Labor Parlamentaria

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde tratar el proyecto, en primer trámite constitucional, que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes números 77, de 1973; 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973, y 2.346, de 1978.

Diputados informantes de las Comisiones de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente y de Hacienda son los señores Iván de la Maza y Hosain Sabag , respectivamente.

Antecedentes:

Mensaje del Ejecutivo, boletín N° 378-12, sesión 7, en 13 de junio de 1991. Documentos de la Cuenta N° 2.

Segundos informes de las Comisiones de Recursos Naturales y de Hacienda, sesión 19s, en 18 de julio de 1995. Documentos de la Cuenta N°s. 9 y 10, respectivamente.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

La Ministra de Bienes Nacionales, señora Adriana Delpiano, solicita autorización para que ingrese a la Sala el Subsecretario de dicho Ministerio, don Sergio Vergara.

Si le parece a la Sala, así se procederá.

Acordado.

Tiene la palabra el Diputado informante de la Comisión de Recursos Naturales, señor Iván de la Maza.

El señor DE LA MAZA.-

Señor Presidente, la Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente pasa a informar, en primer trámite constitucional y segundo reglamentario, el proyecto que dispone la restitución o indemnización por bienes confiscados y adquiridos por el Estado a través de los decretos leyes número 77, de 1973; 1.697, de 1977; 12 y 133, de 1973, y 2.346, de 1978.

Durante el estudio de esta iniciativa legal, la Comisión contó con la asistencia y colaboración de la Ministra de Bienes Nacionales, señora Adriana Delpiano ; del Subsecretario, señor Sergio Vergara , y de los asesores de dicha cartera, señores Leonardo Moreno y René Cortínez .

Además, participaron dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores, encabezada por su presidente , don Manuel Bustos , y su tesorero, don Fanor Verdugo .

Como se expresó en el primer informe está en conocimiento de la Honorable Cámara, la idea matriz del proyecto era establecer normas en beneficio de los partidos políticos y de personas jurídicas y naturales que fueron afectadas en su patrimonio por actos del gobierno militar, en virtud de los decretos leyes señalados. Igualmente, se involucraba a las organizaciones sindicales a las que se les habían confiscado sus bienes por aplicación de los mismos decretos.

Cabe tener presente, como cuestión previa, que en la sesión 42a, celebrada el 15 de enero de 1992, la Cámara aprobó en general el proyecto, salvo las normas que requerían quorum orgánico constitucional, que fueron rechazadas por no haberse reunido el quorum exigido por la Constitución Política de la República.

El 24 de agosto de 1992, la Corporación solicitó un pronunciamiento de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia sobre la procedencia e improcedencia de que la Comisión de Recursos Naturales continuara estudiando el proyecto en su segundo trámite reglamentario. Dicha Comisión informó que no existía impedimento legal ni constitucional para que siguiera tratándolo, con exclusión de las normas relativas a partidos políticos y de las que requerían quorum especial para su aprobación, así como de todas aquellas que sean consecuencia de las anteriores, por no haber contado con el quorum constitucional requerido.

Señaló, además, en forma complementaria, que las disposiciones rechazadas por no haberse reunido el quórum requerido, tampoco podrían ser reincorporadas por la vía de indicaciones aditivas, durante el segundo trámite reglamentario, por cuanto con ello se vulneraría el artículo 63 de la Carta Fundamental y 30 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional.

En diciembre de 1994, Su Excelencia el Presidente de la República envió una indicación sustitutiva del proyecto, con el fin de circunscribirlo a las normas aprobadas en general por la Corporación.

Finalmente, el 2 de mayo el Ejecutivo procedió a sustituir el artículo 8o contenido en esa indicación, en los términos que indicaré en el informe.

Sin perjuicio de lo anterior, el proyecto fue objeto de diversas indicaciones parlamentarias, todas ellas referidas a la propuesta de Su Excelencia el Presidente de la República.

El proyecto que sometemos a la consideración de la Sala consta de quince artículos permanentes y dos transitorios, los que analizaremos siguiendo el orden del articulado.

El artículo 1° establece el derecho de las personas naturales y jurídicas, así como de sus sucesoras, exceptuados los partidos políticos, de solicitar la restitución o requerir el pago de una indemnización de conformidad con sus normas.

Los mismos derechos podrán impetrar cuando la privación del dominio haya recaído sobre una concesión definitiva de estación de radiocomunicaciones, otorgada de acuerdo al decreto con fuerza de ley N° 4, de 1969, Ley General de Servicios Eléctricos.

Con esto se pretende poner término, de modo definitivo, a la situación que se produjo como consecuencia de la aplicación de esos decretos leyes confiscatorios. La situación de los partidos políticos será abordada en otra iniciativa legal, según lo expresara la Ministra de Bienes Nacionales.

El proyecto fue aprobado por mayoría de votos.

El artículo 2° indica los requisitos que deben cumplir las solicitudes, las cuales deberán ser presentadas al Ministro de Bienes Nacionales, y faculta a la autoridad para solicitar otros antecedentes o elementos que estime necesarios para resolver dicha solicitud.

La Dirección del Trabajo deberá pronunciarse sobre la calidad de sucesora que impetre la organización sindical peticionaria cuando se trate de ese tema.

Además, establece un procedimiento de reclamación para el caso de que el Ministerio de Bienes Nacionales rechace la solicitud por falta de cumplimiento de los requisitos. Este artículo fue objeto de dos indicaciones, tendientes fundamentalmente a mejorar su léxico.

La primera, para cambiar la expresión "determinación" por "estimación, pues se pensó que era muy difícil que el afectado pudiere determinar el monto de la indemnización, pero sí hacer una estimación de los valores. Por lo demás, el monto de la indemnización no será determinado por el peticionario sino por una comisión, y por lo tanto no correspondería que el solicitante, a título referencial, fijara dichos montos.

La segunda, fija el plazo en que debe emitir un pronunciamiento la Dirección del Trabajo, señalando que deberá formularse dentro del plazo de treinta días. Se estimó procedente establecer treinta días a dicha Dirección, con el objeto de que su resolución sea expedita en relación con la calidad de sucesora de la organización sindical solicitante.

Fue aprobado por unanimidad.

El artículo 3° señala que se considerará sucesora de la organización sindical afectada por esta ley a aquella que, de acuerdo con los estatutos y con la individualización de la antecesora, pueda estimarse que lo es.

Cuando se trate de dos o más instituciones que reclamen ser las sucesoras de una misma entidad sindical, se estimará tal aquella que acredite contar, dentro de su organización, con el mayor número de sindicatos, federaciones o confederaciones que hubieren estado afiliadas a la organización antecesora.

En el caso de las organizaciones de base, ese carácter deberá acreditarse probando que en su organización se encuentran afiliados el mayor número, dentro de la respectiva categoría, de trabajadores de la empresa a que pertenecen.

Este artículo fue aprobado por mayoría, con una indicación destinada a perfeccionar su redacción, para lo cual se eliminó la expresión "plausible", por no corresponder al léxico exigido.

El artículo 4° fija el plazo en que deberán presentarse las solicitudes, determinándolo en seis meses a contar de la entrada en vigencia de esta ley. Transcurrido dicho plazo, no se recibirán nuevas solicitudes ni podrán adicionarse las ya presentadas.

Su inciso segundo determina el plazo en que deberán publicarse las solicitudes en el Diario Oficial.

Fue aprobado por unanimidad.

El artículo 5° se refiere al caso en que se presenten otros interesados dentro del plazo que señala el articulado, impetrando derechos sobre los bienes solicitados por los requirentes, en cuyo caso el Ministerio de Bienes Nacionales se abstendrá de continuar la tramitación de la solicitud, y los oponentes deberán concurrir a la justicia ordinaria.

Fue aprobado por unanimidad.

El artículo 6° dispone que será competente para conocer de las causas que se originen con ocasión de la aplicación de esta ley el juez de letras en lo civil, de acuerdo con las normas generales de competencia, las que se sustanciarán conforme con el procedimiento del juicio sumario.

Serán parte del proceso el reclamante u oponente, el solicitante y el Ministerio de Bienes Nacionales, representado éste último por el Consejo de Defensa del Estado.

Este artículo también fue aprobado por unanimidad.

El artículo 7° establece que, expirados los plazos señalados en el artículo 5° sin que se hubiese interpuesto oposición o sin que el reclamante hubiere notificado judicialmente a las partes, el Ministro de Bienes Nacionales dictará una resolución pronunciándose sobre tal solicitud, en la cual señalará si el peticionario tiene el derecho sobre los bienes que reclama y, en caso afirmativo, se restituirá el bien o se lo indemnizará.

La resolución se notificará al interesado por carta certificada, entendiéndose practicada al décimo día hábil siguiente a la expedición de la mencionada carta.

Se podrá reclamar de la resolución de acuerdo con el procedimiento sumario, dentro de los veinte días siguientes a su notificación.

Para concordar este artículo con el 2°, se formuló indicación para agregar, después de la expresión "artículo 5°", la siguiente frase: "y del inciso tercero del artículo 2°||AMPERSAND||quot;

Este artículo fue aprobado por unanimidad.

El artículo 8o prescribe que procederá el pago de indemnización cuando los bienes a que se refiere el artículo 1° los confiscados, hubiesen sido enajenados por el Fisco o no fuere posible su devolución debido a su destrucción u otra circunstancia que impida, jurídica o materialmente, la restitución, o cuando el Fisco decida mantener en su patrimonio alguno de los bienes reclamados, por causa justificada.

Dispone, además, que tanto para el caso de restitución como para el pago de indemnización, no se debe considerar el menoscabo patrimonial sufrido por las personas por la no tenencia de los bienes ni el deterioro habido en éstos, en el lapso comprendido entre la confiscación o traspaso por decreto y la fecha de restitución o pago de indemnización. En todo caso, la restitución comprenderá las mejoras introducidas al bien.

Este artículo fue objeto de un largo debate, en el cual se dieron diversos argumentos sobre lo que debía entenderse por menoscabo, descartándose totalmente la indemnización por lucro cesante.

La señora Ministra manifestó que no era un tema de fácil solución, por la complejidad que significaba determinar qué se entendía por menoscabo.

Otro aspecto discutido fue la necesidad de determinar el justo valor al momento de indemnizar, y para este efecto se estimó que dicha valoración debía ser fijada al momento de la privación, actualizada según el índice de precios al consumidor.

También se discutió la conveniencia de eliminar la facultad que tiene el Fisco para mantener en su patrimonio alguno de los bienes reclamados, posición compartida por la Comisión.

Por último, el Ejecutivo, con fecha 2 de mayo, recogiendo los planteamientos hechos en la Comisión, envió una indicación sustitutiva del artículo 8°, la que fue aprobada por unanimidad.

El artículo 9° expresa que en el caso de que la resolución conceda la restitución de los bienes, deberá dictarse un decreto supremo fundado, expedido por el Ministerio de Bienes Nacionales y suscrito también por el Ministerio del Interior.

En el caso de organizaciones sindicales, deberá ser suscrito, además, por el Ministro del Trabajo, el que dispondrá la fecha de entrega de los bienes y fijará el plazo para ello.

Cuando se trate de restitución de bienes raíces, el interesado podrá, con el solo mérito de copia autorizada del decreto supremo que lo disponga, requerir del conservador de bienes raíces competente la cancelación de la inscripción de dominio del Fisco y la inscripción del inmueble a su nombre.

Este artículo fue aprobado por mayoría de votos.

El artículo 10 establece que cuando proceda el pago de indemnización, el Ministerio de Bienes Nacionales pondrá los antecedentes necesarios a disposición de la Comisión para que ésta determine su monto, en razón del valor comercial de los bienes singularizados en dicha resolución.

Este artículo fue objeto de indicación para agregar la expresión "actualizado" entre la palabra "valor comercial" y "de los, bienes singularizados en ella".

Se aprobó, con la indicación, por mayoría de votos.

El artículo 11 establece la comisión encargada de fijar el monto de las indemnizaciones, la que se regirá por lo dispuesto en el artículo 4o del decreto ley N° 2.186, de 1978, Ley orgánica de procedimiento de expropiaciones.

El dictamen de la Comisión en que se determine el valor de la indemnización será notificado al solicitante y al Ministerio mediante carta certificada. La notificación se entenderá practicada al tercer día hábil siguiente al despacho de la carta.

Este artículo fue aprobado con una indicación que precisa que la notificación del dictamen de la Comisión que determine el valor de la indemnización, se hará "personalmente" al solicitante, y al Ministerio de Bienes Nacionales, por carta certificada.

El artículo 12 determina que el Fisco o el solicitante tendrán un plazo de treinta días hábiles, a contar de la notificación, para reclamar del monto fijado por la Comisión, para lo cual hace aplicable en la especie las normas contenidas en el decreto ley N° 2.186, en lo que fuera procedente.

Fue aprobado por unanimidad.

El artículo 13 establece que extinguido el plazo para interponer reclamación, se procederá a dictar un decreto supremo suscrito por los Ministros de Bienes Nacionales y de Hacienda, en el cual se individualizará al beneficiario, señalando la resolución que le reconoció su derecho y el dictamen que determinó el valor a pagar como indemnización, estableciendo, además, la forma, plazo y demás condiciones a que se sujetará el pago.

Su inciso segundo indica que la indemnización se determinará en unidades tributarias mensuales y se pagará en tres cuotas anuales sucesivas.

Este artículo fue aprobado por unanimidad, con la indicación para eliminar la última frase de su inciso primero: "y establecerá la forma, plazo y demás condiciones a que se sujetará el pago ", por considerarse redundante.

El artículo 14 hace extensivo el procedimiento establecido en el artículo anterior respecto de las situaciones contempladas en el artículo 5°, en el inciso tercero del artículo 7° y en el artículo 12, sirviendo la sentencia ejecutoriada, en cada caso, de fundamento para la dictación de la resolución o del decreto respectivo.

Fue igualmente aprobado por unanimidad.

El artículo 15 autoriza al Consejo de Defensa del Estado para acordar transacciones en los procesos que se encuentren en tramitación a la fecha de publicación de esta ley, en los cuales el Fisco actúe como demandante o demandado.

Su inciso segundo establece que en las transacciones que acuerde el Consejo se podrá proceder a la restitución de él o los bienes objetos del proceso, o al pago de una indemnización, la que será incompatible con la contemplada en este cuerpo legal.

Artículos transitorios.

El artículo 1° dispone que los decretos supremos que ordenen el pago de las indemnizaciones deberán indicar las fechas de pago y que, en ningún caso, podrán efectuarse antes del 1 de enero siguiente al primer año de vigencia de esta ley.

El artículo 2° establece que el gasto que represente la aplicación de esta ley en los años posteriores a 1995, se efectuará con cargo a los fondos que anualmente se contemplen en las correspondientes leyes de presupuestos.

Ambos artículos fueron aprobados por unanimidad.

Menciones reglamentarias.

Para los efectos previstos en el artículo 288 del Reglamento de la Corporación, esto es, respecto de las menciones que debe contener este informe, se hace constar lo siguiente:

1.- De los artículos que no hayan sido objeto de indicaciones ni de modificaciones.

No hay artículos que se encuentren en esta situación, por cuanto el Ejecutivo presentó una indicación sustitutiva del proyecto en este segundo trámite reglamentario. En consecuencia) y para los efectos previstos en el artículo 131 del Reglamento de la Corporación, debe tenerse presente que no hay artículos que deban darse por aprobados reglamentariamente.

2.- Mención de los artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado.

Los artículos 5°, 6°, 7° y 12 tienen el carácter de normas orgánicas constitucionales, por incidir en la organización y atribuciones de los tribunales de justicia.

En conformidad con lo preceptuado en el inciso final del artículo 74 de la Carta Fundamental, en relación con el artículo 16 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, la indicación sustitutiva fue puesta en conocimiento de la Excelentísima Corte Suprema, la que emitió un informe favorable.

3.- De los artículos nuevos introducidos.

Como se indicara inicialmente, el Ejecutivo presentó una indicación que sustituye la totalidad del proyecto y, posteriormente, otra que reemplaza el artículo 8o, contenido en dicha indicación, por lo que cabe entender que todos los artículos que se proponen son nuevos y deben ser sometidos a discusión particular.

4.- De los artículos que deben ser conocidos por la Comisión de Hacienda.

La Comisión estimó que la totalidad del proyecto debía ser conocido por esa Comisión.

5.- De las indicaciones rechazadas.

Se rechazaron las siguientes indicaciones:

Al artículo 4°, del señor Ulloa , para eliminar en el inciso segundo del artículo 4° la frase: "los días 1° y 15 del mes", reemplazando la coma por un punto final.

Al artículo 9°, de los señores Ulloa , Vega y Solís , para eliminar la última frase del inciso primero del artículo 9°.

Al artículo 11, del señor Navarro , para agregar en el artículo 11, luego de "Comisión integrada por", la siguiente frase: "un representante del reclamante y".

En mérito de las consideraciones expuestas, vuestra Comisión tiene a bien proponer la aprobación del proyecto en referencia.

Se designó Diputado informante al que habla y la Comisión tomó este acuerdo el 3 de mayo de 1995.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto en estudio, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, calificado como "simple" urgencia para su tramitación.

Durante su estudio, asistieron a la Comisión los señores Sergio Vergara , Subsecretario de Bienes Nacionales, y Leonardo Moreno , asesor de dicha Cartera.

Concurrieron también, especialmente invitados, los representantes de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, encabezados por su presidente, señor Milenko Mihovilovic .

El propósito original de la iniciativa consistía en establecer normas en beneficio de partidos políticos, organizaciones sindicales, personas jurídicas y naturales que fueron afectadas en su patrimonio por la dictación de la normativa citada en el mensaje.

Posteriormente, fueron excluidas del proyecto las normas relativas a partidos políticos y otras, sobre las cuales no fue aprobada la idea de legislar a su respecto por no haberse reunido el quorum constitucional necesario en la sesión N° 42 de la Cámara de Diputados, de fecha 15 de enero de 1992.

El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuestos plantea que la iniciativa no irrogará gasto fiscal en el ejercicio presupuestario de 1995, en atención a que los pagos de las indemnizaciones en ningún caso podrán efectuarse antes del 1 de enero siguiente al primer año de vigencia del proyecto, las cuales se pagarán en tres cuotas anuales sucesivas, salvo las de monto inferior a 200 UTM.

Mediante un informe complementario, de fecha 10 de julio de 1995, la Dirección de Presupuestos señaló que los valores estimados por rubros de gastos, excluidos los bienes de partidos políticos, al primer semestre de 1995, son los siguientes:

En inmuebles, se contemplan 2.281,8 millones de pesos; en vehículos motorizados, 592,6 millones; en muebles y maquinarias, 300 millones; en concesiones y equipamiento de radiodifusores, 360 millones; en bienes muebles e inmuebles de organizaciones sindicales, 500 millones, lo que significa un gasto total para el Estado de 4.034 millones de pesos.

Se precisa, asimismo, que el mayor gasto estimado se reflejará en ejercicios presupuestarios correspondientes, según los valores y procedimientos mencionados en la iniciativa, no irrogando egresos durante el presente año, como se ha señalado.

La Comisión de Recursos Naturales, Bienes Nacionales y Medio Ambiente dispuso en su informe que la Comisión de Hacienda conociera la totalidad del proyecto. Sin embargo, ésta reconsideró tal criterio, limitando su análisis sólo a los artículos 1° y 8° y 1° y 2° transitorios, que dicen relación con la competencia de la Comisión.

Respecto de la discusión en particular del articulado, cabe señalar lo siguiente:

En el artículo 1° se establece que las personas naturales y jurídicas, así como las sucesoras de ambas, exceptuando a los partidos políticos que hayan sido privados del dominio de sus bienes en la forma señalada, tendrán derecho a solicitar su restitución o requerir el pago de una indemnización.

En su inciso segundo, se dispone que tendrán derecho a indemnización las personas que indica, que hayan sido privadas de una concesión definitiva de estación de radiocomunicaciones.

En relación con el alcance de esta disposición, se tuvo presente lo expuesto en la Comisión por el señor Mihovilovic , quien relató que la Asociación que representa fue disuelta como consecuencia de los sucesos de 1973 y privada de sus bienes muebles e inmuebles, sin que exista en el proyecto la voluntad de reparar el daño causado a su organización.

El Subsecretario de Bienes Nacionales planteó que las situaciones previstas en el proyecto se refieren a expropiaciones de bienes efectuadas por el Fisco en conformidad con la legislación citada.

La Comisión acordó solicitar al Gobierno el estudio de la situación que afecta a dicha entidad gremial, con el objeto de considerar alguna solución al problema antes enunciado.

Esta Corporación, por acuerdo N° 304, de 10 de agosto, también acordó solicitar al Ejecutivo la restitución de los bienes de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Penitenciaria, en atención a los siguientes antecedentes: el decreto ley N° 1.975, de 1977, y el decreto supremo N° 1.309, de 1979, del Ministerio de justicia, a través de los cuales se declaró disuelta y se canceló su personería jurídica; el decreto N9 253, del mismo Ministerio, de 27 de marzo de 1991, que restituyó su personalidad jurídica. La incautación de los bienes de la Anfup fue realizada por un acto facultativo de la autoridad, en un contexto en que el Gobierno de la época realizó una serie de confiscaciones e incautaciones de bienes a personas naturales y jurídicas, invocando motivos políticos para ello.

Por esta razón, la Cámara y la Comisión de Hacienda solicitan al Ejecutivo la restitución de los bienes de Anfup.

El artículo 89 señala que procederá el pago de la indemnización cuando los bienes a que se refiere el artículo l9 hubieren sido enajenados por el Fisco o no fuere posible su devolución debido a su destrucción u otra circunstancia.

Su inciso segundo precisa que no se indemnizará el menoscabo patrimonial sufrido como consecuencia de la privación de los bienes, sino el valor que tenían los mismos a la fecha de tal privación, debidamente actualizado.

Su inciso tercero señala que la restitución de un bien raíz incluirá las mejoras introducidas al bien y nada se deberá por el deterioro que él hubiere experimentado durante el período de privación.

El artículo l° transitorio dispuso que los decretos supremos que ordenen el pago de las indemnizaciones deberán indicar las fechas de pago, el que, en ningún caso, podrá efectuarse antes del l9 de enero siguiente al primer año de la entrada en vigencia de este proyecto.

El artículo 2° transitorio establece que el gasto que representa el proyecto en los años posteriores a 1995 se efectuará con cargo a los fondos que anualmente se contemplan en las correspondientes leyes de presupuestos.

Los preceptos comentados fueron aprobados por mayoría en la Comisión de Hacienda.

En consecuencia, la Comisión recomienda su aprobación en los términos expuestos.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Sería prudente permitir que se vote, lo que no obsta a que cada uno se manifieste en favor o en contra.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa sobre el artículo 2°.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, en relación con este artículo, solicitamos la división de su votación, para lo cual habría que considerar el primer inciso hasta la frase: "elemento de convicción que estime necesario para resolver la solicitud".

Nuestra petición se fundamenta en que conceptualmente creemos importante votar a favor de la restitución de bienes a personas naturales, como signo de la reconciliación que se nos ha pedido. Sin embargo, separamos claramente el tema de las organizaciones sindicales, por cuanto estimamos que no hay ninguna fórmula que permita aclarar si efectivamente las actuales organizaciones son sucesoras de las que existieron hasta 1983. Este aspecto lo señalamos expresamente, porque el marco jurídico existente en el mundo laboral de aquel entonces era completamente distinto al de hoy, razón que nos impide considerar como legítimos sucesores a quienes declaran serlo.

Por ello, anunciamos nuestros votos en contra de la idea de restituir bienes a organizaciones sindicales que, a nuestro juicio, no son sucesoras de las anteriores.

El señor VALENZUELA.-

Señor Presidente, sólo deseo reafirmar lo expresado por el colega Schaulsohn , de que las organizaciones sindicales fueron favorecidas con la aprobación del artículo l9.

De manera que el colega señor Jorge Ulloa , que se olvidó de la relación que existe entre el Sute y el Colegio de Profesores, aprobó en el artículo Pío que trata de rechazar ahora en el 29.

Como dijo el colega Schaulsohn , es una cuestión de procedimiento respecto de la solicitud que deberá presentar la organización sindical, pero el derecho ya se otorgó.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Luis Valentín Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, deseo opinar en el mismo sentido.

La disposición que establece el derecho a que organizaciones sucesoras de otras anteriores puedan tener acción respecto de esta ley, ya fue aprobada en el artículo 1°. El artículo 2° establece una cuestión de procedimiento solamente, y el artículo 39 señala quienes deben entenderse por sucesores.

La verdad es que lo planteado por nuestro colega el Diputado señor Ulloa ya fue resuelto y aprobado.,

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, si la bancada de la UDI votara en contra el inciso que le preocupa, estarían, contrariamente a lo que sostienen, facilitando aún más la devolución de los bienes a las organizaciones sindicales.

Me encantaría que fuera esa la intención manifestada por el Diputado Ulloa , porque querría decir que no se requeriría del pronunciamiento de la Dirección del Trabajo para que el Ministerio de Bienes Nacionales pudiera devolver estas propiedades, ya que el inciso cuarto establece que dicho Ministerio "rechazará de plano las solicitudes que no cumplan, con los requisitos señalados precedentemente".

Repito, no sé si la intención del Diputado señor Ulloa es facilitar aún más la devolución de aquellos bienes.

El señor GARCÍA (don René Manuel).-

Señor Presidente, en estos momentos difíciles es cuando uno tiene que ser consecuente con sus principios. No se debe defender el derecho de propiedad para beneficiar a un sector y luego olvidarse de ese principio cuando se beneficia a otro. Es decir, la ley fijará los requisitos, y si la gente que está reclamando la propiedad no puede establecer su dominio, claramente no es dueña de ella.

Repito, ahora es cuando se ve si uno es consecuente con un principio fundamental: el derecho de propiedad. Por lo tanto, sea cual fuere la división que se haga en este artículo, lo votaré favorablemente, porque la ley establece cómo se determina el dominio de los bienes.

He dicho.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, tengo la impresión de que esa indicación podría ser contraria a la Constitución Política de la República, por cuanto el origen del financiamiento no es un requisito establecido en nuestro ordenamiento jurídico para acreditar el dominio de un bien, por cuanto él describe ciertas formas de acreditación del dominio, pero el origen de los fondos no está entre esos requisitos. Si hubo fondos ilegítimos, es un asunto jurídico de una naturaleza completamente distinta.

Se ha innovado en esta materia recientemente para combatir al narcotráfico, pero esa es una norma de carácter especial que no tiene ninguna vinculación con bienes adquiridos en tiempos pretéritos.

A mi juicio, esta norma lesiona derechos adquiridos, por lo que contraviene normas expresas de nuestra Constitución. Por lo tanto, pido a la Mesa que declare su inadmisibilidad por esa razón.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Armando Arancibia.

El señor ARANCIBIA.-

Señor Presidente, ha habido una disposición unánime de la Sala para someter a discusión esta indicación, que evidentemente es extemporánea y no tendríamos por qué abordarla; pero creo que es bueno debatirla, más allá de que comparto la opinión del Diputado señor Schaulsohn , incluso respecto de su inadmisibilidad.

Sobre este punto hay que tener en consideración los siguientes elementos.

En primer lugar, dentro de nuestro ordenamiento legal se presume la buena fe y la legitimidad de los actos. Quien imputa o desconoce esa legitimidad, tiene que demostrarlo, salvo casos calificados, como el que se acaba de recordar, y que tiene que ver con una legislación recientemente aprobada.

En segundo lugar, no nos olvidemos de que esta disposición establece que las personas tienen derecho a recuperar una propiedad o dominio del cual fueron indebida o injustamente privadas, y que incluso esta restitución se hará, como dice el propio texto legal, sin considerar los menoscabos experimentados en el bien ni la pérdida del usufructo durante todo el tiempo en que las personas han sido privadas de él.

Es más, si quisiéramos entrar al mérito del asunto, deseo ilustrar a Su Señoría y a la Sala que este punto ya fue debatido en 1972.

Si me permite, señor Presidente, y los Diputados están dispuestos a escuchar, voy a leer las conclusiones de la Comisión Investigadora sobre actividades comerciales patrimoniales y otros intereses, en que participaron dirigentes y funcionarios de Gobierno.

La Comisión Investigadora concluyó que los valores empleados para adquirir los distintos bienes analizados fueron entregados por fuentes claramente establecidas, lo que se comprobó con la exhaustiva investigación hecha por la Contraloría General de la República. Aparece comprobado el origen de los dineros. Asimismo, no se estableció ninguna irregularidad en lo relativo al pago de tributos o impuestos de cualquier naturaleza en relación con estas compras.

Esto quedó expresamente establecido en la sesión 27’, del 10 de agosto de 1972.

Añadir esta exigencia después de más de 20 años de ocurridos los hechos, cuyos antecedentes son muy difíciles de obtener, si no imposible, es lisa y llanamente querer negar o desconocer el principio fundamental que señala que quien ha sido privado ilegítimamente de su propiedad tiene derecho a recuperarla y a ser indemnizado.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Taladriz.

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, me parece muy bien la apología al derecho de propiedad y que se trate de restituir los bienes de personas naturales o jurídicas quitados con posterioridad a 1973; pero me gustaría ver la misma intención para quienes fueron despojados antes, en 1969,1970,1971 ó 1972, cosa que el proyecto no considera. A agricultores del sur se les confiscaron sus bienes y nunca se los restituyeron, y tuvieron que entrar en una escalada de endeudamiento para recuperar su patrimonio o el de su familia. Creo que ésta es como "la ley del embudo", o, según el dicho popular, "como la del burro". La cosa debiera ser equitativa, para ambos lados, porque el atropello no nació en 1973, sino mucho antes, lo que destaco para la historia fidedigna de la ley.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).

Tiene la palabra el Diputado señor Luis Valentín Ferrada.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, hay dos formas de juzgar el proyecto en general y en particular: una, con consideraciones políticas, sobre las cuales no quiero reflexionar hoy; y otra mucho más importante y que sería bueno aportar al debate: este debe ser uno de los primeros proyectos en que la legislación positiva recoge el principio de que el Estado tiene responsabilidades extracontractuales por los daños o perjuicios que provoquen sus agentes o él mismo, aún en el desempeño legítimo de sus funciones.

La jurisprudencia chilena ha sido reiterativa en los últimos años, al establecer que del juego de normas constitucionales, principalmente apoyadas en el derecho de propiedad que consagra la Constitución y en la disposición sobre la igualdad ante las cargas públicas, se deduce que el Estado tiene siempre una responsabilidad extracontractual por la cual responder frente al daño o perjuicio que ocasione a cualquiera con motivo de su actividad como tal.

El proyecto apunta exactamente en ese sentido, y la teoría de la responsabilidad extracontactual del Estado no distingue al menos quiero hacer mención a dos aspectos que pueden ser útiles las razones del daño, ni siquiera la legitimidad o ilegitimidad con que la autoridad pudo actuar, sino que sólo atiende a si hubo o no daño y si es avaluable en dinero y debe ser indemnizado. En segundo lugar cuestión que va a tener mucha importancia en la discusión de los siguientes artículos, cuya redacción lamento porque los aparta de la doctrina nacional, establece que siempre que el Estado y sus agentes hacen daño a los particulares, a los ciudadanos, la reparación debe ser íntegra, no sólo la patrimonial y la que se desprende o se extiende de ella, sino que también la moral, si la ha habido.

En la misma línea en que intervino el Diputado don René García , quienes nos expresamos en favor del derecho de propiedad, pero en toda su extensión doctrinaria, no podríamos nunca olvidar que es esencial en el derecho de propiedad que consagra la Constitución de 1980 que toda persona, inclusive el Estado, debe responder por los daños o perjuicios que ocasione.

Frente a un proyecto que plantea como legislación positiva una forma de ejercer la acción de reparación así se llama la que persigue la responsabilidad extracontracual del Estado, no cabe añadir nuevos requisitos, ni siquiera restringir las indemnizaciones de modo que no sean íntegras ni proporcionales al daño que se pudo haber provocado. Por esta razón, votare negativamente esa parte.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Se han cumplido las tres intervenciones de Reglamento; pero han pedido la palabra los Diputados señores Jürgensen y Schaulsohn , a quienes pediría que fueran breves.

Tiene la palabra el Diputado señor Jürgensen.

El señor JÜRGENSEN.-

Señor Presidente, quiero referirme sólo a la indicación que hemos presentado algunos Diputados de Renovación Nacional y de la UDI.

En verdad, no tiene consideración política alguna; más bien, acoge lo que ocurre con frecuencia y discrecionalmente en todos los pagos que el Estado realiza a cualquier chileno.

Estimamos que debe establecerse en el proyecto de ley la demostración del origen del financiamiento, Como habitualmente lo exige el Estado en la devolución o pago de valores a particulares.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, quiero que usted resuelva mi objeción de constitucionalidad, porque considero muy grave el precedente de admitir a tramitación una indicación como ésta.

Después de la caída del nazismo en Alemania o ahora, después de la reunificación, o a propósito de los reclamos que formulan los cubanos exiliados en Miami respecto de los expropiados por la Revolución Cubana, nadie pensó nunca exigir como requisito para tener derecho a la devolución de bienes, que ya formaban parte del patrimonio de las personas, la acreditación de dónde obtuvieron los recursos para comprarlos.

Esta indicación, de ser admitida a tramitación en mi concepto, no va a ser aprobada; pero el precedente vale, es absolutamente expropiatoria y, por lo tanto, contraria al sacrosanto derecho de propiedad que ha invocado el honorable Diputado de Renovación Nacional, en nombre del Pacto Unión por Chile, como ha acotado el Diputado señor Viera-Gallo .

Creo que es muy importante que la Mesa resuelva la objeción de constitucionalidad.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Viera-Gallo.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, creo que la primera frase de este artículo no tiene sentido, porque dice: "Se considerará sucesora de una organización sindical afectada de conformidad al artículo 1° de esta ley a aquélla que, de acuerdo a sus estatutos y a la individualización de la antecesora, pueda estimarse que lo es". Esa es una tautología, según me señala el Diputado señor Arancibia . No estoy seguro de que sea así. En todo caso, se refiere a no aclarar aquello que se quiere aclarar.

Lo lógico sería prescindir de esa frase, porque en el artículo anterior esto lo resuelve el Ministerio de Bienes Nacionales conforme a un dictamen de la Dirección del Trabajo. En cambio, si se presentan varias organizaciones, el artículo tiene perfecto sentido.

En consecuencia, señor Presidente, lo lógico sería dividir la votación, y comenzar el inciso donde dice: "En caso de que...".

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, si hubiera acuerdo de la Sala se podría dividir la votación; pero creo que el ánimo es suprimir el primer párrafo.

Tiene la palabra el Diputado señor Schaulsohn.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, el artículo 3° a lo mejor ya es tarde para plantear esto, pero me asalta una duda dice: "Se considerará sucesora de una organización sindical afectada de conformidad al artículo l° de esta ley a aquélla...", como lo acaba de leer el Diputado señor Viera-Gallo . Luego, expresa: "En caso de que hubiere dos o más organizaciones sindicales que reclamaren ser sucesoras de una misma entidad sindical, se estimará tal a aquélla que acredite contar, dentro de su organización, con el mayor número de sindicatos, federaciones o confederaciones que hubieren estado afiliados a la organización antecesora".

Pregunto, entonces, ¿cómo acreditan estas federaciones o sindicatos, que a su vez con sucesores de las organizaciones o federaciones, que en su momento estuvieron afiliadas a la organización sindical, porque, a menos que de algún modo esté resuelto en el proyecto, donde hay la misma razón tiene que haber la misma disposición? Si la organización sindical debe acreditar que es sucesora de otra y como mecanismo para hacerlo tiene que señalar cuántos sindicatos o federaciones afiliados a la anterior están en ella se presentará el problema de determinar si esos sindicatos y federaciones que estuvieron igualmente proscritos como la organización sindical, son o no sucesores de los que en su momento formaban parte de esa organización.

Este problema jurídico se planteará en algún momento, a menos que esté resuelto en el proyecto. No lo sé.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, el inciso tercero del artículo anterior dice: "En el caso de solicitudes presentadas por organizaciones sindicales, el Ministerio de Bienes Nacionales requerirá el pronunciamiento de la Dirección del Trabajo, respecto de si la solicitante es la sucesora de aquélla indicada en su petición...". Por tanto, la ley establecería un mecanismo para las organizaciones sindicales...

El señor SCHAULSOHN.-

Eso está claro.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Respecto de esa materia, se pronunciará la Dirección del Trabajo.

La frase "conforme lo prescrito en el artículo siguiente" debiera suprimirse si se elimina el primer párrafo del artículo 3°.

De esta manera, el artículo 2° establecería que, en el caso de las organizaciones sindicales, la Dirección del Trabajo determinará en un informe el carácter de sucesora, y si hay dos o más que lo soliciten, el artículo 3° fija un procedimiento para salvar la situación.

El señor SCHAULSOHN.-

Señor Presidente, mi ánimo es no poner traba alguna al proyecto, con el cual concuerdo, pero lo que Su Señoría acaba de aclarar y la frase siguiente a que hace alusión el Diputado señor Viera-Gallo , en el mismo artículo 3S, no solucionarán el problema.

Me explico. Si hay dos organizaciones sindicales en disputa por algunos bienes y si para los efectos de conocer la verdadera sucesora se tiene que determinar cuál tiene más sindicatos o federaciones que, en su momento, estuvieron afiliados a la organización sindical cuyos bienes se reclaman, también planteará el problema de si esos sindicatos y federaciones, que hoy existen y están afiliados, son o no sucesores de los que también periclitaron por la misma razón que la organización sindical. ¿Cómo se establecerá que un sindicato es sucesor del que había antes? Si lo que se está probando es justamente eso, como un elemento para inclinar la balanza a favor de una organización en perjuicio de otra, respecto del sindicato individualmente considerado se presentará exactamente el mismo problema que sobre la organización sindical. Eso será una dificultad en la implementación de la ley.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor León.

El señor LEÓN.-

Señor Presidente, tengo la impresión de que la inquietud del Diputado señor Schaulsohn está resuelta en el artículo 5e del proyecto, porque establece un procedimiento ante la justicia ordinaria, justamente para resolver la controversia que eventualmente se pueda producir en el caso que él está planteando. Allí está solucionada al existir la instancia de la justicia ordinaria para acreditarlo.

No estoy de acuerdo con la eliminación del primer párrafo del artículo 3°, porque, a mi juicio, no está de más, ya que está dando claridad a la Dirección del Trabajo en la búsqueda de antecedentes, en el evento que ella tenga que resolver administrativamente el problema o entregar los certificados que correspondan.

He dicho.

El señor DE LA MAZA.-

Señor Presidente, además de lo dicho por el Diputado señor León , al final del artículo 3° se señala un precedente, ya que dice: "Si se tratare de organizaciones de base, tal carácter deberá acreditarse probando que en su organización se encuentra afiliado el mayor número, dentro de la respectiva categoría, de trabajadores de la empresa a que pertenecen". Luego, se podría probar por esa vía.

Entonces, estarían resueltas las dudas planteadas por los Diputados señores Schaulsohn y Viera-Gallo , porque se está tratando de probar, en relación con la organización sindical en referencia, que cuando no hay oposición deberá ser estimada como tal por el Ministerio del Trabajo, el cual tendrá que revisar sus estatutos, por si existen coincidencias, su historia y otros antecedentes que deberán acreditar lo mismo. Por lo tanto, no hay problemas en esta materia.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Señor Diputado, se puede separar la votación del primer párrafo del artículo 3°.

Tiene la palabra el Diputado señor Ulloa.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, me gustaría conocer la opinión de la señora Ministra, porque tengo la impresión de que en el artículo 39, por la vía administrativa, se señala un procedimiento para considerar el sucesor. En consecuencia, de acuerdo con lo que pretende el Ministerio, no podría eliminarse esa frase. Por eso, por su intermedio, quisiera conocer la opinión de la señora Ministra, porque, en la práctica, la eliminación de esa frase provoca mayores problemas si eventualmente se quiere señalar quién es el sucesor, materia que ya discutimos y en la que estamos en contra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Ávila, sobre el procedimiento de votación.

El señor ÁVILA.-

Señor Presidente, advierto en esta discusión el intento de invadir la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Esto forma parte de una mala práctica legislativa de ir hasta la minuciosidad en la ley. Tal cual como está el artículo, es perfectamente posible que luego pueda ser ajustado en sus detalles por el reglamento correspondiente. Antes de descuartizarlo, deseo señalar que la primera parte no corresponde a una tautología, como la calificó el Diputado señor Viera-Gallo , sino simplemente a una mala redacción. Por desgracia, no somos herederos de Bello.

He dicho.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, votaré a favor del artículo 8°, pero dejando expresa mención de que no estoy de acuerdo con la doctrina, por las razones que en forma más o menos lata expuse en mi intervención anterior. Es decir, el principio que ha recogido la doctrina constitucional chilena, sobre el cual hay completa coincidencia entre los profesores, es que cuando el Estado debe responder por responsabilidad extracontractual, nunca los perjuicios pueden ser limitados, ya que la reparación debe ser integral.

En este artículo se establece un principio inverso. Esta iniciativa de ley ha sido tal vez por otras razones más mezquina, porque limita perjuicios que deben pagarse. Si así se ha pedido, no iré más lejos; pero quisiera que al votar como lo haré quede constancia de que lo establecido aquí como principio apunta en dirección contraria a lo que dispone la Constitución y toda doctrina existente en materia de responsabilidad extracontractual del Estado.

He dicho.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra el Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, estoy de acuerdo en parte con el Diputado señor Ferrada , pero la responsabilidad extracontractual del Estado tiene límite, cual es precisamente la ley.

Recuerdo que este mismo problema se planteó con motivo de la dictación de la Ley de Pesca, cuando en un artículo se pretendió otorgar indemnización a las personas que resultaran perjudicadas por su dictación. Sin embargo, en esa oportunidad quedó absolutamente claro que el legislador no puede causar perjuicios, porque el título de la ley es precisamente el que regula todo este tipo de acciones.

En segundo lugar, quiero preguntar si el valor actualizado, según el IPC, será acumulativo o aritmético, porque también se ha discutido al respecto y los resultados son absolutamente distintos.

No sé si los Diputados ingenieros comerciales o economistas, o el Diputado informante o la señora Ministra, podrían damos a conocer alguna norma para saber a qué atenernos.

El señor FERRADA.-

Señor Presidente, permítame responder a la aseveración de nuestro colega señor Elgueta , porque el punto constitucional es un precedente relevante para el futuro.

En primer lugar, la ley no puede limitar un derecho constitucional, porque si creemos en el principio de la supremacía constitucional, ninguna ley puede imponer límites a lo que, como derecho, nace de instituciones jurídicas que consagra la Constitución.

En segundo término, no es cierto que el legislador no pueda causar perjuicios, porque como lo reconoce la doctrina otras fuentes de la responsabilidad extracontractual del Estado son también los actos del Poder Legislativo que, a través de la dictación de una ley, causen daño o perjuicio a un ciudadano.

Gracias.

El señor DE LA MAZA.-

Señor Presidente, todos los derechos de las personas y de las instituciones están prescritos. No hay posibilidades de conseguir restituciones por las vías normales, pues éste es un sistema especial que se está permitiendo para conseguir posibles niveles de justicia.

Ese es el fundamento del artículo que el sentido común me indica.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Pido la palabra.

El señor ESTÉVEZ (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, para mantener nuestra lógica en esta materia, pido que se vote en forma separada la frase que figura en el primer inciso del artículo 9°: "En el caso de las organizaciones sindicales, lo será, además, por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social."

Efectuada la votación en forma económica, por el sistema electrónico, dio el siguiente resultado: por la afirmativa, 55 votos; por la negativa, 18 votos. No hubo abstenciones.