Labor Parlamentaria

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde pronunciarse sobre las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que prorroga el plazo otorgado a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para pronunciarse sobre los casos a que se refiere el N° 4 del artículo 2° de la ley N° 19.123.

Antecedentes:

- Modificaciones del Senado (boletín N°1094-17), sesión 19°, en 23 de noviembre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N° 12).

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde discutir las modificaciones del senado al proyecto que destina recursos para el desarrollo de la duodécima rejón de Magallanes y de la Antártica chilena.

Antecedentes:

- Modificaciones del Senado (Boletín N° 1077-05), sesión 19°, en 23 de noviembre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°11)

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, sólo para decir que las modificaciones mejoran notablemente el proyecto.

En el artículo 1°, en su encabezamiento, el Senado ha suprimido la palabra “estimados”; ha intercalado, después de “1978”, la frase “calculada sólo respecto de la producción de gas y/o petróleo en la Región de Magallanes”, y ha rechazado la expresión “a los siguientes objetivos:”.

En seguida, ha suprimido las letras a) y b), relativas al destino de los recursos.

He conversado con el autor del proyecto, Senado señor Ruiz De Giorgio, quien ha solicitado que lo aprobemos en esas condiciones. Por lo tanto, porque las modificaciones mejoran ostensiblemente la iniciativa.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el proyecto ha sido mejorado por el Senado.

La primera modificación precisa que el 25 por ciento se calculará sólo respecto de la producción de gas o petróleo en la Región de Magallanes y la Antártida; y la segunda suprime las letras a) y b) deja la letra c) como parte del inciso primero. Constituye el Fondo de Desarrollo de la Región, sin plazo fijo, de carácter acumulable, que será utilizado por el gobierno regional y asignado a proyectos de fomento y desarrollo de la misma.

Desde este punto de vista, el proyecto ha ganado sustantivamente y anuncio mi voto favorable a las modificaciones.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, solicito que un señor Diputado, en especial alguno de la zona, explique el fundamento del proyecto, teniendo en cuenta que cuando se planteó una idea similar respecto de Arica, no tuvo igual acogida. ¿Por qué se crea un fondo especial, se destinan recursos especiales y se establece un sistema sólo para la Duodécima Región? Esto no ocurre con otras, ni siquiera con la Primera, particularmente con Arica.

El señor CARRASCO.-

Señor Presidente, los fundamentos que señaló el Senador señor Ruiz De Giorgio cuando estudiamos el proyecto original -que tuvo el patrocinio del Gobierno-, se refieren más que todo a hechos geopolíticos, en particular al abandono en que se encuentra parte importante de la Región de Magallanes. Incluso, aquí se destinan fondos especiales para Tierra del Fuego. Más que argumentos, el Senador Ruiz De Giorgio tuvo la suerte de que el Ejecutivo acogiera su petición y suscribiera el proyecto.

Es una zona extrema, fronteriza, abandonada, en que las leyes de excepción no han tenido la fuerza que se pensó para crear desarrolló. Con estos recursos, se estima que la Región de Magallanes puede desarrollarse, crear trabajo e incentivar el proceso productivo.

Estos son los fundamentos entregados en el mensaje.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señor Presidente, comparto plenamente los propósitos del proyecto, porque obedecen a una filosofía que, para los que somos de regiones, es de extraordinaria importancia defender, pues asocia el desarrollo de una región a los recursos que obtiene el Estado de la explotación de las riquezas naturales que existen, sobre todo de las no renovables.

En este proyecto se asimila la situación de Magallanes a la de las regiones mineras beneficiadas por la ley sobre patentes mineras aprobada por la Cámara. Su recurso mineral, el petróleo, no está afecto al régimen de patentes, sino que al régimen tributario que se establece. De ahí que en base al principio sentado en la ley de patentes mineras, el Senador Ruiz De Giorgio planteó al Ejecutivo su idea, con el objeto de asociar el desarrollo de la región a parte de los ingresos fiscales obtenidos de la explotación del petróleo. Compartimos plenamente este criterio.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, desde luego, aprobaremos las modificaciones al proyecto de ley que beneficia a la región de Magallanes y a la Antártica chilena, con mayor agrado si recordamos que fue patrocinado por nuestro desaparecido colega Milenko Vilicic. Evidentemente, mejoran el destino de los recursos que van a la Región de Magallanes.

Como diputados de región, especialmente en mi caso, que hace pocos días cámara aprobó un proyecto que destinó 9 millones de dólares para reparación de caminos de las regiones octava y novena.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, sin entrar en el merito del proyecto, que ya fue discutido y aprobado en forma unánime por la sala, quiero consignar que las modificaciones del honorable Senado representan los comentarios del consejo regional de Magallanes que señale en la sala y sintetizan dos o tres principios muy significativos.

Primero, que el Consejo Regional ha tenido un rol en la capacidad de generar opiniones y proposiciones para la tramitación de una ley. Cuando generamos la legislación sobre regionalización, sentimos que éste era un papel razonable de los consejos regionales.

Segundo, que se ha establecido el principio, ya señalado en la legislación de patentes mineras, de que por los bienios que pos su naturaleza no se recuperan, como son los recursos mineros, recursos no renovables, la región debe recibir un beneficio directo con proyecciones sobre su futuro.

En tercer lugar, que representa un sentido anhelo de mi región tener un fondo especial para su desarrollo. Constituye una continuidad con una hilo histórico –como ocurrió con la corporación de Magallanes y en Arica con la junta de Adelanto– que a través de una ley se genere un financiamiento especial para que, en forma autónoma, esta región establezca mecanismos de inversión, estudio y fomento que reducen en su beneficio y desarrollo.

La constitución de un fondo de desarrollo para duodécima región representa un avance significativo, ya que entregará los instrumentos para practicar en profundidad la regionalización. También se determina con la transitoriedad no justificada cada 10 años de los fondos, ya que se establecen en forma permanente.

Este proyecto y las modificaciones introducidas por el senado reflejan fielmente las aspiraciones de mi región y las opiniones de su consejo regional, por lo cual nuestra bancada concurrirá con su voto.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que modifica la ley N° 18.695, con el objeto de fomentar la creación de fiscalías municipales y la formación de unidades policiales vecinales.

Diputada informante de la Comisión de Gobierno Interior es la señora Cristi.

Antecedentes:

- Moción (boletín N° 980-06), sesión 72°, en 11 de mayo de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°18).

- Informe de la Comisión de Gobierno Interior, sesión 9a, en 22 de junio de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°18).

La señora CRISTI.-

Señor Presidente, en mi calidad de Diputada informante, designada para tales efectos por la Comisión de Gobierno Interior, Regionalización, Planificación y Desarrollo Social, vengo a exponer ante la Sala el proyecto que modifica la Ley Orgánica de Municipalidades, con el objeto de fomentar la creación de fiscalías municipales y la formación de unidades policiales vecinales.

El proyecto en estudio tuvo su origen en una moción de los Diputados señores Álvarez-Salamanca, Cantero, Espina, Galilea, García, don René; Munizaga, Pérez, don Juan Alberto; Prokurica, Ribera y de quien les habla.

Antes de ser tratado por la Comisión, Su Excelencia el Presidente de la República otorgó su patrocinio a la iniciativa y formuló una serie de indicaciones a la misma.

Las ideas fundamentales del proyecto consisten en agregar las siguientes facultades a las que actualmente poseen las municipalidades. Primero, creación de fiscalías destinadas a defender a las personas que habitan en su territorio y que son víctimas de delitos de acción pública que afecten su seguridad ciudadana, siempre que se cumplan las condiciones que allí se señalan; segundo, ejecución de acciones, mediante aportes y subvenciones a las instituciones policiales a fin de impulsar la creación de unidades policiales vecinales.

Antecedentes generales.

Los antecedentes jurídicos expuestos por quienes propician la iniciativa son los siguientes:

a) El artículo l2, inciso final, de la Constitución Política de la República obliga al Estado a resguardar la seguridad nacional y a dar protección a la población y a la familia.

b) El artículo 24, inciso segundo, del mismo cuerpo legal, extiende la autoridad del Presidente de la República a todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden público.

c) El artículo 107, inciso segundo, de la Carta Fundamental, define a las municipalidades como corporaciones autónomas de derecho público y les señala como objetivo satisfacer las necesidades de la comunidad.

El artículo 42 de la Ley Orgánica de Municipalidades que se propone modificar, faculta a los municipios para desarrollar, en forma directa o con otras entidades de la administración estatal, una serie de funciones relacionadas con el bienestar general de la comunidad.

El artículo 5a de la ley orgánica en referencia, considerando la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, confiere a los municipios atribuciones que les otorga herramientas eficaces para cumplir con las funciones indicadas.

El artículo 58 de la ley orgánica señala las situaciones por las cuales el alcalde debe contar con el acuerdo del concejo, en especial la referida al otorgamiento de subvenciones y aportes.

Los antecedentes de hecho, indicados por los autores del proyecto, se refieren a que una de las mayores necesidades de la población es la seguridad de las personas, la que se ve permanentemente afectada por los asaltos y por los robos que se perpetran no sólo en la vía pública sino que también al interior de los hogares. Por ello, es indispensable dotar a las municipalidades de facultades que las autoricen, en forma expresa, para cooperar con los organismos e instituciones competentes del Estado en materias de seguridad ciudadana, lo cual debe orientarse, en primer término, a la defensa de los vecinos bajo determinadas circunstancias, cuando son víctimas de delitos que afectan la seguridad pública, como el homicidio, lesiones, robos, hurtos, violaciones, secuestros y sustracción de menores; en segundo lugar, mediantes aportes y subvenciones a las instituciones policiales, con el objeto de fomentar la formación de unidades vecinales.

En este orden de ideas, Su Excelencia el Presidente dé la República, en su indicación sustitutiva, señala que el desarrollo comunal impone a los municipios el papel de ente de articulación entre la ciudadanía y los organismos policiales competentes para combatir la delincuencia, impulsando acciones de capacitación, información, coordinación y asesoría, a fin de lograr, así, una efectiva respuesta en la lucha contra el flagelo que afecta a nuestra sociedad.

Participaron en la discusión del proyecto en el seno de la. Comisión los alcaldes de las municipalidades de Las Condes, señor Lavín; de Providencia, señora Grez, y de San Joaquín, señor Farías; el concejal de la municipalidad de Las Condes, señor Torrealba; el representante de la Corporación de Asistencia Judicial, señor Fernández; los prefectos de Carabineros de Santiago Oriente y Norte, señores Olivares y León, y los comisarios de Carabineros, señores Patricio Valenzuela y Héctor Rodríguez, de las comisarías de Peñalolén y de Las Condes, respectivamente.

- Discusión y votación del proyecto.

La Comisión que represento en esta ocasión acordó, por unanimidad, prestar su aprobación a la idea de legislar sobre la materia.

Durante la discusión en particular, adoptó respecto del articulado los siguientes acuerdos:

- Desechó la creación de las unidades policiales vecinales, basada especialmente en las opiniones dadas a la Comisión por el Cuerpo de Carabineros de Chile.

- Se amplió la facultad propuesta para las municipalidades de prestar defensa judicial a las víctimas de delitos, tanto en los de acción pública como en los de acción privada.

- Se amplió para el municipio la facultad propuesta por el Ejecutivo en orden a ejecutar acciones tendientes a la prevención en materias relativas a la seguridad ciudadana, así como a la coordinación y colaboración con las autoridades competentes en tales materias.

- No hacer aplicable el límite del 7 por ciento en la operación del presupuesto municipal y, además, para los aportes y subvenciones que los municipios realicen en relación con las nuevas facultades que se les entregan a través del proyecto.

- Por último, se establece que los aportes y subvenciones deberán ser acordados por los dos tercios de los concejales en ejercicio, previa consulta al Consejo Económico Social.

Los artículos del texto propuesto a la Sala fueron aprobados por unanimidad, y se estimó que todas las disposiciones contenidas en el proyecto son de rango orgánico constitucional. Además, se acordó que ninguna de sus normas ameritan ser conocidas por la Comisión de Hacienda.

Recomiendo a la Sala, si hubiera quorum, la aprobación de este proyecto, que será de gran importancia para ayudar a prevenir la violencia y la delincuencia.

Es cuanto puedo informar.

El señor ESPINA.-

Señor Presidente, este proyecto, que corresponde a una moción parlamentaria, busca abordar, quizás, una de las materias más complejas en el ámbito del tema de la delincuencia.

La razón es muy simple. De acuerdo con el inciso final del artículo 1° de la Constitución Política, es obligación del Estado resguardar la seguridad nacional y dar protección a la población y a su familia. Luego, en su artículo 24, inciso segundo, extiende la autoridad del Presidente de la República, como Jefe del Estado, a todo cuanto tenga por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa del país, de conformidad con la propia Carta Fundamental y las leyes.

Uno de los problemas prácticos que se presenta en el tema de la delincuencia es que en determinadas comunas se están cometiendo delitos de características determinadas en forma persistente y que para la ciudadanía, con los mecanismos que le entrega hoy día la sociedad chilena, muy difícilmente podrá enfrentarlos con éxito. Esto radica fundamentalmente en que en nuestra administración de justicia hay lentitud en la tramitación de los procesos y en los procedimientos judiciales, lo que finalmente hace que la gente no recurra a los tribunales y se produzca lo que se denomina el círculo vicioso de la impunidad delictual. Es decir, se comete un delito, las personas recurren a los tribunales, éstos no dan respuesta por la lentitud de los procedimientos, el delincuente queda en impunidad, la víctima se siente en la indefensión y, finalmente, opta por no recurrir a los tribunales. Esto es extraordinariamente grave para un estado de derecho y una democracia, porque la gente siente que los tribunales no dan respuesta oportuna al problema que la afecta.

Hay otro factor que también agrava esta situación ya que, cuando algunos de estos delitos son denunciados por los vecinos de una comuna, ellos sienten temor por las represalias que los delincuentes pueden tomar. Muchas veces se han conocido casos de personas que han estado en la sala de espera de los tribunales, donde parientes o personas vinculadas a los delincuentes las han amenazado para que no denuncien el delito.

Esto ocurre con frecuencia en zonas populares, donde operan bandas o pandillas que intimidan a determinados sectores de la población. Estos dos hechos exigen poner mucha atención en la obligación que la Constitución le entrega al Estado de resguardar la tranquilidad ciudadana.

Así fue surgiendo la necesidad de incorporar a la labor de las municipalidades proteger o buscar mecanismos de protección para los vecinos, no sólo en el ámbito de la delincuencia, sino que en otros de la vida diaria. Por eso, el artículo 4° de la Ley Orgánica de Municipalidades establece las labores que desarrolla una municipalidad directamente o con otros órganos de la Administración del Estado. Y así señala la asistencia social, la salud pública, la protección del medio ambiente, la educación y la cultura, etcétera. En realidad, se trata de que el municipio, siendo la organización del Estado más cercana a los particulares, realmente vaya cumpliendo su labor de ayudar al desarrollo de la comunidad en su conjunto, ya que hoy no existe una norma que les permita, en determinados casos, asumir esta labor de resguardo de la comunidad, tratándose de la seguridad ciudadana o de protección contra la delincuencia.

En la práctica -y aquí es importante conocer la opinión de los Diputados que se han ido especializando en este tema a través de la Comisión de Gobierno Interior- muchas veces hemos visto que los municipios efectúan donaciones a Carabineros o a Investigaciones, pero no existe un procedimiento legal para hacerlas más expeditas.

El propósito de este proyecto es permitir que, en determinadas circunstancias, la municipalidad asuma la defensa judicial de los vecinos que son víctimas de delitos. Por tal razón, en el artículo 4a del proyecto que, finalmente, aprobó por unanimidad la Comisión de Gobierno Interior, la cual a su vez, hizo suyas parte de las indicaciones del Ejecutivo, se establece una nueva letra 11) que incorpora a las labores de la municipalidad la de asumir la defensa judicial de los vecinos que sean víctimas de delito?.

Los habitantes de las comunas ó de los lugares donde habitualmente se cometen delitos de la misma naturaleza, por ejemplo, asaltos, reclaman que el resguardo policial es insuficiente, que los tribunales son lentos y que no tienen a quién recurrir para que los ayuden a actuar en contra de esos grupos de antisociales, pues, en la actualidad, las municipalidades carecen de facultades para acudir en su auxilio. Por ello, a las de prestar asistencia social o atender a la educación y la cultura, se agrega la de asumir la defensa judicial de los vecinos que sean víctimas de delitos.

También se faculta a las municipalidades para ejecutar acciones destinadas a la prevención en materias relativas a la seguridad ciudadana. Ya no se trata de asumir sólo la defensa de los vecinos, sino, además, de prevenir la comisión de delitos a través de la implementación de políticas municipales. La municipalidad deberá realizar dicha labor preventiva reforzando la educación de los vecinos para enfrentar determinado delito, tomando medidas de precaución, etcétera, es decir, enseñando a la comunidad a cooperar con la fuerza pública y las autoridades.

Por ello, la letra m) agrega, en las facultades de las municipalidades, la ejecución de acciones destinadas tanto a la prevención, en materia relativa a la seguridad ciudadana, como a la coordinación y colaboración con las autoridades competentes en tales materias. Es decir, establece un lazo entre la autoridad municipal y la policial.

En el último tiempo se han observado descoordinaciones al interior de las policías. Estas argumentan ya que no tienen cooperación de las autoridades municipales o que hay desconocimiento de su labor. A su vez, las corporaciones edilicias afirman que no conocen exactamente cuáles son las acciones y los procedimientos empleados por la policía. Lo lógico y natural es que exista una norma legal que permita a los alcaldes y concejales reunirse con las fuerzas policiales para realizar una labor conjunta, con el fin de prevenir y evitar la comisión de delitos de similar naturaleza a los ya ocurridos, lo que ha llevado a decir que en esa zona o en ese barrio es normal que se cometan tales delitos comunes, además del tráfico de drogas, el consumo de marihuana o la venta ilegal, por ejemplo, de bebidas alcohólicas.

Por tal razón, el proyecto que finalmente aprobó la Comisión de Gobierno Interior, que mejora inequívocamente el original, establece estas dos nuevas normas en su artículo 4°. No sólo se limita a la defensa judicial de los vecinos, sino que, además, se preocupa de que existan labores de prevención y coordinación entre las policías y las autoridades municipales.

Luego, en la letra g) del inciso primero del artículo 5°, incorpora una norma que dice relación con su encabezamiento, del siguiente tenor: "Para el cumplimiento de sus acciones -las que establece el artículo 4°- la municipalidad tendrá las siguientes atribuciones esenciales: g) Otorgar subvenciones y aportes a personas jurídicas de carácter público o privado, sin fines de lucro, que colaboren directamente en el cumplimiento de sus funciones.

También pone una limitante a estas subvenciones, en el sentido de que no podrán exceder del 7 por ciento del presupuesto municipal. Pero hay una excepción a esta norma: las funciones de seguridad ciudadana indicada en las letras l) y m) del artículo 4°. ¿Qué significa esto? Que los aportes que podrá hacer la municipalidad para la seguridad ciudadana no tendrán el límite del 7 por ciento del presupuesto municipal, como tampoco lo tienen los aportes destinados al Cuerpo de Bomberos o a las actividades de educación, salud y atención de menores.

De esta manera, hay un segundo paso. El proyecto ya no sólo persigue que las municipalidades se coordinen y colaboren en las labores de prevención y asuman la defensa de los vecinos, sino que, además, permite un hecho concreto: que se otorguen recursos, los cuales no estarán sujetos al límite del 7 por ciento del presupuesto municipal, como lo dispone la letra g) del artículo 5°. Esto será un gran impulso para que las municipalidades se transformen en un agente activo en la lucha contra la delincuencia.

Finalmente, como una manera de controlar la disposición de estos recursos, se modifica el artículo 58, en el cual se señala que esta subvención, si bien no tiene el límite del 7 por ciento, para ser acordada requerirá de los dos tercios de los concejales en ejercicio. Es decir, por un lado, la municipalidad podrá subvencionar la acción y la labor de la policía; por otro, se señala que no estará afecta al límite del 7 por ciento, pero para acordarla requiere quorum especial. Con ello asegura que la medida sea adoptada en casos de necesidad, porque los recursos de las municipalidades son siempre limitados y por lo tanto, cuando se van a destinar en mayor proporción a una labor determinada, se requiere un quorum alto. Eso implica el respaldo de todo el municipio.

En síntesis, ése es el contenido de esta moción, que constituye un avance importante en la labor de los municipios para colaborar con las autoridades de Gobierno en la lucha contra la delincuencia.

Me gustaría que este proyecto se aprobara en la sesión de hoy. Espero que se reúna el quorum respectivo, ya que se trata de una señal que la Cámara de Diputados da con mucha claridad respecto de un tema que sigue siendo el que más preocupa a la ciudadanía: la delincuencia.

Si bien este proyecto corresponde a una moción de algunos parlamentarios, entre los que me incluyo, el trabajo de la Comisión de Gobierno Interior demuestra que ya no se trata de la iniciativa de algunos parlamentarios, sino que involucra a toda la Corporación, a Diputados de todos los sectores. En realidad, ya no es patrimonio de quienes lo impulsaron, sino de la unanimidad que se ha logrado para su aprobación.

Por esas razones, señor Presidente, le pido que, en su momento, haga todo lo necesario para reunir el quorum -de ley orgánica constitucional- para su aprobación, es decir, de 67 ó 66 Diputados. Al aprobarla, daríamos una muy buena señal a la opinión pública de la labor que esta Cámara ha realizado en muchas oportunidades para combatir la delincuencia, en la cual siempre ha primado, a pesar de lo conflictivo que pueden resultar algunos de estos proyectos, una política de Estado, por lo que se han logrado los quorum requeridos. Así, hemos despachado muchos proyectos de ley originados en mociones parlamentarias que han permitido dar pasos importantes para enfrentar la delincuencia.

Por eso, solicito que hagamos un esfuerzo por aprobarlo, y agradezco al Gobierno que lo haya calificado de "suma urgencia", lo que demuestra, reitero, que estas materias están siendo abordadas con criterio de política de Estado. En consecuencia, pido a la Mesa que, a través de los procedimientos internos de la Corporación, recabe la asistencia del mayor número de parlamentarios para lograr la aprobación por la unanimidad de la Sala, ya que concederá muchos beneficios, particularmente a la gente modesta de las comunas del país.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, anuncio los votos favorables de la bancada democratacristiana.

Celebramos la decisión del Gobierno de modificar el texto original que generaba las fiscalías municipales y los cuerpos policiales vecinales. La función del cuerpo policial está definida en su ley orgánica. Le entrega esa responsabilidad a Carabineros y a Investigaciones. Por eso, estimamos qué la iniciativa era inconstitucional y que, en definitiva, debía fortalecerse la acción de quienes deben cumplir esa función, según la ley.

Por otra parte, gran parte de los delitos quedan ahora sin sanción porque las personas son amedrentadas en las poblaciones o en los tribunales. Por consiguiente, no se formula la denuncia oportunamente.

El hecho de que el municipio asuma la defensa de estas personas garantizará mayor seguridad a las personas. Así, por lo menos, fue expresado por Carabineros del área oriente, quienes sostuvieron que desde que se otorgó esa facultad a uno de los municipios de la Región Metropolitana, se había logrado mantener presos a los delincuentes.

Me preocupa, al margen de entregar atribuciones, la distinta situación de recursos en los municipios. Si todos contaran Con los fondos de que dispone la comuna de Las Condes, personal municipal podría haber acompañado a carabineros y sé habría comprado todos los vehículos necesarios. Sin embargo, tenemos municipios ricos y pobres, que ni siquiera con este 7 por ciento, o elevando ese monto, podrán asumir esta responsabilidad. En consecuencia, sigo abogando por lograr equilibrios reales que permitan, día a día, ir acercando los que están en condiciones de aportar para la defensa y beneficio de las personas, a otros municipios que no cuentan con esos recursos.

Habrá que seguir haciendo esfuerzos para mejorar la composición del Fondo Común Municipal y para que todos los municipios tengan las mismas posibilidades de obtener recursos.

En todo caso, el proyecto fue patrocinado por el Ejecutivo y modificado en parte sustantiva. En definitiva, las municipalidades asumen la defensa judicial de los vecinos que sean víctimas de delitos y también se las faculta para ejercer acciones de prevención en materia de seguridad ciudadana, así como en la coordinación con las autoridades competentes.

Pienso que la última modificación, que agrega un inciso segundo a la letra g) del artículo 58, debe basarse en un aporte mayor de los municipios más ricos, porque los de menores recursos no están en condiciones de asumir esta nueva función que les entregamos en su ley orgánica.

Por considerar que el proyecto es un avance importante, sustantivo, anuncio mi voto favorable.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, también vamos a concurrir con nuestro voto favorable.

En verdad, uno de sus principales aportes es establecer la comuna como un espacio en el cual es necesario redoblar las acciones para elevar la seguridad ciudadana. Sabemos que hay serios problemas en esa materia y que la forma de enfrentarlos requiere cierta diversidad, pues no acepta modelo único y homogéneo. Por eso, en la comuna debe haber capacidad para crear iniciativas adecuadas a su particularidad que permitan contar con estrategias destinadas a enfrentar el problema de la seguridad ciudadana en forma adecuada. Nada tiene que ver el problema de la seguridad ciudadana en comunas como Santiago, Las Condes, La Florida o La Pintana, porque cada una tiene realidades diversas. Eso obliga a que la comuna considere, analice y diagnostique la manera de enfrentarlo.

Está claro que esta situación tiene mucho que ver con la debilidad del sistema judicial. Por eso, lamentamos que, habiendo transcurrido 14 meses desde que el Parlamento acordó la creación de diez juzgados del crimen en la Región Metropolitana, aún no se pongan en marcha a causa de la ineficiencia de la Corporación de Administración de Justicia. Dada la urgencia de contar con nuevos juzgados y la necesidad de fortalecer el sistema judicial, había muchas alternativas para que ellos funcionaran en locales arrendados, en forma transitoria, por cuanto su creación apunta a solucionar este problema de fondo.

En La Florida hay un solo juzgado con un juez y trece funcionarios. Tiene acumuladas nueve mil causas en lo que va transcurrido. ¿Qué posibilidades tiene de procesar y llevar adelante de manera eficiente cada una de esas causas? La verdad les que son muy limitadas.

También hay serios problemas en relación con la comunidad. Pero, antes de eso, quiero referirme al tema de la policía. Actualmente, la policía -y esto era parte de lo que íbamos a discutir en la sesión de esta noche- no tiene un modelo de acción preventiva lo suficientemente moderno y adecuado a la problemática actual de nuestras ciudades, particularmente de Santiago. Es muy importante enriquecer ese modelo que, por cierto, no es sólo de la policía, por cuanto ésta tiene un rol específico. Hoy día tenemos el esquema de los motociclistas todo terreno, que andan muy rápido por las calles de la ciudad -no son conocidos por los vecinos ni ellos tampoco ubican a la gente-, por lo que no siempre es el modelo más eficaz para la acción preventiva. Es necesario llevar a cabo un debate profundo, con el objeto de que haya una mayor prevención frente al delito.

El proyecto apunta a fortalecer un aspecto de la acción de seguridad ciudadana, cual es la situación de la comunidad, porque está claro que si ella no asume un rol más activo respecto de este tema, nunca la policía y la justicia, por sí mismas van a lograr resolverlo. Uno de los mayores problemas a nivel de la comunidad es la falta de solidaridad, aun cuando ha ido mejorando, porque se han producido asaltos sin que la comunidad haya reaccionado. Hace dos semanas fue asaltada una familia en su departamento de La Florida; los vecinos lo vieron, pero nadie reaccionó. Por lo tanto, hay una absoluta impunidad, la cual tiene que ver con la sensación de indefensión. La comunidad no reacciona porque teme a las consecuencias, no sólo las inmediatas, sino que también las posteriores.

En la letra 11) establece que habrá apoyo municipal en la defensa judicial de los vecinos. Eso genera algo que hoy es posible realizar. Sin embargo, al dejarlo expresamente establecido como función de los municipios, asegura que ellas desarrollen esta acción y apoyen más a la comunidad en su defensa frente a distintas situaciones delictuales.

En el terreno de la acción preventiva que establece la letra m) -hoy día la pueden efectuar los municipios porque no está prohibida-, lo que hace esta precisión a la ley orgánica, es señalar expresamente esa función. De hecho, los municipios ejercen acciones destinadas a la prevención delictual, como la iluminación de algunos, sectores, el enfrentamiento de focos de riesgo social, etcétera. Lo importante es que se genera esta función, porque el municipio deberá discutir con los distintos agentes o actores de la prevención la forma de disminuir los focos de delitos y prevenir de manera más precisa y eficiente los distintos problemas que se presenten.

Además, el proyecto no hace aplicable el límite del 7 por ciento para los aportes y subvenciones que los municipios destinen a este efecto. Por cierto, no sólo tendrán que hacer aportes y entregar subvenciones. En muchos casos, impulsarán proyectos directos de prevención o financiarán la existencia de abogados para la defensa judicial de los vecinos.

En definitiva, el proyecto que hace de la comuna un lugar donde se deben tomar iniciativas en relación con la seguridad ciudadana, es precisar funciones y flexibilizar la destinación de recursos.

Sin embargo, al igual como lo señaló el Diputado señor Elizalde, hay una gran diferencia entre el proyecto primitivo y el que se está discutiendo. Por ejemplo, su título original es "Fiscalías municipales y formación de unidades policiales vecinales", en circunstancias de que no existen las últimas, porque fueron eliminadas de la iniciativa, y las primeras no son tales, sino una defensa judicial de los vecinos. En la Comisión no modificamos el título del proyecto, pero, en atención a las consideraciones expuestas, sería bueno encontrar otro, porque la iniciativa ha sufrido tantas transformaciones que su título quedó desfasado respecto de sus contenidos.

He dicho.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, debemos tener presente que si se aborda globalmente el tema de la delincuencia, hay dos derechos que se están colisionando: uno, el que ha existido tradicionalmente desde hace dos siglos, relativo a la defensa de las personas privadas de libertad y que, potencialmente, podrían ser delincuentes. Si nos colocamos en el terreno de las hipótesis, cualquiera de nosotros puede estar en esa situación. Pero al otro extremo existe la hipótesis de que todos podemos ser víctimas de un delito. En consecuencia, nó se trata de escoger entre algo bueno y algo malo, sino elegir una concepción ética de lo que debe ser la vida social, entre lo que es bueno y lo que, aparentemente, también lo es.

¿Cuál es nuestra opción, a propósito de este proyecto? ¿La defensa de las víctimas o la privación de libertad de los supuestos culpables? Eso es lo que tenemos que dilucidar en este proyecto. Desde ese punto de vista, la iniciativa en análisis me merece serias dudas de constitucionalidad.

En segundo lugar, si suponemos que es constitucional, a mi juició estaría técnicamente errado.

Desde el punto de vista constitucional, ¿podrá la municipalidad asumir la defensa privada de los particulares, aun cuando sean vecinos? ¿Es éste un "problema colectivo, común, de todos los vecinos que pertenecen a una comuna?

Creo que hay una confusión de valores, que atañe y viola la defensa personal de los intereses privados en una comuna. La Constitución sólo establece como obligación del Estado la defensa de las personas que carezcan de los medios para hacerlo.

Desde ese punto de vista, otorgar a las municipalidades la defensa judicial de los vecinos que sean víctimas de delitos, implica radicar en un órgano del Estado la totalidad de la defensa de los intereses privados y particulares de cada persona, individualmente hablando, misión que no corresponde a las municipalidades. Por algo, la Constitución establece que las municipalidades son corporaciones autónomas, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad, pero no, repito, los intereses individuales y particulares de cada una de las personas.

Los ejemplos dados grafican muy claramente a qué defensa judicial se refiere el proyecto. Se ha dicho que si alguien es asaltado, víctima del delito de sustracción de bienes desde su casa o violado desde el punto de vista personal, las municipalidades deberían asumir la defensa de cada uno de los vecinos. Me parece que ésa no es su misión.

En seguida, la institución de la defensa judicial de los vecinos también perjudica a los abogados, cuya misión es la defensa particular de las partes cuando existe un conflicto, en este caso, respecto de los delitos. ¿Qué pasa con el ministerio público? En virtud de un proyecto de ley que se discute en el Senado, el ministerio público asume la representación de la sociedad. Se dice que él es una institución histórica que está sobre las partes; no es parte: ni acusador ni defensor, pero puede actuar en defensa de los intereses jurídicos de la sociedad. Por lo tanto, mediante la imposición de esta norma de defensa judicial de los vecinos que sean víctimas de delitos, también se está restringiendo ese principio.

¿Es necesaria tanta represión para controlar la delincuencia en nuestro país? En el Senado se está tratando un informe de la Comisión Mixta sobre el proyecto que considera penalmente responsables a los mayores de 14 años. Desde mi punto de vista, constituye una aberración en el Derecho Penal moderno y contraviene las convenciones internacionales. Pretendemos reprimir también a quienes aparezcan como sospechosos o culpables de delitos contra vecinos, casos en los cuales los órganos del Estado asumen la defensa de los intereses particulares. En consecuencia, hay aquí un método eminentemente represivo para una pretendida contención de la violencia.

¿Qué pasa con el Consejo de Defensa del Estado? Se le dan una serie de facultades, pero limitadas, ya que no puede ejercer acciones legales en todos los delitos. Sin embargo, a las municipalidades se les abre un amplio campo, sin limitación alguna, para intervenir en cualquier tipo de delito. Podríamos exagerar y decir, por ejemplo, que el giro doloso de cheques constituye un atentado contra la propiedad de algún vecino que recibe uno de estos documentos que no tiene fondos o es protestado por cuenta cerrada. Se podrían enumerar todos los delitos establecidos en el Código Penal, pues no hay ninguna distinción. Se hace una enumeración taxativa de los delitos respecto de los cuales él Consejo de Defensa del Estado puede iniciar una acción judicial; en cambio, a las municipalidades se les da un campo amplísimo, sin limitación alguna, para sostener acción penal en toda clase de delitos.

Desde luego, cuando se dice: "la defensa judicial de los vecinos que sean víctimas de delitos", no señala si la municipalidad será la representante legal de los vecinos -parecería serlo- o si sus abogados, funcionarios de ellas, patrocinarán las denuncias y sostendrán la acción por un mandato que les entregarán las presuntas víctimas. Eso no está aclarado en el proyecto.

En consecuencia, me parece que un proyecto de esta naturaleza debe ser estudiado con mayor acuciosidad para precisar sus términos, en el sentido de si a las municipalidades les corresponde esta misión o no; porque si van a velar por los intereses de la comunidad, ésta puede estar compuesta por gente que ha sido víctima de los delitos, sobre todo de atentados contra la propiedad, y también por personas que carecen de recursos, yo pregunto: "qué hará el concejo cuando un pobre, una persona privada de su libertad, incurra en una acción delictiva? ¿Apoyará al poderoso, a quien supuestamente se le sustrajeron bienes, o a aquel sospechoso que a veces carece de todo? Ese es un dilema en que las municipalidades aparecerán defendiendo la propiedad privada.

Por otro lado, me parece qué no basta con modificar el artículo 4C de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades para que las municipalidades tengan la función de la defensa judicial de los vecinos víctimas de delitos. Pero me pregunto: ¿cuál será la unidad de la corporación municipal que tendrá a cargo esta defensa, en circunstancias de que en su ley orgánica se establecen las unidades que conforman las municipalidades con el objeto de que puedan ejercer sus atribuciones? Así, por ejemplo, están: Secretaría, Serplac, Desarrollo Comunitario, Obras Municipales, Aseo, Ornato, Tránsito, Finanzas, Control y Asesoría Jurídica, la cual sólo se encarga de "iniciar y defender los juicios en que la municipalidad sea parte o tenga interés". En ningún acápite se consigna que estos asesores jurídicos municipales podrán encargarse de la defensa de los vecinos en forma particular.

En consecuencia, si se aprobara un proyecto de esta naturaleza sería absolutamente inútil, puesto que no consideraría la unidad encargada de acometer esta tarea.

Por estas razones, en lo principal, votaré en contra del proyecto, porque no corresponde a los principios constitucionales ni legales.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, la intervención del Diputado señor Elgueta, en cuanto a las observaciones de mérito que ha formulado al proyecto, me interpreta cabalmente.

En mi concepto, la iniciativa es una buena idea; pero podría ser mejorada siempre y cuando se reelaborara su redacción y se ubicaran las disposiciones legales en su adecuado contexto; porque en los términos en que se encuentra presenta numerosas falencias de carácter constitucional.

Es así como se comete a la municipalidad "la defensa judicial de los vecinos que sean víctimas de delitos", lo cual, desde el punto de vista de la Constitución no se puede hacer, porque se quiebra la subsidiariedad del Estado. La defensa ante los tribunales de justicia la hacen las personas, quienes contratan en forma directa a los abogados, profesionales que se dedican a esta materia; y cuando dichas personas no tengan los recursos suficientes, podrán acudir a las corporaciones de asistencia judicial, a los abogados de turno que les proporcionen los tribunales. Pero el Estado no puede crear mecanismos de defensa judicial o de asesoría jurídica directa e inmediata.

La Constitución establece en su artículo 19, N° 32, que "Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale"... Y agrega: "La ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensa jurídica a quienes no puedan procurárselos por sí mismos." Esto es, el Estado proporcionará los medios adecuados para que los ciudadanos puedan defenderse ante los tribunales de justicia, cuando no tengan los recursos económicos adecuados para hacerlo. En ese momento entra a jugar el rol subsidiario del Estado y, en consecuencia, se atiende a las personas a través de alguna de las instituciones establecidas. Pero, si nosotros asignamos este rol a las municipalidades en términos prioritarios, y hacemos lo que está ejecutando, por ejemplo, el municipio de Las Condes, -de asignar a determinados abogados la defensa de los intereses de los vecinos frente a los delitos-, sin discernir o discriminar si esos vecinos tienen recursos o no, haremos un mal uso del patrimonio municipal y se quebrará la garantía constitucional, porque estableceremos un mecanismo estatal -el Estado, en el sentido amplio de la palabra, es también municipio, y viceversa-, una defensa municipal, lo que, en consecuencia, implica invadir los derechos de la ciudadanía y abrogar los derechos de la profesión de abogado.

Pero, hay más. Los municipios, de acuerdo con la Constitución vigente, no pueden inmiscuirse en materias de seguridad ciudadana. Ese es un campo reservado sólo al Presidente de la República, es decir, al poder central del Estado. Es el Presidente de la República, sus ministros, intendentes, gobernadores, y la totalidad del aparato administrativo del gobierno interior, quienes tienen el cometido constitucional de resguardar el orden público y la seguridad ciudadana.

No en vano el artículo 24 de la Constitución establece que la autoridad del Presidente de la República "se extiende a todo cuanto tiene por objeto la conservación del orden público en el interior y la seguridad externa de la República...,", y ése es un cometido de carácter constitucional que no lo puede asumir ninguna otra autoridad u organización pública o privada, a menos que la propia Constitución se lo encargue. Y es el caso que la Carta Fundamental no le comete a los municipios labores vinculadas con la seguridad ciudadana, sino solamente tareas vinculadas con las necesidades de carácter colectivo.

La Constitución, en el artículo 107, inciso segundo, al perfilar o definir las municipalidades, establece que son entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna. No cabe la menor duda de que, en último término, todos los organismos que se mueven en la sociedad tienen alguna vinculación con la seguridad; pero, desde el punto de vista de los cometidos constitucionales las organizaciones relacionadas la tienen asignada de manera inmediata. No cabe la menor duda de que los municipios se encuentran muy lejos de asumir funciones de seguridad ciudadana. Más aún, en el artículo 90 de la Constitución se establecieron determinadas instituciones especializadas que trabajan en el ámbito de la seguridad ciudadana, cuales son las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, que "están integradas sólo por Carabineros e Investigaciones," y "constituyen la fuerza pública y existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior, en la forma que lo determinen sus respectivas leyes.".

Si nosotros, a través de una legislación de rango inferior a la Constitución, preceptuamos que los municipios también van a tener labores de seguridad ciudadana, de alguna manera estaremos invadiendo facultades de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.

De manera que este proyecto, desde el punto de vista constitucional, es extraordinariamente débil y confuso. Al pretender establecer, como misión de los municipios, labores de prevención en materia de seguridad ciudadana, realmente no aporta nada, porque todas las organizaciones del país tienen ínsitas en su propia misión, labores de prevención. Por ejemplo, la mejor labor de prevención se realiza en la educación, en los medios de comunicación, en materias de familia, de distracción o esparcimiento y en deportes. Todas son labores relacionadas con la prevención; pero no necesitamos decirlo expresamente, porque en la medida en que la educación, la salud y la vivienda se desarrollen adecuadamente, se estará cumpliendo la función de la prevención y no necesitamos asignarla expresamente.

Nuestra discrepancia de fondo con este proyecto de ley es que, estando cubierto adecuadamente, dentro del marco de la idea de combatir la delincuencia, no logrará su objetivo, porque sería muy grande la cantidad de recursos que tendríamos que asignar a los municipios para que contrataran abogados que, en teoría, insten en los tribunales, también, por la detención de los delincuentes. Y este es un sofisma por la sencilla razón de que la delincuencia no se va a solucionar bajo ninguna circunstancia con mayor cantidad de abogados, de fiscalías públicas, de tribunales, de carros policiales y de cuarteles. Así lo ha demostrado la experiencia mundial. Países que tienen recursos inmensamente superiores a los nuestros y que se han empleado a fondo con ese propósito no han logrado acabar con la delincuencia. Les pongo el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la cantidad de millones de dólares empleados en combatir la delincuencia no tienen punto de comparación con los nuestros, y no han logrado abatirla por la sencilla razón de que la delincuencia no representa un problema de política meramente represiva. Entender la delincuencia como un tema únicamente policial, de mayor vigilancia, de más cárceles, de sanciones más drásticas, de mayores penas, no satisface la aspiración de la colectividad de disminuir sus tasas. Y la prueba más evidente es que en los períodos históricos de nuestro país, donde hubo mayor represión, donde estuvo más custodiado el país desde el punto de vista de la "seguridad pública", se presentó la mayor cantidad de denuncias ante los tribunales.

Una estadística del Instituto Nacional de Estadísticas señala que en 1980 se presentaron 832 mil denuncias ante los tribunales, que corresponden al 7.5 por ciento de la población del país; en 1982, un millón de denuncias, que representó el 9 por ciento de ella; en 1991, considerando su crecimiento, hubo 1.033.000 denuncias, equivalente a un 7.9 por ciento. En la década de los 80, estábamos con estado de emergencia, con suspensión de las garantías constitucionales y con todo el fenómeno que vivió el país desde el punto de vista de la seguridad -con vigilancia de fuerzas militares lanzadas a la calle, lo que no sucede hoy- y con toque de queda, pese a ello, teníamos elevadas tasas de criminalidad y de denuncias, superiores a las actuales.

Cón eso se demuestra que las políticas y orientaciones únicamente represivas para combatir la delincuencia no dan solución. No se solucionará el problema haciendo responsables penalmente a los niños de siete, seis, cinco o un año, según el gusto de cualquier Senador de la República.

En consecuencia, observamos que el proyecto está muy en la línea política de fortalecer los aparatos represivos del Estado, por vía directa o indirecta, haciendo caso omiso de la verdadera fundamentación del fenómeno delictivo, que nace en una realidad social de falencias económicas, culturales, sociales y educacionales; de grave crisis en la familia y de medios de comunicación, que proyecta violencia y disvalores; es decir, el camino está en otro lado.

Por lo tanto, se debe buscar la solución adecuada, porque sería una señal profundamente errónea decir que hemos creado mayor cantidad de abogados en las municipalidades. ¿Creen los señores Diputados que la población tendrá más seguridad porque en los municipios habrá mayor cantidad de abogados entablando querellas criminales y acudiendo a los juzgados del crimen? ¿Eso brinda mayor seguridad a la ciudadanía? Nunca he escuchado que a mayor cantidad de abogados exista mayor seguridad en los países. Eso es una tremenda equivocación.

Por esas razones, por algunas de orden práctico y estadístico y otras de orden constitucional, lo mejor que se puede hacer es enviar nuevamente el proyecto a la Comisión correspondiente para que lo rehaga, tomando en consideración las argumentaciones planteadas.

He dicho.