Labor Parlamentaria

El señor SOTA (Presidente).-

En el Orden del Día corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto de acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio.

Diputado informante de la Comisión Especial encargada de estudiar el proyecto de acuerdo aprobatorio de la Organización Mundial del Comercio y sus anexos y de la de Hacienda, es el señor Estévez.

Antecedentes:

-Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1375-10, sesión 1a, en 4 de octubre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 3.

-Informe de la Comisión Especial. Documentos de la Cuenta N° 14, de esta sesión.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez .

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, la Comisión Especial designada para estudiar el mensaje del Ejecutivo que propone la ratificación de los acuerdos que crean la Organización Mundial del Comercio y sus documentos anexos, ha estimado, por unanimidad, recomendar a la Sala la aprobación del acuerdo.

Esta opinión unánime de la Comisión Especial refleja también la opinión que en las sesiones de dicha Comisión entregaran todas las personas que asistieron especialmente invitadas: Tanto los señores Ministros de Relaciones Exteriores, de Hacienda, de Economía y de Agricultura, como los representantes de las actividades empresariales del área global de la Confederación de la Producción y el Comercio, o sectoriales, la Central Unitaria de Trabajadores y los gremios textiles.

En efecto, los diversos especialistas de los centros de estudios, también invitados, como la Flacso, Ceplan , Instituto Libertad y Desarrollo, las autoridades de Gobierno, las empresariales y las de los trabajadores, han coincidido en que es oportuno que Chile ratifique el acuerdo del Gatt, y que esto se haga, en lo posible, dentro de los plazos establecidos, de modo que el 1° de enero, cuando se constituya la futura Organización Mundial de Comercio, Chile sea uno de los países que originalmente suscriban este acuerdo.

La razón para este consenso es simple: Chile es un país que tiene una economía abierta, cuyas exportaciones representan, aproximadamente, un 35 por ciento de su producto, esto es, más de un tercio de la producción nacional; otro tanto significa el flujo de importaciones. Por ello, en su modelo de desarrollo, el país tiene una alta dependencia del comercio exterior. Quizás, la mitad del crecimiento del producto de los últimos años se pueda atribuir a las exportaciones. Junto con tener una economía abierta y, en consecuencia, dependiente del comercio internacional, nuestra economía es pequeña y no representa más del 0, 2, ó 0, 3 por ciento del comercio internacional. Por ende, no tenemos condiciones para negociar bilateralmente con grandes potencias, dado que la estrechez relativa de nuestro mercado nos convierte en un país que podría ser objeto de presiones internacionales y no estar en condiciones de replicar en una suerte de guerra comercial, si ella se desatara.

Por esta razón, Chile se ubica entre los más interesados, a nivel mundial, en que existan reglas claras para el comercio multilateral, normas lo más precisas posible y que en esta materia impere el derecho internacional.

De acuerdo con la política económica e internacional sustentada, el ideal para Chile sería que se avanzara aún más en los esquemas de acuerdos multilaterales, de modo que no hubiera necesidad de complementarlos con acuerdos regionales. Como se sabe, junto a estos acuerdos sostenemos negociaciones para un eventual ingreso del país al Mercosur, o para la integración al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, Nafta, o bilateral con otras naciones.

El Gatt, la culminación de la ronda de negociaciones que hoy se nos presenta como un acuerdo, significa, sin duda, un avance sustantivo en los acuerdos comerciales de nivel multilateral para una mayor liberación del Comercio mundial, ya sea porque se profundiza en las normas tradicionalmente establecidas en las rondas previas de negociación internacional, como porque se incorporan dos áreas que hasta ahora no estaban plenamente integradas: la agrícola y la de servicios.

Puede discutirse si lo que se avanza es suficiente. Posiblemente nuestro país en diversos ámbitos hubiera deseado que estos acuerdos fueran más allá de lo ya acordado, pero, por lo mismo, lo que se ha logrado en esta negociación son pasos positivos respecto de lo actualmente existente.

El Gatt es un conjunto de medidas que exige un mínimo de apertura y de integración a la economía mundial que todos los países signatarios deben satisfacer. Chile está más allá que ese mínimo. Por ende, la aprobación de este tratado internacional no significan, en general, modificaciones a nuestra legislación -salvo las excepciones que señalaré- ni grandes costos adicionales. En la práctica, no tiene un costo fiscal directo y, en cambio, podrá producir, en términos indirectos, mayores beneficios por el incremento del comercio que esto genere.

En el informe de la Comisión Especial, repartido a los señores Diputados, se analizan en detalle las distintas normas aprobadas.

En forma sintética, quiero sostener simplemente que el primer acuerdo de los múltiples que están englobados en esta única decisión, es la creación de la Organización Mundial del Comercio, que viene a completar las instituciones intergubernamentales formadas luego de la Segunda Guerra Mundial, que deberían normar las relaciones entre los países: el Fondo Monetario Internacional, de carácter financiero, y el Banco Mundial, de asistencia económica y crediticia. La Organización Mundial del Comercio, en su momento, no se pudo constituir, porque el acuerdo no fue ratificado por algunas de las mayores potencias, en particular, por Estados Unidos de Norteamérica.

Hoy, habiendo pasado ya muchos años desde 1948, se ha restablecido el acuerdo para la creación de una organización mundial de comercio. Esta tendrá una estructura muy similar a la del Fondo Monetario y del Banco Mundial y viene a reemplazar al Gatt propiamente tal, que es un entendimiento provisional - aunque ha durado varias décadas-, que no tiene una estructura institucional adecuada a las tareas que hoy se están encomendando.

Por lo tanto, al ratificar estos acuerdos, Chile pasa a ser integrante, y si lo hacemos antes del 1° de enero, fundador de la nueva Organización Mundial del Comercio, como lo fue del Gatt en su oportunidad.

Esto va a significar algunos compromisos -particularmente el pago de cuotas como se hace a las otras entidades- y que serán analizados y acordados con posterioridad al 1° de enero.

Respecto de la Organización Mundial del Comercio, la Comisión ha hecho una observación al texto del mensaje, por cuanto en uno de sus párrafos señala que se busca “crear una organización supranacional que administre y reglamente la normativa multilateral que regirá el comercio mundial”.

La Comisión observó que el término “supranacional” es, sin duda, un error, porque no se trata de una entidad que tenga carácter jurídico superior a la de las naciones, sino que es una organización estrictamente intergubemamental, como lo son el Fondo Monetario y el Banco Mundial. Por ende, el informe de la Comisión precisa que lo que señala el mensaje respecto de una organización supranacional debe entenderse como un error que no corresponde a lo que estamos aprobando.

En cuanto a los distintos anexos que aprobaremos conjuntamente con el Acuerdo -que es imperativo ratificar para quienes se acojan a la Organización Mundial del Comercio-, debo señalar que el primero de ellos se refiere al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, de 1954, con los textos normativos que constituyen el Gatt 1994. Este acuerdo multilateral, al cual se le conoce por la versión abreviada de Gatt 1994, lo que hace, en realidad, es recoger el anterior. Por él se ratifican todas las medidas incorporadas en las antiguas rondas del Gatt, esto es, las disposiciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, del 30 de octubre de 1947, además de todas las rectificaciones, enmiendas o modificaciones posteriores, en particular las disposiciones de los instrumentos legales que entraron en vigor bajo el Gatt 1947 y antes de la vigencia del nuevo acuerdo sobre la Organización Mundial del Comercio, y los entendimientos aprobados durante la Ronda de Uruguay, relativos a la interpretación de algunos artículos, tales como el 2o, el 17, el 24 y el 28, del Gatt de 1947, y los entendimientos referentes a las disposiciones en materia de balanza de pagos y a las exenciones de obligaciones dimanantes del Gatt.

Por lo tanto, se puede advertir que el Gatt 1994 asume en su totalidad la normativa del Gatt 1947, más todas las otras que se acumularon en las sucesivas rondas previas a ésta, sobre negociación internacional, no obstante que ambos instrumentos son jurídicamente diferentes. Entonces, se requiere una ratificación especial, por cuanto ahora se refunden y sistematizan en un solo instrumento todas las rectificaciones, enmiendas y decisiones acumuladas en las últimas décadas, contribuyendo así a corregir la fragmentación del sistema. Asimismo, forma la base para la aplicación definitiva de estas disposiciones, porque pone fin a los desequilibrios de derechos y obligaciones existentes en virtud de los acuerdos de aplicación provisional.

Dentro de esta ratificación se incluyen los compromisos arancelarios que contrae Chile. El Protocolo firmado en Marrakech como anexo, contiene las listas de concesiones arancelarias que cada uno de los países miembros debe aplicar, mediante cinco reducciones iguales de los tipos de aranceles, la primera de las cuales tendrá lugar a la fecha de entrada en vigor del Acuerdo.

En lo que respecta a Chile, le corresponde la lista séptima, en la cual se fijan los nuevos niveles consolidados que nuestro país propone a la Organización Mundial. Ello significa que, a partir de la ratificación de este Acuerdo, el tipo básico de derecho consolidado, que actualmente es del 35 por ciento, negociado en la Ronda Tokio del Gatt, se reducirá a un arancel máximo del 25 por ciento, salvo para los productos afectos a bandas de precios agrícolas, tales como el trigo, la harina de trigo, el azúcar y los aceites oleaginosos, y también para los productos lácteos para los cuales la consolidación se hace al nivel de 31,5 por ciento.

Como se sabe, el actual arancel efectivo de Chile es del 11 por ciento. El debate nacional habido en los días recientes es si eventualmente correspondería reducirlo al 9, o mantenerlo en 11; pero tenemos inscrito en el Gatt un techo máximo posible de 35 por ciento, el cual se reduce al 25 por ciento. Por lo tanto, esta medida no tiene efectos prácticos alguno y sólo limita nuestra eventual capacidad futura de subir los aranceles con una nueva ley; no implica una rebaja efectiva y sólo disminuye el margen que tenemos para el futuro en el Gatt.

En segundo lugar, se consolidan los demás derechos y cargos que implican, por ejemplo, un recargo de hasta 50 por ciento en el arancel para todos los bienes usados, una tasa de aeropuerto del 2 por ciento sobre la carga aérea proveniente del exterior; tasa de despacho del 5 por ciento sobre el valor aduanero para mercancías liberadas total o parcialmente de derechos; derechos del 10 por ciento sobre el valor del trabajo de reparación efectivo incorporado a mercancías nacionales o nacionalizadas reparadas en el exterior y la serie de derechos aplicables a las internaciones provisorias.

Como señale, estos son topes o máximos que el país se compromete a tener y no implican cambio efectivo respecto de los actuales niveles, que son inferiores.

Lo que sí significa esto es que Chile no podrá aplicar ningún derecho de aduana superior a los límites fijados y, por tanto, las sobretasas arancelarias permitidas en el artículo 10° de la ley N° 18.525, tendrán un tope máximo, dado que nuestro arancel no puede exceder del 25 por ciento. Esto, en términos genéricos, quiere decir que habiendo un arancel de 11 por ciento, la sobretasa no podrá superar el 14 por ciento, salvo para el caso de los productos agrícolas que señalé, donde la sobretasa podría llegar hasta un 20,5 por ciento.

Esto implica, en consecuencia, la derogación tácita de la referida norma legal, en la medida en que la sobretasa del 15, 18 y 20 por ciento pasarán, por regla general a ser inaplicables.

El segundo Acuerdo que hoy ratificaremos se refiere a la agricultura.

Como he mencionado, una parte sustantiva o esencial de los avances logrados en esta Ronda, es la introducción de la agricultura como una área que queda sujeta en forma efectiva a las normas del Gatt. Esto implica, en líneas generales, las siguientes materias:

En primer lugar, la arancelización, que significa que todos los obstáculos a la importación de productos agrícolas, cuotas, restricciones de distintos tipos que los países establezcan, deben convertirse en arancel. Esto es, si un país tiene un arancel, por ejemplo, para la importación de manzanas del 15 por ciento y agrega otro conjunto de normas, que no son arancelarias, pero sí algún tipo de cuota u otros elementos, tiene que decir: “En verdad, elimino todas estas restricciones. Mi arancel no era 15 por ciento. Era el 80 ó el 90”. O sea, tiene que definir como arancel todas las medidas de restricción a la importación agrícola del país.

En segundo lugar, los aranceles así resultantes deben ser reducidos, al menos, en un 15 por ciento por línea arancelaria y en promedio en un 36 por ciento en un período de 6 años para los países desarrollados. Es decir, esos países tienen que reducir, en seis años, en más de un tercio, en un 36 por ciento, los aranceles de productos agrícolas que resulten de esta arancelización.

Los países en desarrollo -entre los cuales nos contamos- se benefician de un trato especial y diferenciado. Tenemos que adoptar una reducción mínima del 10 por ciento y una de 24 por ciento en un promedio de 10 años. Sin embargo, como destaqué en el punto anterior, dado que los aranceles permitidos como país en el Gatt, son muy superiores a los que efectivamente cobramos, esta medida no significa para Chile una reducción real y efectiva de los aranceles de protección agrícola vigentes.

En tercer lugar, deben ser consolidados los aranceles agrícolas, lo cual representa el compromiso de no aumentarlos por sobre los niveles resultantes de la arancelización, en los casos que haya que hacerlo, y de los niveles vigentes antes de la Ronda Uruguay en el resto de los casos.

En cuarto lugar, se prohíbe adoptar algunas medidas no arancelarias definidas como tales; o sea, las restricciones cuantitativas, los gravámenes variables a las importaciones, los precios mínimos de importación, las licencias de importación discrecionales y otros sistemas de efectos equivalentes.

Respecto a la ayuda interna, se señala que los países se comprometieron a reducir los subsidios a la producción interna que distorsionan el comercio. La definición de “medida agregada de apoyo interno” incluye todas aquellas transferencias de carácter monetario orientadas a sustentar una producción local. Posiblemente, esto sea lo que ha de tener un mayor efecto positivo para la agricultura de nuestro país, por cuanto hay grandes potencias -de hecho, la propia Unión Europea-, como Estados Unidos.

-Hablan varios señores Diputados a la vez.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, esta es una materia compleja, que resulta difícil exponer cuando a una parte sustantiva de los colegas no les interesan los acuerdos agrícolas o los otros acuerdos, que conversan de pie, etcétera. Es, realmente, imposible seguir el hilo de una exposición compleja.

-Aplausos en las tribunas.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, por su intermedio, pido a aquellos señores Diputados que no tienen interés en la materia que vayan a conversar a la cafetería, y permitan a los demás trabajar en la Sala. Ni siquiera yo puedo seguir el hilo de la exposición que debo hacer; más difícil es para quienes tienen que escuchar el informe.

Un señor DIPUTADO.-

Tiene toda la razón, señor Presidente.

El señor SOTA (Presidente).-

Puede continuar Su Señoría.

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, señalaba que en otras materias que dicen relación con la agricultura, existe la obligación de una reducción sustantiva de la ayuda interna y de los subsidios que producen efectos de distorsión en el comercio, orientados a la ayuda interna de la agricultura. Esto significa, en general, que la Unión Europea y Estados Unidos, como también nuestro país, por cierto, tendrían que disminuir en forma sustantiva, como veremos a continuación, los apoyos intemos, lo cual redundará posiblemente en un mayor precio en los mercados internacionales de los productos agrícolas tradicionales, que están muy subsidiados.

Quedan eximidos del compromiso de reducción todos aquellos subsidios que beneficien la actividad agrícola y que tienen por objeto superar problemas de pobreza rural, preservación del medio ambiente e infraestructura. Sin embargo, estos subsidios deben cumplir dos requisitos para continuar vigentes: no tener efectos de distorsión del comercio y no afectar la producción o tener, al menos, un efecto mínimo en la producción.

Los programas eximidos deberán estar, además financiados con fondos públicos, no significar transferencia de los consumidores y no implicar ayuda en materias de precios de los productores.

Los compromisos contemplados en el acuerdo tienen como objetivo alcanzar una reducción del 20 por ciento en los desembolsos para la producción doméstica en un período de seis años para los países desarrollados. Los países en desarrollo deberemos reducir en un 13 por ciento estos subsidios en un plazo de diez años.

Respecto de los subsidios de las exportaciones, se constata que se han negociado dos tipos: la reducción del monto de los subsidios a la exportación -y se espera que éstos se reduzcan en promedio en un 36 por ciento- y la reducción en un 21 por ciento en el volumen de exportaciones afectas a subsidio en un período de seis años. Los países en desarrollo tienen normas menos exigentes: deberemos reducir en un 24 por ciento las asignaciones presupuestarias y en un 14 por ciento el volumen de las exportaciones afectas a subsidios.

Esto significa, entre otras cosas, como efecto de la Ronda de Negociaciones, que antes los países desarrollados tenían en este ámbito agrícola consolidado con acuerdo sólo un 58 por ciento de las líneas arancelarias. Hoy día quedan afectas un 99 por ciento, virtualmente todos los productos agrícolas de los países desarrollados.

En cuanto a la profundidad de las reducciones arancelarias resultantes de la Ronda de Uruguay, los antecedentes proporcionados hasta ahora, indican que, en promedio, los países desarrollados habrían ofrecido rebajas arancelarias del 36 por ciento para los productos originarios de países en desarrollo; esto es, nuestras exportaciones agrícolas a los países desarrollados deberían tener, como ventaja promedio, una reducción arancelaria del 36 por ciento. Los productos más favorecidos serán las frutas, legumbres, semillas oleaginosas, bebidas alcohólicas, cereales y bebidas tropicales. Las rebajas menores corresponderán a los animales, productos del reino animal y lácteos.

Chile contrae también obligaciones en el marco del acuerdo sobre la agricultura. En verdad, nuestro país no tiene medidas internas que sean descalificadas en el Acuerdo; tampoco subsidiamos hoy día nuestras exportaciones. Por lo tanto, el único compromiso concreto que nos afecta es la reducción arancelaria igual al 24 por ciento, compromiso que podría cumplir en diez años; pero nuestro país ya estableció su oferta de reducción, la cual consiste en rebajar en cinco años su nivel arancelario consolidado en el Gatt, de 35 a 25 por ciento, bajándolo, en el caso de los productos agrícolas que he destacado, solamente al 31,5 por ciento. En consecuencia, esto no representa un esfuerzo real adicional, pues es una tarea cumplida con sacrificio por nuestra agricultura en años anteriores.

Chile podrá mantener la vigencia de las bandas de precios, en atención a que constituye un mecanismo que no obedece al propósito de fomentar la producción, sino que a moderar la transmisión de los precios externos hacia el mercado interno. Es una fórmula no discriminatoria de regulación en frontera, y esto, junto con lo anterior, la convierte en un elemento que no vulnera las disposiciones del Gatt.

También se ha hecho notar que las medidas oficiales de asistencia destinadas a fomentar el crecimiento agrícola y rural de los países en desarrollo, las subvenciones a la inversión de disponibilidad general y las subvenciones a los insumos agrícolas de disponibilidad general para los agricultores pobres, quedarán eximidas de los compromisos de reducción de la ayuda interna. Conforme con esto, algunas medidas vigentes en nuestro país, como el fomento al riego, se eximen de cualquier reducción. Esta última política se exime además del compromiso, porque los desembolsos que se efectúan son inferiores al 10 por ciento del valor agropecuario de la producción del país.

Otro acuerdo, que vamos a ratificar, se refiere a la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias. Tiene como propósito fundamental que esas medidas adoptadas por los miembros sean armonizadas y no se usen de modo encubierto, como un medio para obstaculizar el comercio. Es conocido que, apelando a razones de salud, muchos países impiden el ingreso de bienes agrícolas a sus fronteras. No es el caso de Chile, que tiene en aplicación estrictas medidas sanitarias y fitosanitarias, pero cuya fundamentación es clara, por lo cual son plenamente compatibles con las normas que se establecen en el Acuerdo. Es decir, nos comprometemos ahora, al igual que todos los países, a adoptar normas intencionalmente convenidas y respaldadas por organismos internacionales para los controles sanitarios y fitosanitarios; aceptar el criterio de riesgo sanitario mínimo para comerciar, en oposición al riesgo cero; a reconocer áreas libres de plagas para el intercambio, en lugar de país libre; esto es, que si tuviéramos por desgracia la mosca de la fruta en Arica, la fruta del resto del país, que está libre de esta plaga, podrá ingresar a Japón, a la Comunidad Europea o a otros lugares, porque se elimina la restricción que hoy día impone Japón a nuestros productos, bajo la excusa de exigir que el país esté libre de la mosca de la fruta. Aquí se acuerda que solamente pueden exigirnos que el producto provenga de una zona libre de plagas, más aún cuando hay un desierto que separa un lugar de otro, y se establece un código para la superación de diferencias.

Otro acuerdo, anexo a las decisiones del Gatt, que se refiere a los textiles y el vestido, puede, quizás, causar más polémica y es también de alta relevancia a nivel internacional.

Como se sabe, a partir del Acuerdo Multifibras, suscrito en 1973 y vigente desde 1974, el comercio internacional de textiles ha estado, por lo general, exento o fuera de las normas del Gatt. Los países desarrollados han establecido cuotas restrictivas a los países en desarrollo exportadores de textiles. Por ejemplo, Estados Unidos o Europa establecen una cuota “voluntaria” a los países que desean venderles determinada cantidad de blue jeans, telas u otras confecciones; es decir, se llega a un acuerdo supuestamente voluntario, pero si no se accede a esta cuota, simplemente aplican represalias de orden económico. La resolución del Gatt implica la supresión del Acuerdo Multifibras en un plazo de 10 años.

En segundo lugar, al terminar ese acuerdo, todos los países miembros de la nueva Organización Mundial del Comercio también pasan a ser miembros del Acuerdo Multifibras, en extinción. Esto significa que como Chile no está sujeto a cuotas, porque hoy no exporta productos textiles en una magnitud tal que haya llevado a los países desarrollados a aplicarle cuotas de represalias. Si a partir del 1 de enero fuéramos capaces de aumentar la exportación de blue jeans o de otro tipo de confecciones hacia los países desarrollados, no se nos pueden establecer cuotas restrictivas, porque las existentes quedan congeladas a la situación actual y, más bien, deben desmantelarse progresivamente.

En la Comisión, el Instituto Textil, que reúne a los empresarios y trabajadores textiles, plantearon la conveniencia de que, además de ratificar el Acuerdo del Gatt, Chile ingresará al Acuerdo Multifibras, a fin de tener cuotas que beneficiaran nuestras exportaciones.

La opinión de la Comisión ha sido que esto es físicamente imposible porque, como he señalado el Acuerdo termina ahora. Además, mal podríamos estar interesados en tener derecho a una cuota textil cuando no tenemos ninguna. Es decir, estamos libres de cuotas y, eventualmente, si nuestra producción nacional fuera suficientemente competitiva, podemos exportar el total de nuestra producción. Queremos entender que detrás de esta petición está, más bien, el hecho inverso: poder aplicar nosotros cuotas a las importaciones de otros países. Si así fuera, también sería imposible, porque, como se congela lo que existía a esta fecha, no podemos ahora agregar cuotas. Además, como se sabe, en Chile, por una disposición de ley orgánica constitucional, no es posible introducir cuotas a la importación de bienes. Nuestra propia normativa interna -una ley de quorum superior- es más restrictiva, por cuanto establece el libre comercio y no permite fijar cuotas de importación.

Un siguiente acuerdo, que vamos a ratificar, es aquél sobre los obstáculos técnicos al comercio. Se refiere a todos los reglamentos técnicos y normas, incluidos, por ejemplo, los requisitos de envase, embalaje, marcado, etiquetado y todos los procedimientos de evaluación, que también se utilizan usualmente como obstáculos reales al comercio: esto es, a veces se colocan requisitos técnicos de embalaje o de envase que, más que normar, buscan impedir que un país exporte a otro. Esto se estandariza, se colocan ciertos requisitos técnicos universalmente reconocidos y se impide el uso de este tipo de medidas para contrarrestar el comercio.

Este acuerdo técnico ya existía en la Ronda Tokio. Chile era uno de los países en desarrollo adherido a esa Ronda. Ahora, lo acordado en la anterior ronda de negociación del Gatt, pero suscrito sólo por algunos países, se hace extensivo, de manera obligatoria, a todos los que firmen o acuerden la nueva Organización Mundial del Comercio. Por tanto, en nuestro caso, sólo viene a confirmar, en lo fundamental, lo que Chile había adoptado al ratificar previamente el Acuerdo de Tokio, más algunas disposiciones técnicas adicionales que perfeccionen este Acuerdo.

Consultado el Instituto de Normalización Nacional respecto de esta materia, señalo que al suscribir este nuevo Acuerdo sobre los obstáculos técnicos al comercio, las obligaciones de Chile no difieren mayormente de las contraídas en la Ronda de Tokio.

Otro acuerdo o anexo que se propone ratificar, se refiere a las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio. Esto significa que no es posible colocar restricciones o cuotas de producción nacional, o de importación de insumos, a un inversionista extranjero que se instale en Chile o a un inversionista chileno que lo haga en un país extranjero. Es decir, se consideran incompatibles con el trato nacional las medidas que restrinjan al inversionista la compra o utilización de productos de origen o de fuentes nacionales, o limiten la utilización de productos de importación a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte.

El Acuerdo es incompatible con el actual Estatuto de la Industria Automotriz, que impone a esta industria obligaciones y le da ventajas o beneficios tributarios o de exportación, al disponer determinadas cuotas de producción nacional. El Gatt establece para los países en desarrollo un plazo de cinco años para acogerse a esta norma del Acuerdo, período en el cual expira el Estatuto Automotriz. Por lo tanto, esto no representa un cambio, pero sí significa que el Congreso Nacional no podría aprobar una nueva ley el día de mañana para prorrogar la vigencia de ese Estatuto que, como he dicho, expira el 31 de diciembre de 1998.

Otro acuerdo, referente al denominado artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, conocido en el lenguaje técnico como “acuerdo Antidumping”, modifica y estandariza la normativa para que un país pueda defenderse de las ventas y precios distorsionados o muy bajos que hace otro, lo cual se conoce popularmente como “dumping”.

Este acuerdo antidumping contiene diversas modificaciones a nuestra normativa. Nosotros podemos establecer medidas provisionales de 60 días, pero los plazos deben modificarse. Por lo tanto, es imprescindible que el Ejecutivo proponga al Parlamento una nueva ley que modifique el funcionamiento de la Comisión Antidistorsiones y fije un procedimiento compatible con lo que se acuerda en el Gatt.

Debo señalar que ésta es la única materia en la cual se producirá una colisión jurídica, porque al aprobar el acuerdo el 1° de enero, como esperamos, posiblemente no alcanzara a despacharse la nueva legislación. Se supone, porque es un problema que afectará virtualmente a todos los países signatarios, que se dará un plazo de facto, que será determinado por la Asociación Mundial de Comercio, para poder adecuar la normativa. En todo caso, dejo constancia de que es de extrema urgencia que podamos discutir esta materia y aprobar una nueva ley que nos adecúe a esas normas.

Otro acuerdo relativo al artículo VII del Gatt, sobre el denominado aforo aduanero, implicará, en general, la normalización de los valores de aduana, para que sean los mercados, excluyéndose la utilización de valores arbitrarios o ficticios.

En general, esto es plenamente compatible y armónico con nuestra legislación, la cual señala, como norma esencial, la vigencia del precio de mercado verdaderamente existente como referencia aduanera.

Sin embargo, tiene también una consecuencia práctica, cual es que no es factible aplicar valores aduaneros mínimos de ahora en adelante. Por ejemplo, si el trigo tiene un valor de mil, no es posible que uno diga: “Mire, yo opino que vale cinco mil”, y le aplico aranceles sobre esa cantidad, en lugar de mil. No se podrá establecer más el sistema de valores aduaneros mínimos. Tenemos un plazo de cinco años para modificar nuestra legislación al respecto y establecer medidas para cambiar esta situación.

Hay otro acuerdo sobre inspección previa a la expedición.

Se plantea un acuerdo, también muy importante, sobre las normas de origen, que establecen cuándo una producción se considera nacional o no.

Hay otro acuerdo sobre el procedimiento para el trámite de las licencias de importación. Regulariza situaciones nacionales y es plenamente compatible con el esquema de licencia automática. Tampoco hay consecuencias jurídicas en esta materia para nuestro país.

Otro acuerdo, bastante relevante, se refiere a las subvenciones y medidas compensatorias. De hecho, constituye un avance sustancial en el tratamiento de las subvenciones a nivel multilateral. Es la primera vez que se adoptan definiciones precisas sobre lo que constituye una subvención, y sobre los conceptos de competitividad y de subvenciones específicas. Se establecen categorías de subvenciones prohibidas, recurribles y no recurribles y, en general, se prohibe toda subvención que esté directamente vinculada a un resultado exportador. No es posible para un país decir: “Yo subvenciono esta actividad si usted exporta más”. Sólo podemos otorgar subvenciones que no estén relacionadas con la exportación. Por ejemplo, en el caso agrícola -ya hemos hablado del riego-, si bien sus normativas son distintas, tienen un uso general. No están vinculadas al monto de exportación de un determinado bien.

El acuerdo sobre subvenciones tiene muchos aspectos beneficiosos para el comercio de Chile con otros países; pero el principal aspecto restrictivo está relacionado con la reformulación del reintegro a los exportadores, establecido en la ley N° 18.480; esto es, el sistema simplificado de reintegro orientado a favorecer a las exportaciones menores no tradicionales, para lo cual disponemos de ocho años; es decir, en ese plazo podremos seguir utilizando el mismo mecanismo de reintegro simplificado que hoy tenemos. Posteriormente habrá que revisarlo, sin perjuicio de que en aquellas exportaciones que, por ser incipientes o emergentes, tienen poca relevancia en los mercados a los cuales dirigidas, posiblemente debamos continuar con un sistema parecido al actual; pero, si adquieren mayor volumen, tendremos que buscar un sistema distinto basado en la devolución de los derechos de importación pagados por los insumos de los productos exportados, lo cual sí es posible. Nosotros podemos devolver los derechos de los insumos importados que tengan los productos exportados, ya sea directos o indirectos, como el petróleo o los combustibles. Esta es otra materia que deberá ser revisada en nuestra legislación, para lo cual existe, como ya he señalado, un plazo de ocho años.

El acuerdo sobre salvaguardias es también esencial para aclarar y reforzar la disciplina respecto de las medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados, que autoriza el artículo XIX del Gatt. Establece el control multilateral sobre las salvaguardias y suprime las medidas que escapan a tal control.

En la actualidad, estas medidas no son aplicables en nuestro país. Dado que una medida de salvaguardia consiste en elevar los derechos de aduana, se requiere de ley, y por disposición de la ley orgánica constitucional del Banco Central de Chile, no se puede aplicar otras restricciones a las importaciones o exportaciones que he señalado.

El Acuerdo General sobre el comercio de servicios es extremadamente importante. Este acuerdo es nuevo e incorpora al Gatt toda un área excluida de nuestro tratamiento anterior. En una serie de subanexos establece la normativa al respecto.

Este acuerdo es un primer paso en materia de servicios. Determina que los servicios son también materia susceptibles del Gatt. Los define y establece los principios genéricos del Gatt como aplicables a los servicios, pero, en la práctica, requerirá nuevas y sucesivas negociaciones para que esto sea estrictamente aplicable.

El acuerdo sobre servicios contempla la definición de servicios de cuatro formas diferentes:

En primer lugar, lo que es estrictamente el comercio transfronterizo, esto es, el comercio del territorio de un país a otro. Una modalidad, por ejemplo, sería encargar un diseño de ingeniería, en un país, a una empresa de otro; el suministro del servicio en un territorio a consumidores de otro país. Por ejemplo, la atención médica a extranjeros o la prestación por medio de presencia comercial en el territorio de otro país. Por ejemplo, el establecimiento de una filial de una empresa extranjera proveedora de servicios como bancos, compañías de seguro, de turismo, etcétera; o la prestación por medio de la presencia temporal de personas físicas en el territorio de otro país; por ejemplo, la contratación de un consultor extranjero con permanencia por unos meses en el lugar donde se realiza la consultoría.

Cada país presentará una lista denominada “oferta” con los compromisos de acceso a mercados y trato nacional ofrecidos.

Por lo tanto, el objetivo del acuerdo es avanzar en futuras negociaciones en la liberalización del comercio de servicios a partir de lo que inicialmente cada país comprometió e indicó como restricciones.

El acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio busca reducir las distorsiones y los obstáculos del comercio internacional, resultantes de una inadecuada y desuniforme protección de los derechos de propiedad intelectual entre los países.

El acuerdo, que es bastante amplio y variado, establece por primera vez convenios internacionales sobre propiedad intelectual. Entre otras cosas, extiende la normativa incorporada en la ley de propiedad intelectual, razón por la cual se le deberán introducir algunas modificaciones, entre las cuales se incluye la de regular la protección de las denominaciones origen; la de incluir en la protección de los derechos de autor la protección de las bases de datos; la de incorporar expresamente a la legislación nacional el tratamiento de nación más favorecida en materia de propiedad intelectual; la de ampliar de 15 a 20 años el período de protección de patentes a partir de la presentación de la solicitud. El plazo que se dispone para adecuar nuestra legislación interna es de cinco años.

La opinión especializada señala que nuestro país se encuentra en muy buenas condiciones para recibir los beneficios de la innovación tecnológica y de la inversión extranjera que traerá consigo la aplicación de este Acuerdo, dadas las reformas ya realizadas en la legislación chilena en materia de protección intelectual.

Chile podría beneficiarse al poder exportar también en el futuro productos intelectuales.

El entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias es extremadamente importante para un país como el nuestro, que no dispone del peso comercial para poder -como se dice hoy elegantemente- “retaliar” con otros países, esto es, chantajearlos comercialmente como se diría en forma más brutal, cuando se afectan los intereses nacionales. Por eso es de extrema importancia para nuestro país que exista un entendimiento sobre las normas y procedimientos para regular en un tribunal internacional la solución de diferencias. Igualmente nos parece muy útil el mecanismo de examen de las políticas comerciales.

Existen también adicionalmente un conjunto de acuerdos comerciales plurilaterales no obligatorios, referidos al comercio de aeronaves civiles, a la contratación pública, a los relativos a productos lácteos y a las carnes de bovinos.

No es necesario comparar este apéndice, que se define como residual, con la cuestión mundial de comercio y tener que ratificar también estos acuerdos específicos. Por lo tanto, Chile no los está ratificando.

Producto de esta materia, la Comisión ha decidido proponer a la Sala sustituir el texto del mensaje, que sugería ratificar el Acuerdo de Marrakech con todos sus anexos, para optar por una fórmula más precisa que permita dejar en claro que en este acto no estamos ratificando los acuerdos voluntarios que he reseñado sobre el comercio de aeronaves, etcétera.

Por tanto, la Comisión somete a consideración de la Sala un nuevo texto, más extenso pero extremadamente explícito por cuanto señala con absoluta claridad cada uno de los Acuerdos en forma expresa.

De acuerdo con las disposiciones reglamentarias, la Comisión Especial encargada de estudiar los proyectos relacionados con el Gatt ha estimado que este convenio no tiene efecto fiscal directo por todo lo que ya he señalado, aun cuando, naturalmente, incidirá en la economía del país. Nos pareció dudoso, entonces, si esta materia requería o no, de acuerdo con nuestra Ley Orgánica, el trámite de la Comisión de Hacienda. Incluso, podría pensarse que al haberse constituido una comisión especial estaría excluido de ese trámite, pero como afecta de modo sustantivo el funcionamiento de la economía, optamos por requerir el informe de la Comisión de Hacienda y así prevenir que en el futuro pueda crearse una cuestión de inconstitucionalidad por no haber procedido en esos términos.

Con su venia, señor Presidente, paso a emitir el informe de la Comisión de Hacienda. En tal virtud, podré aprovechar de ser sustancialmente más breve.

La Comisión de Hacienda también recomienda a la Sala, por unanimidad de sus miembros, la aprobación del acuerdo del Gatt, estableciendo en el informe que él no tendrá efectos directos sobre la recaudación fiscal, por cuanto el compromiso significa la reducción de aranceles a un nivel nominal, que todavía es mucho más alto de lo que el país tiene. O sea, objetivamente significa que no podremos elevar las sobretasas más allá de los niveles que ya he señalado.

La Comisión de Hacienda estima que la aprobación de este acuerdo va a significar una mejora, eventualmente sustantiva, por parte de otros países, de nuestras condiciones de comercio que podrá expresarse, quizás, entre un 4 y un 10 ó 12 por ciento de nuestras exportaciones. Es difícil hacer una estimación exacta, pero es evidente que esto significará un incremento de nuestra capacidad exportadora y la reducción de obstáculos sustanciales al comercio. Por lo demás, este acuerdo es plenamente compatible con la eventual suscripción de otros como el Mercosur o el Nafta. La diferencia reside en que este Acuerdo nos coloca un piso negociador que, incluso, de acuerdo con nuestra evaluación, es mejor para Chile.

Por estas razones, la Comisión de Hacienda, al igual que la Comisión Especial encargada de estudiar los acuerdos relacionados con el Gatt, propone a la Sala la aprobación de este tratado internacional.

He dicho.

El señor LATORRE (Vicepresidente).-

Muchas gracias, Diputados señor Estévez .

Los Comités han formulado la solicitud, que la Mesa estima procedente por razones fundadas, de proceder de inmediato al homenaje que la Cámara rendirá a Villa Alemana.

Por ello, es deseable la unanimidad de la Sala.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, quiero plantear un problema reglamentario.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Fuentealba .

El señor FUENTEALBA.-

Señor Presidente, quisiera referirme brevemente a algunos aspectos de la materia que hoy nos ocupa, cual es la aprobación del Acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio y sus diferentes anexos, y partir en esta exposición resaltando la importancia que tiene, a mi juicio, el acto de ratificación del Acuerdo que hoy, se supone, realizará esta Corporación.

En primer lugar, el conjunto de acuerdos que estamos estudiando y que hemos estudiado en la Comisión Especial constituida para dicho efecto, en lo sucesivo, harán más clara y transparente la regulación del comercio internacional. Por consiguiente, se establecerán normas previamente definidas y conocidas por todos los Estados, las cuales, sin duda, conducirán a una multilateralización creciente del intercambio de bienes al incorporarse en el texto de estos Acuerdos el comercio de servicios, los productos agrícolas y los textiles, que no figuraban en el Gatt de 1947.

En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, mediante la suscripción de estos acuerdos y la ratificación por parte de Chile de ellos, se destierran las prácticas desleales en la competencia comercial, traducidas generalmente, en el pasado, en discriminaciones paraarancelarias, fitosanitarias, subsidios a la exportación u otros de otra índole.

En tercer lugar, si bien la suscripción de este acuerdo conlleva implícitamente obligaciones como país, y entre ellas, adecuar la legislación en materia de propiedad intelectual, valoración aduanera y otros ajustes menores, también adquirimos derechos al constituirnos en miembro activo de la comunidad más representativa, a mi juicio, del comercio internacional.

En cuarto lugar, se perfeccionan los mecanismos de solución de controversias en los que el tamaño de los países, el peso de su economía o su protagonismo en el concierto de naciones, no harán inclinar la balanza de la justicia a su favor en detrimento de naciones más débiles y con menos capacidad de represalias.

Finalmente, quizás uno de los aspectos más relevantes de la serie de convenios que ratificaremos es la creación de la Organización Mundial del Comercio, con lo cual de ahora en adelante existirá un referente internacional de carácter permanente, aspiración económica, principalmente de los países más pequeños, que quedó postergada en 1945, cuando se suscribió la Carta de las Naciones Unidas.

Sobre este último aspecto quisiera, brevemente, ilustrar a la Corporación acerca de cómo la Organización Mundial del Comercio va a actuar en representación de los países miembros.

Esta organización ha sido concebida por los países miembros fundamentalmente basados en la necesidad de realizar esfuerzos positivos para que tanto los países en desarrollo como los menos adelantados, obtengan una parte del incremento del comercio internacional que responda a los requerimientos de su desarrollo económico. La celebración de estos acuerdos debe encaminarse a la reducción sustancial de los aranceles aduaneros y de los demás obstáculos existentes en el comercio. Esta organización debe propender y propiciar el desarrollo de un sistema multilateral de comercio integrado, más viable y duradero.

Es destacable el hecho de que en su ámbito se constituirá en el marco institucional común para el desarrollo de las relaciones comerciales entre los países que la conforman.

Las funciones de dicha Organización se reducen a facilitar para la aplicación, administración y funcionamiento de los acuerdos multilaterales que se suscriben, lo cual constituye, como ya decía, el marco institucional y jurídico de los mismos. Constituirá el foro para las negociaciones entre los miembros, acerca de las relaciones comerciales multilaterales; administrará el entendimiento relativo a las normas y procedimientos por los que se rige la solución de diferencias; también el mecanismo de examen de las políticas comerciales, y cooperará, según proceda, con el Fondo Monetario Internacional y con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y sus organismos conexos, en el cumplimiento de los objetivos y metas que se propone.

La Organización Mundial del Comercio estará compuesta, en primer lugar, por la Conferencia Ministerial, en la cual estarán representados todos los Estados miembros y se reunirá, por lo menos, una vez cada dos años. Ella desempeñará las funciones de la Organización, para lo cual tendrá la facultad de adoptar decisiones sobre todos los asuntos comprendidos en el ámbito de cualquiera de los acuerdos comerciales multilaterales.

En segundo lugar, se crea un Consejo General, también compuesto por representantes de todos los países miembros, al que le corresponderá actuar como órgano de solución de controversias, establecido en el Entendimiento sobre solución de diferencias.

Dicho órgano cuando actúe como tal, podrá tener su propio presidente y fijará las normas de procedimiento que estime convenientes para el cumplimiento de sus funciones.

Además, se establecen diferentes consejos: el de Comercio de Mercancías y el de Comercio de Servicios, conjuntamente con el Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual, los cuales, a su vez, podrán organizar entes subsidiarios que colaboren y cooperen en el cumplimiento de sus tareas.

La Secretaría de la Organización estará dirigida por un Director General, quien nombrará al personal de la misma y determinará sus deberes y funciones. Cabe señalar a este respecto que mientras el Consejo de Ministros no proceda a nombrar al Director General definitivo, se entenderá que asumirá dichas funciones el actual Director General del Gatt.

El Director General y el personal de la Secretaría serán de carácter exclusivamente internacional, y no solicitarán ni aceptarán instrucciones de ningún gobierno ni de ninguna otra autoridad ajena de la Organización Mundial del Comercio, lo cual hace resaltar su independencia y autonomía para cumplir con los cometidos de esta Organización.

En lo relativo al presupuesto, la Organización dictará un reglamento financiero en el cual se consignarán las cuotas que deberán pagar los países miembros. Este reglamento financiero deberá ser adoptado por el Consejo General y el presupuesto será aprobado cada año, como corresponde.

Es importante recalcar que los acuerdos que adopte la Organización Mundial del Comercio deberán ser, por regla general, suscritos por consenso. Se entenderá que lo existe cuando ningún país miembro presente en la reunión en que se adopte la decisión, se oponga formalmente a él. Sólo en casos excepcionales, las cuestiones que se sometan a la Organización Mundial del Comercio se resolverán mediante votación, caso en el cual regirá la simple mayoría.

En lo que respecta a las interpretaciones del presente Acuerdo y de los Acuerdos Comerciales Multilaterales, se requerirá la mayoría de tres cuartos de los miembros del Consejo. Cuando la Conferencia Ministerial somete a la consideración de los países miembros una enmienda relacionada tanto con los acuerdos que rigen la Organización Mundial como con los Acuerdos Comerciales Multilaterales, se requerirá del voto de los dos tercios de los Estados miembros de la Organización para adoptar la resolución correspondiente.

Es necesario hacer resaltar que no pueden formularse reservas respecto de ninguna disposición del presente Acuerdo. Por consiguiente, los países, en su proceso de ratificación, deberán aprobarlo o rechazarlo, sin que tengan la posibilidad de introducirle enmiendas o formular observaciones.

Para Chile, país con una economía pequeña, la más liberal y quizás la más abierta al comercio internacional que existe en el contexto latinoamericano, que apuesta a su capacidad competitiva y exportadora para consolidar un desarrollo económico equiparable al de las naciones del primer mundo, este trámite legislativo es de gran trascendencia y significación.

Por ello, en representación de mi bancada, anuncio el voto favorable de la Democracia Cristiana al proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio y sus anexos.

He dicho.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, Su Excelencia el Presidente de la República ha enviado al Parlamento el proyecto de acuerdo aprobatorio del acuerdo constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, adoptado en el acta final de la Octava Ronda de Negociaciones Multilaterales del Gatt, suscrita el 15 de abril de 1994, en Marrakech, Marruecos .

La Ronda Uruguay del Gatt ha sido, tal vez, el mayor esfuerzo de cooperación y de negociación comercial que ha emprendido la comunidad internacional, y el acuerdo por el que se establece la Organización Mundial, una antigua necesidad, pendiente de resolver desde el término de la Segunda Guerra Mundial.

En efecto, la Conferencia de Bretton Woods, en 1944, había concebido las instituciones que proporcionarían las bases del orden económico mundial: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Comercio Internacional reglamentada en la Carta de La Habana. Las tres instituciones deberían constituirse en la base de la organización económica de postguerra.

Sin embargo, el rechazo del Congreso de los Estados Unidos a la aprobación de la Carta de La Habana frustró el nacimiento de la Organización de Comercio Internacional.

La inexistencia de este organismo dejó un vacío que era imperioso llenar, ya que se debía establecer normas de comercio internacional que permitieran avances en la liberación del comercio. Para llenar este vacío surge el Acuerdo Provisional de Aranceles Aduaneros y Comercio basado en uno de los capítulos de la Carta de La Habana y que se transformó en 1947 en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, Gatt , formado por 23 partes contratantes, entre los que se encontraba Chile como único país en desarrollo.

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio debería establecer una normativa para propender a una liberación del comercio sobre la base del multilateralismo, la no discriminación y la vigencia de la cláusula de la nación más favorecida.

El Gatt ha sido el marco dentro del cual se han establecido normas concretas para eliminar la discriminación en el comercio internacional y avanzar hacia la reducción de aranceles marco, que se va conformando a partir de 1947 en Ginebra, en ocho rondas de negociaciones.

El efecto sobre el nivel arancelario ha sido significativo. Antes de la Reunión de Ginebra, el promedio de los aranceles de los principales países industrializados superaba el ciento por ciento. Treinta y tres años más tarde los promedios alcanzan niveles inferiores al 10 por ciento. A fines de 1980, el nivel arancelario promedio de Estados Unidos se había reducido al 4,9 por ciento; en la Comunidad Económica Europea al 6 por ciento, y en Japón al 5.4 por ciento.

Tanto por los efectos de esta normativa, como de otros factores, el comercio internacional creció a partir de la década del 50 en forma importante. Entre 1953 y 1963 el ingreso mundial creció a un promedio de 4,3 por ciento anual, y el intercambio a una tasa del 6 por ciento. En la década siguiente, 1963-1973, las tasas fueron aún mayores: ingreso, 5,1 por ciento y el intercambio mundial 8,9 por ciento.

Sin embargo, y a pesar de estos avances, a principios de la década del 80, el comercio internacional se presenta confuso, produciéndose desentendimientos entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros consideran que los países en desarrollo no cumplen sus compromisos, y éstos consideran que el Gatt representa los intereses de los países desarrollados.

La estructura institucional del Gatt, que había orientado esta posición de liberación, aparecía superada por una modalidad de intercambio internacional que se hacía tremendamente compleja. Los aranceles aduaneros habían perdido significación frente a un sistema de restricciones no arancelarias muy sofisticado, en el cual se refugiaba un creciente proteccionismo que se consolidaba en los países industriales. Por otra parte, el campo de la liberación cubierta por el Gatt resultaba bastante limitado: se reducían las mercaderías industriales; la agricultura estaba exceptuada de las disciplinas del Gatt, perjudicando de manera importante a los países en desarrollo que dependían de una economía agraria; los acuerdos sobre el comercio de textiles habían consagrado un sistema de cuotas y restricciones negociadas ampliamente favorables para los países industrializados, y por último, los servicios no formaban parte del concepto de comercio internacional de la época.

Para superar estas limitaciones se lanzó la Octava Rueda de Negociaciones: la Ronda Uruguay del Gatt. Reunidos en Punta del Este, Uruguay , del 15 al 20 de septiembre de 1986, los ministros de los países miembros del Gatt adoptaron una declaración por la que se inicia la octava ronda de negociaciones comerciales multilaterales, la más ambiciosa: la conocida como Ronda Uruguay del Gatt .

La Ronda Uruguay ha sido tal vez el mayor esfuerzo de cooperación mundial Internacional y ha resultado ser una instancia en la que se ha buscado cuidadosamente un equilibrio entre los intereses de los participantes, habiendo quedado bien establecidos en la declaración de Punta del Este los derechos de los países en desarrollo.

Desde el punto de vista del interés nacional, el Acuerdo que se somete a consideración de la Cámara nos parece positivo, aun cuando, por la extensión de los temas que incorpora, ha resultado imposible, en el tiempo de que disponíamos para su estudio, interiorizamos en detalle de todas sus disposiciones. En todo caso, nos parecen interesantes los siguientes aspectos:

1°. El establecimiento de una organización internacional de comercio con una estructura más fuerte que el Gatt y que consolida los principios que forman parte de la política exterior del país: multilateralismo, no discriminación y cláusula de nación más favorecida.

2°. Se ha fortalecido el principio de la no discriminación al prohibir medidas como las restricciones voluntarias a la exportación, los acuerdos de organización de mercado y el establecimiento de cuotas, debiendo desmantelarse las medidas existentes.

3°. La cláusula de nación más favorecida incorpora las excepciones habituales relacionadas con una unión aduanera o una zona de libre comercio, lo que permite que nuestro país continúe desarrollando su política de regionalismo abierto.

4°. La nueva organización internacional de comercio ha incorporado todos los acuerdos que se habían perfeccionado en el antiguo Gatt, manteniéndose las ventajas al comercio de mercancías e incorporando los servicios y la propiedad intelectual e incursionando en el campo de las inversiones.

5o. Se incorporan al régimen multilateral sectores no cubiertos, como lo son la agricultura, los textiles y confecciones. Sin embargo, la agricultura es el sector en que se producen menos avances hacia un comercio internacional libre, donde la mayoría de los compromisos al respecto son a largo plazo y no disminuirán significativamente el proteccionismo vigente, el cual implica que en los acuerdos comerciales entre un país desarrollado y otro en vías de desarrollo, siempre el sector más impactado en forma negativa del segundo, sea la agricultura. Al respecto, no hay que olvidar que Chile es el país con la agricultura más desprotegida del mundo. Es sabida la oposición que ha existido en el mundo industrial para aceptar que estos sectores se abran a la competencia internacional. En la práctica, la Ronda Uruguay estuvo estancada y peligró su éxito, por la resistencia europea de aceptar que el sector agrícola quedara sometido a la disciplina comercial exigida por las normas del Gatt.

En el caso de la agricultura, se establecen acuerdos sobre medidas sanitarias y fitosanitarias, y se inicia un proceso destinado a incorporar paulatinamente las normas del mercado en el sector. Hay compromisos específicos orientados a disminuir los niveles de los subsidios. En la esfera del acceso a los mercados, las medidas no arancelarias se reemplazan por aranceles que importan sustancialmente el mismo nivel de protección. Sin embargo, el hecho de la arancelización es positivo. Para atenuar el nivel arancelario que resulte debe reducirse éste en un 34 por ciento en el caso de los países desarrollados, y en un 24 por ciento en el caso de los países en desarrollo, en plazos de 6 y 8 años, respectivamente.

En materia de textiles, el acuerdo representa la incorporación a las normas del Gatt de un sector importantísimo del comercio internacional. Los contingentes bilaterales negociados deben disminuirse paulatinamente mientras se perfecciona un proceso de integración del sector a las normas del Gatt, que debe culminar el año 2005.

6o. La Ronda Uruguay ha enriquecido el concepto tradicional de comercio al incorporar el sector servicios y reglamentar las inversiones relacionadas con el comercio. El solo hecho de imponer transparencia a este sector, de evitar la discriminación y someterlo a la norma de la cláusula de nación más favorecida, constituye un aporte a la estructuración de un comercio ordenado. Este nuevo campo contempla normas específicas para permitir la participación de os países en desarrollo.

7°. En relación con las inversiones, la Ronda Uruguay no establece una normativa particular sobre ellas, sino que abordó el problema de las distorsiones que una determinada norma sobre inversiones puede provocar al comercio.

8°. En las consideraciones de las grandes áreas que ha cubierto la Ronda Uruguay, es necesario destacar lo relativo a la solución de controversias. En el Gatt, se ha conseguido una experiencia valiosísima en todo lo relacionado con esta materia. Los paneles han contribuido a superar controversias y a lograr acuerdos convenientes. Los procedimientos en esencia se mantienen, pero se revierte el quorum con que se aceptan o rechazan las decisiones del panel. En la actualidad, el informe del panel, con las conclusiones y recomendaciones, debe ser aprobado por consenso. Ahora, en cambio, se necesita el consenso para rechazarlo, lo que le proporciona mayor automaticidad y eficacia. Este mecanismo es tal vez uno de los elementos más importantes que se ha incorporado al nuevo Gatt , y de vital interés para un país como Chile. Es la forma de impedir las arbitrariedades y la discrecionalidad de los poderosos.

Es imposible abordar todos los temas que trata la Ronda Uruguay. Sin embargo, hay una filosofía que orienta todo el acuerdo, ya sea en el caso de las medidas antidumping, las cláusulas de salvaguardia, las medidas fitosanitarias y el comercio de las empresas estatales. Se trata de establecer orden y racionalidad en la aplicación de estas medidas y permitir que todos apunten a la estructura de un comercio aún más libre.

El señor SOTA (Presidente).-

¿Me excusa, señor Diputado?

Como está previsto votar a las 13:30 y eso no será posible, lo he interrumpido para llamar a una reunión de Comités a fin de decidir la manera de continuar con la discusión y votación del proyecto, porque ése es el acuerdo de la Cámara.

El señor MUNIZAGA.-

Señor Presidente, le solicito que, para no dejar inconclusa mi exposición, me deje terminar y que luego llame a reunión de Comités.

El señor SOTA (Presidente).-

Le ofrezco una excusa, señor Diputado, pero tuve que hacerlo antes de las 13.30, para tomar el acuerdo.

En todo caso, Su Señoría continúa con el uso de la palabra, y después que termine su intervención llamaremos a reunión de Comités.

El señor MUNIZAGA.-

En resumen, la Ronda Uruguay del Gatt ha elaborado un proyecto que ordena el comercio internacional y racionaliza las prácticas de intercambio, orientado a dar un paso en la consolidación de un comercio libre y en la eliminación de la discrecionalidad.

La filosofía que imponen las modificaciones introducidas se orienta en el mismo sentido de nuestra política comercial.

Entre los aspectos que merecen nuestra observación, como lo hemos dicho, está la lenta incorporación al tema agrícola, cuyas características en nuestro país indican que habría sido mejor ir muchísimo más a fondo en el problema, especialmente en lo que se refiere a la eliminación de los subsidios.

También existe preocupación respecto del área textil. Los representantes del sector de trabajadores señalaron en la Comisión que sería importante para ellos incorporarse al Convenio Multifibra, a raíz de la lenta desaparición de éste.

Otra de las materias que afectan al país es la relativa a la prohibición de los subsidios directos a las exportaciones, por lo que no se podría mantener en Chile el actual esquema de reintegros simplificados de exportaciones estableciéndose así un plazo de ocho años para adecuarse a las exigencias.

Para la historia fidedigna de la ley, deberá quedar aclarada la afirmación que consigna el mensaje en su página 10: “Crear una organización supranacional que administre y reglamente la normativa multilateral que regirá el comercio mundial.” Esta calificación jurídica haría suponer que la Organización Mundial del Comercio estaría dotada de poderes suficientes como para obligar al Estado y sus individuos, personas naturales y jurídicas, directamente, sin necesidad de pronunciamiento de las autoridades nacionales. Al respecto, el representante del Ejecutivo aclaró que el mensaje se refería a una organización multinacional, de carácter gubernamental, y no a una supranacional, aclaración que estimo conveniente formular también en la Sala, dado que una organización supranacional sería inadmisible constitucionalmente.

Por otra parte, nos parece que debe mencionarse la indicación presentada por varios miembros de la Comisión, que reemplaza el texto propuesto por el Ejecutivo, acotando adecuadamente los alcances que tendrá su aprobación en el Parlamento, dado que la propuesta original, demasiado amplia, podría generar discusiones acerca del alcance.

Entre los temas que quedaron pendientes para una negociación en el futuro, están los del medio ambiente y el comercio, que deberán tratarse considerando las realidades de los países en desarrollo.

En cuanto a las consecuencias jurídicas de los resultados de la Ronda Uruguay, la Cancillería afirmó que el acuerdo por el que se establece la OMC no tiene consecuencias ostensibles sobre el ordenamiento jurídico chileno, con la salvedad del régimen de cuota que aún no está definido y lo relativo a privilegios e inmunidades que básicamente es un problema del país sede.

El acuerdo sobre las medidas en materia de inversiones relacionadas con el comercio dispone que se cumplan obligaciones existentes bajo el Gatt, de eliminación de restricciones cuantitativas, así como otras exigencias o facilidades concebidas en la medida de la integración nacional o de contenido local.

Estas medidas deben notificarse, y los países en desarrollo tienen un plazo de cinco años para eliminarlas, contados desde la fecha de entrada en vigor de la OMC.

Este acuerdo tiene consecuencias sobre el Estatuto Automotor.

Para Chile cobra singular importancia la aprobación del acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio, por tener una de las economías más abiertas del mundo y porque su tamaño y población, su participación en el comercio mundial es muy pequeña: sólo el 2 por ciento de las exportaciones totales corresponden a Chile, y el 3 por ciento de las importaciones. En consecuencia, no tiene peso para negociar exitosamente con las potencias industriales o con países de mayor participación en el comercio mundial, razón por la que resulta indispensable para nosotros el establecimiento de un marco normativo que sea respetado y que fije las reglas del juego del comercio internacional.

Espero que los grandes países industriales concurran a la aprobación del Acuerdo, especialmente Estados Unidos de América, porque, de no ser así, a partir del próximo año nos veríamos en una situación caótica, difícil de imaginar. En la actualidad, no significaría simplemente retroceder a 1986, sino que todos los Acuerdos que se han ido implementando en la negociación del Gatt, quedarían sin efecto. De esta manera, se produciría un verdadero descalabro en el comercio internacional. Espero que las autoridades del país del Norte sobre quienes recae la responsabilidad de tomar la decisión, estén plenamente conscientes de las consecuencias mundiales que produciría la elección del camino equivocado. No olvidemos que en el pasado el Congreso norteamericano rechazó la Carta de La Habana.

Finalmente, deseo señalar que la aceptación del Acuerdo no tiene un costo mayor para Chile, por cuanto la apertura de nuestra economía es superior a la exigida por el Gatt, siendo extraordinariamente fácil cumplir con sus disposiciones, porque nos autoimpusimos muchas de las normas propuestas.

Por lo tanto, los Diputados de Renovación Nacional, oyendo a un sinnúmero de representantes de organizaciones y gremios, quienes manifestaron unánimemente una opinión favorable al Acuerdo, anunciamos que votaremos por la aprobación del Acuerdo que establece la Organización Mundial del Comercio y lo anexos individualizados.

He dicho.

La señora MATTHEI.-

Creo que hemos estado estudiando con mucha diligencia este tema.

Señor Presidente, durante las dos últimas décadas, Chile ha hecho un esfuerzo inmenso, pionero y exitoso en materia de integración comercial.

Es indudable que, en su momento, el proceso provocó ajustes dolorosos en la estructura productiva, pero hoy nuestro modelo es imitado en muchos países en vías de desarrollo.

Lo más novedoso de nuestra estrategia de apertura es que fue hecha en forma unilateral y con todo el mundo. De esta manera, se evitaron las largas y complicadas negociaciones de integración a nivel regional, en que se trata de compensar las ventajas de los diversos países involucrados, que durante décadas habían dado pobrísimos resultados a nivel latinoamericano.

La apertura unilateral fue acompañada por un saneamiento generalizado de nuestra economía. Tal como lo recomienda la teoría económica. Se abolieron prácticamente todas las distorsiones que existían en nuestra economía, tales como controles y fijaciones de precios, derechos de importación prohibitivos, cuotas de importación y otras medidas paraarancelarias, subsidios a la producción o al consumo de bienes y servicios, etcétera.

Este brusco cambio en las reglas del juego llevaron a la quiebra a muchas industrias que dejaron de ser competitivas, mientras que otras tuvieron que incurrir en grandes costos para adaptarse a las nuevas circunstancias.

Al principio, esta apertura drástica y unilateral fue resistida por casi todos los sectores de la economía. Esa resistencia era comprensible, pues, a causa del cambio en la estructura productiva, la tasa de desempleo bordeó el 30 por ciento en algunos momentos. Pero el inmenso sacrificio en que incurrió nuestro país dio buenos frutos, y hoy nuestra economía es sana y tiene buenas perspectivas de crecimiento.

La conquista de mercados no ha estado exenta de problemas. Se han puesto cuotas a nuestras exportaciones; han intentado impedir o retrasar la entrada de nuestra producción agrícola a ciertos mercados bajo pretexto de normas mínimas de calidad o de presuntos problemas zoo o fitosanitarios, y muchos productos chilenos no pueden competir en condiciones de equidad en mercados en que existen alianzas comerciales que nos excluyen. También los productores nacionales que compiten con importaciones, en ocasiones se han visto seriamente perjudicados con la entrada masiva de productos subsidiados.

Las normas aprobadas en la Ronda Uruguay del Gatt vienen a poner orden en muchas de estas materias. A Chile no lo afectan en forma negativa prácticamente en nada, puesto que nuestro país hizo los ajustes e incurrió en los costos que de ellos se derivan hace ya muchos años. Por ello, los cambios que se requieren en la legislación interna para ajustarse a las nuevas normas del Gatt son mínimos. Su aprobación a nivel internacional sí beneficia a Chile, porque impedirá o limitará muchas prácticas que frenaban el acceso de nuestros productos a ciertos países u originaban la inundación de nuestro mercado con productos subsidiados.

De particular importancia resulta para nuestro país el acuerdo sobre la agricultura, que frenará los masivos subsidios en Europa y Estados Unidos, permitirá acudir a un árbitro cuando se invoquen medidas sanitarias o de calidad mínima para impedir el acceso de nuestros productos a ciertos mercados, y es plenamente compatible con la continuación de la política de bandas de precios.

Asimismo, debe hacerse especial mención a los esfuerzos por regular el comercio de servicios y por proteger los derechos de la propiedad intelectual, así como el establecimiento de un mecanismo de solución de controversias.

Un país pequeño como el nuestro, que ha optado por un modelo de desarrollo basado en el comercio internacional, obviamente tiene un poder restringido para negociar un trato justo y equitativo. Por ello, la mejor garantía a la que podemos acceder es una normativa internacional que asegure un comercio más libre y sin discriminaciones, con derechos razonables, claros y estables en el tiempo.

Es importante señalar que la estrategia de desarrollo, basada en el comercio internacional, no sólo beneficia a los empresarios que exportan. Al contrario, estudios de diversos economistas, entre los que sobresalen los de Anne Kruger , demuestran que países como Chile, que tienen una alta dotación de trabajadores no especializados y han sufrido crónicamente el desempleo, encuentran su mejor opción para eliminar la pobreza en una política de apertura comercial.

No debemos olvidar que el objetivo de la política económica es lograr una sociedad en que cada persona pueda optar a un trabajo estable y a un salario digno.

La estrategia a países del Asia Pacífico, es la que también permitirá a nuestro país triunfar en esa lucha.

Por todo ello, aprobaremos el Acuerdo de Marrakech originado en la Ronda Uruguay del Gatt.

Sin embargo, no debo dejar de mencionar un tema preocupante y estrechamente relacionado con el comercio internacional. En repetidas ocasiones hemos mencionado la baja del valor real del dólar como un problema que puede hacer peligrar nuestra estrategia de desarrollo.

Se habla de la necesidad de mejorar la productividad de los sectores exportadores; pero no hay mejora posible que pueda compensar una rebaja de 435 a 410 pesos en el valor del dólar en un año.

Hemos escuchado con profunda desazón el anuncio de que no se bajarán los aranceles.

Las razones que se dieron no son más que una pobre excusa.

En el sector agrícola se han perdido 40 mil empleos respecto de los mismos meses del año pasado. Hace dos años, en la época de las cosechas, los agricultores tenían que salir a buscar a los trabajadores. Hoy los temporeros hacen cola para conseguir trabajo.

De poco nos sirve que se abran los mercados internacionales, si el Gobierno sigue permitiendo que nuestros exportadores pierdan su competitividad por el bajo valor del dólar.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ávila .

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, cabe recordar que en las relaciones comerciales internacionales, una de las barreras que plantea restricciones a mayor cantidad de productos, es la que se genera por la violación de los derechos humanos.

Durante el gobierno de las Fuerzas Armadas, Estados Unidos quitó a Chile las preferencias arancelarias generalizadas, tarifa cero, a una elevada proporción de exportaciones nacionales a ese mercado, debido al atropello a los derechos laborales. Por esta razón, un sinnúmero de productos chilenos perdieron competitividad al tener que pagar impuestos de importación para ingresar a los Estados Unidos. Pese a que como país en desarrollo nos correspondía exención arancelaria, el Gatt no se opuso a esa medida unilateral.

Es útil no perder de vista que Chile recuperó las preferencias del esquema norteamericano al retornar a la democracia. El papel del Gatt es liberar al comercio de impurezas, como son las barreras comerciales, que causan distorsiones, impedimentos, discriminaciones, y retardo en el acceso a los mercados y, desde luego, impiden que prevalezca el libre juego de la oferta y la demanda.

Hasta la Ronda de Uruguay, cuyas negociaciones duraron siete años entre 125 países, que representan alrededor de un 90 por ciento del comercio mundial, la normativa que generó este convenio era incompleta e insuficiente.

Como lo ha considerado el propio Gatt , la Ronda Uruguay, constituye el mayor conjunto de medidas liberalizadoras del comercio en toda su historia. Los aranceles se reducen en más de un tercio; se eliminan obstáculos no arancelarios y se mejora el entorno competitivo, Queda claro que comercio significa más crecimiento, más inversiones y más trabajo.

Pese a sus debilidades, durante los 47 años del Gatt, el comercio ha crecido trece veces, gracias al establecimiento de normas multilaterales.

Las nuevas áreas en proceso de liberalización, complementarias con el comercio de mercancías, como los servicios, la propiedad intelectual, las inversiones, son básicas en la expansión que avizoran los nuevos tiempos. Ellas otorgan mayor seguridad, mejor acceso e inciden en el aumento del empleo, mejorando así las perspectivas de crecimiento de los países en desarrollo.

El acta final de la Ronda Uruguay, suscrita en Marrakech en abril de este año, pretendía que la nueva Organización Mundial del Comercio entrara en vigencia el 10 de enero de 1995, pero las ratificaciones al 15 de septiembre de este año, aún eran bajas. Veintiséis países habían firmado y ratificado; 81 países, entre ellos Chile, habían firmado con reserva la ratificación. No la han suscrito 18 países, entre los que se cuentan Estados Unidos, Italia y Japón , cuya participación es categóricamente decisiva para el éxito de la propuesta.

Estados unidos se encuentra en proceso de elecciones legislativas. Ello causa el inevitable retardo al proceso de ratificación, por cuanto éste es objeto de aprobación parlamentaria.

Consciente de los objetivos de Chile en el plano del comercio y el desarrollo, el partido por la Democracia está por ratificar estos acuerdos. Ellos guardan concordancia y poseen la misma sustentación normativa de la propuesta expresada en el Nafta. Esta última instancia dará lugar a un debate que se avecina. El mismo pondrá de relieve la importancia decisiva que tiene para Chile el acceder a mercados de tan vasta proyección al amparo de una institucionalidad concertada.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo .

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, en el poco tiempo que tenemos, quiero reafirmar el valor positivo de este acuerdo para el comercio de Chile y lamentar que un tema tan importante no haya tenido un debate como el que, quizás, merecía.

En el informe de la Comisión eché de menos algunos puntos, que voy a señalar.

En primer lugar, me habría gustado que el informe contara con un análisis del efecto previsible que tendrán estos Acuerdos cobre distintos sectores de la economía chilena, de tanta importancia como los sectores agrícola, textil, automotriz y de servicios. El informe señala, en cada caso, lo que puede ocurrir, a juicio del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero no hay un análisis pormenorizado del impacto que estos Acuerdos tendrán en esos sectores.

En segundo lugar, también desearía tener un cuadro de las ventajas que significarán estos Acuerdo para las exportaciones chilenas en sus principales mercados: Estados Unidos, Comunidad Europea, Japón y América Latina, por una razón bastante simple. Se nos dice por parte de algunos expertos, principalmente de la Comunidad Europea, que la entrada en vigencia de este acuerdo del Gatt, en lo que se refiere a las relaciones de Chile con esa comunidad, prácticamente, superará lo que podrían ser las ventajas de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. Quisiera saber si eso es efectivo, qué sectores se beneficiarán y cuál es el impacto que tendrá para las exportaciones chilenas.

Por último, hay un tema de gran relevancia en este tratado. En verdad, se modifican numerosos cuerpos legales que han sido aprobados por este Parlamento. Y nosotros, al conocer este Acuerdo, sólo podemos aprobarlo o rechazarlo, sin introducirle modificaciones. Esto debe llevarnos a revisar el papel que le cabe al Congreso Nacional en la discusión de los Acuerdos de libre comercio, el cual es extremadamente pasivo porque nos limitamos a decir sí o no. Por ello, cuando tratemos las reformas constitucionales, debiéramos revisar el papel que le compete al Parlamento cuando se discuten tratados de libre comercio.

En ese sentido, aquí se cambian normas muy importantes de legislación interna. Me refiero a la imposibilidad -como decía el Diputado Estévez- de que se prorrogue la vigencia de la Ley Automotriz y de la Ley de Propiedad Intelectual, que tanto debatimos años atrás en esta misma Sala.

Quiero consultar al Diputado informante, o a los asesores del Ministerio, qué va a pasar en materia de legislación interna cuando entren en vigencia estos Acuerdos y, por otra parte, el Gobierno de Chile y el Parlamento no hayan introducido los cambios de legislación interna que se requieren, porque con la sola ratificación del Congreso, ésta pasa a ser ley de la República y tiene preeminencia sobre la legislación interna. Además, es posterior a las que se modifican. Sin embargo, habrá un lapso en que el Congreso no va a tener posibilidad de pronunciarse sobre estos cambios específicos.

Señor Presidente, por su intermedio deseo consultar a qué legislación se van a tener los tribunales y los particulares. Habría sido interesante que el Ministerio nos hubiera entregado un anexo señalando cuáles son los artículos de las distintas leyes que deberán ser modificados.

Por último, quiero formular dos preguntas al Diputado informante. En las páginas 30 y 31 del informe figuran unos párrafos que se refieren a ciertas restricciones que el Gobierno de Chile asumiría respecto del aumento de tasas a las importaciones. En verdad, el segundo inciso de la letra b), que dice: “Lo señalado significa que la incorporación de estos Acuerdos al orden jurídico interno modificaría tácitamente la referida norma legal, en la medida en que las sobretasas del 15%, 18% y 20% pasarán a ser, por regla general, inaplicables.”, no es de suficiente claridad. No se explica con precisión a qué importaciones se refiere. Además, en el párrafo anterior hay una referencia a importaciones de productos agrícolas.

Queremos saber si esas restricciones se refieren a todo tipo de importaciones o a cuáles en particular.

Por último, no queda claro del informe de la Comisión por qué no se integra Chile a los acuerdos plurilaterales, que son un anexo de los acuerdos de Marrakech. Simplemente se dice que se estima que el Gobierno de Chile no debe adherir a ellos y, por tanto, el Parlamento no debe pronunciarse sobre el particular.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Leay .

El señor LEAY.-

Señor Presidente, me hubiese gustado dar respuesta a algunas de las inquietudes y de las consultas del Diputado señor Viera-Gallo , y también que el debate del proyecto hubiese sido mucho más extenso, dada la variedad e importancia de las materias que trata. El solo tenor de las consultas del señor Diputado amerita haber tenido un análisis más denso.

A pesar de que no puedo responder muchas de esas inquietudes, debido a que sólo cuento con cinco minutos, quiero señalar algunos elementos que, a nuestro juicio, son importantes.

Las negociaciones de la Ronda de Uruguay, que son negociaciones comerciales multilaterales, responden a la voluntad de la comunidad internacional de hacer frente a los problemas y tensiones que de manera creciente han erosionado el sistema multilateral de comercio.

El propósito de la Ronda de Uruguay fue revertir el proteccionismo, caracterizado por la aplicación de medidas unilaterales, en muchos casos incluso discriminatorias. La liberación del comercio fue el gran objetivo. Para ello, es necesario mejorar las condiciones de acceso a los mercados y las reglas del juego para protegerlas; prevenir el recurso de acciones unilaterales fuera del marco jurídico del sistema; fortalecer las reglas y disciplinas del mismo, y restaurar el consenso multilateral que sustentan dichas reglas. De esa forma, podremos también ir logrando que exista un comercio abierto en todos los países del mundo.

Los principales componentes de la Ronda Uruguay fueron un paquete de acceso a los mercados; la integración de sectores como la agricultura, textiles y vestuario a las normas del Gatt; la cobertura de nuevos temas en el comercio internacional, tales como los derechos de propiedad intelectual, el comercio internacional de servicios y el acuerdo de continuar con el programa de trabajo relacionado con el medio ambiente, políticas de inversión y competencias.

La creación del comercio y del sistema de integración de solución de diferencias también fue otro punto importante.

El Gatt ha cumplido una etapa fundamental. A partir del próximo año se crea la Organización Mundial del Comercio, que es el vehículo que garantiza los resultados de la Ronda Uruguay, cuyos acuerdos se adoptan como un todo. Ser miembros de la Organización Mundial del Comercio implica la aceptación de los resultados de toda la Ronda Uruguay; no se puede escoger una cosa u otra. Es el conjunto de 18 acuerdos, que hoy estamos analizando en esta Sala.

Las funciones de la Organización Mundial del Comercio son facilitar la administración y el funcionamiento común del acuerdo; establecer el marco de aplicación, administración y funcionamiento en los acuerdos comerciales, y servir de foro para las negociaciones comerciales entre sus miembros.

Dentro de los temas de los 18 acuerdos que hoy tratamos en esta Sala, quiero hacer mención, por lo corto del tiempo, a la agricultura. Como se ha dicho, por primera vez la agricultura ingresa al tema comercial multilateral, lo cual es muy importante, porque los acuerdos en esta materia apuntan a cuatro aspectos relevantes.

Primero, la conversión de medidas no arancelarias en aranceles. Ese es un primer objetivo. Segundo, que existan compromisos en las esferas de acceso a los mercados en materia agrícola; tercero, compromisos en la reducción de la ayuda interna y subsidio a las exportaciones y, finalmente, se busca la aplicación de un acuerdo de medidas sanitarias o fitosanitarias, convertidas en barreras no arancelarias que, sin lugar a dudas, han influido gravemente en el comercio de la agricultura.

Un segundo tema, al cual quiero hacer especial mención, es el acuerdo sobre los textiles y el vestuario. En una primera etapa el acuerdo contempla que en un período de transición de 10 años en el comercio internacional del sector se irán eliminando todas las restricciones aplicadas en el marco del Acuerdo Multiftbras, firmado por varios países del mundo.

Además, permite que todas estas restricciones vayan eliminándose en una etapa escalonada. En el caso de Chile, que no es miembro del acuerdo Multifibras , le otorga un plazo de seis meses para notificar si desea o no reservarse el derecho de aplicar mecanismos de salvaguardias.

Un tercer elemento importante es el acuerdo sobre los antidumping. Las modificaciones de la Ronda Uruguay en esta materia no constituyen, a nuestro juicio, un avance serio en ella en cuanto a la limitación del uso de este instrumento como una barrera del comercio. No obstante, consideramos que sí hay un adelanto.

En cuanto al acuerdo sobre normas de origen, creemos que más bien se trata de un acuerdo de carácter declarativo. Es de suma importancia que en los países en desarrollo, como el nuestro, dado que las reglas de origen se han transformado en una barrera del comercio, ellas sean disposiciones de origen que operan como cuotas de importación al establecer exigencias sobre contenido local, como la transformación substancial o el salto arancelario. El acuerdo procura armonizar las reglas de origen para el comercio no preferencial, utilizando, en lo posible, el criterio del salto arancelario.

Creemos importante referirnos al acuerdo de salvaguardias. Como se sabe, el Gatt autoriza y ha autorizado a sus miembros para adoptar medidas de salvaguardias, a fin de proteger una determinada rama de la producción nacional de un aumento imprevisto de las importaciones de cualquier producto que cause o pueda causar un grave perjuicio a dicha rama de producción.

La aplicación práctica presentaba diversos problemas, porque no había plazos de duración de las medidas, afectaba a todas las importaciones y establecía la posibilidad de que la parte perjudicada solicitara la compensación y el menoscabo.

Las nuevas fórmulas buscan hacerlo más operativo, para aplicar medidas y eliminarse lo que se ha denominado “zona gris”; además, terminar con ciertas disciplinas poco transparentes y muy discriminatorias.

Por último, consideramos que se ha dado un paso importante con el acuerdo sobre comercio de servicios. Si bien aún es débil y debiera profundizarse, abre nuevas expectativas en un rubro altamente creciente para los países latinoamericanos.

Nuestro país fue el primero en América Latina que redujo aranceles y fomentó un amplio acuerdo internacional para estimular el comercio abierto mediante la eliminación sistemática de las barreras de comercio.

El actual debate de la Ronda Uruguay del Gatt, se concentra especialmente en sus méritos económicos. Sin lugar a dudas, él ha ayudado a unir al mundo por sus vínculos comerciales. Hoy es un mundo que se encamina con fuerza hacia el crecimiento económico.

El Gatt, que pasa a ser hoy la organización mundial del comercio, ha permitido mayor estabilidad a las economías, especialmente a las de países en desarrollo como el nuestro. Ha permitido aplicar condiciones políticas internas de cada país y, paralelamente, ha posibilitado que los países negocien sus intereses económicos en un marco jurídico general. Así, se han evitado restricciones al comercio. El Gatt ha sido un buen instrumento para que países pequeños representen sus intereses frente a los grandes, razones de sobra para que Chile le dé su respaldo.

El Gatt ha sido el instrumento jurídico internacional de la apertura comercial de los países. La Organización Mundial del Comercio continúa en la misma dirección y perfecciona e intensifica los instrumentos económicos.

Chile debe seguir siendo pionero en estas materias, y no dudo de que la aprobación de la Ronda Uruguay y la integración de Chile en la Organización Mundial del Comercio será de gran beneficio económico y seguirá en la línea correcta que comenzó hace diez años en la economía chilena.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Con la venia de la Sala ofrezco la palabra al Diputado informante para que responda las numerosas consultas que se han formulado.

Luego, se procederá a votar el proyecto.

Tiene la palabra el Diputado señor Estévez .

El señor ESTÉVEZ.-

Señor Presidente, todas las consultas que se han formulado pueden tener respuestas, aun cuando algunas ya están en el informe.

Desde el punto de vista jurídico, el Ministerio de Relaciones Exteriores, entregó un listado de las consecuencias que este Acuerdo tiene sobre la legislación nacional.

En mi calidad de Presidente de la Comisión Especial del Gatt, solicité el mismo trabajo a la Biblioteca del Congreso Nacional la cual, en verdad tiene un excelente sistema computacional respecto de las leyes, pero no posee la infraestructura suficiente para responder una pregunta compleja como ésta en el plazo breve en que lo necesitábamos. Es un problema nuestro, relacionado con otros temas que el señor Presidente precisó en su discurso inaugural el día en que asumió el cargo. Espero que podamos establecer un sistema más expedito y autónomo de información para los Diputados y para las propias Comisiones.

En todo caso. Cabe precisar que al aprobarse por la Cámara y el Senado el acuerdo del Gatt, con todos sus anexos, pasa a tener el imperio legal que aquí se ha señalado, es decir a ser una obligación legal en nuestro país.

En algunos aspectos esto choca con las leyes vigentes, pero en diversas áreas, que las fui mencionando, hay plazos para acogerse a estas medidas. Por ejemplo, el Estatuto Automotor es contradictorio con los acuerdos del Gatt. Sin embargo, dicho Acuerdo General le da a Chile cinco años para imponer esas nuevas normas, pero la ley actual expira antes de ese plazo. Desde tal punto de vista no hay colisión; simplemente sigue vigente el Estatuto Automotor hasta el día en que expira, pero se restringe nuestra libertad para promulgar una nueva ley al respecto.

Lo mismo sucede con el derecho de reintegros simplificados a exportadores. Está norma, como está actualmente convenida, choca con la nueva normativa del Gatt, pero el 1° de enero seguirá vigente el actual sistema de reintegro simplificado, y aunque el Gatt constituya ley, va a continuar vigente la nuestra, porque tenemos ocho años para adaptar nuestra legislación. Por cierto, si al cabo de ese período no hubiera una nueva ley, se originaría un problema jurídico, ya que se podría apelar ante los tribunales. Naturalmente, nuestra ley estaría derogada en forma implícita y, por ende, los tribunales tendrían que saber qué cuerpo legal debería imperar.

En cada uno de los ámbitos en que colisionan nuestra actual legislación y la del Gatt, se nos han definido plazos, de cinco u ocho años, dentro de los cuales tenemos que aprobar leyes sobre la base de la nueva normativa. Si no lo hiciéramos, al expirar dichos plazos se produciría un efecto en nuestra legislación.

Esto, con dos salvedades; la primera se refiere a la legislación antidumping -entra en vigencia el 1° de enero; no está considerado un período de gracia para que los países se adapten a ella-, que choca con nuestra actual legislación de la Comisión Antidistorsiones, tanto en los procedimientos como en los plazos. Esta es la única materia en que -a partir del 1° de enero- al ratificarse este Acuerdo, habrá dualidad y va a haber imperio, por el sentido del Acuerdo internacional que estamos ratificando, de esta nueva legislación, contradictoria con nuestras normas para el funcionamiento de la Comisión Antidistorsiones.

Por eso, es de esperar que a la brevedad tengamos del Ejecutivo una propuesta de ley que, por una parte, readecue, por ejemplo, los plazos y las normas; y, por la otra, cree un tribunal independiente ante el cual pueda apelar el afectado. En la actualidad, nuestra Comisión Antidistorsiones propone al Presidente de la República, quien resuelve ya sea acogiendo o rechazando su proposición, pero ella no constituye un tribunal autónomo del ente administrativo ante la cual pueda apelar la parte que se vio afectada. Esta situación será resuelta por un tribunal de justicia o una entidad administrativa. Aquí no existe libertad para ello. No estamos condicionados por el Gatt en esta materia; pero debe haber alguna instancia imparcial respecto de la entidad que tomó la decisión ante la cual pueda apelar el extranjero o el proveedor que se sienta afectado.

Se supone, ya que estos cambios no sólo afectan a Chile, que pese a que no hay un período de vigencia, en la práctica habrá cierto tiempo de espera, materia, como resalté, en la que caeríamos en contradicción.

También se ha preguntado sobre las sobretasas. El Acuerdo del Gatt establece las posibilidades de salvaguardia que, según nuestra legislación orgánica, no rigen, porque el país ha renunciado a ejercer cuotas; pero si cambiáramos de criterio y la ley orgánica respectiva, podríamos tener salvaguardias sin que el Gatt lo impidiera. Es decisión de Chile, basada en una ley orgánica constitucional, no fijar cuotas al libre comercio.

Usualmente, Chile ocupa el sistema de la colocación de sobretasas. Lo que ocurre es muy simple -explico el sentido del párrafo al Diputado señor Viera-Gallo -. Nosotros nos hemos comprometido con el Gatt a tener un arancel que no exceda de 25 por ciento, salvo en los productos agrícolas y la leche, que tienen bandas de precio, respecto de los cuales nos hemos comprometido con un arancel que no exceda el 31,5 por ciento. Como nuestro arancel hoy es de 11, no 31,5 por ciento, no estamos obligados a un arancel uniforme y parejo. En cualquier materia en que lo estimemos necesario, podemos decir que el arancel es de 25 por ciento; es decir, le colocamos una sobretasa de 14 por ciento. Eso no requiere ninguna justificación ante el Gatt, como en las medidas antidumping o de salvaguardia. No tenemos que fundamentar nada. En el momento en que lo estime conveniente Chile es libre de aplicar un arancel de 25 por ciento, y en los casos que he mencionado, de 31,5. Como el arancel efectivo es 11, en cualquier momento, por decisión administrativa, podemos decir, por ejemplo, que para las parkas o las mochilas el arancel va a ser 25. Nadie nos puede objetar eso dentro del Gatt. En ese sentido, le limita el monto de la sobretasa. La actual ley permite sobretasas también de 15, 16 ó 18 por ciento. Eso es lo que queda inaplicable, porque no podemos sumar entre el arancel y la tasa más de 25 por ciento. Pero, si el día de mañana, por ejemplo, como ha salido en un periódico nacional, se acordara por ley de la República bajar los aranceles de 11 a 9, seguimos en el Gatt con 25 y, por tanto, la sobretasa podría ser, nuevamente, hasta 25. No sé si he sido claro. Tenemos reservado en el Gatt un techo para nuestro arancel, que es 25 por ciento promedio y 31,5 por ciento en los productos que tienen bandas de precio agrícola y los lácteos. 50 por ciento adicional para las cosas usadas. Podemos colocar a estos productos topes que el país tiene.

Respecto de los convenios plurilaterales sucede que no son convenientes para Chile, porque fijan, por ejemplo, precios mínimos de exportación de la leche. No hay ninguna razón para que Chile se coloque a sí mismo un precio mínimo de exportación de leche, porque no es un tema relevante para nuestro país.

Lo mismo sucede con el convenio sobre la fabricación de aeronaves. No tenemos por qué limitarnos en su eventual fabricación. No obtendríamos ningún beneficio adicional en esos convenios que, naturalmente, podrían tratarse por separado.

Muy sintéticamente, respondo a otra consulta que varios colegas me han expresado: si esto va a ser letra muerta o hay un imperio jurídico para que se aplique. Evidentemente, como sucede también con las normas jurídicas internas del país, muchas veces el poder económico sobrepasa la juridicidad. Es un hecho de la vida contra el cual se lucha al establecer un sistema jurídico. Obviamente, el nuevo sistema del Gatt va a ser más imperativo que el anterior. No quiere decir que una gran potencia económica no pueda “torcerle la nariz” a la ley, pero será más imperativo, principalmente, porque -como muy bien dijo el Diputado señor Munizaga en su intervención- en el sistema de solución de controversias se cambian las reglas de unanimidad. Es decir, si hay una controversia entre dos países, ésta se lleva a un panel de expertos, el cual opina sobre la aplicación de tales y cuáles medidas. En la actual normativa, basta con que un país se oponga para que no haya consenso en la solución del panel de expertos. Ahora esto se invierte. Tendría que haber consenso en la no aplicación; es decir, cuando dicho panel propone una solución al diferendo entre dos países, ya no importa que el país afectado se oponga, dado que tendría que haber unanimidad para desconocer el panel; de lo contrario, esto se convierte en imperativo. En la práctica, estas controversias han sido acatadas, salvo en el pasado, en el caso agrícola, porque las normas eran ambiguas y poco claras. Ahora tendrían también carácter imperativo. Evidentemente, hemos recurrido con éxito a estos paneles de expertos, incluso en el caso de las manzanas europeas.

Señor Presidente, nadie puede anticipar que todas estas normas serán de estricta aplicación. Pero es indudable que se mejora el imperio de la ley internacional; se hace más difícil no cumplirlas, y es mucho más probable que ahora estemos en condiciones de hacerlo. En todo caso, siempre existe el recurso de retirarle las concesiones o beneficios al infractor. Si un país, por ejemplo, se negara a aceptar nuestra exportación de blue jeans -y lo digo porque es un ejemplo de algo que podría ocurrir- y nos aplicara una cuota, nosotros podríamos negarle a ese país el reconocimiento de la propiedad intelectual y de sus patentes. Estaríamos autorizados por el Gatt para “retaliar” al país que nos aplicara una norma restrictiva distinta. Esos son los mecanismos de protección que estamos teniendo.

Es todo cuanto quería agregar.

He dicho.

El señor SOTA (Presidente).-

Si le parece a la Sala, podríamos aprobar el proyecto de acuerdo por unanimidad.

El señor ÁLVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente: Nos encontramos hoy discutiendo un trascendental acuerdo que se refiere a los aranceles aduaneros.

La importancia del Gatt es que todos los países que lo suscriban deberán someterse a normas comunes y dejar de lado medidas indirectas de protección a sus productos que perjudican a países como el nuestro que han implementado en forma leal un sistema de libre comercio.

Los temas principales consignados por el tratado dicen relación con negociaciones arancelarias y diversos acuerdos sobre agricultura, obstáculos a inversiones relacionadas con el comercio, medidas “antidumping” o para enfrentar la competencia desleal, medidas aduaneras, normas de origen, licencias de importación, subvenciones y medidas compensatorias, salvaguardias, comercio de servicios, solución de diferencias, mecanismos de examen de las políticas comerciales y propiedad intelectual.

Después del colapso económico, político, social e institucional de 1973, Chile entró en una etapa de profundas reformas estructurales en su economía.

Se transitó en forma rápida y drástica de una economía absolutamente centralizada a una economía social de mercado, con amplia apertura comercial al exterior.

Producto de lo anterior, los empresarios de nuestro país en los últimos años han debido enfrentar una lucha sin cuartel en contra, ya no de los productores extranjeros, sino que contra los Estados que asumen la protección de ellos como política habitual.

Para nuestra economía respaldar estos acuerdos resulta fundamental para garantizar y permitir continuar con la liberación del comercio mundial que es el principio que inspira al Gatt y cuya consecuencia será la creación de la O.M.C.

Nuestro país debe tener como uno de sus objetivos primordiales en materia económica el derribar las barreras del proteccionismo y hacer que las declaraciones líricas de los demás países en favor del libre comercio, se transformen en normas efectivas y que las maniobras desleales que muchos ocupan no tengan lugar en el deseado libre intercambio de mercaderías y productos.

Señor Presidente, quiero referirme en forma muy resumida a algunos efectos que la suscripción de este acuerdo traerá para la agricultura, que es aquel sector que precisamente por una falta de regulación y de una política de estado, ha sufrido los mayores daños por las distorsiones del comercio internacional.

Chile debido a las condiciones generadas por el gobierno militar, fue capaz de crear un entorno macroeconómico tan favorable que hizo compatible que nos constituyamos en el país más abierto del mundo, a la importación de productos agropecuarios y forestales y mostrarnos, al mismo tiempo, un impresionante desarrollo del sector; transformándose así, en un caso inédito en la historia del comercio agrícola internacional.

Por otra parte, el que nos preocupemos en forma prioritaria de la agricultura en esta Cámara es un ineludible deber, ya que el actual gobierno en su fracasada negociación del nafta, y señaló que los productores agrícolas eran el sector perdedor y no mostró mayor sensibilidad frente al problema.

Bien, con respecto a la agricultura y el Gatt me parece conveniente resaltar los siguientes 4 temas:

I.- Bandas de Precios: En este caso es necesario dejar en claro que las bandas de precios dado su mecanismo no implican subsidios de ningún tipo, por ello más que restringirse deberían ampliarse, es decir además de trigo, oleaginosas y azúcar, Debe incluirse arroz, maíz y cebada.

El acuerdo Gatt establece un arancel 31,5% a la importación de productos agrícolas y dado que Chile sólo tiene un 11% el margen exigente permite establecer bandas de precios para productos básicos, que tienen fuerte competencia externa, incluso las bandas de precio pueden ser mejoradas en sus valores.

La aprobación de este acuerdo comercial es compatible con lo que hemos venido solicitando al gobierno desde hace mucho tiempo, que es la ampliación a otros productos del sistema de bandas de precios que hasta hoy no hemos conseguido.

II.- Reintegros por Exportaciones: Que no son otra cosa que estímulos a las exportaciones no tradicionales mediante la devolución del 10% por parte del Banco Central a quienes la realizan.

En este caso muchos exportadores pudieran verse perjudicados. Porque este Acuerdo elimina los reintegros. En consecuencia, el beneficio neto radica en que los demás países que también otorgan reintegros muy superiores al 10% deberán eliminarlos.

III.- Valores Aduaneros Mínimos: Estos aranceles específicos para productos con subsidios explícitos o evidentes.

En Chile es el caso de la leche en polvo proveniente de la Comunidad Económica Europea, que tiene un arancel de U$ 1.800.- dólares por tonelada para ingresar al país.

Este arancel mediante la suscripción de este acuerdo se eliminará paulatina y gradualmente de aquí a cinco años, que es el tiempo que mediará entre la aprobación y la entrada en vigor de sus disposiciones. Si bien pudiera parecer negativo para nuestros lecheros se compensara con la eliminación de los subsidios que tendrán que efectuar los países desarrollados productores de leche, cuyas bonificaciones por este concepto son altísimas.

Lo anterior determinará para los productores extranjeros una alza en sus costos y la obligación de competir en condiciones con nuestros agricultores. E incluso favorecerá la exportación de mayor igualdad de algunos productos lácteos nacionales.

IV.- Decreto Ley 701: Este es una bonificación a los costos de forestación y manejo de plantaciones efectuadas en terrenos sin aptitud agrícola o ganadera, vigente por más de dos décadas y que ha permitido que nuestra industria forestal, sea una de las más desarrolladas del mundo y que además ha sido determinante para la incorporación de miles de hectáreas de nuestro territorio a cultivos productivos. No deberían verse afectado ni derogarse por las normas del Gatt, porque no es un subsidio a la producción ni elaboración de maderas. Por lo tanto en este caso, incluso parecería conveniente extender en el futuro los beneficios del Decreto Ley N° 701, a los suelos ganaderos, cuestión que permitiría la rápida forestación en la zona centro sur de nuestro país, ayudando a crear un mercado con precios razonables para este tipo de tierras.

Por último, señor Presidente quiero señalar que la profunda crisis en que se halla nuestra agricultura en la actualidad es producto de que ella se encuentra sometida al arancel común y parejo de todas las actividades, sin ningún tipo de subsidios a la producción agrícola ni a los productores, salvo la leche en donde hay una política de comercio desleal por parte de la Comunidad Económica Europea. El único mecanismo aplicable para impedir el daño que provocan a productores y consumidores las bruscas fluctuaciones de precios de los mercados internacionales es el de las bandas de precios para ciertos productos, las que no implican subsidios y son aceptados por las normas del Gatt.

Con la conciencia de no aprobar ni una sola medida que dañe la agricultura de nuestro país, manifiesto nuestro voto favorable a este proyecto.

He dicho.

El señor KUSCHEL.-

Señor Presidente, deseamos expresar nuestra aprobación al informe del proyecto de acuerdo aprobatorio del Acuerdo Constitutivo de la Organización Mundial del Comercio, suscrito el 15 de abril de éste año en Marruecos, al término de la Octava Ronda de Negociaciones multilaterales del Gatt.

Esperamos que efectivamente nuestro país siga avanzando y efectuando en su legislación interna las modificaciones correspondientes, tal como venimos haciéndolo en los últimos 21 años.

También esperamos que el resto del mundo, especialmente los países y las agrupaciones de países que colaboran al libre comercio, no solo sigan pregonando sino poniendo en práctica medidas de apertura real. Deseo solicitar a nuestra Cancillería seguir insistiendo en los foros del mundo, especialmente los que llegan a los oídos de las grandes potencias económicas actuales, acerca de la importancia que tiene el verdadero y leal libre comercio para el progreso y bienestar de los habitantes del mundo entero.

He dicho.