Labor Parlamentaria

XI. Otros documentos de la Cuenta.

1. Oficios:

Contraloría General de la República

-Del Diputado señor Munizaga, seminario informativo publicado por la Municipalidad de Los Vilos.

Ministerio del Interior

-Del Diputado señor Valcarce, postulación proyecto equipamiento aeropuerto de Chacalluta.

-De los Diputados señores Prokuriça, Vilches y Cantero, límite interregional Atacama-Coquimbo.

-Del Diputado señor Alvarado, reposición escuela de Lin-Lin, comuna de Quinchao.

-Del Diputado señor Prokuriça y Comité del Partido Renovación Nacional, participación de funcionario del gobierno actual en caso relacionado con Mario Silva Leiva.

-Del Diputado señor Rodríguez, contrato de conservación global de caminos, Quinta Región.

Ministerio de Relaciones Exteriores

-Del Diputado señor Makluf, proyecto construcción del túnel a baja altura en el Sistema Cristo Redentor.

- Diputado señor Felipe Letelier, paso San Fabián de Alico, Octava Región.

-Copia informativa de oficio respuesta al Alcalde de Curarrehue , relativo al paso Mamuil Malal en la Novena Región.

Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción

-De los Diputados señores Víctor Pérez y Navarro, otorgamiento de concesión definitiva para establecer una línea de transporte de energía eléctrica, denominada “Manso de Velasco-El Avellano”.

Ministerio de Hacienda

-De la Corporación, exención del impuesto territorial.

-Información semestral de acuerdo al artículo 22 de la Ley de Presupuestos del Sector Público año 1997.

Ministerio de Educación

-Del Diputado señor Kuschel, suspensión de funcionamiento de Grupo Diferencial en la localidad de Carelmapu, comuna de Maullín.

Ministerio de Justicia

-Del Diputado señor Jürgensen, personas que se desempeñan en el Poder Judicial sin pago de remuneraciones.

Ministerio de Defensa Nacional

-Del Diputado señor Navarro, aumento de dotación en Tenencia Hualqui.

-De los Diputados señores Tohá, Andrés Palma, Latorre, Salvador Urrutia y Juan Pablo Letelier, fiscalización de transporte de maderas.

Ministerio de Obras Públicas

-Del Diputado señor Ramón Pérez, camino acceso a la localidad de Huatacondo; caminos en la Primera Región .

-Del Diputado señor Felipe Letelier, pavimentación asfáltica camino Décima Región.

-Del Diputado señor Alvarado, puente Mechuque, comuna de Quemchi.

-De los Diputados señores Ribera y Ulloa, pavimentación camino Carahue-Nehuentué y variante Trovolhue, Novena Región.

-Del Diputado señor Soria, continuidad de suministro en Arica.

-Del Diputado señor Huenchumilla, defensas fluviales río Cautín, Novena Región.

-De los Diputados señores Morales, Aguiló, Valcarce, Bayo y Álvarez-Salamanca, paso fronterizo El Pehuenche, Séptima Región.

-Del Diputado señor Taladriz, paso fronterizo Huaum, comuna de Panguipulli, Décima Región.

Ministerio de Agricultura

-Del Diputado señor Vega, acciones ejecutadas en la Séptima Región.

-De los Diputados señores Navarro, Salvador Urrutia, Felipe Letelier, Tuma, Ortiz, Morales, Ojeda, Galilea y Rosauro Martínez, quehacer fiscalizador de la Conafe.

-Del Diputado señor Kuschel, actividades y proyectos en el Lago Llanquihue y su impacto; villa rural sector La Campana, Décima Región.

-Del Diputado señor Valcarce, importación de bananos.

-Del Diputado señor Navarro, etapa de construcción de proyecto de líneas de transmisión Colbún-Alto Jahuel en la Séptima Región.

Ministerio de Bienes Nacionales

-De los Diputados señores Caminondo y Jürgensen, inmueble fiscal en La Unión, Décima Región.

-De los Diputados señores Ramón Pérez, Vega, Longton y Moreira, supuestas compraventas de terrenos ubicados en el sector Santa Rosa del Pueblo de La Tirana, provincia de Iquique.

Ministerio del Trabajo y Previsión Social

-Del Diputado señor Seguel, situación previsional de personas que han quedado adscritas a Dipreca.

-Del Diputado señor Navarro, antecedentes laborales y previsionales de trabajadores de las empresas de parques industriales de la comuna de Coronel.

Ministerio de Salud

-Del Diputado señor Galilea, proceso de descentralización del sector salud.

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

-Del Diputado señor Valcarce, aplicación de normas de reemplazo de vehículos.

-De los Diputados señores Ulloa, Correa, Masferrer y Kuschel, exigencias contenidas en las bases de licitación de plantas revisoras.

-De los Diputados señores De la Maza, Vargas, Seguel y Jürgensen, recursos para Metro Regional de Valparaíso.

Secretaría General de la Presidencia

-De los Diputados señores Juan Pablo Letelier y Navarro, proyecto hidroeléctrico Ralco.

-De los Diputados señores Ojeda, Vega, Jürgensen, Munizaga, Víctor Pérez, Álvarez-Salamanca, Aguiló, Raúl Urrutia y Diputada señora Prochelle, proyecto de ley que crea Juzgados de Policía Local.

-Del Diputado señor Jürgensen, antecedentes acuerdo Tompkins-Gobierno.

-Del Diputado señor René García, participación de Douglas Tompkins en acciones seguidas en contra de productos chilenos en los Estados Unidos.

Ministerio de Planificación y Cooperación

-De los Diputados señores Juan Pablo Letelier y Navarro, situación de las familias pehuenches del Alto Biobío.

Municipalidad de Temuco

-Del Diputado señor José García, estado diversos proyectos de la región.

Servicio de Registro Civil e Identificación

-Del Diputado señor Soria, personas inscritas con las iniciales J.M.B.

III. ACTAS

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El acta de la sesión 33ª se declara aprobada.

El acta de la sesión 34ª se encuentra a disposición de los señores diputados.

IV. CUENTA

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

El señor Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta.

-El señor ZÚÑIGA ( Prosecretario )

da lectura a los documentos recibidos en la Secretaría.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Andrés Palma .

El señor PALMA ( don Andrés) .-

Señor Presidente , ayer el Senado adoptó una resolución que afecta directamente a la Cámara de Diputados, pero que no aparece en la Cuenta.

Me explico: el Senado, junto con despachar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley de bancos, por mayoría de votos acordó recurrir al Tribunal Constitucional para que se pronuncie sobre la constitucionalidad de un capítulo de dicho proyecto. El punto había sido abordado por la Comisión Mixta y discutido en la Cámara de Diputados.

Con posterioridad, en el Senado hubo una propuesta de solución de esta materia del Diputado señor Harry Jürgensen , la que fue aceptada por los senadores integrantes de dicha Comisión. Sin embargo, ahora la Sala del Senado propone recurrir al Tribunal Constitucional para que dicha disposición quede sin efecto.

Me parece que esta materia, de alguna manera, debiera incluirse en la Cuenta, y que la Cámara de Diputados debiera defender las prerrogativas y el sistema institucional que establece que las resoluciones de la Comisión Mixta no pueden ser modificadas por ninguna de las dos Salas, sino votadas en su conjunto. De hecho, la resolución que adoptó el Senado desglosa el informe de la Comisión Mixta.

Por ello, solicito que la Cámara estudie los antecedentes y defienda su planteamiento ante el Tribunal Constitucional, una vez que el Senado haya recurrido a él, e incluso pueda contratar un profesional que elabore un informe jurídico para tales efectos.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señor diputado , hay un acuerdo vigente que mandata al Presidente para asumir la defensa del criterio de la Cámara en situaciones como la expuesta. Además, existen acuerdos formales y se analizará por los integrantes de la Mesa o en reunión de Comités la forma de proceder sobre la materia, de conformidad con el Reglamento.

V. ACUERDOS DE LOS COMITÉS

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Debo informar que los Comités acordaron la forma de tratar el proyecto, iniciado en moción, que establece una nueva ley de matrimonio civil.

Por unanimidad, los Comités acordaron lo siguiente:

1. Discutir y despachar el proyecto en la sesión del lunes.

2. El debate se hará ciñéndose estrictamente al Reglamento, esto es, discutir y votar artículo por artículo, omitiendo la discusión en general, porque reglamentariamente no corresponde.

3. Se destinarán veinte minutos para la discusión de cada artículo, tiempo que se distribuirá entre seis oradores que usarán aproximadamente tres minutos cada uno, sin perjuicio de que la Mesa pueda analizar y proponer a la Sala una discusión más de fondo respecto de aquellas disposiciones que necesiten un conocimiento mayor.

4. Por último, se fijó en 40 minutos el tiempo para el informe del proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Dupré.

El señor DUPRÉ .-

Señor Presidente , dejar en el aire la discusión del articulado respecto del divorcio es engañarnos entre nosotros, pues ahí se plantea el conflicto.

Si se destinan veinte minutos para seis oradores, que designarán los Comités, no podrán intervenir todos los diputados en la pluralidad de opciones y de opiniones sobre la materia. De manera que allí debe establecerse un sistema distinto.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Paya.

El señor PAYA.-

Señor Presidente , le sugiero promover con los distintos Comités y parlamentarios que han participado en la discusión del proyecto, la conveniencia de hacer un listado de aquellas normas -incluso, aunque no haya acuerdo sobre ellas- de carácter estrictamente técnico, que hagan referencia a otras, etcétera, con el objeto de evitar su discusión, disponer de más tiempo para el debate del resto del articulado y poder darle término en algún momento.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg (Presidente).-

La Mesa, con la mejor voluntad, asume los dos planteamientos y buscará la forma de acogerlos, sin variar por el momento los acuerdos adoptados, pero tratando de otorgar las mayores facilidades.

La información que tenemos hasta el momento es que 18 artículos requieren de discusión y votación, 18 sólo se votan, y el resto se darán por aprobados por no haber sido objeto de indicaciones.

CAMBIO EN LA TABLA DEL ORDEN DEL DÍA.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

En segundo lugar, como el criterio de la Cámara ha sido privilegiar el despacho de mociones dentro de la actual legislatura, que está por terminar, sugiero invertir el orden de tratamiento de los proyectos, de manera que los que figuran en tercer y cuarto lugar encabecen la tabla del Orden del Día. En consecuencia, el que modifica la legislación sobre mercado de valores quedaría a continuación de ellos.

¿Habría acuerdo?

Acordado.

El señor ACUÑA.- Pido la palabra.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra su Señoría.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente , solicito que dé a conocer el acuerdo adoptado respecto de los homenajes.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Sobre el particular, acordamos rendir homenaje al ex Ministro de Minería , señor Benjamín Teplizky, en la sesión del lunes, y al ex Vicepresidente de la República , don Clodomiro Almeyda, en la del martes.

Los términos acordados por los Comités para esos efectos son los siguientes: un discurso de diez minutos para el Comité del partido solicitante, y para el resto de las bancadas, previa inscripción por su jefe, uno de cinco minutos como máximo.

Tiene la palabra el Diputado señor Latorre.

El señor LATORRE.-

Señor Presidente , felicito a la Mesa por su esfuerzo para lograr acuerdos que agilicen el trabajo de la Cámara. Sin embargo, me parece que la restricción que se impone respecto de estos homenajes no es satisfactoria. Se trata de personas que para muchos de nosotros representan bastante más y merecen no sólo un homenaje sencillo. Ello obliga a que en las bancadas se produzca una discusión sobre quiénes deben intervenir. En la nuestra -me permito expresarlo en vista de que el jefe de ella no lo hace-, tenemos problemas con estas limitaciones, porque no es posible armonizar criterios para que todos puedan intervenir en forma adecuada.

Quiero manifestar mi preocupación acerca de esta materia. Entiendo las razones de la Mesa y ésta no es una crítica, pero creo que la forma de resolver lo relativo a estos homenajes deja sin posibilidad de intervenir a muchos parlamentarios.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, adhiero a lo expresado por el Diputado señor Latorre.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Diputada señora Isabel Allende.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente , en nuestra bancada se discutió ayer este tema y nos dimos cuenta de que es absurdo limitar las intervenciones de los diputados. Se trata de homenajes a dos personalidades de amplia trayectoria y no podemos caer en este tipo de restricción. Entendemos el ánimo con que se tomó el acuerdo, pero queremos que se deje sin efecto, por considerar que es una restricción innecesaria por las trayectorias públicas de ambas personalidades.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Señores diputados, en la reunión de hoy reestudiamos el tema, planteado por la bancada democratacristiana a través del Diputado señor Acuña, y por la bancada socialista. El acuerdo fue que se pronunciaran solamente dos discursos en cada homenaje, pero si los diputados están verdaderamente interesados en el tema, les ruego que lo debatamos.

Con todo, quiero plantear con franqueza lo siguiente:

Hay un permanente reclamo de los diputados, expresado tanto en forma oral como escrita, respecto del sistema utilizado para rendir homenajes. En la jornada llevada a cabo en Algarrobo se concluyó que se había desnaturalizado esta práctica, que se usaba un tiempo exagerado en la rendición de los mismos, que esos homenajes no prestigiaban a la Corporación por cuanto se efectuaban con escasa solemnidad, y que algunos tenían una hora y media o dos horas de duración, con una asistencia de no más de 15 parlamentarios en la Sala.

Por lo tanto, pido que discutamos este tema en su integridad, a fin de procurar que los homenajes sean, en verdad, rendidos con solemnidad, y que no sólo asistan los diputados al que deben intervenir, sino también a los solicitados por otros colegas.

El criterio, reitero, es que más vale un homenaje breve, pero rendido con solemnidad, con diputados presentes y atentos a los discursos, que efectuar una práctica de mero trámite, donde, en algunos casos, se habla por hablar y con escasa concurrencia de parlamentarios en la Sala.

Estoy planteando el tema tal cual lo hemos conversado.

Ahora bien, es absolutamente evidente que don Clodomiro Almeyda y don Benjamín Teplizky son, desde todo punto de vista, personalidades de suyo respetables y muy cercanas a todos, razón por la cual flexibilizamos el acuerdo adoptado. Sin embargo, el criterio de los Comités apunta a que debemos cambiar el sistema de los homenajes, dado que es mejor escuchar un buen discurso que nos represente a todos, que muchos a los cuales no los atiende casi nadie, lo que, además, genera problemas en la práctica legislativa.

En consecuencia, conversaré con los Comités sobre el modo de flexibilizar esta materia, pero ruego a los señores diputados no caer en la práctica de rediscutir hasta el cansancio esta situación.

Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente , comparto los dichos expresados por su Señoría; pero si hay colegas que desean participar en un homenaje, lo más conveniente sería que lo comunicaran por escrito a la Mesa, porque el hecho de rendir homenaje verbal a una determinada persona no significa apreciarla más.

Reitero, comparto plenamente los planteamientos de su Señoría en cuanto a que los homenajes deben rendirse en forma solemne, con pocos discursos, a lo más uno o dos, pues la crítica que se ha hecho en este sentido es enteramente correcta y verdadera.

He dicho.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente , en consideración a su explicación clara, serena, reflexiva y bien ponderada, doy por superado el incidente con el Diputado señor Latorre.

FIJACIÓN DE TIEMPO MÁXIMO PARA TRATAR PROYECTOS DE LA TABLA.

El señor MARTÍNEZ, don Gutenberg ( Presidente ).-

Antes de entrar en las materias de la tabla, deseo advertir que la rendición de los informes en Fácil Despacho no debe exceder los diez minutos, por cuanto, de acuerdo con el Reglamento, debe quedar tiempo para el resto de las intervenciones.

En cuanto al Orden del Día, solicito el acuerdo de la Sala para que los proyectos de ley originados en mociones se rijan por el mismo criterio aplicado ayer, esto es, que los informes no excedan los diez minutos y la discusión, no más de veinte.

Si le parece a la Sala, así se acordará.

Acordado.

VI. FÁCIL DESPACHO

X. DOCUMENTOS DE LA CUENTA.

1. Oficio del Senado. Modifica artículos 1447 del Código Civil y 4º de la Ley de Matrimonio Civil, relativos a causales de incapacidad que afectan a sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, y otorga reconocimiento oficial al lenguaje de señas para personas con discapacidad. (boletines 1909-07 (S) y 2026-07) (S)

Con motivo de las mociones, informe y antecedentes que tengo a honra pasar a manos de V.E., el Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código Civil:

1. En los artículos 342, 355, 472 y 1447, inciso primero, sustitúyese la expresión “por escrito” por el adverbio “claramente”.

2. Sustitúyese el artículo 469 por el siguiente:

“Artículo 469.- La curaduría del sordomudo, que no puede darse a entender claramente y ha llegado a la pubertad, puede ser testamentaria, legítima o dativa.”.

3. Reemplázase el Nº 5 del artículo 1005 por el siguiente:

“5. Todo el que no pudiere expresar su voluntad claramente.”.

4. En el artículo 2509, Nº 1º, agréganse a continuación de las expresiones “los sordomudos” las palabras “que no pueden darse a entender claramente”.

Artículo 2º.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la Ley de Matrimonio Civil:

1. Reemplázase el Nº 4º del artículo 4º por el siguiente:

“4º. Los que no pudieren expresar su voluntad claramente;”.

2. Agrégase al artículo 12 el siguiente inciso:

“Si uno de los que intentaren contraer matrimonio o ambos fueren sordomudos que no pudieren expresar su voluntad por escrito, la manifestación del matrimonio y la información que les entregue el Oficial del Registro Civil se efectuará o recibirá, en su caso, por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con ellos por signos, o que comprendan a los sordomudos. Estas personas deberán ser hábiles para ser testigos en el matrimonio.”.

3. Agrégase al artículo 17 el siguiente inciso:

“Se aplicará a las actuaciones del matrimonio lo dispuesto en el inciso final del artículo 12, en caso de que uno o ambos contrayentes fuere sordomudo que no pudiere expresar su voluntad por escrito.”.

Artículo 3º.- Introdúcense las siguientes modificaciones al Código del Procedimiento Civil:

1. En el artículo 357, Nº 5º, sustitúyese la expresión “por escrito” por el vocablo “claramente”.

2. Sustitúyese el artículo 382 por el siguiente:

“Artículo 382.- Si el testigo no supiere el idioma castellano, será examinado por medio de un intérprete mayor de dieciocho años, quien prometerá bajo juramento desempeñar bien y fielmente el cargo.

Por conducto del intérprete se interrogará al testigo y se recibirán sus contestaciones, las cuales serán consignadas en el idioma del testigo, si éste no entendiere absolutamente el castellano. En tal caso, se pondrá al pie de la declaración la traducción que de ella haga el intérprete.

Si el testigo fuere sordo, las preguntas le serán dirigidas por escrito; y si fuere mudo, dará por escrito sus contestaciones.

Si no fuere posible proceder de esta manera, la declaración del testigo será recibida por intermedio de una o más personas que puedan entenderse con él por signos, o que comprendan a los sordomudos. Estas personas prestarán previamente el juramento de que se trata en el inciso primero.”.

3. Agrégase al inciso primero del artículo 391, a continuación de la forma verbal “recibirla”, la siguiente frase: “o, en su caso, se aplicará lo dispuesto en el artículo 382”.”.

-o-

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): SERGIO ROMERO PIZARRO , Presidente del Senado ; JOSÉ LUIS LAGOS LÓPEZ , Secretario del Senado .

Moción de los honorables Senadores señores Matta y Ruiz-Esquide, con la que inician un proyecto de ley que modifica los artículos 1447 del Código Civil y 4º de la Ley de Matrimonio Civil, respecto de las causales de incapacidad que afectan a los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito y a aquéllos que de palabra o por escrito no pudieren expresar su voluntad claramente.

Considerando:

1. Que la población que presenta sordera o hipoacusia en nuestro país alcanza un número superior a las trescientas mil personas.

2. Que tal discapacidad, al igual que otras han constituido una preocupación para las autoridades sólo a partir de la década del 90, lo que dio como resultado la promulgación de la Ley Nº 19.284 sobre discapacitados.

3. Que la plena integración social de las personas con discapacidad ha encontrado obstáculos en su materialización no sólo en la apatía social, sino también por la existencia de normas legales que dificultan dicha integración.

4. Que, concretamente el artículo 1447 del Código Civil contempla la incapacidad absoluta respecto de los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito, sancionando así sus actos jurídicos con nulidad absoluta y que, por su parte, la Ley de Matrimonio Civil, en su artículo 4º establece, como impedimento para contraer matrimonio, entre otros, el que los contrayentes no puedan expresar claramente su voluntad de palabra o por escrito.

5. Que dicho estatuto jurídico impide que las personas sordomudas analfabetas se puedan integrar a la vida laboral en términos de justicia, así como dificulta que ejerzan todo tipo de acto que produzca consecuencias jurídicas.

Por tanto, y en virtud de las facultades que nos son propias, venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY

Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1447 del Código Civil, al siguiente tenor: “Son absolutamente incapaces los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden expresar o manifestar de modo inequívoco su voluntad”.

Artículo 2º.- Modifícase el número 4º del artículo 4º de la Ley de Matrimonio Civil, que pasa a tener la siguiente redacción: “4º Los que no puedan, por cualquier medio, expresar su voluntad claramente”.

Moción de los honorables señores Ruiz-Esquide , Matta , Páez y Zaldívar, don Andrés , con la que inician un proyecto de ley que otorga reconocimiento oficial al lenguaje de señas como medio de comunicación para personas con discapacidad auditiva.

Considerando:

En nuestro país las personas con discapacidad auditiva que no pueden darse a entender oralmente o por escrito son considerados por el Código Civil como absolutamente incapaces ante el derecho, viéndose impedidas de actuar en la vida jurídica y cotidiana sino bajo representación legal.

En efecto, el Código Civil chileno, que fue redactado considerando las características e información sobre la sordera propias de la época decimonónica y por sí bastante limitadas, declaró a la persona sorda que no puede darse a entender oralmente o por escrito, junto con los dementes, impúberes, como absolutamente incapaces ante la ley.

Claro está que la normativa legal que declara incapaces a los discapacitados auditivos que no pueden darse a entender oralmente o por escrito fue establecida como una forma de proteger a la persona frente a eventuales abusos. Sin embargo, estando a las puertas del Siglo XXI, y sin que se hayan realizado las modificaciones acordes con la realidad actual, lo anterior ha significado una evidente limitación para la vida, desarrollo e integración de tales personas, impidiéndoles contraer matrimonio, formar una familia, disponer libremente de sus bienes o acceder en igualdad de oportunidades a la justicia, lo que se traduce en una situación sistemática de discriminación social.

Esta regulación se ha mantenido sin ninguna modificación a pesar que la comunicación de sordos, con el transcurso de los años ha desarrollado un sistema propio denominado Lenguaje de Señas que constituye su lengua materna y les permite comunicarse sin problemas como cualquier persona oyente. Este medio de comunicación con el patrocinio de la Federación Mundial de Sordos, ha sido reconocido y recomendado oficialmente por la Unesco. Estos antecedentes nos permiten aceptar al Lenguaje de Señas como parte de un ambiente sin limitaciones para las personas con discapacidad auditiva, lo que hace imperioso su reconocimiento y respeto oficial por parte del Estado.

En nuestro país, como en el resto del mundo, aproximadamente el 90% de la población de sordos utiliza el Lenguaje de Señas para comunicarse, siendo la base sobre la cual desarrollan sus capacidades.

En la actualidad 15 países del mundo han reconocido oficialmente el Lenguaje de Señas con el status de lenguaje oficial, siendo un imperativo para los servicios públicos y entidades privadas el que cuenten con personal capacitado para atender mediante dicho lenguaje a los discapacitados auditivos que lo requieran.

Por tanto, y en virtud de las facultades constitucionales que nos son propias, es que venimos en presentar el siguiente:

PROYECTO DE LEY:

Artículo único.- Se reconoce con carácter oficial el Lenguaje de Señas como herramienta de comunicación para la población con discapacidad auditiva en todo el territorio nacional.”

2. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que modifica la forma de publicidad de las resoluciones que conceden la posesión efectiva de herencias que no exceden de cincuenta unidades tributarias anuales. (boletín N° 1533-07-1)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de la señora Romy Rebolledo Leyton y del señor Maximiano Errázuriz Eguiguren .

I. Fundamentos.

Los autores de la moción afirman que la carencia económica para hacer valer un derecho equivale para su titular, prácticamente, a la no posesión del mismo, lo que obliga a avanzar en la concreción de la gratuidad en la administración de justicia, principio fundamental en la organización de los tribunales y para el acceso a la justicia de los sectores más postergados.

Las normas legales relativas al privilegio de pobreza, contenidas en el Código de Procedimiento Civil, así como las disposiciones de similar naturaleza que se contemplan en la ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, no regulan con la debida claridad el alcance de tal privilegio respecto de las publicaciones que los interesados deben efectuar a propósito de la tramitación de la posesión efectiva de las herencias.

La simple reducción de tres a dos los avisos que los interesados deben realizar a propósito de la dictación de la resolución que la otorga, tratándose de herencias que no exceden de cincuenta unidades tributarias anuales, les parece insuficiente. Además, existe una gran mayoría de ciudadanos que no utiliza los diarios como habitual medio de información, que de oneroso se ha ido transformando en ineficaz, sobre todo para los sectores de menores recursos y para los que habitan en lugares apartados.

Por tal razón y dados el desarrollo y diversidad alcanzados en materia de comunicaciones, particularmente en el ámbito de la radiodifusión, buscan utilizar este medio para efectuar la publicidad del extracto de la resolución que concede la posesión efectiva de la herencia.

II. Minuta de las ideas matrices o fundamentales y contenido del proyecto.

La idea matriz o fundamental del proyecto es modificar la forma de efectuar la publicidad del extracto de la resolución que concede la posesión efectiva de herencias que no exceden de cincuenta unidades tributarias anuales.

Para materializar la idea anterior, se propone un proyecto de ley que consta de cinco artículos permanentes.

El artículo 1° modifica el artículo 882 del Código de Procedimiento Civil, para señalar que en las herencias a las que se refiere la ley de impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, la publicidad del extracto de la resolución se hará por seis veces, en días distintos, a través de una radioemisora del departamento o de la cabecera de provincia.

En el inciso tercero del mismo artículo, se reemplaza la expresión “Hechas las publicaciones” por “Efectuados los avisos”.

El artículo 2° modifica el artículo 35 de la ley sobre impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones, estableciendo que la resolución que conceda la posesión efectiva de herencias que no excedan de cincuenta unidades tributarias anuales será publicitada en la forma que determina el artículo 882 del Código de Procedimiento Civil.

El artículo 3° obliga a los directores y gerentes generales de los organismos de radiodifusión, a mantener un archivo con la siguiente documentación:

-copia de los extractos de las resoluciones que hayan sido difundidos por la radioemisora.

-original y copia de la planilla de aviso de resolución, suscrita por el gerente general, en que conste la individualización completa del causante y la hora y fecha en que se efectuaron cada una de las seis emisiones del aviso.

-original de la pauta de programación diaria.

El artículo 4° establece que con la sola agregación del original de la planilla de aviso de resolución se tendrá por cumplida la obligación que establece el inciso final del artículo 882 del Código de Procedimiento Civil, que obliga al secretario a dejar constancia en el proceso que se hicieron las publicaciones en forma legal.

El artículo 5° dispone que para la sanción de las infracciones en que se pudiera incurrir en el cumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 3°, se estará a lo dispuesto en el artículo 36 de la ley 18.168, sobre Telecomunicaciones.

III. Discusión y votación en general y particular.

Atendida la naturaleza del proyecto en informe, la Comisión acordó efectuar su discusión en general y particular a la vez.

Previa revisión del proyecto y de las disposiciones legales que modifica o a las cuales se remite, y habida consideración de sus fundamentos, la Comisión procedió a prestar aprobación a la idea de legislar, por la unanimidad de los señores Diputados presentes.

En la discusión en particular, el proyecto fue objeto de diversas indicaciones en cuanto al fondo y otras de índole formal, que se recogen en el texto que figura al final de este informe.

La primera, al artículo 1°, que modifica el artículo 882 del Código de Procedimiento Civil, para establecer que la forma de publicidad que se establece debe ser decretada por el juez de la causa, utilizando al efecto un procedimiento similar al establecido en el caso del saneamiento de la pequeña propiedad raíz.

En tal virtud, el juez podrá decretar que el extracto de la resolución que otorga la posesión efectiva se publique en un diario o se publicite mediante mensaje radial en una radioemisora que el mismo determine.

La segunda indicación, al mismo artículo, se refiere al número de mensajes radiales, que el proyecto propone sean seis, en días distintos, número que ha parecido excesivo.

En las herencias, en general, el número de avisos es tres, que se baja a dos en las inferiores a cincuenta unidades tributarias anuales.

La norma aprobada por la Comisión establece cuatro mensajes radiales.

La tercera indicación, también al artículo 1°, se refiere a la ubicación geográfica de la radioemisora.

En el proyecto se señala que ella debe estar ubicada en el departamento o la cabecera de la provincia.

No existiendo la primera de esas divisiones territoriales, se ha establecido que la radioemisora debe estar ubicada en la comuna, en la capital de la provincia o en la capital de la región cuando allí no lo haya, siguiendo el mismo esquema que consagra el artículo 882 del Código de Procedimiento Civil respecto de las publicaciones en los diarios.

Todas las indicaciones anteriores se recogen en el nuevo inciso tercero que se intercala en la norma antes citada.

La cuarta indicación incide en el número dos del artículo 1°, que modifica el actual inciso tercero del mismo artículo, para sustituir la expresión “Hechas las publicaciones” por “Efectuados los avisos”.

La indicación reemplaza en el mencionado inciso, que ha pasado a ser cuarto, la expresión “Hechas las publicaciones” por “Efectuadas las publicaciones o difundidos los mensajes radiales”.

La quinta indicación al artículo 1°, adecua el inciso final del artículo 882, que dispone que “El secretario deberá dejar constancia en el proceso que se hicieron las publicaciones en forma legal”.

Intercala después de la palabra “publicaciones” la frase “o se efectuaron las transmisiones radiales”.

La sexta indicación no tiene otra finalidad o propósito que adecuar el texto del artículo 884 del Código de Procedimiento Civil al artículo 33 de la ley sobre impuesto a las herencias, asignaciones y donaciones.

Mientras el primero establece una tramitación especial para las herencias que no exceden de trescientos escudos, el segundo la consagra para las inferiores a cincuenta unidades tributarias anuales, que es la cifra que precisamente se ha colocado en el artículo 884.

La séptima indicación suprime los artículos 3° y 4° de la iniciativa.

El primero de ellos, por estimarse demasiado engorroso el procedimiento que allí se establece para los efectos de acreditar las transmisiones radiales del extracto de la resolución que otorga la posesión efectiva y, también, por el elevado costo administrativo que va a significar para las emisoras.

En las radioemisoras no existe la “Planilla de Aviso de Resolución” y, en lo que respecta a la “Pauta de Programación Diaria”, lo único que se indica en ella es la hora en que se transmiten avisos, sin la individualización de los mismos.

La aplicación práctica de esta normativa determinará la forma de acreditar el cumplimiento de estas exigencias legales. En el caso de los avisos, se llevan al juzgado los recortes de los diarios para los efectos de las constancias que deberá hacer el secretario. En el caso de los mensajes, bastará una certificación expedida por la radioemisora, que se agregará al proceso.

El segundo de ellos se suprime atendida la nueva redacción que se ha dado al inciso final del artículo 882.

La octava indicación incide en el artículo 5°, que sanciona las infracciones en que se pudiera incurrir en el cumplimiento de la obligación que el artículo 3° impone a los directores y gerentes generales de las radioemisoras, en la forma prevista en el artículo 36 de la ley N° 18.168, sobre Telecomunicaciones.

Esa disposición, como se ha visto, establece sanciones de amonestación, multa en unidades tributarias, suspensión de transmisiones radiales, caducidad de la concesión o permiso, sin que el proyecto precise cuál de ellas se aplicará en el presente caso.

Al margen de las razones anteriores y dado el hecho de haberse suprimido el artículo 3°, la indicación que se comenta suprime este artículo.

IV. Constancias reglamentarias.

Para los efectos previstos en el artículo 287 del Reglamento de la Corporación, se hace constar:

-No hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quórum calificado.

-No hay artículos del proyecto que deban ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

-El proyecto fue aprobado en general por unanimidad. También fue unánime la aprobación en particular.

-Se han rechazado los artículos 3°, 4° y 5°. No hay indicaciones recibidas.

V. Texto del proyecto aprobado.

En mérito de las consideraciones anteriores, vuestra Comisión os propone que prestéis aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo 1°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en el Código de Procedimiento Civil:

1. Modifícase el artículo 882 en los siguientes términos:

a) Agrégase en el inciso primero la siguiente oración final: “Si la herencia no excediere de cincuenta unidades tributarias anuales, el número de avisos se reducirá a dos.”

b) Intercálase el siguiente inciso tercero:

“Si se tratare de herencias que no excedan de cincuenta unidades tributarias anuales, el juez podrá ordenar que la publicidad del extracto de la resolución que concede la posesión efectiva se haga mediante la emisión de mensajes radiales, por cuatro veces en días distintos, en una radioemisora de la comuna, o de la capital de la provincia o de la capital de la región cuando allí no la haya.”

c) Sustitúyese en el actual inciso tercero la expresión “Hechas las publicaciones” por “Efectuadas las publicaciones o difundidos los mensajes radiales”.

d) Intercálase, en el inciso final, después de la palabra “publicaciones” la frase “o se efectuaron las transmisiones radiales”.

2. Sustitúyese en el artículo 884 la expresión “trescientos escudos” por “cincuenta unidades tributarias anuales”.

Artículo 2°.- Sustitúyese el inciso primero del artículo 35 de la ley N° 16.271, sobre herencias, asignaciones y donaciones, por el siguiente:

“Artículo 35.- La resolución que conceda la posesión efectiva de la herencia será publicitada en la forma que determina el artículo 882 del Código de Procedimiento Civil.”

-o-

Se designó Diputada Informante a la señora Martita Wörner Tapia .

Sala de la Comisión, a 13 de agosto de 1997.

Acordado en sesión de igual fecha, con asistencia de los señores Cornejo ( Presidente ), Elgueta , Gajardo , Viera-Gallo y señora Wörner .

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .”

3. Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre el proyecto de ley que modifica el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal en lo relativo a la detención, y dicta normas de protección a los derechos del ciudadano. (boletín N° 914-07-4)

“Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Constitución, Legislación y Justicia pasa a informaros, en tercer trámite constitucional, sobre el proyecto de ley individualizado en el epígrafe, iniciado en moción de los Diputados señores Juan Pablo Letelier , Carlos Montes y Andrés Palma , y de los ex diputados señora Adriana Muñoz y señor Mario Devaud .

-o-

La decisión de enviar este proyecto en informe a la Comisión fue adoptada por la Corporación en su sesión 19ª., celebrada en martes 15 de julio de 1997, al momento de darse cuenta del oficio del honorable Senado por el cual éste comunicaba la aprobación del mismo, con modificaciones, en los términos que en el referido oficio se expresan.

I. Contenido del informe.

Con arreglo a lo establecido en el artículo 119 del Reglamento, el informe de la Comisión deberá pronunciarse sobre el alcance de las modificaciones introducidas por el Senado y, si lo estimare conveniente, recomendará la aprobación o rechazo de las enmiendas propuestas.

II. Disposiciones aprobadas por el Senado.

Como cuestión previa, ha de tenerse en consideración que el honorable Senado ha aprobado las enmiendas que la Cámara introdujera a los artículos 18 y 270 del Código de Procedimiento Penal por el artículo 1° del proyecto; que ha concordado en la derogación de la normativa sobre vagancia y mendicidad, contenida en el Código Penal, propuesta suprimir en virtud de la letra c) del artículo 2° del proyecto, y, por último, que ha aceptado las enmiendas al Código Orgánico de Tribunales y a la ley sobre organización y atribuciones de los juzgados de policía local, contempladas en los artículos 3° y 4° del proyecto.

III. Acuerdos adoptados por la Comisión.

La Comisión, por la unanimidad de los señores Diputados presentes, ha acordado recomendaros el rechazo de siguientes enmiendas introducidas por el Senado:

-En el artículo 1°, que introduce diversas modificaciones en el Código de Procedimiento Penal, el primer inciso que se agrega en el artículo 284 por la letra e) nueva, que corresponde a la letra b) del texto aprobado por la Corporación; y la letra f), en sus números 1 y 2.

-En el artículo 2°, que modifica el Código Penal, la supresión del número 3 del artículo 150, que se reemplaza por la letra a).

-La eliminación del artículo 5° del texto aprobado por la Corporación.

Lo anterior, para los efectos de tener la oportunidad de insistir en el texto aprobado por la Cámara de Diputados en el seno de la Comisión Mixta que habrá de constituirse en conformidad con lo estatuido en el artículo 68 de la Carta Fundamental.

-o-

La Comisión ha acordado recomendaros la aprobación del resto de las adiciones o enmiendas introducidas por el Senado.

En el artículo 1°:

Por mayoría de votos, las recaídas en la letra c), que ha pasado a ser b); en la letra d), que ha pasado a ser c); en la letra e), nueva, el inciso final que se agrega al artículo 284 y, consecuencialmente, la letra g), que ha pasado a formar parte de la letra e), nueva, precisamente como inciso final de dicho precepto.

Por unanimidad, el segundo de los incisos que se agregan en el artículo 284 por la letra e), nueva.

En el artículo 2°:

Por unanimidad, las enmiendas a la letra a), con la salvedad de la eliminación del N° 3, que ha rechazado; la letra b) y la letra c), nueva.

IV. Alcance de las adiciones o enmiendas del Senado.

El honorable Senado ha introducido al proyecto diversas enmiendas, las que, para una mejor comprensión de las mismas, se indican en el texto comparado que figura al final de este informe.

Artículo 1° del proyecto

Modificaciones al Código de Procedimiento Penal.

Artículo 253

El Senado ha consultado la normativa relativa a los resguardos a favor del detenido en el artículo 284, con otra redacción, como se indicará al analizar esa disposición más adelante.

Artículo 260

El artículo 260 se refiere a la detención policial y contempla, entre otras figuras, “la detención por sospecha”.

Las enmiendas que la Cámara introdujera a este artículo tuvieron por finalidad eliminar la denominada “detención por sospecha”, lo que se logra con la supresión de los números 3 y 4 del artículo 260, que permiten detener al que anduviere con disfraz o de otra manera que dificulte o disimule su verdadera identidad y rehusare darla a conocer, o al que se encontrare a deshora en lugares o circunstancias que presten motivo fundado para atribuirle malos designios, preceptos que tampoco figuran en el nuevo Código de Derecho Procesal Penal.

El texto aprobado por la Cámara mantiene la distinción que hace el artículo 260 entre aquellos casos en que la policía está obligada a detener (delincuentes flagrantes) de aquéllos en que está autorizada para hacerlo (al sentenciado que quebranta su condena y al que se fugare estando detenido o preso).

El Senado, al sustituir los incisos primero y segundo de este artículo, por los que se indican en el texto comparado, está estableciendo que en los tres casos indicados en el párrafo anterior la policía está obligada a detener.

Además, agrega un inciso nuevo para consagrar el denominado “control de identidad”, que la Cámara rechazara y que tampoco figura en el nuevo Código de Derecho Procesal Penal.

En virtud de esta facultad, la policía puede solicitar la identificación de cualquier persona, so pena de ser conducida detenida a la unidad policial más cercana, si se niega a ello o no puede acreditar su identidad.

Se expresa en la disposición, que esto se hará en casos fundados, indicándose algunos por vía meramente ejemplar, a saber, indicios que la persona ha cometido o intentado cometer un delito, que se dispone a cometerlo, o que puede proporcionar informaciones útiles para la indagación de un delito, todo ello, a criterio del agente policial aprehensor.

Artículo 263

El Senado ha sustituido esta enmienda, por otra al artículo 266, que la Cámara no modificó.

La realidad es que el Senado ha rechazado las enmiendas que la Cámara hiciera a este artículo 263, que consagra la figura de la flagrancia, para que coincidiera con la norma aprobada en el nuevo Código de Derecho Procesal Penal.

Por lo tanto, el artículo 263 se mantiene en los términos actuales.

De esta forma, no se considerará que se encuentra en situación de flagrancia el que actualmente se encontrare cometiendo el delito, aun cuando sea en estado de tentativa; el que hubiere realizado actos preparatorios sancionados por la ley penal, y el que inequívocamente se aprestare a dar comienzo a la ejecución de un delito.

En reemplazo, el Senado propone agregar una enmienda nueva en el Código de Procedimiento Penal, para sustituir el artículo 266, que no fuera objeto de modificación por la Cámara de Diputados.

Este último artículo regula la detención de una persona sorprendida in fraganti por algún delito de aquellos que sólo ameritan la citación, atendida su gravedad.

Si se compara la disposición aprobada por el Senado y la disposición vigente (página 12 del comparado), se podrán observar entre ambas importantes modificaciones.

En el caso analizado, el funcionario que recibe al detenido lo pone en libertad intimándole para que comparezca ante el juez competente si:

-tuviere domicilio conocido, o

-ejerciere alguna profesión o industria, o

-persona de responsabilidad y vecina del lugar se comprometiere a que el aprehendido obedecerá la intimidación y se constituyera en fiador, u

-otorgare una caución en dinero, o

-constituyera una fianza nominal.

La disposición del Senado dispone que el funcionario encargado del recinto policial pondrá en libertad al detenido, si:

-acredita tener domicilio conocido, o

-rinde en dinero efectivo una fianza de comparecencia.

La disposición del Senado elimina, entre otras cosas, el fiador y la fianza nominal de persona solvente.

Artículo 284

En este artículo el Senado recoge, con modificaciones, la normativa que la Cámara contemplara en el artículo 253 del Código de Procedimiento Penal.

Entre lo aprobado por el Senado y por la Cámara existen importantes diferencias, como se comprueba con la simple lectura comparativa de los preceptos respectivos (páginas 12 y 13 del texto comparado).

La disposición aprobada por la Cámara agrega, a la garantía constitucional de la intimidación de la orden legal de detención, otros resguardos a favor del detenido que, en su conjunto, conforman el trámite de información a que se refiere el nuevo inciso que se agrega en el artículo 319.

Es importante destacar que el funcionario público a cargo del procedimiento de detención o de aprehensión de la persona debe, antes de conducirla hasta la unidad policial, informarla oralmente de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos legales que le asisten. Luego, el encargado de la primera casa de detención policial, le debe leer el Acta de Información de Derechos del Detenido.

De ese trámite, el Senado elimina o más bien condiciona o limita el que dice relación con la obligación del funcionario a cargo del procedimiento de detención o aprehensión, de informar oralmente a la persona detenida, antes de conducirla hasta la unidad policial, de la razón de su detención o aprehensión y de los derechos legales que le asisten, a los casos en que la detención o aprehensión se efectúen por orden judicial o de autoridad competente y no exista resistencia de parte del afectado.

De no ser así, el trámite de información se cumple al momento de ser ingresado el detenido o preso a la unidad policial o casa de detención.

Indica el Senado, además, el lugar en donde debe cumplirse esta obligación, tratándose de personas detenidas en su casa o en la que ellas señalen, cuando se da la figura de la legítima defensa privilegiada.

La disposición de la Cámara exige que en las casas y recintos de detención policial exista un cartel informativo en el cual se indiquen claramente los derechos que tiene el detenido o aprehendido, el que debe estar a la vista y en condiciones de ser leído con facilidad. Dispone, además, que tanto el texto del “Acta de Información de Derechos del Detenido”, como del cartel, que serán fijados por decreto de Justicia, deben contener una relación de los derechos del detenido, consagrados en determinados artículos del Código, que cita.

¿Cuáles son las razones que tuvo la Cámara para aprobar estas disposiciones?

Primero, la convicción de que la conciencia vigilante de los propios derechos y la capacidad de las personas de reclamarlos es la mejor defensa de los derechos humanos.

Segundo, que si bien la presunción general del conocimiento de la norma legal es una premisa básica para el imperio de la ley, esa ficción legal no puede soslayar la realidad: la gente no conoce las normas que la protegen y este desconocimiento facilita que los funcionarios públicos las vulneren sistemáticamente sin que les sea exigido su respeto por los sujetos detenidos.

Tercero, hacer saber al detenido o preso, que aunque se encuentre incomunicado, tiene el derecho a que se informe por la policía o por el tribunal a cuya disposición estuviere, a su familia, a su abogado o a la persona que él indique, el hecho de su detención o prisión, como, asimismo, a conferenciar con su abogado en presencia del funcionario encargado del establecimiento policial o carcelario, hasta por treinta minutos cada día, exclusivamente sobre el trato recibido, las condiciones de su detención y sobre los derechos que pueden asistirle.

Cuarto, que sepa que tiene derecho para procurarse, a sus expensas, las comodidades y ocupaciones que sean compatibles con el objeto de su detención o prisión y con el régimen del establecimiento; que puede recibir la visita de un ministro de su religión, de su abogado o de su procurador, o de aquellas personas con quienes esté en relación de familia, de intereses o que pueden darle consejos.

Quinto, que conozca el derecho que tiene a que se consignen sumariamente las declaraciones que se allanare a prestar.

La disposición aprobada por el Senado se limita a señalar, en forma muy breve y concisa, que en todo recinto policial y casa de detención, en lugar claramente visible del público, debe existir un cartel destacado en el cual se consignen los derechos de los detenidos, cuyo texto y formato serán fijados por decreto de Justicia.

En este artículo 284, el Senado agrega un inciso final, que recoge, con enmiendas de fondo, lo que la Cámara considerara como inciso nuevo del artículo 319, a la cual se hará referencia más adelante.

Artículo 293

Regula este artículo los derechos que tiene el detenido para que se comunique a su familia, a su abogado o a la persona que indique, el hecho de su detención o prisión.

La disposición aprobada por la Cámara tiene por finalidad que ese cometido pueda ser cumplido por el propio afectado (por sí mismo) y no solamente por la policía o el tribunal; que del hecho de la detención o prisión se dé “noticia inmediata, en el plazo más breve posible” “y por los medios más expeditos”, y que, en caso de incumplimiento, se sancione al funcionario infractor con la pena de suspensión en su grado máximo.

Se trata, en el fondo, de nuevas exigencias tendientes a hacer más efectivo el ejercicio de estos derechos.

El Senado elimina el derecho del detenido o preso de comunicar por sí mismo el hecho de su detención o prisión y modifica la pena en caso de retardo o incumplimiento de esta obligación.

Artículo 319

La disposición del artículo 319, como ya se expresara, el Senado la ha incorporado como inciso final del artículo 284.

Si se lee el comparado en su página 13, se verá que la Cámara aprobó una norma por la cual la omisión del trámite de información trae aparejada la invalidación de la declaración que el detenido hubiere prestado ante sus aprehensores. Los antecedentes respectivos se desagregan de los autos, se forma con ellos un cuaderno especial y el juez remite oficio a la autoridad administrativa para que aplique las sanciones disciplinarias del caso.

La disposición aprobada por el Senado elimina la desagregación de los antecedentes y la formación del cuaderno especial. En vez de la invalidación de la declaración prestada, opta por tener por no prestadas las declaraciones.

Artículo 2° del proyecto

Modificaciones en el Código Penal

Artículo 150

La Cámara de Diputados sustituyó el artículo 150, que sanciona a los que decretaren o prolongaren indebidamente la incomunicación de un procesado, le aplicaren tormentos o usaren con él de un rigor innecesario, con una finalidad doble. Suprimir la normativa relativa a la tortura, para consagrarla y sancionarla en un artículo separado y agregar en este artículo un número 3° nuevo, para sancionar a los que en el ejercicio de sus cargos tuvieren conocimiento de estos delitos y procediendo impedirlos, no lo hicieren.

El Senado ha introducido en este artículo algunas modificaciones formales y una de fondo, destinada a eliminar el nuevo número 3° que la Cámara aprobara.

Artículo 150 bis

La Cámara de Diputados agregó este artículo nuevo, con el fin de consagrar expresamente el delito de tortura, que definió en los mismos términos que lo hace el artículo 1° de la convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

Acorde con dicho tratado, todo Estado debe tomar las medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo el territorio que esté bajo su jurisdicción.

La pena es de presidio o reclusión menores en su grado medio a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo (541 días a 10 años), además de la suspensión o inhabilitación que corresponda, como pena accesoria.

Si con ocasión de la tortura se cometieren además los delitos de violación, violación sodomítica, homicidio calificado, castración, mutilación de un miembro importante o lesiones graves, se aplican al responsable las penas señaladas para estos delitos en sus grados máximos.

El delito de tortura, inserto en el párrafo relativo a los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución, lo comete el funcionario público que torturare o hiciere torturar a una persona.

Los dolores o sufrimientos deben ser infligidos por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia.

Se caracteriza este delito por el hecho de utilizar cualquier apremio ilegítimo, mediante el cual se obtiene información o una confesión.

Los apremios pueden consistir en infligir intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, físicos o mentales.

También se puede torturar mediante la comisión de delitos contra la vida, el honor, la salud individual, amenazas y coacciones.

En estos casos, como los mencionados en el inciso final de este artículo, no es necesario obtener la información o la confesión, sino que basta con la realización del apremio ilegítimo.

El Senado ha sustituido este artículo por otro en el cual no se habla de tortura ni se la define. La explicación dada sobre el particular es que al Código Penal no le corresponde definir conceptos, sino tipificar conductas delictivas, recogiendo en ellas los elementos que pueden estar presentes en la definición aprobada por la Cámara de Diputados, sacada de un tratado internacional.

En la disposición que ha aprobado, se habla, de forma genérica, del empleado público que aplicare tormentos o apremios ilegítimos, físicos o mentales, u ordenare o consintiere en su aplicación; del que conociendo estos hechos, no los impidiere o hiciere cesar.

Además, si el tormento o apremio se impusiere para compeler a efectuar una confesión, a prestar declaración o entregar información, se establece una agravación de la pena.

Por último, se regula la pena que habrá de corresponder al empleado público según el resultado que se produzca a consecuencias del tormento o apremio ilegítimos.

Artículo 150 B

Es una disposición nueva del Senado, destinada a sancionar a las personas que sin revestir la calidad de empleado público, participare en la comisión de los delitos previstos en los dos artículos anteriores.

Cabe llamar la atención sobre el hecho de que este nuevo artículo quede ubicado en el párrafo 4 del título III del libro II del Código Penal, que se refiere específicamente a “los agravios inferidos por funcionarios públicos a los derechos garantidos por la Constitución”.

Debería ubicarse, si en definitiva se aprobare -y con los cambios formales del caso-, en el párrafo 3, que trata de los “crímenes y simples delitos contra la libertad y seguridad, cometidos por particulares”.

Se justificó su inclusión en el párrafo 4 pues busca sancionar a particulares que, acompañados por empleados públicos, cometen algunos de estos delitos, que, en su conjunto, conforman un todo armónico y coherente.

Artículo 5°

El artículo 5° modifica el N° 5 del artículo 42 de la Ley de Menores, como consecuencia de la supresión de los delitos de vagancia y mendicidad.

El referido artículo 42 señala en qué casos existe inhabilidad física o moral de uno o ambos padres para hacerse cargo del cuidado personal de sus hijos.

Eso sucede, según el N° 5° vigente, cuando hubieren sido condenados por vagancia, secuestro o abandono de menores.

El Senado ha eliminado este artículo, con lo cual uno o ambos padres podrán hacerse cargo del cuidado personal de sus hijos, no obstante haber sido condenados por secuestro o abandono de menores.

Ese es el exacto alcance de la eliminación efectuada.

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Continúa de Diputado Informante el señor José Antonio Viera-Gallo Quesney .

Sala de la Comisión, a 2 de septiembre de 1997.

Acordado en sesión de 13 de agosto y 2 de septiembre de 1997, con asistencia de los señores Cornejo ( Presidente ), Cardemil , Elgueta , Ferrada , Gajardo , Luksic, Viera-Gallo y señora Wörner .

(Fdo.): ADRIÁN ÁLVAREZ ÁLVAREZ , Secretario de la Comisión .”

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4. Oficio de la Corte Suprema.

“Oficio Nº 2819

Comunica lo que indica.

Santiago , 28 de agosto de 1997.

En los antecedentes administrativos ML 13.174, relativos al Proyecto de Ley referido a la participación de los bienes hereditarios (boletín Nº 2069-07), esta Corte Suprema ha ordenado oficiar a V.S. para que, a fin de poder dar respuesta al informe solicitado por su oficio Nº 1606 de 25 de julio último, se sirva remitir las actas de la Comisión Mixta que trato idéntico Proyecto de Ley al que ahora se propone.

Saluda con deferencia a V.S.

(Fdo.): SERVANDO JORDÁN LÓPEZ , Presidente ; CARLOS A. MENESES PIZARRO , Secretario .

SEÑOR PRESIDENTE

DON GUTENBERG MARTÍNEZ OCAMICA

CÁMARA DE DIPUTADOS

VALPARAÍSO.”

5. Oficio del Tribunal Constitucional.

“Oficio Nº 1297

Excmo. señor Presidente

de la Cámara de Diputados:

Tengo el honor de transcribir a V.E. la resolución dictada por este Tribunal en los antecedentes Rol Nº 257, referido al proyecto de ley que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, cuyo texto es el siguiente:

“Santiago, veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y seis.

Como medida para mejor resolver ofíciese a la Cámara de Diputados para que informe a este Tribunal acerca del quórum de aprobación en cada uno de los trámites constitucionales de los diversos incisos que conforman los artículos 25 y 80 del proyecto en análisis.”

Esta resolución fue dictada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Osvaldo Faúndez Vallejos , y los Ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva , señora Luz Bulnes Aldunate , señores Servando Jordán López , Juan Colombo Campbell y Mario Verdugo Marinkovic .

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .

AL EXCMO. SEÑOR

PRESIDENTE DE LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS

DON GUTENBERG MARTÍNEZ OCAMICA

PRESENTE.”

6. Oficio del Tribunal Constitucional.

“Oficio Nº 1299

Excelentísimo señor Presidente

de la Cámara de Diputados:

Tengo el honor de remitir a V.E. copia autorizada de la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional, en los autos Rol Nº 257, referidos al proyecto de ley que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, enviado a este Tribunal para su control de constitucionalidad, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .

Santiago , dos de septiembre de mil novecientos noventa y siete.

Vistos y considerando:

1º Que, por oficio Nº 1642, de 19 de agosto de 1997, la honorable Cámara de Diputados ha enviado el proyecto de ley, aprobado por el Congreso Nacional, que fija el nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, a fin de que este Tribunal, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política de la República, ejerza el control de la constitucionalidad de sus artículos 9º, 12, 28, 73 y 80 -inciso final-;

2º Que, el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política establece que es atribución de este Tribunal: “Ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes orgánicas constitucionales antes de su promulgación y de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución”;

3º Que, de acuerdo al considerando precedente, corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre las normas del proyecto remitido que estén comprendidas dentro de las materias que el constituyente ha reservado a una ley orgánica constitucional;

4º Que, el artículo 38, inciso primero de la Constitución dispone:

“Artículo 38.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización básica de la Administración Pública, garantizará la carrera funcionaria y los principios de carácter técnico y profesional en que deba fundarse, y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento de sus integrantes.”;

5º Que, el artículo 19, Nº 11, inciso quinto, de la Carta Fundamental, señala:

“Una ley orgánica constitucional establecerá los requisitos mínimos que deberán exigirse en cada uno de los niveles de la enseñanza básica y media y señalará las normas objetivas, de general aplicación, que permitan al Estado velar por su cumplimiento. Dicha ley, del mismo modo, establecerá los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos educacionales de todo nivel.”;

6º Que, los artículos 9º y 12 del proyecto sometidos a control de constitucionalidad establecen:

“Artículo 9º.- Existirá un órgano nacional de conformación tripartita, denominado Consejo Nacional de Capacitación, cuya función será asesorar al Ministerio del Trabajo y Previsión Social en la formulación de la política nacional de capacitación.

“Dicho Consejo será presidido por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, y estará integrado, además, por los Ministros de Hacienda, de Economía, Fomento y Reconstrucción, de Educación y el Vicepresidente de la Corporación de Fomento de la Producción, o por quienes éstos designen en su representación. También lo integrarán cuatro consejeros provenientes del sector laboral y cuatro consejeros provenientes del sector empresarial, quienes serán designados por el Presidente del Consejo , previa consulta a las organizaciones nacionales más representativas de dichos sectores.

“El Consejo tendrá una Secretaría Técnica que estará a cargo del Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

“El Consejo sesionará, a lo menos, cada tres meses convocado por el Ministro del Trabajo y Previsión Social, y emitirá, una vez al año, un informe público sobre las deliberaciones y acuerdos que haya adoptado en el ejercicio de sus funciones.

“Además, deberá constituirse y funcionar en cada Región del país un Consejo Regional de Capacitación, que tendrá por función asesorar al Gobierno Regional en el desarrollo y aplicación de la política nacional de capacitación en el ámbito regional. Este órgano regional será presidido por el Secretario Regional Ministerial del Trabajo y Previsión Social y estará integrado por los Secretarios Regionales Ministeriales de los Ministerios que integran el Consejo Nacional. También lo integrarán dos consejeros provenientes del sector laboral y dos consejeros provenientes del sector empresarial, quienes serán designados por su Presidente de la misma forma como lo son los que integran el Consejo Nacional de Capacitación. Cada uno de estos consejos tendrá una Secretaría Técnica que estará a cargo del respectivo Director Regional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.”

“Artículo 12.- Las acciones de capacitación se realizarán directamente por las empresas o a través de los organismos técnicos de capacitación. Podrán ser organismos técnicos de capacitación las personas jurídicas que tengan entre sus objetivos la capacitación, las universidades, los institutos profesionales y centros de formación técnica, registrados para este efecto en el Servicio Nacional, en conformidad a los artículos 19 y 21 de la presente ley.”;

7º Que, las disposiciones contenidas en el artículo 9º del proyecto sometido a control, son propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 38 de la Carta Fundamental;

8º Que, los preceptos contemplados en el artículo 12 del proyecto en examen, son propios de la ley orgánica constitucional a que alude el artículo 19, Nº 11º, inciso quinto, de la Carta Fundamental;

9º Que, las disposiciones a que hacen referencia los considerandos 7º y 8º no contienen normas contrarias a la Constitución Política de la República y son, en consecuencia, constitucionales;

10º Que, el artículo 74 de la Carta Fundamental establece:

“Artículo 74.- Una ley orgánica constitucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará las calidades que respectivamente deban tener los jueces y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de Corte o jueces letrados.

“La ley orgánica constitucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales sólo podrá ser modificada oyendo previamente a la Corte Suprema.”;

11º Que, dentro del ámbito de aplicación de la ley orgánica constitucional precisada en el considerando anterior, se han sometido a control de constitucionalidad los artículos 28 y 80, inciso final, del proyecto en análisis que establecen:

“Artículo 28.- De la resolución referida en el artículo 25 podrá reclamarse ante el Juez de Letras en lo Civil correspondiente al domicilio del afectado, dentro de los quince días siguientes a la notificación de la resolución respectiva. El Juez resolverá sin forma de juicio, con informe del Servicio Nacional.”

Artículo 80, inciso final: “De esta resolución podrá reclamarse en los términos establecidos en el artículo 28 de esta ley.”;

12º Que, como puede apreciarse, la disposición del artículo 28 antes transcrita se remite al artículo 25 del proyecto para determinar la resolución cuya reclamación es entregada al conocimiento del Juez de Letras en lo Civil correspondiente al domicilio del afectado. El señalado artículo 25, por su parte, junto con precisar la naturaleza de esa resolución, legisla, también, sobre otras materias que no son propias de ley orgánica constitucional. Dicha disposición no ha sido sometida al control de constitucionalidad previsto en el artículo 82, Nº 1º, de la Constitución Política, ni ha sido aprobada con el quórum de las cuatro séptimas partes de los diputados y senadores en ejercicio. Ante esta situación, y en esta oportunidad, el Tribunal, siguiendo el principio de buscar la interpretación de las normas que permitan resolver, dentro de lo posible, su conformidad con la Constitución, decide que el artículo 28 es constitucional, en el entendido que la resolución cuya reclamación es entregada al respectivo Juez de Letras en lo Civil es aquella en virtud de la cual el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo cancela la personalidad jurídica del organismo técnico intermedio para capacitación, ordenando su eliminación del registro que ha de llevar;

13º Que, el mismo predicamento establecido en el considerando precedente debe seguirse respecto del inciso final del artículo 80 del proyecto remitido, el cual, en consecuencia, es considerado constitucional, en el entendido que la resolución que podrá ser reclamada es la del Director Nacional del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo que cancela el registro de un organismo técnico intermedio para capacitación;

14º Que, por último, se ha sometido a control de constitucionalidad el artículo 73 del proyecto que establece:

“Artículo 73.- En cada Municipalidad podrá funcionar una Oficina de Información Laboral, que, además de cumplir con las actividades señaladas en el artículo 7º, tendrá las siguientes funciones:

“1. Recibir las ofertas y solicitudes de capacitación y de trabajo de la comuna.

“2. Informar y orientar a los eventuales beneficiarios de programas de capacitación.

“3. Relacionar al oferente y solicitante de trabajo.

“4. Verificar los antecedentes laborales de los oferentes y demandantes, así como los requerimientos de los puestos de trabajo, conforme a normas técnicas impartidas por el Servicio Nacional.

“5. Entregar periódicamente al Servicio Nacional y a los servicios públicos que la demanden, la información recogida en su Oficina en cuanto a la oferta y demanda de trabajo y capacitación.

“6. Cumplir las funciones de orientación laboral, que el Servicio Nacional les indique.

“El Servicio Nacional, a través de sus direcciones regionales, será el encargado de proponer normas técnicas y coordinar iniciativas en las materias a que se refiere este artículo.”;

15º Que, como lo ha señalado anteriormente este Tribunal, el artículo 5º de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo texto refundido se encuentra contenido en el Decreto Supremo Nº 662, de 16 de junio de 1992, del Ministerio del Interior, dispone que son materias propias de ley orgánica constitucional las atribuciones esenciales de los municipios, pero que, además, éstos tendrán aquellas “no esenciales que le confieran las leyes o que versen sobre materias que la Constitución Política de la República expresamente ha encargado sean reguladas por la ley común”. Estas últimas no pueden quedar incluidas en una ley orgánica constitucional, puesto que ello llevaría a extender su campo de aplicación más allá de lo necesario y permitido por la Constitución, privando “a nuestro sistema legal de una equilibrada y conveniente flexibilidad, dado el alto quórum que exige esta clase de leyes para su aprobación, modificación o derogación”;

16º Que, las municipalidades tienen por objeto, según lo dispone el artículo 107 de la Constitución Política de la República, “satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”;

17º Que, como puede observarse, las atribuciones que las municipalidades están llamadas a ejercer a través de la Oficina de Información Laboral que se crea en el artículo 73 en examen, no dicen relación con aquello que es más propio e inherente a las actividades que a dichos órganos les corresponde desarrollar, razón por la cual no pueden ser consideradas esenciales;

18º Que, por lo anteriormente expuesto y, tomando en consideración las normas constitucionales aplicables en la especie, y la constante jurisprudencia de este Tribunal, las disposiciones comprendidas en el precepto en estudio no son propias de ley orgánica constitucional;

19º Que, consta de autos que se ha oído previamente a la Corte Suprema de acuerdo a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 74 de la Carta Fundamental, en relación a los artículos 28 y 80, inciso final, del proyecto remitido;

20º Que, consta, asimismo, de autos, que las disposiciones sometidas a control de constitucionalidad han sido aprobadas en ambas Cámaras del Congreso con las mayorías requeridas por el inciso segundo del artículo 63 de la Constitución Política de la República y que sobre ellas no se ha suscitado cuestión de constitucionalidad.

Y, vistos, lo dispuesto en los artículos 19, Nº 11º -inciso quinto-, 38, 63, 74, 82, Nº 1º, 107, 108, 109 y 111 de la Constitución Política de la República, y lo prescrito en los artículos 34 al 37 de la Ley Nº 17.997, Orgánica Constitucional de este Tribunal, de 19 de mayo de 1991,

Se declara:

1. Que las normas contenidas en los artículos 9º y 12 del proyecto remitido son constitucionales.

2. Que los preceptos de los artículos 28 y 80, inciso final, del proyecto enviado son constitucionales en el entendido que se precisa en los considerandos 12º y 13º de esta resolución.

3. Que no corresponde al Tribunal pronunciarse sobre las normas del artículo 73 del proyecto remitido, por versar sobre materias que no son propias de ley orgánica constitucional.

Los Ministros señores Eugenio Valenzuela y Juan Colombo estuvieron por sugerir a los órganos colegisladores que, para un mejor ordenamiento y comprensión de nuestro sistema legal, en aquellos casos en que se confiera competencia a los tribunales de justicia sea una sola la norma que establezca tanto el tribunal llamado a conocer de una materia como el asunto mismo entregado a su conocimiento, todo ello, por cierto, dentro de sus exclusivas potestades.

Devuélvase el proyecto a la honorable Cámara de Diputados, rubricado en cada una de sus hojas por el Secretario del Tribunal , oficiándose. Regístrese, déjese fotocopia del proyecto y archívese. Rol Nº 257.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Osvaldo Faúndez Vallejos y los Ministros señores Eugenio Valenzuela Somarriva , señora Luz Bulnes Aldunate , señores Juan Colombo Campbell y Mario Verdugo Marinkovic . Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional , don Rafael Larraín Cruz .

Conforme con su original.

AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DON GUTENBERG MARTÍNEZ OCAMICA

PRESENTE”

7. Oficio del Tribunal Constitucional.

“Excmo. señor Presidente

de la Cámara de Diputados:

Con fecha 19 de agosto en curso se acordó poner en conocimiento de V.E. la situación surgida respecto del artículo 96, en relación a los números 6, 7 y 8 del artículo 95, e inciso segundo del artículo 65, todos del Código de Minería, y de la sentencia de este Tribunal Constitucional de fecha 6 de septiembre de 1983, recaída en los autos Rol Nº 17.

Con fecha 24 de agosto de 1983, la honorable Junta de Gobierno formuló requerimiento a este Tribunal, de acuerdo a lo dispuesto en el Nº 2º del artículo 82 de la Constitución Política, en atención a que durante la tramitación del proyecto de ley sobre Nuevo Código de Minería se suscitaron cuestiones de constitucionalidad acerca de si el artículo 96, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95, y el inciso segundo del artículo 65 de dicho proyecto, tenían el carácter de preceptos de ley orgánica constitucional o de ley común.

Por sentencia de fecha 6 de septiembre de 1983, recaída en el Rol Nº 17, el Tribunal Constitucional declaró que el artículo 96, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95, y el inciso segundo del artículo 65 del proyecto de ley sobre Nuevo Código de Minería, son propios de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras a que se refiere el inciso séptimo del Nº 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

La honorable Junta de Gobierno no remitió, en su oportunidad, el proyecto sobre Nuevo Código de Minería que contenía los artículos mencionados anteriormente, para que este Tribunal, en conformidad con lo dispuesto en el Nº 1º del artículo 82 de la Constitución Política de la República, ejerciera el control de constitucionalidad a su respecto, razón por la cual estos preceptos fueron publicados con el carácter de ley común y no de ley orgánica constitucional.

Para los efectos señalados en un comienzo, remito a V.E. copia de la sentencia de este Tribunal Constitucional de 6 de septiembre de 1983, Rol Nº 17, como asimismo de la resolución que acordó poner en conocimiento de V.E. esta situación y de la solicitud que la motivó.

Dios guarde a V.E.

(Fdo.): OSVALDO FAÚNDEZ VALLEJOS , Presidente ; RAFAEL LARRAÍN CRUZ , Secretario .

Santiago , diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y siete.

Vistos y teniendo presente:

1º Que, el artículo 82, de la Constitución Política de la República, señala en forma taxativa las atribuciones propias del Tribunal Constitucional, como éste mismo ha tenido ocasión de indicarlo en su sentencia de 24 de febrero de 1987, al ejercer el control de constitucionalidad de la Ley Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos;

2º Que, como es posible observar, entre dichas facultades no se encuentra el declarar la inconstitucionalidad de leyes comunes vigentes como, tampoco, el resolver que dichos cuerpos legales carecen de ese carácter, aun cuando ellos versaren sobre materias propias de ley orgánica constitucional, sea por su propia naturaleza o porque así lo haya resuelto este Tribunal en conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, Nº 2º, de la Carta Fundamental.

Lo anterior ha de entenderse, por cierto, sin perjuicio de la potestad que el Tribunal Constitucional tiene para resolver las cuestiones que se susciten respecto de la constitucionalidad de un decreto con fuerza de ley.

3º Que, a mayor abundamiento debe tenerse presente que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley Nº 17.997, este Tribunal sólo puede ejercer su jurisdicción a requerimiento de los órganos constitucionales interesados o de las personas que intenten la acción pública en los términos señalados en el artículo 82 de la Constitución Política de la República, cuyo no es el caso del ocurrente, el que, por ello, carece de legitimación activa para formular la solicitud que presenta;

4º Que, lo anterior no obsta a que este Tribunal, con el objeto de velar por el principio de la supremacía constitucional, y de la necesaria validez y coherencia que han de tener y guardar entre sí las normas que constituyen el ordenamiento jurídico, haga presente, a los órganos colegisladores, hechos como aquellos que se indican en la presentación de autos, a fin de que, si lo tienen a bien, se adopten las medidas tendientes a subsanarlos conforme a sus exclusivas atribuciones constitucionales.

Se declara:

Que este tribunal carece de competencia para pronunciarse acerca de la solicitud planteada por el abogado señor José Hipólito Zañartu Rosselot , en representación de “Compañía Minera Tamaya S.A.”.

Ofíciese a S.E. el Presidente de la República , al honorable Senado y a la honorable Cámara de Diputados a fin de poner en su conocimiento la situación surgida respecto del artículo 96, en relación a los números 6, 7 y 8 del artículo 95, e inciso segundo del artículo 65, todos del Código de Minería, y de la sentencia de este Tribunal de fecha 6 de septiembre de 1983, recaída en los autos rol Nº 17 una copia de la cual se adjuntará al oficio indicado conjuntamente con la presente resolución.

Se previene que los Ministros señora Luz Bulnes Aldunate y señor Mario Verdugo Marinkovic estuvieron, además por oficiar a la Excma. Corte Suprema en los mismos términos. Rol Nº 256.

Pronunciada por el Excmo. Tribunal Constitucional, integrado por su Presidente don Osvaldo Faúndez Vallejos , y los Ministros señores Marcos Aburto Ochoa , Eugenio Valenzuela Somarriva , señora Luz Bulnes Aldunate , señores Servando Jordán López , Juan Colombo Campbell y Mario Verdugo Marinkovic . Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional , don Rafael Larraín Cruz .

Santiago , seis de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.

Vistos:

Por oficio Nº 6583/205-206, de 24 de agosto de 1983 la honorable Junta de Gobierno formula requerimiento para que este Tribunal se pronuncie respecto de si el artículo 96 del proyecto de ley sobre nuevo Código de Minería, aprobado por dicha honorable Junta, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95, el inciso segundo del artículo 65 y el artículo 108 del referido proyecto, tienen el carácter de ley orgánica constitucional. Se funda este requerimiento en el Nº 2 del artículo 82 de la Constitución Política de la República, esto es, en la atribución que corresponde a este Tribunal para resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley.

Señala el requerimiento que se han originado diferencias de opinión acerca de si el artículo 96 del proyecto, en relación con los números 6, 7 y 8 de su artículo 95, el inciso segundo del artículo 65 y el artículo 108 del mismo proyecto, tienen el carácter de ley orgánica constitucional por tratar materias relacionadas con la simple extinción del dominio de la concesión minera y de la superposición de concesiones, o son propias de ley común, y se reproducen en el aludido requerimiento las razones o fundamentos que en uno y otro sentido se han expuesto por los señores Integrantes de la honorable Junta de Gobierno durante la discusión del proyecto de ley en referencia.

El Tribunal admitió a tramitación el requerimiento y en conformidad a lo ordenado por el artículo 42 de la Ley Orgánica Constitucional Nº 17.997 lo puso en conocimiento de S.E. el Presidente de la República , quien formuló las observaciones contenidas en el oficio de fecha 29 de agosto último que corre a fs. 11.

Se trajeron los autos en relación y el Tribunal por resolución de fs. 16, prorrogó el plazo para resolver el asunto por diez días.

Considerando:

1º Que el artículo 19 Nº 24 inciso 7º de la Constitución Política, al determinar, entre otras, las materias que deben ser objeto de ley orgánica constitucional dispone: “Dichas concesiones -se refiere a las concesiones de exploración o de explotación mineras- se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional”. Y luego agrega: “Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación -esto es la actividad que justifica la concesión minera- y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión”.

Que del precepto transcrito se desprende con nitidez, que son materias propias de ley orgánica constitucional tanto las causales de caducidad por incumplimiento del régimen de amparo como las de simple extinción del dominio sobre la concesión. Respecto de las primeras, el Constituyente las ha circunscrito sólo a aquellas que se relacionan con el incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de amparo como lo demuestra la expresión “para el caso de incumplimiento” que la norma constitucional agrega después del vocablo “caducidad”. Las segundas, en cambio, podrán estar constituidas por los hechos o actos que determine la ley orgánica constitucional, ya que en cuanto a ellas no se ha establecido limitación.

Si la intención del Constituyente hubiera sido restringir sólo al incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de amparo tanto las causales de caducidad como las de simple extinción del dominio sobre la concesión, la locución “para el caso de incumplimiento” que emplea el precepto en estudio habría sido consignada al final de la frase para comprenderlas a ambas y no después de “causales de caducidad” como de hecho ocurre.

Así también lo entendió este Tribunal al ejercer el control de constitucionalidad del proyecto de la actual Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Nº 18.097, de 21 de enero de 1982, al declarar constitucional el artículo 18 de la citada ley, que contempla como causal de extinción de la concesión minera la renuncia -y por ende del dominio que sobre ella se tenga ya que desaparece su objeto- siendo obvio, asimismo, que tal acto jurídico no constituye un incumplimiento de las obligaciones derivadas del régimen de amparo de dichas concesiones.

2º Que la argumentación fundada en el distingo que se hace entre la extinción del dominio sobre la concesión y la extinción de la concesión misma, no resulta valedera ya que la extinción de la concesión acarrea la extinción del dominio sobre ella, por falta de objeto.

3º Que la interpretación que surge de la letra de la Constitución Política, la confirma la debida correspondencia y armonía que debe existir entre los distintos preceptos de las leyes orgánicas constitucionales, puesto que, como lo ha dicho este Tribunal, su objetivo es desarrollar en un texto armónico, sistemático y coherente los preceptos constitucionales en aquellas materias que el Constituyente ha reservado al ámbito de dichas leyes.

En consecuencia, si es la Ley Nº 18.097 -Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras- la que, por mandato constitucional, determina las sustancias que pueden ser objeto de concesiones de explotación o de exploración y regula, entre otras materias, la duración de las concesiones, los derechos y las obligaciones que puedan ejercer o deban soportar sus titulares, su régimen de amparo y las causales de caducidad para el caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de dicho régimen, es de toda evidencia que también debe ser la misma categoría de ley la que determine las causales de extinción del dominio sobre las concesiones mineras.

4º Que, por otra parte, no es obstáculo a la conclusión a que se arriba en los considerandos precedentes lo que establece la disposición segunda transitoria de la Constitución Política, en cuanto encomienda al Código de Minería -ley ordinaria- regular, entre otras materias, los efectos de las concesiones mineras, por constituir éstos, en estricto derecho, una materia distinta de las causales de extinción del dominio sobre las concesiones, pues, mientras los efectos se relacionan con los derechos y obligaciones que engendra la concesión una vez otorgada, las causales de extinción están constituidas por los actos o hechos jurídicos que, precisamente, ponen fin al dominio mismo sobre la concesión minera.

5º Que, por consiguiente, el artículo 96 del proyecto de ley de que se trata, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95 del mismo proyecto, regula una materia propia de ley orgánica constitucional, toda vez que establece una nueva causal de extinción del dominio sobre las concesiones mineras, al declarar que la acción de nulidad de que dispone el concesionario afectado por una superposición de concesión minera prescribe en el término de cuatro años en los casos de los números 6 y 7 del artículo 95 y que la sentencia que declare la prescripción en los casos contemplados en dichos preceptos, también declarará extinguida la pertenencia afectada por la superposición. En el caso del número 8 del mismo artículo 95, la extinción de la acción se produce si el primer concesionario de exploración, debiendo deducir la oposición a que se refiere el Nº 1º del artículo 61 del proyecto, no lo hace.

En otras palabras, la nueva causal de extinción del dominio sobre las concesiones mineras de explotación, está constituida por la prescripción de la acción de nulidad de que dispone el dueño de dichas concesiones mineras afectado por la superposición de otra pertenencia, y en el caso de las concesiones de exploración, por la extinción de la acción de nulidad producida por el hecho de que el primer concesionario no deduzca la oposición a que se refiere el artículo 61 Nº 1º, debiendo hacerlo.

6º Que por las mismas razones anteriormente expresadas, fuerza es concluir que el inciso 2º del artículo 65 del proyecto que se acompaña, también versa sobre una materia que es propia de ley orgánica constitucional por configurar otra causal de extinción de la concesión de exploración al disponer que “el titular de un pedimento o de una concesión de exploración, de fechas anteriores, que no deduzca oportunamente la acción del Nº 1º del artículo 61 perderá los derechos emanados de su pedimento o concesión, respecto de los terrenos sobre los cuales se llegue a constituir pertenencia por quien debió haber sido demandado.”

7º Que durante la tramitación del proyecto de ley que se acompaña, ha surgido también cuestión de constitucionalidad, que se somete a la resolución de este Tribunal, sobre el artículo 108 de dicho proyecto, porque los miembros de la Cuarta Comisión Legislativa estiman que la materia sobre que versa debe ser objeto de ley orgánica constitucional y no propia de la ley ordinaria como lo es el Código de Minería. Fundamentan su parecer en que tal precepto permitiría la superposición de concesiones mineras en contra de lo dispuesto en el artículo 4º, inciso final, de la Ley Orgánica sobre Concesiones mineras que prescribe: “Sobre las sustancias concesibles existentes en una misma extensión territorial no puede constituirse más de una concesión minera”.

8º Que diversas disposiciones del proyecto del Código de Minería, entre otras, los artículos 80, 83 y 84, en concordancia y armonía con la prohibición contenida en el inciso final del artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, Nº 18.097, de enero de 1982, establecen determinados trámites y otorgan derechos al primer concesionario, tendientes a evitar que se produzca la irregularidad de otorgar una concesión minera superpuesta. Sin embargo, el legislador no podía dejar de prever que, no obstante todas las precauciones adoptadas, era posible que tal situación se presentara. De allí que, incluso, sancione con la nulidad a la concesión minera superpuesta.

Ahora bien, a esa misma realidad previsible de que se produzca la irregularidad de constituirse una concesión minera superpuesta responde el artículo 108 en estudio al disponer: 1) “El titular de una concesión de exploración o el de una pertenencia, constituidas, podrá oponerse a las labores que, dentro de los límites de su respectiva concesión, pretenda ejecutar el titular de otra concesión de exploración cuyo pedimento haya sido posterior al pedimento o a la manifestación del opositor”; y 2) “El titular de una pertenencia en trámite no podrá ser perturbado en sus trabajos de reconocimiento y de constitución de su título, por el dueño de una concesión de exploración cuyo pedimento sea posterior a la manifestación de aquél”.

9º Que, en consecuencia, el artículo 108 del proyecto en estudio lejos de contradecir lo dispuesto en el inciso final del artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, lo confirma y ratifica al conferir derechos a los titulares de una concesión para defenderse de las actuaciones que puedan realizar los titulares de una concesión de exploración superpuesta, siendo la razón de ser de la norma, precisamente, la prohibición de constituir concesiones superpuestas.

El precepto cuestionado está, por lo demás, en perfecta concordancia y armonía con lo que dispone el artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras recién citada, al establecer en su inciso primero: “Todo concesionario minero puede defender su concesión por todos los medios que franquea la ley, tanto respecto del Estado como de los particulares; entablar, para tal efecto, acciones tales como la reivindicatoria, posesorias y las demás que la ley señale, y obtener las indemnizaciones pertinentes.”

10º Que ante la evidencia de que el artículo 108 del proyecto del Código de Minería no se contrapone con lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras y habida consideración, además, a que la materia que regula aquel precepto no ha sido encomendada por la Constitución Política a una ley orgánica constitucional sino a una ley común, forzoso es concluir que dicho precepto es propio de la ley ordinaria.

Y de conformidad, también, con lo prescrito en el artículo 82 Nº 2º y en el inciso 2º de la disposición vigesimasegunda transitoria de la Constitución Política de la República y en los artículos 38 a 45 y 2º transitorio de la Ley Nº 17.997, de 19 de mayo de 1981.

Se resuelve:

Primero: que el artículo 96, en relación con los números 6, 7 y 8 del artículo 95 y el inciso segundo del artículo 65 del proyecto de ley sobre Código de Minería remitido a este Tribunal, son propios de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras a que se refiere el inciso séptimo del número 24 del artículo 19 de la Constitución Política; y

Segundo: Que el artículo 108 del mismo proyecto es materia de ley ordinaria o común.

Acordada la decisión segunda, contra el voto del Ministro señor Correa, quien, eliminando el fundamento 10º estuvo por declarar que el artículo 108 del proyecto de ley sobre nuevo Código de Minería, es también materia de ley orgánica constitucional, teniendo para ello presente:

1º Que la Ley Nº 18.097, Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, en su Título I legisla sobre las concesiones mineras, y en su artículo 1º dispone que estas pueden ser de exploración o de explotación; en los Títulos II, III y IV, trata “De los derechos de los concesionarios mineros. De las obligaciones de los concesionarios mineros y de la duración y extinción de las concesiones mineras”, respectivamente, lo que significa decir que legisla desde el nacimiento hasta la extinción de dichas concesiones.

A pesar de lo anteriormente expresado, el artículo 108 en proyecto, legisla también sobre la concesión de exploración y sobre una pertenencia constituida, y confiere al titular de ellas el derecho de oposición a labores que pretenda ejecutar dentro de los límites de su respectiva concesión el titular de otra concesión de exploración.

2º Que el artículo 19 Nº 24º, inciso 7º de la Constitución Política, entre otros mandatos referidos en fundamentos anteriores, dispone: “Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que tendrá el carácter de orgánica constitucional.”

Pues bien, no puede darse caso más claro que obligue al cumplimiento del precepto constitucional referido, porque el artículo 108 confiere un derecho al titular de una concesión de exploración o al de una pertenencia constituida, lo que hace que verse sobre materia que debe ser objeto de una ley orgánica constitucional.

3º Que, la disposición general del artículo 9 de la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras, concurre en apoyo de la tesis que se sustenta, porque si en ella se dispone que el concesionario puede defender su concesión con todos los medios que franquea la ley, y enseguida, se refiere a las demás que la ley señale, con mayor razón debe ser objeto de ley orgánica constitucional el artículo 108 del proyecto en estudio, que confiere al concesionario un derecho perfectamente claro y limitado a la materia misma que comprende la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras.

Por estas razones, fue de opinión, como ya lo ha expresado, que el artículo 108, tantas veces aludido, se refiere a una materia de ley orgánica constitucional, por expresa disposición del artículo 19 Nº 24º, inciso 7º de la Constitución Política del Estado.

Redactó el fallo de mayoría el Ministro señor Bórquez y el voto disidente, su autor, el Ministro señor Correa. Regístrese, comuníquese y archívese. Rol Nº 17.

Pronunciada por el Excelentísimo Tribunal Constitucional integrado por su Presidente , don Israel Bórquez Montero y por sus Ministros señores José María Eyzaguirre Echeverría , Enrique Correa Labra , Enrique Ortúzar Escobar , Eugenio Valenzuela Somarriva y José Vergara Vicuña . Autoriza el Secretario del Tribunal Constitucional , José Rafael Larraín Cruz .

AL SEÑOR

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS

DON GUTENBERG MARTÍNEZ OCAMICA

PRESENTE”