Labor Parlamentaria

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que prorroga el plazo dado a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para pronunciarse sobre los casos a que se refiere el número 4 del artículo 2° de la ley N° 19.123.

Diputados informantes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda son los señores Ojeda y Andrés Palma, respectivamente.

Antecedentes:

-Mensaje del Ejecutivo (boletín N° 1094-17), sesión 38°, en 14 de septiembre de 1993. (Documentos de la Cuenta, N° 1).

-Informes de las Comisiones de Derechos Humanos y de Hacienda, sesión 8°, en 19 de octubre de 1993. (Documentos de la Cuenta, N°s 13 y 14).

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley que prorroga el plazo para resolver los casos a que se refiere el número 4 del artículo 2° de la ley N° 19.123, que vuestra Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía ha aprobado por la unanimidad de sus miembros presentes, en general y en particular.

El proyecto consta de dos artículos. Como los Honorables Diputados saben, la ley N° 19.123 creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Esta misma ley concede beneficios a los familiares de las víctimas por violación a los derechos humanos o de la violencia política.

El artículo 2°, número 4, de la referida ley establece, entre las facultades que corresponden a esta Corporación, la de recopilar antecedentes y efectuar las indagaciones necesarias para dictaminar en aquellos casos que conoció la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y que no fue posible formarse convicción acerca de la calidad de las víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la violencia política del afectado, o respecto de casos de la misma naturaleza sobre los que no tuvo conocimiento oportuno, o habiéndolo tenido no se pronunció sobre ellos por la falta de antecedentes suficientes.

La ley N° 19.123 estableció un plazo de 90 días para tomar conocimiento de estas materias, y de un año para ser resueltas por la Corporación. Posteriormente, la ley N° 19.209 otorgó otro plazo, que vencerá el 30 de octubre próximo, para que la Corporación resuelva sobre ellas.

En el primer plazo, el total de casos respecto de los cuales la Comisión no logró formarse convicción suficiente o sobre los que no se pronunció por insuficiencia de antecedentes fue de 1.263; en la prórroga señalada, de 964. El total de casos sobre los que la Corporación deberá pronunciarse asciende a 2.227.

Hasta la fecha, el Consejo Superior de la Corporación ha estado en condiciones de adoptar decisión sobre 833 casos y no cree posible concluir oportunamente todas las investigaciones en curso, de manera que requiere condiciones para que sean sometidos a su decisión dentro del plazo legal.

La investigación ha sido dificultosa y los casos han sido muy superiores a los que se previó en su oportunidad. La dificultad y demora en reunir los antecedentes han incidido en la lentitud de los trámites. Por ello, el Consejo Superior ha solicitado al Ejecutivo el envío de este proyecto para prorrogar el plazo de que dispone para resolver los casos referidos, hasta el 31 de enero de 1994.

El costo de la prórroga por los meses de noviembre y diciembre de 1993 que irroga esta iniciativa, en relación con los gastos por conceptos de contratación de personal, de honorarios, etcétera -16 abogados y un procurador-, se estiman en 19.824.000 pesos, que se financiarán con la disponibilidad de recursos del subtítulo 21 del presupuesto vigente de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Si éstos fueren insuficientes, la diferencia será cubierta con transferencias de cargo al ítem que se indica.

La Comisión estimó que este proyecto, cuya idea matriz es ampliar o prorrogar el primitivo plazo que se consultó en el inciso segundo del número 4 del artículo 22 de la ley N° 19.123, extendido por la ley N° 19.209 hasta el 30 de octubre de 1993, sigue teniendo por finalidad abarcar los efectos reparatorios de la referida ley al máximo de personas cuyos familiares fueron afectados por violaciones a los derechos humanos o por la violencia política, circunstancias que inspiraron la dictación de aquel cuerpo legal.

La Comisión consideró también que el plazo establecido en este proyecto aún es exiguo y que, de ser posible, debería ampliarse todavía más. No obstante ello, lo aprobó sin modificaciones ni indicaciones.

La iniciativa, por su naturaleza, por las materias que considera y por establecer gastos, debió ser conocida por la Comisión de Hacienda.

No hay disposiciones que requieran, para su aprobación, quorum especial, ni indicaciones rechazadas.

Por estas consideraciones, se somete a la Sala la aprobación del presente proyecto en los términos contenidos en el informe que se acompaña.

Es cuanto puedo informar.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, en representación de la Comisión de Hacienda informo el proyecto de ley que prorroga el plazo concedido a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para pronunciarse sobre los casos a que se refiere el número 4 del artículo 2° de la ley N° 19.123.

La Comisión de Hacienda conoció el artículo 2° de la iniciativa, referente a la destinación de recursos para cubrir el mayor gasto que irrogará durante 1993, estimado, para el total de la prórroga, en 20 millones de pesos aproximadamente. En consideración a ello, y a la importancia de que la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación termine su trabajo en la forma eficiente y eficaz que todos esperamos, la Comisión de Hacienda solicita de la Cámara la aprobación de este proyecto, sobre la base de que 20 millones de pesos están provisionados en el presupuesto de la referida Corporación y no tienen mayor incidencia en las finanzas públicas.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, este proyecto, obvio y sencillo, tiene un gran sentido humano, por cuanto prorroga la vigencia de una ley destinada a reparar, en parte, los sufrimientos que a tantos chilenos y chilenas causó la desaparición de sus familiares durante la dictadura de Pinochet.

A muchas de esas personas se les pasó el plazo para reunir los antecedentes que deben hacer llegar a la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a fin de que les otorguen los beneficios establecidos en esa ley que, repito, repara en parte el enorme sufrimiento que soportaron durante tantos años. Ahora se les ha tendido la mano a esos compatriotas que en momentos muy difíciles sufrieron en carne propia la represión, el abuso de una dictadura que sencillamente, no paró mientes en descargar todo su odio contra la gente que luchaba por la democracia.

Señor Presidente, el voto del que habla, Diputado de la Izquierda izquierda de este país, naturalmente será favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, no me referiré al tema de fondo que planteó el Diputado señor Palestra, el cual ya fue objeto de una larga discusión hace algunos años. Creo que ése no es el sentido del proyecto.

Aquí, simplemente, estamos viendo la prórroga del plazo que tiene la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación para pronunciarse sobre los casos pendientes. Esta no es la primera prórroga, sino la segunda. Este asunto debió haber terminado en octubre de 1992. Con posterioridad, se postergó hasta octubre de 1993, y ahora se pide otra prórroga hasta 1994. Sin pronunciarme sobre el fondo del tema, advierto que si una institución no cumple dentro de los plazos que fueron prorrogados por esta Cámara, luego de un debate bastante extenso sobre cuál era el período necesario, no existe justificación para continuar prorrogando ese plazo. Por lo tanto, en lo personal, al menos, no daré mi voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, considero extremadamente justo que la Sala apruebe prorrogar el plazo. Le diría al Diputado señor Coloma que si ello contribuye a esclarecer los hechos y a ayudar a la reconciliación entre los chilenos, estamos dispuestos a prorrogarlo todas las veces que sea necesario, a fin de que la labor de esa Corporación llegue a buen término. De tal manera que no me incomoda, en absoluto, que esta Cámara, una vez más, deba conceder una prórroga.

La labor de la Corporación justifica su creación -y en buena hora el Presidente de la República tuvo la idea de constituirla-, porque ha ayudado de manera significativa a establecer los hechos y a llevar tranquilidad a muchas familias. Por consiguiente, el Partido Socialista va a aprobar el proyecto en discusión.

He dicho.

El señor AYLWIN (don Andrés).-

Señor Presidente, muy brevemente, para expresar la total adhesión de los Diputados democratacristianos a esta iniciativa.

Efectivamente, muchas familias no tuvieron conocimiento oportuno de la ley, y se han demorado en hacer las tramitaciones jurídicas previas para acogerse a sus beneficios, que se otorgan a quienes están vinculados con personas que sufrieron graves violaciones a los derechos humanos.

Como debe haber personas que no han podido hacer uso de los derechos establecidos en las normas sustantivas de esta ley en los plazos fijados oportunamente en este Congreso Nacional, estimamos de toda justicia la prórroga propuesta por el Ejecutivo, que también ha contado con la reiterada petición de los organismos de derechos humanos y, concretamente, con la de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

He dicho.

El señor MELERO.-

Señor Presidente, compartiendo las aprensiones y razones que el señor Coloma dio respecto de la nueva prórroga, daré mi voto favorable a esta iniciativa, porque el tratamiento del tema de violaciones a los derechos humanos comprende personas de todos los sectores de la vida nacional, como familiares y víctimas inocentes de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile, quienes subieron la acción terrorista de los grupos armados del Partido Comunista, víctimas civiles inocentes de la acción terrorista del Frente Manuel Rodríguez y de otras organizaciones que violaron y no respetaron la vida humana en Chile en ese período.

Como el equilibrio y el tratamiento de los derechos humanos no puede verse con una visión sesgada, donde unos son los culpables y otros las víctimas, sino que debe comprender a todos los sectores, como lo ha hecho la Corporación de Reparación, daré mi voto favorable a esta iniciativa.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, voy a presentar una indicación. Así como se incorporaron 964 casos luego del nuevo plazo establecido en la ley N° 19.209, bien podría haber otros, como los que últimamente me ha correspondido conocer.

Considerando entonces que aquí estamos ampliando el plazo para resolver las situaciones ya presentadas, me parece también legítimo ampliarlo para aquellas personas que no alcanzaron a acogerse al beneficio. En ese sentido solicito una ampliación breve, por un plazo que no vaya más allá del 31 de diciembre del presente año, a fin de que esas personas también puedan ser consideradas.

He dicho.

El señor JARA (don Octavio).-

Señor Presidente, sólo para expresar nuestra total y absoluta adhesión a este proyecto de ley que se explica por sí solo.

Estimamos que la Corporación de Reparación, cuyo mecanismo ha permitido avanzar en la solución de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el anterior régimen, ha sido extraordinariamente adecuada en el contexto de transición, que apunta a los objetivos de fondo que ha tenido este proceso, en cuanto a provocar un verdadero reencuentro de reconciliación nacional.

Por las razones expuestas y por las señaladas por el Ministro, estimamos absolutamente justificada y fundamentada esta prórroga de plazo, en el entendido de que su vigencia será de 4 ó 5 meses más.

Los parlamentarios del Partido por la Democracia vamos a votar favorablemente el proyecto de ley.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde ocuparse del proyecto, en segundo trámite constitucional, que autoriza a la Dirección de Vialidad para adquirir maquinaria y entregarla en comodato a personas jurídicas domiciliadas en la Octava, Novena y Décima Regiones.

Diputado informante de la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones es el señor Taladriz, y de la Comisión de Hacienda, es el señor Sabag.

Antecedentes:

-Proyecto del Senado (boletín N° 1016-09) (S), sesión 31°, en 31 de agosto de 1993. (Documentos de la Cuenta, N° 32).

-Informes de las Comisiones Obras Públicas y de Hacienda, sesión 9°, en 19 de octubre de 1993. (Documentos de la Cuenta, N° 2 y 3).

El señor TALADRIZ.-

Señor Presidente, la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones pasa a informar acerca del proyecto de ley originado en moción, con patrocinio del Ejecutivo, de, los Senadores señores Sergio Páez, Bruno Siebert, Gabriel Valdés, Enrique Larre, Jorge Lavandera, Sergio Diez, Ricardo Navarrete, Francisco Prat, Mariano Ruiz-Esquide, Mario Ríos, Arturo Frei y Eugenio Cantuarias.

En el país, de acuerdo con la ley vigente, existen caminos con redes básicas y comunales viales, primarias y secundarias. Las redes tienen una extensión aproximada de 80 mil kilómetros en todo el país, la mayoría de ripio y de tierra. El 85 por ciento de la red vial total está en las regiones Octava, Novena y Décima. Por sus caminos se transporta a las plantas lecheras más del 70 por ciento de la leche que se procesa en el país y un 50 por ciento de los cultivos de cereales provenientes de la agricultura; se utilizan también para transportar a los recintos portuarios de Talcahuano, San Vicente, Puerto Montt y Corral parte importante de los aproximadamente cinco millones de toneladas de chips, productos congelados, madera dimensionada, madera en trozos y otros que se movilizan anualmente. Además se transportan siete millones de toneladas de productos pesqueros que se desembarcan durante el año en estas regiones, entre los que se puede destacar el salmón, recurso del que Chile ha llegado a ser el primer exportador mundial.

Se ha podido constatar que no ha sido posible atender cabalmente la reparación y mantención de la red vial comunal, debido principalmente a restricciones presupuestarias que afectan a la Dirección de Vialidad.

Por tal motivo, el principal objetivo del proyecto es posibilitar que se conformen en las regiones Octava, Novena y Décima corporaciones de derecho privado sin fines de lucro, cuya finalidad sea la reparación y mantención de caminos rurales, en las que participen las municipalidades y la comunidad organizada, con la supervisión técnica de vialidad. Las comunidades locales pueden aportar en mano de obra e insumos, y Vialidad, personal técnico que maneje la maquinaria. De esta forma se cumple, de manera práctica, con el principio de subsidiariedad de los organismos estatales y, al mismo tiempo, se incorpora a la comunidad a las actividades de desarrollo local.

Este es uno de los proyectos más prácticos y de mejor utilización que pudo haberse elaborado para un tema tan importante como la mantención de los caminos rurales. Si bien autoriza la compra de maquinaria para ser utilizada sólo en la Octava, Novena y Décima Regiones, administrada por corporaciones de derecho público y privado sin fines de lucro, muchos señores Diputados desearían que las beneficiara a todas, pero como viene del Senado, al ser aprobado por la Cámara se convertiría rápidamente en ley y se evitaría lo que ocurre con el perro del hortelano que no come ni deja comer.

El proyecto fue aprobado por la Comisión de Obras Públicas, a pesar de que sufrió algunos inconvenientes debido a que algunos Diputados quisieron incorporar a otras regiones. La iniciativa sólo beneficia a la Octava, Novena y Décimas Regiones y es de fácil comprensión, porque autoriza a la Dirección de Vialidad para invertir 9 millones de dólares en comprar 24 módulos de vialidad, que consisten en tractores bulldozers, motoniveladoras, palas cargadoras, camiones tolvas, rodillos compactadores, carromatos y camiones aljibes para hacer los respectivos trabajos.

Es todo lo que puedo informar, y pido a los Honorables colegas que lo aprobemos, ojalá sin discusión.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente en nombre de la Comisión de Hacienda paso a informar, en segundo trámite constitucional, el proyecto aprobado por el Senado, de origen en moción del Senador señor Sergio Páez, que contó con el patrocinio del Ejecutivo por tratarse de una materia de iniciativa exclusiva del Presidente de la República.

A la Comisión de Hacienda le correspondió estudiar los artículos 1°, 2° y 4°, relacionados con el aspecto económico.

El artículo 1° autoriza a la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas para invertir en la adquisición de la maquinaría que considere necesaria para la conservación de las red vial comunal de las Regiones Octava, Novena y Décima, hasta la suma equivalente en moneda nacional de 9 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

Su inciso segundo dispone que dicha maquinaria se destinará en partes iguales a las respectivas direcciones regionales de Vialidad.

El artículo 2° establece que las referidas direcciones regionales entregarán en comodato, por un plazo no inferior a dos años, sin fines de lucro, la maquinaria que corresponda a las corporaciones que se señalan.

El inciso segundo dispone que dichas corporaciones deberán ser creadas especialmente al efecto, con la participación de las entidades públicas y privadas ligadas al desarrollo económico de la respectiva región.

El inciso tercero hace referencia a las normas básicas que deberán contener los estatutos de las mencionadas corporaciones.

El artículo 4° dispone que el financiamiento del proyecto se hará con cargo a los recursos del ítem 50-01-03-25-33.104 de la partida Tesoro Público de la Ley de Presupuestos vigente.

La motivación fundamental para enviar el proyecto -que, como dije, contó con el patrocinio de Ejecutivo- radica en que en la Octava, Novena y Décima Regiones está el 43 por ciento de los caminos de Chile.

Como se señaló, en el país existe una red vial de 80 mil kilométros, de los cuales 43 mil se encuentran en la Octava Región, pero en muy malas condiciones. El sistema que se propone emplear es experimental, a través de las corporaciones públicas integradas por las municipalidades, por las juntas de vecinos rurales y por los organismos de producción de cada una de esas regiones. Después de conocer su resultado, se extenderá -lo establece claramente el artículo 5°- al resto de las regiones.

La distribución del actual parque de maquinarias no guarda relación con la cantidad de caminos que tienen la Octava, Novena y Décima Regiones.

Estamos en el último trámite de este proyecto. Si lo aprobamos tal como viene del Senado y como ha sido aprobado por las Comisiones de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones, y de Hacienda, podría convertirse en ley dentro del mes. En consecuencia, durante este año se pueden adquirir las máquinas que quedarían en condiciones de operar en los meses de enero, febrero y marzo próximo.

Cualquiera modificación que se le introduzca al proyecto impediría su pronto despacho, y lo único que ganaríamos sería hacer el papel del perro del hortelano, como se dijo, que no soluciona sus problemas e impide que otros lo hagan.

Necesitamos Una fuerte dosis de generosidad de parte de los colegas parlamentarios para sacar adelante este proyecto, que es de justicia y de alta utilidad para las regiones señaladas, que tienen el 43,5 por ciento del total de caminos del país.

Por lo tanto, solicito su aprobación en la forma en que ha sido enviado por ambas Comisiones.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, apoyo en forma entusiasta el proyecto, no sólo porque abre la posibilidad de un mecanismo de trabajo que tendrá un impacto muy positivo en el ámbito vial de tres regiones del país, sino porque, además, resolverá de manera práctica, concreta y eficaz los problemas técnico-sociales que se presentan en este campo.

El criterio que se aplique debe ser práctico, pues no corresponden discusiones de carácter doctrinario o ideológico respecto de la necesidad de contar con elementos y mecanismos para arreglar los caminos. Si eso hoy no se realiza en la magnitud en que se requiere para solucionar un problema heredado, es necesario encontrar una fórmula distinta. A mi juicio, la moción representa esa posibilidad.

La iniciativa tiene cierto carácter piloto o experimental y está limitada a determinadas regiones. Pero si la experiencia es positiva -no me cabe duda de que lo será-, se podrá ampliar a otras regiones, que también son importantes, para ser objeto de una contribución eficaz y complementaria del esfuerzo que se realiza en materia de vialidad.

Estoy seguro de que el proyecto se aprobará por la unanimidad de los Diputados presentes, porque constituye una experiencia que abre un camino de importantes proyecciones en el problema que se pretende atacar.

He dicho.

El señor TOHA.-

Señor Presidente, todos estamos conscientes de la importancia de contar con caminos expeditos para facilitar el tránsito de las personas, el transporte de mercadería e incluso el acceso de ambulancias o de vehículos que acudan en auxilio de personas que se encuentren en situaciones especiales.

Uno de los anhelos más importantes y una de las peticiones prioritarias que nos hace la comunidad cuando visitamos las zonas rurales es contar con caminos adecuados para cumplir las funciones que son tan trascendentes para ella.

En mi provincia, a pesar de que la inversión en caminos es considerable -ha significado prácticamente la reposición de los principales caminos intercomunales, lo que demuestra la importancia que el Gobierno da a las obras viales-, es innegable que existen caminos comunales secundarios que por efecto del clima tan adverso en invierno, con tanta lluvia, sufren un deterioro que los hace intransitables durante varios meses, provocando el aislamiento dé muchas comunidades.

La iniciativa apunta en el sentido correcto, pues complementa la contribución del Estado junto con la de la comunidad y del sector privado para emprender una campaña mancomunada destinada a solucionar el problema de los caminos en malas condiciones.

Aquí se juntan todos los elementos. Se va a contar con la maquinaria adecuada, con una comunidad que está muy dispuesta a cooperar con insumos, mano de obra y con lo necesario para complementar esta maquinaria. Las municipalidades también están dispuestas a jugar un papel importante en la mantención de sus caminos.

Apelo a la solidaridad de los parlamentarios de otras regiones, pues si este plan piloto demuestra en la práctica que constituye un buen elemento para solucionar el problema de los caminos secundarios, podrá extenderse al resto del país en un plazo no muy largo.

Solicito a la Cámara aprobar el proyecto, porque aborda en forma importante un problema que es urgente solucionar.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, agradezco mucho la gentileza del Diputado señor Dupré, la que, por lo demás, ha sido permanente.

En verdad, me ha impactado hondamente y me ha llegado a lo más profundo de la conciencia de parlamentario ese verdadero alarido que ha hecho llegar el Diputado señor Sabag, defendiendo el legítimo derecho que tienen las provincias de contar con buenos caminos.

Creo que todos estamos de acuerdo en que la iniciativa presentada por un señor Senador constituye una excelente idea, que permite aprovechar una serie de cosas útiles para la concreción del proyecto.

Pero hay un aspecto que se ha olvidado. Hace pocos días recorrí el Norte Chico y, en verdad, esos caminos, por ejemplo, el de Ovalle a Combarbalá, son infernales, demasiado peligrosos para la gente que los transita. Ojalá el señor Ministro de Obras Públicas, en el futuro, considere para estos sectores una iniciativa que se relacione con el proyecto en discusión, por el cual nos vamos a jugar y por el que, por lo menos el que habla, votará favorablemente.

Agradezco en lo que vale la cordialidad del Diputado señor Dupré, cuando se encuentra en Chile.

He dicho.

Aplausos.

El señor DUPRE.-

Señor Presidente, después de escuchar el relato del viaje "sacerdotal" que ha hecho el Diputado señor Palestra y la intervención "canina" del Diputado señor Sabag, quiero señalar que el proyecto es imaginativo y muy importante. Formulé indicación y la retiré a petición del Diputado señor Sabag; pero no puedo concebir que en esta materia se esté legislando con criterio estrechó.

El artículo l° autoriza a la Dirección de Vialidad para invertir una suma determinada de dinero en la adquisición de maquinarias destinadas a la conservación de la red vial comunal de las regiones Octava, Novena y Décima, es decir, limita su aplicación, pues el día de mañana podría haber otras regiones con necesidades semejantes y tendríamos que volver a legislar sobre lo mismo. La iniciativa debió plantearse en términos globales y amplios para no recurrir en forma permanente a proyectos de ley en una materia tan importante y significativa.

Tal vez deberíamos establecer que el Ejecutivo dé prioridad a las tres regiones mencionadas, porque, por supuesto, orientaron la concepción del proyecto. El Parlamento debe entregar leyes para beneficio de la mayoría de los chilenos, es decir, con un criterio global y no parcial, como está redactado el artículo l°.

Repito que retiré la indicación y votaré a favor el proyecto.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, el artículo 5a garantiza al resto de las regiones que el proyecto, una vez aprobado, operará en el futuro, y por eso no presenté indicación en este sentido. Me interesa que su aplicación sea en forma rotativa y posteriormente puedan beneficiarse otras.

Por ello, solicito a los señores Diputados que votemos el proyecto -cada uno tiene la posibilidad de consignar sus puntos de vista- y que sigamos avanzando. Hay una larga tabla de materias y es importante despacharla.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, en Concepción casi no tenemos caminos rurales, y ésta es una excelente iniciativa del Senador señor Sergio Páez que debe ser apoyada.

A veces nos olvidamos de algunas cosas. La mayor parte de los beneficios del proyecto se extenderá a todas las regiones del país, porque los productos que arriban a los puertos de Talcahuano, San Vicente y Puerto Montt, obviamente tendrán mejor llegada, lo que significará fomento de la exportación y mercados sensibles.

Por lo tanto, la excelente iniciativa demuestra que estamos legislando para todo el país y debiéramos aprobarla en general y en particular, para que sea ley de la República y los 9 millones de dólares se inviertan en maquinarias que servirán para reparar muchísimos caminos rurales de las Regiones Octava, Novena y Décima.

El señor JARA (don Octavio).-

Señor Presidente, sólo para expresar mi apoyo al proyecto, porque apunta a un reclamo concreto y constante que nos hacen a los parlamentarios en las regiones que tienen mucha población rural.

Además, a partir de una solución original, innovadora, la iniciativa pretende incorporar a la comunidad en la solución del problema, particularmente a los sectores productivos.

Por último, las aprensiones que han expresado algunos parlamentarios están solucionadas, como lo planteó el Diputado señor Elizalde, en el artículo 5a, que establece que el sistema de asignación de maquinaria y de gestión de conservación de la red vial comunal, que se define en el proyecto, podrá extenderse al resto de las regiones.

Este es un plan piloto, una iniciativa original, innovadora, que merece el apoyo de todos los parlamentarios de las regiones del país.

He dicho.

El señor BOSSELIN.-

Señor Presidente, el proyecto es importante y bastante novedoso, porque pretende asociar al sector privado a las labores del Estado, lo que indudablemente es muy encomiable.

Partiendo de la base de que se colocarán 9 millones de dólares -que es una suma significativa-, debe pensarse si rendirán adecuadamente. Se trata de entregar ese dinero a corporaciones sin fines de lucro, que se constituyen en las regiones con determinadas características, entre las que seguramente estarán entidades públicas y privadas ligadas al desarrollo económico de cada una. Deben actuar con eficacia, productividad y obtener una determinada rentabilidad, porque aquello de "sin fines de lucro" de corporaciones que se crean, aunque no digan relación con obtener beneficios, está absolutamente fuera de la realidad.

Las obras públicas constituyen una labor extraordinariamente compleja; por ejemplo, la reparación de caminos no permite arreglos de segundo orden. El movimiento de las maquinarias implica ingenieros, técnicos y mano de obra calificada, porque no se trata de hacer trabajos de pacotilla. En consecuencia, es necesario que existan empresas que realicen estas actividades, y no cabe la menor duda de que nada puede ser más ajeno a la actividad y eficacia propias de una empresa que una corporación sin fines de lucro.

Si se pretende asociar al sector privado al esfuerzo del Estado, debe hacerse a través del camino adecuado, que es el sector empresarial, y que funciona precisamente con fines de lucro. Éste es el sistema económico que estamos aplicando en nuestro país y no la orientación que se pretende dar.

En el fondo, ¿qué significa esto? Que el Estado dispone de 9 millones de dólares -mañana podrán ser 14, 20 ó 30, según la presión, observaciones o reclamos de las respectivas regiones-, compra la maquinaria y la entrega en comodato a corporaciones de derecho privado, que no pagan ni un centavo al Estado. En consecuencia, utilizan en términos globales los 9, 10, 20, 30 ó 50 millones de dólares; obtienen sus correspondientes beneficios, porque la ausencia de lucro no significa que no habrá rentabilidad o excedentes, hacen propia esa mayor rentabilidad, aumentan su capital e ingresan en un proceso de capitalización, y quien resulta perdiendo es precisamente el Estado.

En los esfuerzos de asociación entre el Estado y el sector privado se trata de que ambas partes obtengan los correspondientes beneficios, y que el Estado no entregue gratuitamente sus recursos para que sean manejados a través de corporaciones de derecho privado, que aparentemente serían sin fines de lucro, pero que en el fondo terminarán siendo empresas encubiertas por la mascarada de una corporación sin fines de lucro.

Por lo tanto, no me opongo a la idea de legislar en el espíritu de asociar a estos dos sectores de la economía, sino muy por el contrario, pretendo que la asociación se haga en términos eficaces y productivos. Por esta razón, participo de la indicación del Honorable Diputado señor Dupré, en el sentido de que lo correcto sería que el sistema -muy positivo- se extendiera a la totalidad del país: habría mejorado la finalidad de la iniciativa. Pero también debemos partir de la base de que no siempre las cosas pueden ser perfectas y hay que felicitar a sus autores porque tienen una justa motivación y no cabe la menor duda de que desarrollan sus funciones mirando los intereses regionales, lo que es bastante encomiable. Sin embargo, quiero dejar constancia de esta reserva.

Señor Presidente, con su venia, deseo conceder una interrupción al Honorable Diputado señor Elgueta.

El señor ELGUETA.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero destacar el novedoso camino que siguió este proyecto. Se inició en una moción del Senador don Sergio Páez Verdugo, a la cual el Presidente de la República le otorgó su patrocinio a petición de los Senadores señores Siebert, Valdés, Larre, Lavanderos, Diez, Navarrete, Prat, Ruiz Esquide, Rios, Frei y Cantuarias. En consecuencia, el Gobierno ha intervenido, ejerciendo su derecho, para que este proyecto se lleve adelante.

Junto con señalar mi aprobación a la idea de legislar en los términos propuestos en el proyecto, quiero refutar algunas de las afirmaciones hechas por el Diputado señor Bosselin.

En las regiones que tienen caminos de tierra, generalmente las comunidades aportan tiempo, mano de obra, petróleo, beneficios y una serie de otras actividades destinadas a obtener recursos para luego ofrecerlos a la Dirección de Vialidad, a fin de que ésta les facilite maquinarias que son administradas por el Ministerio de Obras Públicas.

No se trata de un comodato vulgarmente gratuito, porque también puede tener cierta inversión de parte de los usuarios o del comodatario. Esta es, precisamente, la situación que se da en este caso. Por ende, es absolutamente correcto que se proceda a institucionalizar una actividad que se da en los hechos. Además, este proyecto representa la participación de la comunidad organizada, la cual se podrá expresar a través de estas corporaciones. Por tal razón, estoy de acuerdo con este proyecto.

He dicho.

El señor SOTOMAYOR.-

Señor Presidente, entiendo muy bien que los Diputados de las Octava, Novena y Décima Regiones se preocupen por la reparación de los caminos, especialmente en esta época en que venimos saliendo del invierno y en que gran parte de los caminos rurales, especialmente secundarios y otros, se encuentran en malas condiciones.

Si bien comparto la idea de que es necesario hacer un esfuerzo para repararlos, pues son estrictamente necesarios para el desarrollo de las actividades de la zona, especialmente en la época de verano, en que los días son más largos y a veces los únicos en el año en que es posible efectuar labores económicas con normalidad, no estoy de acuerdo con el enfoque que se da al problema.

En primer lugar, sin damos cuenta estamos autorizando también una actividad empresarial de parte del Estado, cuestión que ya está regulada en la Constitución Política. Si bien es cierto que serán asociaciones con corporaciones sin fines de lucro, como bien lo definió el Diputado señor Bosselin, el lucro no está determinado por el hecho de que los servicios que presten a los usuarios sea gratuito, sino porque no habrá reparto, por parte de los accionistas, dueños, socios u otro orden jurídico de asociación, de las utilidades sobre los ingresos que ellas puedan haber percibido.

En segundo lugar, hay una cuestión de carácter técnico. Entiendo que en el reglamento se va a normar todo lo referente a la mantención de los equipos, a las amortizaciones y a otros aspectos. Tengo un campo en la Novena Región donde en algunas oportunidades hemos llegado a algunos acuerdos con comunidades indígenas circundantes y también con la municipalidad. Sin embargo, advierto la ineficiencia con que se manejan todos estos equipos que se prestan de buena voluntad. Es normal que porque se mató una vaquilla -ése es el sistema-, los choferes trabajen medio día; que porque el día siguiente es feriado, en la tarde anterior tampoco se trabaje. Precisamente por eso, un mecanismo de control empresarial, donde exista el incentivo económico tanto para el empresario como para los trabajadores, podría hacer que esta inversión de 9 millones de dólares tuviera mejor rentabilidad.

Pienso que es necesario reparar los caminos y que los dineros para esto pueden ser incluso mayores. De manera de que no se trata de egoísmo, sino que del enfoque que se debe dar para que la eficiencia en el manejo de esos recursos represente realmente la mejoría que se requiere de los caminos, sobre todo, que sea un ejemplo de manejo y de realización. Estimo que por esta vía estamos utilizando procedimientos bastante obsoletos, como la minga, los mingacos y otros, que bien los entendemos en el orden de las personas, pero no cuando estamos hablando de cuestiones del Estado.

He dicho.

El señor ARAYA.-

Señor Presidente, reconozco la loable iniciativa del Senador señor Páez. Creo que nadie puede mostrarse indiferente a esto. Me felicito por aquellos colegas que se verán beneficiados en las regiones a que se refiere el proyecto. Sin embargo, comparto las aprensiones que se han manifestado, como la del Honorable Diputado señor Dupré. Espero que esta iniciativa con el tiempo se haga extensiva a todo el país, viendo los beneficios que, por supuesto, traerá en el futuro.

Como representante del distrito 3 y de la Segunda Región, que tiene un gran déficit en las vías camineras, especialmente en los sectores rurales, por las distancias, por el clima y por su geografía, especialmente en los pueblos de la precordillera, y, más aún, donde tenemos -y el Supremo Gobierno lo ha estimado conveniente para beneficio de la Segunda Región- dos pasos internacionales que son absolutamente intransitables, esperamos que esta iniciativa sea ampliamente favorable para la integración con los países vecinos como Argentina, Bolivia, Perú, etcétera.

Con esta aprensión, anuncio mi voto favorable a este proyecto.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, intervengo para manifestar mi alegría por este proyecto que beneficia en especial a tres regiones que en su conjunto representan el 40 por ciento de la red vial de todo el país, hecho que hay que tener presente.

Es importante resaltar que en la Novena Región, a la que represento en esta Cámara, el 94 por ciento de los caminos son de tierra o ripio. Con ello, quiero decir que la situación es peor que la media de las tres regiones. Por eso me alegro de la presentación de este proyecto.

Hay que recordar que la red vial es concordante con el nivel de desarrollo económico y social de cada región; y en la Novena, a la cual se está beneficiando con este proyecto, están siete de las veinte comunas más pobres del país.

Plantear la solución de los problemas urgentes relativos a la red vial, como los que hoy estamos debatiendo, es positivo hacerlo a través de una gestión compartida entre los sectores público y privado, con participación activa de las municipalidades y de la comunidad organizada.

Me extraña la posición de algunos parlamentarios de la Región Metropolitana, quienes en el pasado no pusieron ningún obstáculo para invertir, por ejemplo, millones de dólares en la Estación Mapocho y, a futuro, en la construcción de la línea 5 del Metro, y que ahora no aparecen ni en la gestión compartida ni en la participación, conceptos de los cuales tanto se usa y abusa en los foros públicos.

Por eso, señor Presidente, con mucho agrado anuncio mi voto favorable al proyecto.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, procuraré ser lo más breve posible.

En primer lugar, destaco la generosidad que he advertido en los parlamentarios de las distintas regiones que, aun cuando no se verán beneficiadas directamente con este proyecto, lo han apoyado.

En seguida, quiero señalar que la Dirección de Vialidad está prácticamente desmantelada, empequeñecida y jibarizada, con obreros de avanzada edad y con un trabajo muchas veces improductivo, a lo que se agrega la existencia de maquinaria obsoleta, de muy poco rendimiento, por lo cual se hace indispensable una renovación de este parque.

De esta manera vemos en este proyecto la posibilidad de dar un gran impulso a la actividad económica y el comienzo de un sistema al que deberá acogerse todo el país. Así lo han percibido los señores parlamentarios.

Expresamente deseo manifestar que en mi intervención represento a los Diputados del Partido Radical de las provincias del sur de Chile, especialmente a los señores José Peña, Mario Devaud y Dionisio Faulbaum, y al Diputado señor Jaime Campos, quien adhirió entusiastamente a este proyecto.

He dicho.

El señor REYES.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero dejar constancia del consenso que se ha ido gestando en tomo a este proyecto de ley, el que encuentra su origen en una idea conversada con el Senador Sergio Páez, con quien comparto responsabilidades parlamentarias por la misma zona, que se tradujo en una moción patrocinada por el Presidente de la República y con la adhesión de todos los señores Senadores de las Regiones Octava, Novena y Décima.

La moción que estamos aprobando da una respuesta concreta y positiva a una sentida aspiración de comunas y localidades, especialmente de carácter rural, que permanentemente se ven afectadas por las carencias existentes para la mantención de sus caminos.

Es dramático constatar las situaciones derivadas de los cortes de caminos, que se traducen en zonas que quedan aisladas, personas que no pueden salir de sus lugares de residencia y graves perjuicios económicos para los productores, especialmente los medianos y pequeños.

No cabe duda de que, como se trata de una iniciativa novedosa, puede ser objeto de algunas observaciones, como las que se han formulado durante el curso del debate, pero cuya consistencia habrá que ver en la práctica. Lo más importante es la participación que se entrega a la comunidad y la oportunidad de asumir responsabilidades en materia vial, así como, también, las vías que se abren para integrar esfuerzos públicos y comunitarios y para que las regiones beneficiadas puedan contar con un dotación de maquinarias de las cuales ahora carecen. Por lo demás, el proyecto contempla, en su artículo 5fi, la posibilidad de que su alcance pueda extenderse a otras regiones, lo que, evidentemente, dependerá del resultado que esta experiencia tenga.

Por lo señalado, señor Presidente, reitero mi voto favorable.

He dicho.

El señor OJEDA.-

Señor Presidente, votaré favorablemente este proyecto de ley. Un país sin caminos o con caminos en malas condiciones es un país que se estanca y que no avanza.

El problema es grave, sobre todo en la zona rural, donde el que sufre las consecuencia de los malos caminos es el campesino. Actualmente, Vialidad carece de las maquinarias y herramientas para la construcción y mantención de caminos. La distribución de las funciones antes correspondía en plenitud a Vialidad. Hoy día, se ha desconcentrado y las ejercen otros servicios, como las municipalidades y no cumplen como se hace necesario. El sistema que se propone es oportuno y muy beneficioso. Se entregarán en comodato las maquinarias a corporaciones sin fines de lucro. Las Direcciones Regionales de Vialidad asesorarán y controlarán. Se hace sin fin de lucro y no hay comercio de por medio.

Es un sistema que contribuye a paliar las insuficiencias de implementación para el rubro camino. Por ello es procedente su aprobación. Mi provincia, sobre todo, los sectores rurales de San Juan de la Costa y San Pablo, requieren cada vez de una atención más prioritaria por la precariedad de sus caminos. En muchos sectores, a la falta de caminos y malas condiciones de éstos, se agrega la incomunicación por la falta de electrificación. Y esto es grave.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-La indicación es del Honorable señor Horvath a) Sustituir en el inciso primero las palabras "de la Octava Región del Biobío, Novena Región de La Araucanía y Décima Región de Los Lagos" por "de la Sexta Región del Libertador Bernardo O'Higgins, Séptima Región del Maulé, Octava Región del Biobío, Novena Región de La Araucanía, Décima Región de Los Lagos y Undécima Región de Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo", y b) Sustituir el inciso segundo por el siguiente: "De esta maquinaria se destinará a las respectivas Direcciones Regionales de Vialidad un módulo en las Regiones Sexta, Séptima y Undécima, y el resto se destinará en partes iguales a las Regiones Octava, Novena y Décima."

El señor HORVATH.-

Señor Presidente, la indicación obedece al espíritu del proyecto de establecer un plan piloto para buscar una fórmula de trabajo para la conservación de caminos que sea distinta de la directa de administración a través de Vialidad o de las municipalidades, o bien diferente a la de propuestas públicas por medio de empresas privadas.

Por tratarse de un plan piloto, y debido a que el proyecto no establece las fórmulas de trabajo, creo que no es muy claro en este aspecto, con mayor razón si apreciamos el detalle de las maquinarias que se adquirirán con los 9 millones de dólares. Se entiende que detrás de ellos habrá 24 módulos de equipos. Si se contara con la generosidad de la Octava, Novena y Décima Regiones, bien podría cederse uno -de estos 24- a las regiones vecinas que tienen problemas muy similares y son los que originaron este proyecto. Con un módulo en cada una de estas regiones se podría iniciar un plan piloto para evaluar este sistema de trabajo respecto de las otras alternativas.

Por otra parte, de acuerdo con las atribuciones parlamentarias, la indicación es perfectamente admisible, ya que no se modifica el financiamiento del proyecto, sino que se propone una distribución, a mi juicio, más justa.

Por lo demás, dado lo avanzado del año, en ningún caso se perjudicará a las regiones originalmente mencionadas en el proyecto, por cuanto ellas también serán parte de este plan piloto y, en la medida en que funcione, podrán completar este único equipo que cederían a las regiones vecinas.

Por otro lado, apelo a la generosidad de los señores parlamentarios, ya que estas regiones -igual que las señaladas en el proyecto- tienen serias dificultades en cuanto a la conservación y mantención de caminos menores. Por lo tanto, estimo que este plan piloto para ejecutar obras comunitarias es perfectamente posible de implementar, sin perjudicar los intereses de las otras regiones del país.

En cuanto a la urgencia del trámite, ya está conversado con el Ministerio de Obras Públicas.

La indicación, en principio, fue votada en forma unánime por los miembros de la Comisión. Después se discutió su admisibilidad, sin considerar todos los antecedentes, pero puedo adelantar que el Ministerio de Obras Públicas la ve con buenos ojos. En consecuencia, se podría contar con un trámite de urgencia, de manera de no obstaculizar la adquisición de estas maquinarias para las regiones que he indicado en un plazo prudente.

Gracias, señor Presidente.

El señor MOLINA (Presidente).-

A continuación, procede discutir y votar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que destina recursos para el desarrollo de la Duodécima Región de Magallanes y de la Antártica chilena.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor Orpis.

Antecedentes:

-Mensaje del Ejecutivo (boletín N° 1077-05), sesión 31ª, en 31 de agosto de 1993. (Documentos de la Cuenta, N° 4).

-Informe de la Comisión de Hacienda, sesión 8ª, en 19 de octubre de 1993. (Documentos de la Cuenta, N° 10).

El señor ORPIS.-

Señor Presidente, paso a informar el proyecto de ley, originado en un mensaje, cuyo propósito es destinar anualmente, por el plazo de diez años, una cantidad equivalente al 25 por ciento del producto de los derechos de explotación que la Enap paga al Fisco, mediante su incorporación en la Ley de Presupuestos respectiva, con el fin de incrementar la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional correspondiente a la Duodécima Región; de bonificar las inversiones que se efectúen en ella, de conformidad con el decreto con fuerza de ley N2 15, del Ministerio de Hacienda, de 1981, y de constituir un Fondo de Desarrollo de esa Región para ser asignado a proyectos de fomento y desarrollo de la misma, administrado por el gobierno regional respectivo y operado por un Comité Regional de Fomento de la Producción de Magallanes.

Esta iniciativa, de alguna manera, viene a hacer justicia a la Duodécima Región, porque en 1992 se dictó la ley N° 19.143, que establece una distribución de los ingresos provenientes de las patentes de amparo de las concesiones mineras a que se refieren los párrafos l2 y 22 del título X del Código de Minería. Sin embargo, lo referente a hidrocarburos no está incorporado dentro de esa legislación. Por lo tanto, la iniciativa pretende que parte de esos recursos, especialmente en zonas aisladas, como la Duodécima Región, queden en dichos lugares.

Al hacer una comparación entre las disposiciones legales dictadas en 1992 y las que se proponen al Congreso en esta oportunidad, se verá que la gran diferencia radica en que la ley N° 19.143 dispone que todos los recursos que originen las patentes mineras quedarán en la región. En cambio, este proyecto establece que sólo el 25 por ciento de lo que se debe pagar al Fisco quedará en la respectiva región.

Por su parte, la ley N° 19.143 señala que el 70 por ciento "de dicha cantidad ingresa al Fondo Nacional de Desarrollo Regional que anualmente corresponda, en el Presupuesto Nacional, a la Región donde tenga su oficios el Conservador de Minas, en cuyos Registros estén inscritas el acta de mensura o la sentencia constitutiva de las concesiones mineras que den origen a las patentes respectivas." El 30 por ciento restante “corresponderá a las Municipalidades de las comunas en que están ubicadas las concesiones mineras”. Es decir, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley, el ciento por ciento queda en la región. Según el proyecto de ley en estudio, sólo queda en la región el 25 por ciento de lo que se paga al Fisco por este concepto.

La orientación básica del proyecto es incrementar mecanismos ya establecidos en la ley, como es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, la bonificación a la inversión y a la reinversión que dispone el decreto con fuerza de ley N° 15. Estos dos mecanismos son permanentes.

El proyecto crea un tercer mecanismo, el Fondo de Desarrollo de la Duodécima Región, no contemplado hasta ahora en la ley, destinado a actividades de fomento y de desarrollo.

El artículo 19, número 20, de la Constitución establece: "La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley/'. Su inciso final señala que se "podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local, puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo."

De manera que el proyecto no atenta contra la garantía constitucional establecida en el artículo 19, número 20.

Por último, el informe financiero de la Dirección de Presupuestos señala que el proyecto no irrogará mayor gasto para el presupuesto de 1993, porque la Ley de Presupuestos de 1994, deberá contemplar su financiamiento con cargo fiscal, que asciende a 2.934 millones de pesos.

La iniciativa se aprobó por la unanimidad de la Comisión de Hacienda, por lo que ésta recomienda su aprobación a la Sala.

He dicho.

El señor SMOK.-

Señor Presidente, esta iniciativa de ley que ha presentado el Gobierno corresponde a una propuesta largamente enunciada y trabajada por el Senador señor José Ruiz Di Giorgio, y tiene los mismos principios generales que generaron en el Parlamento la legislación sobre patente mineras.

La extinción de los recursos naturales no renovables explotados en regiones, no significa necesariamente desarrollo permanente para ella. Hay demasiados ejemplos en la historia nacional de regiones que tuvieron riquezas en tomo a alguna fuente no renovable de recursos que, al final de su explotación, han caído en el colapso más notable.

Por desgracia, Magallanes puede no estar ajeno a este sino. La producción de petróleo en Chile está decayendo rápida y significativamente. Basta sólo decir que hace 15 años el país estaba en condiciones de satisfacer la mitad de sus requerimientos de petróleo; hoy no alcanza a proveer la octava parte de ellos. En consecuencia, el decrecimiento de la actividad extractiva petrolera pone a Magallanes en la coyuntura de afrontar su futuro a través de la diversificación y exploración de nuevas formas de actividad económicas relevante.

Las regiones que se dedican a la explotación minera pueden enfrentar la misma situación. Cuando se concibió la normativa que permitía que el producto de las patentes mineras quedara para el desarrollo de la región donde estaban insertas, no se consideraron los hidrocarburos, porque su naturaleza es ajena, por definición, a la actividad minera extractiva considerada en esa legislación.

Este proyecto sólo equipara el concepto, aunque lo hace a través de mecanismos y orígenes diferentes, como ha señalado el Diputado informante. Lo hace no mediante las patentes mineras, sino del derecho de explotación establecido hace más o menos 15 años para el petróleo, que genera el 25 por ciento que el Gobierno propone que quede en la región, que asciende a alrededor de 7 millones de dólares anuales, cifra variable de acuerdo con el precio internacional del petróleo. Este monto no es menor, pero, por cierto, resulta insuficiente para las expectativas ilimitadas de las regiones y sus necesidades. No obstante, se compara favorablemente con los resultados de la ley de patentes mineras en otras regiones.

En consecuencia, si bien es cierto que toda región puede y debe legítimamente esperar más, la cifra no es despreciable y produce un avance significativo. Sin embargo, el Consejo Regional respectivo formula dos cuestionamientos a este proyecto, que paso a señalar, los cuales contaron con su acuerdo unánime.

En el artículo l° se establece que parte del producto de este fondo se destinará a suplementar el decreto con fuerza de ley N° 15, sobre inversión productiva que se efectúe en la zona. En la ley sobre franquicias para Primavera y Porvenir, que aprobamos no hace mucho tiempo, y respecto de otras materias, como los impuestos de salida de zonas francas, también discutimos lo relativo al decreto con fuerza de ley N° 15. Establecimos que era un fondo acotado y generado por el Presupuesto de la Nación que se resolvía en las regiones en un plan de prelaciones, órdenes y montos.

Vemos con preocupación que también se asignen estos recursos en virtud del decreto con fuerza de ley N° 15, porque entendemos que sus fuentes y naturaleza de financiamiento son diversas, y pudiera corresponder, en consecuencia -no siendo un fondo con piso-, a un abandono de la responsabilidad del Estado de mantener operativo este fondo y de traspasar la obligación parcial de su generación a través de estos recursos. Por lo tanto, el Consejo Regional de Magallanes unánimemente opina que no debieran destinarse estos dineros para suplementar el financiamiento del decreto con fuerza de ley N° 15.

En segundo lugar, es cierto que la actividad petrolera está decreciendo y que en diez años más es posible que no tengamos un nivel significativo de producción. Pero es evidente que, homologándola al criterio de las patentes mineras, que no tienen período de extinción o de vigencia, no parece razonable que este beneficio sólo se conceda por diez años. Por eso, el Consejo Regional de Magallanes también señala que, siendo ajeno al debate previo, siendo injusto por su naturaleza y siendo arbitrario en su decisión, está porque no se establezca un límite de diez años para la existencia de este fondo, porque no se conoce justificación alguna para ello.

Finalmente, considero que es muy razonable que éstos sean fondos de decisión regional, y así será a través del FNDR, como elemento suplementario de decisión regional, y mediante la creación de un nuevo fondo para el desarrollo regional.

Las regiones tienen carencias importantes en su capacidad de establecer carteras de proyectos atractivos para el inversionista. Los estudios de factibilidad, de capacitación de sus profesionales y el desarrollo de una infraestructura material y humana necesarias para el desarrollo regional, son hoy día un punto de dificultad, ya no sólo financiero, sino de infraestructura para el desarrollo de las regiones. Por eso, consideramos que éste es un buen destino para esos dineros. Esta iniciativa representa un elemento de justicia para una región que, por carecer de actividad minera significativa, no tenía acceso a las patentes mineras y, además, veía extinguirse su producción de petróleo.

En segundo lugar, mi región necesita, como el resto de ellas, invertir en estudios, en proyectos y en capacitación. Por lo tantos, esos dineros son bienvenidos.

En tercer lugar, se trata de recursos que representan un paso significativo, toda vez que suman alrededor de 3 mil millones de pesos para el próximo año.

En cuarto lugar, como criticamos que se destinen estos dineros al fondo del decreto con fuerza de ley N° 15 y que este beneficio se acote a una vigencia de sólo diez años, hemos formulado indicación para que ambas disposiciones se extraigan del texto que esta Cámara finalmente apruebe, como estoy seguro que lo hará.

Señor Presidente, por su intermedio, concedo una interrupción al Diputado señor Montes.

He dicho.

El señor MONTES.-

Señor Presidente, cuando aprobamos la creación de los gobiernos regionales, se asoció a un sistema de financiamiento que representa avances importantes, pero que también adolece de graves defectos.

Los señores Diputados recordarán que dicho sistema se conformó con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, las asignaciones fiscales para remuneraciones y los fondos de inversiones sectoriales de asignación regional. Este es un avance importante, dado que no existían los gobiernos regionales y tampoco tenían financiamiento. Todo esto configuró una base de recursos con la que dichos gobiernos lograron algún nivel de decisión.

El defecto del sistema es que el financiamiento de los gobiernos regionales no está asociado a la producción, al crecimiento, al esfuerzo y a la contribución al desarrollo por parte de las regiones. Por lo tanto, dicho sistema no contenía un estímulo para ellas.

Valoro este proyecto, porque va construyendo una base de financiamiento de los gobiernos regionales asociada a la producción y al aporte específico de la región al desarrollo nacional. Así se hizo cuando aprobamos la indicación relacionada con las patentes mineras y ahora en relación con la producción de petróleo. Es cierto que los recursos involucrados en este proyecto son bastante limitados, pues alcanzan a 3 mil millones de pesos, que equivalen más o menos al 70 por ciento del presupuesto anual de una comuna como La Florida. Sin embargo, en cuanto a enfocar la modificación del sistema de financiamiento de los gobiernos regionales, vamos en la dirección adecuada.

Por lo tanto, votaré favorablemente el proyecto, porque no sólo representa avances para esa región, sino que también fortalece una concepción de financiamiento de los gobiernos regionales del país.

Agradezco la interrupción que me concedió el Diputado señor Smok.

He dicho.

El señor PALMA (don Andrés).-

Señor Presidente, como lo ha manifestado el Diputado informante y quienes me han precedido en el uso de la palabra, este proyecto es muy importante, y felicito al Gobierno por haber acogido la iniciativa del Senador José Ruiz Di Giorgio, destinada a resolver un problema real de la Región de Magallanes.

Es un hecho que la actividad económica en esa región está muy afectada por la caída de los niveles de producción y explotación del petróleo y gas natural. En definitiva, el país debe hacer algo y preocuparse de avanzar en términos de sustituir actividades económicas rentables para mantener los niveles de actividad y desarrollo históricos de la región austral. Pero ello no sucederá con las normas actualmente vigentes, y si bien este proyecto no es una panacea, sin duda, contribuirá, en parte, a resolver el problema.

A mi juicio, el proyecto contiene dos elementos de trascendencia.

Se constituye un fondo nuevo. En definitiva, se plantea la posibilidad de que una región establezca programas de desarrollo productivo, contribuya a invertir en elementos económicos rentables y, a través de la letra b) del artículo 1°, también contribuya a subvencionar actividades del sector privado. Esto es muy importante cuando estamos tratando de cambiar una dinámica regional, porque no sólo a través del proyecto se plantea invertir en infraestructura o en bienes públicos. También se crea la posibilidad de traspasar al sector privado recursos regionales, administrados y definidos por la región, con el objeto de desarrollar nuevas actividades productivas. Eso es lo más valioso de su articulado.

No estoy de acuerdo con el Consejo Regional de Magallanes, al que hacía alusión el Diputado Smok, en cuanto a que sea perjudicial mantener la letra b) del artículo 1° Estimo que esa norma abre un camino muy novedoso de cooperación y de fomento de la producción, que en el pasado existió en algunas regiones a través de instancias semipúblicas -como en la Primera Región, particularmente, para el desarrollo de la zona de Arica- y que por esta iniciativa regional se restablece por primera vez, después de muchos años, para Magallanes.

En ese sentido, si bien puede haber Una discusión presupuestaria para sustituir proyectos o recursos, la posibilidad de que la región. contribuya a bonificar actividades productivas en su zona debe ser mantenido.

En el proyecto no me parece bien que esos recursos incrementen la cuota del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.

Bonificar las inversiones que se efectúen en la Región de Magallanes y constituir un fondo de desarrollo para dicha región y para la Antártica chilena, administrado por el gobierno regional, son decisiones correctas y adecuadas. Aquí, en definitiva, el planteamiento de fondo consiste en sustituir recursos que se generan en la región, como empleos y actividades productivas, por otros del petróleo, para que esos mismos recursos permitan, en el plazo de diez años, generar actividades que sustituyan la importancia que hoy tiene la Enap en la Región. Dichos recursos deben estar orientados, básicamente, al desarrollo productivo y económico.

Ahora, la posibilidad de destinar esos recursos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional generará una disputa entre las letras b), c) y a), puesto que, por la configuración, por su historia, por el peso cultural del referido Fondo, significará incrementar recursos en áreas en las que propiamente no debe haber una sustitución en la región.

Al respecto, presenté una indicación para suprimir la letra a). Sin embargo, estoy dispuesto a retirarla si ella retarda el despacho del proyecto.

Esta iniciativa es muy importante, porque contiene ideas novedosas en términos de administración y de desarrollo regional, por el hecho de posibilitar que esos gobiernos contribuyan al desarrollo productivo, aun del sector privado, en la región de Magallanes. Por eso, debemos contribuir a su aprobación.

El señor LEBLANC .-

Señor Presidente, quiero anunciar que Concurriré con mi voto favorable a la aprobación de este proyecto de ley, dado que marca un ele* mentó de justicia para responder a una realidad tan particular como es la de Punta Arenas, una de las zonas extremas de nuestro país. Sin embargo, a fin de dejar sentados elementos que me interesan desde la perspectiva de la historia de la ley, deseo consignar lo que en más de una oportunidad hemos planteado en este hemiciclo.

Esa realidad tan particular de las zonas extremas incluye, naturalmente, a la zona norte, y particularmente, a la Región de Tarapacá. En el último tiempo hemos echado de menos iniciativas que en el mismo sentido garanticen un desarrollo sostenido en esa región, y si bien hay varios mecanismos legales que apuntan en esa dirección, ellos son absolutamente insuficientes. Por ejemplo, el decreto ley N° 15 establece una bonificación a la inversión, pero la limitación de los recursos disponibles para ese fin no alcanza a cubrir ni siquiera el 30 por ciento de lo que debiera ser su objetivo central.

Del mismo modo, en nuestra zona hay elementos productivos que, de alguna manera, podrían derivar en la creación de un fondo tan necesario para el desarrollo sostenido de una región deficitaria, en especial de la provincia de Arica, que represento, cuyo malestar ha desembocado últimamente en un paro, como consecuencia de la falta de medios para lograr su desarrollo. La creación de este fondo especial, a los ariqueños nos hace recordar la Junta de Adelanto de Arica, importante motor de desarrollo que fue desbaratado hace algunos años, despojando a Arica de un instrumento importante, que tantos beneficios entregó a nuestra zona.

Por otro lado, hemos propuesto al Ejecutivo que el impuesto del 6 por ciento que grava las mercaderías que salen de la zona franca primaria hacia la zona franca de extensión Arica, se destinen á obras de desarrollo local. También quiero destacar, concordando con el Diputado señor Palma, la imperiosa necesidad de que, consecuente con la ley sobre gobiernos regionales, esos fondos puedan ser administrados por las propias regiones y que su destino no sea el centro del país, evitando así que los deseos de desconcentración, descentralización y verdadera regionalización se transformen en un acentuamiento cada vez más nítido del centralismo.

Votaré favorablemente, pero no quería dejar pasar la oportunidad de insistir en la necesidad de que tanto el Gobierno como el Parlamento entiendan la particular realidad de las zonas extremas de nuestro país, y la necesaria e ineludible obligación que tenemos de legislar para que esas zonas adquieran un desarrollo sostenido y un equilibrio armónico.

He dicho.

El señor LOYOLA (Secretario).-La primera, del Honorable Diputado señor Andrés Palma,

y las dos siguientes, del Diputado señor Smok, son para suprimir la letra b) del artículo 1° y el artículo 2° del proyecto.