Labor Parlamentaria

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto de ley que regula el derecho de los obtentores de nuevas variedades vegetales.

Antecedentes:

Informe de la Comisión Mixta, boletín N° 910-01 (S). Documentos de la Cuenta N°8, de esta sesión.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde ocuparse de las modificaciones del Senado al proyecto que modifica el decreto ley N° 3.607, de 1981, sobre normas que rigen el funcionamiento de vigilantes privados.

-Antecedentes:Modificaciones del Senado, boletín N° 398-07.

Documentos de la Cuenta N° 5, de esta sesión.

El señor ESPINA.-

Pido la palabra.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Espina.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, este proyecto corresponde a una moción parlamentaria patrocinada, entre otros, por los Diputados señores Urrutia, Cornejo, Latorre y Fantuzzi; por los ex Diputados señores Alessandri Balmaceda y Leblanc y por el Diputado que habla. Su finalidad es traspasar la dependencia de los vigilantes privados desde las guarniciones militares hacia las prefecturas de Carabineros.

El fundamento de esta iniciativa consiste en que la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su artículo 3°, inciso final, establece que corresponde a esa institución, en la forma que determina la ley, la fiscalización y el control de las personas que desarrollan actividades de vigilancia privada. No obstante, el decreto ley N° 3.607, del Ministerio del Interior, disponía que su fiscalización y dependencia estaban entregadas a las guarniciones militares, a pesar de que la ley orgánica de Carabineros señala como propio de esa institución realizar tal función.

Con el objeto de modificar la legislación vigente, se presentó esta moción que otorga a Carabineros todas las facultades de fiscalización y de control de los vigilantes privados que actualmente dependen de las guarniciones militares.

De acuerdo con las propias versiones de la policía, entregadas durante la tramitación de la moción, con ello se aumentará considerablemente la eficacia de la acción preventiva de Carabineros, e incluso la posibilidad de capturar a los delincuentes cuando se produzcan asaltos en lugares donde existan vigilantes privados.

Basta señalar que la situación contemplada en el decreto ley N° 3.067 era tan absurda que Carabineros ignoraba todos los planes o medidas de seguridad de los bancos, instituciones o conjuntos habitacionales, de forma tal que cuando llegaba a un lugar donde existían vigilantes privados, porque se había producido un asalto, no tenía idea de cuánto personal había, cuáles eran las medidas de seguridad, los lugares de escape, los planes para enfrentar la delincuencia, todo lo cual producía gran descoordinación. Con ese objeto, la moción trasladó a Carabineros las facultades de control de los vigilantes privados.

El Senado acoge en su integridad la moción de la Cámara. Si los señores Diputados comparan los textos, se darán cuenta de que el Senado rechaza algunas normas, pero lo hace porque fueron incorporadas en una ley aprobada no hace mucho por el Parlamento, en la cual se incluyó parte de este proyecto. ¿Qué ley es ésa? La N° 19.303, que establece obligaciones a entidades que indica en materia de seguridad de las personas. Esa ley señala que determinadas entidades, empresas, etcétera, deben, obligatoriamente, contar con medidas de seguridad en sus artículos 15 y 18 recoge gran parte de esta moción. Por lo tanto, cuando el Senado indica en el segundo trámite constitucional que rechaza un artículo de este proyecto, es para evitar su repetición, porque ya lo incorporó en esa ley previamente aprobada. Es lo que ocurre con la modificación al artículo 3°. El proyecto de la Cámara dice: "c) Sustituyese el artículo 3°, por el siguiente:". El Senado lo rechaza porque lo incorporó íntegra y textualmente, como lo propuso la Cámara de Diputados, en el artículo 15 de la ley N° 19.303.

En consecuencia, sugiero a esta Corporación aprobar en su totalidad las modificaciones del Senado, con la prevención de que rechaza algunas normas porque ya antes fueron incorporadas en una ley de la República, que también fue aprobada en forma unánime en la Cámara y en el Senado.

Es cuanto puedo señalar a Su Señoría.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde tratar las modificaciones del Honorable Senado al proyecto de ley que sustituye las plantas de personal de la Superintendencia de Seguridad Social.

Antecedentes:

Modificaciones del Senado, boletín N° 1141-13. Documentos de la Cuenta N° 4, de esta sesión.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, a mi juicio, corresponde aprobar las modificaciones del Senado, porque se conserva la esencia del proyecto de la Cámara. En todo caso, los cambios son favorables en cuanto a perfeccionar la ley.

Como podemos observar en el boletín comparado, hay simples cambios formales en la letra d) del artículo 2° y en el artículo 3°

Tal vez la modificación más importante, con la cual concordamos, es la fecha de vigencia de la ley. La Cámara acordó que ésta rigiera desde el 1 de mayo de 1994, si es que alcanzaba a ser publicada antes en el Diario Oficial. En caso contrario, a partir de la fecha de publicación. El Senado eliminó esta segunda oportunidad y dejó a firme que entrará a regir la ley el 1 de mayo de 1994, lo cual, indudablemente, favorece a los trabajadores pertenecientes al Servicio, porque el encasillamiento que les corresponda significa un mejoramiento de remuneraciones operará retroactivamente desde el 1 de mayo de 1994. Por esta misma circunstancia, incorpora un nuevo artículo 6°, el cual establece que las cotizaciones previsionales que corresponda pagar por la diferencia retroactiva de mayor remuneración, no ingresarán a la Isapre respectiva, pues el seguro ya se encuentra cubierto por el tiempo transcurrido, sino a la cuenta individual del afiliado en su respectiva administradora de fondos de pensiones; es decir, esta diferencia no favorecerá a la Isapre, sino al funcionario, a través de este mecanismo.

Por estas razones, según mi parecer, debemos aprobar íntegramente las modificaciones.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Corresponde tratar el proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que regula los contratos de exportación y transformación de productos hortofrutícolas.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura es el señor Juan Pablo Letelier .

Antecedentes:

Moción, boletín N° 780-01, sesión 33a, en 20 de agosto de 1992. Documentos de la Cuenta N°6

Informe de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Pesca. Documentos de la Cuenta N°9, de esta sesión.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, como Su Señoría ha señalado, este proyecto se originó en una moción de los señores Letelier, don Juan Pablo; Acuña, Jara, don Sergio; señora Muñoz, doña Adriana; señores Naranjo, Olivares, Ortega, Rodríguez, don Hugo; Sota y Tohá.

El objetivo de esta moción es tratar de regular los contratos que celebran las exportadoras con los agricultores, tanto para la fruta de exportación como para los productos hortofrutícolas, y consiste en otorgar a los contratos una mayor transparencia, de modo que las exportadoras rindan una cuenta detallada, por escrito, de los gastos en que incurren, los cuales se descuentan a los agricultores cuando se les hacen las liquidaciones. Además, se designa un árbitro para solucionar las controversias, nombrado de común acuerdo, quien debe residir en la zona donde se efectúan las transacciones o tiene domicilio el productor.

Lo fundamental es que cada exportadora debe rendir una cuenta documentada al productor de todas las operaciones llevadas a cabo por el agente exportador, a menos de que del texto del contrato se desprenda, en forma inequívoca, que es una compraventa a firme. Asimismo, las liquidaciones documentadas de las exportadoras deben presentarse, a más tardar, 90 días después del embarque de los productos, debiendo realizarse las mismas en formularios tipos y con los antecedentes que, en uso de sus atribuciones, fija la Comisión Preventiva Central.

Los derechos establecidos en este proyecto son irrenunciables.

Este proyecto fue aprobado en general, por unanimidad, en la Comisión, y solicitamos que la Sala proceda de la misma manera, porque creemos que con estas disposiciones se dará una mayor transparencia a este negocio, que a veces ha sido tan cuestionado por el sector productor.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

En discusión el proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Melero.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, el proyecto que nos preocupa, originado en una moción, parte de la premisa de la necesidad de regular los contratos hortofrutícolas entre productores y exportadores por la falta de transparencia que existiría en ellos.

Podría interpretarse, quizás, que la presentación de este proyecto hoy se hizo necesaria, cuando el negocio hortofrutícola ha tenido un menor dinamismo que en la década de los 80, que significó un aumento sustancial en las plantaciones, especialmente frutícolas, para exportación. Basta recordar que a fines de 1973 la superficie plantada con fruta alcanzaba, aproximadamente, a 40 mil hectáreas, la que en el transcurso de los últimos 20 años ha aumentado tres o cuatro veces, lo que ha demostrado una estrategia exportadora que ha permitido conquistar mercados importantes y generar ingresos sustanciales para el país, como también una importante incorporación de mano de obra.

En la actualidad, con un menor dinamismo, hay una mayor preocupación de los productores por la forma en que se les liquidan sus exportaciones y por los retornos que deben tener. A lo mejor, en el pasado, el negocio era tan holgado, con buenos retornos y sustanciales utilidades, que nadie se preocupaba mucho de cuánto quedaba para el exportador y cuánto para el productor. Pero ahora, cuando se ha perdido rentabilidad, especialmente por el factor derivado de la política cambiaría y del valor del dólar respecto de los reajustes que han tenido los insumos y por el valor de la mano de obra en el país, hace que haya una mayor predisposición para revisar cómo se dan estas relaciones contractuales. Pero también estimo importante señalar que no por ello un menor dinamismo del sector se hace necesario regular los contratos.

Lo que es indispensable destacar es un principio: la adhesión que el país y el sector hortofrutícola le ha dado a un modelo de desarrollo económico, basado en el libre juego del mercado, y que exige, obviamente, como supuesto fundamental, la autonomía de la voluntad de las partes en el ámbito de sus relaciones contractuales.

Es importante tener presente este principio, porque podría parecer inoficioso buscar la necesidad de hurgar en un negocio particular que se relaciona con un sinnúmero de agentes que participan en el proceso, desde el que produce hasta el que compra al final de la cadena de comercialización, en la que hay una serie de intermediarios que otorgan servicios, desde control de calidad, fitosanitario, embalaje, frío, fumigaciones con bromuro de metilo o con anhídrido sulfuroso, el flete, tanto en el país como en el exterior, hasta quienes reciben los productos en el extranjero a nivel mayorista y, por último, a nivel minorista en las cadenas de supermercados.

En este cúmulo de agentes, cabe preguntar si es necesario que mediante una ley se regulen los contratos, lo que al final, en un proceso que en el pasado demostró ser dinámico, podría restar la debida flexibilidad que las partes deben tener a fin de que el negocio siga siendo bueno para el país.

Me parece importante ilustrar a la Cámara sobre el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la Cepal, de las Naciones Unidas, acerca de lo que es la cadena de distribución y la competitividad de las exportaciones latinoamericanas respecto de la fruta chilena. Este documento pone en el eje que la forma y los elementos de la comercialización de la fruta chilena en los mercados internacionales han dado gran auge a las exportaciones. La inserción de la fruta chilena en los sistemas de comercialización de cada país ha constituido una estrategia exitosa, dice la Cepal, diferente a la seguida por otros países como Nueva Zelandia y Sudáfrica, que han desarrollado sus propios sistemas de distribución y de comercialización, es decir, las juntas exportadoras que han generado un sistema distinto, en el cual el Estado toma propiedad de la fruta de los productores neocelandeses o sudafricanos y la vende bajo una sola marca y forma, Cape Fruit, con determinados logos u otros tipos de estandarización.

La misma Cepal dice que la estrategia chilena ha sido exitosa; menos rígida y normativa que la seguida por los países del hemisferio sur, competidores de Chile.

Una de las características más notables del sector, fundamental en el éxito que la exportación hortofrutícola ha tenido, ha sido la libre competencia existente entre los exportadores para colocar sus productos en los mercados internacionales, a diferencia de otros países que han preferido centralizar las ventas en grandes consorcios o juntas de comercialización estatales conocidas como los marketing-boards. Chile ha entregado a cada exportador la responsabilidad de vender sus productos y, como consecuencia de ello, ha establecido una amplia red de relaciones comerciales entre exportadores y recibidores en los mercados de destino.

El informe de la Cepal concluye sosteniendo que la libre competencia ha sido un eje fundamental y un medio insustituible para mejorar la comercialización chilena. Agrega que bajo ningún concepto debe limitarse la libre competencia en la comercialización de la fruta de exportación, pues será el gran estímulo para que los diferentes agentes sigan mejorando. La responsabilidad en este punto no es sólo del Gobierno, sino también del productor y de los agentes, por cuanto si esto se enfoca en el negocio frutícola en un horizonte de corto plazo, pueden caer en prácticas que limiten seriamente la competencia en el mediano y largo plazo y abran espacios a los mercados competidores, como Argentina y Brasil.

He querido introducir en mi exposición estos elementos conceptuales y básicos respaldados por informes internacionales de la Cepal, con el objeto de no incorporar a raíz de un proyecto de ley que tiene bases obvias de legitimidad, sistemas que sean perjudiciales para los productores de frutas, sobre todo si se tiene presente que la intención es favorecerlos. Esto lo digo porque es evidente que si rigidizamos mucho el sistema, todo el peso del riesgo caerá casi exclusivamente en el productor, y lo que las firmas harán será fijar sistemas de contratos de venta a precio firme para eludir cualquier forma de riesgo y, por consiguiente, terminar perjudicando al productor.

Tenemos que analizar este aspecto desde la perspectiva de que Chile ha afianzado su política exportadora y ha ganado una posición en los mercados internacionales. Sus exportaciones hortofrutícolas deben estar ubicadas en el tercero o cuarto lugar de las que efectúa.

Por consiguiente, en ese principio de libre competencia y de libertad, cuenta con los elementos para generar mecanismos de transparencia y de mejor información entre productores y exportadores.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Señor Diputado, terminó el tiempo de su primer discurso.

El señor MELERO.-

Paso al segundo, señor Presidente.

Respecto del proyecto en sí, nos parece importante resaltar algunos hechos que consideramos positivos y otros que, a nuestro juicio, no lo son tanto.

En primer lugar, consideramos de la mayor importancia la necesidad de que las normas de las relaciones contractuales sean establecidas en contratos por escrito, de los que deberá quedar a lo menos un ejemplar en poder de cada parte. En caso contrario, las obligaciones que declare el productor se tendrán por ciertas. Votamos favorablemente en la Comisión la letra a) del artículo 1°.

En el caso de la designación del árbitro, la cláusula arbitral dice que éste deberá ser nombrado de común acuerdo entre las partes, entre productor y exportador. En todo caso, hasta antes de la notificación de la constitución del compromiso, las partes podrán recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para el nombramiento de un nuevo árbitro dotado de las mismas atribuciones que el primitivamente designado.

Al respecto, nos parece importante fijar como domicilio, para todos los efectos legales, la comuna donde el productor entregue su producción o donde posea su residencia o domicilio.

Frente a estos dos puntos estamos de acuerdo.

En la parte relativa a los tipos de contrato y a la necesidad de rendir cuenta de las operaciones, nos parece de gran importancia que al final la Comisión haya resuelto eliminar el concepto de la comisión mercantil, por los enormes riesgos que significaba, por la excesiva ridigización y por las eventuales acciones judiciales que en virtud de los códigos que existen en el país pudiera generar la materia.

Si se trata de buscar un sistema de rendición de cuentas, es trascendental que no se encasille por ley a un solo tipo de contrato, más allá de que es evidente que si es a precio firme, sobre ése no habrá rendición.

En tal dirección, sin perjuicio de reconocer a las partes el derecho a celebrar cualquier tipo de contrato, existen distintas modalidades, de forma tal que al final no se termine en un solo contrato.

En este sentido, nos parece importante establecer, al menos, el contrato de compraventa a firme con precio reajustable, en el cual las partes definirán previamente la forma de ajuste. Esta podría ser, por ejemplo, el promedio del precio que haya pagado una exportadora predeterminada o el informe de precios de instituciones independientes.

Otro tipo de contrato podría llamarse de compraventa con precio ajustable, con mínimo garantizado. Éste sistema básicamente es el mismo que recién señalé, en el cual las partes fijan al menos un valor mínimo garantizado a todo evento.

También está el sistema de contrato de consignación, sobre el cual debe haber rendición de cuentas. En este caso, el productor otorga al exportador un mandato comercial bajo la forma de comisión, y se establece cualquier modalidad que las partes de común acuerdo convengan.

Incluso, se podría pensar en algún tipo de contrato de asociaciones de productores y exportadores. De manera que hay que desglosar los tipos de contratos y no establecerlos como lo dice el proyecto.

Respecto de la comunicación de las tarifas de cada uno de los servicios que presten o contraten los agentes exportadores para los efectos de comercialización, que deberá hacerse por escrito al productor a lo menos con 30 días de anticipación al inicio de la cosecha, según el proyecto, tenemos una discrepancia, porque creemos que deben ser 60 días.

Si eventualmente el productor puede aportar y esto es importante productos a un precio menor al indicado por la exportadora, podrá hacerlo con un aviso previo de 30 días al inicio del embalaje, y hay que dejar abierta esta posibilidad.

Por último, nos parece que los contratos deben obligatoriamente establecer los plazos de liquidaciones, y considerar preliquidaciones que comprendan, a lo menos, el 85 por ciento del valor de la exportación antes del plazo de 90 a 105 días del embarque de la fruta.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Terminó su tiempo, señor Diputado.

El señor MELERO.-

Termino la idea, señor Presidente.

En esto de los plazos y formas de liquidaciones, es importante entender que las exportaciones se hacen por "stocks", por grandes "pools", y es muy difícil separar la producción de cada productor, puesto que pierden la individualidad y el nombre y pasan a ser un "pool" completo.

Las liquidaciones deben contemplar este aspecto. Deberá quedar establecida en el contrato la fórmula de la liquidación utilizada por el exportador, para lo cual indicará el tipo de "pool" utilizado y señalará si es por semanas, por barcos o por mes.

No quiero ahondar más sobre dichas modificaciones.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Juan Pablo Letelier.

El señor LETELIER (don Juan Pablo).-

Señor Presidente, lamento no haber podido llegar al principio de la sesión; pero varios fuimos testigos de la inquietud de los pobladores de Placilla.

En cuanto al proyecto, se trata de un sector de la economía que ocupa un lugar muy importante en el desarrollo nacional: el hortofrutícola, y en particular, el hortofrutícola vinculado a la agroindustria y la exportación de fruta fresca, que representa aproximadamente un tercio de las divisas que ingresan al país; que emplea, según cálculos conservadores, a más de 400 mil personas al año. Se trata de un sector sumamente importante, del que dependen desde la Tercera hasta la Séptima Región.

Estoy seguro de que los señores Diputados de la zona frutícola saben de su tremenda importancia y lamento que otros colegas no estén dispuestos a escuchar. Lo digo por cuanto, si se administra mal, en el futuro podremos enfrentar en las regiones tasas de cesantía por sobre el 20 por ciento. Este sector de la economía es el que más ha absorbido mano de obra femenina y donde hay más contratos laborales de tipo irregular; en él trabajan menores. Es decir, es un segmento de tremenda importancia.

Normalmente vemos en los diarios que año a año se aumenta el porcentaje de exportación de fruta fresca, y también que año a año los productores frutícolas reclaman de las utilidades que reciben; argumentan que el precio del dólar es malo. Llegan incluso a hablar de crisis hortofrutícola de exportación y/o de transformación. Pero ocurre que las grandes utilidades del sector frutícola de exportación y hortofrutícola de transformación se han hecho más estrechas, porque hemos ido copando mercados en el exterior; ha ingresado al mercado internacional nuestra competencia y nuestro país ha aumentado significativamente la superficie de la tierra dedicada a esta actividad.

¿Cuál es el problema? Entre los tres actores del sector los trabajadores, los productores y las empresas de exportación, hay una situación de desigualdad significativa entre los productores y los exportadores. No hay igualdad entre estas dos partes y evidentemente la relación es desventajosa para el productor.

Ahora, quienes corren todos los riesgos en este negocio, o el 99,9 por ciento, son los productores, porque las exportadoras que en términos numéricos son 80 en nuestro país, pero en verdad son 4 las grandes controlan cerca del 70 por ciento del mercado. Y ocurre que los productores están en una situación de gran desventaja frente a las exportadoras.

Se puede graficar esto en una forma quizás muy brutal y maniquea, pero ilustrativa. El sector genera para el país 900 millones de dólares; es decir, según ciertas estadísticas, llegan al país 900 millones de dólares cada año por la exportación de fruta fresca. Los productores reciben entre 200 y 250 millones de dólares por su exportación. El resto otro porcentaje, cerca de dos tercios de los dineros que ingresan al país, van a otros segmentos, principalmente a la cadena de comercialización. Es allí donde hay muchas dudas acerca de la transparencia en la relación entre los productores y exportadores.

¿Qué pretende el proyecto? No resuelve todos los problemas del sector frutícola, sino que aborda uno de los dos problemas grandes: la relación entre los productores y exportadores. Por lo tanto, queda pendiente para un futuro cercano el estudio de una iniciativa de certificación de calidad de fruta de exportación de nuestro país, que requiere ir de la mano con este proyecto sobre contrato si queremos garantizar el devenir de este sector dinámico que genera tanto empleo y bienestar para el país.

¿Cuál es el tema en discusión en este proyecto de ley? Si los contratos entre los particulares deben contar con una regulación legal o no.

Según la Comisión Económica Preventiva, creada en 1973, es evidente, de acuerdo a su normativa el decreto ley 211, que este sector requiere de una regulación.

Al respecto, debo decir que me siento muy satisfecho de que hoy el colega Melero , quien por la prensa tantas veces ha hablado en contra del proyecto y lo votó en general de manera negativa en representación de la UDI, haya comprendido, después del debate, lo que queremos quienes lo propusimos, que es defender el sector, garantizar una larga y próspera vida a los productores y generar las condiciones para que los trabajadores puedan participar en forma más equitativa, leal y constructiva, cosa que no han podido hacer hasta ahora.

Los trabajadores temporeros no tendrán ninguna posibilidad real de mejorar sus condiciones de trabajo si los productores siguen sometidos por las exportadoras, como ahora, a situaciones tan injustas.

El proyecto es simple. Dice que el contrato debe establecerse por escrito. ¿Por qué proponemos esto? Porque hasta ahora la buena fe y lo que dicen las partes no siempre es respetado.

En segundo lugar, queremos proponer que se termine con el abuso, como el contrato que tengo en mi poder, donde el nombre del árbitro viene preimpreso y fija el domicilio de las partes en Santiago, lo que obliga a un productor de la Sexta o de la Séptima Región a ventilar en la capital todos los problemas que se generen en relación con este documento. Por ejemplo, si un productor de Curicó, que entrega sus hortalizas a una planta de la UTC en la Carretera Norte-Sur, tiene alguna desaveniencia con el exportador, debe litigar en Santiago, con los árbitros que le impone la firma exportadora. Por lo tanto, el proyecto pretende beneficiar al productor disponiendo que los tribunales donde las partes ventilarán sus desaveniencias debe ser el de la comuna en que vive el productor o donde éste entrega su producción. Además, el árbitro deberá ser nombrado de común acuerdo.

Pero lo más importante es que durante el segundo trámite en la Comisión podamos abordar ciertos temas que requieren de perfeccionamiento: consignar si el contrato es mercantil o no; es decir, si el no cumplimiento de la liquidación documentada que hoy proponemos significará una sanción para la exportadora o la agroindustria y qué tipo de sanción. El gran problema que hasta ahora tenemos en la tramitación de esta iniciativa y lamento que algunos colegas no entiendan su particularidad e importancia, es que hoy a un productor, aun con el proyecto en debate, no tienen por qué darle ningún antecedente concreto de su liquidación. El exportador, en una hoja de computación puede decirle: "Respecto de su producción, me pagaron 9 dólares por caja y usted me debe 10". En consecuencia, el productor sale para atrás, y entregan los costos en una hoja de computación: tanto por flete, tanto por seguro, tanto por caja; o sea, cosas que no son transparentes. Proponemos que estos descuentos tengan el respaldo de facturas de los proveedores y de otros antecedentes.

Pero lo que no está en ley actual ni es seguro que vaya a quedar en el proyecto que hoy estamos discutiendo, es qué pasa con el exportador que no cumple adecuadamente con la rendición documentada de cuentas. Habíamos propuesto la existencia de un contrato mercantil, pero después tuvimos que desistimos de ello por cuanto algunos colegas, como el Diputado señor Melero , dicen que esto generará rigidez en el sistema.

No estamos interesados en introducir tal rigidez, pero queremos que el buen productor sea tratado con dignidad, que se le pague lo correcto y que si el exportador no lo hace, sea sancionado severamente por el abuso de confianza, por estar jugando con un sector tan importante de nuestra economía.

Lamentamos que durante la tramitación del proyecto, hasta ahora, no hayamos logrado los consensos necesarios para establecer un sistema de sanciones. Espero que en un segundo trámite lo podamos conseguir.

Hay algo que hemos dejado fuera del proyecto y que deberemos abordarlo como Congreso Nacional. Dice referencia con el financiamiento que recibe el sector hortofrutícola de transformación, en el que también deberíamos incluir al sector dedicado últimamente a las semillas. Es la relación del sistema financiero con la agricultura, en general, y muy en particular con el sector hortofrutícola de transformación y exportación.

En mi opinión, hoy existe una relación perversa entre las empresas exportadoras y los productores. Las primeras actúan como bancos con los productores, entregándoles anticipos por su producción, lo cual genera una relación distorsionada. Evidentemente, los productores requieren de ese financiamiento, pero no es lo mejor para una economía sana que quien comercializa el producto sea, a la vez, un financista, y que el sistema financiero normal no le preste al sector hortofrutícola de transformación, como a cualquier otro agente económico.

Este es un tema que hemos debatido en la Comisión no me quiero alargar sobre el particular, pero el hecho de que el sector exportador se transforme en financista está generando relaciones de perversión, a tal punto que, muchas veces, la exportadora se está haciendo dueña de fundos que van quebrando por deudas con las mismas exportadoras, por lo cual se genera, como digo, un conflicto de intereses muy brutal entre la exportadora, a la que le interesa la cantidad de fruta producida, y los productores, a quienes interesa la calidad y el precio.

En este debate en general, ruego a mis colegas que mediten sobre la materia, sobre todo aquellos que, a lo largo del debate, modificaron sus opiniones por razones incomprensibles. Espero que no tengan que ver con los editoriales publicados por "El Mercurio", con el apoyo de la Asociación de Exportadores y de mi amigo Ronald Bown, con quien tuvimos un gran debate sobre el proyecto de ley. Él ha dicho públicamente, por la televisión, que yo soy un mentiroso por defender a los productores; pero él, evidentemente, tiene su responsabilidad por defender a los exportadores. Por ello, pido a esta Corporación que nos pongamos donde corresponde, aseguremos un buen desarrollo a este sector y evitemos que los pequeños y medianos productores frutícolas y hortofrutícolas chilenos los grandes no tienen mayores problemas, que entregan su producción a la agroindustria, no quiebren a raíz de la insensibilidad del Congreso Nacional para regular sus relaciones, por cuanto están en una situación de debilidad frente a las exportadoras, cuya gran mayoría pertenece a un tramado transnacional de la industria de la alimentación.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Acuña.

El señor ACUÑA.-

Señor Presidente, mi intervención apunta, en primer lugar, a apoyar el proyecto tal como ha llegado a la Sala; y en segundo lugar, ver en la instancia siguiente las modificaciones si las hay que sea menester realizar.

Haciendo un poco de historia, es importante que el resto de los colegas entiendan la motivación de quienes presentaron el proyecto, la cual radica en el hecho de que en la actualidad las relaciones entre los productores y los exportadores de fruta son totalmente sueltas, por así decirlo. Así lo comprobamos en la discusión del proyecto, porque tuvimos testimonios de importantes productores que incluso debían viajar. Tengo grabado muy hondo el recuerdo de uno de ellos que tenía que viajar a Estados Unidos a defender sus derechos, porque necesitaba mayor información acerca de cómo se había comercializado su fruta. Asimismo, nos encontramos con testimonios de algunos productores y exportadores que, basados en antecedentes de su negocio exportador, no tenían mayores dificultades, lo cual nos indica con claridad que en esta relación entre productores y exportadores de fruta chilena existe desorden y desorganización, lo que no se condice con la que mantienen productores o exportadores de otras áreas de la economía. Tanto es así que una opinión más formal de los exportadores no pudo llegar a la Comisión y a varios Diputados nos interesaría lo queremos dejar tácitamente dicho en esta Sala que estas opiniones, muy fundamentadas y por escrito, las pudieran proporcionar a nuestra Comisión en el segundo trámite.

Por eso abogamos por una mayor transparencia en este negocio, porque, sin duda lo han dicho los dos colegas que me han antecedido en el uso de la palabra esta es una actividad tremendamente importante en la economía del país, la cual ha tenido algunos ciclos, pero que en el pasado reciente ha llevado a Chile a un lugar destacado en el mundo, en cuanto significa el negocio de las exportaciones hortofrutícolas.

Aquí no se trata de rigidizar el sistema como señaló el Diputado señor Melero , sino, fundamentalmente, de hacerlo más transparente y más acorde con la manera en que deben realizarse estos negocios, precisamente para tener más productores y más y mejores exportadores. No sacamos nada con tener exportadores si no contamos con productores en el país, porque la actividad estaría destinada al fracaso.

La regulación legal por la que abogamos significa llevar tranquilidad a un vasto sector de pequeños, medianos y grandes agricultores y que el negocio se haga más transparente y eficiente. Queremos reafirmar que es necesario que la Asociación de Exportadores tenga una mejor y mayor organización para que se entiendan de manera más eficaz con los productores. De esta manera defendemos nuestra agricultura.

Por último, es importante que el proyecto haya establecido que los derechos que otorga son irrenunciables.

Por eso, apoyaré el proyecto en general.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor García-Huidobro.

El señor GARCÍA-HUIDOBRO.

Señor Presidente, el proyecto está inserto en un contexto de economía social de mercado.

Cuando se habla de que va a rigidizar el proceso exportador, nada está más lejos de eso, porque dará la oportunidad de que exista una real transparencia en el sistema exportador.

Hoy, la agricultura está viviendo no sólo una crisis frutícola, sino general. Su problema fundamental es de rentabilidad. Cuando los negocios se hacen estrechos, sin duda obtiene más beneficios quien tiene más poder.

El sector exportador de Chile, a medida que pasa el tiempo, está avanzando en el tema frutícola. En general, los productores están en una situación que cada día es más desventajosa.

Señor Presidente, el proyecto, lejos de rigidizar el sistema, insisto, contribuye a que exista una real transparencia y competencia.

El Congreso Nacional ha esperado más de un año el acuerdo entre exportadores y productores para que salga humo blanco respecto del proyecto. Exportadores y productores pidieron de nuevo 30 días más. La Comisión de Agricultura les manifestó que esperaba sus indicaciones, pero que esto no ameritaba más plazo, porque la situación del sector agrícola, en particular del hortofrutícola, es grave.

Quiero aclarar que hay algunos artículos beneficiosos para el sector.

Hoy, el contrato es uno de compraventa simulado; no es compraventa ni consignación. Se ha hecho así para que no se rinda cuenta de la fruta que exportan los productores por intermedio de las exportadoras. Con un contrato que es mentira desde la primera hasta la última letra, nunca va a existir transparencia ni posibilidad de que los productores sepan los precios a que se está vendiendo su fruta en el mercado internacional.

El artículo sobre esta materia quedó en la Comisión en forma bastante más positiva, en el sentido de que si se hace contrato de compraventa, que lo sea; si es comisión mercantil, que sea comisión mercantil, y si es contrato con mínimo garantizado, que realmente sea así, y no como hasta hoy, en que lo único que se hace es privilegiar al sector exportador, dejando a los productores en una situación bastante desmejorada.

En segundo lugar, el hecho de que en algunos contratos exista impreso el nombre de los árbitros, habla pésimo de quién los hace. En este aspecto quiero ser bien franco: esto no lo ha hecho la generalidad de las exportadoras, sino sólo algunas, pero a medida que ha pasado el tiempo, han dejado de actuar así. El artículo 2° es clave para que los productores y exportadores elijan a su árbitro de común acuerdo.

Respecto de la rendición de cuenta, sin duda que el proceso exportador hortofrutícola es muy complejo, no comparable con cualquiera. Se está exportando fruta fresca, que tiene una serie de restricciones y de problemas que no afectan a otro tipo de exportaciones. Por lo tanto, plantear la posibilidad de una comisión mercantil es bastante grave, porque cualquier error podría significar que los gerentes de las exportadoras cometieran delito.

La redacción del artículo aprobado por la Comisión es bastante razonable y, de alguna manera, es la consecuencia de un acuerdo político, que también debería ser entre productores y exportadores, porque la rendición de cuentas debe existir. Si un productor le entrega una caja de manzanas y diez de peras a una exportadora, le está diciendo que le venda esa fruta y, como corresponde, se le tiene que rendir cuenta sobre el precio de venta, los costos y saldos. Eso tiene que ser documentado.

Quiero llamar la atención sobre un proceso grave que está sucediendo en la agricultura chilena: el cambio de tenencia de la tierra. Hoy, las tierras y el esfuerzo de años de muchos productores frutícolas están cayendo en poder de los bancos o de las mismas empresas exportadoras. Esos casos pueden deberse a falta de transparencia. Por lo tanto, la Cámara debe tomar conciencia de que en el proceso de entrega de la tierra a los asignatarios o a sus adquirentes, con el actual sistema de las grandes exportadoras se están quedando con ellas y cada día hay menos productores con posibilidad de trabajarlas. Sin duda, esas exportadoras no son nacionales. Nuestro proceso exportador se inició con empresarios chilenos, pero hoy, en general, está en manos de extranjeros.

No estoy contra la inversión extranjera, pero es grave que casi toda la producción frutícola nacional esté siendo manejada por empresas extranjeras. Creo que debemos dar posibilidades a los agricultores para que exporten junto con las empresas extranjeras, estableciendo en esa forma una real competencia. De otra manera, por mucha transparencia que se quiera otorgar, será muy difícil saber la verdad sobre los precios, pues en el exterior son las mismas empresas exportadoras las que están comprando la fruta.

Pienso que, en este sentido, los productores chilenos necesitan el apoyo del

Gobierno y de los parlamentarios. Todos juntos debemos avanzar en este sistema que, como dije, es bastante complejo. El proceso exportador tiene que ser transparente. No podemos seguir con el sistema como está, porque vamos a quedarnos como bien lo dijo un señor Diputado con muchas exportadoras y sin productores.

Termino manifestando que debemos pensar también en el control de calidad de la fruta de exportación. Preocupados del tema, exportadores y productores están conversando con el Gobierno para concordar en un proyecto de ley cuya urgencia debe calificarse de "suma", porque la mala calidad de los productos que algunas exportadoras envían a los mercados internacionales no sólo está afectando a productores y trabajadores chilenos, sino también a todo el país, ya que los precios que se están pagando son menores.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, los colegas de Renovación Nacional que integran la Comisión de Agricultura apoyarán el proyecto; no obstante, otros Diputados nos abstendremos por las siguientes razones:

La unanimidad de los Diputados de Renovación Nacional comparte el espíritu y la intención que buscaron los proponentes de la iniciativa al presentarla. La exposición del Diputado señor García Huidobro , que acabamos de escuchar, es sumamente clara al respeto, y muchos de los elementos de juicio indicados por él son francamente atendibles. Sin embargo, muchos estamos convencidos de que la fórmula jurídica ideada para dar solución al problema planteado presenta graves inconvenientes que obligarían a un estudio más a fondo.

Al respecto, quiero mencionar, por la vía del ejemplo, algunos de los inconvenientes jurídicos graves que presenta el proyecto, los cuales nos obligan a abstenernos.

En primer lugar, está bien que se exija que un contrato, que en el fondo es un mandato para vender, o para comprar y vender, conste por escrito, porque las normas generales de nuestro ordenamiento jurídico no obligan a que los contratos de compraventa o mandatos de bienes muebles deban constar, para su perfección, necesariamente por escrito. Es claro que tratándose, en la mayoría de los casos, de contratos de adhesión que proponen los exportadores a los productores, dicha exigencia constituye una contribución a nuestro ordenamiento legal.

No obstante, la indicación relativa a que establecido el compromiso del tribunal arbitral que supone un cambio en la jurisdicción ordinaria para el conocimiento de los conflictos que originen esos contratos, por voluntad de una de las partes se pueda desahuciar o variar la jurisdicción, prácticamente una vez producido el conflicto, nos parece que contraría o no se compatibiliza con el procedimiento y las normas corrientes del Código Orgánico de Tribunales sobre la materia. Creemos que la norma debe ser estudiada.

En segundo término, la solución ideada de entender que estaríamos en presencia a menos que hubiera una compraventa manifiesta de una comisión mercantil, también altera las normas generales de nuestro derecho.

El artículo 3° del Código de Comercio define los actos de comercio y los enumera en forma taxativa. De acuerdo con la teoría de la intermediación general de dichos actos, entre ellos no están comprendidos los que forman la primera parte de la cadena de la producción y, en general, de la agricultura.

La incorporación del concepto de comisión mercantil podría ser no sólo inadecuada sino insuficiente, porque bastaría entender que existe un mandato de venta para que las normas de los Códigos Civil y de Comercio, si resultaren aplicables, fueran más que suficientes para resolver sobre la materia.

Hago notar a la Honorable Cámara que, desde el punto de vista jurídico, el mandato para vender y la rendición de cuentas que debe originar son materias perfectamente reglamentadas en los Códigos Civil y de Comercio y, de hecho, en forma bastante exigente.

En tercer lugar, la exigencia de que los formularios y antecedentes de los contratos de adhesión sean sometidos previamente a la Comisión Preventiva Central Antimonopolios, tampoco es una norma que contribuirá a un mejoramiento de nuestro estado de derecho, puesto que las funciones de dicha Comisión, de acuerdo con su propia organización legal, son enteramente distintas.

De manera que, por razones jurídicas, esto es, por estar absolutamente convencidos de que la buena idea que anima al proyecto podría estar expresada en forma mucho más eficiente y ajustada al orden general de derecho, una parte importante de los Diputados de Renovación Nacional nos abstendremos en la votación.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Correa.

El señor CORREA.-

Señor Presidente, sin duda, el proyecto es muy sensible en toda la zona central del país, en especial en la que represento, por ser la producción de fruta y su exportación su principal fuente de ingreso.

Debe ser tratado con el cuidado y sensibilidad que requiere, dado que en los últimos años el sector exportador frutícola ha demostrado ser uno de los más dinámicos. El sector silvoagropecuario exporta entre 800 a mil millones de dólares gracias al dinamismo demostrado durante los últimos años, el cual no debe ser entorpecido.

El sistema exportador imperante en el sector frutícola se sostiene en la libre competencia que, sin duda, es el factor más importante que permite al productor seleccionar a las empresas para comercializar.

En la actualidad, un productor tiene cuatro posibilidades: la primera, vender a firme; la segunda, exportar y vender por su cuenta; la tercera, celebrar un contrato con una exportadora por un mínimo garantizado, y la cuarta, celebrar un contrato con un sistema de libre consignación.

En el contrato entre exportadores y productores no existe la debida transparencia para determinar y saber concretamente a qué precio se vendió la fruta.

Hoy sólo se tiene acceso a la información sobre el precio FOB, es decir, libre a bordo. No se cuenta con documentación ni información respecto de las otras etapas de la comercialización, como son el flete marítimo, el costo de descarga, los precios de ventas a recibidores, el precio de venta en los supermercados, todo lo cual debe ser proporcionado a los productores.

Por ello, estimo que cualquier proyecto de ley que tienda a entregarle más transparencia al proceso, bien recibido sea. Todo lo que se haga por mejorar el acceso a la información es positivo y es indudable que en el negocio de la fruta el riesgo lo asume el productor.

Al analizarse el proyecto en nuestro partido se plantearon opiniones compartidas. Algunas señalan que se debe rechazar porque atenta contra el libre comercio, y otras, en las que me incluyo, que debe ser aprobada la idea de legislar por considerar que es el camino para dar una protección mínima al productor.

Hay intereses contrapuestos en cuanto a volumen versus calidad, y a los exportadores les interesa que exista mayor cantidad de exportación porque significa más metros cúbicos de fletes, más cajas que se venden, más papel, más insumos, etcétera, lo que le asegura una comisión, aunque el negocio sea pobre. Sin embargo, el riesgo mayor lo está asumiendo el productor, sobre todo en el último tiempo, puesto que un negocio altamente rentable hace unos tres o cuatro años, hoy se ha reducido en forma notable.

Consideramos importantísimo que se unan los exportadores con los productores para presentar un proyecto alternativo que solucione el problema que he señalado; o sea, hacer más equitativo el riesgo entre los sectores involucrados en el proceso.

Vemos con mucha simpatía el hecho de que la Federación de Fruta, Fedefruta , incentive la creación de nuevas empresas exportadoras, otorgue mayor información, antecedentes y asesoría a los productores, que les permitan comparar las liquidaciones de las exportadoras y escoger la empresa que más les convenga.

Por las razones expuestas, votaré favorablemente la idea de legislar.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Miguel Hernández.

El señor HERNÁNDEZ.-

Señor Presidente, el proyecto reviste importancia y relevancia por haberse originado en la Cámara aspecto que debemos destacar y también porque a través de él se pretende resolver un problema que existe entre los exportadores y productores hortofrutícolas.

De lo escuchado en la Comisión a los diferentes representantes de los sectores, se concluye que hay un problema de transparencia en el negocio de las exportaciones de productos hortofrutícolas.

Tengo algunos reparos en lo que dice relación con los aspectos jurídico-constitucionales planteados por el Diputado señor Ferrada . Es necesario un estudio más profundo al respecto, de manera que la iniciativa, muy bien intencionada, signifique una solución, en ese marco, para un problema real que existe en la vida diaria de este importante sector de la agricultura.

Quiero aprovechar la oportunidad de reivindicar de alguna manera al sector agrícola que, como Diputado por el distrito 49, me honro en representar. Son muchos los hombres y mujeres de nuestro país que viven de la actividad agrícola, la cual, lamentablemente, está pasando por serias dificultades. En este aspecto, es preciso que la Cámara asigne el trámite que corresponda y determine los aportes necesarios para que esta buena iniciativa se convierta en una buena ley que, en lo fundamental, sirva para reivindicar reitero la actividad agrícola en nuestro país y establecer los mecanismos legales y jurídicos que le permitan alcanzar un mejor horizonte.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Homero Gutiérrez.

El señor GUTIÉRREZ .-

Señor Presidente, anuncio mi voto favorable al proyecto, pues represento una zona agrícola en la cual la relación entre productores y exportadores hortofrutícolas es de frecuente comentario y fricción.Muchos agricultores que exportan fruta manifiestan gran preocupación, porque después que entregan su producto a las exportadoras no saben qué va a ocurrir, quedan indefensos y sólo meses más tarde reciben una rendición de cuentas que puede ser de cualquier naturaleza. En varias ocasiones han sido perjudicados; es decir, han perdido.De manera que el proyecto, de iniciativa parlamentaria, responde a una necesidad. En la actualidad, en la relación entre productores hortofrutícolas y exportadores no existe ninguna reglamentación. El proyecto establece una normativa mínima y básica, pero no creo como han expresado algunos señores parlamentarios que rigidice la exportación de productos hortofrutícolas, pues sólo regula en forma ínfima una situación que lo requiere debido al volumen que han adquirido las exportaciones en nuestro país.Lo más esencial se deduce del proyecto mismo, por cuanto establece la obligación de que la relación entre productores y exportadores sea por escrito. Me parece elemental que se haga de esa manera, o sea, que en un contrato previamente establecido se deje constancia de todas las facetas que comprende dicha relación.Es un deber de la Cámara y de los Diputados que representamos zonas agrícolas establecer correspondencia entre las partes, porque es la única manera de defender a la más débil.Cuando se trató el proyecto en forma detallada y extensa en la Comisión de Agri9ultura, intervinieron numerosas personas representantes de distintas instituciones, y todas estuvieron de acuerdo en que esta relación debe ser transparente y que requiere de una normativa, porque se trata de una actividad o negocio complejo.Tal como lo señalaron los Diputados señores Hernández y Ferrada, el proyecto necesita complementarse con un fundamento jurídico quizás más estricto; pero no hay duda de que debemos legislar. En ese sentido, nos felicitamos de este hecho, porque hará más clara y transparente la situación e incentivará, tanto a productores como a exportadores, a producir y a mejorar en calidad, como se ha manifestado reiteradamente.Por eso, estamos plenamente de acuerdo con el proyecto y lo aprobaremos tal como fue despachado por la Comisión de Agricultura.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Hurtado.

El señor HURTADO.-

Señor Presidente, los Diputados del sector más importante de Renovación Nacional, que representa las zonas agrícolas y frutícolas, votaremos favorablemente la idea de legislar, dada la enorme importancia que reviste el hecho de que en los contratos de exportaciones se establezcan ciertas pautas mínimas, de general aceptación, que regulen el desarrollo de la actividad, en términos de garantizar condiciones básicas de equidad en las relaciones entre los distintos entes que intervienen en ella.

Al respecto, el proyecto establece que los contratos de exportación de productos deberán constar por escrito; que la designación de un árbitro para la solución de las controversias deberá hacerse de común acuerdo; que para todos los efectos legales las partes deberán fijar como domicilio la comuna donde el productor entregue su fruta; que se entenderá que el contrato conlleva siempre la obligación de rendir cuenta documentada al productor de todas las operaciones llevadas a cabo por el exportador; que las tarifas de los servicios que presten o contraten los agentes exportadores en el proceso de exportación deberán ser comunicadas por escrito al productor, a lo menos con 30 días de anticipación al inicio de la cosecha y, por último, que las liquidaciones documentadas deberán presentarse hasta 90 días después del embarque de los productos. En aquellos casos en que, por razones de comercialización, la fruta que se encuentre en mercados extranjeros debe ser guardada, el exportador deberá presentar la liquidación 60 días después de producida la venta.

Estimamos que estas normas mínimas beneficiarán las relaciones entre productores y exportadores, y que para fortalecer aún más esta actividad es urgente legislar sobre las condiciones de calidad que debe tener la fruta de exportación. En ese sentido, estamos a la espera de un acuerdo entre la Asociación de Exportadores, los productores de frutas y el Ejecutivo para hacer posible una regulación que beneficie a todos los productores de frutas del país.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Felipe Letelier.

El señor LETELIER (don Felipe).-

Señor Presidente, cuando las partes no se entienden o cuando las relaciones en este caso, entre productores y exportadores son desiguales, es necesario legislar, sobre todo pensando en dos aspectos. Uno de ellos dice relación con la transparencia que se requiere en este tipo de empresas.

Todos los colegas que han intervenido han señalado y coincido plenamente con ellos que éste es uno de los pocos sectores de nuestra economía agrícola que otorga empleos, genera divisas, etcétera, de manera que estamos refiriéndonos a un área importante de la economía nacional. Por ello, la relación debe ser transparente. No quiero repetir lo que han señalado algunos colegas respecto de facturas, números, cifras, etcétera.

Por otra parte, mi discurso permanente ha sido la defensa de nuestros productores agrícolas, pequeños, medianos y grandes. Cuando discutimos el proyecto en Comisión, se señaló que se hace necesario legislar porque se otorgó un plazo a los productores y exportadores para llegar a acuerdo en su relación de intercambio comercial; pero éste no se alcanzó.

La bancada del Partido por la Democracia votará favorablemente el proyecto por considerarlo importante para nuestro país.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Roberto León.

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, el proyecto es de vital importancia para los productores frutícolas de nuestro país, principalmente porque es un hecho conocido siempre han reclamado y manifestado su preocupación por la poca claridad que tienen las rendiciones de cuenta. Esa inquietud fue reafirmada hace poco en un seminario que realizaron en la ciudad de Curicó, donde se destacó que era importante que el país supiera que las exportaciones de fruta son del orden de los dos mil millones de dólares, de los cuales retornan al país sólo 700 millones, y los productores reciben únicamente 70 millones.

Estas cifras demuestran que vale la pena legislar sobre la materia. Los productores se ven obligados a mantener contratos de adhesión, porque en la liquidación final considerando los préstamos que se les otorgan para trabajar sus huertos a veces sacan apenas para subsistir y no pueden pagar sus deudas, lo cual se traduce en que quedan amarrados con un segundo o tercer contrato de producción. En definitiva, cuando los agricultores deciden terminar con estos contratos, se les dice que deben pagar la cuenta, y como no tienen los medios para hacerlo, muchas empresas grandes se han quedado con sus pequeñas parcelas. Los parceleros no tienen cómo defenderse de esta situación.

Por eso, es vital que el Congreso de la República se pronuncie sobre la materia y apruebe un proyecto de ley, cuya única finalidad es dar transparencia al sistema. No es posible estar en contra de una iniciativa legal que otorga transparencia a un contrato, a una relación comercial importante, que establece normas de protección para un sector productor vital, sobre todo en las regiones agrícolas. El proyecto no atenta en contra de nadie. Nadie puede sentir temor de que en los contratos quede establecido en qué consisten, cuánta plata se liquidará y que en definitiva quedarán finiquitados dentro del plazo de 90 días que señala la ley.

En consecuencia, votaré favorablemente el proyecto.

He dicho.

El señor ESPINA (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz, don Juan Enrique.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, los agricultores tal vez constituyen el último eslabón de una cadena económica que une los sectores productivos, industriales, empresariales y de servicios del país.

Normalmente el agricultor nunca puede vender sus productos; se los compran. Cuando cosecha trigo, nunca puede fijar el precio; se lo fijan. Y cuando compra abonos, también le fijan el precio. O sea, está sujeto a quienes le venden y le compran, y no tiene posibilidad de manejar la situación.

El proyecto tiene buenas intenciones, pero ojalá que no se reviertan y en la práctica se incorpore al sector de fruticultores a la misma cadena penosa a que estoy haciendo mención en esta oportunidad. A lo mejor o a lo peor, las empresas exportadoras podrían verse tan complicadas con las rendiciones de cuenta que prefirieran comprar a precio firme, con lo cual caeríamos en la misma situación de los productores de leche, carne, trigo, papas o de cualquier otro producto que no se exporta.

Esta es una aprehensión que quiero señalar para que quede constancia de ella en la historia de la ley.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en general, todos los contratos comerciales están sujetos al principio de la autonomía de la voluntad; pero, como hemos apreciado en el proyecto de ley sobre los derechos del consumidor, que se encuentra en el Senado, muchas veces esta libertad contractual que debería existir entre las partes no se produce, porque hay un evidente desequilibrio económico entre aquéllas o, a veces, una falla de organización permite que exista una parte débil y otra fuerte. En este sentido, el proyecto es bien intencionado.

No obstante, quisiera formular algunas observaciones que me merece la iniciativa. Por ejemplo, cuando se habla de que los contratos deberán constar por escrito y que, en caso contrario, se tendrán como ciertas las obligaciones que el productor señale, no se sabe si son las obligaciones de él o de las de la otra parte. Más bien debería hablarse de estipulaciones o de las cláusulas. En consecuencia, alguien deberá presentar una indicación para que esta presunción de efectividad de las estipulaciones quede en la ley.

Respecto del comentario del Diputado señor Ferrada, debo señalar que él incurre en una confusión respecto del arbitraje. Se trata de dos cosas distintas jurídicamente. Una es la llamada cláusula arbitral o cláusula de compromiso, donde las partes sustraen de la competencia de los tribunales ordinarios un conflicto y lo someten a un tercero, a un árbitro; y otra cosa muy diferente es lo que se conoce como la designación del árbitro, que puede ser realizada por las partes o por los tribunales, inclusive en actos jurídicos unilaterales.

Al parecer, la letra b) del artículo Io quiere decir, en primer lugar, que los conflictos los conocen los tribunales; y, en segundo lugar, que en el caso de que las partes decidan sustraerlos de los tribunales, recurrirán a dicha cláusula de compromiso para que los conozca un árbitro, un tercero.

En cuanto a la designación, en algunas situaciones, renuncia, muerte del árbitro o imprevistos, puede que sea necesario que una de las partes, en forma unilateral, recurra a los tribunales para la designación del árbitro. En consecuencia, la letra b) también conviene aclararla en ese sentido.

En todo caso, estoy de acuerdo con esta iniciativa, a fin de que se reglamente este contrato que es de compraventa, de mandato y cuya finalidad consiste en que la rendición de cuenta sea transparente, clara y precisa, para que no se presenten las dificultades actuales.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Continúa la sesión.

En votación general el proyecto.

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 53 votos; por la negativa, 0 voto. Hubo 10 abstenciones.

El señor SCHAULSOHN (Presidente).-

Aprobado en general el proyecto.

Votaron por la afirmativa los siguientes señores Diputados: Acuña, Arancibia, Ascencio, Avila, Aylwin (doña Mariana), Bayo, Correa, Dupré, Elgueta, Elizalde, Errázuriz, Escalona, Estévez, Fantuzzi, Fuentealba, Gajardo, García (don René Manuel), García (don José), García Huidobro, González, Gutiérrez, Hernández, Hurtado, Jeame Barrueto, Jürgensen, León, Letelier (don Juan Pablo), Letelier (don Felipe), Luksic, Makluf, Martínez (don Rosauro), Masferrer, Morales, Navarro, Ojeda, Prokurica, Rebolledo (doña Romy), Reyes, Rocha, Seguel, Silva, Solis, Sota, Taladriz, Tohá, Ulloa, Valcarce, Valenzuela, Vargas, Viera Gallo, Villegas, Walker, y Zambrano.

Se abstuvieron los siguientes señores Diputados: Coloma , Ferrada , Galilea, Hamuy, Matthei (doña Evelyn), Melero, Orpis, Pérez (don Víctor), Pizarro y Ulloa.

Al artículo 1° Letra a)

1.De los señores Elgueta y León para reemplazar la palabra "obligaciones " por el término "estipulaciones".

Letra c)

2.Del señor Melero para sustituirla por la siguiente:

"c) Las tarifas de cada uno de los servicios que presten o contraten los agentes exportadores, para los efectos de comercialización, deberán ser comunicadas por escrito al productor, a lo menos, con sesenta días de anticipación al inicio de la cosecha.

Si eventualmente el productor puede aportar materiales a un precio menor al indicado por los exportadores, podrá hacerlo con un aviso previo de treinta días al inicio del embalaje."

Letra d)

3.Del señor Melero para eliminar el párrafo primero.