Labor Parlamentaria

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional, del proyecto sobre prórroga de patentes mineras.

Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía es el señor Carlos Vilches.

Antecedentes:

- Mensaje del Ejecutivo (boletín N°s 1107-08), sesión 9a, en 19 de octubre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°1).

- Informes de las Comisiones de Minería y de Hacienda, sesión 16a, en 16 de noviembre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°s 17 y 18).

El señor VILCHES.-

Señora Presidenta, me corresponde informar el proyecto, originado en un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que establece una prórroga para el pago de las patentes mineras.

La Comisión acordó, por la unanimidad de los Diputados presentes, dar por superada la exigencia reglamentaria dispuesta en el inciso segundo del artículo 212 del Reglamento de la Corporación; es decir, lo referido a la audiencia pública.

Recuerdo a esta Honorable Cámara que con fecha 3 de febrero de 1993 se publicó la ley N° 19.201, que dispuso la prórroga del pago de la patente minera anual que debió efectuarse en marzo de 1992, sin el recargo que establece el Código de Minería, aun cuando la concesión se encontrare en trámite de remate. Además, se estableció que el dueño de la concesión que la hubiere eliminado de la subasta, pagando el doble del valor adeudado como patente, tenía derecho a solicitar el reembolso de lo pagado a título de sanción.

El Ejecutivo presentó un proyecto con el fin de facultar permanentemente al Tesorero General de la República para prorrogar el pago de las patentes mineras y, excepcionalmente, el de las que vencieron en marzo de 1993.

En la parte expositiva del mensaje se señala que el Código de Minería dispone que la concesión minera debe ser amparada mediante el pago de una patente anual cuyo monto es equivalente a un décimo, a un quincuagésimo o a un trigésimo de una unidad tributaria mensual, según sea el caso. Agrega que el pago de la patente es anticipado y debe efectuarse durante el mes de marzo de cada año.

Por otra parte, se indica que las concesiones mineras cuyas patentes no hayan sido pagadas durante el curso del mes de marzo deberán ser incluidas en una nómina que el Tesorero General de la República enviará a cada uno de los juzgados competentes, antes del le de julio de cada año. Añade que, recibida dicha nómina, el juez señalará el día y la hora para el remate.

Se establece que mientras el Tesorero General de la República no haya enviado a los tribunales la nómina referida, el pago de la patente podrá hacerse sin el recargo que dispone el artículo 149 del Código de Minería, esto es, el doble de su valor.

Se plantea que los pequeños mineros del país han representado, a través de sus diversas asociaciones gremiales, la inquietud de no disponer oportunamente de los recursos necesarios para el pago de las correspondientes patentes mineras, en razón de la baja que ha experimentado el precio del cobre en los mercados internacionales.

Se añade que en los últimos años se han promulgado sucesivas leyes que prorrogan el pago de las patentes mineras, con el objeto de facilitar a los pequeños mineros el cumplimiento de dicha obligación. Por lo tanto, parece de toda conveniencia establecer una norma permanente que permita al Tesorero General de la República prorrogar, hasta por seis meses, el pago de las patentes mineras, sin el recargo establecido en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.

Finalmente, se indica que para solucionar la situación que afecta a los deudores de las patentes mineras que debieron pagarse en marzo de 1993, se dispone en un artículo transitorio la prórroga por única vez, de hasta 10 meses, el plazo que dispone la ley para dar cumplimiento a tal obligación y sin recargo alguno. Además, se autoriza a quienes hayan pagado dichas patentes con el recargo que establece la ley, para solicitar que tal aumento se les impute al pago de la patente de 1994.

Las ideas matrices o fundamentales del proyecto son las siguientes:

1°.- Establecer un sistema permanente que autorice al Tesorero General de la República para prorrogar hasta por seis meses el pago de las patentes mineras, sin cobrar el recargo que se dispone en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería.

2° - Solucionar la situación que afecta a los deudores de patentes mineras que debieron haberla pagado en marzo de 1993, para lo cual se establece una prórroga, por única vez, de hasta diez meses, del plazo que dispone la ley para dar cumplimiento a tal obligación y sin recargo alguno.

Para normalizar la situación planteada, el Ejecutivo propuso un proyecto que contiene un artículo único permanente y uno transitorio. La Comisión estimó que ambos artículos deben ser aprobados con quórum de ley orgánica constitucional, toda vez que, al permitirse el pago atrasado de patentes de amparo, se contradice el artículo 12 de la ley N° 18.097, orgánica constitucional sobre concesiones mineras, que prescribe que el régimen de amparo "consistirá en el pago anual y anticipado de una patente a beneficio fiscal, en la forma y por el monto que determine el Código de Minería".

La Comisión de Minería y Energía consideró que el artículo único permanente y el transitorio debían ser estudiados por la de Hacienda.

Por último, cabe informar que durante el estudio del proyecto no se presentaron indicaciones y que los artículos fueron aprobados por unanimidad, tanto en general como en particular.

En mérito de lo expuesto y dado que la Comisión aprobó por unanimidad el proyecto en informe, solicito a la Sala que también lo apruebe en los mismos términos propuestos por la Comisión de Minería y Energía de la Honorable Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor RINGELING .-

Señora Presidenta, el proyecto es bastante simple. Sin embargo, la Comisión de Hacienda aprobó dos indicaciones, con la finalidad de aclarar su redacción.

En el artículo único, para agregar, entre las palabras "prorrogar" y "hasta", la frase "por razones fundadas", por estimar que concordaba mejor con la norma y para que no se transforme en una simple medida de prórroga permanente, sino que los peticionarios estén obligados a expresar sus razones, las que servirán de base al Tesorero General de la República para fundamentar la adopción de su medida.

Respecto del artículo transitorio, el objetivo de la indicación es aclarar la norma, porque se refería a un recargo no especificado allí, sino en el artículo anterior. Se propone reemplazar la expresión "dicho recargo", por "el recargo establecido en el artículo 149 del Código de Minería.

La Comisión de Hacienda recomienda aprobar el proyecto con las indicaciones aludidas, las cuales no son de fondo, sino que aclaran mejor el espíritu del proyecto.

He dicho.

El señor MUNIZAGA.-

Señora Presidenta, todo el país conoce la difícil situación que afecta a la pequeña y mediana minería y cuyo epicentro está en la localidad minera de Andacollo, en la Cuarta Región, donde los pirquineros, los pequeños trabajadores de la actividad minera han sufrido con mayor intensidad el problema, debido a la falta de trabajo, lo que los ha llevado a buscar otro tipo de actividades.

De allí que sea necesario arbitrar medidas que realmente impulsen el desarrollo minero. Estamos frente a una iniciativa que, sin lugar a dudas, aunque no impulsará fuertemente el desarrollo minero, proporcionará un pequeño alivio a gran cantidad de mineros que no han podido pagar sus patentes en las fechas correspondientes.

Hace un tiempo, parlamentarios de la bancada de Renovación Nacional, representados en esa oportunidad por los Diputados señores Vilches y Prokurica, propusimos un proyecto de acuerdo- que, lamentablemente, fue rechazado- por el cual solicitábamos que el Gobierno presentara una iniciativa con este mismo objetivo.

Hoy tenemos la suerte de estar estudiando la iniciativa y de tener en nuestras manos la decisión de aprobarla. Ella propone medidas que solucionarán el problema de esos mineros, al establecer un sistema permanente que autoriza al Tesorero General de la República para prorrogar -por supuesto, en forma fundada- hasta por seis meses el pago de las patentes mineras, sin cobrar el recargo dispuesto en el inciso segundo del artículo 149 del Código de Minería. Asimismo, es una muy buena ayuda para el sector la disposición que favorece a los deudores de patentes mineras que debieron haberse pagado en marzo de 1993.

En consecuencia, anuncio tanto mi voto favorable, como el de Renovación Nacional.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señora Presidenta, brevemente para apoyar lo ya informado por los colegas de las Comisiones de Minería y de Hacienda, en el sentido de que se trata de un proyecto importante para un sector que se encuentra en situación bastante deprimida. Por lo demás, es muy similar a lo que debimos hacer el año pasado, con la salvedad de que se entrega al Tesorero General de la República la facultad de prorrogar, hasta por seis meses, el pago de dichas patentes.

Efectivamente, este proyecto va en apoyo de los sectores de la pequeña y mediana minería. La Cuarta Región vive una realidad que se expresa en sus comunas más pobres: Río Hurtado, Combarbalá, Andacollo; en general, en cada una de las que pertenecen a las provincias de Choapa, Limarí y Elqui. De manera que también forma parte de la ayuda que el Gobierno entrega al sector, como una manera de ir solucionando los graves problemas que afectan especialmente a la pequeña minería.

En consecuencia, solicito que se despache en general y ojalá también en particular, a fin de que rápidamente sea enviado al Senado para su aprobación.

Señora Presidenta, el artículo permanente y el transitorio tienen normas de quórum calificado. Quiero saber cuántos votos se requieren para aprobarlos y a qué hora se votará.

El señor PROKURICA.-

Señora Presidenta, ratificando lo que se ha dicho hoy en la Sala, la situación que vive la minería en Chile, especialmente la pequeña y la mediana, es realmente crítica.

Hay cientos de faenas mineras paralizadas, y existen ejemplos prácticos, como la planta de Vallenar que, de 30 mil toneladas de promedio, hoy está recibiendo menos de ocho mil.

Las causas son muchas y no es el momento de analizarlas, por lo que creo que este proyecto constituye un alivio parcial a la problemática que viven los mineros de nuestro país, y genera -diría- algo novedoso: un procedimiento que el Tesorero General de la República podrá hacer efectivo a futuro, en forma permanente, cuando existan las condiciones que lo justifiquen.

Por esta razón, votaremos a favor esta iniciativa que, además, responde a un proyecto de acuerdo que presentamos hace varios meses junto a los Diputado señores Munizaga y Vilches y que contenía las aspiraciones de distintas asociaciones mineras del país.

El señor ARANCIBIA.-

Señora Presidenta, la simplicidad del proyecto y la claridad de la situación no ameritan mayores consideraciones, salvo decir que iniciar una disputa por la paternidad de este proyecto me parece, a lo menos, curioso, cuando corresponde al Ejecutivo por ser de su iniciativa exclusiva, y lo ha presentado recogiendo demandas, sobre todo de las organizaciones y asociaciones mineras del país.

En este sentido, es el segundo proyecto que discutimos, tendiente a enfrentar la situación que se arrastra en la minería -particularmente en la pequeña y mediana- desde fines de 1991 en adelante.

Aunque no es posible analizarlo cabalmente en este minuto, quiero tocar un tema, porque creo que donde existe la misma razón, debiera existir la misma disposición. Como parlamentario de la bancada socialista, he enviado un oficio al señor Ministro de Minería para solicitarle que, así como se ha presentado este proyecto para aliviar a los pequeños y medianos mineros, particularmente a los más chicos, se adopten también medidas para otorgar las más amplias facilidades adicionales, en materia de deudas, a los pequeños mineros que las mantienen con la Empresa Nacional de Minería.

Ya sabemos que Enami ha adoptado algunas disposiciones al respecto; pero creo que las características de la situación ameritan que, sobre todo en el caso de los mineros más modestos, existan las más amplias disposiciones para darles alivio en otros compromisos, como sus deudas con Enami. También, de continuar en el futuro la tendencia negativa en el precio del cobre, es necesario mantener a mediano plazo la política de sustentación, no por motivos solamente económicos, sino por razones fundamentales para el empleo y la subsistencia de un vasto sector del territorio nacional, como es el que depende de esta actividad fundamental para el país.

Por las razones expuestas, la bancada del Partido Socialista votará, obviamente, a favor de este proyecto que corresponde a una iniciativa del Ejecutivo y de parlamentarios de la Concertación, como el Senador señor Núñez y el Diputado señor Pizarro, don Sergio.

He dicho.

El señor GAJARDO.-

Señora Presidenta, este proyecto cuenta con nuestro absoluto y total apoyo, como lo decía el señor Diputado informante de la Comisión de Minería y Energía.

En esta Comisión hubo acuerdo unánime para aprobarlo, ya que establece un mecanismo que era necesario para flexibilizar el pago de las patentes mineras. Sabemos que en la ley orgánica de concesiones mineras se establece la obligación de los mineros de amparar su concesión en términos bastante rígidos, en cuanto a que el pago debe ser anticipado. Indudablemente, en períodos difíciles de la actividad minera el cumplimiento de la obligación coloca a los mineros en una situación extremadamente compleja. Tanto es así que en oportunidades anteriores hemos debido aprobar leyes especiales para autorizar, por una vez, al Tesorero de la

República para que conceda prórroga al pago de las patentes mineras. En esta oportunidad, estamos fijando un mecanismo permanente que le permita otorgarlas hasta por seis meses.

Por otra parte, quiero destacar un principio que me parece digno de aplicar en otras oportunidades en que se ha utilizado el mecanismo de autorizar prórrogas o beneficios de carácter tributario o de derechos, como los que en este caso estamos legislando: y es que el artículo transitorio establece que la facultad para conceder prórrogas podrá ejercerse hasta por diez meses respecto de las patentes mineras que debieron pagarse en marzo de 1993. Se establece que el dueño de la concesión que hubiere pagado su patente con el recargo -la prórroga permite el pago sin el recargo que establece la legislación vigente- por haberse pagado la, patente después de la fecha que señala la ley, vale decir, en marzo de 1993, tendrá derecho a solicitar que este recargo se impute al pago, del año 1994. Esta norma nos parece de absoluta justicia, porque no es correcto que quien ha cumplido adecuadamente sus compromisos sea perjudicado, considerando el beneficio que se otorga a los que no han podido cumplir. Me parece un buen principio que deberíamos aplicar toda vez que se establezca esta clase de beneficios.

En suma, vamos a aprobar esta iniciativa y la votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor MASFERRER.-

Señora Presidenta, la bancada de la UDI votará favorablemente este proyecto, por considerarlo una ayuda para el pequeño empresario minero, respecto del cual todos reconocemos que ha habido carencia de una política de apoyo.

Digo esto como miembro de la Comisión de Minería, porque desde hace mucho tiempo venimos diciendo que el pirquinero no ha tenido ...

Varios señores DIPUTADOS.-

¡Ahora sale con eso!

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Ruego a los señores Diputados mantener el orden en la Sala para que pueda hablar el señor Masferrer.

Continúe, señor Diputado.

El señor MASFERRER .-

Parece que a los Honorables colegas no les gusta escuchar cuando uno de los miembros de la Comisión de Minería -diría que casi todos- hace presente la falta de políticas adecuadas para este sector, especialmente para los mineros del norte. Creo que esta norma es un paliativo, pero sugerimos que el Ejecutivo envíe proyectos que realmente vayan en beneficio de esta gente- como éste, que les permite pagar su patente, que es verdaderamente un tributo- a fin de que puedan seguir subsistiendo, porque en recorridos realizados por el norte, en particular por Andacollo, hemos visto cómo no han podido desarrollar la actividad que ellos tan bien saben hacer. Por lo tanto, creo que esto sí los va a beneficiar y esperamos que se concreten programas adecuados para ayudarlos, sobre todo a los mineros nortinos, que son tan sacrificados.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta, no pienso agregar nada que sea obvio, porque todos estamos de acuerdo en aprobar el proyecto, más aún cuando responde a una situación evidente y que debe abordarse.

Sólo quiero hacer algunos alcances a los colegas en el sentido de que esta iniciativa no la han planteado únicamente los señores Vilches, Prokurica y Munizaga, quienes han manifestado que serían los portavoces de esta inquietud. La hemos planteado en conjunto en varias oportunidades. En todo caso, se trata de un proyecto de ley del Ejecutivo y él la ha recogido. Es una inquietud que tiene sentido cuando los pequeños y medianos empresarios mineros viven una situación complicada; pero la pregunta que dejo planteada en esta discusión, es ¿qué pasa con ellos cuando les va bien?

El señor Masferrer, que aparentemente, no está de acuerdo con que en Chile exista una economía de mercado, habla de políticas que el Gobierno debería llevar a cabo en el sector minero sin hacer ningún alcance al hecho de que las propias asociaciones mineras concuerdan en que los factores que inevitablemente inciden en un menor ingreso o en una baja en la rentabilidad de su actividad corresponden a efectos inevitables de producciones mineras nuestras al resto del mundo. Así se desprende de nuestras conversaciones con las asociaciones de mineros, que también reconocen que cuando les va bien, no se preocupan de "Moya"; pero cuando les va mal, obviamente tiene que ser "Moya" quien pague o ayude a estos empresarios.

Espero que la aprobación del proyecto no signifique sentar el precedente de que la única posibilidad del sector minero chileno de salir adelante es el inevitable respaldo del Estado, porque sería bastante bueno que también lo recibieran otros estamentos económicos que a veces viven situaciones extraordinariamente difíciles.

Como miembro de la Comisión de Minería, estoy de acuerdo con el proyecto y, según lo han dicho nuestros colegas en nombre de la bancada, los democratacristianos lo votaremos favorablemente; pero dejo planteada la inquietud de qué pasa con los mineros cuando les va bien. No se contrata ningún tipo de seguro que responda a las inquietudes que este sector vive en forma cíclica.

He dicho.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.250.

Diputados informantes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda son los señores Gajardo y José García, respectivamente.

Antecedentes:

- Mensaje del Ejecutivo (boletín N°s 1109-13), sesión 10°, en 20 de octubre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°1).

- Informes de las Comisiones de Trabajo y de Hacienda, sesión 15°, en 10 de noviembre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°s 8 y 9).

El señor GAJARDO.-

Señora Presidenta, este proyecto de ley tiene por objeto corregir algunas situaciones generadas a raíz de la publicación de la ley N° 19.250, modificatoria del Código del Trabajo.

El artículo l9 corrige un error de referencia, porque en la ley N° 19.250 se alude al inciso primero del artículo 123 del Código del Trabajo, en circunstancias de que lo correcto es hacerlo al inciso segundo. El artículo se refiere a las obligaciones del capitán de una embarcación en relación con el personal que se enferma encontrándose embarcado, situación en que no corresponde aplicar la Ley de Accidentes del Trabajo. Se trata exclusivamente de un simple error de cita y no requiere de mayor explicación.

En el número 2 del artículo l9 se sustituye, en el inciso primero del artículo 139 del Código del Trabajo, la expresión "inciso segundo" por "inciso cuarto". Aquí, se regula el ingresó a los recintos portuarios. Como el artículo 139 fue modificado, la referencia era correcta para el antiguo texto del artículo 139 del Código, pero no para el nuevo, que fue ampliado y la materia a que se hace referencia aparece en el inciso cuarto de la modificación, que hoy forma parte del Código del Trabajo y no en el segundo.

En el artículo 23 de la ley N° 19.250 se establece un derecho nuevo para el nacimiento de un hijo. El artículo 181 del Código del Trabajo regula el permiso posnatal a que tiene derecho la madre trabajadora. Al dictarse la ley N° 19.250, se estableció que en caso de fallecimiento de la mujer trabajadora en el parto o como consecuencia del mismo, el permiso posnatal le corresponderá al padre de la criatura nacida. Se entendió siempre, tanto en la Comisión como en la Sala, que este permiso era sustitutivo del que le correspondía a la madre y, en consecuencia, daba derecho a percepción del subsidio correspondiente. Sin embargo, para evitar que a través de una inadecuada interpretación pudiera pensarse de que sólo el permiso era el derecho que se estaba otorgando y no el subsidio, en este numeral se aclara la situación y se agrega que habrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 184. Es decir, no se está estableciendo un derecho nuevo, sino que aclarando el exacto sentido y alcance de uno que otorgamos ya al dictar esa ley.

En su artículo 3° se elimina en el inciso tercero del artículo 414 del Código del Trabajo, establecido por el N° 8 la frase "en sus escritos de demanda y reconvención y en las respectivas contestaciones", ya que es innecesaria y se presta para equívocos interpretativos, pues los documentos de prueba no deben acompañarse en los escritos de demanda y reconvención ni en las respectivas contestaciones.

Sin embargo, en la modificación al procedimiento establecido en la ley N° 19.250 se establece otra posibilidad para ofrecer las pruebas, dentro del tercer día de haber sido notificada la resolución del tribunal que recibe la causa a prueba y cita a las partes al comparendo de estilo. En consecuencia, si además del escrito de demanda y del escrito de contestación existe otra oportunidad para solicitar las probanzas, parece absurdo que la referencia se haga sólo a esas situaciones como viables para dar competencia al juez en la determinación de los hechos pertinentes, consustanciales y controvertidos que van a figurar en la resolución que recibe la causa a prueba.

Por eso, se ha estimado necesario, para evitar confusión, eliminar esa frase, porque el asunto está ya suficientemente claro en las disposiciones anteriores, que permiten ofrecer la prueba tanto en los escritos fundamentales que constituyen la litis como dentro de tercer día desde que se ha notificado a las partes la resolución del tribunal que ralbe la causa a prueba y cita al comparendo respectivo.

Por último, la modificación más compleja es la final. Se propone, ahora, postergar la vigencia del artículo 436 del Código, a partir del 1° de noviembre de 1994. Este artículo se refiere a los recursos que proceden contra la sentencia de primera instancia. Cuando se aprobó la norma que hoy está integrada al artículo 436 se permitió que hubiera ha lugar al recurso de casación sobre la base de pensar de que, paralelamente, se estaba tramitando en el Senado un proyecto sobre modificaciones a la organización y competencia de la Corte Suprema, que regulaba la interposición de los recursos de queja y de casación. En otras palabras, en esa modificación se pretende hacer efectivo que el recurso de queja sea extraordinario y no un recurso ordinario, como hoy lo apreciamos en la práctica judicial. En esa perspectiva, si no era viable interponer un recurso de queja contra la sentencia de primera distancia y contra la sentencia de la Corte de Apelaciones, se encontró razonable que pudiera interponerse el recurso de casación; pero los hechos han ocurrido de manera distinta y todavía el Senado no aprueba estas modificaciones a la normativa procesal.

La norma que se propone en el proyecto posterga la vigencia de la normativa que se aprobó en la ley N° 19.250, para una época en que se supone que ya estarán plenamente vigentes las nuevas normas sobre recurso de queja y sobre recurso de casación. Sin embargo, una vez efectuado un estudio más profundo de la situación que nos preocupa, tanto el Gobierno como algunos Diputados de la Comisión de Trabajo, nos hemos percatado de que se hace necesario complementar la propuesta que viene en el informe, porque en este momento el artículo 436 está plenamente vigente. En consecuencia, no tendría mucho efecto suspender la aplicación de una norma que ya está rigiendo.

Por ello, solicito a la señora Presidenta que recabe el acuerdo unánime de la Sala para tratar, en esta oportunidad, una indicación que hemos preparado en forma conjunta con funcionarios del Ministerio del Trabajo, para agregar al texto que se propone: "f) La modificación introducida por el N° 21 del artículo 3° al artículo 436 del Código del Trabajo, regirá a partir del 1° de noviembre de 1994.", lo siguiente: "restableciéndose hasta tal fecha la norma contenida en el artículo 436 del Código del Trabajo promulgado por la ley N° 18.620, con el siguiente tenor. Artículo 436.- En los juicios laborales sólo procederán los recursos de aclaración, de rectificación o enmiendas, de reposición, de apelación y de revisión."

Esta aclaración es absolutamente necesaria, porque de no especificarse, la simple aprobación del proyecto propuesto significaría que lo que se pretende no tendría ninguna aplicación práctica, porque en este momento no existe el artículo 436, puesto que estamos prorrogando su entrada en vigencia; y al no existir normas sobre recursos en el Código del Trabajo, tendrían que entrar a regir supletoriamente las del Código Civil, que de todas maneras incluyen el recurso de casación como viable para esta clase de juicio.

En consecuencia, se propone dar respaldo a esta modificación, aprobándola, lo cual permitirá que en esta oportunidad podamos votar la indicación que hemos redactado en conjunto con el Ministerio del Trabajo, y en que no ha habido el tiempo suficiente para que sea firmada por el Presidente de la República, pero se trata de una materia con la cual hemos concordado plenamente.

Por estas razones, solicito a la Sala la aprobación del proyecto.

He dicho.

El señor GARCIA (don José).-

Señora Presidenta, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.250, en cumplimiento del inciso segundo del artículo 17 de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y de lo dispuesto en los artículos 219 y siguientes del Reglamento de la Corporación.

La Comisión de Trabajo y Seguridad Social, comisión técnica encargada del estudio del proyecto y cuyas conclusiones expuso el Diputado señor Gajardo, dispuso en su informe que esta Comisión tomara conocimiento del N° 3 del artículo único del proyecto aprobado por ella. Por este número se modifica el nuevo artículo 181 del Código del Trabajo, con el objeto de aclarar que en los casos en que el padre impetre el derecho a permiso por fallecimiento de la madre en el parto o durante el período de descanso posnatal tiene también derecho al subsidio correspondiente.

De acuerdo con lo expresado por el representante del Ejecutivo, esta modificación no irroga un nuevo gasto al Fisco en relación con lo ya expresado en el informe que a esta comisión le correspondió emitir con ocasión del trámite legislativo del proyecto que dio origen a la referida ley.

Sometida a votación la disposición, fue aprobada en forma unánime, sin modificaciones; del mismo modo, recomienda la Comisión de Hacienda que lo haga esta Honorable Sala.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señora Presidenta, sólo quiero llamar la atención a la Sala frente a la importancia de este proyecto, y ojalá la opinión pública pudiera conocer bien sus orígenes, porque se trata del típico caso al cual se nos ha sometido en el último tiempo, a Diputados y Senadores, a apurar el despacho de proyectos con el objeto de que salgan pronto, sin dar los tiempos suficientes para revisar los textos que se despachan. Es el caso de la ley N° 19.250, publicada en el Diario Oficial no hace un mes, a la que ya le estamos introduciendo modificaciones, porque no fue revisada con calma, y no se nos permitió tener el tiempo suficiente para hacer una revisión completa de los textos, porque se le puso una urgencia indebida para estos efectos. De hecho, la mayor parte de las modificaciones son irrelevantes, porque son de concordancia de textos, es decir, son referencias mal realizadas en el texto de la ley aprobada, lo que la hacía un poco inútiles. No obstante ello, el artículo 2° transitorio, que agrega la letra f) nueva, que hace regir a partir del 1° de noviembre de 1994 la modificación introducida por el N° 21 del artículo 3° de la ley N° 19.250 al artículo 436 del Código del Trabajo, es importante por cuanto en este momento la no existencia de la disposición, o sea, el que rija de inmediato significa un grave perjuicio a los trabajadores.

En definitiva, esta disposición pasa a ser muy importante al demorar la entrada en vigencia de una norma aprobada indebidamente por la urgencia impuesta. Espero que esto sirva de lección, tanto a esta Corporación como al Ejecutivo, esto es, que más vale hacer las cosas bien aunque demoremos un par de días, que tener que introducir sobre la marcha y con atraso modificaciones a la legislación vigente.

He dicho.

El señor SEGUEL.-

Señora Presidenta, quiero hacer una consulta sobre un punto bastante discutido en la Comisión de Trabajo. Se refiere a la frase "pero tendrá derecho al subsidio a que se refiere el artículo 184", en el N° 3 del artículo 2°.

En toda la discusión de este proyecto, que duró más de dos años, quedó claramente establecido a qué se refería, al menos en la Comisión de Trabajo. Hoy, el Diputado informante de la Comisión de Hacienda señala que no arrojará un mayor gasto para el Fisco.

En consecuencia, me gustaría saber a qué se ha querido referir cuando señala que el subsidio que se pagará al padre por el fallecimiento de la madre será el equivalente al sueldo de la madre o al del padre. Si es al sueldo del padre, obviamente tiene un mayor gasto.

Ante una petición mía, este artículo pasó a la Comisión de Hacienda. Creo que hay una confusión de parte del Diputado informante, porque al menos en la Comisión de Trabajo quedó clara esta situación. Es bueno para el espíritu de la ley que se nos aclare esta situación.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Su Señoría está dando por hecho que los hombres siempre ganan más que las mujeres, señor Diputado.

No está en la Sala en este momento el Diputado informante.

El señor SEGUEL.-

Señora Presidenta, si al menos alguien de la Comisión de Hacienda me pudiera explicar esta situación, porque normalmente -como bien lo dice la Diputada señora Caraball- el hombre tiene un sueldo más alto que la mujer; pero la Comisión de Hacienda entrega un informe al parecer de sueldos parejos.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

¿Habría algún representante de la Comisión de Hacienda que pudiera responder a la inquietud planteada por el Diputado señor Seguel? Aparentemente, en este momento no hay nadie que pueda responder a su pregunta.

El señor SEGUEL.-

Hay poca preocupación por los problemas laborales...

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar, en tercer trámite constitucional, las modificaciones del Senado al proyecto que perfecciona y rectifica disposiciones tributarias contenidas en la ley sobre impuesto a la renta.

Antecedentes:

- Modificaciones del Senado (boletín N°1030-05), sesión 11, en 2 de noviembre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N° 38).

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Corresponde tratar el proyecto que crea juzgados y cargos que indica, y modifica composición de Cortes de Apelaciones que señala, el Código Orgánico de Tribunales y la ley 18.776.

Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia es el señor Rojo.

Antecedentes:

- Mensaje del Ejecutivo (boletín N° 1092-07), sesión 37, en 14 de septiembre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N° 2).

- Informes de las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Hacienda, sesión 12, en 2 de noviembre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°s. 40 y 41).

El señor ROJO.-

Señora Presidenta, corresponde informar el proyecto iniciado por mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que crea juzgados y cargos y modifica la composición de las Cortes de Apelaciones que señala.

Tiene por objetivo aumentar el número de tribunales y, al mismo tiempo, modificar la composición de las ilustrísimas Cortes de Apelaciones. Viene acompañado del respectivo informe financiero del Ministerio de Hacienda, Dirección de Presupuesto, con los antecedentes que explican los gastos que irrogará, la fuente de recursos que demanda y la estimación de su posible monto, lo cual constituye una continuación de toda una política realizada por el Gobierno del Presidente Aylwin tendiente a la creación de nuevos tribunales. De aprobarse la iniciativa en informe, en el período 1991-1993, se podría contar con un total de 43 nuevos juzgados de letras. Se crean seis juzgados de letras de menores: uno en Antofagasta, uno en Talca, uno en Temuco, uno en Castro y dos en Santiago. Se crean 13 juzgados de letras, con competencia común, en las ciudades de Calama, Copiapó, Caldera, Coquimbo, Quintero, Colina, PuenteAlto, Peñaflor, Buin, Rengo, Los Muermos, Quellón y Punta Arenas y de letras en lo civil en la ciudad de Talcahuano. Al mismo tiempo, se crea en la planta del juzgado de letras de Tocopilla un cargo de oficial segundo y otro de oficial tercero y se fijan las plantas de personal de los nuevos juzgados, determinándose los grados en la escala de sueldos base mensuales del personal del Poder Judicial.

En relación con las cortes de apelaciones, se aumenta el número de ministros en la siguiente forma:

En la de Arica, tres cargos de ministro, dos de relatores y uno de oficial tercero, dos de oficiales cuartos y uno de oficial de sala.

En la de Antofagasta, dos cargos de ministros, uno de fiscal, dos de relatores, uno de oficial del fiscal, dos de oficiales cuartos y uno de oficial de sala.

En la de La Serena, tres cargos de ministros, uno de fiscal, dos de relatores, uno de oficial del fiscal, dos de oficiales cuartos y tino de oficial de sala.

En la de Ranea gua, tres cargos de ministros, uno de fiscal, dos de relatores, tres de oficiales segundos, tres de oficiales terceros, uno de oficial del fiscal, cuatro oficiales cuartos y uno de oficial de sala.

En la de Concepción, tres cargos de ministros, uno de fiscal, dos de relatores, dos de oficiales cuartos, uno de oficial del fiscal y uno de oficial de sala.

Se modifica al mismo tiempo el Código Orgánico de Tribunales para adecuar estos aumentos de tribunales y de cargo a las disposiciones vigentes y se dispone que su instalación y la presentación de las temas correspondientes se efectuarán en la medida en que el presupuesto del Poder Judicial establezca el gasto pertinente y la Corporación Administrativa del Poder Judicial ponga a disposición de las respectivas cortes de apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos tribunales.

Radica en los tribunales actualmente existentes el conocimiento de las causas en tramitación a la fecha de publicación de esta ley y de aquellas que se promuevan entre esa fecha y la del funcionamiento efectivo de los nuevos tribunales.

Todas estas disposiciones y la creación de nuevos tribunales aliviará la carga de trabajo, adecuando su funcionamiento a las necesidades de la comunidad.

Se realizó todo un .estudio sobre las diversas peticiones que existían respecto de la necesidad de nuevos tribunales y se priorizó de acuerdo con el número de causas en tramitación en cada tribunal

Para los efectos previstos en el artículo 286 del Reglamento, en la página 10 del informe se deja constancia sobre cuáles son las normas que tienen el carácter de orgánicas constitucionales. De acuerdo con la jurisprudencia, deben ser consideradas normas de ley común las que crean cargos de empleados o de oficiales de secretaría de los tribunales, las que fijan la planta del personal de los diferentes juzgados y su ubicación en la escala de sueldos bases del personal del Poder Judicial, y las que establecen la imputación del mayor gasto que irrogará la respectiva iniciativa.

Se trata de un proyecto aprobado por unanimidad por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, y recomendamos a la Honorable Corporación que haga lo mismo, por corresponder a una necesidad planteada en diversas oportunidades en la Sala.

Es cuanto puedo informar.

El señor ARANCIBIA.-

Señora Presidenta, como el proyecto fue analizado minuciosamente por el Diputado informante de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, sólo resaltaré los aspectos más específicos.

La Comisión técnica sometió a la consideración de la Comisión de Hacienda los artículos 1° al 30 permanentes, y 1° y 3° transitorios.

En la discusión particular estas disposiciones fueron aprobadas, sin modificaciones, por la unanimidad de sus miembros.

El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuesto señala que el costo total del proyecto asciende a 2.343.270.000 pesos, que se desglosa de la siguiente manera: creación de juzgados, 1.636 millones y creación de nuevas salas, 707 millones y fracción.

El gasto que irrogue la aplicación de la iniciativa durante 1994, se imputará al presupuesto que se apruebe para el Poder Judicial para dicho año, y la implementación se efectuará mediante la instalación progresiva de las cinco salas y de los veinte juzgados que se crean, en la medida en que la Corporación Administrativa del Poder Judicial ponga a disposición de las respectivas Cortes de Apelaciones los locales destinados al funcionamiento de estos tribunales.

Es cuanto puedo informar.

El señor PROKURICA.-

Señora Presidenta, el proyecto en discusión crea tribunales en varias comunas, entre ellas en la de Caldera. Tener acceso a la justicia es un derecho básico. La situación que hoy vive la comuna de Caldera en esta materia es muy difícil, ya que se encuentra a más de 70 kilómetros del tribunal más próximo, razón por la cual muchas veces, y a pesar de tener más de 12.500 habitantes en forma habitual y en-el verano superar los 30.000, quienes son objeto de algún delito o necesitan reclamar un derecho a través de los tribunales de justicia, no lo hacen por lo oneroso que resulta viajar a Copiapó o por la pérdida de tiempo que ello significa.

Hace más de un año y medio oficié al Ministro de Justicia y le planteé esta situación que, a todas luces, justificaba la creación de un tribunal en esta comuna, especialmente si se considera el alto número de causas ingresadas en Copiapó que corresponden a la comuna de Caldera.

En definitiva, este proyecto responde a una realidad indesmentible, pero todavía queda algo pendiente. Se trata de la posibilidad que se señaló en el oficio, de crear una oficina permanente de la Corporación de Asistencia Judicial, la que permitiría a quienes no disponen de los recursos económicos para contratar a un abogado, no quedar en la indefensión.

Por lo antes expuesto, votaré favorablemente.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Tiene la palabra el Diputado señor Rubén Gajardo.

El señor GAJARDO.-

Señora Presidenta, este proyecto se enmarca dentro del esfuerzo que se está haciendo para modernizar la justicia. Como es sabido, el Gobierno del Presidente Aylwin y los parlamentarios de la Concertación hemos impulsado una reforma judicial que dé respuesta a la crisis que el país entero tiene conciencia que existe en la Administración de Justicia.

Para hacer frente a esta situación se están tratando un conjunto de proyectos bajo la denominación de reforma judicial, que buscan agilizar la administración de justicia, darles una mayor eficiencia a los recursos económicos asignados al sector, perfeccionar la preparación de los jueces, dar cumplida aplicación a las normas constitucionales que aseguran el acceso a la justicia, perfeccionar los mecanismos de calificación del personal, etcétera.

Cabe mencionar, entre otras iniciativas, la que modifica la composición e integración de la Corte Suprema, restablece el carácter de tribunal de casación de este organismo, promueve los sistemas de arbitraje, crea la escuela judicial, da estructura al servicio de asistencia jurídica gratuita, crea tribunales vecinales, etcétera.

El diagnóstico es que existe una situación estructural que involucra, también, las prácticas y procedimientos judiciales que es necesario abordar en su conjunto para nuestro propósito de disponer de una justicia más ágil, expedita e idónea, que dé verdadera certeza jurídica y esté al alcance de todos.

Sin embargo, aumentar el número de tribunales y dotarlos de mayor personal constituye un avance que es necesario impulsar cada vez que las posibilidades financieras del Estado lo hagan posible, porque es evidente que una de las causas -no la única- que dificulta la adecuada administración de justicia la constituye la falta de tribunales, su dotación insuficiente y los medios escasos con que cuentan para el desempeño de su función.

El Gobierno ha implementado una política de incremento constante del gasto público en justicia con la meta de duplicar, en el término de cinco años, la asignación presupuestaria que existía al inicio del Gobierno del Presidente Aylwin. Este proyecto forma parte de ese esfuerzo. Se crean 43 juzgados de letras, y en lo particular, me interesa especialmente lo relacionado con la Segunda Región, en que se crea un juzgado de letras de menores en Antofagasta, un juzgado de letras en Calama, y en la Corte de Apelaciones de Antofagasta se crean 2 cargos de ministro, uno de fiscal, dos de relator, uno de oficial del fiscal, dos de oficiales cuarto y uno de oficial de sala, que van a permitir que funcionen en dos salas, lo que evidentemente agilizará la administración de justicia.

Con esta iniciativa se da cumplida satisfacción a los anhelos de toda la comunidad forense de la Segunda Región. Fueron los magistrados, el Colegio de Abogados y las distintas organizaciones interesadas en el mejoramiento de la justicia, los que requirieron al señor Ministro, y, por su intermedio, al Supremo Gobierno, que diera curso a este importante proyecto, que naturalmente recibimos con mucho beneplácito y que votaremos favorablemente.

He dicho.

El señor VALCARCE.-

Señora Presidenta, es positiva la creación de una nueva sala en la Corte de Apelaciones de Arica, pero en ningún caso solucionará el grave problema que tenemos en justicia, ya que el "cuello de botella" no está en ese tribunal. Tenemos una gran cantidad de casos de narcotráfico -delito que es inexcarcelable- lo que significa que entre un 92 y un 95 por ciento de reos o detenidos lo son por dicho delito.

Por lo tanto, más que una sala en la corte, lo que necesitamos es agilizar la tramitación de los procesos en los juzgados, es decir, en primera instancia. Por eso, requerimos la creación de un juzgado del crimen y de un juzgado de menores: el juzgado del crimen por el narcotráfico y el juzgado de menores porque somos una ciudad limítrofe, y todas las personas que viajan a Bolivia o a Perú provocan que el juzgado de menores tenga una actividad bastante enorme en cuanto a los permisos para salir del país, especialmente a las madres separadas, y también en lo que se refiere al discernimiento en los casos de narcotráfico en los que hay involucrados menores de edad. Bastaría un quinto ministro para la Corte de Apelaciones de Arica y la formación de estos dos juzgados para agilizar los casos de justicia pendientes en la ciudad.

Otra sala va a permitir, quizás, una mayor agilidad en las apelaciones. Pero, por lo que yo conozco y sé de los resultados estadísticos de la única que existe en la Corte de Arica, la cantidad de casos que ella ve anualmente, y sus resoluciones, no la ameritan, en relación con el resto de las cortes del país.

Por lo tanto, pese a que votaré favorablemente, debo señalar que en la ciudad de Arica el problema grave está en la primera instancia y no en la segunda.

He dicho.

El señor ELGUETA .-

Señora Presidenta, la exposición del Diputado señor Gajardo me ahorra muchos comentarios sobre la actual política de tribunales en el país. Sin embargo, el ideal, en lo que se refiere a infraestructura judicial, se precisa en el artículo 27 del Código Orgánico de Tribunales, que dice: "... En cada comuna habrá, a lo menos, un juzgado de letras." Pero estamos muy lejos de llegar a esa meta. Por ejemplo, en la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt no existen juzgados en las comunas de Fresia, Frutillar, Llanquihue, Cochamó. Felizmente, ahora se crea uno en la comuna de Los Muermos.

En definitiva, estamos muy lejos de cumplir con el mandato de esa disposición. También veo muchas dificultades de algo que se ha hecho tradición por más de 20 años en nuestras leyes, que es la "creación de los tribunales condicionados", es decir, que la Corporación Judicial ponga a disposición de los nuevos tribunales un edificio para que funcione, lo que, en la práctica, puede tomar una irrealidad este proyecto de ley. No obstante, sé que el Gobierno, el Ministerio de Justicia y la Corporación Judicial están haciendo esfuerzos presupuestarios para que estos juzgados presten servicios a la brevedad.

En todo caso, lamento que no se haya modificado el artículo que se refiere al número de ministros que deben integrar cada tribunal. El artículo 56 del Código Orgánico de Tribunales señala que algunas cortes tienen cuatro miembros, otras siete, otras diez, otras trece, y la de Santiago, veinticinco. Sin embargo, en el actual proyecto quedan todas reducidas a números impares, salvo las de Puerto Montt, Coihaique, Punta Arenas, Copiapó, en circunstancias de que lo ideal es que tengan un número impar de miembros -a lo menos cinco-. La de Puerto Montt ha funcionado durante estos tres años con dos salas, y para eso debe conformarlas con abogados integrantes, o bien con el fiscal, como se ordena en el artículo 62 del Código Orgánico de Tribunales, que permite este funcionamiento cuando hay retardo. Si se examina el informe y se ve el número de causas, se constata que con una estadística de más de seis mil causas, en los últimos años, no se ha aumentado el número de ministros de corte, no obstante tener dos relatores y funcionar en dos salas, por retardo, de acuerdo con el mencionado artículo 62 del Código Orgánico de Tribunales. Además, no se puede comparar el movimiento existente en la jurisdicción de Puerto Montt con las de Coihaique y Punta Arenas, porque si bien estas dos últimas abarcan territorios muy extensos, no es menos cierto que las conductas ilícitas o los conflictos se dan entre seres humanos, y hay más población en la jurisdicción de la de Puerto Montt que en las de Coihaique y Punta Arenas. En consecuencia, allí se justifica plenamente que haya un quinto ministro. Lo ideal sería que hubiera un quinto ministro en todas las cortes en que hay cuatro, a fin de que tengan un número impar de miembros y puedan funcionar más cómodamente con los abogados integrantes, o con el fiscal si fuere necesario.

Además, desde hace tiempo la Corte de Apelaciones de Puerto Montt y la Corte Suprema han estimado conveniente crear en esa ciudad un juzgado del trabajo.

Uno de los entorpecimientos de los juzgados de letras es que atienden causas civiles, penales y laborales; y otros, incluso causas de menores. Creo que estos tribunales no pueden seguir funcionando de esta manera y que no es posible que a estas alturas no volvamos a la especialización que deberían tener los tribunales laborales.

Hemos pedido al Ministerio de Justicia que se instale uno en Puerto Montt, porque lo creemos realmente indispensable para que la población trabajadora tenga real acceso a los tribunales y se puedan dirimir en buena forma los conflictos que allí se presentan y no suceda como ahora en que, por la premura e importancia que tiene la privación de libertad de las personas, los jueces del crimen le den preferencia a las causas penales y desatiendan o demoren las causas civiles y laborales.

Si el criterio de la política judicial actual es la especialización, y se ha propuesto, por ejemplo, la división en salas de la Excelentísima Corte Suprema -ésta también debería ser llevada a la materia laboral- se justifica la creación de un juzgado laboral en la ciudad capital de la Décima Región.

Otro punto que quiero tocar, a raíz de los cargos que se crean, es el ingreso a los de oficiales subalternos del Poder Judicial. En la actualidad, para ingresar se necesita solamente cumplir con los requisitos exigidos en el Estatuto Administrativo. No obstante, dos leyes muy antiguas -la N° 18.776, del 18 de enero de 1989, y la N° 17.877, del 26 de diciembre de 1972- establecen que a estos funcionarios, que se llamarán "empleados", se les exigirá cumplir cierto requisito para ser empleados judiciales. Hoy en los institutos de educación superior o en los centros de formación técnica, numerosos técnicos judiciales imparten estudios de cierta calidad, que permiten dar una mejor preparación a las personas que postulan al Poder Judicial. Cuando se traten los proyectos de la carrera judicial, intervendremos sobre este punto, a fin de que se contemplen algunos requisitos especiales para la carrera del empleado judicial subalterno.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señora Presidenta, seré muy breve, porque ya está terminando el tiempo destinado a proyectos tan importantes -tal vez lo más relevante desde el punto de vista humano- como el que estamos discutiendo. Sólo quiero expresar mi satisfacción y anunciar que entregaré mi voto favorable a sus disposiciones, pues ellas incluyen también -por eso me alegra mucho votarlas a favor- la Corte de Apelaciones de San Miguel, y la creación de una serie de nuevos cargos que agilizarán la administración de justicia al populoso sector que atiende dicha corte.

Cuando se discutió el proyecto que creó la tercera sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, intervine a favor, consciente de que estábamos trabajando para que estos sectores, donde están ubicadas las comunas tal vez más densamente pobladas de Chile, también tuvieran la satisfacción -por decirlo así- de recibir justicia rápida, efectiva, y que los problemas que allí llegan en gran cantidad fueran despachados a la brevedad.

He estado muchas veces en la Corte de Apelaciones -no en calidad de preso, naturalmente, ni encausado, sino sencillamente de visita- y me he dado cuenta de la enorme cantidad de gente que concurre a ese tribunal. Las condiciones del local donde funcionaba eran muy malas; ahora es un poco más amplio, pero siempre es estrecho, y es insuficiente todo lo que se haga para que los familiares, los abogados y la gente que tiene que ver con los pleitos que allí se ventilen estén en mejores condiciones para trabajar y apresurar los juicios.

Por eso, desde mi punto de vista de san miguelino, de parlamentario de ese distrito, me alegra que, a través de este proyecto, se den las posibilidades más amplias posibles para entregar justicia rápida, efectiva y eficiente, que es lo que todos esperamos.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señora Presidenta, una vez más el Gobierno de la Concertación, mi Gobierno, está demostrando en los hechos, con la creación de nuevos juzgados y cargos, su deseo de que todo el pueblo chileno tenga la posibilidad de recibir justicia.

Para nosotros es muy grató votar favorablemente este proyecto de ley, que representa más de 2.000 millones de pesos, ya contemplados en el Presupuesto de la Nación para 1994.

Pero quiero recordar, para que quede en la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que hace alrededor de 15 meses se promulgó la ley N° 19.139, que dividió la jurisdicción de los juzgados de Concepción y de Talcahuano. Como penquista y Diputado por Concepción, debo decir que con esa ley se crearon nuevos juzgados de letras y del crimen en mi ciudad. Ahora, en virtud de este proyecto, nos damos cuenta de que se crea una nueva sala en la Corte de Apelaciones de Concepción, que ya consta de tres, lo que, obviamente, involucra la creación de tres cargos de ministros, uno de fiscal, dos de relatores, dos de oficiales cuartos, uno de oficial del fiscal y uno de oficial de sala.

Después de muchísimos años, los penquistas nos damos cuenta de que este Gobierno, dirigido por el PresidentePatricio Aylwin y con un gran Ministro de Justicia, como don Francisco Cumplido, ha escuchado el clamor de la ciudadanía de Concepción al crear una nueva sala en la Corte de Apelaciones de mi ciudad.

Esta tarde quiero hacer una petición al Supremo Gobierno. Creo que sería bueno, ya que todos estamos por la descentralización, que se comenzarán los estudios, con el fin de que en un plazo no lejano se creara una sala dé la Corte Suprema en la ciudad de Concepción, otra en el norte y una tercera en el sur.

He dicho.

El señor HUEPE.-

Señora Presidenta, con todo afecto hacia el Diputado señor Palestra, quien siempre está manifestando su cariño por San Miguel, quiero llamar su atención para precisar que en este proyecto no Se están creando nuevos cargos en la Corte de Apelaciones de San Miguel, sino que ellos se crean en virtud de la ley N° 19.124, a la cual solamente se hace referencia en esta iniciativa. De todas maneras, sus palabras serán bienvenidas por el personal de los tribunales de San Miguel.

Al mismo tiempo, deseo destacar que por el artículo 14 se crea un segundo juzgado de letras en lo civil en la comuna de Talcahuano, creación muy justificada en razón del número de causas que se tramitan en la ciudad y a la densidad poblacional de Talcahuano.

En todo caso, es importante recordar que, además, de la creación de nuevos juzgados, es básico para la mejor administración de justicia, contar con locales e instalaciones adecuadas. Al respecto, vale la pena señalar que la Corporación Administrativa del Poder Judicial se está preocupando de la construcción de un nuevo local para albergar los cuatro juzgados existentes, y el quinto, que se creará mediante esta iniciativa.

Esperamos que se concrete el planteamiento de la directiva de la Corporación para llamar a propuestas para la construcción de ese edificio, que hará justicia a la ciudad de Talcahuano, cuyos tribunales soportan un hacinamiento en la administración de justicia, que no se produce en ninguna otra ciudad de Chile.

Al misino tiempo, anuncio los votos favorables de nuestra bancada al proyecto, en particular al artículo 14 que crea el Juzgado de Letras de Talcahuano.

He dicho.

El señor ARAYA.-

Señora Presidenta y honorable Diputados, quiero manifestar mi enorme satisfacción por tratar y votar favorablemente este proyecto que dispone la creación de un tercer juzgado en Calama.

Hoy existen en El Loa dos juzgados de letras. Ello trae como consecuencia la acumulación de causas, retraso en los fallos, recargo de juicio por demandas laborales y, desgraciadamente mayor trabajo por el aumento constante de casos de narcotráfico. La creación del tercer juzgado de letras permitirá descongestionar la labor de estos tribunales y, a la vez, hacer más ágil y rápida la administración de justicia.

Esta es una aspiración muy sentida de la comunidad, por lo cual no es necesario mencionar más antecedentes que justifiquen el establecimiento de este juzgado, más allá de los que figuran en los informes respectivos.

Señora Presidenta, no quiero dejar pasar esta oportunidad sin resaltar la preocupación del Gobierno de la Concertación por esta materia, igual que la del Ministro de Justicia, presente en la Sala.

Por consiguiente, anuncio que tanto mi voto como los de mi bancada serán favorables a este importante proyecto.

He dicho.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Corresponde votar el proyecto que introduce modificaciones a la ley N° 19.250. Hay una indicación del Diputado señor Gajardo.

El señor LOYOLA (Secretario).-

La indicación tiene por finalidad agregar en la letra f), propuesta por el número 5 del artículo único, a continuación del punto aparte, lo siguiente: "Restableciéndose hasta tal fecha la norma contenida en el artículo 436 del Código del Trabajo, promulgado por la ley N° 18.620 con el siguiente tenor Artículo 436.- En los juicios laborales sólo procederán los recursos de aclaración, de rectificación ó enmienda, de reposición, de apelación y de revisión".

El señor ROJO.-

Señora Presidenta, esta indicación me la hizo llegar la Asociación de Magistrados. Tiene por objeto adecuar la disposición de este decreto ley, que, para los efectos de los ascensos, señalaba a los ministros del trabajo, que hoy día no existen porque las cortes del trabajo fueron suprimidas. En su lugar, coloca a los jueces de asiento de corte, a quienes les correspondería, de acuerdo con el orden establecido. Ese es el sentido.

El señor MONTES.-

Señora Presidenta, mi consulta apunta en la misma dirección.

En verdad, la experiencia en Santiago es bien mala. En agosto del año pasado, se autorizó, por ley, la creación de diez juzgados del crimen, cuestión fundamental para la seguridad ciudadana. Me he reunido con el señor Presidente de la Corte Suprema y con el encargado de la Corporación de Administración de Justicia, señor Manríquez, pero hasta la fecha no se ha podido implementar esa norma. Hay bastante burocracia en esto. Por eso, hubiera preferido que este proyecto pasara a segundo informe para que se incluyera una disposición que estableciera un plazo para ponerlo en marcha. Por ejemplo, a los municipios se les coloca un plazo para que funcionen sus juzgados de policía local. La Corte Suprema tiene un plazo abierto y es lamentable que en el estado en que está la seguridad ciudadana hayan transcurrido 15 meses sin que se implementen los juzgados en la Región Metropolitana.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, me correspondió ser Diputado informante de este proyecto, y tengo el más vivo interés en que se mejoren los servicios; pero, como durante la tramitación de la iniciativa en la Cámara mejoramos la situación de varios de ellos, lo mínimo que necesitamos es que se nos entregue el boletín comparado antes de votar, porque puede haber aspectos que corregir, como los hubo en la ley de plantas, que a la larga benefician a estos servicios. Nosotros tenemos experiencia en esta materia. Hoy en la tarde la tuvimos nuevamente, en cuanto a legislar en forma rápida para resolver una situación de Impuestos Internos.

Entonces, pido que se suspenda la sesión por cinco minutos hasta que llegue el boletín comparado, para aseguramos de que nada de lo que aprobemos perjudique a los trabajadores de estos servicios públicos.

El señor AGUILO.-

Señora Presidenta, en días recientes, parlamentarios de todas las bancadas hemos recibido comunica- dones de las asociaciones de funcionarios públicos correspondientes a los distintos servidos. Ellos, atentos a la tramitación del proyecto de ley en la Cámara, en primer trámite, y luego en el Senado, nos solicitaron aprobarlo en el tercer trámite sin introducirle modificaciones.

- Aplausos en las tribunas.

La señora CARABALL (Vicepresidenta).-

Ruego a los asistentes a las tribunas no manifestar.

El señor AGUILO.-

Los funcionarios que han estudiado con detención y acuciosidad la materia, estiman que las modificaciones del Senado no empeoran el proyecto. En consecuencia, comparten los criterios en que llega al tercer trámite. En ese sentido, creo que debemos aprobar de inmediato este proyecto de ley.

He dicho.

El señor RIBERA.-

Señora Presidenta, me ubico muy lejos del punto de vista ideológico del Diputado señor Letelier, pero creo que tiene toda la razón en lo que ha señalado. Esta no es una Cámara corporativa que represente los intereses de algunos segmentos de la población, sino que representa los intereses de todo el país.

Más allá de que esto pueda convenir o no a un sector de la población -en este caso, a los funcionarios públicos-, no es menos cierto que no fui elegido por ellos, sino por mucha gente, y mi interés es representarlos a todos. Por eso, en un acto de mínima seriedad, debemos ver en el boletín comparado qué se ha modificado y en qué términos, les guste o no a los asistentes en las tribunas. Nosotros no legislamos para las tribunas sino que para el país.

He dicho.

El señor LATORRE.-

Señora Presidenta, independientemente de que contemos con el comparado, creo que las disposiciones de este proyecto perfectamente podrían ser analizadas desde ya, a menos que surjan dudas respecto de alguna de ellas.

También coincido con el Diputado señor Ribera. La semana pasada, gran cantidad de alcaldes presentes en las tribunas nos pedían a gritos que aprobáramos un proyecto de ley en forma urgente, y los funcionarios municipales no sabían que ese proyecto contenía una disposición que permitía a los alcaldes, con su sola voluntad, despedir, en un plazo de seis meses, a personas que obtuvieron sus cargos por concurso. Después, los alcaldes dijeron por la radio y otros medios algo que no coincidía exactamente con lo que pasó en esta Sala. En consecuencia, me parece pertinente la cautela que solicita el Diputado señor Letelier, más aún cuando él ha participado en la discusión del proyecto.

Ahora, me parece que las 19.30 no tiene por qué ser el momento para contar con un informe de esta naturaleza. Creo que sólo en algunos puntos el Senado introdujo modificaciones. Sobre esa base, podríamos efectuar una rápida discusión y, si corresponde, proceder al despacho del proyecto.

He dicho.

El señor LETELIER.-

Señora Presidenta, por la cantidad de artículos modificados y teniendo la voluntad de despachar hoy el proyecto, si se facilitara un par de copias de su texto a cada bancada los parlamentarios miembros de la Comisión de Gobierno Interior veríamos si hay modificaciones sustantivas.

En las iniciativas se trata la situación de más de diez servicios y no sabemos la decisión adoptada respecto a algunos artículos. Por respeto a personas que pueden verse perjudicadas, queremos hacer esto en forma seria.

He dicho.