Labor Parlamentaria

El señor MOLINA (Presidente).-

En el Orden del Día, corresponde ocuparse, en primer trámite constitucional y segundo trámite reglamentario, del proyecto que establece normas espéciales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria.

Diputado informante de la Comisión de Agricultura es el señor José Antonio Galilea.

-Antecedentes:

-Segundo informe de la Comisión de Agricultura (boletín N° 978-01), sesión 5B, en 5 de octubre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N° 5).

El señor MELERO.-

Señor Presidente, nos encontramos abocados al conocimiento del segundo informe de la Comisión de Agricultura respecto del proyecto que establece normas especiales para la enajenación de los bienes comunes provenientes de la Reforma Agraria.

En este segundo trámite, la Comisión contó con la asesoría de los señores Francisco Zúñiga y Mario Bravo, del Ministerio de Agricultura.

No fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los artículos 2°, 3°, 4°, 5° y 8°.

No hay artículos calificados como normas de carácter orgánico constitucional o de quorum calificado, como tampoco suprimidos o modificados, ni se han introducido nuevos artículos.

Fue rechazada una indicación al artículo 1° de los Diputados señores Sergio Jara y Peña, que tenía por objeto incorporar el concepto "económicos" a los ya consignados en el precepto.

De igual forma, fueron rechazadas las indicaciones al artículo 6°, del Diputado señor Sergio Jara, y al artículo 7°, de los Diputados señores Coloma, Chadwick y otros, las cuales no creo necesario detallar por estar consignadas en el informe.

La Comisión declaró inadmisibles algunas indicaciones de varios señores Diputados que postulaban que la Corporación Nacional Forestal, en su calidad de corporación de derecho privado, estuviera obligada a convocar a concursos nacionales campesinos por lo menos una vez al año, con el fin de seleccionar en las enajenaciones a título gratuito, proyectos relevantes para la utilización de los inmuebles en el desarrollo forestal y turístico, como también otras que facultaban al Tesorero General de la República para otorgar facilidades, incluyendo la condonación total o parcial de los reajustes e intereses de las deudas Cora.

A modo de ilustración, es bueno que los señores Diputados sepan que el proyecto, además de lo relativo a la enajenación de los bienes comunes, en su articulado también se hace cargo de una materia distinta: las deudas Cora. Como se sabe, en el día de ayer ingresó a la Cámara un proyecto que propone la condonación de esas deudas. Por consiguiente, lo que consigna el artículo 9a, que faculta a los tesoreros para renegociar estas deudas, de alguna manera se complementará con ese otro proyecto. Las indicaciones presentadas por distintos señores Diputados, tanto para el tema de la condonación como para conferir mayores facultades al Tesorero General de la República, fueron declaradas inadmisibles, en razón de que la Comisión estimó que ésa era facultad de Su Excelencia el Presidente de la República.

En mérito de lo expuesto, sometemos a la consideración de la Sala el segundo informe de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo sobre el proyecto que establece las normas especiales de procedimiento para que estos bienes comunes sean enajenados a través de los tribunales y las normas de liquidación de las comunidades que allí se establecen.

He dicho.

El señor NARANJO.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada del Partido Socialista, expreso que aprobaremos este proyecto, ya que recoge de manera bastante sustantiva la idea que esbocé hace algún tiempo a través de un proyecto de acuerdo, que fue respaldado por todas las bancadas y que posteriormente el Ejecutivo estimó conveniente transformarlo en proyecto de ley.

El proyecto apunta a las ideas sustentadas en ese proyecto de acuerdo, en cuanto a regularizar una situación en el sector rural, que impide que diversos grupos sociales, como los allegados y los clubes deportivos, puedan acogerse al beneficio, por cuanto hoy están ocupando esos terrenos, que la actual legislación impide que sean enajenados a ese tipo de personas.

Reitero que aprobaremos el proyecto en su totalidad.

He dicho.

El señor RODRIGUEZ (don Hugo).-

Señor Presidente, los miembros de la Comisión de Agricultura vemos con mucha satisfacción la aprobación de este proyecto, por cuanto soluciona una real necesidad que existe en el campo: la división más adecuada de los bienes comunes. Beneficiará, en particular, a los clubes deportivos que ocupan las canchas de fútbol, las cuales también son utilizadas como oficinas de juntas de vecinos y como viviendas de los hijos de los parceleros.

Por lo tanto, la bancada democratacristiana votará favorablemente, con mucho agrado, el proyecto.

He dicho.

El señor ALVAREZ-SALAMANCA.-

Señor Presidente, en el mismo sentido en que han intervenido los señores Diputados de las otras bancadas, Renovación Nacional también apoyará este proyecto, porque soluciona efectivamente un problema que viene arrastrándose por muchísimos años, desde los tiempos de la Reforma Agraria: los bienes comunes que quedaron como tierra de nadie y que al sanearse en forma definitiva pasarán a pertenecer a clubes deportivos, juntas de vecinos, instituciones religiosas, etcétera. Por lo tanto, apoyaremos totalmente el proyecto.

He dicho.

El señor LONGUEIRA.-

Señor Presidente, con el fin de perfeccionar el proyecto, dado el interés que el artículo 7a genera en los clubes deportivos, solicito la unanimidad de la Sala para intercalar en la última frase que dice: "Sólo podrán ser enajenadas para fines deportivos", la frase "donadas y/o ", pues hay muchas canchas de fútbol que, estando en los bienes comunes de la reforma agraria, serán donadas a los clubes por los parceleros.

Entonces, la frase quedaría así: "sólo podrán ser donadas y/o enajenadas para fines deportivos", porque, de lo contrario, se entiende como obligatoria la venta, en circunstancias de que muchos clubes tratarán de obtener, de alguna forma, que el traspaso de bienes comunes sea en forma gratuita. Creo que esto perfecciona el artículo.

He dicho.

El señor MOLINA (Presidente).-

Corresponde tratar, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica el artículo 27 de la ley N° 16.468, relativo al nombramiento como detectives de los aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales.

Diputado informante de la Comisión de Hacienda es el señor José García, y de la Defensa Nacional, el señor Hosain Sabag.

Antecedentes:

Mensaje del Ejecutivo (boletín N° 1076-02), sesión 31°, en 31 de agosto de 1993 (Documentos de la Cuenta, N° 2).

- Informes de las Comisiones de Defensa y de Hacienda, sesión 4a., en 5 de octubre de 1993 (Documentos de la Cuenta, N°s. 7 y 8).

El señor GARCIA (don José).-

Señor Presidente, en nombre de la Comisión de Hacienda, paso a informar el proyecto de ley que modifica el artículo 27 de la ley N2 16.468, relativo al nombramiento como detectives de los aspirantes de la Escuela de Investigaciones Policiales.

El objetivo de la iniciativa es incrementar la actual dotación de oficiales policiales en aproximadamente 470 detectives, correspondiendo el nombramiento de 235 este año y de igual número de oficiales en 1994. Esta finalidad se logra adelantando el nombramiento de aquellos aspirantes a detectives con cuatro semestres académicos aprobados, los cuales completarán su formación de seis semestres con un plan de perfeccionamiento en servicio organizado por la Escuela, debiendo obtener el título de investigador policial.

El informe financiero remitido por la Dirección de Presupuestos estima que el costo directo de anticipar el nombramiento como detectives de estos aspirantes, por la cantidad de meses en que se anticipa su egreso, es de 37.700.000 pesos mensuales.

La Comisión de Defensa Nacional dispuso que la de Hacienda tomara conocimiento del artículo único del proyecto aprobado por ella.

En relación con la discusión particular, cabe hacer presente lo siguiente:

Por el artículo único se reemplaza el artículo 27 de la ley N2 16.468, precisándose que el curso regular de instrucción para los aspirantes a detectives de la Escuela de Investigaciones Policiales será de seis semestres académicos. Además, se faculta al Presidente de la República para que, en las condiciones que se señalan, pueda nombrar como detectives a los aspirantes que hayan aprobado cuatro semestres académicos.

El Ejecutivo formuló indicación para agregar el siguiente artículo transitorio, relacionado con la fuente de financia- miento del proyecto:

"Artículo transitorio.- El mayor gasto que pudiera irrogar el ejercicio de la facultad otorgada en la presente ley se financiará con los recursos contemplados en el presupuesto de la Subsecretaría de Investigaciones."

Puesto en votación el artículo único y el transitorio, fueron aprobados en forma unánime.

Por lo tanto, la Comisión de Hacienda de la Cámara recomienda la aprobación íntegra del proyecto en los términos que he señalado.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, el proyecto de ley que nos preocupa tiene origen en un mensaje del Presidente de la República en el cual se hace presente que, de acuerdo con el artículo 27 de la ley N2 16.468, el curso regular de instrucción de los aspirantes a detectives es de tres períodos escolares anuales, con un plazo de sesenta días de vacaciones entre cada uno de ellos.

La actual situación de inseguridad ciudadana y la necesidad de atender el delicado problema de proteger a la ciudadanía, exige contar con mayor cantidad de oficiales policiales en servicio, y para lo cual es preciso facultar al Presidente de la República para adelantar la graduación de los aspirantes como oficiales detectives, salvaguardando la debida calidad de su formación.

En la actualidad, la planta alcanza a 3.444 oficiales detectives, y se encuentran ocupadas solamente 2.519 plazas, por lo cual hay 925 vacantes que se podrán llenar en caso de que facultemos al Presidente de la República para el egreso anticipado de los aspirantes.

En este sentido, la aprobación de este proyecto permitirá contar con una mayor dotación, casi de inmediato, de 470 oficiales detectives, al adelantarse para el l2 de noviembre del presente año la graduación de 235 aspirantes, y para el l2 de enero de 1994, la de otros 235 aspirantes que se encuentran estudiando en la Escuela de Investigaciones Policiales.

Durante la discusión particular del proyecto, el Diputado señor Prokurica manifestó su preocupación acerca de la insuficiente preparación que tendría este personal al acortarse los períodos académicos en un año; pero el Director General de Investigaciones señaló que no había problemas en este sentido y tranquilizó a la ciudadanía, por intermedio de los parlamentarios, informando que se han racionalizado los programas de estudio de la Escuela. Además, una vez promovido este personal, deberá cumplir con una práctica profesional que se llevará a cabo mediante un sistema de tutoría.

El proyecto propone que en casos excepcionales como el actual, y mediante decreto supremo fundado del Presidente de la República, con la firma de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Hacienda, se podrá nombrar detectives a los aspirantes que hayan aprobado cuatro semestres académicos en vez de los seis. Los dos semestres de estudios académicos que faltarán a estos oficiales se completarán mediante un plan de perfeccionamiento en servicio activo, organizado y bajo la tutoría de la Dirección de la Escuela de Investigaciones Policiales.

Atendidas las razones del Ejecutivo y la necesidad de aumentar la seguridad ciudadana, este proyecto fue aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa, la que recomienda a la Sala su aprobación.

He dicho.

El señor PALESTRO.-

Señor Presidente, este proyecto, que parece obvio y sencillo, e incluso, de Fácil Despacho, tiene un ambiente favorable a su despacho inmediato, por unanimidad, sin modificaciones y sin mayores intervenciones de los señores Diputados.

La iniciativa, en cierta manera, viene a llenar baches que se expresan en el reclamo prácticamente total de la ciudadanía respecto de la falta de seguridad para las personas y sus bienes. Al mismo tiempo, viene a solucionar, en parte, la carencia de personal policial de Investigaciones, institución a la cual se le brinda mejores condiciones al agregar a su planta estos centenares de aspirantes a detectives.

Creo que es un buen proyecto, y ojalá sirva para atender ese reclamo general manifestado en las encuestas que se realizan en Chile, entre ellas las que se refieren a los problemas de la salud y de la inseguridad pública. Este último aspecto ha ocupado un lugar prominente en las últimas encuestas, por cuanto la inseguridad -hay que reconocerlo- existe no sólo en los sectores populares, sino también en los de alto nivel económico y social, como es el caso del barrio alto, donde ha habido una serie de asaltos, lo qué ha producido inquietud general.

Este proyecto es bueno y no es necesario extenderse en otras consideraciones. Por lo tanto, lo votaré favorablemente.

He dicho.

El señor BOMBAL.-

Señor Presidente, concuerdo con que la iniciativa es importante, pero soy bastante contrario a que estas promociones policiales, tanto de Carabineros como de Investigaciones, se anticipen, porque esa circunstancia podría traer aparejados riesgos de inseguridad muy grandes.

En el último tiempo, se han producido serios incidentes entre las fuerzas policiales, que han causado alarma y preocupación. Esta misma Cámara ha debatido la posible coordinación que debiera ejercer el Ministerio de Defensa o el del Interior respecto de dichos servicios, pero ambos siguen excusándose sobre el problema.

Ahora agregamos un nuevo ingrediente como es enviar a la vía pública, para el debido resguardo de la ciudadanía, aspirantes a detectives que no han completado sus estudios. Dejo constancia de que, no obstante entender el sentido de la iniciativa, me parece riesgoso aprobarla. Se dijo en la Comisión que los integrantes de estos cursos perfectamente podrían cumplir funciones con posterioridad. Si es así, el señor Director General de Investigaciones deberá asumir su responsabilidad.

Por otra parte, resulta inquietante que se plantee que, en situaciones debidamente calificadas, se puede facultar al Presidente de la República para hacer extensiva esta medida en otro período que no sea el de inseguridad ciudadana que enfrentamos ahora, pues ella nos podría llevar, yendo más allá de la prudencia con que se debe aplicar esta norma, a que vayamos incorporando al servicio activo, en cualquier momento, nuevas promociones de policías de Investigaciones. Si esa facultad se usa indiscriminada o imprudentemente, pienso que podría acarrear más de algún problema respecto de la otra policía o de un adecuado equilibrio que debe tener la función de resguardo de la seguridad ciudadana.

El proyecto, de alguna forma, refleja la insuficiencia que existe en la función policial. Yo pregunto si no sería más oportuno y atinado racionalizar todavía más estos servicios, dado que se advierte, con bastante frecuencia que en muchas dependencias o departamentos del servicio se desarrollan labores administrativas por personal debidamente entrenado para desempeñar la función de seguridad en la vía pública. No sé si se han hecho todos los ajustes y racionalizaciones del caso para que ese personal, incluso de rango superior, pudiera ser reemplazado por estos estudiantes, en vez de lanzar a la calle a jóvenes sin el adecuado entrenamiento para cumplir la delicadísima labor del resguardo público.

Tengo estas inquietudes, de las cuales dejo constancia al debatirse este importante proyecto, porque, por una parte, se quiere resguardar a la ciudadanía y, por otra, no está claro que el hecho de promover a jóvenes sin la debida preparación contribuya realmente al resguardo ciudadano. Incluso, repito, podrían generarse más problemas de los que se han visto entre funcionarios calificados, quienes han protagonizado episodios bastante lamentables en la vía pública, y esto, de alguna forma, podría agudizarlos.

Creo que el Jefe del Estado asume una gran responsabilidad sobre la materia, como asimismo el señor Director General de la Policía de Investigaciones al entregar promociones sin el entrenamiento correspondiente. Incluso ya se conocen ciertos episodios protagonizados por algunos funcionarios de Carabineros sin entrenamiento suficiente. Recordemos que fue el Congreso Nacional el que permitió que este personal saliera a trabajar antes de que se completara su formación. Hay precedentes bastante claros en una y en otra policía, y, por lo mismo, ése es el gran riesgo que advierto en este proyecto.

He dicho.

El señor YUNGE.-

Señor Presidente, en nombre de la bancada democratacristiana, anuncio nuestro respaldo más decidido a esta iniciativa.

Hace algún tiempo solicitamos al Gobierno, a través de un oficio, el pronto envío de este importante proyecto, y ahora comprobamos con satisfacción que la "suma urgencia" permitirá despacharlo en esta oportunidad.

En primer lugar, hay que recordar y recalcar el apoyo presupuestario extraordinario que el actual Gobierno ha entregado a las instituciones policiales civil y uniformada de Carabineros, lo que ha permitido dotarlas de equipamiento e infraestructura y contratar nuevo personal para responder a los desafíos de garantizar la seguridad ciudadana en nuestro país. Los estudios y las estadísticas demuestran que ha existido un efectivo y positivo impacto en la materia, y que, si bien subsisten focos que requieren aumentar la preocupación de nuestra sociedad y de las instituciones del Estado en relación con este problema, es importante reafirmar que la situación se encuentra bajo control, ya que el Gobierno ha asumido crecientemente las medidas necesarias para enfrentarla.

En algunos momentos, al observar el tratamiento que sobre el tema hacen algunos medios de comunicación, pareciera que estuviéramos viviendo en un país sin ley, donde la violencia y la delincuencia se enseñorean en las ciudades y en los campos. Parece que detrás de esa interpretación torcida e interesada existe una intencionalidad política que debemos dejar en descubierto.

Estimo que las palabras de nuestro colega Bombal son extraordinariamente injustas. En ocasiones anteriores lo hemos escuchado reivindicar la importancia de fortalecer la acción policial, y ahora, junto con reconocer lo positivo del proyecto, insiste en criticar algunos aspectos. En definitiva, asume la actitud de dar palos porque se boga y palos porque no se boga. Además, él debiera recordar que su compañero de partido, el alcalde de Las Condes, hace algún tiempo, impulsó un proyecto para organizar guardias-priva- dos vinculados a la labor de esa municipalidad, que es la manera más concreta de abrir la posibilidad de que personas no preparadas desempeñen una acción que reviste cierta connotación policial. Por lo tanto, el colega debería hacer extensiva esta crítica al referido alcalde.

Por otra parte, deseo expresar un reconocimiento al esfuerzo de la Policía de Investigaciones por optimizar el uso de sus escasos recursos humanos en la lucha contra la delincuencia.

Los aspirantes de que trata el proyecto han recibido la educación y la preparación técnica pertinentes, a través de un currículo concentrado y en tiempo menor, lo cual garantiza que puedan desarrollar una adecuada labor profesional. Por lo demás, la dirección superior de la Policía de Investigaciones nos informó que esa promoción permitirá el reemplazo de policías más antiguos y con experiencia que hoy efectúan tareas administrativas en las unidades policiales, y la consecuente participación de mayor personal en el trabajo operativo.

A través de un oficio, también hice presente a las autoridades de Gobierno la necesidad de impulsar un proyecto que permita conformar definitivamente en la Policía de Investigaciones una planta de funcionarios que trabajen en actividades netamente administrativas, a fin de liberar al personal policial profesional y destinarlo a acciones contra el delito de las calles.

Estoy seguro de que la prudencia y la responsabilidad, tanto de las autoridades de Gobierno como de la Policía de Investigaciones están garantizadas y que las reservas y dudas del Diputado señor Bombal están absolutamente de más. Este Gobierno ha actuado con prudencia y sus autoridades son responsables de sus actos, de manera que no es necesario reivindicar el cumplimiento de la ley, pues la labor que realiza demuestra una experiencia concreta en ese sentido.

Señor Presidente, termino destacando la importancia del proyecto en cuanto al esfuerzo del Supremo Gobierno por garantizar la tranquilidad del país y la seguridad ciudadana.

He dicho.

El señor MANTEROLA.-

Señor Presidente, la bancada del Partido por la Democracia también votará favorablemente este proyecto de ley.

El Gobierno ha realizado diversas acciones destinadas a mejorar las condiciones de seguridad de la ciudadanía. Esta iniciativa viene a complementar una acción en ese sentido. Antes se aumentó significativamente la dotación de Carabineros; hoy se busca incrementar la de oficiales de Investigaciones. Hay varios otros proyectos y acciones destinados a mejorar las condiciones de seguridad para la ciudadanía; pero no cabe duda de que el Gobierno ha enfrentado el tema con diligencia para acrecentar paulatinamente los niveles de seguridad.

Por eso, apoyaremos franca y categóricamente la iniciativa, teniendo presente que no es posible hablar de seguridad ciudadana y al mismo tiempo poner trabas a todas aquellas gestiones, actividades o proyectos que tienden efectivamente a caminar en pos de esa realidad.

He dicho.

El señor PROKURICA.-

Señor Presidente, en este proyecto hay tres temas que nos llaman la atención.

En primer lugar, el hecho de compartir -como lo hace todo el país- el criterio de que el problema de la seguridad, que ha recrudecido en el último tiempo, es una de las principales falencias de este Gobierno. Por lo tanto, compartimos la medida en el sentido de sacar a la calle la mayor cantidad de personal de investigaciones, con el fin de trabajar y hacer esfuerzos en cuanto a la represión del delito.

En la Comisión manifestamos nuestra preocupación sobre el tema, porque los problemas que por diversas razones han tenido las fuerzas de seguridad pública no son un secreto para nadie. Y si esos problemas existen hoy, aun cuando los actuales funcionarios de Investigaciones han cumplido todos sus cursos, obviamente llama la atención y preocupa la eliminación de algunos cursos y que estos nuevos oficiales puedan salir a la calle é incluso usar armas.

Ese tema, en alguna medida, quedó despejado en la Comisión como consecuencia de la explicación que diera al respecto el señor Director de Investigaciones en el transcurso de la tramitación del proyecto.

También hicimos presente nuestra inquietud en cuanto a que la solución que plantea el inciso segundo del nuevo artículo 27 es definitiva para un problema coyuntural, en el sentido de que le entrega al Presidente de la República una alternativa que podrá hacerla efectiva de aquí en adelante, cuando lo estime conveniente. Nosotros pensamos que ésta no es la forma de solucionar esa situación y que la atribución al Presidente de la República debe ser por una sola vez. Por eso, presentamos una indicación y vamos a renovarla.

Junto con anunciar que votaremos a favor del proyecto, por su intermedio, señor Presidente, concedo una interrupción al Diputado señor Vilches.

El señor VILCHES.-

Señor Presidente, en esta oportunidad quiero resaltar la importancia de este proyecto, porque, como es sabido y se ha explicado latamente en esta Sala, el problema de seguridad que vive el país es altamente preocupante y es uno de los temas que más inquieta a la ciudadanía.

Pero también deseo destacar la trascendencia de la facultad que se otorga al Jefe del Estado para nombrar detectives a aspirantes que hayan aprobado cuatro semestres académicos, en razón de que la Policía de Investigaciones realiza todas las diligencias que los tribunales de justicia le solicitan. Esto parece muy obvio, pero funcionarios de Investigaciones de Copiapó, de la Región de Atacama, me han señalado la enorme cantidad de diligencias pendientes por falta de personal. Por ello, quiero dejar establecida su solicitud para la historia fidedigna de la ley, porque es legítimo decir en esta Sala que su preocupación es cumplir su cometido en la mejor forma posible.

He formulado mis observaciones en estos términos para señalar la relevancia de este proyecto, el cual votaré favorablemente.

He dicho.

El señor ESCALONA.-

Señor Presidente, en esta Cámara represento a un distrito conformado por tres comunas, una de las cuales, El Bosque -la más importante y de mayor densidad poblacional- no cuenta con Servicio de Investigaciones, por lo cual depende del existente en otra comuna, incluso en otra provincia, como es San Bernardo, capital de la provincia de Maipo.

Esta situación provoca serias dificultades en la seguridad ciudadana, entre otros aspectos por la debilidad del Servicio de Investigaciones en ese sector. Por eso, un mínimo vistazo a la situación de ese popular distrito de la Región Metropolitana nos hace ser partidarios de la aprobación de este proyecto. Es decir, un mínimo sentido común nos aconseja crear las posibilidades para ampliar la dotación de oficiales policiales para enfrentar el problema de la ausencia de estos servicios en la comuna de El Bosque, en particular, o el fortalecimiento de los mismos en las otras comunas del mencionado distrito.

Sin embargo, también es útil ir un poco más a fondo, dado que aquí se ha suscitado un debate sobre la materia. Es efectivo que existe una situación delicada en la Policía de Investigaciones, como resultado de un largo período de desatención y de una política de seguridad del régimen militar, que entregó las funciones propias de la policía civil a los organismos de seguridad, lo que llevó a algunos excesos cometidos por la Dina y por otros organismos de triste recuerdo, como la Central Nacional de Informaciones.

El servicio de la policía civil fue virtualmente desmantelado en parte de sus funciones esenciales, en especial, la de tener una dislocación territorial que le permita ser un instrumento eficaz y decisivo en la lucha contra la delincuencia. De manera que la opción del régimen anterior, de entregarles las funciones policiales a los organismos de seguridad, es la razón de fondo que explica hoy las serias dificultades que enfrenta la Policía de Investigaciones para cumplir con su deber y, en particular, contar con la cantidad de oficiales necesarios.

Es importante señalar que, entre otras causas, esa desatención obedece a algunos fenómenos nuevos que vive la sociedad moderna, los cuales afectan a países con poco desarrollo o con desarrollo medio, para algunos, pero también a países altamente desarrollados, como es el narcotráfico.

Existen evidencias de que la Superioridad de Investigaciones ha debido enfrentar ese fenómeno en ese período llamando a retiro de una cantidad importante de oficiales. Hay que decir con toda responsabilidad que se trata de una situación que ha tenido repercusiones en nuestro país y que ha afectado no sólo a oficiales de menor graduación, sino también a altos oficiales de la policía civil, quienes han debido enfrentar procesos judiciales por esa razón.

En la situación actual, hay problemas de fondo que aconsejan adoptar medidas que permitan ampliar la dotación de oficiales de los servicios de la policía civil. Por ello, estamos dispuestos a atender la prevención en cuanto a que la facultad que se otorga al Presidente de la República no sea permanente sino transitoria, a fin de evitar que se utilice en forma indiscriminada, como lo propone la indicación del Diputado señor Prokurica, siempre y cuando se conceda por un lapso superior al de una promoción de detectives, ya que, de acuerdo con las cifras, todo indica que el actual déficit de personal, cercano a un millar de oficiales de la policía civil, no puede resolverse con la utilización de esta atribución por una sola vez. Por lo tanto, estaríamos dispuestos a considerar alguna proposición en el sentido de que el Presidente pueda usar esta facultad en dos o tres oportunidades, lo que implica adecuar la indicación en términos de que permita resolver este problema de manera oportuna y correcta.

He dicho.

El señor CARDEMIL.-

Señor Presidente, en relación con la inquietud que manifestó el Diputado señor Bombal sobre la insuficiente preparación de este personal, el Director General de Investigaciones informó que se había hecho una racionalización de los programas de estudio de la Escuela y que se había optado por dejar únicamente aquellos ramos estimados indispensables para la formación de un detective, quedando excluidos aquellos que forman parte de los cursos de perfeccionamiento que se imparten para inspectores u oficiales policiales graduados. Agregó algo muy importante, destacado por el Diputado señor Navarrete, que es clave: el plan de perfeccionamiento en servicio que debería cumplir el personal que se promueva y que le servirá de práctica profesional se llevará a cabo mediante un sistema de tutoría, en virtud del cual el aspirante se convierte en un verdadero ayudante de un policía calificado y experimentado, que lo guía durante un año. Es decir, existe la completa seguridad de que esta promoción cumplirá eficientemente el papel que le corresponde a un detective graduado con todos los cursos correspondientes.

Señor Presidente, por su intermedio le concedo una interrupción al Diputado señor Elizalde.

He dicho.

El señor ELIZALDE.-

Señor Presidente, hemos concurrido a la aprobación de este proyecto en el entendido de que hay una cantidad bastante elevada de vacantes en Investigaciones, ascendente a 925, la cual es absolutamente necesaria llenar a la brevedad posible.

El proyecto no involucra gastos y se financia con recursos propios del presupuesto de la Subsecretaría de Investigaciones.

Cabe mencionar que antes de modificarse la ley, este curso era de sólo dos períodos anuales, eventualmente cuatro semestres. El personal de esta promoción tendrá, primero, la capacitación necesaria debidamente calificada por la misma institución y, segundo, completará su preparación trabajando, ya que, designados como detectives, contarán con la asesoría de personal altamente calificado y con vasta experiencia. De manera que eso implica un avance sustantivo.

Algunos señores parlamentarios han planteado las dificultades que enfrentan los vecinos al no haber policía de Investigaciones en cada una de las comunas. La situación descrita por el colega Escalona también la vivo en algunas de las comunas del distrito que represento. Sin embargo, comparto el criterio de Carabineros, en el sentido de que para atender la seguridad ciudadana no se requiere la existencia física de un cuartel de Investigaciones, de un retén de Carabineros o de una tenencia, sino utilizar debidamente las comunicaciones. En reuniones con diferentes sectores vecinales respecto del tema, se ha concluido que la experiencia de la utilización del teléfono 133, en mi zona, con el cual se llama a Carabineros, ha demostrado que la efectividad policial se ha incrementado enormemente. Se calcula que Carabineros llega entre tres y cinco minutos después del llamado.

Cuando se mantiene exceso de personal en labores administrativas y en los diferentes recintos policiales una parte sustantiva de la dotación, nunca inferior a un tercio, permanece en las Oficinas, eso implica dejar las calles abiertas a la delincuencia, con poca presencia policial.

En ese sentido, le pido al Ejecutivo y a la Dirección de Investigaciones que realicen un esfuerzo para que, al igual como se hizo en Carabineros, se impartan cursos con el objeto de que las 925 vacantes que hoy existen puedan ser llenadas a la brevedad posible. Además, para entregar los elementos más sofisticados en comunicaciones, a fin de permitir que los policías estén en la calle, porque siempre será más importante la prevención que el combate del delito.

Votaré favorablemente el proyecto, habida consideración del informe entregado por el Director de Investigaciones, quien nos ha garantizado que el personal está suficientemente calificado para incorporarse de inmediato a las tareas de prevención y combate de la delincuencia.

He dicho.

El señor ULLOA.-

Señor Presidente, el proyecto en estudio contiene una solución de parche para un problema evidente, a pesar de la enorme gala de fanatismo gobiernista que hizo el Diputado Yunge al desconocer lo que está ocurriendo en las poblaciones y en todo el país, y señalar que la prensa es la culpable por hacer presentes estos hechos, ya que, a su juicio, no hay problema.

El señor YUNGE.-

¡No dije eso! ¡Esa es la caricatura que hacen ustedes!

El señor ULLOA.-

Él ha sostenido que existe una utilización política del fenómeno de la delincuencia. Pero el proyecto en cuestión no es más que el reconocimiento de que se requiere mayor dotación policial, porque, sin duda alguna, el problema no sólo existe, sino que se ha agravado en forma permanente durante este Gobierno.

Más allá de esa apreciación, lo importante es destacar que el proyecto tiene un grado de utilidad, pero que sería útil e importante determinar la transitoriedad de una facultad excepcional. Con todo, esta iniciativa contará con nuestra aprobación.

He dicho.

El señor ORTIZ.-

Señor Presidente, una vez más debo contestarle a mi amigo el Diputado de la UDI señor Jorge Ulloa.

El jefe de la bancada democratacristiana, que es nuestro representante, fue muy claro, al recordar que el Gobierno encabezado por el Presidente Patricio Aylwin es de todos los chilenos y que uno de los temas pendientes del régimen anterior era el de la seguridad. Frente a esa situación, había que reforzar en dotación y en materiales a Carabineros de Chile y a Investigaciones. Dentro de ese contexto está inserto el proyecto en estudio.

Como profesor, estimo necesario analizar cuál era la formación de los anteriores aspirantes a detectives. Duraba cuatro semestres, es decir, dos años, y ahora se cambia a tres. Pero no olvidemos que dentro de un programa, en este caso de los contenidos de materias, el año que se aumentó es principalmente de práctica en todo lo que significa la preparación en situaciones especiales de Investigaciones.

Votaré favorablemente el proyecto porque está dentro de la línea de aumentar la dotación de Investigaciones y de hacer posible que todo chileno se sienta absolutamente resguardado en sus derechos ciudadanos.

He dicho.

La señora PROCHELLE.-

Señor Presidente, deseo referirme a la formación de los aspirantes a detectives.

En verdad, el proyecto soluciona transitoriamente la necesidad de la ciudadanía de contar con más policías en la calle. Pero quiero abundar en un aspecto que dice relación con la dignidad del detective. Los aspirantes reciben su preparación en un caserón no apropiado y duermen en piezas de 4 o 5 literas. Entonces, su formación no es realmente la adecuada, y quizás eso influye en la crítica periódica al accionar de algunos detectives en la calle.

Me habría gustado que el señor Ministro de Defensa hubiera escuchado los planteamientos hechos esta mañana. Es conveniente que el Ejecutivo asuma que ésta es la única escuela donde la formación de los aspirantes a detectives se produce de la manera señalada, y creo que es un deber enmendar esa situación en el futuro próximo. Sin lugar a dudas, es una cuestión que atañe a la dignidad de este personal. Por lo tanto, cuando salen a la calle, no siempre podemos exigirle más allá de lo que corresponde a su formación.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, no cabe duda de que el proyecto está enmarcado en la lucha del Supremo Gobierno por la Seguridad ciudadana. Es bueno señalar que cuando asumió el Gobierno, en 1990, las fuerzas policiales, tanto de Carabineros como de Investigaciones, estaban desmembradas, a tal punto que en 17 años Carabineros no. había incrementado su dotación ni siquiera en un miembro. Sin embargo, en estos casi cuatro años de gobierno, se ha aumentado su personal en 6.400 Carabineros y además estamos preocupados de entregarles la infraestructura necesaria para combatir con eficacia la delincuencia.

En Investigaciones hay más de 900 vacantes que no se pueden llenar porque los aspirantes a detectives deben cumplir cursos de seis semestres después de la dictación de la ley N° 18.055. Antiguamente, estaban en condiciones de salir a la calle luego de un curso de sólo cuatro semestres. Existe urgencia de que estos policías salgan a la calle. En el fondo, ya están ejerciendo su función, pero no se les puede pagar hasta que se apruebe el proyecto de ley que estamos discutiendo.

La aprobación de esta iniciativa es altamente conveniente, pues permitirá que a contar del 1° de noviembre de este año egresen 235 nuevos oficiales. Como lo señalaron el Diputado señor Cardemil y otros colegas, ellos siempre irán acompañados por un detective experimentado, lo cual da plena seguridad de su correcto desempeño. Además, debo mencionar que los dos semestres faltantes sólo son de perfeccionamiento, experiencia que adquirirán en el desempeño de sus funciones.

El proyecto otorga una facultad que, si bien tiene carácter permanente, será usada por el Presidente de la República sólo en casos calificados, y uno de los cuales se produce en este momento, porque hay presupuesto institucional, las vacantes están disponibles y los funcionarios se encuentran capacitados para llenarlas y salir a la calle a luchar contra la delincuencia, que es la mayor preocupación de la ciudadanía y, evidentemente, del Ejecutivo y de todos los parlamentarios.

He dicho.

El señor LEBLANC.-

Señor Presidente, el proyecto apunta a dejar las cosas en su lugar respecto de un servicio que ha estado postergado por años, no tan sólo en la asignación de medios y recursos -tanto financieros como económicos y humanos-, sino también en cuanto al rol fundamental que debe cumplir en la sociedad chilena.

Quizás porque el concepto de la seguridad era distinto en años anteriores, quizás porque era sinónimo de represión y de persecución política, no hubo una preocupación preferente para dotar de recursos a este importante servicio del Estado. Así, por ejemplo, la mayoría de los fondos que se destinaban en aras de la tal seguridad que menciono, inclusive recursos secretos, nunca fueron desviados a una institución permanente del Estado, que tiene un rol tan trascendente que cumplir en nuestra sociedad.

Durante el gobierno anterior, aparte de no aumentarse las plantas de Investigaciones de Chile en forma pertinente y conveniente, se les dejó de pagar el 15 por ciento de asignación por especialidad a los funcionarios, coartando con ello sus legítimas aspiraciones a una carrera y al indispensable perfeccionamiento que debe tener un personal especializado.

A modo de ejemplo, puedo informar, en primer lugar, que hasta hace un año, en la fronteriza provincia de Arica, con 180 mil habitantes, que debe ser la verdadera barrera de contención del problema de la droga en Chile, la Brigada de Narcóticos de la Prefectura de Investigaciones contaba sólo con cinco funcionarios para combatir el flagelo que tanta discusión ha provocado en el país, en especial en la Cámara de Diputados. Es inconcebible creer que con cinco funcionarios se pueda trabajar en forma eficaz en la lucha contra el narcotráfico. En segundo término, para efectuar sus diligencias estos funcionarios contaban con un vehículo, que permaneció fuera de servicio durante varios meses, porque la institución carecía de los recursos para repararlo. En tercer lugar, la Oficina de la Brigada de Narcóticos de la Prefectura de Arica ni siquiera tenía escritorio para su jefe; y, por último, los informes que redactaban los oficiales sobre los casos que estaban investigando debían elaborarlos en papel comprado con sus propios recursos.

Esa es la situación en que encontró este Gobierno al Servicio de Investigaciones. Las vacantes no se han llenado no por capricho o porque el Director no haya dado las instrucciones pertinentes. Hay que considerar que existe un período de formación ineludible antes de llenar las vacantes. En otras palabras, todo el avance experimentado por la metodología de la educación establece que el método de las tutorías no es sólo confiable, sino un excelente recurso que garantiza la formación del educando.

Del mismo modo, la formación teórico-práctica está garantizada como el mecanismo de mayor eficacia para el aprendizaje; aprender haciendo no se reduce a una frase más, sino que es un concepto con contenido metodológico. Lo importante es que toda esta iniciativa siga efectuándose en función de desterrar, de una vez por todas, las pequeñas señales de corrupción que podrían quedar, lo que significa que las tutorías deberán estar a cargo de funcionarios probos e idóneos. Pruebas de ello ha dado el Servicio de Investigaciones en los últimos años, durante los cuales ha venido resolviendo en forma muy eficiente el problema que, por desgracia, también afectó a la Policía de Investigaciones, producto de la descomposición, de la falta de preocupación por la entidad, de la poca asignación de recursos, de que el Estado y el gobierno de tumo no asumió la responsabilidad que le correspondía en cuanto a proporcionar los medios necesarios para una institución tan preponderante en nuestra vida nacional.

Por ello, con mucho agrado, concurriré con mi voto favorable a la aprobación del proyecto, que no es transitorio porque da solución efectiva al problema. Ya sea mediante una nueva planta u otorgándole los medios y los recursos que tanto necesita -considerados ya en el proyecto de Ley de Presupuestos de este año- se formará adecuadamente a los oficiales de Investigaciones y se logrará que exista un procedimiento normal en el interior del servicio.

He dicho.

El señor ROCHA.-

Señor Presidente, sin duda el proyecto en discusión constituye la respuesta del Gobierno a la preocupación ciudadana por el aumento de la delincuencia y por la falta de seguridad ciudadana. De esta manera se responden también las críticas formuladas al Ejecutivo por lo que se ha llamado mano blanda o poca eficacia en la lucha contra la delincuencia.

Por esta razón, en la Cámara se advierte unanimidad para aprobar el proyecto, sin perjuicio de que, como parece natural en esta época, surjan críticas absolutamente inconducentes que sólo distorsionan el sentido del debate. Por ejemplo, se dice que con el sistema establecido en el proyecto de alguna manera se estaría propiciando que detectives sin preparación desarrollen labores destinadas a resguardar la seguridad ciudadana. Eso es una falacia, ya que la función de los detectives, en cualquier organismo policial, es muy compleja. Naturalmente, los jefes tendrán el debido criterio -y en eso existe absoluta certeza de que así será- para impedir que tales funcionarios asuman tareas que arriesguen su seguridad personal o para las cuales no estén capacitados.

Además de expresar nuestro apoyo a esta iniciativa, los Diputados radicales respaldamos la creación de la planta administrativa, por cuanto con ella se descongestionará el trabajo policial y se permitirá que los detectives, realmente comprometidos en la lucha contra la delincuencia, actúen con más tranquilidad, sin el apremio que significa cumplir otras funciones.

Hoy, por ejemplo, se lee en la prensa la gran cantidad de citaciones -labor meramente administrativa- que deben cumplir los detectives, con la consiguiente pérdida de tiempo que podrían destinar a la lucha contra la delincuencia. Esta tarea debe asignarse a funcionarios que no cumplan trabajo especializado. La creación de la planta administrativa permitirá que los verdaderos policías trabajen en terreno.

Me parece que las críticas formuladas no tienen fundamento, por lo que aprobaremos el proyecto con la mayor confianza.

He dicho.

El señor SABAG.-

Señor Presidente, una indicación en este sentido fue rechazada en la Comisión. Es evidente que denota desconfianza en el Ejecutivo. Al Presidente de la República lo elige toda la ciudadanía y el actual siempre ha tenido buen criterio para conducir en buena forma al país.

Por lo tanto, la disposición debe ser permanente, pues establece que en casos calificados el Presidente hará uso de esta facultad. Dado que en la actualidad hay 925 vacantes en el Servicio de Investigaciones, la única manera de llenarlas es con los cuadros de estudio. Por ello, se requiere hoy, porque no puede incorporarse gente de afuera. En cuatro semestres los jóvenes quedan capacitados, y así lo establecía la ley anterior; después se aumentó a seis semestres. Los estudiantes salen a hacer práctica remunerada con la tutoría de oficiales experimentados.

Por lo tanto, sugiero rechazar la indicación y aprobar el proyecto tal como fue presentado por el Ejecutivo, pues cuenta con el respaldo de las autoridades superiores del Servicio de Investigaciones.

El señor RIBERA.-

Señor Presidente, quiero plantear un asunto más de fondo, que no se señaló denantes, pero que es conveniente que la Sala lo tenga presente.

En la Administración Pública existe la carrera funcionaría, y en el caso de Investigaciones comprende seis semestres de estudios antes de la incorporación paulatina al servicio. La iniciativa permite al Presidente de la República que en circunstancias debidamente calificadas por él, dicte un decreto y nombre a uno o más o a todos los miembros de una promoción para asumir funciones diversas. Así, algunos serán incorporados y otros no.

Tengo dudas de que la delegación de facultades, en los términos concebidos, pueda realizarse, porque se introduciría un elemento discrecional en favor del Presidente de la República, para modificar la incorporación a los diferentes estamentos de Investigaciones.

Este tema es de fondo y en la medida en que no exista voluntad de la Sala para tratarlo, es preferible que el proyecto vuelva a Comisión para debatirlo más largamente.

He dicho.