Labor Parlamentaria

El señor URRUTIA (don Raúl).-

Señor Presidente, el proyecto tiene mucha trascendencia, como lo expresaron ayer los señores Diputados que hicieron uso de la palabra; pero me preocupan los artículos 8o y 9°.

El artículo 8° dispone la obligatoriedad de toda administradora de someter a la aprobación del Servicio Nacional del Consumidor los modelos de los contratos de adhesión. En verdad, si bien es importante que exista el resguardo de la Superintendencia de Valores y Seguros, no es menos cierto que existe la posibilidad de que las personas naturales puedan hacerles modificaciones que les sean más favorables para la obtención de los préstamos. Todo ello sobre la base de la autonomía y voluntad y de lo que establece el artículo 1445 del Código Civil, que señala que los contratos son ley para las partes contratantes. Por lo tanto, en uso de la autonomía y la voluntad, se podría celebrar un contrato distinto al de adhesión registrado.

El inciso primero es particularmente restrictivo porque impediría a las personas naturales, incluso a las personas jurídicas, modificar los contratos celebrados con estas sociedades anónimas.

En segundo lugar, su penúltimo inciso establece que en las reclamaciones que se hagan en relación a estos contratos va a ser oído previamente el Servicio Nacional del Consumidor, el cual "deberá evacuar su informe dentro del plazo de diez días hábiles contado desde la recepción de la comunicación del tribunal, la que se notificará por cédula, acompañando copia íntegra de la reclamación. Para estos efectos, los días sábados serán considerados inhábiles."

Y agrega el inciso final: "Si el tribunal rechazare total o parcialmente la reclamación, ordenará lo pertinente para subsanar los defectos del proyecto de contrato sometido a su examen, bajo apercibimiento de prohibir su aplicación por el reclamante."

Me preocupa que este tribunal conozca en única instancia las reclamaciones y deje sin posibilidad a las partes litigantes de una segunda instancia para revisar el fallo a quo. Considero que no se puede limitar el derecho de las personas de recurrir a un tribunal superior, a un tribunal de alzada, para que pueda revisar la sentencia que se emita. A través de una sola instancia en un proceso de esta naturaleza se podrían afectar derechos, por lo cual sería necesario y conveniente considerar un juicio sumario y la posibilidad de llegar a la corte de apelaciones respectiva y de hacer uso de todos los recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, que la ley y la Constitución establecen. De esta manera se resguardaría en forma fehaciente la aplicación con exactitud del derecho.

Con el artículo 9° da la impresión de que al Servicio Nacional del Consumidor no sólo se le faculta para fiscalizar los contratos y el efectivo cumplimiento de la ley por las sociedades que otorgan los créditos ante los reclamos que puedan hacer los consumidores, sino que también se le entrega la posibilidad de constituirse en una instancia jurisdiccional, a través de una serie de facultades propias de los tribunales de justicia.

Si mal no recuerdo, la Constitución Política expresamente señala que estas materias deben ser conocidas exclusivamente por los tribunales de justicia. Por lo tanto, la norma que concede facultades jurisdiccionales al Servicio Nacional del Consumidor podría ser inconstitucional, ya que, incluso, se le entregan facultades para llegar a avenimientos. En el fondo, el proyecto de ley transforma al Servicio Nacional del Consumidor en un árbitro -sin saber si será de derecho o arbitrador- al entregarle materias jurisdiccionales que, de acuerdo con la Constitución, corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia.

El Sernac cumple funciones expresamente establecidas en la ley, y no debemos entregar facultades jurisdiccionales a un servicio público si existe un Poder Judicial autónomo encargado de administrar justicia y de resolver las controversias que se produzcan entre los particulares.

Por estas razones, en el segundo trámite reglamentario sería necesario que la Comisión conociera estos antecedentes y, con mucho gusto, concurriré para formular las indicaciones pertinentes.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, en esta oportunidad voy a dar lectura a un discurso del Diputado señor Ramón Pérez Opazo, quien, como miembro de la Comisión de Economía, ha participado activamente en este proyecto y, por razones de salud, hoy no está presente en la Sala. Creo que su intervención, será un gran aporte a este debate.

"El proyecto sobre administración de fondos de terceros busca regular el contrato de adquisición de bienes muebles y se suma al proyecto contenido en el boletín N° 1066, también de origen parlamentario. Ambas iniciativas pretenden que la realización de esta actividad la efectúen personas- que se constituyan para tales efectos.

"Actualmente, quien lo desee puede organizar un grupo de personas, quienes, pagando cuotas mensuales y a través de sorteos o adjudicaciones, pueden tener la posibilidad de acceder al capital necesario para comprar un bien mueble. Sin embargo, esta situación permisiva ha sido mal usada por algunos organizadores de estos grupos, afectando a personas que, por desconocimiento o ingenuidad, han sido engañadas por algunas administradoras de fondos de terceros.

"Estas asociaciones, tal como están operando, ofrecen créditos de rápida aprobación, pero no los otorgan, pues carecen de capital propio y sólo funcionan con los fondos de los asociados. Verbalmente, se ofrece la entrega del bien a que opta el asociado, en forma inmediata o a breve plazo, en tanto que, de acuerdo con el' sistema, las entregas pueden hacerse en un plazo de hasta cinco años.

"Existe un número importante de denuncias presentadas en diferentes juzgados del país a raíz de la aparición de empresas brujas, las cuales, con falaces argumentos, han reunido fondos de terceros con un determinado nombre de fantasía, para desaparecer posteriormente. Sin embargo, reaparecen en otras regiones, con otros nombres, pero con las mismas extrañas intenciones.

"Sin ir más lejos, entre enero y mayo de este año han sido presentadas 84 denuncias por estafa y usura en contra de 18 administradoras de fondos de terceros ante los tribunales de justicia de la Región Metropolitana. En abril de este año, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos intervino en favor de 28 afectados por una de estas empresas dedicadas al rubro de automóviles, ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, y para qué hablar de las reclamaciones por publicidad engañosa, que alcanzan al 30 por ciento de las denuncias.

"La opinión pública exige que los parlamentarios legislemos con el fin de controlar los manejos de estas administradoras que efectúan operaciones dolosas amparadas en la famosa letra chica de los contratos -situación que hoy se está modificando- y aprovechando resquicios legales estipulados en los mismos.

"El proyecto pretende reservar el giro de administrar los fondos de terceros a personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas especiales, inscritas en el Registro de Valores y sujetas a la fiscalización de la Superintendencia de Valores y Seguros, actuando además, el Sernac, como órgano colabador. De esta manera, se podrá sancionar legalmente a las mencionadas personerías cuando incurran en alguna falta grave y violen la normativa vigente. El giro de estas empresas será determinado por la ley que regula el contrato de adquisición de bienes muebles, cuyo proyecto se encuentra radicado en esta Corporación, razón por la cual no se hace presente tal situación en la iniciativa en estudio.

"Señor Presidente, la protección adecuada del público justifica plenamente la presentación del proyecto, por cuanto la existencia y funcionamiento de las instituciones que en el giro de estos negocios capten dineros o ahorros, deben demostrar una real solvencia y responsabilidad para asegurar el éxito del sistema.

"En nuestra legislación existen disposiciones generales que tienen aplicación, pero son insuficientes, provocando la indefensión de muchos chilenos burlados por algunos inescrupulosos, razón por la cual estimo indispensable que establezcamos reglas claras sobre la materia, entregando las herramientas necesarias a la población para resguardar sus intereses.

"Estoy seguro de que este proyecto, más que regular el funcionamiento de las administradoras de fondos de terceros, posibilitará que las personas interesadas en adquirir un bien mueble por esta vía encuentren realmente en ellas una fórmula eficaz y honesta para lograr ese objetivo, y no un arma de doble filo que, al final, podría transformarse en una pesadilla para los afectados.

"Por tal motivo, los parlamentarios de Renovación Nacional votaremos favorablemente la iniciativa.

He dicho".

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Roberto León.

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, este proyecto viene a solucionar un problema que en la actualidad es muy serio, especialmente en provincias.

Las administradoras de fondos de terceros están garantizadas constitucionalmente dentro del mercado nacional como una actividad lícita. Creo que es un buen medio para que las personas, por la vía del crédito cómodo, puedan acceder principalmente a la adquisición de bienes muebles. Ha sido tan útil el sistema que muchas personas de escasos recursos se han incorporado a estos planes, pero ha sido tanta la gente interesada en él que no han faltado quienes lo consideran un buen negocio para ganar plata ilícitamente.

En la Comisión de Economía nos informaron que muchas veces ex empleados de empresas solventes creen que un buen camino para engañar a la gente es buscar una oficina chica y ofrecer un plan rentable con todo tipo de garantías, al menor costo. Sin embargo, después de que se les da la confianza, cierran las oficinas, desparecen y los ahorrantes pierden su dinero. Lo más terrible es que los afectados no saben a quién recurrir.

Entonces, por la vía de las normas comunes del Código Penal, viene toda una búsqueda de los delitos que se tipifican, muchas veces, para tratar de recuperar cuotas muy modestas.

Desgraciadamente, la gente que se dedica a estafar de esta manera ha tenido éxito, porque a pesar de que llevan operando hace varios años, las denuncias que han logrado sanción son muy pocas.

Por eso, fue una gran idea proponer esta iniciativa, porque permite mantener esta actividad, pero con ciertos requisitos que garanticén a la comunidad que estamos en presencia de organizaciones serias legalmente bien constituidas, fiscalizadas por la Superintendencia de Sociedades Anónimas, con una garantía económica de respaldo, de manera que el ahorrante pueda confiar sus dineros a estos programas.

Esto es un gran avance en lo que hoy existe. El hecho de establecer la obligación de que los contratos de adhesión sean visados por el Sernac dará garantías a la gente respecto de la letra chica.

Tengo la esperanza de que el proyecto que permite eliminar la letra chica, actualmente en tramitación en el Parlamento, complemente estas normas, de manera que cuando esta iniciativa sea realidad, la gente pueda suscribir un contrato al amparo de las normas garantizadas por la autoridad administrativa, que le den nuevas seguridades al usuario.

En cuanto a las normas de control sobre estas sociedades, soy partidario de que el Semac intervenga, porque tiene los instrumentos para actuar en forma rápida y expedita en la solución de estos conflictos. Cuando se produzcan situaciones que afecten a los pequeños deudores, no podemos exponerlos a una tramitación larga y engorrosa. Es bueno que el Sernac tenga una activa participación.

Del mismo modo, es muy bueno que en el proyecto se tipifique esta infracción de carácter penal, porque la sanción que allí se establece va a permitir desincentivar a la gente que mañosamente entra al sistema: le dará más transparencia y permitirá que los pequeños ahorrantes accedan a los beneficios por los cuales se incorporan a estos grupos.

Por esta razón vamos a votar favorablemente.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, el proyecto que nos preocupa pretende que las administradoras de recursos financieros de terceros para la adquisición de bienes muebles se constituyan como sociedades anónimas abiertas y se les apliquen los requisitos especiales que la ley fija, por ejemplo, a las compañías aseguradoras, que básicamente se refieren a la autorización de su existencia por parte de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Esta obligación es frecuente en nuestra legislación, ya que la misma se aplica a las sociedades administradoras de fondos mutuos, a las empresas prestadoras de servicios sanitarios, a las bolsas de valores y a los bancos. En este sentido, la norma va en la dirección correcta, porque las que rigen a las sociedades anónimas abiertas dan mayores garantías y transparencia en su administración. También estimo muy sana la norma que impide a estas administradoras realizar operaciones por un monto que exceda su capital en cinco veces.

Lo que definitivamente no me parece conveniente, como lo expresó también el Diputado señor Raúl Urrutia , es la indicación del Ejecutivo que incorpora los nuevos artículos 8° y 9° para que el Servicio Nacional del Consumidor actúe como órgano colaborador de la Superintendencia de Valores y Seguros, llevando incluso el registro de los contratos y debiéndose someter a su aprobación el registro y el modelo de los respectivos contratos.

En mi opinión, esta norma restringe la tuición de la Superintendencia de Valores y Seguros y confunde las funciones propias del Servicio Nacional del Consumidor. Éstas son administradoras de recursos de terceros; básicamente realizan actividades financieras y, como tales, deberían estar sujetas a la fiscalización exclusiva de la Superintendencia de Valores y Seguros.

Como, en general, las demás normas que se proponen para resguardar los intereses del público son convenientes, aunque a lo mejor sea necesario introducirles algunas modificaciones en la discusión particular, con el fin de no sobrerregular las actividades que impidan el funcionamiento normal de esas empresas, anuncio mi voto favorable al proyecto y expreso la duda en cuanto a que el exceso de regulaciones produce una disminución demasiado fuerte y considerable en el mercado de las empresas, lo que, a mi juicio, debería evaluarse convenientemente.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Eugenio Tuma, Presidente de la Comisión de Economía.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, todos los parlamentarios que han intervenido en relación con este proyecto han sostenido la necesidad de establecer un marco regulatorio para actividades de empresas que administran dineros de terceros.

Uno de los pocos instrumentos con que cuenta el Estado y el legislador para proteger a los usuarios se establece en el artículo 8o, el cual fue incorporado a esta iniciativa por el Ejecutivo y ha sido criticado u observado como inconstitucional por algunos parlamentarios.

Dicho artículo permite al Servicio Nacional del Consumidor actuar como órgano colaborador. Por el contrario, lejos de restringir las facultades de la Superintendencia, colaborará con ella. Así lo establece expresamente el artículo 8°. Además, señala que el cumplimiento de estas disposiciones se relaciona con el artículo 6°, que contiene normas destinadas a proteger a los usuarios.

El objetivo central del proyecto es proteger a los usuarios de los abusos que puedan ocasionar las empresas cuya obligación es resguardar los recursos de terceros.

A pesar de que podremos seguir enriqueciendo la iniciativa en su discusión particular en la Comisión, las observaciones formuladas hasta ahora no apuntan a crear un marco regulatorio y protector de las actividades de las empresas con respecto de los usuarios.

Cuando existe una única instancia de reclamación, sin forma de juicio, ante el juez de letras en lo civil, los antecedentes que el reclamante proporcione en la presentación y oyendo previamente al Sernac, son otra herramienta que se entrega al juez de letras y al Sernac, ya que permite proteger a los usuarios de los abusos de esas empresas.

Reitero, el objetivo central del proyecto apunta a dicha protección. No obstante estas observaciones, que a mi entender carecen de fundamentación suficiente como para modificar el proyecto, creo que en su discusión en particular tendremos la oportunidad de escuchar las observaciones de los Diputados señores Raúl Urrutia o Jürgensen con el propósito de enriquecerlo.

Por las razones expuestas y por la necesidad de establecer un marco regulatorio, junto con felicitar a los Diputados que presentaron esta iniciativa, particularmente al colega Rene Manuel García , manifiesto que el Partido por la Democracia concurrirá favorablemente a su aprobación.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Víctor Pérez.

El señor PÉREZ (don Víctor).-

Señor Presidente, es importante tener presente que lo que deseamos es regular y establecer modalidades nuevas respecto de un sistema que se ha generalizado y que permite que un número importante de chilenos puedan adquirir automóviles o vehículos en general. Pero también hay que tener en consideración -y ello nos ha motivado a analizar y discutir hoy este proyecto- que dicho sistema ha permitido que muchas personas de sectores medios y de escasos recursos, que en un momento dado creyeron en una administradora, hayan sido estafadas y han perdido todos sus ahorros y, particularmente, la esperanza de obtener un vehículo propio.

Algunos parlamentarios, entre ellos el Diputado señor René Manuel García , se han preocupado de la regulación legal, con normas transparentes, de este negocio lícito de las administradoras para proteger al público.

Es muy importante que quienes concurren a este tipo de administradoras tengan claridad sobre el sistema. Son personas que no tienen la capacidad de ahorro, no son sujetos de crédito y, por lo tanto, no pueden adquirir vehículos a través de las otras líneas del mercado financiero.

Me parece que, de la lectura del proyecto, fluye que la normativa que se pretende impulsar es adecuada. La exigencia a las administradoras de un capital mínimo para constituirse, que debe estar suscrito y pagado para autorizar su existencia, obliga a que se formalicen en un contrato las estipulaciones que también deben ser acordadas entre las administradoras y los aportantes del fondo. En ese aspecto, quiero referirme en particular a la disposición establecida en el artículo 6°, puesto que al establecer que las causales de terminación anticipada del plan, deberán consignarse en un contrato, no se cumple a cabalidad el objetivo de resguardar adecuadamemte a quienes participan en el sistema.

Tenemos claro que los contratos serán de adhesión; por lo tanto, cuando una persona exprese su voluntad de terminar su participación en un plan, dicho contrato le indicará que no sólo su ahorro recibirá un castigo fluctúa entre un 15 y 30 por ciento-, sino que también su devolución será en 12 ó 24 cuotas, lo cual, a mi juicio, deja en una condición absolutamente desmedrada a aquella persona natural, trabajador, profesor, etcétera, que concurrió a esa administradora, pagó normalmente sus cuotas y que en el momento de retirarse del plan la administradora tiene un poder excesivo ante su decisión.

Me parece que debemos perfeccionar esa norma y el Diputado señor Jaime Orpis ha presentado una indicación al respecto. Espero que en la discusión particular la analicemos en profundidad, porque la seguridad de quien participa en un determinado plan estará dada por la facilidad con que se retire, puesto que si no existe la posibilidad de establecer una causal de terminación expedita, el aportante quedará siempre, de una u otra manera, muy "casado" con la administradora que, reitero, seguirá teniendo un poder omnímodo sobre él.

Me parece que si queremos transparencia y fluidez es muy importante la normativa que hoy discutimos; el hecho de exigir un capital determinado, suscrito y pagado; que determinadas cláusulas del contrato estén determinadas, como en el artículo 6°; pero dentro de esas normas tenemos que fortalecer la posición de aquella persona natural que ingresa a una administradora por no tener capacidad para obtener financiamiento por las vías normales del mercado financiero; que desea adquirir un vehículo, muchas veces de trabajo y está obligado a incorporarse a ella. Eso debemos tenerlo presente.

Espero que en la discusión particular del proyecto fortalezcamos -reitero- la participación de las personas inscritas en administra-doras con la finalidad de adquirir un vehículo.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor René Manuel García.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, la finalidad del proyecto es regularizar un sistema que hasta la fecha no lo está. En este momento cada cual puede hacer lo que le da la gana y formar una empresa financiera que muchas veces termina estafando a las personas, sobre todo a gente de escasos recursos que en muchos casos han comprometido su jubilación. Es decir, el esfuerzo y el trabajo de toda una vida se pierde por esta falta de regulación.

Aquí hay tres situaciones que deben regularse.

La primera se refiere a devolver sus cuotas a los aportantes que deseen retirarse del sistema, cualquiera que sea el motivo. No podemos disponer -como señala el proyecto- que a una persona que ha pagado 50 cuotas se le devuelva su dinero también en 50 cuotas, porque estaremos dando vueltas una rueda sin parar. Debe establecerse que a quien se retire se le devolverá su dinero en un plazo prudente, de 30 ó 60 días, por ejemplo, porque el dinero de las cuotas ya ingresó en las arcas de la administradora.

La segunda caso dice relación con las personas que son objetadas en el momento de la asignación o cuando les falta poco para acceder al auto o a la vivienda, por haber tenido problemas en el sistema financiero, lo cual también resulta perverso. Entonces, debe establecerse que los participantes deberán chequearse previamente o que baste que una persona presente las aclaraciones de los documentos para que pueda optar al sistema, porque hablamos de gente que pudo haber tenido un problema serio, porque la mayoría es de escasos recursos que opta por un sistema que aparentemente es más cómodo para pagar las cuotas.

La tercera situación se plantea en el artículo 9° y se refiere a la posibilidad de reclamo ante el Sernac de los consumidores que estimen lesionados sus derechos. Soy partidario de que el Sernac realice una gestión regulatoria basada en principios de equidad, lo cual significará un ahorro sustancial para las partes, porque no incurrirán en gastos innecesarios, como contratar un abogado para iniciar un juicio. Sin duda, la persona que no esté de acuerdo con la resolución de la administradora o que crea que el principio de equidad no fue respetado tendrá la posibilidad cierta de contratar un abogado y de apelar ante los tribunales. En consecuencia, aquí el Sernac cumple la función de un juez que no cobrará ningún honorario por avenir a las partes para que no haya mayores gastos.

Si analizamos el problema desde ese punto de vista, no es malo que intervenga el Sernac, porque les ahorrará muchos miles de pesos a los aportantes de esas empresas y, si hay acuerdo -repito- tendrán además posibilidad de contratar un abogado y recurrir a los tribunales.

Esos son los puntos que deben resolverse.

Agradezco que se haya mencionado mi nombre en el sentido de que fui uno de los que denuncié el tema; pero creo que somos muchos quienes tenemos ese problemas en los distritos. Me alegra de que el proyecto esté próximo a convertirse en ley. Estos son los proyectos que la gente quiere ver.

Si la Cámara gasta tiempo en ellos, bien gastado, pues apuntan a resolver problemas que afectan directamente a las personas, sobre todo porque a veces discutimos horas y horas asuntos por intereses partidistas. Estas iniciativas -por sencillas que sean- son las que espera la gente.

Todos los honorables colegas están de acuerdo en solucionar estos problemas pequeños que, si no se enfrentan, al final, se convierten en un dolor de cabeza permanente para muchas personas que pierden los ahorros de toda su vida.

Este será uno de los buenos proyectos que va a despachar el Parlamento. Por lo tanto, lo votaré favorablemente, para contribuir a resguardar los intereses de las personas.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el honorable Diputado señor Aníbal Pérez.

El señor PÉREZ (don Aníbal).-

Señor Presidente, este proyecto es una respuesta a una serie de estafas que provocaron conmoción en la opinión pública y que afectaron, en mayor medida, como se ha señalado, a la gente más modesta, porque quienes recurren a estas sociedades son aquéllos que no tienen capacidad de ahorro y que la única posibilidad de adquirir algún bien mueble es a través de las administradoras de fondos de terceros.

Estas empresas se dedican, mediante la modalidad de consorcios o planes colectivos, a la adquisición de bienes muebles con el objeto de adjudicarlos a sus aportantes, mediante sorteos, subastas u otras vías convenidas entre las partes. Actualmente gozan de la más completa libertad contractual, generando, a veces, verdaderos contratos de adhesión, en los cuales las empresas fijan, en forma arbitraria, condiciones leoninas, sin que existan, como se ha dicho aquí, los suficientes resguardos jurídicos para la contraparte.

Este proyecto de ley tiene por objeto proteger de mejor manera a los usuarios de este sistema y evitar los abusos de muchas administradoras, no sólo en la Región Metropolitana, sino que en todo el país. En este caso, la desprotección del consumidor se ve agravada por la falta de control de estas sociedades y por la no exigencia de requisitos mínimos en su constitución.

Como captan dinero del público a través de diversos medios y debido a la informalidad que la caracteriza, es necesario que -al igual como sucede con los organismos financieros-, el Estado, para proteger la fe pública, regule su funcionamiento.

Respecto del artículo 9° se ha señalado que otorgaría facultades jurisdiccionales al Sernac. En mi opinión, no es así. El Sernac sólo resuelve un reclamo administrativo, sin perjuicio de que la parte afectada recurra a los tribunales de justicia. Es decir, no abarca ámbitos de la competencia de los tribunales de justicia. Simplemente interviene en la solución de un reclamo administrativo.

Por último, me parece que el plazo de 180 días establecido en el artículo transitorio para que las actuales administradoras se adecúen a la ley es muy largo, en consideración a que se pretende proteger al usuario de los problemas originados por esas sociedades.

Como se trata de una legislación tan sencilla y el capital que se les exige a estas sociedades es de 50 millones de pesos, el plazo señalado debería reducirse a no más de 90 días.

Por las razones expuestas y por todo lo que se ha manifestado en la discusión de este proyecto -sobre todo, como decía el colega René García, porque tiene un gran contenido social y tiende a proteger al usuario- anuncio el voto positivo de la bancada socialista.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Sergio Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, desde luego participo de la idea de legislar sobre esta materia por las razones expuestas por los Diputados que me han antecedido en el uso de la palabra. Sin embargo, quiero plantear algunas inquietudes.

De acuerdo con el artículo 6°, las administradoras deberán suscribir un contrato con los aportantes de los fondos. Su inciso segundo señala que las partes lo podrán convenir libremente, lo que está en perfecta concordancia con el llamado principio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, en el artículo 8o aparecen una serie de ideas que introducen un factor que puede acarrear conflictos en la interpretación de estos contratos. En efecto -y ya no se trata de la autonomía de la voluntad-, esta disposición señala que toda administradora deberá someter "a su aprobación y registro los respectivos modelos de contrato". ¿Quienes intervienen en estos contratos? ¿El aportante y la administradora, o también se necesita la aprobación del Servicio Nacional del Consumidor para que cuando nazca a la vida jurídica produzca toda clase de obligaciones? La situación se torna más nebulosa cuando se añade el registro de los respectivos modelos del contrato. ¿Qué son los modelos del contrato? ¿Son los formularios que no están llenos y, en consecuencia, allí no hay ningún contrato? ¿O son las voluntades de las dos partes que van a necesitar la voluntad del Servicio Nacional del Consumidor mediante su aprobación y registro? En consecuencia, ¿cuándo se perfecciona? Al respecto, más adelante se indica que "la aprobación y registro de los contratos -ya no habla de los modelos- será un trámite esencial." También hay oscuridad en ello, porque trámite esencial puede referirse a un procedimiento o a un elemento esencial del contrato, que son cuestiones absolutamente diferentes en el campo del derecho. Sometido el asunto a la decisión judicial, indudablemente pueden originarse distintas interpretacicones. De los trámites esenciales se habla en los Códigos de Procedimiento Civil y de Procedimiento Penal. Su omisión produce un vicio que puede ser causal de un recurso de casación en la forma. Pero me parece que el artículo 8° no se refiere a esto, sino que a un elemento esencial sin el cual el contrato no produce efecto alguno y, en consecuencia, su sanción es la nulidad, lo que tampoco se dice. Por esas razones, tengo dudas sobre la técnica jurídica de esta disposición.

En resumen, se habla de un modelo de contrato, y, a mi juicio, un modelo de contrato es un formulario en blanco. Además, no se sabe si ese modelo de contrato no va a estar lleno o vacío. ¿Y cuál es la sanción si no hay aprobación y registro? ¿Es la inexistencia, la nulidad, la inoponibilidad? No se dice. Se establece un procedimiento, incluso se puede recurrir al tribunal, pero en este caso no se establece la sanción.

Más adelante, en el inciso final del artículo 8o se habla de "subsanar los defectos del proyecto" y no de los modelos. En consecuencia, considero que el artículo 8° debería redactarse de nuevo para que exista absoluta claridad y precisión respecto de la intención del legislador.

En el artículo 9°, el Servicio Nacional del Consumidor aparece asumiendo facultades del Poder Judicial. Estoy de acuerdo en que este Servicio pueda avenir a las partes cuando se presente alguna queja, como lo hace la Dirección del Trabajo, pero, por el procedimiento señalado, parece que conoce de las contiendas entre partes, lo cual afectaría la constitucionalidad del proyecto, de conformidad con el artículo 73 de la Carta Fundamental.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Por segunda vez y sólo para hacer una aclaración, tiene la palabra el Diputado señor Tuma.

El señor TUMA.-

Señor Presidente, para clarificar una de las observaciones del Diputado señor Elgueta.

En la discusión particular en la Comisión, podremos dar una mejor redacción al artículo 8°, pero su espíritu es que el Servicio Nacional del Consumidor lleve un registro especial para controlar que se cumpla con la obligatoriedad de lo establecido en el artículo 6° y que se relaciona con algunas condiciones mínimas de los contratos para asegurar la debida protección al usuario. Establece que todo contrato debe indicar el tipo específico del bien mueble a cuya adquisición tendrá derecho el aportante. Es evidente que si el contrato no señala específicamente el bien, no se protege a los usuarios.

También debe señalar el valor de la cuota de incorporación y de las cuotas periódicas que deberán pagarse, así como la parte de ellas correspondiente a la retribución percibida por la administradora.

Asimismo, tiene que expresar la obligación de adjudicar, con la periodicidad que se pacte y el derecho del aportante que no se hubiere adjudicado un bien, a retirarse del plan sin expresión de causa.

Esas son las modalidades mínimas que el legislador dispone que deben considerar estos contratos para proteger a los usuarios. No se establece ninguna condición que dañe el derecho de la empresa que ofrece el beneficio.

Por ello, habría que modificar la redacción del artículo para precisar su espíritu, que no es otro que el de fijar condiciones mínimas para cumplir con el objetivo de establecer un marco regulatorio que proteja los derechos de los ususarios.

He dicho.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en primer trámite constitucional, que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Montes.

- Antecedentes:

- Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 1374-05, sesión 1a, en 4 de octubre de 1994. Documentos de la Cuenta N° 2.

- Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 27a, en 10 de agosto de 1995. Documentos de la Cuenta N° 8.

El señor ORTIZ (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Montes.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, me corresponde informar el proyecto que moderniza el Servicio Nacional de Aduanas.

La iniciativa contiene las bases para llevar a cabo una reforma que permita a este Servicio estar en el nivel de modernización que requiere la realidad presente y futura del país, en atención al enorme desarrollo experimentado por nuestro comercio exterior en los años recientes.

El marco que guía el proyecto está constituido, por una parte, por la política de apertura de la economía y, por la otra, por el rol protagónico que se otorga al comercio exterior en este esquema.

Se han considerado, además, los nuevos conceptos de las funciones de las aduanas, según los actuales criterios elaborados por el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, máxima autoridad internacional en este campo.

Constituye un paso concreto, muy valioso y novedoso en el amplio proceso de modernización de las instituciones del Estado al que se ha comprometido el actual Gobierno.

Según información entregada por el Gobierno, el proyecto será complementado por un conjunto de acciones administrativas del servicio, orientadas a un cumplimiento más eficaz de sus funciones.

Por ejemplo, las importantes inversiones en el área de la informática, que han permitido incrementar en forma significativa la capacidad de procesamiento documental del Servicio Nacional de Aduanas.

También existe un programa de mejoramiento de los actuales sistemas de gestión y se pretende reducir sustancialmente las inspecciones físicas realizadas por el Servicio.

El Servicio Nacional de Aduanas es una de las principales instituciones encargadas de la supervisión de las operaciones de comercio exterior. En este ámbito le caben responsabilidades en la fiscalización aduanera propiamente tal, en la recaudación tributaria y en la administración de incentivos a las exportaciones.

Estas funciones se deben realizar sin que afecten en forma negativa a las actividades productivas del país y, en particular, al desarrollo de sus exportaciones.

Por ello, se debe propender hacia un servicio que realice una fiscalización efectiva, sin entrabar el flujo de las transacciones del comercio exterior, incorporando para ello los actuales avances tecnológicos en materia de transmisión electrónica de datos.

En consecuencia, una reforma del Servicio Nacional de Aduanas debe estar orientada a conciliar los objetivos de fiscalización propios de su naturaleza con las necesidades de promoción del comercio exterior, reduciendo los costos directos e indirectos, tanto monetarios como de tiempo, que conllevan las formalidades de las operaciones de comercio.

Una misión del Fondo Monetario Internacional, formada por expertos internacionales en gestión aduanera, estimó el costo en que incurre el sector privado, dado el actual esquema de inspecciones físicas. Según esas cifras, cada inspección física realizada a un contenedor implica 120 dólares para el usuario. Si se considera que se movilizan alrededor de 300 mil contenedores al año, y que un 25 por ciento es sometido a inspección física, el costo anual para el sector privado alcanza a 9 millones de dólares.

Si al valor anterior se suman los montos pagados por concepto de horas habilitadas, que ascienden a 6 millones de dólares, se puede afirmar que los actuales esquemas de gestión aduanera significan para el sector privado vinculado al comercio internacional, un costo directo no inferior a 15 millones de dólares.

Los nuevos requerimientos y el cumplimiento de los objetivos enunciados anteriormente obligan al Servicio Nacional de Aduanas a diseñar nuevos sistemas de gestión y control más cualitativos que cuantitativos, reduciendo la importancia de los sistemas tradicionales de control de mercancías a priori, reforzando el principio de buena fe y el control selectivo posterior a la operación internacional.

Los sistemas de control cualitativo implican una mayor capacidad de análisis de datos y de antecedentes contables, tributarios y de otra naturaleza técnica, complementarios a los tradicionalmente aduaneros, como son los documentales y de examen físico de mercancía.

En consecuencia, al orientar el sistema de inspección y control para lograr una creciente facilitación del comercio exterior, se debe tender hacia un sistema de fiscalización posterior al desaduanamiento, el cual obliga también a enfocar la capacitación de los recursos humanos hacia estos fines, a dotar al Servicio de Aduanas de una infraestructura tecnológica moderna y a adecuar su normativa jurídica y operacional hacia estos objetivos.

La necesidad de modernización del Servicio Nacional de Aduanas se hace impostergable, dado el significativo desarrollo de nuestro comercio exterior.

Entre 1985 y 1992, los aumentos en el número de declaraciones de exportación y de importación alcanzaron un 231 por ciento y un 84 por ciento, respectivamente.

Por su parte, el valor FOB de las operaciones de exportación tramitadas ante el Servicio, que en 1985 fue de 3.800 millones de dólares, en 1993 alcanzó a 9.902 millones de dólares, lo que demuestra un aumento de 242 por ciento.

Igualmente significativo ha resultado el aumento experimentado por las operaciones cursadas en las zonas francas de Iquique y de Punta Arenas, y en la zona franca industrial de Arica.

Adicionalmente a toda esta realidad de desarrollo de nuestro comercio exterior, que obliga a una modernización urgente de este servicio, hay que considerar que el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas ha recomendado que los servicios de aduanas modernos sean capaces de responder a nuevos desafíos, tales como la aplicación de las reglas de origen resultantes de los acuerdos de complementación económica, la protección a la propiedad intelectual, el resguardo de la correcta liquidación de los gravámenes aduaneros, la atención rápida y expedita a viajeros internacionales, la administración de incentivos a las exportaciones y el control del tráfico ilícito de drogas.

Esta opción por la fiscalización posterior al desaduanamiento y la agilización de las formalidades propias del trámite aduanero contribuirán de manera significativa a la descongestión de nuestros puertos y permitirá al sector portuario enfrentar con mayor flexibilidad sus crecientes requerimientos de inversión, evitando así que se constituya en un cuello de botella de nuestro comercio internacional.

En virtud de lo anterior, las principales ideas que dan forma al proyecto de modernización son las siguientes. Por un lado, el perfeccionamiento de los procedimientos aduaneros contenidos en la Ordenanza de Aduanas, en particular lo referido en su Título preliminar y Libro III, con el objeto de simplificar, facilitar y agilizar las operaciones que, a través del Servicio, realizan los importadores, exportadores, operadores de cabotaje, transitarios y viajeros en general. Por otro, una reorientación de las funciones fiscalizadoras, propendiendo a hacerlas más efectivas y menos onerosas para los agentes económicos que requieren sus servicios. Todo ello, como decíamos, sin entrabar las actividades de nuestro comercio exterior.

En esta perspectiva se requieren, a lo menos, ocho cambios en el Servicio.

En primer lugar, adecuar la normativa aduanera a las posibilidades que ofrecen las modernas tecnologías de transmisión electrónica de datos y de tramitación de documentos y formularios.

En segundo lugar, interconectar electrónicamente a las instituciones y servicios fiscalizadores correspondientes, para la transferencia de información en apoyo a su labor.

En tercer lugar, agilizar la institución del aforo, ampliándola de manera de permitir que el examen físico de las mercancías de exportación pueda hacerse en el recinto donde se consolidan los bienes para su posterior despacho al exterior, y el de las importaciones, en los recintos dispuestos por el destinatario.

En cuarto lugar, disminuir los procedimientos de fiscalización previos al desaduanamiento y reorienterarlos hacia una fase posterior al mismo, con lo cual se obtendrá un mayor grado de selectividad en las acciones de control y una consolidación efectiva del principio de la buena fe.

En quinto lugar, agregar al esquema actual de licitación, la habilitación directa del recinto de depósito aduanero operado por particulares cuando las circunstancias calificadas, tanto por el Director del Servicio como por el Ministro de Hacienda, lo hagan recomendable y se cumplan los requisitos técnicos y las condiciones generales de operación y localización dispuestas en el decreto supremo vigente.

En sexto lugar, racionalizar los procedimientos operativos y administrativos, con el objeto de facilitar las operaciones a los usuarios.

En séptimo lugar, simplificar al máximo los sistemas para la atención expedita de los pasajeros que entran o salen del país.

Por último, posibilitar un acceso más expedito y oportuno de los exportadores a los mecanismos de fomento.

Para poner en marcha este nuevo enfoque se deben tomar en consideración dos aspectos fundamentales. Uno es para modificar la Ordenanza de Aduanas, para cuyo efecto el proyecto delega facultades al Presidente de la República, puesto que son materias relacionadas con procedimientos operativos muy específicos y no se afectan las garantías constitucionales, y modificar los plazos y procedimientos a los procesos a que dan lugar las infracciones a la Ordenanza de Aduanas. El otro aspecto es de orden laboral, de gestión y financiero.

La modernización integral del régimen aduanero exige transformaciones institucionales, laborales y financieras que habiliten al servicio y a su personal para alcanzar el propósito de una fiscalización eficiente y un expedito servicio a los usuarios.

Con este objeto, el proyecto aborda dos importantes materias. Por una parte, adecúa el personal del servicio a las nuevas necesidades, reestructurando su planta y los requisitos para el desempeño de los cargos; y, por otra, modifica la estructura de las remuneraciones para establecer una relación más directa entre éstas y la competencia, dedicación y desempeño funcionario.

En armonía con sanos principios de gestión y con el reconocimiento de una mayor profesionalización y ampliación de las posibilidades de carrera, el proyecto introduce una novedad bien significativa en nuestro Estatuto Administrativo, al establecer que el ingreso a los cargos de carrera de la planta directiva será mediante un concurso interno -no será automático-, limitado a los funcionarios del Servicio que cumplen con los requisitos correspondientes. En este contexto, la iniciativa también contiene una novedosa norma en virtud de la cual los trabajadores podrán cumplir misiones de estudio en instituciones de educación superior, con el fin de obtener títulos técnicos que los habiliten para cumplir con los requisitos exigidos para acceder a cargos de nivel superior. Los funcionarios beneficiados con estas misiones percibirán un aporte del Servicio para solventar total o parcialmente los costos de matrículas y mensualidades de sus estudios, todo ello sin perjuicio de las normas estatutarias sobre capacitación funcionaria.

Dentro de este plan de mejoramiento operacional se introduce también un sistema de turnos, con el objeto de adecuar el funcionamiento del Servicio a las necesidades de atención a los usuarios fuera de la jornada ordinaria.

En el campo de los incentivos económicos, el proyecto introduce importantes y novedosos mecanismos dentro del sector público para asociar determinadas recompensas remuneratorias al desempeño y productividad de los funcionarios. Se crea una bonificación de estímulo al desempeño individual, que se otorgará anualmente al 30 por ciento de los funcionarios de mejor desempeño en el Servicio. Esta bonificación se concederá en función de las evaluaciones correspondientes al año anterior, se determinará en porcentajes de 5 y 10 ciento del sueldo base, más la asignación de fiscalización, y se pagará en forma separada de las remuneraciones habituales.

El reglamento incluirá la complementación del sistema de calificaciones con indicadores de desempeño individual y colectivo que garanticen una concesión equitativa y transparente del Servicio.

Por último, el proyecto crea una bonificación por productividad para el conjunto de los funcionarios del Servicio. Parte importante del financiamiento del actual sistema de remuneraciones del Servicio de Aduanas proviene de los pagos efectuados por los usuarios a través de un sistema de habilitaciones en horario fuera de la jornada normal del servicio.

La experiencia ha demostrado que este sistema, que involucra una serie de incentivos inadecuados, conlleva un fuerte efecto distorsionador en la operación normal de las aduanas. Como consecuencia de lo anterior, para atender las necesidades de funcionamiento del servicio fuera de la jornada normal, la iniciativa dispone la sustitución del sistema de horas habilitadas con cargo a fondos particulares por otros mecanismos.

La disminución de las rentas que para determinados funcionarios pueda significar la supresión de las horas habilitadas con cargo a particulares se compensa, totalmente en algunos casos y parcialmente en otros, con los mejoramientos que el personal experimenta con motivo de las tres nuevas asignaciones que se conceden: de turno, de productividad y de desempeño; con las horas extraordinarias de cargo fiscal a que tendrán acceso, y con las nuevas ubicaciones en la planta que resulten del encasillamiento que se contempla. A ello hay que agregar las mejores condiciones de carrera funcionaria que se derivan del proyecto.

Para garantizar que ningún funcionario verá afectada su remuneración con la eliminación de las horas habilitadas, se concede una planilla suplementaria especial.

Asimismo, se establece en lugar del sistema de hora habilitada, un cobro fijo y moderado para la certificación o legalización de las operaciones que demanda la mayor parte de las actividades del Servicio de Aduanas. Adicionalmente, se fija un cobro para la atención de pasajeros en los aeropuertos y avanzadas fronterizas, actividades que demandan un gran número de horas de los funcionarios del Servicio.

Estas son las ideas fundamentales del proyecto de modernización del Servicio Nacional de Aduanas.

A su discusión en la Comisión, asistieron el Director del Servicio Nacional de Aduanas de la época, señor Benjamín Prado ; su actual Director, don Enrique Fanta , con sus respectivos asesores y equipo de apoyo; don Manuel Marfán , Ministro de Hacienda Subrogante de entonces, junto a distintos asesores y representantes del Banco Central, y representantes de la Asociación Nacional de Empleados de Aduanas, de la Cámara Aduanera de Chile, de la Asociación Nacional de Importadores, de la Asociación Nacional de Armadores, de la Cámara Marítima Portuaria, de la Asociación Nacional de Agentes de Aduana y de la Sociedad de Fomento Fabril.

El proyecto fue aprobado en general por la unanimidad de los miembros de la Comisión, y se encuentra estructurado en 19 artículos permanentes y 9 transitorios.

El artículo 1°, que introduce modificaciones a la Ordenanza de Aduanas, fue aprobado por unanimidad, salvo los números 1 y 7.

El artículo 2°, que faculta al Presidente de la República para modificar el Título Preliminar y el Libro II de la Ordenanza de Aduanas, fue aprobado por 5 votos a favor y 3 en contra.

Los artículos 3° al 6°, que dicen relación con el perfeccionamiento de las diversas funciones del Servicio de Aduanas, fueron aprobados por unanimidad.

El artículo 7°, que sustituye la planta del personal del Servicio, también fue aprobado por unanimidad.

El artículo 8°, que establece los requisitos para el ingreso y promoción en las plantas y cargos de personal, fue aprobado por unanimidad en lo fundamental.

Los artículos 9° al 18, que establecen diversas normas sobre personal, motivaron distintas insatisfacciones de todos los miembros de la Comisión como, por ejemplo, lo relativo al sistema de las bonificaciones, para asegurar un buen mecanismo de compatibilización de la productividad individual con la colectiva; a la inclusión de un artículo más claro para el conjunto del personal; a la necesidad de mayor precisión sobre las bonificaciones por productividad, y a los cometidos de funcionarios en el extranjero.

Respecto de sus antecedentes presupuestarios, según el informe de la Dirección de Presupuestos, el costo anual máximo del proyecto es de 4.431 millones de pesos, de los cuales, 3.624 millones se financiarían por la vía de tarifas, certificaciones o legalizaciones, o sea, con los ingresos propios del Servicio Nacional de Aduanas, y 807 millones serían de cargo fiscal.

Se dejó constancia de que son disposiciones de quorum de ley orgánica constitucional los artículos 1°, números 2, 3 y 4, porque afectan atribuciones de los tribunales, y el 10, porque afecta la ley de bases en materia de concurso interno. Además, son de quorum calificado, la letra g) del artículo 11, que establece la no imponibilidad, y, por lo tanto, es una materia de seguridad social, y el artículo 6° transitorio del mensaje, que fue rechazado por la unanimidad de los miembros de la Comisión.

En consecuencia, la Comisión de Hacienda recomienda a los honorables Diputados aprobar en general el proyecto.

Es todo cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, el informe del Diputado informante y Presidente de la Comisión de Hacienda, don Carlos Montes , fue muy completo. Sin embargo, quiero fijar la posición del Partido Demócrata Cristiano respecto del proyecto.

Desde luego, felicito al Ejecutivo por su iniciativa de abordar en forma concreta la modernización del Estado, y constituye una doble satisfacción que uno de los primeros servicios en esta tarea sea el de Aduanas. El sector más dinámico de la economía chilena es el comercio exterior. Por ello no es por azar que sea precisamente en esta área donde se dan los pasos más radicales para cambiar la institucionalidad aduanera.

Las cifras de crecimiento del sector son elocuentes. El valor Fob de las exportaciones creció de 3.763 millones de dólares, en 1985, a 11.368 millones, en 1994 y las importaciones se incrementaron de 2.812 millones de dólares, en 1985, a 11.290 millones, en 1994.

Por su parte, los documentos aduaneros tramitados en 1985 fueron 764,463, para elevarse en 1994 a 1.808.389. Un crecimiento igualmente explosivo se produjo en los documentos procesados en las zonas francas que en 1994 alcanzaron a 6,5 millones, existiendo un aumento de 62,3 por ciento en el período 1990-1994.

El Servicio Nacional de Aduanas, según cifras del año tributario 1963, aportó el 40,12 por ciento del total de las entradas de la nación. Sólo entre 1990 y 1994 los gravámenes girados por las aduanas aumentaron en 45,96 por ciento. En 1994, las aduanas giraron 3.614,5 millones de dólares, en derechos, impuestos y demás gravámenes.

Las aduanas han afrontado el crecimiento explosivo de todas sus operaciones con personal reducido, el que no se ha incrementado significativamente. Más aún, en términos absolutos, el total de 1.500 funcionarios con que contaban en 1974 ha disminuido a los 1.261 que figuran en la planta actual del Servicio, lo cual significa que se ha estado haciendo más con menos personal.

Al crecimiento de las operaciones tradicionales, se han agregado importantes funciones al Servicio Nacional de Aduanas: la administración del sistema integral de fomento de las exportaciones, que comprende reintegro a los exportadores, pagos diferidos y amortizaciones de derechos y gravámenes de bienes de capital e insumos destinados a las exportaciones; el sistema suspensivo de derechos y gravámenes -me refiero a los almacenes particulares de exportación-; la intervención en la aplicación de acuerdos comerciales suscritos por Chile, además de su participación en el control del tráfico ilícito de drogas y estupefacientes. En consecuencia, el proyecto no sólo es necesario sino también oportuno.

El país está en negociaciones avanzadas para ingresar al Nafta, al Mercosur y a la Apee, lo cual obliga a modernizar el Servicio Nacional de Aduanas y darle las herramientas necesarias para facilitar el comercio exterior, hacer más efectiva su función fiscalizadora y, en definitiva, resguardar la transparencia del sistema de mercado libre que se ve afectado por las conductas distorsionadoras del fraude y del contrabando.

Los objetivos generales inspiradores del proyecto son:

a) Perfeccionar los procedimientos aduaneros contenidos en la Ordenanza de Aduanas, de modo de simplificar, facilitar y agilizar las operaciones que se realizan a través del Servicio, y

b) Reorientar las funciones fiscalizadoras, aumentando su efectividad y disminuyendo su costo para los agentes económicos usuarios de aduanas.

Por esta razón, el Ejecutivo solicita al Congreso que se le conceda la facultad de dictar uno o más decretos con fuerza de ley, conforme lo dispone el artículo 61 de la Constitución Política, ya que la delegación recae sobre materias susceptibles de ser delegadas, y el artículo 2° del proyecto se refiere, en detalle, a las materias precisas sobre las que recaerá esta delegación, según lo exige el inciso cuarto del citado precepto constitucional.

Esto permitirá que el Servicio de Aduanas pueda interconectarse electrónicamente con los despachadores de aduanas, para la transmisión electrónica de las declaraciones de importación, exportación y otras, disminuyendo sustancialmente los tiempos de tramitación.

Se autorizará a Aduanas para realizar el aforo y reconocimiento de las mercancías en lugares distintos de los actualmente autorizados. En otras palabras, podrá aforarse en origen y destino.

Al respecto, cabe destacar que el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas ha señalado que las aduanas deben abandonar los controles estáticos, ya que no es posible seguir manteniéndolas al costado de los buques.

Se permitirá que Aduanas pueda autorizar el funcionamiento de recintos de depósitos aduaneros con sistemas de mayor flexibilidad y de acuerdo con los requerimientos de mercado.

Por último, se podrán abordar globalmente las facilitaciones y simplificación de los procedimientos en el ingreso y salida de mercancías, importación, exportación, tránsito, control de pasajeros, tráfico postal, correos rápidos y otros.

En pocas palabras, el Servicio chileno contará con los mecanismos más modernos de administración. Además, se permite su interconexión electrónica con otros servicios públicos, lo cual permitirá, en el caso específico con Tesorería, eliminar o simplificar al máximo los trámites para la obtención de los reintegros y devoluciones que correspondan a los exportadores. El ahorro por costo financiero que le significa al sector obtener con prontitud sus beneficios es de enorme trascendencia si se toman en cuenta las cifras anuales de devoluciones por estos conceptos.

Por otra parte, se permite que determinadas mercancías depositadas en aduanas puedan ser donadas a las universidades para el cumplimiento de sus labores docentes y de investigación.

Además, se pretende reestructurar la planta del Servicio de Aduanas, a fin de adecuarla a las nuevas funciones. En la actualidad, el Servicio tiene alrededor del 59 por ciento de funcionarios en su estamento administrativo y no es difícil explicarse que su actividad sea esencialmente administrativa y en áreas burocráticas. Al establecerse nuevos procedimientos, las funciones serán eminentemente fiscalizadoras y técnicas. Así, se amplían estos escalafones de 225 a 307, y de 76 a 230, respectivamente.

Del mismo modo, se mejora la profesionalización del Servicio, aumentándose la planta profesional de 76 a 159, todo lo cual se hace sin recurrir al arcaico expediente de aumentar significativamente la dotación, ya que sólo se consideran 30 nuevas plazas.

El alto nivel educacional de los funcionarios de Aduanas, reconocido por la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, permitirá asumir estos cambios.

Se modifican, asimismo, los requisitos de ingreso y promoción de las plantas de Aduanas, mediante la reforma pertinente al decreto con fuerza de ley N° 5, de 1991.

Una de las reformas más importantes está en la introducción de bonificaciones de estímulo al desempeño individual, por grupos y equipos de trabajo y por productividad.

Este mecanismo, ya bastante desarrollado en las organizaciones del área privada, se incorpora por primera vez a las gestiones de los servicios públicos.

Coherente con el establecimiento de los turnos, se deroga el artículo 161 de la ley N° 14.171, que regula el sistema de horas extraordinarias con cargo a los particulares. Con el objeto de no disminuir las rentas del personal con la derogación de esta norma, se establece como compensación una planilla suplementaria que protegerá adecuadamente las remuneraciones de los funcionarios.

Para obtener mayor transparencia en la atención de los requerimientos de los usuarios y disminuir sus costos, se justifica plenamente la derogación de la referida norma.

A fin de propender a una atención continuada, con un sistema de turnos y para compensar la fuente de financiamiento establecida en el artículo 161 de la ley N° 14.171, se consagra una tarifa por legalizaciones y certificaciones en las operaciones aduaneras, sistema que se usa en muchos países, como Estados Unidos, Canadá , Francia, Argentina, Paraguay, etcétera. Además, en Chile existe experiencia similar en algunos servicios fiscalizadores. El cobro es fijo y moderado y será mucho menos oneroso que el vigente. Según estimaciones por este concepto, el sector exportador tendrá una economía de aproximadamente 3 millones de dólares. La tarifa propuesta no sólo es beneficiosa para el sector privado por el ahorro que se genera, sino también porque permite una mayor transparencia que el sistema actual.

En suma, se trata de un proyecto que modernizará sustancialmente a Aduanas; ampliará el sistema de la buena fe, que es la política de su actual jefatura; facilitará enormemente la actividad de importadores y exportadores, y mejorará en forma notable la eficiencia del Servicio. Además, la iniciativa introduce grandes innovaciones en lo relativo a la gestión de la administración pública, pues en ella se han considerado los significativos aportes y opiniones que han hecho valer los propios funcionarios de Aduanas.

Por las razones expuestas, recomendamos votar favorablemente el proyecto y, por supuesto, los Diputados de la Democracia Cristiana lo vamos a apoyar tal como viene de la Comisión de Hacienda.

He dicho.