Labor Parlamentaria

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, sobre protección de las estudiantes embarazadas o madres lactantes.

Diputado informante de la Comisión de Familia es el señor Sergio Elgueta.

Antecedentes:

Moción, boletín N° 1251-18, sesión 16ª en 5 de julio de 1994. Documentos de la Cuenta N° 16.

Informe de la Comisión de Familia, sesión 29ª, en 11 de agosto de 1994. Documentos de la Cuenta N° 14.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, por encargo de vuestra Comisión de Familia, paso a informaros el proyecto de ley sobre la protección de la madre escolar o estudiante embarazada, originado en una moción de los Diputados señores Elgueta, Ojeda, Ortiz, Aylwin (don Andrés), Ascencio, Gutiérrez y Karelovic, y de las Diputadas señoras Cristi y Rebolledo, y de la señorita Saa.

El proyecto se originó en la idea de abordar, desde el punto de vista de lo que debe ser una política educacional de Estado, el problema de las adolescentes embarazadas que se encuentran estudiando en los distintos niveles de la educación chilena.

En un estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos, denominado “La ilegitimidad en Chile", de los señores Juan Ignacio Irarrázaval y Juan Pablo Valenzuela, fluye el notable aumento que ha experimentado el llamado “embarazo adolescente”.

Según las cifras que se reproducen en la página 13 de este estudio, el 29 por ciento de los nacidos en 1960 eran hijos ilegítimos de madres adolescentes, es decir, de mujeres menores de 20 años. En 1970, ese número había aumentado al 30,8 por ciento; en 1975, al 36 .por ciento; en 1980, al 45,7 por ciento; en 1985, al 55,4 por ciento, y en 1990 alcanzaba al 61 por ciento.

En consecuencia, dentro de este gran grupo de jóvenes chilenas se encuentran quienes estudian en los distintos establecimientos educacionales. Sobre este punto, quiero destacar que "la prensa nos ha dado a conocer cómo se impide el acceso de estas jóvenes chilenas al colegio o al establecimiento educacional respectivo, o bien, estando en él, se les coarta la libertad para seguir estudiando y se les pide o se les exige su retiro.

Durante la discusión de esta iniciativa, la Comisión contó con las exposiciones de la señora Josefina Bilbao, Ministra Directora del Servicio Nacional de la Mujer; del señor Gonzalo Undurraga, Subsecretario de Educación; de la señora María de la Luz Silva, asesora del Ministro de Educación, y de la señora Blanca Enriqueta Yon, Subjefa del Departamento Jurídico de dicha Secretaría de Estado.

Concurrió, asimismo, especialmente invitado por la Comisión, a entregar sus puntos de vista sobre la iniciativa, el Reverendo PadreFaustino Huidobro, Director del Área de Educación de la Conferencia Episcopal de Chile. También lo hizo el doctor Ramiro Molina, Director del Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

El Subsecretario de Educación manifestó que a fin de evaluar los efectos de la circular N° 247, modificatoria de la N° 727, de 1979, que aborda el tema de las alumnas embarazadas, pero con criterio diferente, se efectuó en 1993, una encuesta sobre alumnas embarazadas en 1992, en 5.550 establecimientos educacionales, que consideró alumnas de 7° y 8o básico y de enseñanza media científico-humanista y técnico profesional. De la información obtenida respondió cerca del 50 por ciento del universo, casi mil establecimientos (959 con datos válidos) informaron haber tenido casos de embarazo, los que en total sumaron 4.585 alumnas.

La edad promedio de las embarazadas fue de 17 años, aunque el 16 por ciento tenía 15 años o menos, situación acentuada en zonas rurales donde llegó al 44 por ciento. El 90 por ciento de esas alumnas estaba en la enseñanza media.

En cuanto a los efectos directos de la circular N° 247, se constata que los 4.585 casos de embarazadas detectadas, aproximadamente un 40 por ciento desataron; casi un 50 por ciento se mantuvieron como alumnas regulares, y un 10 por ciento pudo terminar el año en horario diferido.

Señor Presidente, la moción consultó un informe elaborado el año pasado por la Comisión de la Familia. En él, con dramática relevancia, se señala que frente al embarazo adolescente, la joven tiene cuatro posibilidades, ninguna de las cuales es satisfactoria.

Primero, un matrimonio de alto riesgo, porque se realiza antes de tiempo y en condiciones dé menor libertad. En Chile, un 30 por ciento de las personas opina que se casaría por embarazo, lo que equivale, en forma aproximada, a 30 mil matrimonios.

Segundo, la maternidad soltera con hijos ilegítimos, que alcanza aproximadamente a 25 mil menores de 20 años y a 33 mil de 20 a 24 años, en 1990.

Tercero, la entrega de su hijo en adopción, y

Cuarto, abortar, con las eventuales repercusiones en su salud física y mental.

En presencia de tales antecedentes, los patrocinantes fundamentan la moción en el rechazo que han experimentado las jóvenes embarazadas en diversos establecimientos educacionales, lo cual les resta oportunidad de cultivarse, de adquirir conocimientos, una profesión o de perfeccionarse en dignidad como personas.

En la moción también se dice que “dicho rechazo implica una desconsideración social inaceptable para un país moderno que se precia de respetar los derechos humanos, lo que potencia un mal mayor; esto es, la adopción de conductas tendientes a suprimir la vida del que está por nacer”.

Tanto la Constitución Política como el Código Civil garantizan el derecho a la vida y los derechos del que está por nacer. Asimismo, la Carta Fundamental establece la libertad de enseñanza y que toda persona tiene derecho a la vida e igual protección respecto del que está por nacer.

Por esas razones, y quizás atendiendo también a muchas otras contenidas en el informe, como las expresadas por el doctor Ramiro Molina, la Comisión aprobó el proyecto en general por amplia mayoría de votos.

En la discusión particular se formularon varias indicaciones, de las cuales una se rechazó por 5 votos contra 1, otra, substitutiva, se aprobó por 5 votos a favor y una abstención, en el sentido de modificar el artículo 15 de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, agregándole un inciso del siguiente tenor: “Las estudiantes embarazadas o madres lactantes tendrán derecho a acceder a los establecimientos de educación de cualquier nivel y a permanecer en ellos. Un reglamento dictado por el Presidente de la República, determinará las modalidades, requisitos, exigencias y circunstancias para el debido cumplimiento de estos derechos.”

Señor Presidente, por tratarse de una modificación a una ley orgánica, para la aprobación de este proyecto de ley se requiere el quorum establecido en la Constitución Política.

Por las razones expuestas y en conformidad con lo resuelto por la Comisión de Familia, solicito la aprobación del texto indicado en el proyecto.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, como integrante de la Comisión de Familia, doy testimonio que el proyecto fue analizado con bastante profundidad, tanto por lo que implica como en la necesidad de que exista una norma jurídica que efectivamente garantice uno de los derechos establecidos en la Carta Fundamental, porque no basta con que el N° 10 del artículo 19 enuncie el derecho a la educación, sino que también es indispensable que lo establezca la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza.

En el seno de la Comisión se advirtió que se colisionan tres derechos fundamentales garantizados en la Constitución Política: a la vida, a la educación, y a la libertad de enseñanza.

Como muy bien lo señaló el Diputado informante, el proyecto tiene por objeto, básica y fundamentalmente, permitir que aquella persona que está realizando sus estudios en un establecimiento de educación, ya sea estatal, municipal o subvencionado estatal o particular, puedan continuar con sus estudios y tener la posibilidad de ejercer el derecho a la educación.

Además, con la indicación presentada por un grupo de Diputados, que sustituyó una norma propuesta en el texto de la moción, también se deja a salvo la garantía establecida en el número 11 del artículo 19 de la Constitución, vale decir, la libertad de enseñanza.

Este proyecto puede ocasionar muchas complicaciones o generar gran discusión en la sociedad chilena, pero es imprescindible que se asuma con realismo una situación que sucede continuamente en los diversos establecimientos de educación.

Así, las personas que la Comisión de Educación recibió durante la tramitación de esta iniciativa, nos informaron con exactitud lo que significaba para una persona embarazada dejar de estudiar, abandonar su establecimiento educacional y, muchas veces, ver truncada definitivamente la posibilidad de lograr d término de su educación y optar a un título profesional o técnico.

Asimismo, dijimos que era imprescindible no sólo garantizar el derecho a la educación, sino también reglamentarlo debidamente y que la norma que se aprobara en la Cámara de Diputados no solo tuviera un carácter programático. En definitiva, en la indicación establecimos la necesidad de que el Presidente de la República, de acuerdo con sus facultades reglamentarias, determinen las modalidades y requisitos para el debido cumplimiento de este derecho. Es fácil consagrar un derecho en la ley; pero es difícil implementarlo.

¿Qué sucede con aquella estudiante que ha sido madre y no cuenta con la implementación necesaria en su establecimiento educacional para cumplir con ese rol, fundamentalmente en el problema de la lactancia?

La reglamentación deberá ser estudiada por el Presidente de la República a través de sus organismos técnicos y escuchando a todas las entidades de educación del país que puedan entregar los antecedentes necesarios y suficientes para que pueda darse cumplimiento a la intención del legislador al dictar esta norma.

El texto del proyecto propuesto a la Sala dice: “Las estudiantes embarazadas o madres lactantes tendrán derecho a acceder a los establecimientos de educación de cualquier nivel y a permanecer en ellos”. Hemos querido dejar claramente establecido con la frase “y a permanecer en ellos”, que se está garantizando la libertad de enseñanza.

Como muy bien lo señalaron en el seno de la Comisión quienes vinieron en representación de los colegios particulares a dar su opinión, existe un contrato entre el establecimiento de educación y los padres de la alumna, al menos por un año. Si la alumna queda embarazada durante el año lectivo, puede permanecer en el establecimiento educacional hasta su término para no perderlo. Después, teniendo en vista los derechos a la educación y a la libertad de enseñanza, puede continuar en ese mismo establecimiento educacional, o bien optar a otro si el colegio al cual pertenecía al momento de quedar embarazada no quiere continuar con este contrato. Esto permitirá que la posible colisión de los derechos constitucionales consagrados en el artículo 19 no se produzca, al garantizar tanto el derecho a la educación como el de libertad de enseñanza.

Pero esta norma constitucional también tiene por objeto permitir y garantizar el derecho a la vida, porque si nosotros no le creamos traumas, ni impedimos que la estudiante embarazada pueda continuar sus estudios, el aborto va a disminuir considerablemente en nuestro país, ya que justamente una de sus causas en este sector es el temor a no poder seguir estudiando y a ser repudiada por quienes están dentro del mismo establecimiento educacional. Ello hará posible que se haga efectivo el derecho consagrado en el N° 1° del artículo 19, es decir, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

En el seno de la Comisión se planteó en reiteradas ocasiones la necesidad de crear conciencia dentro de los establecimientos educacionales para dar una mejor educación sexual a los alumnos. Yo iría mucho más allá, porque, a mi juicio, lo que falta es entregar una mejor formación integral a los alumnos en los diferentes establecimientos educacionales, explicar exactamente qué es la familia, el papel que juega, el rol que tiene la actividad sexual, para que ella no sólo sea un placer pasajero, sino, también, lo que efectivamente es: la posibilidad de procrear para formar una familia estable y organizar una sociedad en la cual todas las personas participen en su desarrollo.

En definitiva, si somos capaces no sólo de aprobar el texto legal, sino, además, de implementar tanto la reglamentación como los textos o programas educacionales, no cabe duda alguna de que los derechos garantizados en la Constitución Política serán efectivos y, con ello, lograremos crear una mejor sociedad.

Por lo tanto, propongo aprobar este proyecto, de origen en una moción patrocinada por varios Diputados de todos los sectores políticos representados en el Congreso Nacional, para que las jóvenes estudiantes que han quedado embarazadas sepan que la sociedad las protegerá, les permitirá continuar con sus estudios y ser personas de bien, pues en Chile no debe existir discriminación de ninguna naturaleza.

He dicho.

La señora ALLENDE.-

Señor Presidente, estamos discutiendo un proyecto que los integrantes de la Comisión de Familia, al igual que todos los parlamentarios, consideramos de gran trascendencia e importancia. Estamos hablando de garantizar el derecho a la educación; de que la adolescente embarazada no sufra discriminación, pueda continuar sus estudios y no sufra el rechazo, como actualmente ocurre, de los establecimientos educacionales privados, de los profesores, incluso de sus propios pares y de sus padres.

Es fundamental que seamos capaces, como sociedad, como Estado, de dar una señal clara y posibilitar que esa adolescente embarazada continúe su educación, se perfeccione y termine sus estudios, lo cual permitirá no sólo que ella tenga un mejor nivel educacional, sino también criar en mejores condiciones al hijo que está por nacer.

En la medida en que esa adolescente embarazada sufra discriminación y se aleje de la escuela, verá afectadas al no completar sus estudios sus futuras posibilidades laborales y socioeconómicas; desde luego, el más afectado será el hijo que está por nacer.

Debemos de preguntamos qué pasa hoy con las adolescentes embarazadas, qué sucede con este 16 por ciento de jóvenes menores de 15 años y por qué existe esta incidencia tan alta de abandono de la escuela.

Por lo tanto, debemos dar una señal clara de que buscamos proteger los derechos humanos y evitar la discriminación; apoyar efectivamente y de manera eficaz a estas adolescentes; romper con mitos, como aquél de que el embarazo es “contagioso” y terminar con la discriminación y con el argumento de la vergüenza con que hoy algunos profesores, establecimientos particulares y ciertos padres, erradamente, presionan a estas adolescentes.

Nos importa mucho que no vuelva a ocurrir lo que hoy está sucediendo; nos importa saber que el 40 por ciento de las adolescentes embarazadas, en la medida en qué sufren discriminación, repiten esa conducta, y antes de dos y cinco años vuelven a embarazarse, con las consecuencias que todos conocemos.

La bancada del Partido Socialista apoya el proyecto, porque deseamos dar una señal precisa, clara, de efectivo y real apoyo a las adolescentes embarazadas, a su derecho a la educación, a la vida y al futuro del que está por nacer.

He dicho.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, éste es un tema de amplia y, lamentablemente, creciente repercusión en la sociedad chilena. Tal como se ha señalado en la discusión del proyecto, tiene implicancias en el derecho a la vida de muchos niños que son privados del derecho a nacer, en muchos casos por presiones de distinto tipo que se acumulan sobre una adolescente que ha resultado embarazada fuera del matrimonio, la que, muchas veces, comete el error irreparable de privar de la vida a un ser humano, causándose a sí misma tremendos daños sicológicos y, en ocasiones, físicos. Todo lo que podamos hacer para garantizar el derecho de estas menores a concluir su educación debemos realizarlo de la manera más eficaz posible.

Sin embargo, como ya se señaló, hay una colisión entre el derecho a la educación, que queremos defender en esta circunstancia particular, y la libertad de enseñanza que la Constitución reconoce a los padres y los establecimientos educacionales. Lo complicado de esta colisión entre ambos derechos, radica en que lo esencial en la libertad de enseñanza, es decir, su contenido, no lo fijamos nosotros en el Congreso, ni el Presidente de la República, ni el Ministro de Educación, ni la ley, sino que lo determinan las personas, sometidas a un límite que les pone la Constitución: respetar la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.

Hay un marco dentro del cual debemos encuadrarnos para solucionar el problema y tratar de garantizar el derecho a educarse de las niñas que se encuentran en esa situación.

Me parece muy plausible la intención de los autores del proyecto y, en ese ánimo, quiero contribuir con algunas proposiciones concretas para garantizar en mayor medida el derecho a su educación. Temo que si no lo hacemos en esta oportunidad será más tarde otra instancia la que repare el error que podríamos cometer al pasar a llevar la garantía de la libertad de enseñanza, pues no podemos imponer cualquier cosa y de cualquier forma, a cualquier colegio en esta materia.

Sí podemos, respecto de todos los colegios municipales, hacer primar el criterio me parece que lo apoya ampliamente la Cámara de aseguramos de que las niñas que se embarazan puedan continuar sus estudios sin interrupción. Insisto en que me refiero a los colegios públicos, en los cuales el Estado determina qué se enseña, cómo se enseña y a quienes. No lo podemos aplicar, en cambio, a los colegios privados. Entonces, la pregunta lógica es qué podemos hacer en ese punto para no violar la libertad de enseñanza, puesto que, insisto, podríamos aprobar un proyecto sin destino, que por esa razón fuera rechazado en otras instancias. Al respecto, voy a formular dos proposiciones.

En primer lugar, que los colegios privados que pusieren trabas a la permanencia de las alumnas embarazadas, sólo pudieren hacerlo en la medida en que previamente lo hayan advertido. Es decir, en el momento en que los padres elijan el colegio en que va a estudiar su hija, deben ser informados de que el establecimiento cancelará la matrícula de esa alumna en esas circunstancias, ya que, sin advertencia previa, no podría hacerlo.

En segundo lugar, me parece de toda justicia, siguiendo el criterio predominante en esta Cámara, que cuando un colegio, porque lo advirtió previamente, estuviera facultado para suspender los estudios de la menor, ella tuviese el derecho lo incorporemos en el proyecto de concluirlos, ya sea rindiendo exámenes libres o incorporándose directamente a los cursos, en cualquier colegio municipal público que elija, de manera de no perder, en ningún caso, el año lectivo.

Estas dos proposiciones, si bien no satisfacen plenamente la intención, que comparto, de garantizar en un ciento por ciento la posibilidad de que estas adolescentes concluyan sus estudios si así lo desean, nos permitirán eludir, a mi juicio, el insalvable obstáculo constitucional que implica el respeto a la libertad de enseñanza.

Por las razones expuestas, propongo, como paliativo, la incorporación de estas dos disposiciones.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción al Diputado señor René García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, voy a votar favorablemente el proyecto, porque creo que la vida tiene más derechos que la educación. Por lo tanto, apoyaré cualquier iniciativa que favorezca y dé garantías para que nazca una persona, ya que el derecho a la vida es el primer derecho que consagra la Constitución, y ella parte del momento en que se engendra una criatura.

El punto que me preocupa, como damos por hecho que el proyecto será aprobado es el siguiente: ¿Qué pasa si a una alumna le coincide el período de parto con el de exámenes? ¿Cuándo podrá rendirlos? ¿Tendrá los mismos derechos que los alumnos regulares? No sacaríamos nada con que siga educándose si no puede rendir sus exámenes con los mismos derechos de los alumnos que no han suspendido sus estudios.

El señor OJEDA.-

Es materia de reglamento.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

No me hablen del reglamento, porque tal vez no sea satisfactorio en este punto. El hecho de que tenga las mismas oportunidades que un alumno regular para rendir sus exámenes debería quedar establecido en la ley, es decir, con todas las condiciones, porque, por ejemplo, pueden decirle que los rinda en marzo, pero no tendrá las mismas posibilidades que el que pueda hacerlo en diciembre y repetirlo en marzo.

Ésa es mi duda.

El señor PAYA.-

Señor Presidente, finalmente, quiero hacer ver que lo que en este instante es un obstáculo en esta discusión: el respeto de la libertad de enseñanza. Ello amerita que reparemos sobre la importancia central que la garantía de la libertad de enseñanza tiene en una sociedad libre y democrática, en la que ningún gobierno tiene derecho a imponer criterios o contenidos conforme a los cuales los padres deberían educar a sus hijos. Por el contrario, ellos deben tener el más absoluto derecho a determinar lo que les enseñen a sus hijos y la forma de hacerlo. De manera que no es un obstáculo cualquiera: hay un principio capital de una sociedad libre y democrática que debemos respetar, valorar y tratar de salvar por su tremenda importancia para nuestra sociedad,' al tiempo que buscamos la garantía necesaria del derecho a la educación de las adolescentes embarazadas.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, suscribí esta moción como Diputado patrocinante, porque estimé de justicia concretar una inquietud manifestada hace mucho tiempo en esta Honorable Cámara.

El embarazo de la adolescente, muy vinculado al de la joven estudiante, representa un problema grave. El informe rendido por el señor Diputado informante tiene base en las estadísticas, lo que nos lleva a enfrentar el problema con mucha racionalidad y seriedad.

La sociedad se ha limitado a sancionar la conducta del embarazo, pero no ha reparado en que, con ello, sólo tiende a agravar la situación, porque se preocupa de los efectos y no de las causas. Les impide acceder a los establecimientos educacionales y a permanecer en ellos en estado de embarazo, sanción que es un contrasentido.

Con ello, se atenta contra el derecho a la educación, al perfeccionamiento personal, a la formación de esa persona y, además, contra algo esencial, vital y fundamental: el derecho a la vida del que está por nacer.

Tales decisiones, trabas y verdaderas sanciones conducen al aborto, porque ante el rechazo al embarazo de la adolescente y como una manera de ocultarlo y de seguir una vida normal, se recurre a esa práctica, En el embarazo no deseado de la adolescente hay una conducta no deliberada; es el embarazo inoportuno que soportan las mujeres entre los 13 y 24 años. Son una maternidad y una paternidad que no han sido decididas voluntariamente en su profunda significación. Es también un fracaso de la sociedad que no impide o no regula estas situaciones.

Hemos visto así se ha demostrado que estos embarazos son más frecuentes entre las adolescentes con menor nivel educacional, que viven en condiciones de pobreza en zonas rurales, debido a su mayor desconocimiento y a la falta de medios y de recursos para evitarlos.

Las jóvenes embarazadas por falta de conocimientos adecuados sobre sexualidad llegan a tales condiciones justamente por falta de elementos o de los conocimientos que deben impartírseles. La sociedad las condena, pero no les enseña; la sociedad maneja los tabúes sociales, cerrando los ojos a la realidad de las relaciones prematrimoniales; no entrega educación sexual a las familias ni lo hace la escuela; y no crea servicios de planificación familiar para los jóvenes que están inmersos en un contexto erotizante y en una cultura que estimula la iniciación sexual del hombre, manteniendo prejuicios hacia la mujer.

Es nuestra juventud que, encandilada a veces y sumida en valores aparentes que cree válidos, se deja llevar y cae en hechos y situaciones que la sociedad misma condena. Los tabúes, la hipocresía y la ignorancia están presentes en estos temas. Ese es el problema.

Por eso me alegro de que hoy tengamos una actitud distinta: no sancionatoria, sino modificatoria y resolutiva, que solucione los problemas y no los agrave.

Entonces es indispensable que el Estado intervenga y adopte decisiones que garanticen el derecho de estas adolescentes a la educación y a la formación integral; pero no adoptar resoluciones que contraríen los verdaderos propósitos o funciones que debe adoptar el Estado para proteger a los menores de edad.

Se habla en esta Cámara se ha repetido en diferentes oportunidad desde esta colisión de derechos, oí virtud de la cual deben predominar derechos o prerrogativas fundamentales o superiores, pero se hacen prevalecer derechos inferiores sobre los superiores. Se habla de una colisión entre los derechos a la vida, a la educación, a la libertad de enseñanza. Pero, nuevamente, nos encontramos ante la situación de que se hacen valer derechos menores sobre los de mayor jerarquía.

Aquí no hay colisión de derechos; existe una jerarquía de derechos en que, por priorización, debe predominar el derecho superior, vital, fundamental. En este caso, es el derecho a la vida del que está por nacer, sobre lo cual deberán adoptarse las medidas que sean indispensables para que la madre estudiante siga su formación y mantenga a su hijo. Ese es el derecho sustantivo, esencial.

El otro es el derecho a la educación, que también vale; es predominante sobre la libertad de enseñanza.

Acoger esta colisión de derechos en los términos señalados represalia una odiosa discriminación y atenta contra la garantía constitucional de estas estudiantes motores de edad, a perfeccionarse, educarse, formarse y hacer una vida normal frente al resto de sus compañeros.

Por eso aprobaré esta moción que regula la situación descrita, porque constituye una solución legislativa ante resoluciones y reglamentos existentes que no han tenido real aplicación ni eficacia. El Parlamento y el Poder Ejecutivo captaron el problema y le dieron, en virtud de la modificación de la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, el enfoque que consigna el proyecto.

Señor Presidente, las adolescentes estudiantes embarazadas son socialmente estigmatizadas y discriminadas. Por lo tanto, debe existir una voz y una actitud diferente, fuerte y decidida, para enfrentar este problema y morigerar sus graves consecuencias. Este proyecto, que modifica dicha ley orgánica constitucional y que establece una autorización para que las estudiantes embarazadas o madres que amamantan tengan derecho a acceder a los establecimientos de educación de cualquier nivel y a permanecer en ellos, representa, en verdad, la concreción de una inquietud y la voluntad del Poder Legislativo que, mediante una votación positiva, resolverá este grave problema y no lo agravará, como ha ocurrido con los enfoques, orientaciones, opiniones y conductas adoptados en el pasado.

He dicho.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, debido a la escasez del tiempo trataré de cooperar hablando en forma muy breve y concisa.

Antes que nada, expreso nuestro voto favorable al proyecto, el cual, no obstante, de acuerdo con el recto orden natural de las cosas, no sería necesario.

No nos cabe duda de que el artículo 19, N° 10, de la Constitución Política, que asegura que el derecho a la enseñanza, bastaría por sí solo para proteger el derecho de una madre soltera a educarse. Por desgracia, en nuestro país, donde necesitan leyes para todo, ha sido necesario y conveniente buscar una disposición legal que dé señales claras en cuanto a proteger el derecho a la enseñanza. Por lo tanto, este proyecto es conveniente y permitirá proteger efectivamente tal derecho.

En este momento, en que el país se ve enfrentado a una discusión muy apasionada sobre legislaciones relativas a la familia, en especial respecto del divorcio, al parecer se nos olvidan temas tan fundamentales como el que estamos tratando. Mucho más que el problema de las parejas que terminan su matrimonio que es efectivo, existen problemas acuciantes, como el del aborto, como el de las parejas que deciden no contraer matrimonio, porque éste aparece como una institución desprestigiada.

En este sentido, la disposición que estamos discutiendo apunta al camino correcto. No es posible que por fariseísmos, niñas que han decidida tener su hijo determinación que la Cámara y la legislación del país deben alentar y protegerse encuentren desposeídas de sus derechos constitucionales.

Tampoco es posible lo hemos sostenido en las Comisiones y en la Sala que no apoyemos la gestación y el surgimiento de la vida, ni el matrimonio como forma ideal de sostener, mantener y desarrollar la célula fundamental de la sociedad.

Estamos de acuerdo con este proyecto por razones estrictamente jurídicas y de conveniencia nacional, más que por motivos senTienentales, en los que no nos es dado inmiscuimos.

En relación con las dudas planteadas por algunos señores Diputados, nos parece que la iniciativa está bien formulada. El artículo único establece, en su segunda parte: “Un reglamento dictado por el Presidente de la República determinará las modalidades, requisitos, exigencias y circunstancias para el debido cumplimiento de estos derechos.” Ese es el modo correcto de legislar. Será el reglamento el que disponga cómo se harán efectivos, y también respecto de las legítimas dudas que han surgido, indicará cómo en los contratos entre educadores y educandos de colegios particulares ellos se reflejan.

Por todas estas razones de conveniencia nacional, de buena técnica jurídica, de señales correctas enviadas a la sociedad y por la forma bien pensada en que está expresada esta iniciativa, manifestamos nuestra intención de votar favorablemente.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, durante este debate he tenido oportunidad de escuchar dos tipos de objeciones al proyecto en estudio.

El primero, planteado por el Diputado señor Urrutia, don Raúl, que merece una aclaración y, más aún, la historia de la ley debe ser clara en este sentido, ya que el derecho de la estudiante embarazada a permanecer en el establecimiento educacional debe estar condicionado a su estado y no a la eventualidad de que cometa una infracción dentro del mismo que motive su expulsión. Éste es el espíritu de la iniciativa y así debe quedar establecido.

El otro tipo de objeción que escuché, un tanto extraña, fue el planteamiento del Diputado señor Paya, en el sentido de que la norma debería regir sólo para los establecimientos municipales. El gran objetivo de este proyecto tiene que ver con la protección del que está por nacer.

En consecuencia, en uno u otro caso, sea la estudiante de colegio municipal o particular, debe tener igual protección y estabilidad en el establecimiento donde está matriculada. De ninguna manera podría hacerse una diferenciación tan odiosa como la sugerida por el señor Diputado que, a mi juicio, es producto de un error o mala interpretación de la norma, ya que insisto lo que se pretende es proteger a la criatura y, en caso alguno, crear una discriminación social o de otro carácter.

Por tal razón y pensando en que la estudiante embarazada requiere, más que nadie, de un ambiente lleno de amor, afecto y ternura para que la criatura se desarrolle en su vientre en las mejores condiciones, el proyecto representa un avance importante; por ello, los Diputados radicales lo apoyaremos.

He dicho.

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, quiero manifestar mi apoyo a este proyecto y decir que cuando se dictó la circular N° 247, en 1991, que autorizó a las alumnas embarazadas a permanecer en el establecimiento fiscal al que asistían, estuve en total desacuerdo lo manifesté en forma pública por muchas razones que no alcanzo a dar a conocer en este momento. Pero, al pasar el tiempo; observando la realidad en el terreno y en consideración a que 39 mil niños de los 300 mil que nacen al año son hijos de madres adolescentes, a que el embarazo de las mismas es uno de los principales problemas de la juventud chilena y, además, a la poca capacidad de nuestro país como sociedad para enfrentar la situación de la adolescente embarazada, cambié de opinión. Valoro esta iniciativa y agradezco a quienes me dieron la oportunidad de patrocinarla. Sin embargo, deseo hacer algunos alcances.

En la Sala, entusiasmados por la posibilidad solidaria hacia las madres embarazadas, hemos cifrado muchas esperanzas en este proyecto. Esperamos que sea, por ejemplo, la gran causa para evitar el aborto. Creo que nos queda mucho más que hacer. Esta es una señal, una etapa, un mensaje con el que les estamos diciendo: “jóvenes queremos apoyarlas y tenderles una mano en la difícil tarea de ser madres a tan corta edad”.

Por mi observación de las jóvenes madres embarazadas me he dado cuenta, por ejemplo, de que una de las grandes cosas que faltan son las salas cuñas, pues una vez que nacen sus hijos no tienen dónde dejarlos, lo que hace muy difícil que sigan estudiando o trabajando. El propio proyecto manifiesta, en forma clara, que de 4.585 casos de madres adolescentes embarazadas, sólo un 10 por ciento pudo terminar el año en horario diferido y un 50 por ciento se mantuvo como alumnas regulares, no explicando si lograron concluir el período escolar.

Por otra parte, formulé una indicación en el sentido de que las alumnas fueran admitidas con el acuerdo de los padres y apoderados, de los alumnos y de los profesores, indicación que tenía por objeto evitar, una vez que una alumna fuese aceptada en el colegio por esta nueva ley que aprobaremos, pudiera ser rechazada. Lo peor que le puede pasar a una alumna embarazada es que tenga que convivir en un ambiente escolar hostil; por el contrario, el centro de padres y apoderados, la dirección del colegio y los propios alumnos deben darle la mejor recepción posible.,

En el estudio del proyecto se menciona por qué las niñas han abandonado el colegio. Al evaluar la circular, se señala: Incapacidad de la joven para enfrentar la crítica situación ante sus padres; actitud de rechazo por parte de los propios profesores, por razones de tipo cultural; retiro por decisión de los padres; reacción de los padres de los otros alumnos del establecimiento, que sostienen el mito de que el embarazo es “contagioso”, lo cual los empuja a presionar para que la afectada sea expulsada del colegio; abandono por problemas de salud.

En especial, el punto 3 es el que queríamos evitar al presentar una indicación, que fue rechazada y que establecía que las alumnas fueran recibidas y aceptadas con la aprobación de las principales entidades que administran y rigen el colegio.

Otro hecho que será muy importante y determinante en el éxito del proyecto es el reglamento. Espero que incluya y resguarde todos los factores para que la alumna recibida en un colegio se sienta cómoda, querida y aceptada.

Apoyaré el proyecto porque es una señal de que nuestra sociedad está enfrentando, de alguna forma, la situación de aquellas jóvenes! Reitero que el proyecto no soluciona el problema de la adolescente embarazada, que nos queda un largo camino por recorrer, y que justamente en la educación en los colegios, a través de la prevención y de campañas relacionadas con la reproducción, el amor y la familia, se debe basar nuestra gran tarea.

Por último, quiero apoyar y destacar el trabajo realizado en el Centro de Medicina Reproductiva del Adolescente por el doctor Ramiro Molina. Él ha trabajado durante años con adolescentes embarazadas, y a su proyecto debe apuntar nuestro propósito; a apoyarlas, a ayudarlas, a capacitarlas durante todo su período de embarazo, para evitar el aborto, para que en el futuro puedan desarrollarse como jóvenes madres con sus hijos.

He dicho.

El señor GUTIÉRREZ.-

Señor Presidente, hemos apoyado con mucha convicción el proyecto presentado por el Diputado señor Elgueta y otros parlamentarios. A nuestro juicio, viene a superar y a resolver diversos problemas sociales, de conflictos familiares y educacionales que se estaban presentando.

Lo que se propone es incluir una norma en la ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, en la cual se expresa que las estudiantes adolescentes embarazadas pueden continuar estudios, y no negarles su derecho a la enseñanza por esta circunstancia.

Coincido plenamente con la afirmación del Diputado señor Cardemil, de qué quizás este proyecto ni siquiera era necesario, por cuanto el derecho a la enseñanza está consagrado expresamente en la Constitución. Sin embargo, deben dictarse estos preceptos, por cuanto públicamente hemos visto que han sido cuestionados.

Lo que ocurre en este momento es que la situación de embarazo, cuando llega a presentarse, se convierte en un drama público y familiar. Es un hecho de corte sensacionalista en que la adolescente se ve involucrada y corre el riesgo de ser expulsada de su colegio; se ve expuesta a la opinión pública y enfrentada a un sedo problema familiar. Todo ello la conduce, con mucha frecuencia, a pensar en el aborto como solución y en algunas ocasiones hasta atentar contra su propia vida.

Por otro lado, es verdad que el número de adolescentes embarazadas ha venido aumentando significativamente en el último tiempo. Se estima que hay un promedio de cuatro o cinco por colegio, lo que da un número total en el país de 11 mil adolescentes en estas circunstancias.

Dada la brevedad del tiempo, reiteramos nuestro apoyo a la iniciativa, que viene a resolver un problema. No pensamos que haya una colisión de derechos en ese caso, porque, a nuestro juicio, predomina abiertamente el derecho a la vida, que está por sobre los demás.

Daremos nuestro apoyo al proyecto con mucha convicción y esperamos que se convierta en ley.

He dicho.

La señorita SAA.-

Señor Presidente, como mujer, Diputada del Partido por la Democracia y Presidenta de la Comisión de Familia, me congratula que la primera moción despachada por ella sea ésta, que, indudablemente, pone a salvo el derecho de las adolescentes embarazadas a estudiar.

Este derecho es importante y debe ser protegido para poder ejercerlo. La libertad de enseñanza no puede estar en colisión con el derecho a la educación, sobre todo ante un problema que enfrentan adolescentes. Es bien difícil entender que la libertad de enseñanza esté en contradicción con este derecho, si se considera que se trata de un problema masivo y producto de los tiempos en que vivimos, porque la sexualidad temprana, a partir de los 16 años, no es un fenómeno de hoy, toda vez que las condiciones de la vida moderna y la incorporación de la mujer al trabajo hacen que este problema debe ser enfrentado de mejor manera.

Las 40 mil niñas que se embarazan cada año es el segmento en edad fértil que menormente hace uso de los métodos anticonceptivos. Su no aplicación en este grupo etario está en alrededor de un 70 por ciento de las menores. Asimismo, cabe hacer notar que mientras en 1960 sólo el 29 por ciento de los nacidos vivos, hijos de estas madres, eran ilegítimos, en 1989 esta cifra sube al 60 por ciento; es decir, nos encontramos además frente al fenómeno de una madre que va a criar sola a su hijo.

Subrayo que en este caso también estamos rompiendo con una discriminación, porque la madre adolescente era objeto de la expulsión del colegio y no así el padre adolescente. Para enfrentar este problema en toda su magnitud, junto con consagrar el derecho a la educación, es necesario establecer una serie de otras políticas sociales y educacionales.

La educación sexual es importante tanto para los varones como para las niñas adolescentes. La participación de las familias en el proyecto educativo y en este tipo de situaciones es fundamental e importante. Además, la revisión de los programas de anticoncepción debe asumir que éste fenómeno existe y que es necesario ingresar a las niñas mayores de 16 años a los programas de anticoncepción y regularización de la fertilidad.

Para no alargar el debate y como ya se han aportado bastantes razones, creo, en suma, que se ha dado un paso importante en términos de la libertad de derechos y de la abolición de discriminaciones. Esta señal debe hacemos tomar conciencia de que debemos abordar este tema de manera más completa, a través de políticas educacionales que asuman la realidad de los educandos y no soslayen el problema a que se enfrenta la juventud chilena.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, se ha expresado en varias oportunidades durante el debate de esta moción que en este proyecto de ley existiría una colisión de tres derechos o principios constitucionales: por una parte, el derecho a la educación de la menor y el derecho a la vida de su hijo por nacer y, por otra parte; la libertad de enseñanza. Pues bien, no obstante que todos los Diputados han tendido a señalar que frente a esta colisión de valores constitucionales debe privilegiarse el derecho a la vida del ser humano que está por nacer (evitando un aborto) y el derecho de su madre a su educación (bienes superiores), sacrificando, en esta forma, un supuesto atentado a la “libertad de enseñanza” del colegio o escuela donde se educa la niña embarazada, creemos conveniente señalar nuestra opinión en el sentido de que en forma alguna en este asunto se estaría cuestionado el principio constitucional de la libertad de enseñanza.

Efectivamente, según el N° 11 del artículo 19 de la Constitución Política, se asegura a todas las personas “la libertad de enseñanza, que incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales”.

De aquí se deduce que la “libertad de enseñanza” implica, fundamentalmente, el derecho a educar, es decir, el derecho a participar proporcionando enseñanza. No se ve en qué forma la circunstancia de que un colegio deba mantener en sus aulas a una niña embarazada conculque o limite ese derecho o libertad.

El otro aspecto de la libertad de enseñanza, constitucionalmente obligatorio, es el derecho del establecimiento educacional para elegir los “contenidos” o la “forma” de enseñar, situación que tampoco tiene relación alguna con la mantención de una niña embarazada entre los educandos. Por otra parte, en ningún caso en la libertad de enseñanza podría entenderse comprendida la consagración de cualquier forma de discriminación, pues ello implicaría el atentado a otro principio constitucional, la igualdad ante (a ley establecida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política.

He dicho.

El señor PÉREZ (don Ramón).-

Señor Presidente, estimados colegas:

El proyecto que hoy nos preocupa permitirá a las estudiantes embarazadas o madres lactantes tener derecho a acceder a los establecimientos de educación de cualquier nivel y a permanecer en ellos, con lo cual se hará respetar lo consagrado en la Constitución Política del Estado, de que toda persona tiene derecho a la educación, cuyo objeto es el pleno desarrollo de la misma en las distintas etapas de la vida.

La moción en comento, modifica el artículo 15 de la Ley N° 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (Loce), facultándose, a través del mismo artículo único modificatorio, al Presidente de la República para que dicte un reglamento que determine las modalidades, requisitos, exigencias y circunstancias para el debido cumplimiento de estos derechos.

La opinión pública se ha visto conmovida por el rechazo que han experimentado en diversos establecimientos educacionales las jóvenes embarazadas, lo cual les resta oportunidades de cultivarse, de adquirir conocimientos, una profesión, o de perfeccionarse en dignidad como personas, lo que representa un abierto incumplimiento de las normas contenidas en la Constitución.

Dicho rechazo implica una desconsideración social inaceptable para un país moderno que se precia de respetar los derechos humanos, lo que potencia un mal mayor; esto es, la adopción de conductas tendientes a suprimir la vida del que está por hacer, promoviendo con ello, indirectamente, por una discriminación inaceptable, a que las estudiantes embarazadas opten por el aborto como una salida al problema de ser criticadas por la sociedad.

Debo insistir en que tanto la Constitución Política como el Código Civil garantizan el derecho a la vida y los derechos del que está por nacer, como igualmente la Carta Fundamental asegura a todas las personas el acceso a la enseñanza y a la educación.

Es un hecho cierto que los embarazos y nacimientos en los menores de 20 años, de carácter ilegítimo, han aumentado considerablemente, por lo que la sociedad, a través del Estado, debe proteger a la madre como al hijo que está por nacer, y con mayor razón si éste ha nacido; todo lo cual hoy protegen expresamente la legislación laboral, previsional y los estatutos administrativo municipal.

Este proyecto, señor Presidente, está orientado a la protección y perfeccionamiento, evitando discriminaciones. Con tal propósito se propone modificar la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, a objeto de agregar un nuevo inciso que establece para los establecimientos de educación, sin importar su nivel, la prohibición de negar el ingreso, matrícula, acceso y el normal proceso educacional de la embarazada o madre lactante, debiendo, por el contrario, otorgársele la protección y facilidades apropiadas a su respectivo estado.

Durante la discusión del proyecto de ley al interior de la Comisión de Familia, se pudo conocer que la población femenina entre 14 y 17 años de edad la conforman algo más de medio millón de mujeres, de las cuales más del 80 por ciento están incorporadas al sistema educacional, esto es, unas 400 mil alumnas.

Por su parte, el Servicio de Registro Civil dio a conocer que cada año se dan 40 mil casos de madres adolescentes en Chile dentro del grupo etario de entre 15 y 19 años respecto de las cuales se estima que, aproximadamente, poco menos de un tercio son escolares.

Señor Presidente, más preocupante es aún el hecho de que el Ministerio de Educación carezca de atribuciones legajes que le permitan establecer normas obligatorias para regular esta situación que afecta a la estudiante embarazada, por lo que hasta la fecha sólo han enviado al sistema escolar chileno circulares que imparten orientaciones generales sobre el tema. Al respecto existe una colisión de derechos entre el de la educación y la libertad de enseñanza que la Constitución Política asegura a todas las personas, cuya única forma de resolverla es a través de un proceso legislativo, situación a la cual ahora estamos abocados.

Por las razones expuestas, y pensando en que de alguna forma debemos propender a la protección real del derecho a la vida, porque muchas veces, con el fin de evitar la vergüenza con que la sociedad contemporánea las sanciona de acuerdo al nivel cultural de cada estrato, la adolescente llega indefectiblemente al aborto; como también es la razón de este proyecto el hecho de que se considere, en este caso, como un mal ejemplo de imitar el embarazo en edad escolar, y así lo han manifestado padres y apoderados de diversos colegios cuando este caso se produce, es que he creído necesario apoyar la iniciativa propuesta, porque creo que en sus fundamentos sobre todo consagra la protección de la vida del que está por nacer.

He dicho.

El señor SILVA.-

Señor Presidente, estimados colegas:

Quiero manifestar mi satisfacción por la presentación de este proyecto que apunta, en 'parte, a terminar con la marginación de las jóvenes adolescentes que se embarazan, marginación que muchas veces ocurre en su familia, lo que hace que un número importante de jóvenes busquen en el aborto la “solución” a su problema.

Con la finalidad de acoger a estas jóvenes, que en la mayoría de los casos ni siquiera cuentan con el apoyo de su pareja, se hace necesario, de parte del Parlamento, dar una señal positiva para colaborar con la difícil situación que enfrentan y que puedan sentir que la sociedad las está acogiendo, permitiéndoles que continúen estudiando en una relación fundamental con sus pares.

Junto a esto, se está terminando con un problema de discriminación, pues la expulsión o marginación sólo afecta a las jóvenes, y el adolescente progenitor queda exento de cualquier marginación.

Por esto y porque creo que aquí está en juego, además, el derecho a la vida, anuncio su voto favorable a este proyecto.

He dicho.

El señor URRUTIA (don Salvador).-

Señor Presidente, Honorable Cámara:

Felicito a los propulsores de este proyecto, de origen parlamentario, que hace justicia y corrige un gran vacío en nuestra educación, cuál era el no proteger y ayudar a las estudiantes embarazadas en su derecho y necesidad de continuar sus estudios, dejándolas libradas al arbitrio y discriminación de directivos que no han superado criterios estrechos y deshumanizados respecto al sagrado misterio de la maternidad y a la necesidad moral, biológica y práctica de ayudar en todo lo posible a las madres y a sus hijos, que son la matriz y los eslabones de la cadena de la vida humana, y por ende, de nuestra sociedad.

Lo que hagamos hoy con las madres con problemas repercutirá, con un tremendo eco, en todo nuestro futuro social y por ello este proyecto tiene un enorme valor ético y de progreso cultural: con él damos una señal clara que las estudiantes embarazadas, y todas las madres en general, cuentan con el apoyo y solidaridad de la sociedad chilena, representada por este Parlamento.

He dicho. 

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

En votación general el proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 70 votos; por la negativa, 1 voto. Hubo 1 abstención.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Aprobada la idea de legislar.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados:

Aguiló, Allende (doña Isabel), Arancibia, Ascencio, Aylwin (don Andrés), Aylwin (doña Mariana), Bayo, Bombal, Cardemil, Colonia, Cornejo, Correa, Cristi (doña María Angélica), Elgueta, Errázuriz, Espina, Estévez, Fuentealba, Gajardo, Galilea, García (don René Manuel), García (don José), González, Gutiérrez, Hamuy, Hernández, Hurtado, Karelovic, Latorre, Leay, León, Letelier (don Juan Pablo), Longueira, Luksic, Martínez, Matthei (doña Evelyn), Morales, Moreira, Navarro, Ojeda, Orpis, Ortiz, Palma, Paya, Pérez (don Aníbal), Pérez (don Ramón), Pérez (don Víctor), Pollarolo (doña Fanny), Prokurica, Reyes, Rocha, Rodríguez, Saa (doña María Antonieta), Salas, Seguel, Silva, Solís, Soria, Taladriz, Tohá, Urrutia (don Raúl), Urrutia (don Salvador), Valenzuela, Vargas, Venegas, Viera-Gallo , Villegas, Villouta, Walker y Zambrano.

Votó por la negativa el Diputado señor Ribera.

Se abstuvo el Diputado señor Bartolucci.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Como el proyecto tiene indicaciones, vuelve a Comisión para su análisis en particular y segundo informe.

El proyecto fue objeto de las siguientes indicaciones:1. Del señor Errázuriz “Las estudiantes embarazadas o madres lactantes tendrán derecho a acceder a los establecimientos de educación de cualquier nivel y a permanecer en ellos, cumpliendo con los requisitos generales de admisión y permanencia en los citados establecimientos.”

2. Del señor Navarro para consultar, a continuación de la expresión “Presidente de la República”, lo siguiente: “dentro de 180 días desde la fecha de publicación de la presente ley”.

3. De la señora Prochelle para sustituir la coma (,) que figura a continuación del término “requisitos” por la conjunción copulativa “y”, suprimiendo las palabras “y circunstancias”.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

Corresponde tratar la proposición de la Comisión Mixta en el proyecto de ley que crea la Academia Judicial.

Antecedentes:

Informe de la Comisión Mixta, boletín N°859-07 (S). Documentos de la Cuenta N° 4, de esta sesión.

El señor LATORRE (Presidente en ejercicio).-

A continuación, corresponde ocuparse de la proposición de la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley sobre carrera funcionaría de los jueces, funcionarios auxiliares de la administración de justicia y empleados del Poder Judicial.

Antecedentes:

Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 867-07 (S). Documentos de la Cuenta N°5, de esta sesión.