Labor Parlamentaria

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde ocuparse del informe de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía respecto del estado de la investigación en Argentina y Chile, del acto terrorista que causó la muerte del General Carlos Prats González y de su cónyuge, doña Sofía Cuthbert.

Diputada informante es la señora María Maluenda.

Antecedentes:

- Informe de la Comisión de Derechos Humanos, sesión 4a, en 5 de octubre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N° 10).

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, en primer lugar, hago presente que este informe es de una Comisión permanente de la Cámara, que sí ha tenido una tarea especial, derivada del proyecto de acuerdo que se aprobara el 5 de mayo de 1993, suscrito por 28 señores Diputados.

Es para mí un honor que la Comisión me haya designado informante, misión que es bastante difícil de cumplir por muchas razones.

El proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara es el siguiente:

"Considerando:

"Que se ha tomado conocimiento, a través de recientes informaciones publicadas en los medios de comunicación, de un conjunto de nuevos antecedentes relativos al acto de terrorismo internacional, ocurrido en septiembre de 1974 en la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, que causó la muerte del ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile, General (R) Carlos Prats González y de su cónyuge, doña Sofía Cuthbert.

"Que para el país constituye un imperativo ético que este hecho, que provocó la trágica muerte de un destacado hombre público, quien en vida fue investido de los más altos cargos públicos -Vicepresidente de la República, Comandante en Jefe del Ejército de Chile, Ministro del Interior y Ministro de Defensa Nacional-, sea aclarado y que sus responsables sean judicialmente sancionados conforme a la ley.

"Que les corresponde a todos los sectores del país y en particular al Congreso Nacional, contribuir al esclarecimiento de la verdad, y

"Que el deber antes aludido es aún más imperativo al aparecer, de acuerdo a recientes informaciones publicadas en la prensa nacional, involucrados en la planificación y ejecución de este crimen funcionarios del Estado chileno.

"La Honorable Cámara de Diputados acuerda:

"Mandatar a la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de esta Cámara de Diputados para que elabore un informe respecto del estado de la investigación en Argentina y Chile, respectivamente, del acto terrorista que causó la muerte del General (R) Carlos Prats González y de su cónyuge doña Sofía Cuthbert, para someterlo a conocimiento de la Corporación en un plazo de sesenta (60) días.".

Debo hacer notar que ha sido necesario pedir prórroga de este plazo en más de una oportunidad, dada la considerable y abultada acumulación de antecedentes que era necesario examinar.

Por carta enviada al señor Presidente de la Honorable Cámara, con fecha 17 de noviembre de 1992, las señoras Sofía, María Angélica y Cecilia Prats Cuthbert, en virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 19, número 14° de la Constitución Política del Estado, sometieron a consideración de esta Corporación, los antecedentes del acto de terrorismo internacional que significó la muerte de sus padres y que en opinión de ellas, constituye un asunto de orden público que compromete a la Nación toda. En su presentación, pusieron a disposición de esta Honorable Cámara un conjunto de antecedentes reunidos acerca de la situación planteada. Los Honorables colegas pueden constatar esos antecedentes en detalle en el informe, los que fueron confirmados tanto por los análisis de las informaciones contenidas en el proceso que se lleva a cabo en Argentina como en los documentos que constan en el proceso sobre el asesinato, en Washington, de don Orlando Letelier y que sustancia el Ministro don Adolfo Bañados.

La presentación de las hijas del General don Carlos Prats y de doña Sofía Cuthbert desarrolla los fundamentos jurídicos que la motivan, relacionados con las atribuciones de este Honorable Congreso para cumplir con su tarea fiscaliza- dora que implica el derecho de cualquier Diputado a solicitar determinados antecedentes en el marco de las atribuciones de fiscalización.

Las hijas de don Carlos Prats y de doña Sofía Cuthbert sostienen que el asesinato perpetrado en las personas de sus padres atenta contra los fundamentos del orden institucional y encuentra en nuestro ordenamiento jurídico las correspondientes sanciones para sus autores.

Pero -agregan- cuando un acto de tal naturaleza tiene carácter institucional y en él pueden verse involucrados miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo deber es garantizar el orden institucional de la República, estamos frente a un hecho que compromete el honor de la Nación. Esta situación se ve comprometida en forma especial -según afirman las señoras Prats Cuthbert- por la ausencia de una adecuada investigación de un hecho del que han aparecido antecedentes que ya son públicos.

Concluye la presentación solicitando que esta Corporación, en uso de sus facultades fiscalizadoras, recabe del Gobierno todos los antecedentes que existen en poder del Ministro de Defensa Nacional y de las Fuerzas Armadas dependientes de éste, acerca del asesinato de que fueron víctimas el General Carlos Prats y su cónyuge, en particular aquellos relativos a las últimas revelaciones públicas sobre el caso, que involucran a miembros del Ejército de Chile, en servicio activo o pasivo, y sobre la base de éstos y si fuere del caso, que realice una investigación con el fin de establecer si se encuentra comprometido el honor de la Nación.

Todo lo anterior -expresan-, en conformidad a lo establecido en los artículos 19, número 14, y 48 número 1) de la Constitución Política; artículos 9° y 10 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, y artículos 300 y 301 del Reglamento de la Cámara de Diputados.

La Comisión abordó estas materias en diversas sesiones ordinarias. Asimismo, despachó oficios a los señores Ministros de Defensa Nacional y de Relaciones Exteriores; citó y escuchó a diversas personas que podían aportar antecedentes acerca de la materia encomendada a la Comisión; entre ellas, al Embajador don Ramón Huidobro, actual Director de la Academia Diplomática Andrés Bello.

Asistieron a la Comisión abogados, a quienes se les encomendó el estudio e informe de los antecedentes procesales disponibles.

Para ese efecto se solicitó copia del expediente del proceso criminal radicado en el Primer Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires, rol número 289-74, caratulado "Sumario por intimidación pública, daño y homicidio de Carlos José Prats González y su esposa.". Asimismo, se obtuvo autorización del señor Ministro de la Excelentísima Corte Suprema don Adolfo Bañados para revisar el expediente rol número 1-91, correspondiente al proceso que tiene a su cargo en calidad de Ministro en visita extraordinaria y en que se investiga el asesinato de don Orlando Letelier del Solar. De igual forma, algunos miembros de la Comisión escuchamos a las recurrentes y nos reunimos con el abogado argentino don Andrés José D'Alessio, quien representa profesionalmente a las recurrentes en el proceso criminal que se sigue en la República de Argentina. La Comisión también tuvo a la vista una carpeta que contiene una colección de recortes de prensa de las publicaciones relativas al caso.

Respecto del oficio despachado al señor Ministro de Defensa Nacional, fue para "solicitarle toda la información que maneja su Secretaría de Estado acerca del crimen del General (R) don Carlos Prats González, ex Comandante en Jefe del Ejército y ex Vicepresidente de la República, y su cónyuge doña Sofía Cuthbert.".

Además, le solicitamos la nómina de los funcionarios que se desempeñaban en la Embajada chilena y en el Consulado de Chile, y urgimos su respuesta, dado el plazo con que contaba la Comisión.

La respuesta del señor Ministro de Defensa Nacional, dirigida a la Presidenta de la Comisión, fue la siguiente: "En relación al oficio de la referencia, mediante el cual solicita los antecedentes de que disponga el Ministro de Defensa sobre el asesinato del General Carlos Prats y su cónyuge, me permito informar a usted que esta Secretaría de Estado carece de antecedentes al respecto.

"No obstante lo anterior, considerando que el General Prats fue Vicepresidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, se ha solicitado al Comandante en Jefe de esa rama de las Fuerzas Armadas que nos informe si el Ejército dispone de información o antecedentes que puedan ser puestos a disposición de esa Comisión.

"El Ministro infrascrito reitera su permanente voluntad de colaborar, en cuanto le sea posible, en el esclarecimiento de este alevoso crimen que conmovió profundamente a todos los chilenos.

"Saluda a US. Patricio Rojas Saavedra, Ministro de Defensa Nacional."

Igualmente, la Comisión envió oficio al señor Ministro de Relaciones Exteriores, solicitando los antecedentes que esa Secretaría de Estado pudiera tener sobre el asesinato que nos preocupa.

La respuesta, firmada por el Ministro de Relaciones Exteriores Subrogante en aquel momento, que era precisamente el Ministro de Defensa, don Patricio Rojas, señala que en el Ministerio de Relaciones Exteriores carece de antecedentes respecto de la materia que se consulta, salvo en lo que se refiere a los exhortos tramitados por su intermedio.

En relación con esta respuesta, la Comisión envió un segundo oficio, por el que se pidió remitir copia de los antecedentes relacionados con los exhortos tramitados por ese Ministerio, mencionado en dicho oficio.

En respuesta a dicha solicitud se manifestó que los antecedentes que existen, en relación con la petición de que se le remitan los exhortos tramitados por esa Secretaría de Estado, son:

"1. Con fecha 4 de mayo de 1992 el señor Ministro Instructor de la causa rol NQ 1-91, don Adolfo Bañados Cuadra, sobre el homicidio de don Orlando Letelier, libró un exhorto dirigido al Tribunal del Crimen competente en Argentina, poniendo a su disposición copias autorizada de algunos antecedentes que obran en dicho proceso y que dicen relación con la posible responsabilidad de Michael Townley en el atentado de que fueron víctimas, en Argentina, los ciudadanos chilenos Carlos Prats y su cónyuge Sofía Cuthbert."

Luego que la Excelentísima Corte Suprema dispuso dar curso al referido exhorto, el Ministerio de Relaciones Exteriores sólo procedió a remitirlo, por conducto diplomático, dando cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia penal.

"2. Por nota de fecha 3 de mayo del año en curso, la Embajada de la República Argentina remitió a esta Cancillería dos exhortos librados por el Juzgado Nacional de Primera Instancia NQ 1 en lo Criminal y Correccional de Buenos Aires.

"Uno de esos exhortos fue dirigido al señor Ministro Instructor don Adolfo Bañados, solicitando copias autorizadas de piezas que obran en la causa que él instruye. Este exhorto fue devuelto, tramitado, a la Embajada de Argentina.

"El segundo exhorto fue dirigido al Quinto Juzgado del Crimen de Santiago y se solicitaron constancias relativas al proceso por falsificación de pasaportes." Según la respuesta del Ministerio, este exhorto está aún en trámite.

Más tarde, la Comisión recibió un segundo oficio del señor Ministro de Defensa Nacional, dirigido a la Presidenta de la Comisión, y cuyo tenor es el siguiente:

"Mediante oficio de la referencia, se me solicitó remitiera los antecedentes de que dispusiera este Ministerio sobre el asesinato del General Carlos Prats y su cónyuge doña Sofía Cuthbert.

"Por oficio MDN N° 6855/116 le informé que esta Secretaría de Estado carecía de antecedentes sobre estos hechos, no obstante lo cual, considerando que el General Prats fue Vicepresidente de la República y Comandante en Jefe del Ejército, se solicitó que se nos informara sobre cualquier antecedente de que dispusiera esa institución que pudiera ser puesto a disposición de esta Comisión.

"Con fecha 31 de agosto de 1993, el Comandante en Jefe del Ejército nos ha informado que: "en lo referente al deceso del General en retiro Carlos Prats González (Q.E.P.D.), en la institución no existen antecedentes relacionados con alguna Investigación Sumaria Administrativa que se hubiera practicado con ocasión de su fallecimiento, toda vez que a esa fecha el referido Comandante en Jefe del Ejército se encontraba en situación de retiro.

"En cuanto a la posibilidad de la nómina del personal militar que cumplió funciones en Argentina, en septiembre de 1974, se nos ha enviado la nómina de 18 personas del personal militar don Luis Ramírez Pineda, don Florencio Tejos Martínez, don Luis Guzmán, don Jorge Arias, don Femando Martínez, don Jorge Matus, don Javier Rodríguez, don Hyram Díaz, don Carlos Massouh, don Jorge Neumann Fuschsolocher, don Tolentino Alarcón Velos o, don Eduardo Bello, don Luis Marambio, don Luis Reyes, don Luis Rojas, don Ramón Medina, don Manuel Galleguillos y don Francisco Pino Aguirre.

Debo agregar a estas respuestas un hecho que realmente llama la atención. Nos consta, por recortes de prensa, que los exhortos tramitados a través del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el asunto que hoy nos preocupa fueron muchos más que los mencionados en las respuestas del Ministerio. Hemos solicitado en forma reiterada -verbalmente-, tanto quien habla como el Secretario de la Comisión, que se trate de completar la información, cosa que no hemos conseguido hasta ahora.

Señor Presidente, permítame un alcance personal sobre la respuesta del señor Comandante en Jefe del Ejército y del señor Ministro de Defensa. A nadie deja de llamarle la atención que en sus instituciones no se hubiera efectuado la menor investigación sobre un hecho tan grave y de tanta repercusión para nuestro país como el atentado que arrebató la vida de dos personalidades, las de don Carlos Prats y de doña Sofía Cuthbert.

Don Ramón Huidobro, al asistir a la Comisión y hablar sobre el General Prats, lo califica como un hombre extraordinariamente inteligente, especializado en historia, quien llegó a escribir dos libros. Uno de ellos, publicado bajo el seudónimo de "Aristarco", obtuvo el premio de honor en el concurso del "Memorial del Ejército de Chile efectuado en abril de 1957".

El señor Huidobro nos recuerda citas especiales de aquel libro que ayudan a comprender mejor el valor de la personalidad del General Prats. Al final de su exposición señala: "El General Carlos Prats era más claro en la exposición, que brillante, y aunque conocía a fondo la política de Chile, no era un político. Además de soldado de profesión, era un hombre de estudio. Estaba convencido de que su renuncia al alto cargo de Comandante en Jefe del Ejército de Chile evitaba una guerra civil.".

Por supuesto, nos pareció que sus hijas eran quienes mejor podían hablamos de la personalidad de doña Sofía Cuthbert. Nos hicieron llegar antecedentes concretos sobre su vida. Aparte de ello, es impresionante leer las palabras de sus hijas en el prólogo al libro del General Prats, titulado "Testimonio de un Soldado". Señalan los valores que les inculcaron sus padres y hacen especial referencia a su madre, quien ayudó a su padre en el exilio a cumplir una tarea que en su momento el país tendrá que medirla cabalmente: escribir sus memorias, crear un nuevo hogar y el ambiente necesario para trabajar con la mayor tranquilidad posible.

Como es de público conocimiento, el homicidio tuvo lugar el 30 de septiembre de 1974, a las 00.50 horas, frente a la puerta de entrada del edificio en que residían, ubicado en calle Malabia N° 3351, Buenos Aires, al momento de hacer explosión una bomba colocada bajo el automóvil Fiat de propiedad del matrimonio Prats y en el que regresaban a su domicilio.

La explosión fue de tal intensidad, que el examen médico tanatológico remitido al tribunal -como los señores Diputados tienen el informe y podrán leerlo en detalle, me van a perdonar que yo no lo haga- expresa en las últimas líneas: "La muerte de Carlos José Santiago Prats fue producida por: traumatismos y desgarros viscero-vasculares múltiples. Hemorragia externa e interna".

Respecto de doña Sofía Cuthbert, también se señalan las condiciones en que quedó su cadáver. Ella, por lo que deducen los investigadores, estaba dentro del automóvil cuando estalló la bomba y, al parecer, don Carlos Prats se encontraba fuera, recién había abierto la puerta o estaba por cerrarla.

Sería muy importante que los colegas leyeran el detalle de estas autopsias, que en una de sus partes dice:

"Que alrededor del lugar del hecho, esparcido en un diámetro de aproximadamente 50 centímetros, se observan restos calcinados del rodado Fiat como así también restos de carne chamuscada, al parecer humana.

Que junto al rodado, lado derecho, se halla extendido en forma paralela al mismo un cadáver al parecer de sexo femenino, en posición boca arriba, orientada al sur, semi-vestido, al que le faltan ambas piernas de la rodilla para abajo, y también el brazo izquierdo. Que en dicho cadáver se observan distintas heridas expuestas en distintas partes del cuerpo, y la cabeza totalmente quemada, sin pelo, repitiéndose las quemaduras en distintas partes de su anatomía. Unos metros más hacia al Este y superando el rodado descrito, sobre la mitad de la acera, y en forma paralela al cordón, se encontraba ya sin vida un cuerpo masculino orientado hacia el Este que presentaba heridas en distintas partes del cuerpo y se hallaba parcialmente vestido.". Indudablemente, se trataba del General Carlos Prats.

En el informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en el capítulo denominado "Chilenos muertos o desaparecidos fuera del país", y bajo el subtítulo de "por acción o con intervención de la Dina", la Comisión se refirió al asesinato de don Carlos Prats González y de su cónyuge, doña Sofía Cuthbert Chiarloni. Sobre el particular, se expone lo siguiente:

"El general (R) Carlos Prats, de 59 años, ex Comandante en Jefe del Ejército de Chile dejó el país, rumbo a Buenos Aires, según sus propias palabras, "en azarosas condiciones", en la madrugada del día 15 de septiembre de 1973, al ser oportunamente prevenido de que grupos descontrolados trataban de ubicarlo para liquidarlo, amparados en la impunidad que brindaba la situación de caos que vivía el país." Días después lo seguiría su cónyuge, doña Sofía Cuthbert, de 56 años.

"Esas palabras de Carlos Prats y otras de él que se citan en esta sección del Informe, así como toda circunstancia que aquí se citará, guardan relación con algún otro elemento indiciario o con alguna otra presunción fundada que tomó en cuenta esta Comisión para llegar a su convicción. Por separado, no todas tienen la misma fuerza ni están comprobadas de la misma manera. En su conjunto, han llevado a la Comisión a la convicción que aquí se expresará.

"En Buenos Aires el General (R) Prats se sabía vigilado por informantes que, según su entender, se habían desplazado desde Chile para encontrar un indicio que pudiera afectar su honra o que les permitiera exhibirlo como el General al servicio del marxismo.

"De hecho, durante su estada en Buenos Aires hubo intentos de vigilancia estrecha sobre sus actividades y, en Chile y en otros países, intentos de crítica abierta o velada a su persona, por parte de agentes del Estado de Chile.

"Estos motivos pesaron en la decisión del General Prats y de su señora de abandonar Argentina y radicarse en algún país de Europa. Para ello, Sofía Cuthbert de Prats requirió del Cónsul General de Chile en Argentina, en julio de 1974, los respectivos pasaportes comunicándole que viajarían a Brasil, según narran. Su pasaporte había sido retenido al salir de Chile. El del General Prats, de carácter oficial, había caducado. Según dice la familia del General Prats, sólo los funcionarios diplomáticos chilenos se enteraron de que los Prats intentaban hacer este viaje.

"No obtuvieron los pasaportes solicitados. Las explicaciones oficiales que constan en documentos que esta Comisión ha conocido, no dan una razón plausible para la negativa o demora. Menos aún si, como consta, el embajador de Chile en Argentina, envió a la Cancillería chilena, con el ruego de comunicarlo también a la Comandancia en Jefe del Ejército, un télex indicando que el General Prats había recibido una amenaza de muerte.".

Cualquiera persona que tenga conocimiento de los trámites que se realizan en las embajadas para otorgar pasaportes, sabe que basta la decisión del embajador de otorgar los pasaportes respectivos.

El hecho de que sólo los funcionarios de la embajada supieran de la intención de este viaje hace reflexionar respecto de las llamadas de amenaza que recibió el General Prats, las que lo instaban, bajo peligro de su vida, a que saliera de Argentina.

La Comisión, ponderando estos antecedentes, señala que ha llegado a la convicción, en conciencia, de que el General Carlos Prats y su cónyuge, Sofía Cuthbert, fueron muertos, en violación de sus derechos humanos, por un acto terrorista de responsabilidad de agentes del Estado de Chile, que se presume fundadamente pertenecían a la Dina. A esta conclusión se llega tomando en consideración varios antecedentes, entre ellos, la investigación judicial instruida por el Juez Federal en Argentina en la que se encuentran involucrados dos funcionarios pertenecientes a la Dina.

Uno de los agentes a que se refiere el proceso, contra el cual se dictó orden de prisión preventiva y cuya extradición se dispuso solicitar al Gobierno de Estados Unidos, por resultar en principio responsable de homicidio, agravado con uso de documentos públicos falsos, tenía nacionalidad norteamericana y empleaba pasaporte falso a nombre de Kenneth Enyart. Era Michael Townley.

Por otro lado, también se dictó orden de detención en contra de un segundo agente de la Dina por su participación en este doble homicidio.

Consta también que el agente de la Dina ya mencionado, que vivía en Buenos Aires, abandonó Argentina el 30 de septiembre de 1974.

Sabemos que el agente que se valía del pasaporte con el nombre de Kenneth Enyart fue expulsado de Chile el 8 de abril de 1978, a requerimiento de las autoridades norteamericanas.

"Hay testimonios que, a juicio de la Comisión -siempre refiriéndome a los términos de la Comisión Rettig- acreditan que poco antes de la expulsión de Chile de este agente de la Dina, representantes del Gobierno de Chile solicitaron al Gobierno de los Estados Unidos que les hiciera llegar una carta formalizando su solicitud de que se lo expulsara. Tal carta, pedían los representantes del Gobierno de Chile, debía señalar, entre otros cargos, que el referido agente había usado un pasaporte norteamericano falso, bajo el nombre de Kenneth Enyart, para entrar a Chile, pero se pidió expresamente que no se mencionara en esa carta que había usado ese pasaporte para entrar también a otros países.

"Que el Gobierno de Chile suscribió un acuerdo con el Procurador del Distrito de Columbia de los Estados Unidos, el 7 de abril de 1978, por el cual se restringía el uso que se podía hacer de la información obtenida en la investigación del caso Letelier en relación con acciones de ciudadanos chilenos en los Estados Unidos. Este acuerdo, junto con el acuerdo con el cual el agente de la Dina ya referido se declaró culpable de un cargo en relación con el caso Letelier, fueron luego interpretados escrupulosamente, en distintas instancias judiciales norteamericanas, en el sentido de no permitirse o de limitarse severamente las preguntas que se le podían formular a ese agente en relación, entre otras materias, específicamente al caso Prats."

En opinión de quien habla, es obvio que este acuerdo del régimen anterior, que presidía el General Pinochet, no tiene por qué obligar al actual Gobierno.

"Consta de memorándum legales y de expedientes judiciales que el referido agente de la Dina estaba tan preocupado por posibles preguntas sobre el caso Prats durante las investigaciones o acciones judiciales en los Estados Unidos, que en tal evento invocaría la Quinta Enmienda Constitucional de ese país, que permite no contestar una pregunta sobre la base de que la respuesta podría ser autoincriminatoria."

"Por último -señala el informe Rettig- la Comisión no ha podido formular una hipótesis plausible sobre el motivo que otro hechor, aparte de agentes del Estado chileno, podrían haber tenido en el asesinato de Carlos Prats y Sofía Cuthbert ni ha encontrado evidencia alguna en ese sentido. En cambio, las acciones de tales agentes del Estado de Chile, en Chile y en el extranjero, particularmente en la Argentina y en los Estados Unidos, así como la posibilidad de que hayan juzgado que el General Prats pudiera llegar a ser un factor de impredecibles consecuencias políticas para la situación política chilena, permiten formular una hipótesis plausible de motivos. La Comisión enfatiza que esta última consideración tiene valor sólo a mayor abundamiento y que su convicción descansa en el conjunto de las anteriores ya expresadas." Es decir -reitero-, el asesinato fue cometido por agentes del Estado de Chile.

En cuanto al estado de las investigaciones oficiales sobre el asesinato del General Carlos Prats, está el proceso en Argentina, al cual ya nos hemos referido. En este sentido, cabe agregar que en su primera reacción ante el crimen, el Gobierno de Chile, a través del entonces Secretario General de Gobierno, coronel Pedro Ewing, muy tempranamente y pese a las sospechas señaladas en diversas publicaciones que he omitido mencionar, sostuvo que "no solicitará una investigación especial sobre el crimen".

El crimen del General Prats y de su cónyuge no ha sido motivo de investigación judicial en Chile.

Sobre el particular, es importante recordar la declaración que hizo en la Comisión don Ramón Huidobro:

"Respecto de las investigaciones en Chile y Argentina sobre dicho asesinato, puedo decir que me mantiene perplejo que el asesinato de un hombre que fue Comandante en Jefe del Ejército de Chile y Vicepresidente de la República, y de su esposa, ocurrido hace cerca de 20 años, haya tenido un proceso judicial en Argentina, lugar del crimen, de tanta lentitud e ineficiencia."

"Mayor perplejidad, por decir lo menos, me causa la mínima atención que se observa de nuestro propio país por buscar un esclarecimiento de una acción criminal de tanta envergadura, que costó la vida de un eminente servidor público" y de su esposa.

Sin perjuicio de lo anterior, en la investigación que se encuentra a cargo del Ministro don Adolfo Bañados se han reunido antecedentes relacionados con las actuaciones de la Dina en la ciudad de Buenos Aires y con el crimen del General Prats y su cónyuge.

Asimismo, en un proceso que se instruye en el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago relacionado con la falsificación de pasaportes se habrían reunido antecedentes que se relacionan con el uso de éstos por parte de agentes de la Dina en la época de los crímenes.

En la ciudad de Buenos Aires y ante el Primer Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional, se instruye en la causa rol número 289-74, iniciada con motivo de la comisión de los crímenes y consta actualmente de más de dos mil fojas. Los señores parlamentarios podrán encontrar, como un anexo de este informe, las últimas declaraciones realizadas en este proceso, puestas a nuestra disposición por el abogado don José D'Alessio, quien en este momento es el representante de la familia Prats-Cuthbert en este proceso.

En este proceso hay una cantidad de exhortos que no voy a detallar, porque su relación la tienen a mano los señores Diputados.

Es importante aclarar que con motivo de otras investigaciones judiciales en el extranjero, relativas a actos que han afectado a chilenos, como son las referentes al crimen de don Orlando Letelier en los Estados Unidos, y el atentado a don Bernardo Leighton y su cónyuge, en Italia, se han reunido igualmente antecedentes que se vinculan con los crímenes del General Carlos Prats y su cónyuge. Se debe hacer notar que parte de estos antecedentes se han agregado al expediente que tramita el Ministro señor Bañados, por vincularse ellos con las actuaciones desarrolladas por la Dina contra chilenos en el exterior.

Las amenazas de muerte de que fue objeto el General Prats durante su residencia en Argentina constituyeron un hecho de público conocimiento. Así incluso, lo consignó la prensa de la época: "La muerte del ex Comandante en Jefe del Ejército vino a concretarse cuatro meses después de que circularan insistentemente en Buenos Aires rumores acerca de su asesinato. Tales rumores tuvieron origen en supuestas amenazas a la vida de quien apareció, ante los extremistas de derecha, como sostenedor del Gobierno de Salvador Allende".

Ya hemos hecho referencia a estas amenazas. Cuando el General Prats recibió llamados telefónicos, anónimos, de alguien que pretendía hablar con acento argentino, le respondió muy firmemente que lo invitaba a conversar personalmente la situación. El hombre repitió la misma frase y cortó la comunicación.

El ex embajador don Ramón Huidobro declaró que "El General Prats me pidió, luego, que hablara en su nombre con el Embajador de Chile en la Argentina, señor René Rojas, le expusiera lo ocurrido, le pidiera que lo pusiera en conocimiento del General Augusto Pinochet y del Agregado Militar a la Embajada y les hiciera presente, además, que todo ello el General Prats lo había puesto en conocimiento del Comando en jefe del Ejército Argentino y de un cierto inspector o comisario de la Policía Argentina de apellido Gatei. El General Prats me agregó en esta misma oportunidad que pidiera al Embajador señor Rojas que acelerara la entrega de sus pasaportes, solicitados al Consulado General unos meses antes, con lo cual el matrimonio Prats podría salir de Argentina ese mismo día."

El hecho es que la entrega de esos pasaportes fue tan extraña y terriblemente demorada que el General Prats no pudo salir de Argentina. Y ya sabemos cuál fue su fin y el de su señora esposa.

Reitero, todas estas diligencias se pueden resolver en minutos si hay voluntad política y humana para ello.

La información que la Embajada de Chile en Argentina envió al Ministerio de Relaciones Exteriores es muy extensa. Habla de las amenazas que recibió el General Prats. Termina pidiendo que se transmita en télex al Estado Mayor del Ejército, y que también se eleve a conocimiento del Jefe Supremo, General Pinochet.

En carta del Ministro de Relaciones Exteriores de entonces, don Patricio Carvajal Prado, enviada el 22 de noviembre de 1974 a las hijas del matrimonio Prats, les expresó que "por aquella época tuvimos la información de que el ex Embajador señor Ramón Huidobro había expresado a nuestra Embajada en Buenos Aires que un comando croata residente en Brasil había amenazado al señor General Carlos Prats."

Es extraño que teniendo todas esas informaciones no resolvieran los problemas pertinentes.

El General Prats, con su conciencia y su personalidad de militar, de soldado -como se llama a sí mismo en el título de su libro-, fue riguroso en el cumplimiento de lo establecido en la Constitución anterior al golpe de Estado del 11 de septiembre, en cuanto a solicitar la autorización que le correspondía, en razón de su cargo, para salir del país y luego para no hacer uso de un pasaporte diplomático sin la respectiva autorización del Gobierno de Chile. También es importante subrayar este hecho.

Todos los demás detalles y antecedentes sobre esta denegación de pasaportes al General Carlos Prats y a su señora constan en el informe que Sus Señorías tienen en sus manos.

Quiero señalar que otro agente que es reiteradamente mencionado en el proceso en Buenos Aires -incluso tiene orden de detención, pero no ha sido habido- es Arancibia Clavel, quien mantenía una identidad falsa en Buenos Aires y aparecía como agente del Banco del Estado en esa ciudad.

Arancibia Clavel registra decreto de aprehensión en su contra emanado de la Segunda Fiscalía Militar de Santiago, por el delito de infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado. Esto se relaciona -y hay que subrayarlo- con el atentado terrorista que le costó la vida al General René Schneider. Con posterioridad, fue detenido en Argentina y condenado por espionaje, pero se lo indultó en 1981. Es decir, todos los antecedentes procesales que hay sobre Arancibia Clavel lo vinculan claramente con la Dina, entre ellas, las declaraciones del Coronel Pedro Espinoza Bravo ante el Ministro Adolfo Bañados y la del señor Raúl Iturriaga Neuman ante el Ministro don Adolfo Bañados. El señor Iturriaga se desempeñó en el Departamento Exterior de la Dina, y si ustedes recuerdan, está en la lista de personas mencionadas en el oficio con que nos respondiera el Ministerio de Defensa.

Existen muchísimos más antecedentes, y este informe es sólo una síntesis de todos los que reunieran los abogados asesores que se encargaron de revisar tanto el proceso en Argentina como el que tiene en sus manos el Ministro Bañados.

Debo señalar que Townley, al ser interrogado en Estados Unidos, dijo que estaría dispuesto a hablar sobre el caso del General Prats. Agregó que este hecho se realizó con la cooperación de ciudadanos argentinos, y que a cargo de la Dina en el exterior estaba el comandante Raúl Iturriaga Neuman, y como segundo jefe el capitán de Ejército José Zara, a quien todos hemos oído mencionar o hemos leído en los diarios los cargos que ocupa.

En el expediente consta que Michael Townley, bajo la identidad falsa de Kenneth Enyart, salió con destino a Argentina el 10 de septiembre de 1974 y partió desde Buenos Aires el 30 de septiembre del mismo año, ingresando a Chile el lfi de octubre de 1974, proveniente de Uruguay.

Tenemos más antecedentes que agregar y que señalan que todavía hay mucho por investigar.

Con respecto a las declaraciones anteriores de Michael Townley, no existen referencias que muestren que el Gobierno de Chile haya solicitado al fiscal del distrito de Columbia, Earl Silbert, la transmisión de la información proporcionada por dicho agente. La Comisión estima de la más alta importancia que se arbitren los medios para obtener la declaración que Michael Townley está dispuesto a proporcionar sobre el caso del General Carlos Prats y su señora.

En las conclusiones de esta Comisión se estableció que no tenemos facultades para constituimos en una instancia investigadora.

Los antecedentes que hemos presentado en estos informes sólo consignan evidencias comprobadas en esta Comisión o hechos ya investigados en el plano judicial, cumpliendo de esa manera con el encargo de la Corporación de informarla sobre el estado de las investigaciones en Argentina y Chile, acerca del acto terrorista que causó la muerte del General Carlos Prats y de su cónyuge doña Sofía Cuthbert.

La muerte del General Prats y de su señora esposa corresponden claramente a un atentado de tipo terrorista, y existen múltiples antecedentes para estimar que dicho asesinato correspondió a una conspiración fraguada en Chile.

Hasta la fecha, no se ha hecho ninguna investigación judicial adecuada con todos los antecedentes pertinentes, siendo muchos los que prueban graves negligencias de autoridades gubernamentales y administrativas chilenas en la investigación del crimen, así como negligencias funcionarías que lo permitieron. Estos hechos y omisiones comprometieron y siguen comprometiendo gravemente la seguridad exterior, el honor y la dignidad de nuestra nación.

El atentado se cometió en razón de los cargos que había desempeñado el General Prats. Esa es otra de las claras conclusiones a que llegó la Comisión, y está reiteradamente dicho, ahora y en otras ocasiones, que tanto a la Dina como a su sucesora, la CNI, cabe calificarlas de asociación ilícita, delito que debe ser investigado junto a cada una de las acciones delictuales realizadas por ellas, incluyendo el asesinato del General Prats y su señora.

Sabemos que el funcionamiento de la Dina fue secreto, por encima de la ley o ajeno a ésta, libre de controles administrativos, políticos, judiciales o de cualquier otro orden, y que su campo de acción no sólo cubrió todo el territorio nacional -prácticamente no hay provincia que no haya sufrido las consecuencias de su acción-, sino que su brazo se extendió más allá de las fronteras de nuestra patria. Inicialmente, las acciones exteriores se concentraron en Argentina, país que recibió la mayor cantidad de exiliados.

El asesinato del General Carlos Prats y de su señora es parte de la cadena de crímenes de esta nefasta organización ilícita, la misma que tiempo después, en otros actos terroristas, mata a Orlando Letelier en Washington y deja heridos gravemente a Bernardo Leighton y a su señora, en Roma. La misma mano dirigida por la misma mente, con igual propósito, causa estos actos. Uno de sus autores ya está condenado respecto de los casos Letelier y Leighton; aún falta el de Buenos Aires, en el que aparece implicado junto a todo el equipo del Departamento Exterior de la Dina.

Agradeceré al Señor Presidente tomar las medidas del caso para que los señores parlamentarios que tal vez están en sus oficinas o en otro lugar de la Cámara, vuelvan a la Sala para escuchar estas últimas palabras del informe que he tratado de resumir al máximo, pues me habría parecido una falta de respeto omitir muchos de sus aspectos. Creo que, de acuerdo con nuestra responsabilidad, con nuestra dignidad, al tratar un tema de esta naturaleza, debemos estar presentes en esta Sala para opinar y resolver sobre este informe. Pésima será la opinión del pueblo de Chile, y además la que se tenga internacionalmente sobre nosotros, si ante un hecho tan grave como el que estamos analizando, los señores parlamentarios no prestan el mínimo de atención necesaria para escuchar las conclusiones y peticiones que hacemos en nombre de la Comisión.

La Comisión estima que el delito de asociación ilícita debe ser investigado, como asimismo cada una de las acciones delictuales realizadas, incluyendo el asesinato del General Prats y su señora que, aun cuando fue cometido en el extranjero, está sometido a la jurisdicción de los tribunales chilenos, de acuerdo con el número 6 del artículo 62 del Código Orgánico de Tribunales, ya que son chilenos las víctimas y sus autores. Estos últimos han regresado al país sin haber sido juzgados por los tribunales argentinos, salvo Townley y Arancibia, con resultados hasta hoy negativos.

De acuerdo con el número 2 del artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales, en relación con el artículo 566 del mismo cuerpo legal, un ministro de la Corte Suprema debiera conocer de estos hechos, ya que el asesinato del General Prats, ex Vicepresidente de la República, Ministro de Estado y Comandante en Jefe del Ejército, no esclarecido aún, puede afectar las relaciones de Chile con la República Argentina e incluso con otros países.

La muerte del General Prats y su señora esposa corresponden claramente a un asesinato de tipo terrorista. Existen múltiples antecedentes para estimar que correspondió a una conspiración fraguada en Chile. Hasta la fecha no se ha hecho ninguna investigación judicial adecuada con todos los antecedentes pertinentes para esclarecer las circunstancias de este asesinato y el establecimiento de sus autores materiales e intelectuales.

Hay múltiples antecedentes que prueban graves negligencias de autoridades gubernamentales y administrativas chilenas en la investigación del crimen, así como negligencia funcionaría que lo permitieron. Estos hechos y omisiones comprometieron gravemente la seguridad exterior y la dignidad de nuestro país. Por lo tanto, solicitamos la designación de un ministro en visita extraordinaria.

Con todo el mérito de los antecedentes expuestos, la Comisión acordó, por unanimidad, requerir a la Honorable Cámara que remita a la Excelentísima Corte Suprema este informe y los antecedentes que le sirvieron de sustento, con el objeto de que, a expresa solicitud de la Honorable Cámara, disponga la designación de un ministro en visita extraordinaria que conozca de estos hechos, teniendo como autocabeza de proceso el presente informe.

Se designó diputada informante a quien habla, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía de esta Cámara.

Comprendo que un informe de este carácter, a pesar de su extensión, puede resultar abrumador desde muchos aspectos, como lo ha sido para mí, que he hecho un real esfuerzo para poder darlo a conocer a la Cámara, desde el punto de vista de lo que creo que impacta a cualquier chileno o chilena, es decir, que un hombre que representó tan dignamente a una entidad en su Patria, que debiera gozar del respeto de todos, haya sido tan brutalmente asesinado y que hasta la fecha no hayamos sido capaces de conseguir en nuestro país una investigación y un juicio como corresponde.

Reitero la solicitud de la Comisión de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía en cuanto a que esta Cámara se dirija oficialmente a la Corte Suprema para pedir la designación de un ministro en visita para que, con todos estos antecedentes, investigue tan horrendo y vergonzoso crimen.

He dicho.

El señor CONCHA.-

Señora Presidenta, la Comisión de Derechos Humanos recibió el encargo de la Honorable Cámara de informar respecto del estado de las investigaciones realizadas en Chile y en Argentina relativas al homicidio, en atentado terrorista, del General Carlos Prats y su señora.

La indagación realizada por la Comisión para determinar ese estado fue realmente sorprendente, porque advertimos que en Chile no se había efectuado ninguna investigación, ni la menor. Curiosamente, el gobierno de la época no se preocupó de averiguar, de determinar los hechos y causas que motivaron este atentado terrorista en contra, nada menos, de quien había sido Comandante en Jefe del Ejército hasta hacía poco más de un año, ministro de Estado en varias carteras y también Vicepresidente de la República y, por lo demás, jefe inmediato del General Augusto Pinochet, quien lo sucedió al dejar el General Prats su cargo, gozando Pinochet, en ese momento, de toda la confianza del Presidente de la República, don Salvador Allende.

¿Cómo puede un Gobierno ser tan negligente -por decirlo de un modo educado-, no enviar personal técnico ni pedirle al Gobierno argentino preocupación por una investigación judicial rápida, eficiente y, naturalmente, sanción para quienes resulten responsables? El Gobierno fue absolutamente pasivo, y esa pasividad hace pensar a cualquiera que el hecho ocurrió con su conocimiento, si es que no fue con su consentimiento. Por lo menos, yo diría que hubo complacencia de las autoridades del Gobierno de la época frente a este atentado terrorista.

Es tan posible esta conclusión que el propio Secretario General de Gobierno de la época, coronel Pedro Ewing, dijo, pocos días después del atentado, que no se haría ninguna investigación. Curioso ese reconocimiento de nada menos que el Secretario General de Gobierno, el cual aparece publicado en la revista "Ercilla" del 28 de octubre de 1974.

Pero también hubo pasividad y negligencia del Gobierno para atender las peticiones formuladas por el General Prats con anterioridad al atentado, relacionadas con el otorgamiento de pasaportes, advertencias respecto de las amenazas que había recibido, las cuales fueron desatendidas o no consideradas de ningún modo. Al parecer, lo único que se pretendía era mantener al General Prats en Buenos Aires, porque allí estaba al alcance de los esbirros de la Dina. Eso resulta de la investigación. Por eso, es sorprendente y nos lleva a la conclusión -se señala en la parte final del informe- de que había una asociación ilícita que gobernó este país durante un largo período, formada por la Dina y su continuadora, la CNI. Todos los antecedentes, tanto los reunidos por la Comisión de Verdad y Reconciliación como por el juez del Primer Juzgado Federal de Buenos Aires, que tramita la causa, llevan a la conclusión, clara y precisa, de que este acto terrorista fue fraguado, preparado y ejecutado por la Dina.

Se comprueba que a la fecha del atentado estaban presentes en Buenos Aires Townley e Iturriaga, nada menos que el Jefe del Departamento Exterior de la Dina, y otros que son mencionados por algunos de los testigos y que desaparecen de Buenos Aires exactamente el mismo día del atentado. Todos, naturalmente, usando identidades falsas.

Pero interesa señalar cuáles son las conclusiones a que arribó la Comisión en relación con el cometido que la Cámara le encargara.

Está claro que el General Prats y su señora mueren como consecuencia de un atentado terrorista que naturalmente viola sus derechos humanos. Es un atentado cometido en razón de los cargos que el General Prats había desempeñado. No se lleva a cabo por causas menores o de otro orden. Simplemente se atenta en contra de él por su condición de ex Vicepresidente de la República, ex Ministro de Estado y ex Comandante en Jefe del Ejército, cargos todos ejercidos durante el régimen de la Unidad Popular, si bien es cierto este último cargo lo asumió al término del período del Presidente Frei.

A los dirigentes del gobierno de la dictadura no les pareció posible que un Comandante en Jefe del Ejército haya colaborado, eficientemente por lo demás, con el régimen de la Unidad Popular. Fue un pecado que ese gobierno dictatorial no le podía perdonar y su castigo fue simplemente la muerte en forma tan dramática y trágica, como la que se dio al General Prats y a su señora.

Ese asesinato se realizó a través de una entidad, que califico de una asociación ilícita criminal. La Dina fue un organismo legal creado con un fin específico. Dice textualmente el decreto ley N° 521, de 1974: "Reunir información a nivel nacional proveniente de los diferentes campos de acción, con el propósito de producir la inteligencia que se requiera para la formulación de políticas de planificación y para la adopción de medidas que procuren el resguardo de la seguridad nacional y el desarrollo del país."

Sin embargo, el funcionamiento de este organismo es secreto; se aparta de la ley, es ajeno a ésta; no está sujeto a ningún control, de ninguna clase, ni siquiera al de la propia Junta de Gobierno, que, según el decreto ley N° 521, le correspondía fiscalizar y controlar.

Su acción significó una represión de tal magnitud que, para entender su volumen, bastaría recordar el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, donde están individualizadas todas las personas que murieron en manos de este organismo.

La legalidad no sometió a la Dina; por el contrario, le sirvió de amparo para facilitar sus acciones por encima de la ley, terminando por ser una organización omnímoda de poderes ilimitados. Abusó, torturó, secuestró y mató; todo con la complacencia del régimen, que facilitó su ilícita conducta, dotándola, incluso, de facultades o disposiciones de carácter secreto que, en ningún caso, podrían considerarse habilitantes para cometer esos atropellos y barbaridades.

Su acción cubrió todo el territorio nacional. Prácticamente no hay provincia que no haya sufrido las consecuencias de acción, aun cuando no en todas ellas tuvo una estructura formal. Sin embargo, la plantilla de sus procedimientos ilegales e ilícitos se repite en todas partes.

Y también actuó en el exterior. Los casos más patentes son el atentado contra Orlando Letelier, en Washington; contra Bernardo Leighton, en Roma, y contra el propio General Práts, en Buenos Aires.

Esta sucesión de hechos criminales, objetivo de la Dina, hacen que se haya constituido en una asociación criminal, delito que no ha sido investigado, perseguido ni sancionado.

Todos los miembros de ese organismo son integrantes de esta asociación ilícita y son responsables de lo obrado por ella. Tenemos el deber de procurar y sancionar estas conductas, porque de otro modo estaríamos protegiendo estos crímenes y estaríamos manteniendo una impunidad que nuestra conciencia nos tendría que reclamar y repudiar.

Estos hechos, Honorable Cámara, y la apreciación que Vuestra Comisión tiene de ellos, nos llevaron a solicitar que la Cámara disponga enviar todos estos antecedentes a la Corte Suprema, a fin de que, de acuerdo con las normas legales pertinentes, ordene la investigación que proceda por el tribunal que corresponda.

Creo -y la Comisión está convencida- de que es el camino justo a seguir: buscar, por la vía legal, la aplicación de las normas correspondientes y la sanción para todos los responsables de estos delitos.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, en los anales de la Cámara tendrá un lugar muy honroso este informe que hoy se nos presenta, razón por la que deseo expresar mi reconocimiento a los señores Diputados que participaron en esta Comisión como también al señor secretario, José Vicencio, y al personal que colaboró con él.

Aquí se conjuga la pasión por la verdad y el deseo que haya algún día la justicia que esperamos, frente a la injusticia, la cobardía, la crueldad y el deshonor de los criminales.

A través de este informe se deja definitivamente aclarado que en este acto de terrorismo internacional se hayan involucrado personeros de nuestro Ejército, respecto de cuya criminal participación no han faltado quienes han pretendido liberarlos, situación que sólo podría entenderse por lo deleznable y despreciable de su actitud y por la incapacidad de explicar un hecho que será un baldón permanente e imborrable para la institución a la que pertenecía el General Prats.

Hoy, gracias a este informe, además del infórme Rettig, se sabe la verdad. Y sobre esta base los Diputados debemos aportar nuevos elementos para que los autores materiales, y especialmente los intelectuales, sean debidamente sancionados.

Tenemos la certeza de que el esclarecimiento de los hechos, difícil y tortuoso, lleno de entorpecimientos y silencios, como ocurrió siempre cuando se hizo necesario indagar acerca de la responsabilidad de uniformados en el gobierno pasado, contribuirá, sin duda, a restablecer el clima de armonía que este país necesita para proyectarse en el futuro.

Por ello, los Diputados radicales aprobamos este informe y hacemos votos por que, con la debida investigación del hecho y sanción de los culpables, se restablezca definitivamente el honor de la Nación.

He dicho.

El señor VIERA-GALLO.-

Señor Presidente, es muy importante resaltar la trascendencia del informe que hemos escuchado porque, aunque sea después de 20 años, vuelve a establecer con claridad la verdad sobre uno de los más graves crímenes cometidos durante el gobierno del General Pinochet.

El punto es claro, y para muchos de nosotros fue evidente desde el primer día: el General Carlos Prats y su esposa fueron asesinados por la Dina, especialmente por su Dirección Exterior, a cargo del comandante Raúl Iturriaga Neumann, donde intervenía también el capitán José Zara. Fue ese mismo grupo quien mató a Orlando Letelier e intentó terminar con la vida de Bernardo Leighton y su esposa. O sea, una institución del gobierno anterior se dedicaba a exterminar a importantes opositores en el extranjero. En algunos casos tuvo éxito; en otros fracasó, como lo ha confesado el propio Michael Townley.

En esta ocasión, además de resaltar la importancia de esta verdad, quiero, en mi calidad de ex Subsecretario de Justicia, dar testimonio no sólo de su rectitud moral, la que por cierto no requiere de mi opinión, sino también de dos de sus importantes afirmaciones intelectuales y políticas en el amplio sentido de la palabra. Primero, que las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al poder democrático, de acuerdo con la llamada Doctrina Schneider y, al mismo tiempo, incorporadas al desarrollo de la Nación. Me parece que ése es un punto central de su legado con respecto a las relaciones cívico-militares. Y, segundo, algo más político, que no puedo olvidar, en una reunión donde estábamos sólo los dos, realizada cuando él se desempeñaba como ministro del Interior. Decía, preocupado por la suerte del país: "no habrá solución si no se llega a un acuerdo leal entre las fuerzas del gobierno que respaldan a Salvador Allende y la Democracia Cristiana".

Igual tesis sostuvo Bernardo Leighton después del golpe militar, y por esas mismas razones también fue víctima de un atentado terrorista.

Quienes atentaron contra la vida del General Prats lograron su objetivo en cuanto terminaron con su existencia en esta tierra, pero los dos legados, que al menos intuyo de la figura del General Prats, no sólo siguen vivos, sino que han cobrado vigencia práctica, política, actuante en la sociedad chilena, pese a la voluntad de quienes quisieron terminar con su vida. Es decir, el asesino logró la vida de la víctima, pero obviamente no pudo terminar con las ideas por las cuales el. General Prats vivió y actuó en un momento tan difícil para el Ejército y para Chile en su conjunto.

Hoy tenemos en el Gobierno la alianza política que el General Prats quería, encabezada por el Presidente Aylwin, la que busca restablecer la democracia en toda su plenitud.

Respecto del segundo punto, estoy cierto de que será obra del Gobierno del Presidente Frei lograr que se establezcan en el país normales relaciones institucionales entre las Fuerzas Armadas y las autoridades civiles, sin la teoría de la autonomía relativa de los institutos castrenses respecto del Presidente de la República y de los demás poderes del Estado.

Señor Presidente, creo, y con esto termino, que la importancia de este informe es muy grande. Es probable que no haya justicia en este caso, como en muchos otros, pero quedará claro ante la conciencia nacional y ante la historia quiénes fueron los autores, cuál fue el móvil que tuvieron y cuál ha sido la importancia moral y política del General Prats, en el más amplio sentido del término.

Señor Presidente, dada la ausencia de parlamentarios, en especial de las bancadas de la Derecha, solicito que el informe, por su gran contenido y por la enorme trascendencia que reviste, no sea votado hoy, sino el próximo martes, de manera que ojalá todos los parlamentarios emitan ante la opinión pública un juicio claro y no equívoco.

He dicho.

El señor MANTEROLA.-

Señor Presidente, la muerte de un familiar nunca puede ser verdaderamente admitida, y mucho menos cuando circunstancia tan dolorosa es producto de la acción desquiciada de otros. Sólo queda en ese caso la posibilidad de encontrar la resignación y la paz una vez ejercida la justicia. Mientras ello no sea así, mientras no exista castigo para los responsables de la muerte de ese ser querido, será imposible encontrar resignación y paz.

Tampoco para la patria puede haber descanso cuando un hijo ilustre es asesinado. Mientras no se desentrañen los hechos y mientras el rigor de la ley no alcance al o a los asesinos de tan horrendo crimen, la patria no podrá reposar tranquila.

Después de oír la detallada información que nos ha entregado la Diputada señora Maluenda, llegamos a la conclusión de que sólo hay procesos y acciones que derivan de la familia, que mantienen vivos los procesos que hoy se incoan por el asesinato del General Prats.

Desgraciadamente, nos damos cuenta de que a pesar del tiempo transcurrido, no ha existido una voluntad clara para expresar esa otra circunstancia, es decir, el deseo de la patria de buscar la verdad y de hacer justicia. Por ello, sostengo que para los Diputados que hoy nos encontramos reunidos en la cámara -lamentablemente pocos- es un imperativo patriótico hacer lo necesario para que en este caso se descubra la verdad y se ejerza la justicia.

No es posible que ante el aleve asesinato de quien fue Vicepresidente de la República, Ministro del Interior, Ministro de Defensa y Comandante en Jefe del Ejército, se mantenga la situación de silencio cómplice que hoy existe. No existirá tranquilidad para nosotros mientras no hagamos todo lo posible por descubrir la verdad y lograr que los autores de ese asesinato y el de la señora Sofía Cuthbert sean sancionados efectivamente.

En esta ocasión, al conocer el informe adquirimos un obligación, porque como Diputados debemos avanzar en el terreno propuesto. En tal sentido, no cabe posibilidad de discrepancia para ninguno de los presentes. Las diferencias que mantenemos en el ámbito político no admiten una acción divergente en esta oportunidad; nuestra resolución debe ser unánime; no pueden existir discrepancias; sólo nos cabe hacer nuestro el informe dado a conocer y demandar de las autoridades judiciales las medidas más apropiadas y necesarias para que la justicia sea ejercida en plenitud.

Por lo tanto, debemos acoger la petición relativa a la designación de un ministro en visita extraordinaria. Hago votos por que esa decisión sea tomada en la sesión del próximo martes y porque efectivamente todos los Diputados, en una actitud de honor y de dignidad, hagamos nuestro este informe y lo aprobemos por unanimidad.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, en primer término, quiero felicitar a la Comisión de Derechos Humanos por el extraordinario trabajo realizado.

De la lectura del informe se desprende claramente que las conclusiones no son lo que hubiésemos podido esperar si en este país hubiese existido la voluntad de investigar y de hacer justicia. Si bien la Comisión determinó que no es una instancia investigadora, en verdad me habría gustado que cuando haya temas que no pueden ser resueltos o no existe la oportunidad de resolverlos, la Cámara hubiese tenido esa facultad. El asesinato del General Prats y su cónyuge, no ha sido objeto de investigaciones judiciales ni administrativas en el país. Como consecuencia del informe, es claro que debe hacerse por parte de la autoridad administrativa y de los tribunales de justicia. Más vale tarde que nunca la búsqueda de esta verdad.

Comparto plenamente lo planteado por el Diputado señor Viera-Gallo, de que las razones fundamentales obedecen a concepciones políticas, a entendimiento de las relaciones cívico-militares, así como a la dependencia que necesaria y obligatoriamente debe tener el poder militar respecto del poder político del país.

También es claro que la Comisión ha logrado determinar que este acto terrorista es de responsabilidad de la DINA, y de la CNI como sucesora. En consecuencia, el Estado chileno debe asumir la obligación no sólo de tratar de determinar las responsabilidades, sino de obtener, en lo posible, la justicia que corresponde.

En tal sentido, espero que la Corte Suprema acoja la petición del Congreso Nacional y designe un ministro en visita extraordinaria que asuma la investigación y determine las responsabilidades que existen.

Espero que situaciones como ésta nunca más vuelvan a ocurrir en el país y, en especial, que nunca más sean organismos del Estado los que provoquen acciones tan lamentables, que no sólo atentan contra un ser humano, sino contra una persona de la relevancia del General Prats.

Creo preferible que el informe se vote en la próxima sesión, con la presencia de todos los Diputados de las diferentes opciones políticas aquí representadas. Con un informe tan claro y categórico como el que hemos conocido, espero que mayoritaria y unánimemente la Sala acepte las proposiciones que la Comisión ha formulado.

He dicho.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, quiero entregar mi testimonio personal respecto de la relevante personalidad política e institucional del General Carlos Prats González. Digo "política" asumiendo en plenitud la palabra; vale decir, como un hombre de Estado, por su contribución como Comandante en Jefe de una de las más importantes armas de la defensa nacional, como Ministro del Interior, Ministro de Defensa y Vicepresidente de la República, en la búsqueda de una solución institucional a la crisis que vivió el país en el período 70-73.

Vale la pena recordar que el General Prats asumió la Comandancia en Jefe del Ejército en medio de una crisis política producida por el atentado que un comando de extrema Derecha realizó en contra de quien en ese momento era Comandante en Jefe del Ejército, el General René Schneider. En consecuencia, por la solidez, mesura y extraordinaria capacidad que en circunstancias tan difíciles demostró Carlos Prats, sin lugar a dudas merece no sólo que sean esclarecidas las de su asesinato, sino que, además, debe ser elevado a su real condición de estadista, como efectivamente lo fue.

En los difíciles días de agosto de 1973, en cierta ocasión acompañé a Carlos Lorca Tobar, Diputado del Partido Socialista, hoy desaparecido, a una entrevista con el General Prats, y puedo dar testimonio público de que su alejamiento de la máxima jerarquía del Ejército, fue fruto de su convencimiento de que con ello estaba contribuyendo, precisamente, a una solución institucional que evitara el quiebre democrático que se produjo el 11 de septiembre de 1973. En consecuencia, no me cabe duda alguna de que, detrás de las manos que detonaron los artefactos explosivos que terminaron con su vida en 1974, estuvo la inspiración de fuerzas antidemocráticas que produjeron el quiebre de 1973 y el alejamiento de la principal jerarquía del Ejército.

Como Diputado del Partido Socialista, reitero nuestro absoluto respaldo al informe de la Comisión, nuestro reconocimiento a su trabajo, nuestra esperanza de que, de todas formas, se abra paso a la verdad y a la justicia, y que su aporte perdure para las futuras generaciones de chilenos.

He dicho.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, concuerdo con que se haya formado una Comisión Investigadora sobre la muerte del General Prats y su señora. Lógicamente respeto la figura del General Prats y el sufrimiento de su familia por este asesinato tan reprobable, pero no estoy de acuerdo con las conclusiones del informe de esta Comisión, porque se hace un juicio muy obvio al Gobierno militar y a la actuación de la Dina, y aunque hay muchos indicios de actos ilícitos que se cometieron por miembros de esta institución, no se colige o son poco serios los antecedentes que se han recogido respecto de los hechos producidos.

Desde luego, en los documentos anexos y en los que se ha leído, se da enorme importancia a las declaraciones de terceros respecto de lo que Michael Townley habría declarado. Incluso, me parece vejatorio para nuestro país, que tomemos como base las palabras de quien ha reconocido haber sido agente de la CIA desde, aproximadamente, 1971 en adelante, ya que, obviamente, puede tener intereses comprometidos con quienes lo protegieron de ser castigado por otros delitos que pudo haber cometido en otros países.

El objetivo de la declaración de "míster Townley" y el hecho de que haya sido premiado por su declaración, no hacen suficiente caudal. No digo que no haya indicios; los hay, y habría que investigarlos, pero me parece que no corresponde partir de la base de sus declaraciones.

Esto que traigo a colación debiera pensarlo especialmente el sector socialista en esta Cámara. Existen libros, que nadie ha objetado, donde se habla de la vinculación directa que tuvo Nixon –Presidente de Estados Unidos en ese entonces- con la muerte del General Schneider. ¿Qué Comisión Investigadora se ha formado con respecto a esos hechos en que hubo una clara vinculación, incluso con armas y equipos que funcionaron en esa muerte? Obviamente, tuvo una connotación distinta del caso que investigamos, pero hay un claro reconocimiento de la intervención de un gobierno extranjero en la política interna chilena, con resultado de muerte, y con pocos años de diferencia con la muerte del General Prats.

Señor Presidente, por su intermedio concedo una interrupción a la Diputada, señora Maluenda.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra la Diputada señora Maluenda.

La señora MALUENDA.-

Señor Presidente, al parecer el Diputado señor Ringeling no estuvo presente en la Sala o no ha leído del todo el informe, y por eso quiere reducirlo sólo al nombre de algunas personas, pero con una interpretación muy personal, que no refleja conocimiento de los antecedentes que hemos entregado, y lo que es más grave, que tampoco demuestra algún interés en que se investiguen.

Mi intención es preguntarle al señor Ringeling si se opone a que se investigue este crimen, o si considera que tiene los antecedentes suficientes para que, gracias a sus declaraciones, podamos esclarecerlo.

El señor MOLINA (Presidente).-

Recupera el uso de la palabra el Diputado señor Ringeling.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, al inicio de mi exposición, dije que estaba absolutamente de acuerdo con que se investiguen todos los hechos y que el deseo de todos es que en forma definitiva se aclare la situación y que se sancione a los culpables. Lo que objeto son las conclusiones del informe, que no guardan concordancia con los antecedentes que se acompañan. No he leído el informe con detenimiento, pero lo hacía mientras la señora Diputada lo daba a conocer, y puedo reiterar que, en gran parte, se basan en las declaraciones que terceros escucharon al señor Townley. Esa era mi objeción, porque hay un claro cuestiona- miento al gobierno militar en su conjunto, y a la política de la que fue la Dirección de Inteligencia Nacional.

Es normal, como le ocurre a la señora Diputada, que nos emocione el relato de un crimen tan alevoso, pero ¿cuántas veces recordamos otras muertes similares? Desafío a los presentes a recordar el nombre del suboficial de la Armada destrozado por la explosión de una bomba en el Hotel Araucano, pocos días antes del terrible asesinato de tres dirigentes comunistas, que todos recordamos y por el que hemos sufrido junto a la madre de uno de ellos, aquí presente. ¿Cuántas veces hemos recordado la forma en que murió esa persona? Si sacamos de contexto una situación, no podemos verla en forma global.

Por último, debo decir que votaré en contra de estas conclusiones, no por negarme a su investigación en la que estoy de acuerdo, sino por no guardar concordancia con lo investigado.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Dirección General de Deportes y Recreación.

Diputado informante es el señor Cornejo.

Antecedentes:

-Informe de la Comisión Especial Investigadora de la Dirección General de Deportes y Recreación (Digeder), sesión 4a, en 5 de octubre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N° 9).

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, me corresponde informar las conclusiones a que arribó la Comisión Investigadora de la Dirección General de Deportes y Recreación, Digeder.

Desde luego, se constituyó el 15 de abril, y celebró 11 sesiones: cinco en el período legislativo extraordinario y seis en el ordinario.

Entre las personas citadas por la Comisión, comparecieron a declarar por la Dirección de Deportes y Recreación: don Iván Navarro, Director General don Sergio Brotfeld, Subdirector; don Juan Pablo Labbé, Jefe del Departamento de Auditoría y Control de Gestión; don Hernán Campusano Rivera, Jefe del Departamento de Finanzas; don Marco Julio Zúñiga Valenzuela, Jefe del Departamento de Planificación y Estudios; don José Dollenz Briceño, Jefe del Departamento Técnico; don Juan Francheschini, Jefe del Departamento Legal; don Humberto Ahumada, Jefe de Relaciones Públicas; y por la Contraloría, don Miguel Solar Mandiola, Subcontralor, a esa fecha Contralor Subrogante; don Jorge Reyes, Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa; doña Raquel Meneses, Jefa del Area Administrativa, y don Juan Munieres, fiscalizador.

Del mismo modo, fueron citadas por la Comisión, pero no concurrieron los señores Carlos Ojeda Vargas, mayor general en retiro del Ejército, ex Director de la Dirección de Deportes y Recreación, y Pedro Romero Invemizzi, ex jefe de la Coordinadora Sur de Deportes y Recreación del Area Metropolitana.

No tiene sentido hacer referencia al informe desde la página 6 hasta la 26, pues está en poder de los señores Diputados y dan cuenta de setenta y tres antecedentes que recibió la Comisión durante su trabajo, en su afán de reunir documentación de la Dirección de Deportes y de otros servicios, solicitados o enviados de oficio por la propia Digeder. De manera que me voy a referir a la parte sustancial.

La Comisión, no obstante no haber contado con la presencia del General don

Carlos Ojeda, ex Director General de la Digeder, ni con la de don Pedro Romero, ex Coordinador de la Coordinadora Regional Metropolitana Sur, sobre la base del examen de los documentos que tuvo a la vista y de los testimonios, pudo detectar irregularidades administrativas y acordó limitar su investigación al Consejo Provincial de Deportes Maipo, excluyendo al resto de los Consejos Provinciales de Deportes y Recreación del país.

Los aspectos analizados específicamente fueron los siguientes:

1.- Infraestructura: construcción del Gimnasio del Cuerpo de Bomberos de Melipilla.

2.- Eventos: Campeonato Internacional de Mini básquetbol.

3.- Capacitación: seminarios balneario Costa Azul.

4.- Contratos o convenios: Empresa Eventos Chile Limitada, Evenchi, Proveedores, Transportes y Fletes y convenios Dirección General de Deportes y Recreación con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

En los cuatro temas referidos se comprobaron reiteradas infracciones al texto de Procedimientos Administrativos Contables que regula el uso de recursos proporcionados por la Digeder, a los cuales se refieren circulares o instructivos de la propia Dirección General.

Se comprobaron, asimismo, irregularidades y reiteradas infracciones a las normas para ejecución de programas de infraestructura deportiva, su control y sus bases, también regulada por normativa de la propia Dirección.

Igualmente, se observaron infracciones al reglamento especial relativo a la organización, atribuciones y funcionamiento de los consejos provinciales y locales de deportes, contenido en el decreto supremo N° 396, del Ministerio de Defensa, del año 1993.

En materia de infraestructura se investigó lo relativo al Gimnasio del Cuerpo de Bomberos de Melipilla.

El Consejo Provincial Maipo remesó 27 millones 300 mil pesos al Cuerpo de Bomberos de Melipilla, sin contar con recursos para esa finalidad. Estos fondos y otros remesados con posterioridad fueron traspasados por el citado Cuerpo de Bomberos al arquitecto y empleado de la Coordinadora señor Luis Gómez, quien, irregularmente, los administró depositándolos en una cuenta corriente particular, operada en conjunto con el señor Pedro Romero, a la fecha Director de esa Coordinadora, y el señor Mario Muñoz.

De esta administración de los fondos relativos a la construcción del gimnasio, surgen las irregularidades:

En primer término, sin existir recursos destinados a ese objeto específico, el Consejo Provincial anticipó montos de dinero al Cuerpo de Bomberos de Melipilla, antes de que el proyecto de construcción estuviera aprobado y tramitado al interior de dicho organismo.

En segundo lugar, tanto los traspasos de los anticipos como el saldo de 38 millones de pesos fueron manejados en forma personal por el arquitecto encargado del proyecto y, además, empleado del Consejo Provincial de Deportes Maipo, en una cuenta corriente bancaria, tal como lo he señalado precedentemente.

En tercer lugar, el Consejo Provincial Maipo no utilizó las base administrativas generales que regulan el procedimiento y contratación de obras que resguardan los intereses del mandante. Por medio de bases especiales, cambió y eliminó cláusulas que no podían ser modificadas.

En cuarto lugar, las obras de alcantarillado, servicios higiénicos, instalaciones eléctricas y otras no fueron licitadas ni se pidieron cotizaciones, aceptándose solamente los presupuestos presentados por el mismo contratista que construyó la obra inicial.

Por lo tanto, en esta materia hubo ampliaciones de obras efectuadas en forma masiva, sin nuevos contratos ni garantías y otras solemnidades adicionales usuales en este tipo de administración, lo que revela -en opinión de la Comisión- conductas dolosas de los responsables de dicha coordinadora.

En lo que se refiere a la licitación y adjudicación del galpón metálico, de la documentación recibida puede concluirse la comisión de los siguientes incumplimientos o irregularidades: no existió invitación oficial para enviar cotizaciones, no hubo acta de apertura de presupuesto, no hubo informe técnico de adjudicación y no se operó con el Registro de Contratistas.

Las normas infringidas dicen relación con inversión de fondos fiscales; los subsidios en dinero aportados por la Digeder fueron entregados al Cuerpo de Bomberos de Melipilla, el que confió la ejecución de las obras a un profesional colegiado del rubro, el que, a su vez, era empleado del Consejo Provincial de Deportes Maipo y percibió, indebidamente, a nuestro juicio, honorarios por realizar su trabajo.

Por otra parte, se entregó un cheque cruzado, con vencimiento a seis meses, y no una boleta bancaria de garantía como lo establecen las bases administrativas generales, no dándose cumplimiento tampoco, en este caso, a la obligación de que la garantía tenga una duración de nueve meses. A su vez, de acuerdo con estas bases administrativas generales, la obra contratada sólo podría ser ampliada hasta en un 30 por ciento de su valor original. Sin embargo, los valores pagados superaron con largueza dicho monto por razones que, en opinión de la Comisión, no se justifican, pudiendo estar en presencia de un pago en exceso o de un desvío de fondos.

En segundo lugar, en lo relativo a los eventos, la Comisión analizó el torneo de Mini básquetbol de Melipilla. La Dirección General de Deportes y Recreación aprobó un proyecto para la realización de un campeonato de básquetbol infantil por la suma de 17 millones de pesos, según lo presentado por el Consejo Provincial de Deportes Maipo.

De la operación del proyecto y su ejecución se genera un sobregasto equivalente a 14.614.305 pesos, sin que medie autorización del Director General o haya habido petición formal de ampliación del presupuesto original, destacando, al efecto, que el desembolso por concepto de publicidad solamente alcanzó a 8.195.000 pesos en lugar del millón y medio originalmente autorizado.

De la situación anterior, surgen las siguientes irregularidades:

En primer término, se efectuaron mayores gastos que los expresamente autorizados por la Dirección de Deportes y Recreación.

En segundo lugar, se produjo una ausencia total de observancia de las normas de adquisición de bienes y servicios de la Administración Pública, en relación con la necesidad de contar con tres cotizaciones, adjudicar el proyecto, confeccionar cuadros comparativos de oferentes, emitir las correspondientes órdenes de compra de servicios y recepcionar los bienes y servicios por funcionarios responsables.

Por oficio N° 155/37/1, de 19 de mayo del año en curso, el Director General, aclarando una respuesta de la Comisión, informó que el presupuesto aprobado por la Digeder sólo fue de 17 millones de pesos, siendo la diferencia de responsabilidad exclusiva del presidente del Consejo Provincial de Deportes Maipo.

No se acreditó el destino específico ni la justificación racional del mayor gasto, lo que hace estimar a la Comisión que estaríamos de nuevo en presencia del pago de un sobreprecio o de un desvío de fondos.

En lo relativo a la capacitación, las tareas de capacitación y formación de animadores y dirigentes deportivos forman parte de la actividad normal de la Digeder, de tal modo que no aparecen como modalidades extemporáneas en su realización. Sin embargo, en el caso en comento, se observa en general lo siguiente.

1.- La contratación de servicios de alojamiento y alimentación a un solo proveedor, sin cotizaciones, de nuevo, ni cuadros comparativos de precios ni decisiones claras de adjudicación, por un total de 37 millones de pesos y fracción por el período comprendido entre los años 1991 y 1992.

2.- No hay documentos, tales como convenios o contratos, que respalden los servicios prestados.

3.- Sólo figuran como justificación del mayor gasto facturas por montos globales, sin especificar el número de beneficiarios ni la duración o el tipo de servicios.

4- La identificación de los beneficiarios es sólo de carácter institucional y en relación con un número considerable de proyectos que contienen en sus glosas gastos de capacitación.

5.- Excepcionalmente, existen facturas que detallan día y número de participantes.

6.- Resulta imposible, por consiguiente, concluir si la decisión del gasto se ajusta a la conveniencia del proveedor, a la racionalidad de la inversión y a la protección y resguardo de los fondos de la Digeder.

7.- Los montos invertidos debieron ser autorizados por procedimientos expresamente establecidos, que en este caso no se consideraron.

Al igual que en los casos anteriores, sobre la base de los antecedentes dispuestos, podría colegirse el pago de sobreprecio, el desvío de fondos o, en todo caso, ninguna justificación para haberse efectuado.

En cuanto a los contratos, la dimensión real de la empresa Evenchi Limitada sólo la hemos establecido en el caso del Consejo Provincial de Deportes Maipo, considerando los antecedentes tenidos a la vista.

1.- El monto de los programas ascendió a 140 millones de pesos y fracción, suma que en su gran mayoría fue cancelada sin licitación, en forma anticipada y sin las respectivas garantías. Asimismo, se constata la inexistencia de antecedentes que acrediten la efectividad de las actividades contratadas.

2.- Existen montos pagados directamente a don Juan Claudio Reyes Saldías, como persona natural, sin que pudiera acreditar personería, por parte de Evenchi Limitada para recibir los recursos.

3.- La sociédad en cuestión, sin observar los procedimientos señalados, recibe montos de dinero que no son cubiertos con boletas de garantía o documentos que resguarden el interés público.

4.- Las facturaciones fueron emitidas con un considerable retraso respecto de la época en que se habían prestado los servicios. Sobre este particular, cabe señalar que se verificó la emisión de facturas en los meses de marzo y abril del presente año, por un total de 201 millones de pesos por servicios efectuados durante 1991 y 1992 por la sociedad mencionada.

5.- No se respetaron las normas contenidas en las bases administrativas generales sobre adquisiciones por valores superiores a tres unidades tributarias mensuales.

6- En general, se obviaron procedimientos inexcusables, según la sana doctrina administrativa.

No han podido acreditarse las razones por las cuales se procedió en esta forma, no existiendo, a juicio de la Comisión, razón alguna que justifique procedimientos tan irregulares y graves como los anteriormente enumerados.

Como en los casos anteriores, estima la Comisión que podría haber desvío de fondos o pago de sobreprecios.

En materia de adquisición de implementación deportiva -proveedores-, fue posible determinar las siguientes irregularidades, en relación con compras e implementación deportiva, por un total de 101 millones de pesos y fracción: no se llamó a licitación ni se configuraron cuadros comparativos de oferentes, a fin de poder elegir a los más convenientes; no existe registro de proveedores en las distintas coordinadoras, circunstancia que permite comprar a cualquier oferente; no se emiten órdenes de compras. Se detectan convenios importantes con proveedores de giro comercial distinto al del ámbito deportivo recreacional, o bien con ampliación de giro inmediatamente después de celebrados los convenios, situación que sugiere un posible concierto para efectuar adquisiciones. Se advierten evidentes falencias en el sistema de control, recepción y bodegaje de los implementos deportivos, el cual no se ha ajustado a normas administrativas vigentes y obligatorias para los coordinadores por disposición expresa de la Dirección de Deportes y Recreación. De ello puede deducirse no sólo una inexcusable inobservancia de procedimientos administrativos, sino también posibles conciertos o acuerdos para comprar a determinados proveedores, los que modifican o ajustan sus giros comerciales para contratar con la Dirección de Deportes y Recreación.

En relación con el convenio Cut-Digeder, la Comisión observa lo siguiente: Se trata de un convenio firmado con alto grado de generalidad, que ofrece debilidades en la operación de los programas y proyectos posteriores, pues no los identifica suficientemente ni permite que se los pueda deducir claramente del texto. Se repiten, en las operaciones posteriores, la falta de cumplimiento de procedimientos administrativos. En las tareas de capacitación no es posible definir con claridad el número y la cantidad de participantes o beneficiarios. En general, pueden reiterarse las observaciones formuladas en los párrafos precedentes.

En materia de contrato de transporte y fletes, las irregularidades dicen relación, al igual que las anteriores, con la inexistencia de contratos escritos, por lo que no es posible determinar con claridad el número, la fecha y la cantidad de servicios prestados. Se detecta absoluta imposibilidad de identificar a los beneficiarios de los programas. Figuran pagos anticipados, de considerables montos, sin que haya mediado garantía de ninguna especie. Hay falta de correspondencia entre el servicio requerido inicialmente y el que se sostiene haberse realizado, en aspectos tales como el número de viajes, kilómetros recorridos y montos concertados previamente.

En opinión de la Comisión, en esta materia puede concluirse la existencia de pagos indebidos e innecesarios, dado que no se justifican, de modo preciso, los gastos y sus fundamentos.

Señora Presidenta, el Diputado señor Bayo me solicita una interrupción que, con su venia, se la concedo.

El señor CORNEJO.-

Señora Presidenta, me corresponde referirme al análisis de los procedimientos de control de la Dirección General de Deportes y Recreación.

La Comisión tuvo acceso a los procedimientos de control efectuados en la Digeder y a la medidas que adoptó su Director General.

Como consecuencia de estas fiscalizaciones se examinaron dichos procedimientos de control.

Por la oportunidad en que se aplicaron y por la revisión efectuada por la Digeder durante 1992, puede constatarse la existencia de instrucciones del Director General impartidas al Departamento de Auditoría de la Dirección de Deportes, a fin de que opere el plan anual de auditoría y audite, de modo preventivo, a todos los coordinadores regionales.

Como consecuencia de estas auditorías se adoptaron medidas como la remoción de los coordinadores de la Undécima y Duodécima Regiones, y de la Región Metropolitana, señor Romero; de los jefes de los departamentos técnico y administrativo; destitución del señor Molina, funcionario de la Digeder, como consecuencia de su sumario administrativo que determinó su responsabilidad en la apropiación indebida de fondos previsionales.

En el caso de la Coordinadora Metropolitana Norte, como consecuencia de las instrucciones impartidas por el señor Director General de la Digeder, el Departamento de Auditoría procede a auditar a todas las coordinadoras regionales y formula diversas observaciones al Consejo Provincial de Deportes Santiago.

Cuatro días después, se oficia al referido Consejo para que responda a dichas observaciones y asuma el cumplimiento de las indicaciones de la auditoría interna de Digeder.

Del mismo modo, el 20 de septiembre la Contraloría General de la República informa sobre la revisión hecha al Consejo Provincial de Deportes Santiago, efectuada a petición de un señor parlamentario.

En definitiva, todas las observaciones formuladas fueron subsanadas por las respectivas coordinadoras.

En el caso del Consejo Provincial Maipo, también se realizan las auditorías correspondientes, y la Comisión inició su trabajo enviando el informe del Consejo Provincial de Deportes al Departamento de Auditoría y Control de Gestión. Una vez que se inicia el trabajo de la Comisión, se constituyó la Contraloría General de la República en el Consejo de Deportes Maipo para su fiscalización, lo cual, a juicio del Director General de la Digeder, inhibió la labor que internamente estaba efectuando la propia Dirección de Deportes y Recreación.

El mismo día se denuncian en el Congreso Nacional irregularidades en la Coordinadora Sur Metropolitana. La Cámara de Diputados acuerda, posteriormente, formar una Comisión Investigadora, y se hace la denuncia en el respectivo juzgado del crimen.

Asimismo, en las páginas 46 a 50, se deja constancia, en el informe, de las auditorías que se efectuaron en cada una de las coordinadoras regionales.

En cuanto al nivel central de la Digeder, su gestión es fiscalizada constantemente por la Contraloría General de la República, dado que se trata de un organismo de la Administración del Estado. Sus reparos no han sido significativos, ya que se ha tratado solamente de observaciones menores.

En la Coordinadora Metropolitana Sur, por la naturaleza de los hechos registrados, se trata de un problema absolutamente distinto del presentado en otras coordinadoras; su singularidad ha motivado no sólo la investigación de esta Comisión, sino también la denuncia ante los tribunales de justicia.

En todo caso, conviene precisar que la Dirección de Deportes del Estado, como organismo central de la Administración del Estado, no presenta irregularidades a juicio de esta Comisión.

Proposiciones de la Comisión Investigadora en torno al tema de la estructura orgánica de la Digeder.

En esta materia, los antecedentes que la Comisión ha tenido a la vista en el estudio y en la investigación permiten concluir que la estructura institucional utilizada por la Dirección de Deportes del Estado desde 1978 para su acción en regiones presenta algunas ventajas entre ellas, una mayor agilidad administrativa, propia de corporaciones privadas. Sin embargo, adolece de la gran debilidad de administrar considerables montos presupuestarios, provenientes de fondos públicos sin el debido resguardo de aplicar a todos sus actos las normas de administración financiera del Estado. Como ejemplo, debe citarse que, en 1993, estos organismos tendrán injerencia en la administración de 4 mil millones de pesos, los que representan cerca del 40 por ciento del presupuesto de gastos de la Digeder para el presente año.

También se ha considerado como una deficiencia la inconexión existente entre los consejos provinciales de deportes, en su carácter de corporaciones de derechos privado, y el sistema de gobierno y administración regional. Al no existir secretaría regional ministerial de Defensa ni tampoco un ente público regional dependiente de la Digeder, el intendente regional, en su doble calidad de representante del Presidente de la República en la región y de presidente del consejo regional, queda privado de ejercer sus facultades en un sector muy importante para la vida regional, cual es el deporte y la recreación.

A su vez, las organizaciones del sector no tienen un canal claramente establecido y especializado mediante el cual puedan relacionarse con el gobierno regional; existen, también de hecho, estilos contradictorios con las municipalidades, los que hacen difícil una relación normalizada con los gobiernos comunales.

Por otra parte, el carácter de organismos privados de los consejos provinciales de deportes dificulta la acción fiscalizadora de las dependencias regionales de la Contraloría General de la República. El Contralor ha hecho presente a la Comisión los problemas que se han presentado al organismo a su cargo, respecto de la administración regional de los recursos en comento, ya que, desde el punto de vista de la doctrina fiscalizadora de la Contraloría General, los fondos que la Dirección de Deportes transfiere a los consejos provinciales pasan a ser privados por el solo hecho de su transferencia. En esta materia, la Contraloría, por medio de sus representantes, expresó en la Comisión la necesidad de regionalizar la Digeder, dado que las Coordinadoras son efectivamente una ficción de carácter jurídico. A mayor abundamiento, la Contraloría General de la República jurisprudencialmente ha sostenido el cambio de carácter de los dineros, de público a privado, por el solo hecho de la transferencia.

La Comisión ha analizado el problema desde diferentes puntos de vista. Oídos el Director General de Deportes y Recreación, el Contralor General de la República y otras autoridades y especialistas, ha concluido en que es conveniente que el Presidente de la República proponga un conjunto de medidas que permitan subsanar las anomalías detectadas en la estructura y funcionamiento de la Dirección General de Deportes y Recreación, más aún si se considera que hay de por medio dineros fiscales.

Algunas medidas son posibles de adoptar en el marco de la legislación y de la reglamentación vigentes; otras, en cambio, requerirían el estudio y patrocinio por el Ejecutivo de uno o más proyectos destinados a resolver las deficiencias que se aprecian en la legislación relativa a la Dirección General de Deportes y Recreación. La adopción de estas medidas permitiría situar claramente las acciones de la Digeder, sus inversiones f gastos en el ámbito de fiscalización de, a lo menos, la Contraloría General de la República y de los llamados actos del Gobierno a que se refiere el artículo 48, N° 1), de la Constitución Política del Estado.

Alternativas que la Comisión ha considerado para aplicar en el marco de la legislación vigente, dejando constancia de que se trata de criterios distintos en relación con cada una de ellas.

En primer lugar, dictar, mediante resolución del Director General de la Digeder, un reglamento interno que fije las normas generales para el otorgamiento de subsidios, por esa Dirección, tanto a federaciones deportivas y otras entidades nacionales, cuanto a consejos locales y provinciales de deportes, asociaciones, clubes y otras organizaciones de base y municipalidades.

En segundo lugar, establecer convenios con los consejos provinciales de deportes y perfeccionar los sistemas de operación y control, con un grado suficiente de discriminación jurídica positiva, según sus distintos fines, metas y objetivos.

Mientras se legisla para resolver en definitiva los problemas de la Digeder, la Comisión estima conveniente solicitar al Ministro de Defensa Nacional que ordene al Director General de Deportes y Recreación no dilatar la toma de decisiones frente a irregularidades tan graves como las comprobadas con el Consejo Provincial de Deportes Maipo, especialmente si tuvo conocimiento de ellas con bastante anticipación a la fecha de exoneración del coordinador regional señor Romero Invemizzi. Esta Comisión espera que no se repitan tales actitudes.

Además, solicitar al Ejecutivo que adopte las medidas tendientes a perfeccionar los sistemas de operación regional y comunal a través de los consejos provinciales de deportes, mediante convenios anuales en que se establezcan objetivos, asignación de recursos, sistemas operativos y de control, etcétera, que reduzcan al mínimo el riesgo de anomalías administrativas y permitan una supervigilancia más periódica de las operaciones, objetivo factible en atención a que, como lo explicó en su oportunidad el Director General de la Digeder, el servicio está ejecutando la fase final de un proyecto computacional que le permitirá operar en línea con los consejos provinciales de deportes, innovación tecnológica que posibilitará un control de gestión más permanente y eficiente, compatible con la finalidad de optimizar su funcionamiento en el nivel regional y comunal.

Modernización de la legislación vigente relativa a la Digeder y al sector deportes y recreación:

En primer término, dictar una ley que permita a la Digeder establecer direcciones regionales.

De las conclusiones de esta Comisión se deduce claramente que una primera alternativa para resolver los problemas orgánicos de la Digeder consiste en la tramitación de un proyecto de ley que permita a dicho servicio la creación de direcciones regionales en cada una de las regiones del país. Esta proposición vendría a regularizar una situación anómala, cuya existencia se ha prolongado desde 1978 hasta la fecha, y no implicaría, a juicio de la Comisión, una posible "estatización" del sector deportes y recreación a nivel regional, ya que, como se ha dicho, tanto la ciudadanía cuanto las organizaciones deportivas y recreativas y muchas de las autoridades regionales y comunales han entendido que las denominadas "Coordinaciones Regionales de Deportes y Recreación" son entes públicos, dependientes de la Digeder, sin conocer cabalmente la naturaleza jurídica de los organismos involucrados. Esta idea tampoco involucraría mayor gasto al fisco, como lo señala el informe.

Otra alternativa sería dictar una ley que transforme los actuales consejos provinciales de deportes en consejos regionales de deportes y recreación.

La Comisión estima que una solución alternativa a la de legislar para permitir la creación de direcciones regionales, consiste en transformar a los actuales consejos provinciales en consejos regionales de deportes y recreación, integrado por los respectivos consejos locales de deportes de la región que corresponda.

Esta alternativa presenta ventajas desde el punto de vista de la participación regional y comunal. Sin embargo, tendría la desventaja de no integrarse al sistema de gobierno y administración regional, y se mantendría el riesgo de generación de anomalías administrativas en el manejo de importantes fondos públicos, situación que deseamos evitar.

La Comisión también propugna la modificación del artículo 25 de la ley orgánica constitucional de la Contraloría General de la República, que dispone: "La Contraloría General de la República fiscalizará la correcta inversión de los fondos fiscales que cualesquiera persona o instituciones de carácter privado perciban por leyes permanentes a título de subvención o aporte del Estado para una finalidad específica y determinada." Como se observa, las facultades fiscaliza- doras de la Contraloría General de la República son restringidas e insuficientes. En efecto, los fondos fiscales a título de aporte o subvención deben emanar de leyes permanentes, tener la calidad de modales al exigir una finalidad específica y determinada, y no pueden dar lugar a una fiscalización de su ejecución, ya que sólo se debe atender al mero cumplimiento de la finalidad. Si se pretende fiscalizar la correcta inversión de los recursos fiscales traspasados a particulares, ya se trate de personas naturales o jurídicas, es menester modificar la disposición citada de manera que dichos fondos emanen de leyes permanentes o temporales con calidad de asignación modal y puedan ser controlados en todo su proceso de cumplimiento hasta la consecución de la finalidad perseguida, aun cuando al cambiar de patrimonio se transformen en privados.

Esta Comisión llegó a las siguientes conclusiones:

1°. En el examen pormenorizado de los antecedentes relativos a la Dirección General de Deportes y Recreación y de las coordinadoras regionales o consejos provinciales de deportes no se detectaron deficiencias o irregularidades de importancia, salvo en el Consejo Provincial de Deportes Maipo o Coordinadora Sur de la Región Metropolitana. En dicha coordinadora se cometieron, reiteradamente, graves irregularidades administrativo-financieras durante el mandato o presidencia del señor Pedro Romero, todas las que deberían ser objeto de una investigación.

2°. No obstante haber tomado la Comisión cabal conocimiento de las limitaciones que el marco legal aplicable a la Dirección General de Deportes y Recreación impone, en cierto modo, a su Director General para la prevención de las irregularidades detectadas, considera, en mérito de los antecedentes examinados, que este jefe de servicio no actuó con la debida oportunidad para separar de su cargo al Coordinador Regional Sur y Presidente del Consejo Provincial de Deportes Maipo.

3°. En lo relativo al período comprendido entre los años 1987 y 1990, que también cae bajo su mandato, la Comisión decidió dejar constancia de que no se detectaron irregularidades de importancia, aunque debe tenerse presente que no siempre se contó con la información suficiente, como consta en los antecedentes de la Comisión.

4°. Los antecedentes examinados llevan a la Comisión a recomendar el envío de este informe al Consejo de Defensa del Estado, a fin de que se investiguen posibles ilicitudes en las actuaciones del Consejo Provincial de Deportes Maipo, los montos involucrados y los eventuales responsables de dichos ilícitos.

5°. Resulta imperiosamente necesario transformar los actuales consejos provinciales de deporteá y recreación en dirección regionales de la Digeder, adquiriendo sus funcionarios el carácter de empleados públicos sujetos a los derechos y obligaciones establecidos en el Estatuto Administrativo.

6°. Del mismo modo, debe señalarse que el procedimiento de distribución de los subsidios fiscales fue implantado en la Digeder desde 1978, sin que la actual Dirección General haya innovado sobre el particular, salvo en lo que se refiere al aumento de las medidas de fiscalización.

Al respecto es importante señalar que fue el actual Director General de Deportes y Recreación quien dispuso, sin que existiera imposición legal o reglamentaria alguna que lo obligara a ello, que en el quehacer financiero de estos entes privados se aplicara la normativa contenida en la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

7°. Finalmente, es indispensable solicitar al Presidente de la República el patrocinio de un proyecto de ley sobre deportes y recreación que sustituya la ley N° 17.276, cuyas deficiencias ha constatado esta Comisión.

La Comisión, por acuerdo unánime, coincidió en hacer presente a la Honorable Cámara que, dada la complejidad de la investigación que se le encomendó -que consumió todo el plazo que se le fijó para el cumplimiento de su cometido-, optó por no tratar los puntos 2a y 3a del acuerdo que le dio origen los que, por su trascendencia, requieren de largos y acuciosos estudios, imposibles de llevar a cabo en el breve término que se les concedió.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señora Presidenta, de conformidad con el artículo 74 del Reglamento, solicito que la discusión del informe entregado por el Diputado señor Cornejo se discuta y vote la próxima semana.

Por lo tanto, solicito respetuosamente que recabe el asentimiento de la Sala en tal sentido.

Para aprobar esta petición se requiere el acuerdo unánime de la Sala, y para que exista, en uno u otro sentido, se necesita, además, quorum de decisión. Por lo tanto, si los Diputados presentes acogen mi petición -como lo espero- ésta no sería válida, porque para ello se requeriría, por lo menos, 39 Diputados. Lo mismo ocurriría en el caso contrario.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señora Presidenta, me alegro de que el Diputado señor Coloma haya formulado su petición en forma tan respetuosa; pero no es necesario tomar ningún acuerdo; ya existe uno de Comités, ratificado por la Sala, de despachar este informe en la presente sesión. Por lo tanto, así debe procederse. Para revocarlo se necesitaría unanimidad, que no daremos, porque nos opondremos a que se adopte el acuerdo planteado, proposición que ya ha sido votada y rechazada varias veces en esta misma sesión. Por lo demás, el señor Diputado está equivocado al argumentar sobre la base del artículo 74 del Reglamento.

Después de las intervenciones de los señores Diputados, corresponde votar el informe. Obviamente, si en ese momento no existe quorum, la sesión, de conformidad con el Reglamento, deberá levantarse; pero en esta oportunidad no corresponde considerar la proposición del Diputado señor Coloma. Ni siquiera aduciré la necesidad de que existan, a lo menos, tres Comités de partidos diferentes que apoyen su petición. Está fuera de lugar, así se ha manifestado por enésima vez en la Sala.

Ese ha sido el procedimiento utilizado hasta ahora y no veo por qué el Diputado señor Coloma pretende cambiarlo, aunque lo haga en forma tan respetuosa.

He dicho.

El señor BAYO.-

Señora Presidenta, se está fundamentando sobre preceptos diferentes.

El Diputado señor Pizarro basa sus argumentos en el inciso tercero del artículo 74, y la proposición del Diputado señor Coloma se relaciona con el inciso segundo, que establece claramente: "Si en el curso de una sesión corresponde adoptar un acuerdo..." y, en este caso, el acuerdo que debe adoptarse se vincula con la proposición concreta que responsablemente ha formulado el Diputado señor Coloma. Y, para ello, hay que llamar a votar a los señores Diputados.

He dicho.

EL señor PALMA (don Andrés).-

Señora Presidenta, en primer lugar, considero que el informe de la Comisión Especial Investigadora de la Dirección General de Deportes y Recreación, Digeder, es macizo y completo. Lo considero ejemplar con respecto el trabajo de las comisiones especiales investigadoras de la Cámara.

En él se señalan todos los oficios recibidos en la Comisión -conforman un número abundante de páginas del informe-, que se refieren a materias que suscitaron el interés de la opinión pública y de parlamentarios, algunos de los cuales, lamentablemente, no han estado en esta sesión para debatir esta materia, pero sí dieron origen a que se constituyera la Comisión.

De la lectura del informe surge la necesidad de respaldar sus conclusiones, importantes en cada uno de los ámbitos aludidos, particularmente en el de la necesidad de que el Presidente de la República patrocine un proyecto sustitutivo de la ley Ne 17.276, cuyas deficiencias fueron consideradas por la Cámara con mucha anterioridad. Por este motivo, varios parlamentarios de diferentes bancadas hemos presentado dos o tres mociones para sustituir dicha ley, especialmente en lo que se refiere a los consejos locales y provinciales de deportes, que hoy son bastante limitados, en muchos casos inoperantes, y no representan, como se pretende, la real estructura del deporte. Además, coincido en que es necesario legislar respecto de la estructura regional o de operación de la Digeder. Me parece que los acuerdos de la Comisión son insuficientes respecto de esta materia.

Insisto en que nada justifica que la Dirección General de Deportes y Recreación continúe dependiendo del Ministerio de Defensa Nacional. Creo que ello responde más bien a una asignación de recursos relacionada con otro momento histórico o con otro rol de la Dirección General de Deportes y Recreación, muy diferente del actual, y que debe salir de ese Ministerio para situarse en algún espacio del Estado que le permita fluidez en su gran gama de actividades.

Opino que este organismo, junto con el Instituto Nacional de la Juventud y la División de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación, debieran conformar una repartición pública propia, dedicada a atender al deporte, la recreación y la participación de los jóvenes.

Cualquiera que sea el cambio en este sentido, será positivo en la medida en que se vincule, como señaló el Diputado señor Sotomayor, con el Ministerio de Educación o con otra repartición, pero creo que está mal situado en el Ministerio de Defensa. Aunque sin señalarlo explícitamente, parte de las conclusiones de la Comisión se refieren a este punto, al decir que el Ministerio de Defensa no tiene secretarías regionales ministeriales, lo cual es una complicación para el trabajo de la Digeder. Me habría gustado que la Comisión hubiera avanzado hasta ese punto, que no alcanzó a tratar, debido a la extensión de la tarea encomendada. No obstante, yo quisiera que la Digeder dejara de depender del Ministerio de Defensa Nacional y formara parte de una repartición propia, dedicada a la atención de los problemas de los jóvenes, del deporte y de la recreación.

De los muchos aspectos que el informe trata con mucha precisión, hay uno en particular que me llama mucho la atención y sobre el cual deseo conocer la opinión que la Comisión se formó al respecto: la actuación del Cuerpo de Bomberos de Melipilla. Según la descripción de las irregularidades, que comienza en la página 29 del informe, el Consejo Provincial Maipo le remesa a ese cuerpo fondos que éste destina a un contrato con un funcionario del Consejo Provincial Maipo. En mi opinión, en el informe están bien descritas las posibles irregularidades o ilicitudes en que habrían incurrido los funcionarios de la Digeder, pero en él no se menciona ni siquiera se señala, una materia que debió investigarse, como es la actuación del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, parte en esta operación y que, de acuerdo con dicho estudio, queda comprometido en algo ilícito. Porque si yo recibo recursos para entregárselos a una persona, soy parte de una operación que, por lo menos, tiene visos de irregularidad. Quisiera que alguno de los miembros de la Comisión o el señor Diputado informante me aclarara esta participación del Cuerpo de Bomberos mencionado en la situación descrita y que en el momento de tomar acuerdos solicitáramos ese esclarecimiento a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos o a la Superintendencia de Valores y Seguros, que los administra.

Reitero mi felicitación a la Comisión por su trabajo tan completo y detallado, que arroja claridad sobre un tema que apasionó a la opinión pública y lo deja estrictamente dimensionado en sus límites y alcances.

He dicho.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

Señor Presidente, el informe es bastante contundente en sus conclusiones. Lamentablemente, no pudimos abocamos a todas las materias que nos mandato el proyecto de acuerdo.

Quiero dejar constancia de que, en general, en el examen que se tomó a la Digeder, tal como está establecido en el informe, no se detectaron irregularidades o deficiencias, salvo en lo relativo a las coordinadoras. Al respecto, es conveniente reafirmar con claridad lo que dije en esta Sala en su oportunidad: que los antecedentes de estas irregularidades hayan sido pasados a la justicia ordinaria y, en el caso del informe, al Consejo de Defensa del Estado.

También es importante que se haya constatado que, al descubrirse las irregularidades y tenerse la certeza de ellas por la Dirección General de Deportes y Recreación, se tomaron todas las medidas correspondientes, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial.

Además, es conveniente destacar que, respecto del período anterior a 1990, no tuvimos información adecuada ni acceso a los informes de las pocas auditorías internas que se realizaron, ya que éstas prácticamente no se hacían en el régimen anterior. Y, lo que es más grave, constatamos que mucha de esa información fue destruida por los funcionarios de seguridad de esa Dirección antes del traspaso del mando de la misma. Nos alegramos mucho de que esa situación haya terminado.

El punto 4 establece claramente una recomendación para que el Consejo de Defensa del Estado investigue posibles ilicitudes y tome las medidas del caso.

La experiencia que adquirimos los Diputados que participamos en la Comisión o quienes se han interesado en el tema, respecto de la necesidd de reestructurar la Digeder, es algo que merece ser tomado en cuenta; pero desde un punto de vista más amplio y no sólo en cuanto a la necesidad de crear direcciones regionales de deportes o de cambiar el sistema de los consejos provinciales, sino de establecer con mayor claridad controles y auditorías internas. Los realizados -y por eso se han detectado algunas deficiencias- han sido a proposición o por la sola voluntad del actual Director General de Deportes, don Iván Navarro, lo que no es normal. Lógicamente, alabo la conducta de este Director, pero este punto debería estar consignado con mayor claridad en la ley.

Me parece fundamental legislar no sólo limitándose a la reestructuración de la Digeder -como en un anteproyecto al que se le han hecho algunas observaciones y respecto del cual se ha solicitado el patrocinio del Ejecutivo-, sino sobre el deporte en general; es decir, dictando una ley que permita regular el funcionamiento de esta importante actividad en beneficio de la gente que lo practica o que, de alguna u otra forma, está ligada a ella. A mi juicio, hay que plantearse el problema global respecto de quién conduce la Digeder y de las instancias en que se definen las políticas deportivas a todo nivel.

Algunos Diputados hemos sugerido la creación del Ministerio del Deporte, pero el actual Gobierno ha manifestado que no es necesario. La dependencia de la Dirección de Deportes data de la época de sus inicios, en la década de los 40, y no sólo bajo el régimen anterior. A mi juicio, obedeció a la necesidad de aprovechar una infraestructura informal e incipiente en ese entonces. La Dirección General de Deportes y Recreación creció mucho cuando empezó a tener recursos generados por el sistema de pronósticos deportivos; pero, indudablemente, lo que corresponde es legislar respecto del deporte en general, ojalá a través de una ley del deporte, y establecer una subsecretaría o una dirección nacional con mayor autonomía y rango. Si no es posible hacerlo como Ministerio, podría perfectamente estar vinculado al Ministerio de Educación o a algún otro que tenga que ver con la juventud y la familia, y deportes y recreación.

Lógicamente, aprobaré el informe tal como lo ha despachado la Comisión.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, se llega al término de un trabajo muy acucioso, diligente y completo de la Comisión Especial Investigadora de la Digeder.

El Diputado que habla reemplazó en dos oportunidades a titulares de la Comisión, hecho que, al parecer, el secretario de la Comisión no consignó en el informe. Lo señalo como antecedente para la historia fidedigna de la discusión de este informe.

Me llama la atención que, después de que este tema ocupó muchas horas en la radio, muchos minutos en la televisión y muchas páginas en los diarios del país, no estén presentes en la Sala quienes hicieron uso de estas tribunas.

El señor COLOMA.-

No generalice.

El señor ORTIZ.-

Estoy hablando en general, señor Diputado. Al que le venga el sayo, que se lo ponga. Naturalmente, es una situación personal.

Después de estudiar detenidamente este informe, es vital que, como Poder Legislativo, lleguemos a algunas conclusiones.

En 1978, en uso de una facultad que le confiere el artículo 12 de la ley N° 17.276, la Digeder creó trece consejos provinciales de deportes, corporaciones de derecho privado que se integran con los respectivos presidentes de los consejos locales de deportes.

En las conclusiones del informe se señala: "... que fue el actual Director General de Deportes y Recreación, sin que para él existiera imposición legal o reglamentaria alguna que lo obligara a ello, quien dispuso que en el quehacer financiero de estos entes privados llamados Consejos Provinciales de Deportes, se aplicara la normativa contenida en las Bases Administrativas Generales de la Administración Pública. Todo ello según declaraciones prestadas ante esta Comisión por el señor Jefe del Departamento de Auditoría Administrativa y la señora Jefa del Área Administrativa de la Contraloría General de la República." Destaco y profundizo este tema, porque hubo intención real y efectiva del Director General de la Digeder para que estas corporaciones privadas fueran lo más transparentes.

Fuera de eso, en el período comprendido entre 1987 y 1990, informes de las diferentes direcciones regionales, señalan pagos de facturas por implementos deportivos enviados fuera del país, aunque se reconoce en el informe de la Comisión que no siempre se contó con la información suficiente.

Doy a conocer estos hechos porque, como Poder Legislativo, estamos en el espíritu, en la decisión y en la voluntad política de superar todo este tipo de situaciones mediante cuerpos legales.

Por eso, nos parece muy importante que, dentro de las conclusiones a que arribó esta Comisión, se solicite al Presidente de la República el patrocinio de una iniciativa legal sobre deportes y recreación, sustitutiva de la ley N° 17.276, cuyas deficiencias han constatado no solamente esta Comisión, sino también muchos ciudadanos desde hace años.

Lo digo, porque un grupo de parlamentarios estamos solicitando desde hace bastante tiempo una ley de deportes, que conlleve transparencia en estas actuaciones y no tanto gasto en personal, como el que hay en estos entes privados, así como el efectivo desarrollo del deporte en el nivel general del país.

En el examen pormenorizado de los antecedentes que realizó la Comisión, está claro que no se detectaron deficiencias o irregularidades de importancia, salvo en el Consejo Provincial de Deportes Maipo o Coordinadora Sur de la Región Metropolitana.

Con el fin de que esta investigación sea lo más clara posible, se señala que hubo unanimidad para enviar este informe al Consejo de Defensa del Estado a fin de que, si hay actuaciones que afecten dineros fiscales, tenga los antecedentes para clarificar estas situaciones.

Debido a eso, como dijo el Diputado señor Andrés Palma, ha sido un excelente trabajo el de la Comisión. Pienso que también se está colocando en un muy buen papel a la Cámara de Diputados, la que, en uso de sus atribuciones como fiscalizadora, y a pesar del escándalo que se quiso hacer al final, llegó a conclusiones que dignifican el trabajo del Poder Legislativo.

Por eso, votaré favorablemente este informe, pues es un paso adelante en la importante labor fiscalizadora de la Cámara de Diputados.

He dicho.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, en primer lugar, quiero recordar que fui miembro permanente de la Comisión, pero que no voté el informe final, aunque hice presente mi posición antes de ausentarme de la sesión en cuestión, porque tenía un compromiso tremendamente importante, que no podía evitar.

Por ello, mi posición va a discrepar un poco de las opiniones, en cierta medida elogiosas, que ha merecido el trabajo de la Comisión, las que no son compartidas en su totalidad por este Diputado.

El informe que conoce esta Cámara es bastante puntual con respecto al problema de fondo. En verdad nos estamos habituando a que, a través de los medios de comunicación, se conozcan casos de irregularidades en diferentes organismos de la Administración Pública. No me voy a referir ni haré mención a esas situaciones, pero en todas ellas queda en evidencia un síntoma peligroso para todo el país, y hacia allá apunta mi intervención: la corrupción e irresponsabilidad de algunos mandos medios en el manejo de los fondos públicos. Cada vez que estas irregularidades son denunciadas, los Diputados de la Concertación se esfuerzan por desviar la responsabilidad de ellas hacia los mandos medios; pero jamás involucran a los responsables finales, que son los jefes superiores de servicio.

La ausencia de los Diputados en esta sesión, que debería haber sido seria, responsable y en la que se abordara en profundidad el trabajo de una Comisión también responsable, es confirmatoria de lo que estoy diciendo. El haber considerado un tema de tanta importancia en el segundo lugar de la Tabla, para debatirlo con una gran ausencia de parlamentarios, también confirma mi aserto. Por ejemplo, las conclusiones de este informe puntualizan que nada tuvo que ver el Director General de Deportes y Recreación en lo sucedido y que su única falta fue no separar oportunamente a un coordinador regional que -se sabía- actuaba con un pésimo proceder, como está comprobado por la Contraloría General y lo recomprobó la Comisión Investigadora. Pero muchos meses pasaron entre el conocimiento que tuvo el Director General respecto de esas irregularidades y la separación de su cargo del coordinador regional señor Romero.

Me pregunto: ¿cuántos millones les costó a los chilenos esta falta de oportunidad, como lo dice el informe, del Director General de Deportes y Recreación? ¿Dónde se consigna en el informe la responsabilidad del Director General en la designación de los coordinadores? ¿Quién le entregó los fondos al señor coordinador regional para que cometiera las irregularidades y delitos que se conocen? Todas estas interrogantes pueden tener respuestas; pero, en concreto, son acciones criticables que, por supuesto, no comparto.

Tampoco comparto lo aseverado por el Director General de Deportes y Recreación, quien, frente a nuestra inquietud por la tardanza en tomar medidas ejemplarizadoras, toda vez que estaban de por medio fondos públicos, nos expresó que era política de la Dirección adoptar inicialmente una actitud conservadora y correctiva. En el caso de que no se materializara esta corrección, entonces, sí, se entraba a una actitud sancionadora.

La pregunta de entonces es la misma que me hago en el día de hoy: ¿Cuál es el límite de la acción o de la irregularidad detectada para que lo correctivo se transforme en sancionador? La falsificación de un documento público, como es una boleta de compraventa, ¿era merecedora de una acción correctiva o de una acción sancionadora? El señor Director General estimó conveniente que sólo fuera motivo de una acción correctiva, y hubo necesidad de esperar los informes de la Contraloría General para que hoy día todo Chile conociera la verdad de la situación que allí se vivió. Nosotros nos preguntábamos: ¿quién entregó los fondos al coordinador regional? Y nos seguimos preguntando: ¿quién recomendó al señor Romero para ocupar el cargo desde el cual pretendió engañar y enriquecerse personalmente, si es que fue él quien se enriqueció personalmente? El informe no lo señala, porque a la mayoría de los integrantes de la Comisión no le interesa decirlo.

Esto nos debe llevar a reflexionar sobre toda la estructura legal de la fiscalización que los Diputados podemos llevar adelante. ¿Quiénes pueden formular observaciones al Gobierno para que éste obligadamente responda? Sólo la mayoría de la Cámara, o sea, la Concertación. ¿Quiénes pueden determinar qué comisiones investigadoras se constituyen y cuáles son los márgenes de su investigación? La mayoría de la Cámara, o sea, la Concertación. Quiere decir que sólo puede fiscalizar al Gobierno la mayoría de la Cámara, que es la Concertación.

Yo me pregunto, señor Presidente, ¿es sano esto?

Estoy cierto de que no lo es. Una democracia estable, duradera, respetada y respetable se fundamenta en el adecuado control y equilibrio entre los Poderes del Estado. En este caso, no existe ese equilibrio.

El examen de este informe me convence más que nunca de que las disposiciones legales que regulan la fiscalización por parte de la Cámara de Diputados deben ser reformadas. De no ser así, constantemente veremos aparecer casos de corrupción en los organismos públicos, sin que esta Corporación pueda hacer absolutamente nada, más todavía si aquí se cuenta con una mayoría dispuesta a suavizar las responsabilidades, según nuestra opinión, de los verdaderos responsables.

El señor Diputado informante ha reiterado la ausencia de irregularidades en el organismo Digeder, pero ¿qué hay de la responsabilidad de su Director General?

El señor PIZARRO (don Jorge).-

¡Su Señoría no fue capaz de decir eso en la Comisión!

El señor BAYO.-

¡No, señor! Lo dijimos en la Comisión y al señor Pizarro, quien tiene un interés muy especial en cargar la mata a los mandos medios y dejar libre de culpa a los verdaderos responsables. Reitero que la protección y resguardo de los fondos de la Digeder corresponden al Director General, a quien se le entregaron miles de millones de pesos.

Los graves hechos descritos por el señor Diputado informante son sólo un detalle de lo que se ha detectado en una coordinadora regional de la Digeder. Hubo mucho apresuramiento en focalizar la investigación de la Comisión hacia esos cuatro puntos específicos, diría que excesivo apresuramiento. ¿Alguien puede asegurar que sólo allí hubo irregularidades?

Mi conocimiento personal de lo que he visto en el distrito 48, que represento, durante los últimos meses, me hace dudar sobre la equivalencia entre la calidad y el costo de los implementos que se entregan a los consejos locales de deportes. A guisa de ejemplo, he comprobado cómo balones de fútbol, avaluados por la Digeder en 6 mil pesos, tienen exactamente dos usos, para con posterioridad literalmente descascararse, si es que así se puede decir. Conozco balones de fútbol de mejor calidad y costo inferior a 6 mil pesos, lo que me hace dudar, por lo menos, del buen uso de los recursos. Lo mismo podría decir de las camisetas y pantalones que también se distribuyen en los consejos locales de Deportes.

Por ello, llamo a los señores Diputados a cumplir con su obligación frente a los superiores intereses del país, y solicito que se oficie al señor Ministro de Defensa para que pida a la Contraloría General de la República que investigue todas las coordinadoras regionales de deportes y recreación. Así estaremos dando pasos concretos para evitar que la corrupción generalizada se enseñoree en la política chilena.

Ayer "El Mercurio" editorializó sobre la materia, pero con referencia a otro caso. Entre otras cosas, dijo: "Todos los grupos democráticos deberían tomar el saneamiento como bandera propia, así cueste esto la carrera o el cargo político de más de algún militante.". Ojalá que esta sugerencia sea acogida, por el bien del deporte de Chile y este Parlamento.

He dicho.

El señor SOTA.-

No me cabe duda de que los Diputados señores Coloma y Chadwick, que iniciaron este proceso de investigación, estaban ejercitando, igual que el señor Bayo, su legítimo derecho de fiscalización de los actos del Gobierno. Pero ellos han aceptado el texto del informe, y el señor Bayo, después de lo que acabo de escucharle, no sólo pone en duda algunos de los asuntos considerados por la Comisión, sino que, más aún, refuta el contenido del informe diciendo que él ni siquiera lo suscribió.

Contrasta la actitud del señor Bayo con la de los partidos de la Concertación, y particularmente con la de los miembros del Partido Demócrata Cristiano, quienes vieron acusado a un personero de su partido, con cargos graves, y, como demócrata, tengo la legítima satisfacción de decir que tanto el Presidente de la Comisión, el Diputado señor Cornejo, como los integrantes democratacristianos de la misma, hicieron todo cuanto estaba de su parte para esclarecer las posibles irregularidades cometidas por uno de sus hombres, destacado en labores directivas en el Consejo Metropolitano Sur de la Digeder.

De manera que inicio mis reflexiones diciendo que, contrariamente a lo sustentado aquí por el Diputado señor Bayo, hay una actitud de fiscalización compartida por los integrantes de la Concertación en la Comisión, y particularmente por los miembros del Partido Demócrata Cristiano.

Ahora bien, entre las conclusiones se alude, por cierto, a posibles ilicitudes en las actuaciones del Consejo Provincial de Deportes Maipo, descritas en el texto del informe, y se hace presente la necesidad de que el Consejo de Defensa del Estado inicie las acciones correspondientes para hacer claridad sobre tales delitos, si es que se hubieren cometido.

Pero la Comisión no sólo se abocó al estudio de posibles actos ilícitos, sino que destacó a su integrante el Diputado señor Sergio Elgueta para que, en su calidad de distinguido jurisconsulto, estudiara las modificaciones correspondientes, y posibles de ser aceptadas por el Ejecutivo, a la ley que organiza a la Digeder, y en especial a la Contraloría General de la República. Esas conclusiones están contenidas en los puntos del informe caracterizados bajo los títulos: "Modernización de la legislación vigente relativa a la Digeder y al sector deportes y recreación" y "Modificación de la Ley Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República".

El señor MOLINA (Presidente).-

Señor Diputado, le resta un minuto.

El señor SOTA.-

Señor Presidente, quiero decir, en el breve tiempo que me resta, que comparto las expresiones que, por lo demás, he sostenido también en el seno de la Comisión Mixta de Presupuestos, en el sentido de que la Digeder debiera depender del Ministerio de Educación. No se ve razón alguna para continuar con el contrasentido de situarla en las dependencias del Ministerio de Defensa.

Asimismo, expreso mi satisfacción por el cometido de la Comisión; y digo que, una vez más, los representantes de la Concertación en el Parlamento, no rehuyen, sino que, muy por el contrario, aceptan como un deber de legisladores enfrentar la fiscalización del propio Gobierno que representan en esta Cámara, y están dispuestos a acoger toda conclusión que emane de una legítima comisión investigadora, como es aquélla que hemos formado para analizar las posibles irregularidades cometidas en el seno de la Digeder.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Ya que el Diputado señor Coloma está tan apegado al Reglamento, resulta que en el orden del Día de la presente sesión figura último el Partido Radical y penúltimo el Partido por la Democracia. Entonces, hay una abierta intencionalidad de parte del Diputado señor Coloma, puesto que, de ser el último, nadie podrá contestarle. Estas situaciones anómalas se plantearon en el seno de la Comisión.

Ese es el planteamiento que deseo subrayar. Siempre he observado la mejor conducción de su parte, señor Presidente.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Se rige por las normas de Incidentes en lo que respecta al debate de los informes de las comisiones investigadoras.

El señor MOLINA (Presidente).-

Ofrezco la palabra al Diputado señor Manterola.

No está presente.

El señor COLOMA.-

¿Cuál es su orden, señor Presidente?

El señor MOLINA (Presidente).-

Voy a ofrecer la palabra en dos ocasiones. Si no se usa de ella, quiere decir que se cierra el debate.

Ofrezco la palabra.

El señor COLOMA.-

Pido la palabra.

El señor MOLINA (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, quiero dejar constancia, una vez más, del abuso de la Concertación en el uso de los tiempos.

Me parece irritante que Su Señoría no cumpla con lo que el Reglamento y la tradición de la Cámara señalan: que estos debates siempre se han regido por Incidentes. No tengo ningún problema en hablar a continuación, pero lamento destacar que ello nunca había ocurrido.

El señor PIZARRO (don Jorge).-

¡Censure al Presidente!

El señor COLOMA.-

No lo voy a censurar, sino que voy a dejar constancia del hecho.

No me llamo Pizarro, Diputado que anda "matoneando".

Me referiré ahora al informe.

No cabe duda de que la Comisión investigadora de la Digeder ha confirmado, desgraciadamente, el inicio de la corrupción en este último período.

Agradeciendo la gentileza y la acuciosidad del Presidente de la Comisión, Diputado señor Cornejo, en la investigación, lo cierto es que se han confirmado todas y cada una de las irregularidades planteadas por el Diputado señor Chad- wick y el que habla.

Al tratar estos temas, el 15 de abril, tuvo lugar un gran incidente en la Sala, donde se expresó que hablábamos de manera alterada, que hacíamos politiquería y que los funcionarios de este Gobierno no habían cometido irregularidad alguna en esta materia. El propio candidato presidencial, señor Frei, señaló que ésta era una herramienta de la Oposición y que al término del trabajo de la Comisión se acreditaría la inexistencia de argumentos en este sentido. Por desgracia, los augurios de la Concertación, del Presidente de la República señor Aylwin y del candidato señor Frei, han resultado equivocados, porque las irregularidades han sido confirmadas por un monto mayor de 400 millones de pesos, según lo establece el propio informe de la Comisión Especial Investigadora. Sus Señorías pueden llegar a esa cantidad si suman las cifras involucradas.

¿De qué se trata? De que en el uso de los recursos de la Digeder se cometieron gravísimas irregularidades que suponen, a juicio unánime de la Comisión, el desvío de fondos o pagos en exceso, lo que, desde el punto de vista de fiscalización, es lo más grave que una Comisión de la Cámara de Diputados, con antecedentes fidedignos, podría acreditar en este período.

En materia de infraestructura, en el tema del gimnasio del Cuerpo de Bomberos de Melipilla, más de 38 millones de pesos fueron utilizados en forma inadecuada en la cuenta corriente del presidente del Consejo Provincial Maipo, señor Romero, que operaba conjuntamente con funcionarios de esa repartición. Estos recursos no sólo no son fiscalizados, sino que se destinan sin licitaciones, sin estudios de factibilidad, sin garantías suficientes, sin las propuestas que cualquier proyecto de este tipo amerita.

En cuanto a eventos, se produce la misma situación. Con motivo de un torneo de mini básquetbol de Melipilla, se aprobó un proyecto por la suma de 17 millones de pesos. Se gastaron, en definitiva, 31.614.000 pesos, aduciéndose problemas de última hora que obligaron a un desembolso mayor que nadie puede acreditar. Por concepto de prensa, es decir, de promoción del torneo, se destinan 1.500.000 pesos, pero se gastan 8.595.000. Si eso no es irregularidad, no sé dónde la puede haber.

Respecto de capacitación, sucede otro tanto. Y no nos equivoquemos con el uso de las palabras: la Digeder está involucrada en las irregularidades. Otra cosa es que la Dirección Central no aparezca directamente ligada a la situación, como sí lo está el Consejo Provincial. Se gastan 38 millones de pesos sin decir a quién se capacita, cómo y cuáles son sus efectos. Y todo se hace con un solo proveedor, quien además está vinculado al Partido Demócrata Cristiano, lo que resulta francamente deplorable. Así lo señaló el Presidente de la Comisión, de manera que no voy a insistir más en este punto.

En materia de contratos, las personas de Evenchi Ltda., también relacionadas con la Democracia Cristiana, gastan 140 millones de pesos, sin que se haya podido acreditar qué logro tuvo el programa "Digeder Recrea a la gente". La Comisión no pudo saberlo, a pesar del esfuerzo que desplegó. Sobre este tema, la Comisión estima que pudo haber desvío de fondos o pagos de sobreprecio.

En materia de adquisición de implementos deportivos -fue motivo de gran escándalo cuando planteamos la creación de la Comisión Investigadora-, se ha gastado más de 101 millones de pesos, sin cotizaciones, sin fiscalización de calidad ni de los lugares de destino, etcétera.

Incluso, aparecieron cosas que ni siquiera sabíamos, como convenios entre la Digeder y la CUT, respecto de los cuales la Comisión, por unanimidad, determinó que ellos tienen un alto grado de generalidad, poseen grandes debilidades y generan la misma desconfianza que los rubros anteriores.

En transportes y fletes sucede lo mismo. De nuevo hay un gran mundo de nadie, donde las platas se malgastan y existe una serie de irregularidades que han impedido al deporte chileno contar con la ayuda y colaboración que requiere de las autoridades pertinentes.

Adicionalmente, debo agregar que en estas materias hay responsabilidades directas: del señor Romero, coordinador que generó todo este conjunto de irregularidades, y también el señor Navarro, por lo menos en tres aspectos. En primer lugar, la Comisión comprobó que la versión para separar de su cargo al señor Romero no era cierta. El Director dijo que se trataba de una renuncia porque iba a optar a otro cargo; con posterioridad, expresó que había sido despedido. La situación fue representada en la Comisión, porque nos pareció grave que el Director de Digeder cambiara su versión en el curso de la investigación.

En el informe se le representa, por unanimidad, la necesidad de no dilatar la toma de decisiones "frente a irregularidades tan graves como las comprobadas en el Consejo Provincial de Deportes Maipo, especialmente, si tuvo conocimiento de ellas con bastante anticipación a la fecha de exoneración del señor Romero Invernizzi. Esta Comisión espera no se repitan tales actitudes".

En las conclusiones, se dice: "No obstante haber tomado la Comisión un cabal conocimiento de las limitaciones que el marco legal aplicable a la Dirección General de Deportes y Recreación impone, en cierto modo, a su Director General para la prevención de las irregularidades detectadas, considera, asimismo, en mérito de los antecedentes examinados, que este jefe de servicio no actuó con la oportunidad debida para separar de su cargo al Coordinador Regional Sur y Presidente del Consejo Provincial de Deportes Maipo .

Por último, dejo constancia de que la Comisión, por unanimidad, acordó enviar el presente informe al Consejo de Defensa del Estado, "a fin de que se investiguen posibles ilicitudes en las actuaciones del Consejo Provincial de Deportes Maipo, los montos involucrados y los eventuales responsables". Así también, por unanimidad, la Comisión decidió dejar constancia de que no se detectaron irregularidades de importancia en la Digeder en el período 1987-1990, aun cuando no siempre se tuvo la información suficiente.

Señor Presidente, termino mi intervención con la satisfacción de haber cumplido con su deber. Cuando iniciamos esta labor de fiscalización, lo hicimos por el bien del deporte. Estamos convencido de que las actitudes de cambio que se han observado en la Digeder y el conjunto de cosas que se han empezado a modificar son fruto directo de la facultad fiscaliza- dora, bien ejercida, de la Cámara de Diputados.

Queremos dejar constancia de que el conjunto de irregularidades, que suman, al decir del propio informe, más de 400 millones de pesos, ha quedado plenamente comprobado, lo que no significa que se hayan sustraído esos dineros. Así que aquellos que pensaron que estábamos actuando en forma politiquera o demagógica, tendrán que desdecirse porque la Comisión estableció, por unanimidad, un procedimiento muy distinto para efectuar la fiscalización.

En todo caso, es de esperar que estas cosas no se repitan. Como servidores públicos, consideramos que hay una deuda pendiente muy grande con el deporte en Chile y que muchos clubes deportivos necesitan infraestructura. Por eso hemos propuesto, además, en términos positivos, que del presupuesto de la Digeder, a la luz de esta investigación, se rebajen 500 millones de pesos en aquellos ítem más sensibles de generar irregularidades, como lo hemos comprobado, y que se establezca un nuevo ítem, transparente, sujeto a fiscalización de la Contraloría y del Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, para la construcción de campos deportivos. De alguna manera pretendemos que los recursos del Estado, que nos cuestan a todos, sean bien utilizados,

Al terminar la labor fiscalizadora, tenemos la convicción de haber cumplido con nuestro deber y, por desgracia, haber demostrado las graves irregularidades cometidas en este organismo del Estado durante los últimos tres años.

He dicho.

El señor AGUILO.-

Señor Presidente, antes de expresar sucintamente las opiniones que me merecen las conclusiones de la Comisión, debo lamentar algunos conceptos del colega señor Coloma porque contradicen de manera explícita esos resultados, particularmente el que dice relación con conceptos como "inicio de corrupción" y otros. Eso nada tiene que ver con lo que hemos dicho unánimemente los Diputados que participamos en dicha Comisión y suscribimos sus conclusiones.

Aquí se trata de ser serios, porque hemos realizado una investigación responsable y acuciosa. Se trata de que las conclusiones puedan ser defendidas en el momento en que la Sala analice y discuta estas materias.

Entrando de lleno en el tema, en primer lugar, comparto plenamente los conceptos del colega señor Sota, en orden a valorar el muy acucioso trabajo de la Comisión, investigación que nos llevó a revisar una cantidad muy grande de documentos emitidos tanto por la propia Digeder como por la Contraloría y otros organismos vinculados al tema; y a valorar particularmente la labor efectuada por el presidente de la Comisión, cuya conducción permitió no sólo conocer con amplitud los antecedentes que ameritaban este trabajo, sino arribar a las conclusiones unánimes que estamos analizando hoy día. También me sumo, de manera explícita, a los conceptos del colega Sota, tendientes a valorar la actitud de todos los Diputados miembros de la Comisión.

Quienes deberían retirar opiniones emitidas previamente a los medios de comunicación son precisamente los colegas de la UDI, que pusieron un manto de sospecha acerca de si algunos parlamentarios iban a ser capaces de llegar a conclusiones serias y responsables. Aquí se llegó a conclusiones unánimes y se efectuó una investigación seria y acuciosa. Eso es lo único que corresponde valorar.

En segundo lugar, desde mi punto de vista quiero confirmar la completa pertinencia en formar esta Comisión especial, porque efectivamente se descubrieron irregularidades en una coordinadora específica de la Digeder, las cuales debieron haber constituido una preocupación de esta Cámara en virtud de su rol fiscalizador. Denuncias serias y responsables sobre irregularidades que afectan de manera directa o indirecta a recursos fiscales, deberían ser siempre materias de análisis, como el realizado por esta Comisión especial. Comparto plenamente las conclusiones, en todos sus términos. La bancada del Partido Socialista las hace suya y las votará favorablemente.

En lo que se refiere a la identificación de las irregularidades existentes en la Coordinadora Sur de la Digeder, en la Región Metropolitana, y a la remisión de los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que este organismo se pronuncie respecto de estas materias, pero, sobre todo, para que esta corporación también pueda abocarse al estudio de una nueva ley del deporte y de la Digeder que efectivamente enmiende algunos vacíos y situaciones ambiguas que la actual normativa deja en la operación de estas instituciones, tengo la sensación, tal como lo dijimos en su oportunidad, de que la propia constitución de un organismo público encargado de promover el deporte y la recreación en nuestro país tiene vacíos -ajenos a la voluntad de quienes aplican esta normativa legal- que permiten irregularidades o actuaciones que a futuro podrían ser calificadas como tales. Por lo mismo, las sugerencias en el sentido de revisar la ley del deporte revisten gran importancia y en ese sentido quiero poner el mayor énfasis.

En el informe hay proposiciones no muy exhaustivas en la dirección de revisar y completar la actual ley que rige a la Digeder. Particular acento quiero poner en el tema de que las coordinadoras provinciales o regionales debieran tener carácter público; es decir, ser parte de la Administración Pública del Estado y no entidades privadas, como en la actualidad. Tal vez, debieran ser entidades descentralizadas de la propia Digeder.

Por último, deseo entregar una opinión personal, que no obliga necesariamente la de mis colegas de la bancada socialista, sobre la amplitud del rol fiscalizador de la Cámara de Diputados cuando hay recursos fiscales involucrados, traspasados a entidades privadas, tema que también se analizó en la Comisión. Considero que debería ampliarse explícitamente la facultad fiscalizadora de esta Corporación a todos aquellos recursos traspasados desde las arcas fiscales para ser operados por entes privados. Creo que tenemos la responsabilidad de resguardar la buena utilización de los recursos que son de todos los chilenos. Desde este particular punto de vista, incluso soy partidario de que en las disposiciones pertinentes, tanto constitucionales como de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, esta materia debería quedar consagrada en forma explícita.

Reitero que la bancada de Diputados del Partido Socialista apoyará las conclusiones de la Comisión Especial.

He dicho.

El señor RINGELING.-

Señor Presidente, quiero agregar que en cuanto a un inicio de corrupción, asunto que puede ser discutible, lo negativo es crear incentivos para que ello ocurra, como el hecho de que se monopolice una institución, como la Digeder, por un partido de Gobierno de tanta implicancia en política. El Ministro de Defensa y el Director de la Digeder son del Partido Demócrata Cristiano, al igual que doce de los trece coordinadores regionales.

En estos organismos se manejan programas muy directamente relacionados con la comunidad, y los puestos se pueden usar -y se ha hecho- políticamente. Candidatos a Diputados han surgido de la acción que se desarrolla en este campo. Ese sí debe ser un llamado de atención porque, en el fondo, los que estamos aquí concordamos en que este tipo de cargos, que tienen directa relación con las juntas de vecinos y con las organizaciones de base, no deben usarse políticamente.

No he participado en la Comisión, pero sé que existen irregularidades, en algunos casos graves. No digo que hay una corrupción generalizada, pero sí que debemos tener cuidado para no crear incentivos a la corrupción.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, considero inadmisible lo planteado por el Diputado señor Ringeling. Aquí hay un ataque claro a la Democracia Cristiana, porque se ha querido plantear que existe corrupción al interior del partido y de parte de sus personeros, lo cual es absolutamente inaceptable.

El señor RINGELING.-

¡No dije eso!

El señor ELIZALDE.-

Se sostiene que la mayoría de los personeros de la Digeder son democratacristianos. En consecuencia, las irregularidades cometidas por una persona manchan a todo el partido. Eso es algo que no puedo aceptar.

La corrupción en este país no se ha dado solamente ahora. Si hubiésemos podido investigar lo que pasó durante los 17 años, en que la gente de Renovación Nacional manejó los traspasos de las empresas del Estado y se quedó con esas empresas, o el caso de las universidades, cuando se repartieron los institutos del Estado. Como Inacap y otros, habríamos concluido que si hay un partido corrupto es el del señor Ringeling y en ningún caso el Demócrata Cristiano.

No acepto esa imputación porque el informe es absolutamente claro en la parte pertinente y fue aprobado por unanimidad. El Director de Digeder fue quien, sin necesidad de modificar las disposiciones vigentes, exigió que los funcionarios estuviesen sujetos a las normas del Estatuto Administrativo y de la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado. Así lo dice el informe y la Contraloría lo ratifica. En esa medida, lo que se ha tratado de hacer es permitir que la institución supere las irregularidades del pasado.

¿Acaso se olvida el señor Ringeling que durante la campaña parlamentaria pasada los candidatos de su partido dispusieron de todos los recursos del Estado? Se repartían pelotas y se entregaban juegos de camisetas y otros elementos desde las intendencias y alcaldías para que ellos pudiesen ocupar los asientos donde hoy están sentados.

Considero inaceptable lo planteado por el Diputado señor Ringeling. Es preferible que vea su propia casa y a quienes provocaron la corrupción en este país.

He dicho.

El señor BAYO.-

Le recuerdo al Diputado señor Elizalde que en esta Comisión se investigó lo ocurrido entre los años 1987 y 1990 y que las conclusiones están en el informe.

El objetivo principal de esta intervención es aclarar mi posición, como siempre lo he hecho, frente a las aseveraciones del Diputado señor Sota. Siempre he sido consecuente con lo que digo y mi intención no ha sido desvirtuar ni rechazar el informe. Manifesté lo mismo que le dije al Presidente de la Comisión: que iba a hacer presentes en la sala materias relacionadas con la actuación del Director General de Deportes y Recreación. Estoy cumpliendo eso y deseo que quede en claro. Las preguntas que formulé, relacionadas con la llamada "política correctiva" y su diferenciación con una "política sancionadora", figuran en las actas. Fueron hechas directamente por el Diputado que habla, como interrogantes, al Director General de la Digeder. Por tanto, no estoy planteando cosas que no dije en la Comisión.

La demora excesiva en tomar una decisión va, incluso, mucho más allá. No me voy a referir a un documento que todos los miembros de la Comisión saben que existió al interior de la Digeder y que quedó guardado en el escritorio de uno de sus firmantes, pero lo cierto es que los hechos son efectivos.

Nuestra actuación de la Comisión está valorada especialmente, pero también debe ser reconocida la labor del señor Presidente de la Comisión, para quien sólo tengo palabras de elogio, porque dirigió en muy buena forma una Comisión muy difícil. Pero no es tiempo de felicitarnos entre nosotros, porque estamos cumpliendo con nuestra obligación.

Lamentablemente, al efectuar nuestras tareas hemos comprobado que las denuncias formuladas eran reales. Confío en que el criterio hecho presente por el Diputado señor Sota acerca de su predisposición positiva para fiscalizar toda acción que presuntamente no sea transparente se vea reflejado en la aprobación del envío del oficio al Ministro de Defensa. Con gestos como ese, Diputado señor Sota, quedamos tranquilos y cumpliendo nuestra función de fiscalizadores de los servicios públicos.

He dicho.

El señor CORNEJO.-

Señor Presidente, sólo deseo hacer una precisión. El informe que ha conocido la Sala se ajustó a un procedimiento: la redacción del preinforme se entregó a los señores Diputados para que lo conocieran y pudieran hacer llegar las observaciones que les merecía. Después, sobre la base de ese preinforme, en la Comisión se discutió cada uno de sus párrafos y conclusiones. Por lo tanto, no me parece sano, desde el punto de vista de las facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, que cuando existe unanimidad en la Comisión respecto de un texto, con posterioridad se produzcan discrepancias en cuanto al sentido y alcance del mismo, porque eso no contribuye a prestigiar la labor de las Comisiones Investigadora de la Cámara.

He dicho.

El señor COLOMA.-

Señor Presidente, no sé si el Diputado señor Andrés Palma quiere insistir en el procedimiento. Le acabo de explicar, junto con los otros integrantes de la Comisión, que el tema de los bomberos tiene poco que ver con el informe, porque ellos, simplemente, recibieron un aporte. El problema radica en que éste fue mal gestionado, pero no tiene efecto en la actuación del Cuerpo de Bomberos de Melipilla. Por eso, no tiene sentido enviar un oficio que generará más problemas. En consecuencia, le pido al Diputado don Andrés Palma que, por las explicaciones dadas, retire su solicitud de oficio.

El señor BAYO.-

Señor Presidente, con el exclusivo objeto de aclarar mi proposición, debo manifestar que, por lo mismo que aquí se ha dicho, nosotros ni entidad alguna puede fiscalizar a los consejos locales de deportes, función que sólo corresponde a la Digeder. De hecho, tenemos el ejemplo de la Coordinadora Sur, donde una exhaustiva investigación de la Contraloría General de la República permitió obtener los resultados que hoy estamos viendo, los cuales deben transformarse en un nuevo proyecto de ley sobre el deporte y otros asuntos afines. Considerando que el superior jerárquico inmediato del Director General de Deportes y Recreación es el Ministro de Defensa, nuestra proposición es muy sencilla: que él solicite a la Contraloría General de la República una investigación de todas las coordinadoras regionales del país.

He dicho.