Labor Parlamentaria

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Corresponde ocuparse del proyecto que agrega un inciso al artículo 161 del Código del Trabajo, para proteger a los trabajadores que hubieren participado en convenios colectivos.

Diputado informante de la Comisión de Trabajo es el señor Gajardo.

Antecedentes:

Moción boletín N° 1246-13, sesión 13ª en 21 de junio de 1994, (Documentos de la Cuenta, N° 8).

Informe de la Comisión de Trabajo sesión 29ª, ordinaria, en 11 de agosto de 1994, (Documentos de la cuenta N° 13).

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, el proyecto que paso a informar tiene su origen en una moción de los Diputados señores Aylwin, don Andrés; Cornejo, Gajardo, León y Ojeda, a la cual adhirieron posteriormente los Diputados señores Huenchumilla, Ortiz, Palma, don Andrés; Salas y Seguel.

Su objetivo es muy claro y preciso. Trata una situación que ha sido denunciada por varias organizaciones sindicales, particularmente por la Central Unitaria de Trabajadores, y que dice relación con las represalias que muchas empresas adoptan en contra de los trabajadores al término de un proceso de negociación colectiva.

Sabemos que durante dicho proceso los trabajadores involucrados gozan de fuero, lo que significa que no pueden ser despedidos de la empresa, sino cuando ocurra alguna de las causales de caducidad del contrato de trabajo. Pero una vez que termina la negociación colectiva, concluye el fuero y ocurren situaciones que la actual legislación hace posible, como que ciertos empresarios, en represalia por algunas conductas que puedan haber tenido los trabajadores en el proceso de negociación colectiva, ponen término a los contratos de trabajo, aduciendo la consabida causal de despido: necesidades de funcionamiento de la empresa.

El proyecto apunta a una ampliación del fuero de los trabajadores sujetos a Negociación colectiva, en el sentido de que sean cubiertos durante un período posterior al término del proceso.

En opinión de quienes patrocinamos el proyecto, un tiempo prudente de extensión del fuero evitaría que se repitieran las dificultades que puedan surgir como consecuencia de la negociación colectiva y que originan tales represalias.

Se escuchó a varias organizaciones que manifestaron opiniones a favor y en contra del proyecto. En definitiva, la Comisión aprobó en general la iniciativa que informo por cinco votos a favor y tres en contra.

Se hace efectiva la protección a los trabajadores que participan en un proceso de negociación colectiva mediante la incorporación de un inciso segundo al artículo 161 del Código del Trabajo, que se refiere a la causal de término del contrato de trabajo por necesidades de funcionamiento de la empresa. Se plantea que esa causal no podrá ser invocada dentro de los 180 días siguientes a la suscripción de un contrato, convenio colectivo o fallo arbitral, respecto de los trabajadores que hubieren participado en dicho proceso.

La Comisión estimó que las pasiones que a veces surgen durante la negociación colectiva y que motivan los despidos, podrían aplacarse cuando las relaciones humanas y funcionales dentro de la empresa se hayan restablecido plenamente. Ello ocurrirá después de transcurrido ese período de extensión del fuero, el cual los autores del proyecto, y la Comisión que lo aprobó, fijaron en los 180 días siguientes a la suscripción del respectivo contrato colectivo, convenio colectivo o falló arbitral.

En consecuencia, la Comisión recomienda a la Honorable Sala dar su aprobación al proyecto en la forma que consigna el informe, y que he informado de manera muy breve y resumida.

He dicho.

El señor LÉÓN.-

Señor Presidente, el proyecto que estamos conociendo tiene por objeto restablecer el imperio del derecho. Cuando esta Honorable Cámara legisló sobre la causal de necesidad de funcionamiento de la empresa, entre aquellas que el empleador podía invocar para poner término al contrato de trabajo, determinó que la medida operaría cuando hubiera adecuaciones laborales o técnicas, o problemas de mercado que hicieran necesario y conveniente los ajustes que significaban, de una u otra manera, despedir trabajadores. Además, consideró la posibilidad de pagar una indemnización incluso aumentada, cuando el empleador no la invocara correctamente.

Pero, como ha sido denunciado por los trabajadores afiliados a la Central Unitaria de Trabajadores, se han cometido abusos, puesto que algunos empleadores, después de terminada la negociación colectiva, han recurrido a esta causal para poner término al contrato de los trabajadores que participaron o tuvieron una actitud más directa y activa en dicho proceso, aquellos que en forma valiente se atrevieron en algún momento a hacer presente su opinión. Es decir, cuando deja de operar el fuero laboral, viene lo que se denomina “la pasada de cuenta” y se les despide.

La verdad es que esa no fue la intención del legislador durante la ardua discusión de la modificación del código laboral. Tengo a la vista la versión de la sesión 7., del jueves 18 de octubre de 1990, ocasión en la cual el Diputado señor Fantuzzi manifestó que para lograr una verdadera paz social, la legislación laboral debería evitar que la empresa se convirtiera en un lugar de confrontación entre empresarios y trabajadores. La empresa –agregó- requiere de una legislación que ayude a sumar fuerzas de ambos, para evitar que se levanten cada mañana pensando en cómo sacarse ventaja mutuamente.

Lamentablemente, esa buena intención de mi distinguido colega señor Fantuzzi no se ha hecho realidad en un grupo no poco importante de empresas, porque la legislación se dicta para cumplirse de buena fe. Cuando se establecen normas con el objeto de flexibilizar la relación laboral, como en el artículo 161, que ha sido bastante cuestionado, incluso por los trabajadores, no podemos guardar silencio ante el abuso de ellas.

Para evitar esa situación, hemos querido establecer un período de “posnegociación colectiva” durante el cual las partes puedan seguir trabajando con normalidad, donde, no sea necesario este ajuste de cuentas en el que, lamentablemente, los trabajadores llevan la peor parte, porque a los empresarios que hacen mal uso de esta norma les resulta fácil pedir a los trabajadores que pasen por la ventanilla a retirar su cheque y firmar el finiquito. Como no fue ésa la intención del legislador, ni tampoco la de esta Honorable Cámara, debemos introducir los ajustes que permitan encauzar las normas por el camino correcto.

Por eso, nuestra bancada votará favorablemente.

He dicho.

El señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, francamente, he quedado sorprendido al leer el artículo único del proyecto de ley, porque siempre pensé que en esta Corporación había una especial sensibilidad social y, al mismo tiempo, realismo para abordar los problemas. Sin embargo, nos encontramos, en primer lugar, con que se pretende establecer una verdadera inamovilidad de seis meses para quienes hayan participado en una negociación colectiva, cualquiera que haya sido su forma de participación.

En segundo lugar, sabido es que quienes participan en una negociación colectiva son precisamente los dirigentes, y éstos, en su calidad de tales, gozan de fuero, por lo que no requieren de ninguna ley adicional que los proteja en cuanto a su inamovilidad. Sin embargo, este proyecto, en caso de convertirse en ley, se traducirá en la práctica en que personas calificadas como malos trabajadores se coludirán con los dirigentes para participar en las negociaciones y obtener el beneficio del fuero durante el plazo de 180 días que se establece.

En definitiva, creo que un proyecto de esta especie perjudica más que beneficia a los trabajadores, porque es evidente que el empleador tendrá especial cuidado en la contratación de su personal y tratará de no contar con personas que tengan el carácter de dirigentes, con excepción de aquellos que sean elegidos de acuerdo con el procedimiento electoral del sindicato respectivo.

Creo que así como debemos tener fe en los trabajadores, debemos tener también confianza en sus dirigentes, pues ellos son los que negocian y conocen el funcionamiento de la empresa. A ellos les corresponde la responsabilidad de dirigir la negociación colectiva. Por esta vía no debe permitirse que personas que no son dirigentes participen en ella, quizás con el solo propósito de asegurarse el puesto durante los 180 días que se proponen.

Voy a votar oí contra del proyecto, porque tengo fe en que los trabajadores son capaces de escoger como sus dirigentes a los mejores hombres, quienes se bastan por sí mismos y gozan del fuero que les provee la ley, sin necesidad de protección adicional para ellos ni para otras personas.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, estoy de acuerdo con el Diputado señor Errázuriz, en el sentido de que normalmente los trabajadores eligen buenos dirigentes. Sin embargo, el problema no está planteado en relación con el fuero de los dirigentes, sino con una inamovilidad para el conjunto de los trabajadores que participan en un proceso de negociación colectiva.

Las leyes, en general, responden a realidades sociales. Desde hace bastante tiempo, algunos señores Diputados, concretamente el que habla, hemos estado denunciando la situación que lamentablemente genera un número pequeño de empresarios que utiliza el proceso de negociación colectiva para despedir a sus trabajadores.

Ese procesó es la forma como se expresa el mercado en las relaciones laborales, en cuanto a la determinación de las condiciones de vida de los trabajadores. Es un procedimiento perfectamente legal, tradicional, y diría que es inherente al sistema liberal y al régimen capitalista.

Los que llevamos algunos años especialmente vinculados al mundo laboral sabemos que antes todos los fines de huelgas estaban asociados a una frase que era sagrada: “No habrá represalias”. Era casi una ley que se cumplía invariablemente por el sector patronal.

En los últimos dos años, se ha podido advertir que, para evitar la negociación colectiva, se ha implantado un verdadero sistema de terror en contra de los trabajadores que participan en el proceso no de sus dirigentes, que tienen fuero, a los que se les hace saber que sí se adhieren y participan en una huelga legal repito: en una huelga legal en definitiva serán despedidos.

Por desgracia, esta situación de despidos colectivos se está haciendo en forma demasiado corriente en nuestra sociedad laboral. Al Diputado señor Errázuriz que sé que es un hombre con sensibilidad social le podría dar tal vez centenares de ejemplos de este tipo. Justamente, aquí en la Cámara se está constituyendo una comisión investigadora de este problema. En concreto se quiere hacer algo muy simple: que el conjunto de los trabajadores que participan en una negociación colectiva no sólo sus dirigentes cuenten con la inamovilidad que impida las represalias, durante un período posterior a la solución del conflicto. De lo contrario, el movimiento sindical aparece como absolutamente deficitario e impotente en la defensa de los trabajadores. Ello acarrea cesantía en muchos hogares situación muy dramática, atropello a la dignidad de mucha gente y, a su vez, se está utilizando como un sistema para destruir el sindicalismo, concretamente un sindicalismo fuerte, capaz de defender a los trabajadores, para que puedan participar en un proceso de negociación colectiva con todas las facultades legales.

Estimo sensible que nos hayamos visto en la obligación de presentar este proyecto. Si siempre hubiera habido buena fe en el proceso de negociación colectiva por parte del sector empresarial, ello no habría sido necesario. Sin embargo, en mi zona, por ejemplo, ya he denunciado tres casos de grandes empresas en las que, terminado el proceso de negociación colectiva, ha habido despidos masivos impresionantes.

El último caso sucedió en Aceros-Chile, donde, aunque parezca increíble, fue despedido sobre el 40 por ciento de los trabajadores. Es una situación que no debiera producirse, porque es hiriente para la gente, significa una grave violación de un derecho humano fundamental, como es el derecho al trabajo, y es también un grave atentado en contra del derecho a sindicarse.

Cuando tomamos este tipo de medidas, no estamos atentando contra la empresa, sino, por el contrario, velando para que en ella no se cometa este tipo de abusos, porque cuando se violenta la buena fe que debe existir en el mundo del trabajo y en la relación laboral, en el fondo se está cuestionando todo el sistema de negociación colectiva. Para que tanto ese sistema como la economía social dé mercado funcionen en forma adecuada, es absolutamente indispensable que los empresarios y los trabajadores participen con plena libertad y con respeto recíproco a la dignidad. Este es el fundamento del proyecto.

Finalmente, quiero formular una consulta al señor Diputado informante. Me parece que hay un error en el artículo único cuando habla “de un contrato o convenio colectivo y de un fallo arbitral”. Creo que debe decir “dé un contrato o convenio colectivo o un fallo arbitral”. Presentaré indicación en tal sentido, a menos que el señor Diputado informante me convenza de que ella es improcedente.

Estas son, en síntesis, algunas de las razones que nos han llevado a varios Diputados a presentar esta moción.

He dicho.

El señor GALILEA.-

Señor Presidente, los Diputados de Renovación Nacional rechazaremos esta moción, porque consideramos que rigidiza las relaciones laborales, lo que finalmente perjudica a quienes se pretende proteger.

Reconocemos que pueden existir malos empresarios que han abusado del artículo 16 í del Código del Trabajo, que establece las necesidades de la empresa como causal para poner término a los contratos de trabajo. También aceptamos que esta norma pudiera haberse invocado en algunas ocasiones como una suerte de represalia en contra de aquellos trabajadores que participaron en forma activa en un proceso de negociación colectiva. Pero creemos que estas excepciones no pueden utilizarse como argumento es el único argumento invocado en los considerandos del proyecto para sustentar una iniciativa de esta naturaleza, que finalmente afectará a la totalidad de los trabajadores y de las empresas del país.

A raíz de una convocatoria del propio Gobierno, se llevó a cabo recientemente, en Marbella, el denominado “Foro de Desarrollo Productivo”, que concluyó, respecto de este tema, con la creación de un organismo tripartito, formado por representantes de los trabajadores, de los empresarios y del propio Gobierno, para evaluar la actual legislación.

En la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el Ministro del ramo ha señalado en más de una ocasión que el Gobierno está evaluando las modificaciones que se hicieron a las leyes laborales en el período de gobierno del Presidente Aylwin.

Por otra parte, creemos que no se han tenido presentes algunas cifras proporcionadas por la propia Dirección del Trabajo sobre la materia, que se contraponen con los argumentos que sustentan la moción. Ellas muestran en forma muy clara que los despidos en los cuales se invoca el artículo 161, es decir, las necesidades de la empresa, han disminuido a pesar del aumento de los procesos de negociación colectiva. Tales cifras demuestran que el uso de la causal de término de contrato, consignada en ese artículo, se ve más frecuentemente cuando se produce un deterioro del estado general de la economía del país.

La moción más bien tiende a rigidizar las relaciones laborales; una normativa de esta naturaleza va a obligar al buen empresario, a aquel que realmente por una necesidad de la empresa, tiene que hacer uso del artículo 161 para disminuir su planilla, a invocar otras causales de término de contrato. Esta situación probablemente concluirá en un juicio laboral, que puede durar hasta dos años y que generalmente termina perjudicando a los propios trabajadores.

Por último, cabe puntualizar que la Comisión de Trabajo de la Cámara solicitó al Ministro del Trabajo y Previsión Social su opinión sobre la materia. El señor Arrate envió a la Comisión una nota en la que señalaba no estar en condiciones de entregar una opinión mientras no se termine una evaluación sobre las leyes laborales que se le ha encargado a la Dirección del Trabajo. Precisa, a continuación, que emitir una opinión al respecto podría constituir un prejuzgamiento de materias que prefiere tratar con el máximo de objetividad.

Recogiendo esa opinión, me atrevo a pedir a la Honorable Cámara que proceda con la prudencia con que el Gobierno, y en particular el Ministro dpi Trabajo, han emitido opiniones sobre la materia.

Por eso, solicito a la Cámara rechazar el proyecto, como lo hará la bancada de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, durante la discusión de este proyecto hubo consenso en la Comisión en el sentido de estimarlo una herramienta para hacer más perfecta la relación entre trabajadores y empresarios; es decir, que sea un elemento de paz social y el inicio del estudio de una legislación laboral que aún presenta carencias y deficiencias.

Lo que procuramos hacer a través del proyecto es impedir la venganza y posibilitar que los participantes en las negociaciones colectivas, que son procesos limpios, lícitos y legítimos, puedan efectuarlas sin presiones, sin el temor de que, al día siguiente de haber terminado la negociación, en lugar de celebrar su término, deba lamentar el despido, y con ello, llevar dolor y hambre a su grupo familiar.

Esta iniciativa no está concebida para los dirigentes que gozan de fuero, como ya se ha dicho, sino para los trabajadores que no tienen esa protección. No habrá rigidización de la relación laboral, como se ha sostenido; por el contrario, será un elemento que deberá, necesariamente, proporcionar paz y concordia a trabajadores y empresarios.

He dicho.

El señor MOREIRA.-

Señor Presidente, en el fondo, este proyecto busca mantener el espíritu y la buena fe del legislador. Y en este Hemiciclo, cada miembro del Parlamento tiene el legítimo derecho de estar de acuerdo con ciertas iniciativas y en desacuerdo con otras. Tampoco se trata de transformamos en defensores de los empresarios. La función del legislador es buscar la equidad entre empresarios y trabajadores.

Votaré a favor de este proyecto, porque entiendo que nuestra obligación fundamental no es hacer demagogia, sino trabajar por este tipo de mociones, tal como lo ha hecho el Diputado señor León, quien, con interés y preocupación, ha llevado adelante esta iniciativa. En lo particular, estimamos que se trata de una materia sobre la cual se debe legislar, para que la causal de necesidades de funcionamiento de la empresa se aplique cuando corresponda y no se abuse de ella. Consideramos que es un tema tremendamente importante, por lo que votaré a favor, aun cuando he presentado indicación para reducir el plazo de inamovilidad de 180 a 60 días.

Finalmente, debido a la importancia del tema y a que el señor Ministro del Trabajo no ha podido asistir a las sesiones en que se ha tratado este proyecto, solicito que pase a segunda discusión.

He dicho.

El señor MUÑOZ.-

Señor Presidente, me sorprende la falta de sensibilidad y de conocimiento de lo que ocurre con los trabajadores qué negocian colectivamente en nuestro país, por parte de quienes se oponen al singularizado proyecto, cuya finalidad es equilibrar las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios; sobre todo, respecto de la aplicación del artículo 161 del Código del Trabajo que, durante su vigencia, ha sido el centro de fuertes discrepancias entre ambos sectores, por el abuso que ha hecho de él, a juicio de los trabajadores, un sector del empresariado, que una vez finalizada una negociación colectiva recurre a esta causal de despido en contra de quienes lideraron el proceso en la empresa.

Este factor de desequilibrio en la negociación colectiva afecta a los trabajadores que participan en ella y, en especial, a los que la dirigen, quienes se ven eventualmente expuestos a perder su fuente laboral. Esa situación hizo que los integrantes de la comisión de trabajo patrocináramos un proyecto que los proteja.

Cito, como antecedentes, las siguientes cifras: el uso del artículo 161 desde 1990, ha significado un despido diario promedio de 223 trabajadores, con un total de 80 mil al año. Desde enero a abril fueron despedidos 18.500 trabajadores.

Por todas estas consideraciones, la bancada socialista votará favorablemente.

He dicho.

El señor FANTUZZI.-

Señor Presidente, quiero manifestar a mis colegas que cuando se dice y así lo expresó el Diputado informante que existe “una cantidad importante de malos empresarios”, no se dan cifras. Por eso al igual que el Diputado señor Galilea, me atengo a lo que el señor Ministro ha expresado, quien no se pronuncia, porque quiere ver un estudio serio sobre el tema. Eso es lo prudente. Pero no “por malos empresarios” o “por malos trabajadores”, porque también los hay, voy a proponer una legislación que perjudique al sector laboral.

El Diputado señor León se refería en su intervención a parte de mi exposición hecha cuando se discutió este tema el año 1990. Mantengo dicha posición.

Dentro de la empresa tiene que haber concertación y no confrontación. Sus Señorías deben entender que a todos aquellos buenos empresarios que, por algún motivo de mercado o de tecnología nueva, se vean en la obligación de reducir personal, no vamos a impedirles usar la causal a que nos referimos para que recurran a otra distinta. Eso significaría que el empresario que tiene más oxígeno y más recursos para aguantarse, puede estar dos años en un juicio que en definitiva, lo puede perder o ganar.

Mantengo mi posición. Creo que la disposición que se quiere incluir en el artículo 161 del Código del Trabajo va a crear más conflictos. Lo afirmo porque hay una realidad que conozco. Soy un hombre que ha vivido relacionado con el mundo de la empresa durante muchos años. Por el momento, estoy “prestado” como parlamentario, tratando de poner mis conocimientos y experiencia al servicio del cargo.

Si damos inamovilidad por 60 días, habrá muchos trabajadores que, amparados en esto, en vez de tirarles huevos a los gerentes o a quienes entran a trabajar durante la negociación colectiva, les van a tirar piedras. Y eso sí que justifica un despido.

Una vez más quiero pedirle a la Honorable Cámara que nos atengamos a la sapiencia del señor Ministro del Trabajo, quien habla de evaluar seria y técnicamente dicha norma. Por eso se acordó en el citado Foro de Desarrollo Productivo, realizado hace algunos días, crear una comisión especial con la participación del Gobierno, de la Central Única de Trabajadores y de la Confederación de la Producción y el Comercio.

Con la aprobación de este proyecto, pueden surgir cuestiones que perjudiquen la labor de esa comisión. Aquí mismo, hoy se ha anunciado que dos Comités se han negado a participar en una comisión investigadora. Es decir, antes de que se investigue, ya estamos legislando sobre el tema. Por lo tanto, no lo encuentro serio; lo digo con toda honradez. Y vuelvo a pedir, por su intermedio, señor Presidente, que recapacitemos sobre el tema y esperemos la oportunidad en que el Ministro traerá los antecedentes. Tengo una cifra distinta de la que entregó un colega. Durante el año 1990, los despidos alcanzaban a 223. Hoy llegan a 158. Si analizamos las cifras del Ministerio del Trabajo y de la Dirección del Trabajo, comprobaremos que hay más convenios colectivos y menos despidos. En consecuencia, esas cifras, que son muy parciales, nos estarían diciendo lo contrario de lo que aquí se ha argumentado: hay menos despidos y más negociación colectiva.

No pongo en duda la buena fe del Diputado señor León al proponer esta moción; pero tengo la impresión de que lo estamos haciendo “al olfato”, porque no tenemos ninguna información sería y responsable que nos diga cuántos son los malos empresarios que abusan de la ley y cuántos los buenos empresarios que están creando más trabajos y bienestar.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, en la sesión de la mañana se demostró que el sistema de poner hora de votación, si bien refleja el ánimo de despachar rápidamente los proyectos, acota la discusión y la hace insuficiente. Por tanto, pido que nos demos más plazo, toda vez que se trata de un tema que causa gran preocupación en miles por no decir millones de trabajadores, y...

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Le ruego no intervenir en este momento, señor Diputado. Estoy pidiendo el acuerdo.

El Señor NAVARRO.-

Entonces, solicito que se extienda el plazo de discusión, señor Presidente.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, la discusión de este proyecto de ley, de no más de cuatro líneas, tiene un gran significado nacional, tanto para los trabajadores como para los empresarios. Pero es importante que tengamos cuidado en el uso de algunas palabras, sobre todo cuando éstas pueden ser equívocas. Hace tiempo, en este mismo Hemiciclo se dijo que si no se aprobaba un determinado proyecto de ley, los garzones iban a escupir en los platos de las personas que fueran a restaurantes. Ahora se dice que si no se aprueba esta iniciativa, los trabajadores van a tirarles piedras a los empresarios. Los trabajadores no son tan fregados ni tan malos, Diputado señor Fantuzzi. Yo sé que no lo dice de mala fe, pero este tipo de cosas después rebotan y se entiende mal el planteamiento de los parlamentarios en las discusiones de las leyes laborales. No concibo que los trabajadores, porque no se aprueba un proyecto, vayan a tirarles piedras a los empresarios. Seguramente pueden reclamar en contra de los parlamentarios que no lo acojan, pero rio les van a tirar piedras a los empresarios. La misma reacción cabría esperar si se rechazara esa iniciativa relacionada con los garzones.

En este punto tan conflictivo, vale la pena recordar cómo se ha ido desarrollando esta materia. Hace más de tres años aprobamos el Código del Trabajo, y todos los parlamentarios que participamos en su discusión estamos conscientes de que, por razones políticas y de composición de la Cámara y del Senado hubo que llegar a acuerdos en determinados asuntos. Uno de los más delicados es éste. Y tuvimos que buscar consensos para conseguir otras cosas que también favorecían a los trabajadores. Así quedó establecido en el artículo 161 del Código del Trabajo, prácticamente igual al famoso artículo 13, letra f), del Código Piñera.

Por lo tanto, razón tenemos los trabajadores y los parlamentarios que hemos pedido, prácticamente a gritos, que se modifique esta situación.

El Diputado señor León y otros, entre los cuales me incluyo, presentamos el proyecto para abordar el problema. La norma ya tiene dos años de vigencia y la práctica nos dice que no es buena, que no sirve, que en las negociaciones hay aprovechamiento del sector empresarial.

Al respecto, aclaro al Diputado señor Errázuriz que ésta es una disposición para todos los trabajadores involucrados en el proceso de negociación, como ya lo han dicho otros parlamentarios, y no tan sólo para los dirigentes sindicales. Aun cuando los trabajadores no siempre eligen a los mejores, tienen diferentes posibilidades. Lo mismo sucede con la elección de parlamentarios. Es decir, la iniciativa beneficia a todo el conglomerado de los trabajadores.

Por otra parte, no es bueno mantener en nuestro vocabulario aquello de los “malos trabajadores”, así como tampoco lo es que nos acostumbremos a decir permanentemente los “malos empresarios”, que podrían ser aquellos que no pagan las imposiciones descontadas a los trabajadores, o las patrañas que no le pagan las imposiciones a las asesoras del hogar. Y a lo mejor los tenemos muy cerca de nosotros; no lo sabemos.

En definitiva, en esta materia, en la que debemos metemos de lleno a legislar, pido que no usemos palabras que puedan rebotamos. Hay otra cosa que me preocupa. Dos parlamentarios se han referido a las opiniones del señor Ministro del Trabajo. Tengo la mejor de las opiniones del señor Arrate, pero a los parlamentarios no nos concierne legislar respecto de lo que piense o diga un ministro. Este es un Poder independiente del Ejecutivo, y tenemos todo el derecho de abocamos al estudio de temas que creemos que convienen al país. Tenemos absoluto derecho de guiamos nosotros mismos y no esperar que el Ejecutivo diga en qué momento presentamos los proyectos. No acepto que en este Hemiciclo se siga imponiendo la voluntad del Ejecutivo para legislar.

Si el día de mañana el señor Arrate o el círculo de asesores que trabaja con él estiman que esta iniciativa es buena, habremos avanzado tres o cuatro meses en su elaboración. Y si es mala, el Ejecutivo tendrá derecho a vetarla, pues posee esa facultad. Pero no nos quitemos la oportunidad de legislar sobre materias tan delicadas.

Me alegra lo expresado por el Diputado señor Moreira. No sé si tan sólo él o también su partido van a respaldar esta idea. Si fuese la UDI, sería estupendo, y si es sólo a título personal, también me parece bueno.

El plazo de 60 días es poco tiempo. El resquemor de algunos empresarios, no de todos, va a permanecer en ese período. Por ello, estimo conveniente que el proyecto vuelva a Comisión, para tener la oportunidad de ponemos de acuerdo en los 90 días. Me parece plausible en esta discusión llegar a un plazo que bien puede no satisfacer las aspiraciones de los trabajadores. Pero no hay que olvidar que no estamos legislando única y exclusivamente para ellos, pues ésta es una materia que interesa a todos. Sería bueno que llegáramos a entendimiento en los 90 días. A lo menos, estoy contento de haber conseguido el respaldo de algunos parlamentarios de la UDI, 1o cual significa que la presentación del proyecto por el Diputado señor León, y quien habla, entre otros parlamentarios, es algo bueno para el país y para las bancadas que también lo han considerado así.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor Errázuriz.

El Señor ERRÁZURIZ.-

Señor Presidente, el Diputado señor León me ha aclarado el alcance de la norma: no sólo tendrían este fuero los dirigentes por su naturaleza lo tienen y las personas que sin ser dirigentes hayan participado directamente en las conversaciones, sino también todos los trabajadores afiliados al respectivo sindicato, lo cual refuerza mi voto en contra.

He dicho.

El señor SEGUEL.-

Señor Presidente, no voy a seguir perdiendo más tiempo. El Diputado señor Errázuriz no entendió nada de nada, pero se lo puedo explicar después en la Comisión cuando el proyecto vaya a segundo trámite.

Para reafirmar lo que he dicho sobre la materia, debo recordar que cuando desde el Congreso comenzamos a insistir en la fiscalización y en el reordenamiento del cuadro legislativo labora], el sector empresarial me voy a referir solamente a él, aunque tengo antecedentes de todos los sectores durante dos meses respaldó la idea de los parlamentarios que pedíamos mayor control para que no hubiese aprovechamiento por algunos empresarios. Pero cuando la Dirección del Trabajo aceptó esa mayor fiscalización, en menos de dos días ese mismo sector tuvo un cambio impresionante para nosotros y para el país, al publicar inserciones a través de sus medios, atacando a la Dirección del Trabajo y sosteniendo que ahora se ha creado, un grupo de cazaempresarios para perseguir a los que, a nuestro juicio no cumplen las leyes laborales. Es decir, por un lado, durante meses nos piden fiscalización y, por otro, cuando la Dirección del Trabajo la realiza, dicen: “No; ahora se nos vienen encima los cazaempresarios”.

Frente a esta ambigüedad tan amplia y notoria el señor José Antonio Guzmán y otros empresarios, quedan obviamente con poca credibilidad ante los parlamentarios. Como no se les entiende nada de nada, creo que lo más justo y conveniente es que legislemos quienes entendemos todo de todo en materia laboral.

He dicho.

La señora REBOLLEDO.-

Señor Presidente, anuncio el voto favorable del Partido por la Democracia a esta iniciativa, que tiende a proteger en mayor medida a los trabajadores que participan en procesos de negociación colectiva.

Entendemos que el desarrollo del país requiere de cierta flexibilidad en las relaciones laborales; pero ella no puede darse a costa de los derechos humanos de los hombres y mujeres que constituyen la clase trabajadora chilena.

Desde ese punto, de vista y considerando que tenemos una ley laboral bastante flexible y favorable a los empresarios, pensamos que este es un avance todavía pequeño pero significativo para defender a los trabajadores de aquellos empresarios que carecen de suficiente conciencia y ética. Sabemos que no son todos, pero los hay, lo cual amerita una mayor protección para los trabajadores.

Es importante, para avanzar en los consensos del país, que tanto los trabajadores como los empresarios sean suficientemente autocríticos, y, al respecto, creo que las organizaciones empresariales deben asumir que muchos de sus afiliados no respetan las leyes. A la vez, se debe fomentar mayor conciencia, más allá del aspecto ético que, obviamente, es prioritario, pues existe también un problema de competitividad. Aquellos empresarios que no cumplen con la legislación laboral compiten deslealmente con quienes lo hacen. Por ello, es importante dictar la legislación adecuada y también mejorar la fiscalización para que los derechos de los trabajadores sean respetados por todos.

Esa es la razón fundamental por la cual nosotros, como partido, vamos a apoyar el proyecto. Con el fundamento de llegar a un consenso más amplio, estamos dispuestos a reducir el plazo propuesto, de 180 a 90 días. Somos partidarios de que el proyecto vaya a segundo trámite para que en la Comisión se llegue a un acuerdo y se convierta en ley.

He dicho.

El señor NAVARRO.-

Señor Presidente, en la discusión se ha recurrido a la estadística para demostrar que no existen conflictos laborales en el país, que los trabajadores no tienen problemas y que su cúpula dirigente como dijo un representante de los empresarios lo único que quiere es armar un show.

Aunque parezca dubitativo el número de despedidos no es relevante, pero sí lo es la tensión laboral que se genera antes y después de cada negociación colectiva. Está claro que si los trabajadores han hecho menos huelgas no es porque no existan conflictos, sino más bien por el profundo temor a las represalias, porque los despidos selectivos no masivos han sido parte importante de todas las negociaciones colectivas y han inducido a muchos trabajadores a no ser dirigentes.

Por lo tanto, el análisis debe detenerse en la selectividad del despido; no en la masividad.

Podría señalar múltiples casos en los cuales quienes han osado hablar en una asamblea o encabezado el movimiento de la negociación colectiva son despedidos, en forma selectiva, por diversas causas: por necesidades de la empresa, por faltas que no se sancionaban o pasaban inadvertidas. En definitiva, por una sistemática persecución, después de uno o dos meses, esos trabajadores ya individualizados durante el proceso de negociación colectiva, son despedidos. Por lo tanto, los que quedan aprenden la lección en forma rápida, y así disminuyen las posibilidades de plantear sus derechos en forma clara y honesta. Ese es el problema de fondo.

El proyecto es insuficiente. El Ministro ha manifestado que el Gobierno está haciendo una evaluación no sólo del tema de la negociación colectiva, que es una parte de la problemática laboral, sino de diversas situaciones del mundo del trabajo.

Entonces, si se sostiene que hay una estadística que demuestra que el conflicto no existe, hago un llamado a los colegas de Renovación Nacional y de la UD1 para que, una vez terminada la evaluación del Gobierno, podamos hacer las reformas necesarias, y con esos datos objetivos, que vamos a compartir ellos le han otorgado el carácter de seriedad y objetividad a la tarea del Ministro y han hecho resaltar su figura en esta Sala, abocamos a una reforma mucho más profunda, que no sea parcial ni un mosaico de reformas a un código laboral que en los hechos demuestra que no funciona.

Por ello, más allá de la votación del proyecto el cual votaré a favor, la consecuencia y la coherencia de lo aquí planteado por los Diputados de la Oposición tiene que decir relación con que la fundamentación sea justa y con que, después de la evaluación, podamos hacer la reforma.

Aquí debe establecerse un compromiso en torno de eso, pues, además de iniciar hoy esta discusión anticipada, estamos efectuando una gran contribución para ir adelantando la evaluación que hará el Gobierno.

Hoy en la mañana nos ha visitado un grupo de trabajadores de Condisa, una empresa privada de correos, quienes nos han dicho lo mismo que estamos señalando. Estuvimos con ellos en la conferencia de prensa, los escuchamos, y han señalado que no sólo se han dado las causales de despido que aquí se indicaron, sino muchas otras.

En esta Sala a veces uno percibe dos mundos: uno que niega la existencia del conflicto, y otro que señala que sí existe tensión y crisis, y que desea solucionarlas. Para tenemos mayor confianza y avanzar en un camino de construcción positiva, no sólo de la legislación laboral, sino del concepto país, Chile. Primero debemos reconocer que el conflicto existe y no hacer una muda y ciega objeción de la realidad y negarla obcecadamente.

Votaré a favor, aunque, el proyecto tiene pocas posibilidades de ser aprobado. Si bien puede acogerse en la Cámara, será rechazado por la mayoría artificial que existe en el Senado. Por lo tanto, esperamos que en mejores condiciones y con el aval del Gobierno que ha pedido la Oposición, podamos hacer reformas terminales y más profundas que la parcial que hoy votaremos a favor.

He dicho.

El señor SALAS.-

Señor Presidente, es preocupante la forma en que se aborda el tema cuando se trata de defender los derechos de los trabajadores. Se rebuscan argumentos para no traer al tapete los conflictos y los problemas, que hoy se quieren negar, entre trabajadores y empleadores.

Como un botón de muestra, dos Comités de la Cámara se han negado a participar en una Comisión Investigadora de los problemas que afectan a todos los trabajadores chilenos. Es una mala señal, porque la Cámara no tendría por qué restarse a investigar el trasfondo de la situación.

Los parlamentarios de todas las bancadas presentes en la Sala recibimos los reclamos que los trabajadores nos plantean despidos arbitrarios, malos tratos de los jefes o gerentes de las empresas, etcétera. Normalmente, después que un conflicto termina, se produce el despido de trabajadores.

Cuando se trata de investigar actos que afectan a funcionarios de Gobierno o de algún organismo del Estado, inmediatamente se rasgan vestiduras para crear una Comisión le investigar a fondo lo que allí ocurre. Sin embargo, no existe el mismo ánimo cuando se trata de investigar a los empresarios chilenos, situación que a mí y también a muchos parlamentarios nos preocupa. Nadie dice que todos sean malos; los hay buenos, y algunos muy buenos; pero también es cierto que hay empresarios malos y problemas que están afectando las relaciones laborales.

Por lo tanto, no se puede argumentar que este proyecto impedirá una buena relación en el campo laboral, porque los buenos empresarios seguirán teniendo buenas relaciones con sus trabajadores. A los malos empleadores sólo hay que aplicarles el rigor de la ley, para lo cual es necesario modificar la legislación laboral con el objeto de crear verdadera estabilidad y auténtica relación laboral entre empresarios y trabajadores.

La estabilidad de la democracia no son palabras al viento, sino que pasa por el bienestar de quienes tienen menos. Cuando hablamos de los pobres, debemos meter en la misma bolsa a los trabajadores que sufren persecuciones. Asimismo, es conveniente que este proyecto sea una llamada de atención a los empleadores, a los capitalistas chilenos, que muchas veces ignoran cosas que ocurren en sus empresas. Sabemos de gerentes que son verdaderos negreros con sus trabajadores, como está ocurriendo, por ejemplo, después de tantos años de sufrimiento, con los nuevos, empresarios de Lozapenco. Respecto de ellos tengo denuncias serias, y estoy reuniendo antecedentes para hacer una denuncia pública, porque es el colmo que personas que han experimentado durante más de tres años las consecuencias de la quiebra y del robo del empleador antiguo, sigan sufriendo la prepotencia de quienes compraron ahora la empresa, incluso a precio de huevo, lo que constituyó una burla para los trabajadores.

Entonces, ¿cuál es la razón para oponerse a una disposición respecto de la cual los buenos empleadores no tienen por qué preocuparse? En Chile, los buenos empresarios no tendrían por qué preocuparse, puesto que no despedirán a nadie injustificadamente. Leyes como ésta constituyen un paso para corregir los defectos y vicios de la legislación laboral o las erradas actividades de determinados empleadores. Por lo tanto, no debemos preocupamos. Debemos preocupamos, sí, por los más débiles, es decir, por los trabajadores, pues los empresarios se protegen solos: tienen buenos abogados, buenos defensores. La Cámara debe dedicarse fundamentalmente a corregir las injusticias existentes en el país, a solucionar los problemas que afectan a los trabajadores y a la gente en general, pero no a defender mezquinos intereses que no conducen a nada, porque el dinero puede terminarse o incrementarse. Lo que nos debe preocupar es la democracia, la estabilidad del país, hacer felices a las personas que trabajan y aportan con su esfuerzo, con sus manos, con su trabajo único capital que tienen, con su inteligencia, y que son, en definitiva, quienes crean riqueza. Por eso, estimo que el proyecto apunta en la dirección correcta.

Por último, aunque el problema no sea frecuente en el país, aunque los afectados hayan sido dos o tres trabajadores el problema no es la cantidad de trabajadores que sufren persecuciones o son despedidos de las empresas, se trata de sentar un precedente y de hacer un llamado de atención a quienes están usando indebidamente la ley y que aún no quieren entender que hace algunos años el país perdió la democracia, precisamente, por las injusticias cometidas en contra de quienes tienen menos, de quienes no tienen más defensa que su voto para elegir a sus representantes para que, a su vez, éstos defiendan sus intereses en el Parlamento. Es decir, algo tan sencillo como asegurar la fuente laboral de los trabajadores y permitirles solventar las necesidades de sus familias. Muchas veces rasgamos vestiduras diciendo que queremos fortalecer la familia, que tratamos de evitar su desintegración. No obstante, la familia se debilita cuando los jefes de hogar pierden su trabajo, cuando no tienen estabilidad laboral, cuando después de la presentación de cada pliego de peticiones o después de cada conflicto, se sumen en la angustia de ser despedidos.

Por eso, votaré a favor, aunque el proyecto sólo sirva para hacer un llamado de atención a quienes hoy se echan la ley al bolsillo, y pasan por encima de los derechos humanos de trabajadores chilenos que deben sufrir la pérdida de su trabajo.

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, en realidad este proyecto tiene un impacto bastante grande en la relación laboral, y creo que, a esta altura del debate, corresponde solicitar el aplazamiento de la discusión, con el propósito de conocer la opinión definitiva del Ministro.

Es cierto que algunas cosas que sostienen los señores Diputados que patrocinan esta moción ocurren en la realidad. Lamentablemente hay empresarios que después del proceso de la negociación colectiva, abusan con los despidos. Pero el impacto de un proyecto de esta naturaleza, excede esas actitudes empresariales. En consecuencia, lo que corresponde es conocer las cifras reales, la magnitud del problema y el impacto que tendría para la negociación colectiva un plazo de inamovilidad que prácticamente es el 25 por ciento de la duración o urgencia del convenio colectivo. Esto también se refleja en el éxito o fracaso de la negociación.

Es evidente que a una empresa, sabiendo que tiene una rigidez de inamovilidad por 180 días, le será mucho más difícil otorgar las condiciones que solicitan los trabajadores. Por lo tanto, esto tendrá un impacto en el éxito y en los beneficios que estos obtengan en las negociaciones. Sin lugar a dudas, cuando un empresario se enfrenta a la inamovilidad por seis meses de todos sus trabajadores, sin duda tratará de llegar a una negociación inferior a la que podrían lograr sin esta norma.

También se requiere, de alguna forma, regular y corregir las situaciones que llevan a que haya empresarios que no logran una buena relación con sus trabajadores y que recurren a despidos injustificados.

Ante un proyecto de esta naturaleza, lo mínimo es conocer la opinión del Ejecutivo. Tal como se informó, el señor Ministro, no concurrió al estudio del proyecto en la Comisión, y remitió sólo una opinión por escrito. Lo importante es que la Sala se pronuncie, teniendo en cuenta la opinión definitiva del Ejecutivo al respecto.

Por tal razón y de acuerdo con lo que establece el artículo 111 del Reglamento, solicito a Su Señoría someter a esta Sala el aplazamiento de la discusión.

He dicho.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Tal como lo ha solicitado el Diputado señor Longueira, la Mesa debe poner en votación, en forma inmediata, la petición de aplazamiento de la discusión.

En votación.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 37 votos; por la negativa, 42 votos. No hubo abstención.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Rechazada la petición de aplazamiento de la discusión.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Alvarado, Álvarez-Salamanca, Bayo, Cardemil, Coloma, Cornejo, Correa, Errázuriz, Espina, Fantuzzi, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), García-Huidobro, Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Leay, Longton, Longueira, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Matthei (doña Evelyn), Melero, Moreira, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Prokurica, Rodríguez, Solís, Taladriz, Urrutia (don Raúl) y Valenzuela.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, De la Maza, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Fuentealba, Gajardo, González, Hernández, Jara, Latorre, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Montes, Morales, Muñoz, Navarro, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Silva, Soria, Tohá, Tuma, Urrutia (dan Salvador), Venegas, Villegas, Villouta y Zambrano.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, de acuerdo con la intervención de la Diputada señora Romy Rebolledo, la bancada del Partido por la Democracia aprobará la idea de legislar.

Cabe agregar que los trabajadores del país están a la espera de una discusión general respecto de la revisión del Código del Trabajo. Sin embargo, es posible llegar a determinados consensos cuando revisamos cada una de las injusticias que genera dicho cuerpo legal, las que han sido señaladas por varios señores Diputados. Se han citado casos concretos que requieren revisión. Pero, de acuerdo con el ánimo general imperante en la Cámara, planteo la necesidad de aprobar la idea de legislar y de que el proyecto vuelva a Comisión para los efectos de discutir la conveniencia del plazo para los trabajadores y los empresarios, oí definitiva para la economía nacional, y, al mismo tiempo, para revisar algunas indicaciones formuladas con el objeto de mejorar su texto.

Presenté una indicación para precisar que, cuando se trata de la suscripción de este beneficio, éste sólo podrá ser invocado en el caso de contratos colectivos. No lo consigna al artículo propuesto. Por eso, he planteado una corrección en su redacción.

Al mismo tiempo, expreso nuestro más ferviente apoyo a esta iniciativa, que tiende a mejorar las condiciones de los trabajadores y sus derechos.

He dicho.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

En votación en general el proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 42 votos; por la negativa, 29 votos. Hubo 1 abstención.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Aprobado.

Pasa a segundo informe.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Balbontín, Cornejo, Dupré, Elgueta, Elizalde, Encina, Fuentealba, Gajardo, González, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Montes, Morales, Moreira, Muñoz, Navarro, Ojeda, Ortiz, Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Salas, Seguel, Soria, Tohá, Tuma, Urrutia (don Salvador), Villegas, Villouta, Zambrano y Silva.

Votaron por la negativa lo siguientes señores Diputados:

Alvarado, Álvarez, Bayo, Cardemil, Coloma, Correa, Fantuzzi, Ferrada, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), Hurtado, Jürgensen, Karelovic, Kuschel, Longton, Martínez (don Rosauro), Matthei (doña Evelyn), Melero, Orpis, Paya, Pérez (don Ramón), Solís, Taladriz y Urrutia (don Raúl).

Se abstuvo el Diputado señor Espina.

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:

ARTICULO ÚNICO

1. De los señores Felipe Letelier y Tuma “La causal precedente no se podrá invocar dentro de los 180 días siguientes a la suscripción de un contrato colectivo, convenio colectivo o de un fallo arbitral respecto a los trabajadores que hubieren participado en dicho proceso.” 2. Del señor Soria “Cuando se haya de invocar la causal precedente en los 180 días siguientes a la subscripción de un contrato o convenio colectivo y de un fallo arbitral respecto de los trabajadores que hubieren participado en dicho proceso, se requerirá en forma previa a poner término a la relación laboral, la autorización del respectivo juzgado del trabajo, el que la dará sólo cuando exista mérito para ello, de acuerdo a los antecedentes aportados por el empleador. Serán aplicables al particular toda norma relativa al fuero.”

3. Del señor Moreira para reemplazar en el inciso propuesto el numeral “180” por “60”.

4. Del señor Aylwin para sustituir la conjunción copulativa “y”, que figura a continuación de la palabra “colectivo”, por la conjunción disyuntiva “o”.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Solicito el acuerdo de la Sala para despachar, en el transcurso de los 30 minutos que restan del Orden del Día, el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código de Procedimiento Penal.

¿Habría acuerdo para proceder de este modo?

Acordado.

Diputado informante es el señor Alberto Espina.

Antecedentes:

Mensaje, boletín 1305-07, Sesión 26ª, en 2 de agosto de 1994, (Documentos de la Cuenta, N°3).

Informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sesión 29ª, en 11 de agosto de 1994, (Documentos de la Cuenta, N°10).

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, me corresponde informar un proyecto de ley, originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, aprobado por la unanimidad de los miembros de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuyo objeto es agilizar los juicios penales, perfeccionar el contenido de las sentencias y fijar determinados efectos de las apelaciones deducidas por los procesados.

La iniciativa se enmarca y es un hecho que corresponde destacar en la Cámara dentro de numerosos proyectos que se han presentado en los últimos años y que, en su conjunto, tienden a modernizar la administración de justicia en Chile.

Igual como se han modificado algunos aspectos del funcionamiento de la Corte Suprema y de la tramitación de los principales recursos de que ésta conoce, así como se ha creado la Academia Judicial cuyo proyecto fue aprobado hoy en la mañana por la Cámara y así como se han despachado otras iniciativas legales, originadas en mensajes o mociones relativas al Poder Judicial, ahora se discute esta iniciativa, que permitirá ir terminando paulatinamente con una crítica permanente que hace la ciudadanía de los juicios penales, en el sentido de que se extienden por años, que recargan el trabajo de los tribunales de justicia y que, finalmente, cuando se dicta sentencia o cuando se archivan, ya han perdido su razón de ser.

La iniciativa, que es de singular importancia, tiene el siguiente contenido:

En primer lugar, establece una modificación a la regla general aplicable al cierre del sumario. En la actualidad, el juez, cuando ha practicado todas las diligencias que estima necesarias para aclarar el delito e individualizar a sus autores, cierra el sumario. Sin embargo, las partes, dentro del plazo de cinco días, pueden pedirle que deje sin efecto esa resolución y decrete una serie de diligencias que, a juicio de las partes, se habrían omitido.

Estamos hablando de limitar este derecho. Por lo tanto, la modificación señala que cuando el juez, durante la investigación del proceso, con las diligencias ya practicadas, se forma una convicción de los hechos, entonces, puede dejar sin efecto aquellas otras que estime innecesarias, y decretar el cierre del sumario. De este modo se pone término al vicio procesal de que algunos juicios duren, en la etapa de sumario, cuatro, cinco, seis o siete años, con el pretexto de que hay diligencias pendientes, a pesar de que el juez ya tiene formada la convicción de si va a acusar o a sobreseer.

Por lo tanto, lo que busca esta modificación como lo he señalado es agilizar la tramitación de los procesos en la etapa señalada.

En segundo lugar quizás ésta es una modificación bastante de fondo y sustantiva, se establece el término de la obligatoriedad de la consulta del sobreseimiento, que dicta el juez cuando estima que el juicio debe terminar porque ya no constituyen delito los hechos investigados o no se ha podido determinar a sus responsables, tratándose de aquellos que merecen pena aflictiva. Es decir, cuando se trata de delitos que tienen una pena superior a tres años, si las partes no apelan del Sobreseimiento, el juez debe remitir los antecedentes al tribunal de alzada. El proyecto establece que en estos casos el juez debe remitir los antecedentes al fiscal. Si éste estima que el sobreseimiento es producto de una investigación incompleta o es posible acreditar la responsabilidad, de acuerdo con los antecedentes existentes oí el juicio, sólo en esos casos se admite apelar del sobreseimiento. En los demás, cuando el fiscal estime que no es necesaria la vista del tribunal en segunda instancia, se termina con el trámite de la consulta.

De esta forma, se agilizan una enormidad los procesos penales. Actualmente los juicios, cuando son sobreseídos por el juez de la causa, van al tribunal de alzada y son informados por el fiscal, y, de todas maneras, los ve la Sala respectiva. Eso demora meses, y el 95 por ciento de las causas que van con informe favorable del fiscal, en definitiva, son sobreseídas y los antecedentes se archivan.

El proyecto propone que sólo sean vistas finalmente por la Sala aquellas causas en las cuales el fiscal haya apelado, lo que ocurrirá sólo en aquellas hipótesis en que estime que la investigación ha sido incompleta, o bien, que es posible acreditar la responsabilidad penal de los inculpados y, por lo tanto, el juicio debe seguir adelante.

Las modificaciones a los artículos 415 y 416 básicamente son las formas de regular el procedimiento que debe seguir el fiscal y para garantizar a las partes el conocimiento de la resolución dictada, ya sea en orden a apelar o no sobre el sobreseimiento. Luego vienen dos modificaciones que tienen bastante importancia desde el punto de vista de la tramitación de los juicios penales.

La primera la más sustantiva en opinión a lo menos, de este Diputado informante, modifica la forma de redactar la sentencia, la que hoy no contiene un elemento que es básico para que el inculpado o el afectado, los querellantes y la sociedad, conozcan los fundamentos que el juez tuvo para condenar o absolver a alguien. Ello se refiere a los razonamientos que el juez hace para llegar a la convicción en cuanto a los hechos investigados.

Hoy el juez está obligado a señalar los fundamentos de hecho y de derecho; es decir: “éstos son los hechos y éste es el derecho que yo le aplico, y sobre la base de la aplicación de este derecho, llego a la conclusión que fulano de tal debe ser culpable o que fulano de tal es inocente.”

El proyecto impone una exigencia mayor al juez. Más propia que la labor de dictar una sentencia, significa una importante modernización en lo que respecta al fundamento de las sentencias, que permitirán al acusado conocer con mayor claridad por qué lo están culpando, y a la parte querellante conocer las razones que sirvan ya sea para el sobreseimiento, ya sea para la dictación de una sentencia condenatoria.

Finalmente quizás como la norma más controvertida del proyecto, se modifica el artículo 528 del Código de Procedimiento Penal, estableciéndose que si en un proceso el inculpado apela, es decir, la persona a quien se le está imputando el delito, la sentencia de primera instancia no puede enmendarse o modificarse en términos que le resulten desfavorables. O sea, no se le puede aplicar una pena mayor que la que dictó el juez de la causa, cuando la sentencia no hubiese sido apelada, naturalmente por el querellante.

Si bien es cierto que la modificación puede despertar cierta polémica, ella obedece a una razón obvia. Si no hay fiscal que quiera apelar, si no hay parte querellante que quiera hacerse parte, entonces es razonable pensar que la acción deducida por el inculpado no puede terminar perjudicándole, significándole una pena mayor de la que el propio tribunal de primera instancia le aplicó.

De alguna manera, se está consagrando el principio de pro reo en nuestra legislación penal. Sin embargo, sé deja a salvo la facultad de que el tribunal de alzada pueda instruir otro proceso por un nuevo delito descubierto en la investigación

Esas son, en síntesis, las modificaciones al Código de Procedimiento Penal contenidas en el proyecto. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Honorable Cámara estima que es muy útil y bueno agilizar y mejorar el proceso penal chileno. Aquí hay un trabajo de hormiga realizado durante años por el Gobierno y por los parlamentarios de todas las bancadas, que a lo mejor no ha sido percibido por la opinión pública, como una manera de mejorar la eficiencia de la administración de justicia, cuyos resultados esperamos ver en los próximos dos años.

Por eso, recomiendo la aprobación del proyecto.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, el Diputado informante ha explicado con bastante claridad y detalle en qué consiste el proyecto.

En definitiva, tal vez se trata de efectuar pequeñas reformas al procedimiento penal y no abordar toda esta materia en forma global, porque eso sería una tarea que, dada su magnitud y trascendencia, requeriría de un tiempo prolongado y además, de recursos para sustituir cornetamente el procedimiento actual por uno oral.

Estas pequeñas modificaciones consiguen eliminar los recargos que tienen los tribunales por procesos relacionados con denuncias o querellas que se sabe que nunca terminarán en un auto de procesamiento, en acusación ni mucho menos en sentencias.

El proyecto permite, en una tramitación rápida, que el magistrado pueda poner término al proceso sin necesidad de completar las diligencias pendientes, cuando adquiere la convicción de que no habrá una encargatoria de reo, ni acusación, ni mucho menos sentencia condenatoria.

Como se ha dicho, se suprime el trámite de la consulta, se reducen los considerandos de las sentencias para facilitar el trabajo de los jueces y no incurrir en repeticiones que a veces prolongan los fallos, en circunstancias de que lo que interesa es el convencimiento íntimo del magistrado sobre los hechos que está investigando y juzgando, y no esta formalidad de hacer una relación completa de los hechos y de razonamientos legales y doctrinales.

Por último, quiero señalar que, en cuanto a la modificación del artículo S28, el proyecto del Ejecutivo proponía suprimir su inciso primero, que establece que aun cuando haya sido el reo el que apela, el tribunal superior puede dictar una sentencia desfavorable. Sin embargo, como consecuencia de una indicación que presenté, la Comisión propuso establecer en forma expresa y directa, para que no quede sujeto a la interpretación de los tribunales, que la sentencia de alzada no puede ser desfavorable para el reo apelante.

En consecuencia, en nuestra legislación se inserta el principio que mencionó la señora Ministra, de la prohibición de la reforma peor. Esto es reitero, si la apelación hubiese sido deducida sólo por el procesado, el tribunal de alzada no podría modificar la sentencia en forma desfavorable para él.

Por las razones expuestas, la bancada democratacristiana aprobará esta iniciativa.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, el proyecto sometido a consideración de la Sala está inserto en aquellas iniciativas legales que propenden a modernizar el Poder Judicial, importante poder del Estado, y obviamente, debe sumarse a iniciativas como las referentes a la Academia Judicial, carrera funcionaría, y otras en igual sentido.

Si bien el proyecto no aborda una modificación integral del proceso penal sin duda constituye un avance muy importante en el sentido de agilizarlo y hacerlo más expedito y dinámico, obviamente con un sentido muy marcado de respetar los derechos de los procesados.

Como se ha señalado, el proyecto contiene algunas interesantes reformas. En primer lugar, aquella que faculta al juez que sustancia el proceso en primera instancia para que en cualquier estado de la investigación pueda decretar el término anticipado del sumario cuando se forme la convicción de que los antecedentes del proceso le indican que no está frente a un hecho delictual. Debemos considerar que el 60 por ciento de los presos son procesados, no reos rematados. De modo que con esto se agiliza de una manera muy importante el procedimiento penal.

En segundo lugar, se elimina el trámite de la consulta del sobreseimiento en delitos sancionados con pena aflictiva.

En tercer lugar, se simplifica el contenido de la sentencia definitiva. Los abogados sabemos que muchas veces los jueces del crimen se demoran bastante tiempo en dictar un fallo, por cuanto tienen que reproducir todos y cada uno de los elementos del proceso. Se reemplaza por elementos de convicción del juez para establecer el delito que esté investigando.

Por último, creo que la modificación más importante es la del artículo 528, que en el fondo repone el primitivo texto del Código de Procedimiento Penal, en el sentido de que cuando sólo sea el procesado quien apele del fallo, la Corte de Apelaciones no podrá establecer una condena superior a la que haya señalado el tribunal de primera instancia.

Por estos antecedentes y por estimar que el proyecto implica un importante paso en la agilización del procedimiento penal, la bancada socialista lo votará favorablemente.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-

Es del honorable Diputado señor Raúl Urrutia y tiene por finalidad reemplazar, en el inciso primero del artículo 415 que se propone en el proyecto, la expresión “a quo”, por “que dictó el sobreseimiento”, de modo que ese inciso quedaría de la siguiente forma:

“Para los efectos del artículo anterior, hayan o no deducido recurso de apelación las partes, del tribunal que dictó el sobreseimiento remitirá al fiscal los autos para que ejerza su derecho dentro del plazo de 10 días contado desde aquél en que lo recibió.”

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, lo conversé con el Diputado señor Raúl Urrutia. Creo que él incurre en una equivocación, porque dice que la expresión “tribunal a quo” no se emplea en nuestros Códigos de Procedimiento Civil y Penal. Sin embargo, en un ligero examen he visto que en los artículos 516, 521 y 530 del Código de Procedimiento Penal se emplea la expresión latina “a quo”, que se refiere al tribunal inferior o al tribunal apelado.

En consecuencia, tal como está el texto, se pueden usar indistintamente ambas expresiones: la que señala la indicación del colega señor Raúl Urrutia y la del proyecto.

He dicho.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

En votación la indicación del honorable Diputado señor Raúl Urrutia.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, no hubo quórum.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

No hay quórum. Se va a repetir la votación.

Repetida la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa 2 votos; por la negativa, 35 votos. Hubo 4 abstenciones.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Rechazada la indicación.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Ferrada y Ribera.

Votaron por la negativa los siguientes señores Diputados:

Acuña, Arancibia, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Cantero, Elgueta, Gajardo, Galilea, García, Hamuy, Jara, Kuschel, Latorre, Luksic, Melero, Montes, Morales, Moreira, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma (don Joaquín), Pérez (don Aníbal), Pollarolo (doña Fanny), Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rodríguez, Seguel, Silva, Soria, Tuma, Venegas, Villegas, Villouta y Zambrano.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados:

Espina, Navarro, Solís y Urrutia (don Salvador).