitida a la prohibición de realizar trabajos forzosos. No obstante, ese mismo tratado no da el carácter de trabajo forzoso al servicio militar. De lo anterior, concluye que ninguno de tales tratados obliga al país a incorporar la objeción de conciencia en su ordenamiento interno.

Respecto a las apreciaciones político estratégicas que podrían efectuarse como consecuencia de la posible incorporación de la objeción de conciencia al ordenamiento interno chileno, recordó que existían en el mundo, en general, tres modelos de servicios militares: el modelo obligatorio universal, basado en los principios de universalidad, solidaridad y obligatoriedad, con aplicación sólo en países que viven situaciones especiales como Israel y, en la práctica, casi inexistente porque la universalidad en el hecho no puede cumplirse; el modelo obligatorio selectivo, que se basa sólo en los principios de obligatoriedad y solidaridad y que es el de mayor aplicación mundial, y el modelo voluntario profesional.

Refiriéndose al modelo obligatorio selectivo, dijo que, necesariamente, implicaba un principio de discriminación porque no todos pueden efectuar el servicio, luego resultaba necesario aplicar un sistema de selección que fuera justo, pronunciándose por uno que recurriera a sorteos o de sujeción al azar, que deje a todos afectos a la posibilidad de hacerlo.

Luego, siendo el modelo obligatorio selectivo el adoptado por nuestro país, manifestó querer referirse a la situación en España y en Alemania, países que tienen igual sistema, y que han incorporado a sus constituciones la objeción de conciencia y, por lo mismo, han implementado en sus legislaciones internas servicios civiles substitutorios, elemento que constituye una verdadera condición para que en un régimen como los mencionados, todos puedan realizar un servicio a su país, el que se considera como un deber cívico.

En Alemania, el proceso de reclutamiento se genera desde la Oficina de Control del Habitante, la que informa a las oficinas de reclutamiento acerca de las personas en edad de cumplir con el servicio. Se efectúa un riguroso proceso de selección, examinándose al personal en más de 60 sedes a lo largo de todo el país, proceso que permite destinar a los postulantes a la institución y especialidad más acorde con sus cualidades. Las Fuerzas Armadas contemplan una serie de incentivos para quienes cumplen con el servicio, tales como el pago de beneficios de distinta índole que aumentan en la medida que se obtiene una mayor instrucción, especialización o ascenso; reducción del período del servicio a diez meses; beneficios especiales para quienes prorrogan su permamencia hasta 23 meses; bonos de movilización; capacitación, etc.

La objeción de conciencia está contemplada en el artículo 4º de la Constitución, estableciéndose que nadie puede ser obligado a prestar servicio militar en contra de su conciencia. Los fundamentos para esgrimir esta causal pueden ser religiosos, éticos o morales. Hasta 1983, el procedimiento para la acreditación de esta causal fue muy riguroso, pero luego derivó en un mero trámite documental por medio del correo, hasta el punto que el 90% de las solicitudes son aceptadas, rechazándose sólo aquellas que contienen errores de forma como datos incompletos o que son presentadas fuera de plazo.

En todo caso, para las autoridades germanas el primer deber del ciudadano es con el servicio militar y la defensa del país, y el derecho a la objeción de conciencia se genera a partir de la obligación de defensa del país. En virtud de lo anterior, el servicio civil substitutorio no constituye una alternativa a elección del ciudadano sino que debe alcanzar el derecho a acceder a él por medio de la demostración de una condición personal. Este servicio civil se realiza en instituciones u organizaciones no gubernamentales y consiste en el cumplimiento de actividades de carácter humanitario, social, de protección del medio ambiente y de agricultura. Quienes prestan el servicio civil gozan de los mismos beneficios económicos de los conscriptos pero sin los aumentos por mayor capacitación o ascensos; asimismo, la duración del servicio es de 13 meses en lugar de 10. La organización que planifica y organiza el servicio civil depende del Ministerio de la Familia y los cargos que se ofrecen o existen son superiores en número a la cantidad de objetores, característica que da credibilidad e igualdad en el ejercicio de esta obligación y que constituye un factor esencial para el éxito del sistema.

En lo que se refiere al sistema español, señala que se flexibilizó considerablemente el sistema del servicio militar obligatorio, no obstante el hecho de que el país camina hacia el sistema voluntario profesional, el que, en términos generales, significará un costo adicional ascendente a un 30% a 70% más que el actual, alcanzando al 1,6%, a lo menos, del producto interno bruto.

La Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza de las Fuerzas Armadas tiene a su cargo todo el proceso de reclutamiento del personal, tanto de los conscriptos como de los postulantes a las escuelas matrices. Existen 203 Oficinas de Información al Soldado o Marinero que cubren la totalidad del país.

El derecho a la objeción de conciencia está establecido en el artículo 30 de la Constitución y la calidad de objetor puede obtenerse mediante el reconocimiento que entrega el Consejo Nacional de la Objeción de Conciencia. El estudio, la proposición y la aplicación de las políticas a seguir respecto de la objeción de conciencia y de la prestación social, corresponde a la Dirección Nacional de Objeción de Conciencia. No obstante, contrariamente a lo que sucede en el sistema alemán, presenta una serie de dificultades, siendo una de las más importantes el hecho de que las personas que diseñaron el mecanismo no previeron la respuesta de la juventud española en orden a utilizar este derecho como una mera fórmula para eludir el servicio militar; simplemente creyeron que quienes esgrimieran tal derecho, constituirían una minoría de escasa magnitud. Actualmente existen en España 328.522 objetores y se espera que en el presente año esa cifra aumente en 95.000 personas más. Este exceso ha llevado a la autoridad a señalar que más que objetores de conciencia, existen en el país objetores de conveniencia.

Hizo presente que prácticamente todas las solicitudes de reconocimiento de la calidad de objetor son aceptadas y desde su implementación en 1984, la cifra ha ido creciendo progresivamente hasta llegar al número actual. Dijo que el sistema es similar al alemán, fundándose en motivos éticos, morales o religiosos. No es posible comprobar la concurrencia de los fundamentos de la causal porque no existe infraestructura suficiente y, aunque la hubiera, no existe método conocido alguno que permita verificar esos fundamentos con algún grado de certidumbre. En consecuencia, se acepta como verdadero lo declarado en un documento.

Existe también un servicio civil substitutorio, traducido en una prestación social dirigida por la Dirección General de la Objeción de Conciencia, la que por medio de la Oficina para la Prestación Social de los Objetores de Conciencia, busca permanentemente la generación de nuevos puestos de trabajo civil. No obstante, la diferencia con el sistema alemán se encuentra nuevamente en la ineficiencia del sistema, por cuanto de 279.550 objetores reconocidos, sólo 59.917, un 20% del total, cumplen con el servicio a la sociedad. Lo anterior sucede porque ni el Estado ni la sociedad han podido ofrecer condiciones mínimas de equilibrio entre las prestaciones efectivas del servicio militar y el civil.

Estimó importante considerar los ejemplos reseñados, toda vez que las legislaciones alemana y española son referentes habituales de la nacional y porque no resulta posible desvincular la posibilidad de avanzar en materia de objeción de conciencia del sistema de servicio militar que se aplica.

Sostuvo que, además de requerirse una reforma constitucional para la aplicación de la objeción de conciencia en Chile y que el país no está obligado a incorporar dicha objeción por aplicación de los tratados internacionales de que es parte, si se quisiera implementar en el país un mecanismo que contemplara esa causal, deberían tenerse en cuenta los siguientes elementos desde el punto de vista político estratégico: a) necesidad de crear capacidad como para tener un servicio civil substitutorio que mantenga la condición de servicio militar selectivo existente en el país, ya que, en caso contrario, sin un servicio civil que funcione realmente, a la vuelta de algunos años, la aplicación del sistema llevaría a la profesionalización del contingente; b) para que un servicio civil fuera justo en el país, se requeriría contar con una cantidad de empleos muy superior a las plazas que ofrece el servicio militar. Señaló como ejemplo que si el servicio militar cuenta con 30.000 plazas, el servicio civil debería disponer de 90.000; en todo caso, el mínimo tolerable podría ser, en el ejemplo señalado, de 70.000 y no debe olvidarse que el país, con un crecimiento del 7,1% en el año pasado, sólo pudo generar 76.000 nuevas plazas.

Cerró este capítulo señalando que estas circunstancias son las que llevan al Gobierno a no avanzar en el establecimiento de una cláusula general de objeción de conciencia, por cuanto se ha descartado, por ahora, la implementación de un sistema militar enteramente profesional. Lo anterior no sólo por razones económicas sino que también por condiciones de índole geográfica, políticas o estratégicas, sin olvidar, además, la gran presión que existiría sobre los puestos de trabajo, aumentada por la reinserción posterior en la vida civil de los soldados profesionales, después de terminado su período militar en que se habrán preparado exclusivamente para el cumplimiento de sus deberes castrenses.

Refiriéndose a la eventual profesionalización del contingente, específicamente al problema de costos, explicó que ello significaría establecer el acceso por parte de cada conscripto a un sueldo mínimo obligatorio, lo que en términos globales importaría entre 250 y 300 millones de dólares más, sin considerar en esas sumas los mayores gastos que habría que efectuar para dotar al Ejército de medios de entrenamiento y de fuerzas muy superiores a los habituales, conforme a los requerimientos normales de unas Fuerzas Armadas profesionales.

Señaló que tales costos significaban sumas que el Gobierno no está dispuesto a afrontar, razón por las que partiendo de la base de que un conscripto o un soldado es mucho más eficiente mientras más estímulos tenga y más voluntario sea, se ha optado por analizar la implementación de un nuevo incentivo consistente en mejorar la asignación de conscripción, pensándose en una suma de $ 40.000.- mensuales por persona, cantidad que importa un costo relativamente razonable.

Finalmente, justificó esta mejora de incentivos, no solamente como un mecanismo de mejora de los porcentajes de voluntariedad, sino como una compensación a la natural discriminación que presenta el sistema, por cuanto siendo la base de conscripción mucho más numerosa que los requerimientos de personal de las instituciones de la Defensa, necesariamente debe producirse una selección porque no todos pueden cumplir con el Servicio, circunstancia que implica que sólo sea un grupo muy minoritario el que cumple con el servicio, en una proporción de uno a cuatro, por lo que tras esta medida habría un relevante criterio de equidad.

2. Don Miguel Ángel Moraga Guerrero , Secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional (Sesión 12a. de 12 de marzo de 1997).

Junto con efectuar una reseña de lo que es Amnistía Internacional, en el sentido de ser una organización mundial, independiente de todo gobierno, ideología política o credo religioso, que lucha por la protección de los derechos humanos y por la liberación incondicional de los presos de conciencia, añadió que la Organización se opone a todo tipo de discriminación, es decir, religiosa, ética, racial, idiomática, sexual, etc., a la pena de muerte, a la tortura y a toda pena o trato cruel, inhumano o degradante.

Señaló que entre las situaciones anteriores y que daban lugar a la protección de la Organización, se encontraban los objetores de conciencia, es decir, las personas que en atención a convicciones profundas, de naturaleza ética, filosófica, religiosa, morales, humanitarias u otras, se oponen a ser reclutadas o a tomar parte, directa o indirectamente, en guerras o conflictos armados.

Para lo anterior, la Organización se basa en principios tales como:

a) la autonomía de la razón es la que permite la consolidación de la conciencia del hombre, de la que emana su libertad, y, por ende, su dignidad;

b) la dignidad, es decir, el respeto a ella, solamente es posible cuando existe libertad;

c) los actos humanos son moralmente buenos cuando proceden de la conciencia libre, motivo por el cual ninguna autoridad puede forzar al hombre a la realización de actos contrarios a su conciencia;

d) la libertad de la conciencia es una exigencia ineludible de la dignidad humana, es la base de los derechos humanos y, por tanto, un factor insubstituible de cada persona y de cada sociedad, lo que la constituye en elemento esencial de la convivencia pacífica de los hombres;

e) de la libertad de conciencia emana la objeción de conciencia que, por alcanzar el ámbito más íntimo y profundo del espíritu, vendría a ser el parámetro de todos los demás derechos fundamentales;

f) la objeción de conciencia como el derecho a permanecer inmune ante cualquier coacción de individuos o grupos de poder, debe ser reconocida y ratificada por la ley civil como un derecho inalienable de la persona.

Como consecuencia de todo lo anterior, frente a las convicciones religiosas, ideológicas o éticas de una persona, el Estado o sus organismos no pueden imponerse porque la conciencia es exclusiva y no puede ser suplantada.

En base a los principios enunciados, Amnistía Internacional considera como presos de conciencia a aquellas personas que sean encarceladas o detenidas por oponerse al servicio militar, cuando el código penal respectivo no reconoce dicha objeción, o no permite que se registre o se deje constancia en casos determinados; cuando el reconocimiento de la objeción es tan restringido que excluye algunos de los motivos de convicción profunda ya analizados; cuando se niega el derecho a alegar la objeción con posterioridad al reclutamiento obligatorio; cuando se sanciona al que abandona las fuerzas armadas por razones de conciencia surgidas después del reclutamiento; cuando no existe el derecho a prestar un servicio substitutivo o éste es de tan larga duración, que puede considerarse como un castigo por la objeción.

Más adelante sostuvo que la Organización estimaba que los cambios anunciados por el Ministerio de Defensa Nacional, no solucionaban el problema de la legalidad de la objeción de conciencia al servicio militar y al uso de las armas, ya sea por razones éticas, filosóficas o religiosas. No habría en la legislación nacional un resguardo para la libertad de conciencia, libertad de la que emana el derecho a la objeción para realizar el servicio o usar armas. Debido a lo anterior, propone legislar considerando las argumentaciones éticas y jurídicas formuladas.

Por último, y ante una consulta sobre los posibles abusos que podrían producirse con el uso de la objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio militar, sostuvo que lo más indicado era legislar al respecto porque la ausencia de reglamentación sobre ciertos aspectos era lo que alentaba las actitudes abusivas.

3. Los señores Luis Cárdenas y Fernando Aliaga Rojas , Presidente y Secretario Ejecutivo de la Corporación Paz y Justicia (Serpaj). (Sesión 12ª de 12 de marzo de 1997).

El señor Cárdenas procedió a explicar la naturaleza del Serpaj, señalando que se trata de un organismo latinoamericano con presencia en 12 países del continente y 22 años de existencia. Su inspiración es cristiana, ecuménica y humanista, basada en el principio de la no violencia activa. Uno de sus fundadores es el Premio Nobel de la Paz, el señor Adolfo Pérez Esquivel . Su sede se encuentra en el Ecuador y desde hace 20 años tiene también presencia en Chile.

Agregó que actualmente la Corporación coordina la Red Chilena de Objeción de Conciencia, la que a su vez es parte de la Red Latinoamericana de Objeción de Conciencia, integrada por 17 países del subcontinente.

Señaló que para ellos la objeción de conciencia consiste en un rechazo a una ley u orden particular, motivada por la coherencia con los propios y fundamentales principios, es decir, en razón de la conciencia. Objetores de conciencia, por tanto, serían aquellos que han corrido el riesgo de condenas políticas o religiosas antes de realizar u omitir una acción en contra de sus convicciones.

El fundamento para objetar residiría en la capacidad y dignidad inviolable de la conciencia humana, libertad de conciencia afirmada en la ética universal y reconocida en esta época en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y en todas las constituciones de los estados modernos.

La libertad de conciencia como derecho humano primario, abarca, simultáneamente, dos poderes jurídicos: el de obrar sin impedimentos y el de obrar sin coacción. El conjunto de estos poderes harían al hombre inmune y autónomo. Inmune porque nadie puede impedirle seguir los juicios emitidos por aquella facultad a la que compete dictaminar sobre las cualidades de sus actos, y autónomo porque nadie puede violentarlo para obrar en oposición a esos dictámenes. Por tanto, se viola la libertad de conciencia cuando una persona es víctima de impedimentos o coacciones que afectan su fidelidad al juicio de la razón sobre lo que moralmente puede hacer u omitir en una circunstancia particular.

La objeción de conciencia en un sentido específico, sería aplicable al acto de rehusar el servicio militar obligatorio, derecho reconocido por la Organización de las Naciones Unidas como el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar obligatorio, en ejercicio legítimo de su derecho de libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.

El ejercicio de este derecho puede ser concebido en forma absoluta o parcial. En el primer caso, se traduce en el horror ético a la guerra y en la convicción profunda de que ella puede superarse, trabajando por una cultura de la paz que lleve a deslegitimar la institucionalidad del conflicto bélico y la existencia de las fuerzas armadas, planteando caminos alternativos para dirimir las controversias y construir la paz. En esta misma perspectiva, se pronuncia la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.

En el segundo caso, es decir, la concepción parcial de este derecho, la negativa u objeción se refiere a la intervención en cierto género de guerras consideradas injustas, la prestación del servicio militar en ejercicios o actividades considerados ilegítimas o el cumplimiento de órdenes consideradas indebidas o inmorales, aspecto igualmente reconocido por las Naciones Unidas.

Asimismo, hicieron presente que la objeción puede surgir, de acuerdo a los planteamientos de las Naciones Unidas, antes de prestar el servicio, al momento de rehusarse; al momento mismo de prestar el servicio cuando la repulsa surge al estarse prestándolo, o después, cuando luego de prestado, la persona repele el llamado a participar en movilizaciones o actos bélicos.

Más adelante, fundamentaron la objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio, partiendo de la base de que el hombre es libre porque está naturalmente facultado para determinar por sí mismo el motivo de cada uno de sus actos particulares, pero, en todo caso, esa libertad no es incompatible con el acatamiento a otros deberes y a las necesidades del bien común. El objetor, basándose en principios religiosos o convicciones laicas, se resiste al proceso histórico de legitimación de las guerras y cuestiona el uso de la violencia para la construcción de la historia humana. En la actualidad, como se señala en la Declaración Conciliar sobre la Libertad de Conciencia y Religiosa ( Concilio Vaticano II), aumenta el número de quienes exigen que el hombre en su actuación goce y use de su propio criterio y de libertad responsable, no movido por coacción, sino guiado por la conciencia del deber, lo que significa que el derecho a rehusar por fidelidad a sus convicciones, debe ser reconocido por el ordenamiento jurídico del Estado, mereciendo la objeción de conciencia el respeto de la autoridad pública, ya que su desconocimiento sería menospreciar las más altas aspiraciones de la humanidad.

La plenitud de la democracia exige considerar y respetar este derecho humano ya que se trata de una facultad reconocida como tal derecho y como derecho constitucional.

La necesidad de dar un reconocimiento legal y establecer un estatuto jurídico para este derecho en la legislación nacional, encontraría su fundamentación en: a) los constantes llamados de las Naciones Unidas para que los Estados promulguen leyes que validen la objeción de conciencia al servicio militar; b) la correspondencia lógica de aplicar a la objeción de conciencia un estatuto jurídico en atención a la vigencia de la libertad de conciencia, tanto como derecho humano que como derecho constitucional; c) los antecedentes que ya existen en nuestra legislación, en cuanto a reconocer implícitamente la objeción en el caso de las personas religiosas, los Testigos de Jehová y los hijos de víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el régimen militar, y d) la necesidad de lograr mayores índices de plenitud democrática y de modernidad en la convivencia nacional.

Por último, en cuanto a los criterios a seguir para el reconocimiento de la objeción de conciencia en la legislación nacional, señalaron la necesidad de que el ordenamiento interno se ajuste al derecho internacional, atendiendo los insistentes llamados de las Naciones Unidas para que los estados miembros dicten legislaciones en tal sentido; la importancia de que la legislación nacional contemple en su máxima amplitud las causales de objeción; el establecimiento de mínimas formalidades de procedimiento para hacerla valer; la mayor imparcialidad en cuanto a su declaración y reconocimiento; el irrestricto tratamiento desde la civilidad, sin interferencia militar, y, finalmente, la eliminación de toda discriminación entre quienes cumplen con el servicio y los objetores.

4. El señor René Donoso , representante de la Vicaría de Pastoral Social ( Sesión 12a. de 12 de marzo de 1997).

Inició su participación señalando que la entidad que representa se dedica a experiencias de carácter pastoral y de trabajo social con jóvenes provenientes de sectores populares. Añadió que la Vicaría era una dependencia del Arzobispado de Santiago y era la continuadora de parte del trabajo que en un tiempo desarrolló la Vicaría de la Solidaridad.

Hizo presente lo dificultoso que resulta para muchos jóvenes que participan de las actividades pastorales, el cumplimiento del servicio militar, lo que, en cierta forma, significa una ruptura de valores, una discontinuidad del proceso de formación basado en las vivencias del Evangelio y en el sentido de las opciones pacíficas.

Demostró también mucha preocupación por el hecho de que el sector al que pertenecen los jóvenes con los que trabaja la Vicaría, es de extracción popular y se encuentra estigmatizado por concepciones sociales que los identifican con posibles delincuentes o con alteradores del orden público. Estimó que el proceso de selección del contingente sería discriminatorio por cuanto, como es sabido, el grueso de él proviene de los sectores populares, circunstancia que atentaría contra la garantía de la igualdad ante la ley.

Dijo ser partidario de que se consagre la objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio y que la legislación del país se ciña en estos aspectos a la normativa internacional, por cuanto diversos documentos de las Naciones Unidas proponen se respete la libertad de elegir y pueda objetarse el cumplimiento del servicio militar. Citó como precedentes en la práctica nacional, el caso de las personas consagradas y el de los Testigos de Jehová.

Se mostró partidario de legislar al respecto, contándose para ello con un gran rango de participación civil y evitándose situaciones discriminatorias tales como las que exigen para el desempeño de ciertos trabajos el cumplimiento del servicio militar, situación que perjudica a los objetores.

5. Los señores Jorge Torres y Kenneth Mac Farlane Leupin, Presidente subrogante y Jefe de la Unidad de Estudios Legislativos del Instituto Nacional de la Juventud (Sesión 12a. de 12 de marzo de 1997).

El señor Torres procedió a hacer entrega de un documento que contiene antecedentes históricos sobre la instauración del servicio militar y una reseña de la legislación vigente, explayándose, en seguida, sobre los temas de la eliminación de la obligatoriedad del servicio y el establecimiento de un servicio civil alternativo como también sobre los fundamentos de la objeción de conciencia.

En lo que respecta al primer punto, recordó que la creación de un servicio civil alternativo había sido objeto de una moción parlamentaria, que permitía cumplir con el principio de la universalidad e igualar así los deberes ciudadanos, pero tal moción no especificaba el número de objetores ni tampoco los recursos necesarios para su implementación. En todo caso, la proposición garantizaba un número mínimo de conscripción y obligaba a los objetores a cumplir con el servicio en caso de riesgos externos. Tal iniciativa habría sido rechazada por esta Comisión.

En lo que atañe a la objeción de conciencia, señaló que ésta había sido reconocida como un derecho por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1987, fundándose en disposiciones de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que la estiman como una expresión de la libertad de conciencia, de pensamiento y de religión. De acuerdo a lo anterior, la objeción consistiría en el incumplimiento de una norma legítima adoptada por el Estado, que impone un deber personal cuyo cumplimiento produce a la persona de que se trate un grave daño de conciencia, entendiéndose a esta última como los principios de moralidad de la persona.

Al respecto, comentó el contenido de una moción parlamentaria que incluye la objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio y que la define como “el derecho que tiene toda persona por razones de conciencia, por convicciones profundas nacidas de motivos religiosos, éticos, humanitarios o filosóficos a rehusar portar armas, hacer el servicio militar y participar en entrenamientos preparatorios para tener parte directa o indirecta en conflictos armados.”. La misma moción establece un resguardo señalando que estas personas no podrán portar armas ni formar parte de instituciones policiales u organismos públicos o privados que en el ejercicio de sus funciones exijan el porte de armas.

Sobre este punto, hizo presente que la moción que establece el servicio civil alternativo, atentaría contra la causal de objeción, por cuanto garantiza una conscripción mínima, la que de no conseguirse, permitiría recurrir a los objetores.

Sin embargo, encontrando su origen el deber militar en la Constitución Política, la consagración de la objeción también debería estar en ella, caso en el cual dejaría de ser una consecuencia de la libertad de conciencia y pasaría a ser un derecho aplicable directamente.

Más adelante, agregó que lo anterior significaría adecuar la legislación, estableciendo la causal en el artículo 42 de la Ley de Reclutamiento, en términos similares a los propuestos por una tercera moción parlamentaria, pudiendo quedar como sigue: “c) Las personas que, por razones religiosas, filosóficas o morales manifiesten, debidamente fundadas, objeciones de conciencia.”.

Agregó, luego, que el punto más débil que notaba en estas propuestas, era la falta de un procedimiento, proponiendo al respecto el establecimiento de un órgano jurisdiccional que resuelva sobre la materia, el que debería ser un tribunal civil con competencia en el lugar de asiento del cantón, substanciándose la tramitación de acuerdo a las reglas de los incidentes. Podría hacerse parte en este proceso el representante del cantón, en el caso de tener interés en el reclutamiento del objetor.

El peso de la prueba debería recaer sobre el objetor, quien debería acreditar la consistencia y antigüedad de sus convicciones y su carácter personal, no bastando la mera pertenencia a grupos religiosos o filosóficos.

Deberían, en todo caso, contemplarse ciertas presunciones relativas a afinidades religiosas, políticas o morales, siendo el fallo que se pronuncie inapelable.

Una vez ejecutoriado el fallo, el objetor sería incluido en los programas del Servicio Civil Alternativo, para lo cual sería conveniente considerar el grado de preparación que pueda tener a fin de orientarlo a la realización de su práctica profesional. A este respecto, recomendó considerar las proposiciones de una moción parlamentaria que crea la práctica profesional voluntaria como causal de exclusión del servicio (moción archivada por la Cámara a propuesta de la Comisión).

Finalmente, en lo que dice relación con el servicio alternativo, hizo presente que no debería tener una duración inferior al tiempo de la conscripción, sin perjuicio de contemplar flexibilizaciones horarias y de jornadas en relación al trabajo y estudios del objetor.

V. ANTECEDENTES.

1. La Comisión estimó necesario recordar lo ya señalado en su informe anterior, en el sentido de que en relación al servicio militar, existen, al menos, tres sistemas en el mundo:

1º El Ejército de Ciudadanos, llamado también de “milicias”.

Esta modalidad se caracteriza porque el soldado, quien, a la vez, es también un ciudadano, se encuentra afecto a un entrenamiento continuo y permanente a lo largo de toda su vida. En la práctica, el sistema es una combinación de un pequeño contingente de planta permanente o profesional con una conscripción obligatoria y universal, el que abarca todas las edades y efectúa breves y permanentes períodos de entrenamiento anual.

Se trata de un sistema que ha sido adoptado por países que enfrentan especiales circunstancias históricas o geopolíticas y que lo consideran como el que más se aviene a sus necesidades. Tal sucede en Suiza, Suecia e Israel.

2º El Servicio Militar Obligatorio Universal.

Este sistema consiste, básicamente, en que todas las personas que llegan a cierta edad deben ser reclutadas y entrenadas militarmente por un cierto período. El carácter universal es sólo teórico por cuanto nunca puede darse una conscripción que abarque a la totalidad de las personas en edad de cumplir con el Servicio, aun cuando cumple con él la inmensa mayoría de quienes reúnen los requisitos básicos. No obstante lo anterior, algunos de los países adscritos a este sistema, suelen contemplar en sus legislaciones modalidades alternativas de cumplimiento y aceptan como causal de exención la llamada “objeción de conciencia”.

Funciona sobre la base de escuelas matrices (oficiales y suboficiales) de carácter voluntario y una conscripción obligatoria y selectiva. Es el sistema aplicado en Chile y en la mayoría de los países.

Nuestro país ha considerado, históricamente, que este sistema satisface su opción por una estrategia de tipo disuasivo, lo que implica contar, como complemento del estamento voluntario o profesional, una reserva entrenada o “fuerza en presencia”. Cabe resaltar que la obligatoriedad del sistema consiste principalmente en la necesidad de que todas aquellas personas que cumplen una cierta edad, deben presentarse e inscribirse en el cantón respectivo, por cuanto del total de jóvenes en edad de cumplir con su obligación militar, aproximadamente sólo un 25% cumple efectivamente con él.

3º El Ejército Profesional.

Sobre este punto de su estudio, la Comisión optó por transcribir parte del análisis efectuado por el abogado y profesor señor Miguel Ángel Navarro Meza , efectuado en el documento “Informe sobre el Servicio Militar Obligatorio en Chile, sus alternativas de cumplimiento y la objeción de conciencia.”, que se acompaña como anexo a este informe.

“1.- Características.

“Este sistema está centrado en el reclutamiento de un número de individuos, por un período determinado y que son remunerados de un modo equivalente a la vida civil y acorde con la función que realizan. Pasado el tiempo de reclutamiento, el individuo puede volver a engancharse, pasando usualmente al cuadro permanente de la fuerza o alejarse definitivamente del estamento castrense, aunque usualmente quedará adscrito a la reserva.

“El valor disuasivo del ejército profesional voluntario es muy superior al del ejército de conscripción. Ello es consecuencia directa de la mayor capacidad individual del voluntario contratado; a mayor abundamiento, se tiene que este efecto disuasivo se produce aún frente a fuerzas mucho más numerosas. En tal predicado pareciera que el tránsito de un sistema de conscripción a uno de voluntariado permitiría una reducción del número de individuos en armas, manteniendo el mismo nivel de disuasión que existía antes del cambio. Esto es en teoría cierto, pero la aplicabilidad práctica de este aserto es sumamente compleja, en cuanto está influida por numerosos factores.

“Desde luego, no obstante la mayor calidad abstracta del sistema de voluntariado profesional, en su aplicabilidad concreta el grado de superioridad de este esquema frente al de conscripción que reemplaza, puede ser muy variable y aún dudoso. Por otra parte, el proceso mismo de tránsito de un sistema a otro, requiere de un período de afiatamiento durante el cual la calidad del ejército disminuye, afectando la disuasión. Con todo, este último fenómeno puede disminuirse mediante un sistema gradual de transición; además, puede realizarse en períodos de distensión internacional en los cuales el efecto disuasivo general del país es menos relevante.

“La contrapartida a la eficiencia y eficacia de la fuerza profesional es su mayor costo. Esto se refleja por una parte, en el incremento de los costos directos del personal reclutado, manifestado en los sueldos y demás emolumentos, incluyendo previsión, y, paralelamente, en la generación de costos indirectos asociados con el mantenimiento de la moral de las tropas y de la necesidad de contratar mano de obra para la realización de tareas que, siendo aceptables en el caso de conscriptos, no lo son tratándose de voluntarios profesionales.

“Existe además otra cuestión “que siendo de índole moral, tiene sin embargo un efecto en el costo del sistema voluntario. Se trata de la necesidad de mantener al voluntario permanentemente ocupado y entrenado, realizando labores propias de su contribución a la función de defensa. Ambos requerimientos están estrechamente ligados; puesto que el voluntario no puede realizar labores menores sin menoscabo moral y por otra parte debe permanecer permanentemente ocupado, las actividades realizadas deben estar directamente relacionadas con su finalidad militar principal, es decir, debe estar en constante entrenamiento. Este fenómeno ha sido apreciado en aquellos países que han mantenido o incorporado un sistema voluntario contratado asignándole una considerable prioridad. El problema del ocio puede ser ya serio en las fuerzas de conscripción, como de hecho ha quedado demostrado en las encuestas realizadas por el Ministerio de Defensa, y, con mayor razón, lo será entre soldados voluntarios contratados.

“Fluye de lo expresado en los párrafos que anteceden que por su naturaleza, el sistema de voluntario contratado, en comparación con el sistema de conscripción, genera tres tipos de costos distintos, pero cuyo efecto es acumulativo:

“-Costos personales que incluyen el sueldo y demás emolumentos de los voluntarios contratados, que deben ser equivalentes a los de la actividad privada de igual complejidad y riesgo, y las cotizaciones previsionales correspondientes.

“-Costos de entrenamiento y equipamiento que importan los costos de mantener al personal contratado en constante actividad militar, directamente relacionada y orientada a su función primaria de defensa y el valor de los equipos necesarios para que realice a cabalidad su misión. Cabe hacer presente que estos costos no sólo derivan de la necesidad de generar y mantener la motivación primaria de los voluntarios contratados, sino que, además, provienen de la forma como la sociedad reditúa la inversión realizada en el sistema profesional voluntario contratado.

“-Costos indirectos o de reemplazo que se generan por la necesidad de contratar personal especial para realizar aquellas actividades menores que siendo aceptables (aunque no deseables) para los conscriptos, no lo son para los voluntarios contratados. Cabe hacer presente que ese personal de reemplazo no tiene categoría militar, pero sus salarios han de ser igualmente competitivos con los del sector privado de igual jerarquía y nivel de especialización.

“En síntesis entonces, es posible concluir que la modalidad del sistema voluntario profesional es, en términos absolutos, superior al sistema de conscripción obligatoria o selectiva, en cuanto contribuye de mejor manera al cumplimiento de la función de defensa, primeramente proporcionando una disuasión más creíble y eficaz y, si ésta falla, contribuyendo de mejor manera al logro de los objetivos políticos y estratégicos del país. Por las razones antes indicadas, y, en algunos casos, por el menor valor del servicio militar como factor de integración social, se advierte una tendencia en los sistemas comparados hacia el establecimiento de este tipo de modelos.

?2.- Efectos del eventual establecimiento de un sistema voluntario profesional en Chile.

“a.- Aspectos generales.

“En una perspectiva amplia, casi todas las premisas implícitas en el establecimiento de un sistema voluntario profesional son aplicables a la situación chilena, tanto en sus aspectos positivos cuanto en sus limitaciones.

“Desde luego, a lo largo de los años, el efecto de socialización inherente al cumplimiento del Servicio Militar, ha perdido significación, en la medida que han aumentado los estándares educacionales y los efectos del desarrollo social han incrementado el nivel general de la base de conscripción. Con todo, es pertinente destacar que el Servicio Militar tiene una valoración social considerable, que se manifiesta, entre otras formas, por la preferencia que quienes efectivamente lo han hecho, tienen para encontrar trabajo luego de su licenciamiento. Cualidades como la puntualidad, el orden personal y la capacidad de trabajar en equipo, que son inherentes a la instrucción militar, tienen una alta valoración en el mercado laboral y su efecto se proyecta al resto de la sociedad.

“Por otro lado, el Servicio Militar representa un vínculo significativo de la sociedad con la función de defensa, en términos de exponer a una cantidad importante de ciudadanos, en una etapa temprana de sus vidas, con las realidades y la significación de la defensa. La conscripción voluntaria, por ventajosa que pueda parecer para algunos propósitos puramente militares y, especialmente, en la Armada y Fuerza Aérea, tiende a debilitar el nexo entre ciudadanía y Fuerzas Armadas, apuntando por tanto en una dirección opuesta a los esfuerzos realizados para fortalecer las relaciones cívico-militares.

“Desde otro punto de vista, y esto apunta más a la raíz del sistema, el actual Servicio Militar constituye una manifestación concreta del aporte de cada ciudadano a la defensa comunitaria, lo que se enraíza en las tradiciones republicanas del país. En efecto, si bien el actual sistema data de principios de siglo, la contribución personal a la defensa tiene su origen, en Chile, en el sistema de guardia nacional muy difundido durante el siglo XIX y que recoge antecedentes del período colonial, durante el cual la precariedad de la posición de la Colonia hacía indispensable una contribución personal masiva de sus habitantes a preservarla. Durante el siglo XIX la existencia de la guardia nacional generó un positivo punto de encuentro entre la ciudadanía y la función de defensa que, en no poca medida, contribuyó a la existencia de fluidos cauces de comunicación entre el estamento militar y el medio político.

“Lo expresado en el párrafo anterior es significativo en la actualidad, en la medida que la existencia de vínculos sólidos y funcionales entre civiles y militares es fundamental para regularizar definitivamente la relación entre ambos estamentos. Con todo, preciso es destacar que el Servicio Militar es solamente uno de tales caminos y que existen otros, entre los cuales cabe mencionar precisamente el mayor involucramiento de la función parlamentaria en la función de defensa.

“No está ajeno a este debate, la inserción del tema del Servicio Militar en los más amplios parámetros de las relaciones político-militares, lo que da una especial sensibilidad al tema. Ello hace necesario enfocarlo desde una perspectiva eminentemente técnica y en una óptica político-estratégica.

“Existe una percepción, ampliamente difundida, en el sentido que las críticas al actual sistema y el cambio de actitud que respecto de éste se advierte en ciertos sectores de la juventud, tiene una motivación contingente relacionada con la historia política reciente del país. Por otro lado, el tema del Servicio Militar efectivamente amerita un estudio serio y finalizado, orientado a determinar su real vigencia en la sociedad chilena actual y su contribución efectiva a la defensa nacional. Sin embargo, la simultaneidad de ambas aproximaciones inevitablemente complica el estudio del asunto.

“En este mismo sentido, el hecho que el tema se plantee en las postrimerías del proceso de transición a la democracia, le imprime especiales características y puede influir si no en las conclusiones, al menos en la oportunidad y voluntad de materializarlas.

“b.- El entorno estratégico.

“Cualquier apreciación acerca del valor del actual Servicio Militar y los efectos de su reemplazo por un sistema voluntario contratado, está necesariamente condicionado por el entorno estratégico en que se desenvuelve la función de defensa en Chile.

“En términos generales, la situación estratégica regional luego del término de la Guerra Fría, presenta las siguientes características:

“-Colapso del Sistema de Seguridad Hemisférico representado por el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, instrumento que partía de la premisa básica de la existencia de una amenaza extracontinental, de carácter militar e ideológica.

“-Subsistencia de Políticas de Poder caracterizadas por la utilización explícita y consciente de todos los factores de poder de los países para lograr fines de carácter político-estratégico.

“-Desfase entre los procesos de integración económica y concertación política con el desarrollo de esquemas de seguridad. Esto implica un desbalance y una tardanza en el tratamiento de los temas de seguridad, lo que apunta a la generación de inestabilidad potencial. Sabido es que en los sistemas comparados el tema de la seguridad generalmente ha antecedido al de la integración política y económica.

“-Conciencia creciente del valor de los subsistemas regionales de seguridad. Esta aproximación al tema hace más viables los sistemas de seguridad pero al mismo tiempo incrementa el valor individual de los estados dentro de su propio subsistema. Actualmente Chile, por su posición geográfica, es posiblemente el actor de mayor relevancia en la ecuación de seguridad del Cono Sur.

“-Reconocimiento expreso del concepto de equilibrio estratégico como fundamento de los sistemas de seguridad subregionales. Este fue, por ejemplo, el fundamento básico del reciente acuerdo de seguridad entre Brasil y Argentina, que constituye la vertiente estratégica del Mercosur.

“En síntesis, el entorno de seguridad regional está caracterizado por el desarrollo de un proceso de cambios y adaptación a las nuevas condiciones de integración económica y concertación política, pero condicionado por la subsistencia de políticas de poder y relaciones de seguridad de carácter confrontacional. Es oportuno destacar, además, que los procesos de cambio en los esquemas de seguridad internacional históricamente han generado incertidumbre estratégica, ante la cual los estados reaccionan aumentando su seguridad individual.

“Fluye de lo expuesto que en las actuales condiciones de seguridad internacional, para Chile es indispensable mantener un adecuado nivel de disuasión, tanto en un sentido absoluto en cuanto soporte de la política exterior de la República como para servir de fundamento a un nuevo sistema de seguridad subregional que inevitablemente estará basado en una forma de equilibrio estratégico con los países vecinos.

“c.- Conscripción y Sistema Voluntario Contratado y su efecto en la disuasión.

“En general, los estudios y las propuestas acerca del reemplazo del actual sistema de Servicio Militar por uno de carácter voluntario contratado, asumen que siendo este último de mayor costo, ello puede paliarse, al menos en parte, merced de una reducción de individuos en armas. Tal predicado parte de la base que tal ejercicio es posible en términos de mantener los actuales niveles de disuasión que genera el Ejército.

“Aunque en una perspectiva absoluta, el valor de un ejército profesional voluntario es superior desde el punto de vista de la disuasión, el grado específico de tal valor superior es sumamente complejo de determinar, en cuanto la disuasión es, por definición, una cuestión eminentemente subjetiva. En los sistemas comparados no existen estudios que permitan afirmar con certeza el grado de “reemplazabilidad” de los conscriptos por los voluntarios contratados. Esto, desde luego, apunta a que cualquier cálculo financiero sobre el valor de un sistema de voluntarios contratados, debe asumir que su número deberá ser básicamente similar al actual.

“Por otra parte, en una perspectiva estratégica más amplia, el grado de disuasión que se pretende tenga el Ejército, estará supeditado a una decisión política respecto de cuales serán los pilares fundamentales de la disuasión como fundamento de la política de Defensa Nacional. Esta es una cuestión extremadamente compleja y se desenvuelve en un universo político altamente sensitivo. Por otra parte, tal decisión sólo puede ser tomada dentro de un esquema más amplio de nuevas definiciones de la función de defensa en Chile, proceso que según todas las evidencias, está en sus etapas más primitivas.

“En suma, entonces, el valor disuasivo del sistema profesional y, por consiguiente, el número de individuos en armas y su costo financiero, deberían estar determinados, primeramente, por una consideración general acerca del valor del Ejército en la ecuación de defensa del país y, luego, por una decisión específica acerca del grado de “reemplazabilidad” de los actuales soldados conscriptos por voluntarios profesionales.

“En la medida que ninguno de tales predicados ha sido realizado y que, por otra parte, la problemática de seguridad en el país en el período de la Post Guerra Fría sigue siendo similar a la anterior y, por ende, la necesidad de generar una adecuada disuasión subsiste inalterada, la determinación de los costos del sistema de voluntarios necesariamente debe asumir que su número será similar al de los actuales conscriptos.

“d.- Costos estimados del Sistema Voluntario.”.

De acuerdo al análisis efectuado por el profesor señor Navarro “El estudio general de costos asume igual número de soldados voluntarios (30.000) que conscriptos. De igual modo se fija un salario de $ 100.000 para cada voluntario, con un 14% de cotización previsional.

“El análisis del costo actual de la conscripción está actualizado a 1996 mientras que los costos calculados para el sistema voluntario lo son en valores de 1997, con un dólar promedio de $ 420.-

“Costos del sistema de conscripción a 1996.

01

02

03

“Es pertinente hacer notar que mientras que el incremento en sueldos es del 677% (US$ 13.635.429 a US$ 105.857.143), el incremento total del costo es sólo del 87,7% (de US$ 105.212.999 a US$ 197.434.714), es decir, un total de US$ 92.221.715.

“Cabe hacer presente, con todo, que los costos operacionales del sistema voluntario se han considerado como iguales a los actualmente existentes, lo que en la práctica no se compadece con la necesidad de adiestramiento constante y la renovación de material aparejada. Tampoco se han tomado en consideración los costos derivados de la necesidad de contratar personal para realizar aquellas labores incompatibles con la calidad profesional de la actividad del voluntario.”.

V. CONCLUSIONES.

A. Mandato de la Cámara a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía.

La Comisión acuerda dejar constancia que en razón de haber encomendado la Cámara, mediante el acuerdo Nº 501, de 9 de abril de 1997, a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía conocer los antecedentes sobre situaciones y denuncias de malos tratos de que son objeto los conscriptos durante el cumplimiento de su servicio militar en los recintos militares y, además, proponer las modificaciones legislativas y reglamentarias que permitan resguardar debidamente la integridad de los reclutas, estimó innecesario incluir en su estudio un análisis sobre el tercer acápite encomendado por la Corporación, es decir, la consideración del perfeccionamiento de instancias que cautelen eficazmente los derechos de los reclutas, toda vez que ello significaría una duplicación del trabajo dada la similitud de los temas. A mayor abundamiento, esta Comisión considera que no aparece como recomendable que se encargue a dos Comisiones distintas el estudio de una misma materia.

Lo anterior no le impide reiterar lo ya señalado en su primer informe sobre este tema, en cuanto a expresar su preocupación por la ocurrencia de casos de malos tratos que son suficientemente conocidos por la opinión pública, los que afectan negativamente la imagen del servicio militar, a la vez que son determinantes para el éxito de las reformas en marcha.

Hecha la prevención anterior y ateniéndose al tenor del mandato entregado por la Cámara, acuerda formular las conclusiones de su informe separadamente por cada uno de los temas encomendados.

Voto disidente.

El Diputado señor Letelier, don Juan Pablo se manifestó en contra de la frase final del primer párrafo de esta letra, por estimar que las expresiones empleadas constituían una crítica a la Sala que no correspondía, por cuanto el encargo efectuado a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía se basó en una situación coyuntural generada por los sucesos acaecidos en el Regimiento Yungay, de San Felipe, los que, a su juicio, justificaban una investigación especial.

B. Conveniencia de una eventual profesionalización del contingente y el consiguiente tránsito hacia una conscripción voluntaria.

1. La Comisión estima que, si bien desde el punto de vista de lo ideal, el sistema más conveniente y apropiado sería el del servicio militar voluntario u ocupacional, la realidad la lleva a reiterar su anterior opinión sustentada en su informe de fecha 21 de junio de 1995, en el sentido de que debe mantenerse el sistema obligatorio universal selectivo imperante, sin perjuicio de introducirle las necesarias correcciones dirigidas a su modernización, perfeccionamiento y adecuación a las circunstacias actuales.

Fundamenta su parecer, además de las razones aducidas en el informe citado, en la concurrencia de las siguientes consideraciones:

-Lo poco oportuno que sería propiciar ahora un cambio, toda vez que, a sugerencia de esta misma Comisión, se encuentran en marcha una serie de medidas implementadas por el Ministerio de Defensa Nacional, por medio de la Dirección General de Movilización Nacional, tendientes a la actualización, perfeccionamiento y modernización del servicio militar.

Estas medidas, inspiradas en la idea de “voluntariedad hasta donde sea posible y obligatoriedad hasta donde sea necesario”, comprenden la introducción del primer y segundo llamado a reconocer filas, la implementación de incentivos tales como becas de estudio, programas para concluir los estudios de educación básica y media, puntaje para obtener subsidios habitacionales, capacitación, entre otras.

Cabe hacer presente que el mecanismo del primer y segundo llamado, consistente en dar preferencia para la realización del servicio a quienes deseen hacerlo en forma voluntaria y, solamente en el caso de que no se llenen todos los cupos, proceder a un segundo llamado, esta vez de carácter obligatorio, ha arrojado resultados promisorios toda vez que en el verano anterior (1996-1997) acudió al primer llamado un porcentaje igual al 38% del total de la conscripción. Ello, sin perjuicio de perfeccionar el mecanismo en cuanto a que quienes concurran al primer llamado sepan que con ello están expresando una voluntad de hacer el servicio militar en forma voluntaria.

Por último, no debe perderse de vista que en Chile sí existe un Ejército profesional, voluntario y remunerado, que es el que corresponde a las escuelas matrices de oficiales y sub-oficiales. Lo que es obligatorio (y selectivo) es la conscripción que sirve de complemento necesario de aquél y que apunta a contar con una “fuerza en presencia” dentro de la estrategia disuasiva que es característica de nuestra política de defensa;

-Existe, además, un conjunto de razones históricas y de carácter socio cultural que deben considerarse para los efectos de analizar un posible cambio de sistema. En efecto, el llamado “Servicio Militar Obligatorio” ha permitido un acercamiento entre la sociedad civil y las Fuerzas Armadas; constituye una demostración de que el ejercicio de la ciudadanía comprende no sólo el ejercicio de derechos, sino también obligaciones o deberes; la licencia militar significa para muchos jóvenes un medio que les facilita su inserción laboral, y, por último, el Servicio forma a la juventud en una serie de hábitos tales como el orden y la disciplina, junto a la formación en ciertos valores, como el amor patrio, que no cabe desdeñar.

2. La Comisión estima, asimismo, que, sin perjuicio de los esfuerzos modernizadores reseñados, especialmente aquellos referidos a la introducción de incentivos orientados a la creación de una nueva base motivacional para los jóvenes que hacen el servicio militar, sería posible continuar avanzando en el perfeccionamiento y profundización de estos incentivos, tendiente a la conformación de un contingente cada vez más voluntario. Por ello, teniendo en cuenta el carácter selectivo del sistema aplicable en el país, especialmente desde el punto de vista socioeconómico y en la línea de las justas compensaciones que ello importaría como obligación del Estado y de la sociedad chilena, considera la posibilidad de que, además de los incentivos en actual aplicación, se estudie la inclusión en ellos de una remuneración mínima para quienes cumplen con esta carga pública, remuneración que podría corresponder al monto del salario mínimo que la ley establece para los menores de 18 años de edad, el que asciende hoy día a la suma de $ 61.445.- mensuales.

3. Estima, asimismo, la Comisión que, existiendo actualmente en la legislación cuatro modalidades para el cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio; a saber, la conscripción ordinaria, los cursos especiales, la prestación de servicios y el servicio militar alternativo para estudiantes, sería factible analizar, sin que sea necesario efectuar una modificación legal previa, la posibilidad de nuevos incentivos en torno a esas cuatro modalidades.

4. Como ya se ha dicho anteriormente, el mandato de la Cámara comprende el encargo de analizar la posibilidad de la profesionalización del contingente, mandato que esta Comisión no cumpliría a cabalidad si no efectuara una rápida reseña de los motivos que la llevan a no propiciarla por ahora.

En efecto, no obstante reconocer que la característica de ser enteramente libre o voluntario y, además, remunerado -circunstancias que le dan una base motivacional que incide en la calidad y efectividad del servicio militar- lo que le hace aparecer como recomendable en términos ideales, concurren a su respecto una serie de factores que, en el corto plazo, no lo hacen viable.

Entre ellos, cabe destacar su elevado costo financiero, conforme al análisis efectuado en el Nº 3º del capítulo V Antecedentes de este informe, y la necesidad de una reforma constitucional para implementarlo, toda vez que la actual Carta Fundamental considera al servicio militar como una carga pública o personal, conforme lo dispone su artículo 22, incisos tercero y cuarto.

Sin embargo, la Comisión reafirma su parecer ya expresado en el primer informe sobre esta materia, en el sentido de no descartar a priori o en términos definitivos este sistema (voluntario y ocupacional), en atención a las bondades que presenta en términos ideales. De esta manera, concurriendo las condiciones que lo hagan viable (financiera, constitucional e institucionalmente hablando), podría preferírsele a las otras modalidades.

Constancia.

La Comisión aprobó esta letra por unanimidad, pero convino en dejar constancia del parecer del Diputado señor Juan Pablo Letelier quien, no obstante no poder concurrir a la votación por tener que ausentarse, expresó no concordar con la idea de considerar inconveniente la modificación del actual sistema por cuanto ello implicaba un juicio subjetivo de respaldo a lo que hoy existe, sin perjuicio de considerar, además, que ello avalaba la actitud del Ministerio de Defensa Nacional, en lo que se refiere a la aplicación de algunas de las últimas modificaciones propuestas por esta misma Comisión en el informe anterior, tal como el mecanismo del doble llamado, el que, según su parecer, no habría sido tal sino que un mismo llamado con distintas fechas.

C. Posibilidad de incluir la objeción de conciencia como causal de exclusión del cumplimiento del Servicio Militar Obligatorio.

1. A este respecto, la Comisión conviene en hacer presente al Ministerio de Defensa Nacional, los acuerdos reiterados adoptados en la forma de recomendaciones por la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas desde 1987 en adelante, con la concurrencia de los delegados de Chile, en orden a:

“1º Destacar el derecho de toda persona a tener objeciones de conciencia al servicio militar como ejercicio legítimo del derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión enunciado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y en el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;”

“2º Afirmar que a las personas que están cumpliendo el servicio militar no se les debería negar el derecho a tener objeciones de conciencia al servicio militar;”

“3º Hacer un llamamiento a los Estados para que, si todavía no lo han hecho, promulguen leyes y adopten medidas destinadas a eximir del servicio militar cuando exista una auténtica objeción de conciencia al servicio armado;”

“4º Instar a los Estados a que en su legislación y práctica no establezcan diferencias entre los objetores de conciencia según el carácter de sus creencias particulares ni discriminen a los objetores de conciencia porque no hayan realizado el servicio militar;”

“5º Recordar a los Estados que tengan un sistema de servicio militar obligatorio en el que no se haya introducido todavía una disposición de ese tipo, su recomendación de que se establezcan varias formas de servicio alternativo para los objetores de conciencia, y de que se abstengan de encarcelar a los objetores de conciencia.”

“6º Insistir en que esas formas de servicio alternativo deben ser de carácter no combatiente o civil, en interés público y no de carácter punitivo.”

“7º Reconocer que algunos Estados consideran válidas las solicitudes de objeción de conciencia sin proceder a ninguna investigación y hace un llamamiento a los Estados Miembros que no apliquen este sistema, a que en el marco de su sistema jurídico nacional, establezcan órganos de decisión independientes e imparciales encargados de determinar si la objeción de conciencia es válida en cada caso concreto.”

“8º Afirmar la importancia de que todas las personas que puedan tener que cumplir el servicio militar dispongan de información sobre el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar y sobre los medios de adquirir la condición jurídica de objetor de conciencia.”

2. En relación con este mismo tema de la objeción de conciencia, la Comisión estima adecuado transcribir las opiniones de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y de la Comisión Sudamericana Paz, Seguridad, Democracia vertidas en sendos documentos que se acompañan como anexos de este informe, las que pese a discrepar sobre el fondo mismo del tema, coinciden en la necesidad de un servicio alternativo en caso de consagrarse la señalada objeción como causal de exención:

a) La Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, junto con expresar que a la luz de los mismos antecedentes que el informe de la Comisión recoge, considera “que para todo efecto práctico, resulta inviable incluir la denominada objeción de conciencia como causal de exclusión del servicio militar obligatorio.”, añade que “Más allá de requerirse una reforma constitucional, la exención no puede operar sin que exista un sistema que la administre eficientemente y un servicio alternativo que sea justo y que beneficie al país.”.

En seguida, agrega que “Para lo primero, se requiere una instancia calificada que resuelva objetivamente frente a las objeciones que presente cada interesado en la exención. ¿Quedará eso entregado a algún tribunal como responsabilidad adicional a las que ya le corresponden? ¿ Se crearán otros para absorber los miles de casos que serán sometidos? ¿Terminará esto, por imposibilidad física, siendo un mero trámite ante un actuario? ¿ Cómo discriminar entre la conciencia y la conveniencia?.”.

b) La Comisión Sudamericana Paz, Seguridad, Democracia, por lo contrario, estima pertinente incluir la objeción de conciencia como causal de exención, pero en forma amplia y no restringida sólo a los integrantes de grupos religiosos, formulando, sin embargo, la siguiente prevención: “En el evento de adoptar el anterior criterio en nuestro país, nos parece importante considerar una instancia seria y plural de calificación de las causales de los objetores de conciencia y la creación de un Servicio Civil Obligatorio en reemplazo, en beneficio de la comunidad.”.

Voto disidente.

La Comisión aprobó esta letra por mayoría de votos, contra el parecer de los Diputados señores Bayo y Ulloa quienes sostuvieron ser contrarios a la implantación de la objeción de conciencia como causal de exención del Servicio Militar, entre otras razones, por ser de muy difícil determinación verificar los deslindes entre la objeción de conciencia y la objeción de conveniencia, mostrándose partidarios de mantener en su integridad el respeto al principio de la igualdad ante la ley. Asimismo, estimaron exagerada la relevancia otorgada a las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, por sobre las de carácter más pragmático de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos.

-o-

Sala de la Comisión, a 3 de septiembre de 1997.

Se designó Diputado Informante al señor Ignacio Walker Prieto

Aprobado en sesiones de fechas 5 y 12 de marzo; 16 de abril; 4 y 11 de junio; 3 y 23 de julio; 6 y 13 de agosto, y 3 de septiembre de 1997 con la asistencia de los señores Diputados Vicente Sota Barros ( Presidente ), Francisco Bayo Veloso , Carlos Bombal Otaegui , Homero Gutiérrez Román , Francisco Huenchumilla Jaramillo , Vicente Karelovic Vrandecic, Juan Pablo Letelier Morel , Baldo Prokuriça Prokuriça , Salvador Urrutia Cárdenas , Jorge Ulloa Aguillón , Osvaldo Vega Vera, José Antonio Viera-Gallo Quesney e Ignacio Walker Prieto .

Asistió también a una de las sesiones el Diputado señor Alejandro Navarro Brain .

(Fdo.): EUGENIO FOSTER MORENO , Secretario .?

ÍNDICE

1. Origen.

2. Plazo para el cumplimiento del encargo.

3. Actuaciones de la Comisión (sesiones, personas escuchadas y documentos recibidos).

4. Reseña de las opiniones recibidas por la Comisión.

a) Don Gonzalo García Pino , asesor político del Ministro de Defensa Nacional .

b) Don Miguel Ángel Moraga Guerrero , Secretario Ejecutivo de Amnistía Internacional .

c) Don Luis Cárdenas y don Fernando Aliaga Rojas , Presidente y Secretario Ejecutivo de la Corporación Servicio Paz y Justicia (Serpaj)15-17

d) Don René Donoso, representante de la Vicaría de Paz Social.

e) Don Jorge Torres y don Kenneth Mac Farlane Leupin , Presidente subrogante y Jefe de la Unidad de Estudios Legislativos del Instituto Nacional de la Juventud .

5. Antecedentes.

a) El Ejército de Ciudadanos o de Milicias.

b) El Servicio Militar Obligatorio Universal.

c) El Ejército Profesional.

6. Conclusiones.

7. Índice.

4. Informe complementario de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación acerca del proyecto de ley que modifica el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 4, del Ministerio de Educación, de 1981, sobre financiamiento de las instituciones de educación superior reconocidas por el Estado. (boletín Nº 1565-04)

“Honorable Cámara:

En cumplimiento del acuerdo adoptado por la honorable Corporación en su sesión 23ª, de 22 de noviembre de 1995, vuestra Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Recreación viene en emitir un nuevo informe, complementario del suyo anterior, de fecha 10 de octubre del mismo año, sobre el proyecto de la referencia, originado en una moción de los Diputadas señoras María Antonieta Saa Díaz , Mariana Aylwin Oyarzún , Romy Rebolledo Leyton y Martita Wörner Tapia y de los Diputados señores Nelson Ávila Contreras , Francisco Bayo Veloso, Carlos Montes Cisternas, José Miguel Ortiz Novoa , Felipe Valenzuela Herrera y José Antonio Viera-Gallo Quesney .

ANTECEDENTES.

Durante la discusión en general del proyecto en la Sala, algunos señores Diputados, entre ellos el señor Claudio Rodríguez C., hicieron presente la necesidad de que el mismo volviese a la Comisión de Educación, a fin de que ésta profundizara el estudio que realizó, pidiendo un pronunciamiento al Ministro de Educación y escuchando a otros expertos en el tema.

Durante el análisis del proyecto, para los efectos de este informe complementario, la Comisión contó con la asistencia del señor Raúl Allard Neumann , Jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación .

El señor Allard hizo presente que el actual mecanismo de asignación del aporte fiscal indirecto (AFI) puede ser modificado, por cuanto presenta hoy algunos aspectos negativos que pudieran ser mejorados. No obstante ello, calificó de positivo el elemento de competitividad que para las instituciones de educación superior involucra este sistema, en el sentido de que compitan entre ellas por captar la matrícula de los mejores alumnos; es decir, de aquellos que han obtenido los 27.500 mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica, aun cuando reconoció que no todas dichas instituciones se hallan en igualdad de condiciones en esta carrera por captar a los mejores alumnos, porque hay algunas de gran prestigio y otras que recién están iniciando su trayectoria en el sistema.

A continuación, en relación con el objetivo que persigue la moción, en el sentido de modificar el concepto de mejor alumno para que éste se funde -como lo postulan sus autores- no sólo en el resultado de la prueba de aptitud académica, como es hoy, sino también en un antecedente académico más equitativo que sirva de elemento motivador para los estudiantes de la enseñanza media, sus padres y sus profesores, y que, adicionalmente, contribuya a lograr una distribución más justa del aporte fiscal indirecto, como sería el vincularlo al puesto, basado en las notas, que el alumno ocupó entre sus compañeros de curso durante la educación media, el señor Allard expresó que tal propuesta tornaría muy compleja y difícil la aplicación del sistema de distribución del aporte fiscal existente.

Empero, afirmó que, dentro del contexto de no considerar mejores alumnos solamente a los 27.500 primeros puntajes de la Prueba de Aptitud Académica, se podría pensar en incorporar las notas de enseñanza media de los postulantes a las universidades entre los parámetros a considerar para asignar dichos recursos, estableciendo, al efecto, un promedio simple en base a los siguientes tres factores: la Prueba de Aptitud Matemática, la Prueba de Aptitud Verbal y las notas de enseñanza media.

Seguidamente, adelantó que un segundo aspecto que está considerando el Ministerio es la idea de asignar cupos por áreas del conocimiento. Al respecto, manifestó que la División de Educación Superior ha detectado que el sistema imperante está emitiendo una señal hacia los administradores de las universidades que los impulsa a crear o aumentar cupos en carreras que, por concitar el interés de los denominados “mejores alumnos”, conllevan el derecho a percibir la mayor cantidad de aporte indirecto. Opinó que, para contrarrestar aquello, es necesario cuantificar el porcentaje de distribución de dicho aporte indirecto, por carreras o áreas del conocimiento, en determinados años, y luego congelarlo en función de estudios que consideren las necesidades del país en esta materia.

Se mostró partidario de intentar perfeccionar el mecanismo de distribución del aporte indirecto en base a los citados criterios. Afirmó que intentar incorporar un cambio en el concepto de mejor alumno en base a ponderar la ubicación que éste tuvo entre sus compañeros durante su paso por la enseñanza media dificultaría demasiado el sistema.

Finalmente, señaló su convicción de que las ideas por él expresadas podrían dar acogida a la inquietud que subyace en la moción en estudio, de hacer más justa la distribución de estos recursos, emitiendo mejores señales a las instituciones de educación superior, al otorgar más importancia a las notas de enseñanza media sin sacrificar la relevancia que debe tener la Prueba de Aptitud Académica y, además, evitando que las universidades creen carreras o aumenten sus cupos al margen de la necesidades del país, por captar mayores aportes del Estado.

Por su parte, la Diputada señora María Antonieta Saa señaló que la moción de que es autora, que cuenta con al apoyo tanto del Colegio del Profesores como de las universidades regionales, surgió de una inquietud planteada, en marzo de 1992, al Consejo de Rectores. Como resultado de la misma, se formó entonces una comisión encargada de estudiar el sistema de admisión a las universidades, integrada por profesionales tan prestigiados como Erika Himmel K., de la Universidad Católica de Chile; Sebastián Donoso D., de la Universidad de Talca; Sergio Quadri C., de la Universidad de Concepción; Javier Gil Ll. , de la Universidad de Santiago; Cristina Rodríguez S., de la Universidad de Chile, y Carlos Lorca R. , Secretario General del Consejo de Rectores .

Dicha comisión informó al Consejo de Rectores que el decreto con fuerza de ley Nº 4, de 1981, que en su artículo 3° establece el aporte fiscal indirecto y define el concepto de mejor alumno en base a los mejores puntajes de la Prueba de Aptitud Académica, habría producido una desigualdad de oportunidades entre los alumnos de educación media, favoreciendo el ingreso a la universidad de aquéllos provenientes de establecimientos del sector particular pagado, que no representan más del 7% de los estudiantes de enseñanza media del país.

A continuación, la Diputada señora Saa informó que, más tarde, a solicitud del Consejo de Rectores, el señor Allard creó un nuevo grupo de trabajo para estudiar este tema, encabezado por él mismo e integrado, además de ella, por las siguientes personas: doña Erika Himmel ; doña Nelly Pinto , de la División de Educación Superior del Mineduc; don Julio Castro , Prorrector de la Universidad Católica de Valparaíso; don Hernán Vidal , Director de Finanzas de la Pontificia Universidad Católica de Chile; don Carlos Cáceres , Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad de Concepción; don Mauricio Ponce , Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos de la Universidad del Norte; don Patricio Ortúzar, don Luis Valdivieso y doña Graciela Donoso , del Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional de la Universidad de Chile, y don José León , de la División de Educación Superior.

Dicho grupo de trabajo, que se reunió cinco o seis veces, según dijo, planteó la necesidad de detener los nocivos efectos que el aporte indirecto produce por la errada definición de mejor alumno. Analizó también temas como la desigualdad de oportunidades, la creación de nuevas carreras que captan gran cantidad de aporte fiscal indirecto y la preocupante reducción del número de estudiantes titulados en relación al número de estudiantes matriculados en las universidades (el número de titulados, entre 1982 y 1994, durante la aplicación del AFI, se redujo de 16 mil a 13 mil, mientras que el número de matriculados en primer año de las universidades, en ese mismo período, creció de 119 mil a 162 mil).

La Diputada manifestó que, finalmente, dicho grupo de trabajo, reconociendo la injusticia de esta situación, sugirió modificar el mecanismo, pero otorgando una ponderación más moderada al desempeño que los alumnos hubieran alcanzado en la enseñanza media.

Con posterioridad, el Ministro de Educación , compartiendo la conclusión a que arribó dicho grupo de trabajo, envió a esta Comisión, mediante su oficio ordinario N° 06, de 19 de junio del año en curso, las observaciones siguientes en relación con esta moción sobre aporte fiscal indirecto:

“Se estima conveniente, para un mejor resultado en términos de equidad y eficiencia de ese aporte, introducir los siguientes cambios:

a) Asignar cupos por áreas del conocimiento, con el objeto de mantener un adecuado equilibrio entre ellas, de manera que, por ejemplo, el mejor matriculado en el área de educación dé el mismo aporte que el mejor de medicina, con independencia de sus puntajes relativos.

b) Incorporar las notas de enseñanza media en el cálculo del puntaje AFI, de manera que éste se obtenga de un promedio ponderado de tres factores: PAA verbal, PAA matemática y notas de enseñanza media, tal como se aplica en el Sistema de Admisión Universitario.

Sin duda que estas observaciones, si bien son más amplias que las de la moción en comento, asumen el mismo espíritu de hacer más equitativa la distribución de este fondo y las señales que éste entrega al sistema.”

En respuesta a los cambios sugeridos por el Ministro de Educación , y acogiendo en parte los mismos, la Diputada señora Saa presentó una indicación sustitutiva del artículo único del proyecto, que plantea otorgar igual ponderación tanto a las notas de enseñanza media como al puntaje obtenido por el postulante en la Prueba de Aptitud Académica, esto es, 50 por ciento a cada uno de dichos elementos.

Hizo presente haber estudiado la propuesta original del Ministerio de Educación, esto es, ponderar en un tercio las notas de enseñanza media y en dos tercios el puntaje de la Prueba de Aptitud Académica, considerando tanto la parte verbal como la parte matemática.

La diferencia entre estas alternativas con la propuesta original del proyecto, señaló, radica en que, con el sistema en vigor, un alumno de rendimiento destacado, proveniente de un colegio particular pagado, obtendría 710 puntos ponderados y sólo 550 puntos si proviene de un colegio subvencionado particular o municipalizado.

Con la propuesta del Ministerio de Educación, los alumnos de colegios subvencionados y municipalizados obtendrían un promedio ponderado de 603 puntos; en cambio, con la propuesta contenida en la indicación sustitutiva, los mismos alumnos obtendrían un promedio de 630 puntos.

Frente a la posición de algunos miembros de la Comisión, que reivindicaron la propuesta original del proyecto por considerar que el puesto ocupado por el postulante entre sus pares del mismo establecimiento es un elemento más objetivo que las notas obtenidas por aquél, ya que éstas difieren de un establecimiento a otro -e incluso entre dos cursos de un mismo colegio- pues dependen de los criterios de evaluación que en ellos se apliquen, la autora de la moción, con el apoyo de otros señores Diputados, sostuvieron que el puesto que pueda ocupar un alumno entre sus pares no es un indicador apropiado pedagógicamente hablando, porque puede suceder que un alumno que ha estado los tres primeros años de la enseñanza media en un determinado puesto, dentro de su curso, pueda cambiar violentamente su posición en el cuarto año si es trasladado a otro curso. Lo que sí es evaluable objetivamente, afirmaron, son las calificaciones, porque si éstas se aplican correctamente, mediante un procedimiento normal, debieran gozar de una credibilidad mucho mayor.

La autora afirmó también que, junto al equipo de especialistas de la Universidad de Santiago con quienes trabajó esta propuesta, llegaron a la conclusión de que la incorporación de uno u otro elemento no haría variar mayormente el resultado de la evaluación como para hacer cuestión de ellos.

Ahora bien, en relación a la otra propuesta del Ministerio en el sentido de que el AFI se asigne teniendo en consideración las áreas del conocimiento, explicó que la Unesco, en un manual de estadísticas de la educación, reconoce nueve áreas del conocimiento que, en general, están presentes en la mayoría de las universidades del mundo. Ellas son: Agropecuaria; Arte y Arquitectura; Ciencias Básicas; Ciencias Sociales/Administración y Comercio; Derecho; Humanidades; Educación; Tecnología y Salud.

Agregó a lo anterior que la sugerencia del Ministerio en tal sentido se funda en el fenómeno de cambio que se ha producido, con motivo de la aplicación del AFI, entre los años 1986 y 1994, en la distribución de los alumnos en las distintas áreas. Así, por ejemplo, afirmó, en 1986, en el área Agropecuaria, había 7.082 alumnos. En 1994, en cambio, había 15.766. O sea, la cantidad de alumnos subió de 6,3% a 10,4% del universo total. En 1986, el área Educación concentraba al 23,98% de los alumnos de las universidades, mientras que en 1994 este promedio bajó a 10,99%. El área Tecnología subió de 23% a 30%. Ciencias Sociales/Administración y Comercio subió de 14% a 17%, etcétera.

Por último, la señora Saa señaló haber estudiado la presentación de una indicación que acogiera dicha sugerencia, pero resulta que el uso de estas áreas del conocimiento como parámetro de asignación de recursos no está ratificado por ningún documento oficial. Siendo así, estimó que una indicación parlamentaria en tal sentido no sería admisible. Ella podría ser presentada, en último término, por el Ejecutivo , en el Senado.

-o-

Cabe hacer presente que este proyecto regresó a la Comisión junto con dos indicaciones formuladas durante la discusión general, en la Sala, en sesión 23ª, de 22 de noviembre de 1995, por el Diputado señor Claudio Rodríguez , las que modifican respectivamente las letras a) y b) del artículo único propuesto en el primer informe.

VOTACIÓN DE LAS INDICACIONES.

Por lo expuesto, la Comisión de Educación prestó su aprobación, en forma unánime, a la indicación sustitutiva de que es autora la Diputada señora Saa , patrocinada además por la Diputada señora Aylwin, dona Mariana , y los Diputados señores Ávila , Errázuriz , Ortiz y Ulloa , por estimar que a través de ella se emite una clara señal a los estudiantes del país en el sentido de que el Parlamento está preocupado de hacer posible la igualdad de oportunidades para el ingreso a las instituciones de educación superior.

La referida indicación es del siguiente tenor:

Para sustituir el artículo único del proyecto por el siguiente:

“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 4, del Ministerio de Educación, de 1981:

a) Sustitúyese el número 1 por el siguiente:

“1. El Ministerio de Educación determinará anualmente, respecto de los alumnos que se hayan matriculado en el primer año de estudios en las instituciones a que se refiere esta norma, en el año inmediatamente anterior, un puntaje calculado sobre la base del promedio aritmético de las notas de la enseñanza media y el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica, con igual ponderación para ambos factores, el que recibirá la denominación de puntaje “AFI”.

Hecho lo anterior, el mismo Ministerio elaborará un listado con los alumnos o alumnas señalados en el párrafo anterior que hayan obtenido los 27.500 más altos puntajes “AFI”, ordenados de menor a mayor.”

b) Sustitúyese, en los números 2 y 5), la expresión “en la Prueba de Aptitud Académica” por la siguiente: “AFI”.

c) Sustitúyese, en el número 6, letra a), la expresión “obtenido en la Prueba de Aptitud Académica” por la siguiente: ““AFI” obtenido”.

A continuación, la Comisión procedió a rechazar, por unanimidad, las dos siguientes indicaciones formuladas por el Diputado señor Rodríguez:

-Para modificar la letra a) del artículo único, intercalando después de la coma que sigue a la palabra “media”, la siguiente frase:

“ponderándose este promedio en un 60% y el resultado de la Prueba de Aptitud Académica en un 40%”.

-Para agregar, en la letra b) del artículo único, después de la frase “asociado al puesto”, las expresiones “y en la Prueba de Aptitud Académica”.

CONSTANCIA.

Para los efectos de lo establecido en los Nºs. 2º, 4º, 5º y 7º del artículo 287 del Reglamento de la Corporación, la Comisión acordó ratificar lo señalado en su informe de fecha 10 de octubre de 1995.

-o-

Por las razones expuestas y las que os dará a conocer la señora Diputada Informante , esta Comisión recomienda aprobar el proyecto en base al texto sustitutivo que se transcribe a continuación, al que sólo se le han introducido modificaciones formales:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el artículo 3º del decreto con fuerza de ley Nº 4, del Ministerio de Educación, de 1981:

a) Sustitúyese el número 1 por el siguiente:

“1. El Ministerio de Educación determinará anualmente, respecto de los alumnos que se hayan matriculado en el primer año de estudios en las instituciones a que se refiere esta norma, en el año inmediatamente anterior, un puntaje calculado sobre la base del promedio aritmético de las notas de la enseñanza media y el puntaje obtenido en la Prueba de Aptitud Académica, con igual ponderación para ambos factores, el que recibirá la denominación de puntaje “AFI”.

Hecho lo anterior, el mismo Ministerio elaborará un listado con los alumnos o alumnas señalados en el párrafo anterior que hayan obtenido los 27.500 más altos puntajes “AFI”, ordenados de menor a mayor.”

b) Sustitúyese, en los números 2 y 5), la expresión “en la Prueba de Aptitud Académica” por la siguiente: “AFI”.

c) Sustitúyese, en el número 6, letra a), la expresión “obtenido en la Prueba de Aptitud Académica” por la siguiente: ““AFI” obtenido”.

-o-

Sala de la Comisión, a 8 de septiembre de 1997.

Se designó Diputada Informante a la señora María Antonieta Saa Díaz .

Acordado en sesiones de fechas 10 de junio y 2 de septiembre de 1997, con asistencia de los Diputados señores Maximiano Errázuriz Eguiguren ( Presidente ), Nelson Ávila Contreras , Rosauro Martínez Labbé , Sergio Morales Morales, José Miguel Ortiz Novoa , Claudio Rodríguez Cataldo , señora María Antonieta Saa Díaz , Valentín Solís Cabezas , Jorge Ulloa Aguillón , Felipe Valenzuela Herrera y Edmundo Villouta Concha .

(Fdo.): ANDRÉS LASO CRICHTON , Secretario .”

Moción del Diputado señor Naranjo y de las Diputadas señoras Fanny Pollarolo y María Antonieta Saa. Introduce modificaciones a la Ley Nº 19.325, relativa a actos de violencia intrafamiliar. (boletín Nº 2087-18)

I. ANTECEDENTES GENERALES:

Con fecha 27 de agosto de 1994, nuestro Congreso tuvo a bien aprobar la Ley Nº 19.325, que estableció el procedimiento y las sanciones correspondientes a los actos de violencia intrafamiliar. Dicha normativa constituyó un gran avance en materia de protección a la familia, y logró castigar una conducta, que hasta hace poco era socialmente tolerada y que se encontraba encubierta bajo el velo de la privacidad familiar. Esta ley, tiene un efecto de carácter disuasivo importante, e implica un cambio cultural de trascendencia.

Sin embargo, en el campo práctico, relativo a la aplicación de esta nueva normativa, ha sido posible detectar una serie de deficiencias que deben ser corregidas, para que ésta pueda cumplir en forma cabal su propósito, cual es, dar un verdadero marco de protección a la familia.

Si bien, quienes propusimos esta ley, optamos por no reconocer a la violencia como un fenómeno eminentemente penal, llevando a su tipificación específica en dicho quehacer, sino que, como muchas otras legislaciones, preferimos considerarla como una cuestión de la competencia natural de la judicatura civil, donde el acento se pone en la protección y cautela de los derechos de la víctima, más que el castigo al agresor, hoy consideramos que estos tribunales no están capacitados técnicamente para asumir dicha competencia, debido entre otras razones, a la carencia de recursos humanos adicionales, como así mismo, al alto número de causas que llevan en la actualidad dichos juzgados. Cabe agregar, que además de la carencia de personal, falta en ellos la preparación necesaria que sí poseen otras judicaturas, como la de menores, para abordar problemáticas tan delicadas como lo es la violencia intrafamiliar; que no sólo constituye un ataque físico o sicológico a una determinada persona o grupo de personas, sino que además, erosiona uno de los pilares fundamentales en que se sustenta nuestra sociedad, como lo es la familia.

En la gran mayoría de los Juzgados Civiles, se ha percibido una cierta incomodidad o desagrado por tener que haber asumido esta nueva competencia, lo cual, es entendible, ya que no se incrementó la infraestructura, ni el personal adecuado para asumir dicha tarea, en los ya citados juzgados, los cuales se han visto sobrepasados en sus fuerzas y capacidades propias.

La decisión tomada, de entregar la competencia de esta normativa a los Juzgados Civiles, se originó en la inexistencia en nuestro país de los Tribunales de la Familia, como se denomina, en la legislación comparada, a aquellos tribunales que actúan en todo el espectro normativo de la problemática social familiar. La creación de esta nueva judicatura, ya está siendo analizada a nivel gubernamental, hecho por el cual no se estimó pertinente contemplar en este proyecto, su existencia.

Debido a la imperiosa necesidad de dar una respuesta pronta y eficiente a la dolorosa situación que viven quienes son objeto de este particular tipo de violencia, es que hemos considerado como necesario y urgente utilizar las herramientas legales existentes, y en definitiva, traspasar la competencia de la judicatura civil a la de menores, por sus especiales características, que serán objeto de un análisis más a fondo con posterioridad.

En el presente proyecto de ley, se incluyen una serie de modificaciones que atañen tanto al fondo como a la forma de los actos y procedimientos regulados en la presente normativa, los cuales, debido a su carácter eminentemente técnico, serán abordados en el acápite siguiente.

II. PROPUESTA DE MODIFICACIÓN.

En virtud de lo anteriormente expuesto, venimos en proponer a esta honorable Cámara, las siguientes modificaciones a la Ley Nº 19.325, relativa a actos de violencia intrafamiliar.

1. Cambio de la competencia de los tribunales civiles a los tribunales de menores; por cuanto ellos cuentan con una mayor experiencia, mejores recursos humanos y mayor afinidad en cuanto a las materias que abordan para tratar este tema. En especial, esto permitirá que el tribunal de menores se pronuncie directamente sobre la tuición de los menores y los alimentos, de ser estos procedentes, hecho que constituye un ahorro de tiempo considerable, conjuntamente con alivianar las cargas procesales de los afectados.

Además, estos tribunales cuentan con la asesoría de asistentes sociales en forma permanente. De esta manera, la derivación sólo se hará hacia los tribunales del crimen cuando se verifique la existencia de lesiones, producto de la violencia física ejercida sobre uno o más miembros del grupo familiar.

2. Se ha identificado como un problema de relevancia a su vez, el hecho de la rotación de las causas por los distintos tribunales cada vez que surge un nuevo conflicto entre las mismas partes, lo cual según han señalado los organismos especializados en violencia intrafamiliar, provoca una sobreexposición de la víctima, ya que ésta debe al realizar una nueva denuncia o demanda en el tribunal de turno, según expresa la ley, comenzar a reconstituir el historial de violencia recaído sobre su persona cada vez que es objeto de ella. Se ha considerado por tanto, establecer la radicación de los futuros procesos en el Tribunal que ha conocido la primera denuncia o demanda.

3. Atendida las dificultades que enfrentan los actores que movilizan esta normativa, se propone dar una consagración legal al hecho de que las notificaciones puedan realizarse mediante carabineros, situación que actualmente no se contempla en la Ley Nº 19.325.

4. Debido a la especialidad de la materia, y al hecho de que el agresor en la mayoría de los casos, es un miembro del grupo familiar que vive y se relaciona diariamente con el o los afectados, proponemos la eliminación del trámite judicial de la ratificación. Hecho que no sólo contribuirá a agilizar los procedimientos, sino que además evitará que los actos de violencia intrafamiliar queden sin castigo debido a las presiones a que sean sometidas las víctimas de dicho accionar.

5. Considerando el hecho que la parte puede actuar y comparecer personalmente sin necesidad de mandatario judicial y de abogado patrocinante, y el desconocimiento generalizado existente, por parte de la población, respecto a lo que constituye una medida precautoria, y atendido que en la letra (h) del artículo 3º de la presente ley, se ha establecido la posibilidad de que esta medida sea decretada a petición de parte, situación que en la práctica se ha manifestado en el escaso uso de esta medida cautelar, ya que esta no es solicitada con frecuencia por parte de la víctima, ni es decretada de oficio por el tribunal, en espera de su petición. Hemos estimado pertinente que el juez actúe preferentemente de oficio, sin esperar la petición de parte para decretar la o las correspondientes medidas precautorias.

6. Desde el punto de vista de las sanciones aplicadas por el legislador a las infracciones a la ley de violencia intrafamiliar, podemos observar dos tipos de problemas: El primero, dice relación con el tipo de sanciones que se aplican y su disociación con el efecto real que se desea obtener, así como su escasa relación con la reparación del daño causado, elemento que desde la perspectiva de una legislación orientada a la familia, no puede desestimarse o dejarse de lado. Otra situación conflictiva que presenta esta parte de la normativa, dice relación con la inexistencia de sanciones propiamente civiles, como serían el establecimiento de una causal de divorcio temporal. Tampoco se relaciona la violencia ejercida contra la víctima, con el eventual derecho a alimentos que el agresor pudiese tener derecho a reclamar. Otro factor importante, y que escapa al ámbito regulado por el legislador, se encuentra en el derecho sucesorio. Nada se dice respecto a si estos actos son constitutivos o no de una causal de desheredamiento.

Se estimó pertinente a la fecha de dictación de la ley, el establecer la aplicación como sanción, de la asistencia obligatoria a determinados programas terapéuticos o de orientación familiar por un lapso que no excediera de seis meses, sin considerar que no es posible rehabilitar a un individuo que no tiene la voluntad de cambiar su conducta; aquello es impracticable, y sólo logra su objetivo, si existe por parte del agresor, la voluntad de modificar su accionar o conocer las razones que lo han encaminado a desarrollar determinadas conductas. Es por esto, que hemos propuesto como requisito esencial para hacer procedente esta sanción, el contar con la anuencia del agresor.

MOCIÓN QUE INTRODUCE MODIFICACIONES A LA LEY Nº 19.325, RELATIVA A ACTOS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

I. Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley Nº 19.325:

1. Sustitúyase en el artículo 2º la expresión “Juez Letrado de turno en lo Civil” por la siguiente: “ Juez de Menores de turno ”; y agréguese a continuación de su parte final lo que sigue: “Asimismo, en dicho juzgado quedará radicado el conocimiento de las futuras denuncias o demandas que se susciten entre las partes.”

2. Agréguese en la letra (a) del artículo 3º, a continuación de la expresión “según sea el caso.”, la frase “No se exigirá el trámite de la ratificación”.

3. Sustitúyase en la letra (e) del artículo 3º de esta ley, a continuación de la frase “Notario Público, Oficial de Registro Civil” la letra “o” y reemplácesela por una “,”; y a continuación de la expresión “por carta certificada”, agréguese la expresión “y carabineros”.

4. Elimínese en la letra (h) del artículo 3º, en su parte inicial, la expresión “o a petición de parte”.

5. Agréguese en el Nº 1 del artículo 4º a continuación de su parte final lo siguiente “, siempre que existiere de parte del agresor manifestación expresa de su voluntad en tal sentido.”

6. Elimínese el numeral 2º y 3º e incisos posteriores del artículo 4º.

Reemplácese el numeral 2º por el que sigue: “La realización de trabajos determinados en beneficio de la comunidad. La resolución que determine esta medida deberá señalar expresamente el tipo de trabajo, el lugar donde deba realizarse, la duración y la persona o institución encargada de controlar su cumplimiento.”

7. Créense los siguientes nuevos numerales para el artículo 4º de la citada ley:

“3) Pérdida del derecho a alimentos congruos;

4) Causal de divorcio temporal;

5) Causal de desheredamiento.”

II. Introdúcese la siguiente modificación al Código Civil:

1. Agréguese la siguiente sexta causal al artículo 1208:

“6º Por habérsele aplicado la sanción contemplada en el Nº 5 del artículo 4º de la Ley Nº 19.325.”

III. Introdúcese la siguiente modificación a la Ley Nº 16.618, Ley de Menores:

1. Agréguese al artículo 26 de la ley precitada, el siguiente nuevo numeral:

“12) Conocer de los conflictos a que dé origen la comisión de actos de violencia intrafamiliar.”

(Fdo.): JAIME NARANJO ORTIZ , Diputado Provincia de Linares .-