Labor Parlamentaria

HOMENAJE EN MEMORIA DEL EX DIPUTADO SEÑOR EDUARDO SEPULVEDA WHITTLE.

Por acuerdo unánime de los Comités, hará uso de la palabra, en nombre de toda la Corporación, el Diputado señor Joaquín Palma.

El señor MOLINA (Presidente).-

La Mesa adhiere al homenaje que rendimos hoy, con emoción y justicia, al ex Diputado y hombre público don Eduardo Sepúlveda Whittle. La muerte de don Eduardo no sólo enlutó a La Serena, sino que a todos nosotros. Desde aquí, hacemos llegar nuestro pesar a sus familiares, amigos y al Partido Demócrata Cristiano.

El señor HAMUY.-

Pido la palabra, señor Presidente.

El señor MOLINA (Presidente).-

De acuerdo con el Reglamento, tiene la palabra el Diputado señor Rojo para vindicarse.

El señor ROJO.-

Señor Presidente

Me veo en la necesidad de dar respuesta a las declaraciones formuladas al diario "La Tercera", en su edición del domingo 12 de septiembre, por el Honorable Senador don Arturo Frei Bolívar, quien comentando el proyecto para garantizar la libertad de culto, manifestó: "Sin embargo, el Diputado señor Hernán Rojo se opone a este proyecto. Eso es poco serio, lo digo responsablemente."

Lamento que el Senador opine públicamente sobre la posición de un Diputado sin previa consulta y con desconocimiento absoluto de los hechos, lo cual lo hace incurrir en faltas a la verdad.

En mi calidad de Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, formulé oposición a que la Comisión Especial conociera de los proyectos sobre libertad de culto, no en mérito de su contenido, sino del hecho de que la que presido se encontraba ya abocada a su conocimiento, habiendo realizado la audiencia pública. Consta que la Cámara acogió mi oposición y se ratificó la radicación de los proyectos de ley en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia.

Estas consideraciones me llevan a la conclusión de que el proyecto recientemente presentado en el Senado es extemporáneo y atentatorio a la Ley Orgánica del Congreso Nacional, al pretender que la Cámara revisora pase a conocer de materias entregadas al conocimiento de la Cámara de Diputados como cámara de origen.

Finalmente, estimo que la prudencia aconseja que proyectos de esta naturaleza no deben discutirse en épocas preelectorales. Son materias que requieren de estudio en profundidad, de análisis, de legislación comparada y de la búsqueda de consenso en varios aspectos que son sensibles a diversos sectores del país.

He dicho.

"ESTABLECE REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE CARRERAS HÍPICAS EN FAVOR DE MUNICIPIOS QUE INDICA (boletín Nº 1089-06).

En varias comunas de nuestro país existen operando legalmente hipódromos que, si bien cumplen con sus obligaciones relativas al pago de tributos, derechos y contribuciones establecidos en favor del Fisco o del municipio correspondiente, aquellos no cubren todos los gastos en que debe incurrir la municipalidad respectiva para mantener en buen estado sanitario y físico toda aquella área que circunda a dichos centros de esparcimiento.

Por cierto, la realización de dichos eventos genera las llamadas externalidades negativas, tales como el deterioro causado en las arterias circundantes a estos centros hípicos, provocados por la concurrencia masiva del público; la gran cantidad de basuras y desperdicios, en general, que se acumulan en los sectores aledaños a los mismos; y las molestas de toda índole que tal actividad provoca a los vecinos en su vida cotidiana; que hace necesario, por tanto, una preocupación preferente por parte del municipio de morigerar tales efectos negativos.

En tal virtud, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 60 N° 19 de nuestra Constitución Política, venirnos en formular el siguiente

PROYECTO DE LEY:

Artículo Único.- Los hipódromos del país deberán realizar anualmente una reunión extraordinaria de carreras en beneficio de la municipalidad dentro de cuyo territorio se encuentren ubicados.

(Fdo.): Mario Hamuy; Guillermo Yunge; Hosain Sabag; Juan Carlos Latorre; Gustavo Cardemil; Mario Devaud; Sergio Ojeda; Carlos Dupré; Baldemar Carrasco; y Jorge Pizarro.

Moción de los Diputados señores Devaud, Montes, Letelier y la Diputada señora Adriana Muñoz PROYECTO DE LEY SOBRE NULIDAD, SEPARACION Y DIVORCIO (boletín N° 1090-07)."CONSIDERANDO QUE:

1.- Desde su instalación, este Parlamento ha venido modificando las normas jurídicas que regulan el matrimonio, a fin de adecuarlas a los principios constitucionales que garantizan la Igualdad, la Libertad y la Justicia para todos los ciudadanos y prohíben la discriminación por razón de estado o de sexo, dando cumplimiento, además, a los Tratados Internacionales suscritos por Chile y en los que se ha comprometido a eliminar de su Legislación todas las normas que discriminan a las mujeres.

Normas penales y civiles, han creado desigualdades entre el hombre y la mujer, colocando al marido en situación de gobernar la persona, los bienes y los hijos de la mujer. Los roles de los cónyuges han estado definidos rígidamente desde la ley y el hombre o la mujer que se han salido de ellos, han sido considerado contra el "orden".

La pareja humana, no ha definido libremente su forma de entenderse y de relacionarse, así como, de desarrollar sus potencialidades afectivas, intelectuales y creativas.

2.- Las nuevas normas y las que se discuten en estos momentos en el Parlamento, que han ido perfilando una concepción diferente de la relación marido-mujer, como es natural, tendrán vigencia hacia el futuro y, como dicen relación con conductas sociales, fuertemente arraigadas, por siglos, en nuestra cultura occidental, su efecto se hará sentir lentamente, gradualmente, a medida que la sociedad vaya internalizandolas y, como consecuencia, vaya cambiando los roles y las conductas. En ese proceso, en que se democratice la vida cotidiana, se mejorará la ecología social y las futuras generaciones crecerán en un medio de respeto al Ser Humano, sin distinción que se proyectará hacia el futuro.

La familia que se constituye en el respeto y la protección de la dignidad de las personas, de su libertad e igualdad, será la base de la sociedad democrática y, como tal, será más sólida y respetada por todos, cualquiera que sea la religión, las ideas políticas o la ideología de las personas.

3.- La realidad actual, es fruto de una normativa legal y social injusta, arbitraria y discriminadora y los problemas que afectan a las parejas que han constituido matrimonio, son consecuencia de ella. También es consecuencia de estas reglas legales y sociales el que, realmente, no existan respuestas institucionales para dar solución a los conflictos.

En esta perspectiva se hace necesario que el Legislador asuma la realidad y que, tal como ha regulado prolijamente todos los mecanismos necesarios para eliminar la desigualdad y la discriminación, dé una respuesta clara y decisiva para solucionar los conflictos que se producen dentro del matrimonio y los efectos de las crisis, abandonando la actitud pasiva que ha tenido hasta este momento, en que ha entregado a la "libre" voluntad de las partes la búsqueda de las soluciones, considerándolas como "iguales" e ignorando el hecho que la normativa del matrimonio, ha colocado a una de ellas -la mujer- en grave desequilibrio frente a la otra. Ha actuado el Legislador como si las soluciones que buscan los esposos se practicaran "entre iguales". Se ha declarado neutral en estos conflictos y en los mecanismos que han buscado para disolver el matrimonio, sin hacer ninguna 1aloración de tipo moral sobre "el respeto a la Justicia", la "estabilidad de la familia", la "moral" etc., aunque para obviar la supuesta "indisolubilidad del matrimonio" se hayan utilizado procedimientos que constituyen verdadero FRAUDE DE LEY.

El legislador ha abandonado los acontecimientos a su propio curso imprevisible y no se ha comprometido en la protección de los miembros más débiles de la familia -la mujer y los hijos- cuando los cónyuges han recurrido a la FARSA JUDICIAL. Ha abandonado su rol fundamental de regular las fuerzas que actúan en las relaciones sociales, dejándolas descontroladas y sin brida.

La neutralidad del Estado frente a los hechos sociales es, probablemente, una de las formas más graves de indefensión, por cuanto, en el vacío legal, rigen las normas del más fuerte frente a las necesidades del más débil; se regresa así a los individuos a las etapas en que la fuerza era la "legalidad". Para comprender este acierto basta recordar la situación de los trabajadores en épocas pretéritas en que se consideraba que, en el contrato de trabajo, uno necesitaba el trabajo y el otro el salario y, así, las fuerzas se equilibraban. Mucho camino se ha recorrido desde los tiempos en que regían esas falsas concepciones de "igualdad" y "libertad".

4.- El Sistema actual -si se puede hablar de "sistema" - los cónyuges se deben poner de acuerdo en la falacia que van a presentar ante la Justicia y, éste, como todos los acuerdos que no regula la Ley, se produce cuando hay conjunción de intereses, esto es, cuando ambos cónyuges desean provocar la disolución de su matrimonio. Faltando ese "interés", la solución es imposible, porque cualquiera de los cónyuges tiene múltiples medios para desbaratar el fraude, ya que, el matrimonio, es de suyo solemne y público y lo contraen, en general, personas adultas que desarrollan alguna actividad -estudio o trabajo- por lo que, es imposible mantener la supuesta falta de competencia del Oficial del Registro Civil por domicilio en que se basan ahora para solicitar la disolución del matrimonio.

Se ha dicho reiteradamente que en Chile existe el divorcio de común acuerdo por la vía de la nulidad con el beneplácito de las autoridades administrativas, legislativas y judiciales.

5.- Diversos tratadistas se han pronunciado sobre esta materia. Así, el Profesor Enrique Rossel Saavedra expresa: "Entretanto, existe entre nosotros la nulidad de matrimonio que suple la falta de divorcio y que, en realidad, importa la existencia del divorcio por mutuo acuerdo, sin ninguna legislación reguladora o restrictiva".

El profesor Eugenio Velasco Letelier, en su tratado sobre "DISOLUCION DEL MATRIMONIO" sostiene que en estas nulidades que se tramitan en los Tribunales "No se trata de problemas relacionados con la competencia del Oficial del Registro Civil autorizante, sino de la brecha que se ha abierto para solucionar problemas humanos que la ley chilena -una de las poquísimas en el mundo- prefiere ignorar con la indisolubilidad absoluta del matrimonio por causa sobreviniente".

6.- En el tratado, antes citado, el profesor Velasco reproduce partes del discurso de inauguración del año judicial, en 1942, del Presidente de la Corte Suprema, don Alberto Novoa, que abordó muy directamente este problema y entregó interesantes datos para hacer una discusión franca sobre él.

Así, expresa en algunas de sus partes: El Presidente de la Corte Suprema cumple con el deber de manifestarle, desde esta alta tribuna de la Judicatura Nacional, a los Poderes colegisladores y al país, QUE EN CHILE EXISTE DESDE HACE VARIOS AÑOS EL DNORCIO CON DISOLUCION DE VINCULO... SE TRATA, 'EN LA MAYORIA DE LOS CASOS DE UNA BURDA COMEDIA QUE POR CENTENARES INVADEN LAS SECRETARIAS DE LOS DIVERSOS JUZGADOS, EN FORMA DE LOS LLAMADOS JUICIOS DE NULIDAD DE MATRIMONIO, Y EN LOS CUALES, POR MEDIO DE TESTIGOS FALSOS SE ACREDITA EL HECHO FUNDAMENTAL DE LA ACCION y EN QUE LOS TRIBUNALES SON INSTRUMENTOS, SIN QUERERLO, PARA QUE SE REALICE UNA VERDADERA MASCARADA JUDICIAL.... "

Entrega datos ilustrativos de la gravedad de la farsa: "En 1939 ingresaron a los Tribunales 1.213 causas de nulidad de matrimonio y de divorcio, correspondiendo a las primeras 1.046 y a las segundas 167, o sea, el 86,3% se refiere a juicios sobre nulidad de matrimonio y solamente el 13,7% a los divorcios. De esto se deduce que se estima preferible, en los casos de desavenencias conyugales, por ser más viable y más cómodo, optar por la nulidad".

"Para que se aprecie a qué extremos se ha llegado en esta materia dice- es curioso anotar que es común y corriente que cónyuges que ya tienen nietos, descubran después de veinte o más años de matrimonio, que se casaron ante Oficial del Registro Civil incompetente y que su matrimonio no existe, y que dada las facilidades que ofrece el procedimiento escogido, no son raros los casos de personas que anulan su matrimonio por segunda vez" (Hasta tres veces ha anulado su matrimonio un prestigioso abogado).

Hace presente este Magistrado que como el Legislador no imaginó "el auge que iban a adquirir estas nulidades, al amparo del desgraciado precepto que comento, no cuidó de velar expresamente por la situación en que iban a quedar los hijos de tales uniones, que sus progenitores descubren que nada valen andando los años, hijos a quienes, si bien es cierto que la ley les da ese carácter por ser ese matrimonio putativo, no por eso dejan de ser personas desamparadas en la sociedad en que viven".

Insiste más adelante que "El problema es hondo y de gran trascendencia social y debe ser resuelto con meditación y estudio porque no puede desconocerse que efectivamente existen matrimonios que solamente tienen de tales el nombre; pero mientras se le pone término a él, buscando una solución integral, con sereno criterio y libre de prejuicios, hay que poner atajo a la situación actual que importa una vergüenza para la sociedad chilena y para sus instituciones. Si se quiere, como sostienen algunos, que haya una válvula de escape para los matrimonios mal avenidos, vamos directamente y sin hipocresías a la disolución de ellos por mutuo consentimiento"." Se evitaría así la farsa de estos juicios en que se coloca de pantalla a los Tribunales de Justicia, que aparecen otorgando patente de legalidad a una verdadera comedia. Además, los cónyuges, como digo, proceden casi siempre de común acuerdo y si no obtienen éxito en un juzgado renuevan el juicio en otro, sin que ello pueda evitarse, hasta que obtienen lo que desean".

7.- El profesor Velasco, en la obra citada expresa que "se han buscado caminos fraudulentos para lograr la nulidad contra la voluntad del otro cónyuge" y que se ha llegado "en esta pendiente de incorrección a límites increíbles". Cita casos de "notificación del demandado por avisos a pesar de saberse exactamente su residencia y aún de vivir juntos ambos cónyuges; fabricar notificaciones que no se hacen, llegándose a la falsificación de la firma de un receptor; hacer notificar a una persona distinta del verdadero demandado; y falsificar copias autorizadas de sentencias dictadas en otros juicios de nulidad, alterando los nombres de las partes y los datos de la inscripción matrimonial, con lo cual se elude la tramitación misma del pleito y se tiene de inmediato la sentencia definitiva para subinscripción".

Para apreciar la envergadura del problema, es interesante el antecedente que proporciona sobre el número de procesos de nulidad tramitados en el año 1955, en que la Corte de Apelaciones de Santiago: de un total de 3.458 ingresos de causas civiles, 1.289

fueron juicios de nulidad de matrimonio, o sea un 37,3% del total. Según estos estudios, en 1957, el 43,32% de las causas civiles ingresadas en la Corte de Apelaciones de Santiago, fueron nulidades de matrimonios.

Durante la tramitación de este proyecto, solicitaremos informes de la Corte de Apelaciones de Santiago para actualizar estas cifras y proporciones.

En todo caso, podernos afirmar, enfáticamente, que aunque la Ley defina al matrimonio como indisoluble, la realidad nos muestra que cada año se disuelven miles de matrimonios por esta vía. También nos muestra la realidad que no hay, ni puede haber, a la luz del respeto a los Derechos Fundamentales, ninguna posibilidad de obligar a una persona a querer, cohabitar, respetar, ayudar, ser solidario con alguien con quien tiene graves dificultades de comunicación y de relación. De esta realidad se han hecho cargo el 98% de los países de nuestra cultura.

El debate sobre el divorcio es un debate tardío. Un debate ya resuelto por todos los países desarrollados de nuestro entorno cultural. Como dijo el Ministro de Justicia español, don Francisco Fernández Ordóñez, en la discusión del proyecto de divorcio en el Congreso," la gran cuestión ya ha sido archivada corno una de tantas conquistas de la revolución liberal que nada tiene que ver con la gigantesca tensión estructural que está sacudiendo dramáticamente a todos los países del mundo".

8.- Podríamos conformarnos con esta solución "torcida", con la que se ha obviado la indisolubilidad del matrimonio, si ella fuera una solución equitativa y al alcance de todos los ciudadanos que sufren las crisis de su matrimonio.

Como se puede fácilmente demostrar, en los países en los que se ha regulado el divorcio y se ha admitido el divorcio de mutuo acuerdo, sin expresión de causa pero, con regulación de sus efectos, sólo entre un 20 al 25% de los matrimonios que se divorcian lo hacen de común acuerdo, recurriendo el resto, a la vía contenciosa, ya que, no siempre los dos cónyuges están de acuerdo en esta solución. En muchos casos, ni siquiera en la separación. Es muy corriente, por ejemplo, que el marido que maltrata a la esposa se niega a separarse o divorciarse. Innumerables motivaciones de orden social, psicológico o político, le impiden aceptar la pérdida del objeto de sus reacciones patológica o el desprestigio frente a la sociedad.

Por lo tanto, a este divorcio que existe en Chile -falsa nulidad- no pueden acceder más del 75% de los matrimonios, ya que, éste se basa, corno hemos dicho, en la voluntad conteste de las dos partes y ésta normalmente se produce cuando ambos tienen bienes o cuando el que tiene interés, tiene dinero para responder de los efectos del divorcio en cuanto a la vivienda, los alimentos, las cargas del matrimonio y las indemnizaciones que puedan acordarse para la parte más perjudicada económicamente con la disolución del matrimonio.

9.- Sabernos que esta Ley que hoy proponernos al Congreso, va a despertar la inquietud de todos aquellos que son defensores de la familia y querernos hacemos cargo de esta cuestión porque, es el fundamento de la familia, como base de la sociedad y como institución natural encargada de la humanización de las futuras generaciones, como socializadora, la que nos mueve a preocuparnos de este importante problema.

Si en la antigüedad, la familia fue importante como unidad de producción, hoy como núcleo de socialización es mucho más importante, ya que, los hijos, en general, se crían sólo con sus padres y esa influencia es la que marca, fundamentalmente, su identidad y su conducta posterior. En el mundo actual, frío, tecnificado, mecanizado, competitivo, deshumanizado y consumista, la familia constituye el último reducto para desarrollar en el ser humano sus cualidades más importantes: sus afectos, el respeto a los demás, su sentido de solidaridad, su sensibilidad, etc. Es una fuente de humanización y de nutrición espiritual interminable. Los padres y los hijos crecen y se desarrollan en el interior de la familia.

La familia es un sistema que en su interior tiene sub-sistemas, en que cada uno tiene sus roles y objetivos: la pareja, los padres, los hermanos y los hijos. La ruptura de la pareja, no lleva implícita la ruptura del sub-sistema "padres", salvo que los dos sistemas -pareja y padres- se contaminen en sus roles. En ese caso, se corrompen ambos roles. Es lo que viene ocurriendo en las familias cuyos vínculos están destrozados y viciados: los padres, sin saberlo, dejan su labor positiva para convertir a los hijos en armas en contra del otro.

Debemos redefinir el concepto de "familia", ya que, en el hecho, existen muchas familias en que no se dan todas las relaciones que se dan en el matrimonio. Son relaciones de padres hijos y hermanos. Eso no elimina el rol del núcleo familiar como contenedor emocional y afectivo; facilitador del desarrollo de sus miembros y protector de los hijos.

10.- Ahora bien, las familias en crisis, destruidas, violentas, donde han desaparecido el respeto, los afectos y las lealtades también socializan, también educan. Estamos tentados de decir "desgraciadamente". ¿Qué trasmiten esos padres? ¿De qué sirve a los hijos vivir en la tensión, en la incomunicación, en medio de las venganzas y las revanchas que se toman sus padres en la vida cotidiana cuando se han roto todos los vínculos ?. ¿En qué forma los matrimonios destruidos pueden cumplir los altos fines que la ley les impone y la sociedad requiere: el deber de respeto, de afecto, de fidelidad, de solidaridad, de apoyo?

Si el matrimonio no puede cumplir sus fines, mantenerlo artificialmente, es convertirlo en un fin en sí mismo, sacrificando, en función de este "FIN", la vida de los cónyuges y los hijos.

Aunque durante los últimos mil años la estructura institucional de la familia occidental ha permanecido invariable, la realidad de los seres humanos ha cambiado en forma tan profunda que casi es incomprensible que una institución que regula su vida cotidiana no se haya modificado, adaptándose a esa realidad actual.

Hoy, la vida, como promedio, se extiende hasta los 75 años. El desarrollo de las personas, su cultura, sus costumbres sufren cambios hasta la muerte. Los desplazamientos de las personas por distintas circunstancias, los medios de comunicación y de educación que, permanentemente, están a su disposición, condicionan y modifican sus costumbres, sus valores, sus principios etc. Nadie puede garantizar que su personalidad, su cultura, sus concepciones políticas, religiosas o filosóficas pueden permanecer invariables.

La convivencia, la igualdad de oportunidades, la comunicación entre los cónyuges puede permitir que "crezcan" juntos y vayan percibiendo en el mismo sentido la realidad, los problemas y las soluciones.

11.- El legislador no puede plantearse al ser humano infalible, sin posibilidad de fracaso, ya que, esta premisa, es irreal. Tampoco se puede plantear al hombre al servicio de las instituciones, sino todo lo contrario. La Familia está al servicio del hombre, de su dignidad, de su libertad y de su desarrollo integral. Perteneciendo a una familia, se empieza a sentirse parte de la comunidad y la calidad de la familia nos señala, desde nuestros primeros pasos, la calidad de nuestra sociedad y la forma de vivir en ella.

12.- Este proyecto, es un intento de dar una respuesta integral y franca a las personas que han fracasado en la búsqueda ineludible para el Ser Humano de encontrar su pareja y la trascendencia en los hijos. Es una respuesta para las mujeres humilladas y maltratadas, los hombres solos, la suerte de los hijos de matrimonios deshechos, estigmatizados por la sociedad por vivir fuera de la Ley. Es también la búsqueda de las soluciones a los problemas prácticos, económicos y afectivos que afectan a los integrantes de estas familias.

Es también el reconocimiento de que no es ético que el Legislador, basándose en viejos tabúes, prolongue artificialmente una supuesta unión, que no tiene salida sana para nadie y que acepte soluciones falsas, hipócritas, deshonestas que encarnecen la Justicia y la institución misma del matrimonio, como sostiene el Presidente de la Corte Suprema, ya citado.

13.- El proyecto que tenernos el honor de presentar, no nos pertenece sino en cuanto hemos estudiado este problema, los efectos que produce y las soluciones que el 98% de los países del mundo, al que pertenecemos, se han dado desde hace más de un siglo.

Todo ello, adaptado a la realidad de nuestro país.

Hemos contado con la asesoría de la Ministra jubilada de la Corte de Apelaciones, doña Alicia Herrera Rivera quien, durante más de 10 años ha trabajado en España en juicios de Familia y colaborado con las autoridades legislativas y ejecutivas en buscar soluciones a los matrimonios en conflicto, habiendo presidido la "Comisión de Investigación de Malos Tratos a Mujeres" y la Asociación de Mujeres Juristas "Themis", cuyo objetivo es el de velar por la protección jurisdiccional de los derechos de todos los ciudadanos.

14.- El proyecto aborda en el Título 1 las tres formas en que se pueden romper institucionalmente los matrimonios celebrados con violación de las normas previstas para su validez o los que están en crisis por causas sobrevinientes: la Nulidad, la Separación Judicial y el Divorcio; sus causas, los efectos comunes de ellas; y, las Medidas Provisionales.

15.- En el Capítulo Primero, se trata de la NULIDAD, sus causas, las personas legitimadas para intentarla y los plazos de prescripción. En lo fundamental, se han mantenido las reglas de la Ley civil contenidas en el Código Civil, en la Ley de Matrimonio Civil y en la Ley de Registro Civil. Se ha eliminado entre los impedimentos, el contemplado en el artículo 7 de la Ley de Matrimonio Civil, por cuanto, se ha estimado discriminatorio para la mujer y porque en el proyecto que estudia este Congreso sobre Regímenes Patrimoniales en el Matrimonio, se ha eliminado el delito de adulterio y, aunque se mantuviera por acuerdo del Senado, igualmente se ha igualado a los cónyuges en la definición del tipo penal.

16.- En el Capítulo Segundo, se regula la separación judicial de los cónyuges y se contemplan dos modalidades: 1°.- La separación solicitada de común acuerdo por los cónyuges, o por uno con consentimiento del otro, y 2º.- La separación solicitada por uno solo de los cónyuges en los casos que concurran causas de separación.

17.- En el artículo 13 se regulan las causas de separación clasificadas en nueve párrafos que no requieren de mayor explicación, salvo los que se aclaran a continuación :.

Se ha estimado que es preferible hablar de "infidelidad" y no de "adulterio", ya que, la falta, la fidelidad, la lealtad, amor, es, en muchos casos, causa de ruptura de la relación armónica del matrimonio y puede afectar en forma mucho más grave que el adulterio la estabilidad del matrimonio.

Respecto a los Malos Tratos -que ya se contemplan en las causales de divorcio en nuestro país (artículo 21.2 de la Ley de Matrimonio Civil) cuando son "graves y repetidos" - se ha actualizado su redacción de forma que no implique una aceptación de "malos tratamientos graves" o de "malos tratamientos no graves repetidos". En la actual reglamentación, el Legislador aparece sancionando solamente aquellos que, siendo graves, además, son repetidos, o sea, normales, habituales, corrientes, etc, norma que repugna con los conceptos de respeto, igualdad y dignidad que se pretende restablecer

dentro del matrimonio.

La causal del N° 9, constituye una causal genérica que los jueces deben valorar, de acuerdo a las pruebas que les proporcionen las partes y de las cuales concluyan que las relaciones entre los cónyuges, han llegado a un punto en que les es imposible cumplir los fines del matrimonio.

18.- En el Capítulo Tercero se regula la disolución del matrimonio por muerte natural o presunto o por divorcio solicitado de común acuerdo por los cónyuges o sólo por uno de ellos, exigiéndose, en ambos casos, la existencia de alguna de las causas, que se señalan en el artículo 18.

19.- El elemento común de las causas de divorcio, -aparte de la condena por sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o descendientes- es el CESE DE LA CONVIVENCIA CONYUGAL por el tiempo que, en cada caso, se determina.

Este cese, debe haberse producido incluso cuando los cónyuges, de común acuerdo, lo solicitan debiendo ser acreditado por todos los medios previstos en Derecho.

Se ha estimado, coincidiendo con el criterio de varias legislaciones que aceptan el divorcio, que antes de disolver el vínculo con todos los efectos que éste acarrea para los esposos y los hijos, es necesario que hayan vivido separados el tiempo que se determine para que puedan valorar con mayores antecedentes la trascendencia del paso que van a dar.

20.- En el Capítulo Cuarto, se regulan los EFECTOS DE LA NULIDAD, LA SEPARACION Y EL DIVORCIO, cuyas reglas se han hecho "comunes", por cuanto, las consecuencias de esa nueva situación que van a vivir los cónyuges y los hijos, son las mismas y no resulta equitativo darles un efecto diferente.

En este capítulo, en primer lugar, se han contemplado las materias sobre las cuales los esposos deben estar de acuerdo si pretenden separarse o divorciarse, de mutuo consentimiento. El artículo 21, exige acompañar a la solicitud un CONVENIO REGULADOR en el que deben pactar todo lo relativo a los HIJOS, EL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR, LA CONTRIBUCION A LAS CARGAS DEL MATRIMONIO, LA POSIBLE PENSION COMPENSATORIA O LAS INDEMNIZACIONES QUE PUEDAN DEBERSE A ALGUNO DE LOS CONYUGES QUE HAN VIVIDO EN EL REGIMEN DE SEPARACION LEGAL DE BIENES Y LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL.

21.- Los artículos 22 y siguientes, imponen al Juez la obligación de regular estos mismos efectos, en los casos en que los cónyuges están en desacuerdo.

Una institución que no contempla nuestra legislación es la PENSION COMPENSATORIA que el Juez puede reconocer al cónyuge al que la nulidad, separación o divorcio, cause un desequilibrio económico importante, en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento de la situación que gozaba durante la vigencia del matrimonio. En la norma del artículo 26, se contemplan las circunstancias que el Juez debe tomar en cuenta al establecerla.

22.- Tampoco se ha regulado, hasta ahora, en nuestra Legislación la situación del cónyuge que vive en el Régimen de Separación de Bienes y que se dedica toda su vida a la atención de su hogar, su cónyuge y sus hijos, por lo que no tiene ingresos económicos propios, que le permitan aumentar sus bienes propios. La norma del artículo 30 de proyecto pretende equilibrar esta situación en que uno de los cónyuges con su trabajo y su actividad ha aumentado sus bienes privativos, en tanto que el otro, con el trabajo, sólo ha prestado servicios a la familia, que ha gozado de este beneficio.

23.- En el Capítulo Quinto se regulan las MEDIDAS PROVISIONALES que el Juez puede adoptar durante o antes del juicio para asegurar la satisfacción impostergable de ciertas necesidades del grupo familiar y cuya satisfacción no puede suspenderse durante la tramitación del proceso. Ellas son: las que se refieren a GUARDA Y CUSTODIA DE LOS HIJOS, EL REGIMEN DE VISITAS y COMUNICACIONES, DEL PROGENITOR QUE NO QUEDE A CARGO DE ELLOS, EL USO DE DOMICILIO CONYUGAL, LAS PRESTACIONES ECONOMICAS POR ALIMENTOS Y GASTOS PARA LA LITIS Y LAS GARANTIAS O CAUTELAS QUE EL JUEZ PUEDA ADOPTAR PARA PROTEGER LOS INTERESES DE LOS CONYUGES O DE LOS HIJOS.

Se contempla, en el artículo 34, la posibilidad de solicitar la adopción de estas medidas antes del juicio y sólo por treinta días, plazo en el cual, el solicitante debe presentar la demanda respectiva.

24.- En el Título II del Proyecto se regula la Jurisdicción de los Tribunales chilenos para conocer de estos juicios, la competencia y las normas de procedimiento, tanto para los juicios de nulidad, separación y divorcio, como para los procesos que inicien las partes de común acuerdo y los trámites para la adopción de Medidas Provisionales.

25.- Se contempla el juicio ordinario para la sustanciación de los juicios de que trata este Proyecto, con las modificaciones que se señalan en el artículo 39. Es de interés recalcar que se establece, en el NQ 10 del mismo artículo, la posibilidad de que las partes puedan reconvertir el proceso controvertido en un procedimiento de común acuerdo, cumpliendo los trámites que la norma señala.

26.- Se ha considerado importante que durante el juicio se vaya aclarando todo lo relativo a los bienes que, normalmente, no constituye una información muy compleja, de modo que, en la sentencia, el Juez ya puede declarar qué bienes pertenecen a la sociedad de gananciales y cuáles son privativos de los cónyuges, dejando para un procedimiento posterior los que estén dubitados, lo cual facilita los trámites de división y evita juicios innecesarios. Para ello se exige que en la demanda y en la contestación las partes hagan una relación de los bienes.

27.- En estos procesos, se da una participación activa al Ministerio Público cuando hay menores implicados, el cual podrá, durante el juicio o en el período para dictar sentencia, solicitar medidas para proteger los intereses de éstos.

28.- En el Capítulo Tercero de este Título, se regulan los trámites a que deben sujetarse los cónyuges que pretendan solicitar el divorcio o separación de mutuo acuerdo.

Es interesante anotar que el proyecto prevé la necesidad de acompañar a la solicitud un Convenio Regulador de los Efectos de la separación o el divorcio suscrito por las partes pero, exige que ese Convenio sea ratificado personalmente ante el Juez en la audiencia que, para ese efecto, se señale. Este trámite tiene por objeto que ninguna de las partes sea presionada o sorprendida al suscribir el Convenio pudiendo, ante el Juez, retractarse, tanto de su deseo de separarse o divorciarse, como de aceptar los efectos que se han pactado.

29.- En el Capítulo Cuarto, se establecen las normas de procedimiento para las Medidas Provisionales que se puedan solicitar antes o durante el juicio.

30.- En el artículo 49 se modifica el artículo 102 del Código Civil, eliminando de su definición las siguientes palabras l/actual e indisolublemente y por toda la vida".

31.- En el artículo 50, se derogan los artículos 7 y 19 al 38 de la Ley de Matrimonio Civil.

32.- Se contempla una Disposición Transitoria que da derecho a las personas que se hallen anuladas o divorciadas temporal o·perpetuamente para que, dentro del plazo de un año, puedan solicitar los Efectos a que se refiere el Capítulo V del Título I de este Proyecto.

Por las consideraciones expuestas, venimos en presentar el siguiente

PROYECTO DE LEY:

TITULO PRIMERO

Capítulo I

DE LA NULIDAD DEL MATRIMONIO

Artículo Primero.- Es nulo el matrimonio:

1.- Cuando se hubiera celebrado con cualquiera de los impedimentos señalados en los artículos 4, 5 Y 6 de la Ley de Matrimonio Civil;

2.- Cuando no se hubiera celebrado ante el Oficial del Registro Civil correspondiente y ante el número de testigos hábiles determinado en el artículo 16 de la Ley de Matrimonio Civil;

3.- Cuando por parte de alguno de los contrayentes no ha existido libre y espontáneo consentimiento.

Artículo Segundo.- El impedimento que según las prescripciones de esta ley anula el matrimonio, ha de haber existido al tiempo de la celebración.

Artículo Tercero.- Se entiende que falta el consentimiento libre y espontáneo, en los casos siguientes:

1.- Si ha habido error en cuanto a la persona del otro contrayente o en aquellas cualidades personales que, por su entidad, hubieren sido determinantes en la prestación del consentimiento;

2.- Si ha habido fuerza, según los términos de los artículos 1456 y 1457 del Código Civil;

3.- Si ha habido rapto y al momento de la celebración del matrimonio, la víctima del rapto no ha recuperado su libertad.

Artículo Cuarto.- La acción de nulidad del matrimonio corresponde a los cónyuges, al Ministerio Público y las personas que tengan interés directo y legítimo en ella, no prescribe por tiempo y no podrá intentarse si uno de los cónyuges ha fallecido, salvo lo dispuesto en los artículos siguientes:

Artículo Quinto.- Si la causal invocada es la existencia de vínculo matrimonial no disuelto, la acción podrá intentarse, aún después de muerto uno de los cónyuges, siempre que se solicite dentro del año siguiente al fallecimiento.

Artículo Sexto.- Si la causa de la nulidad fuere la impubertad de ambos o de uno de los cónyuges, la acción prescribirá en un año, contado desde que llegue a la pubertad.

Artículo Séptimo.- En los casos de error o fuerza solamente podrá intentar la acción de nulidad el cónyuge que la hubiera sufrido.

Caduca la acción y se convalida el matrimonio si los cónyuges hubieren vivido juntos durante un año después de desvanecido el error o cesado la fuerza.

Artículo Octavo.- En los casos de impedimentos contemplados en los N%. 4 Y 5 del artículo 4 de la Ley de Matrimonio Civil, la acción de nulidad prescribirá en un año desde que haya desaparecido el hecho que los origina.

Artículo Noveno.- En los matrimonios celebrados en artículo de muerte, corresponde la acción de nulidad a los herederos del cónyuge difunto y prescribe en un año contado desde la fecha de la muerte del cónyuge enfermo.

Artículo Décimo.- La declaración de nulidad del matrimonio no invalida los efectos ya producidos respecto de los hijos y del contrayente o contrayentes de buena fe.

La buena fe se presume.

Artículo Décimo Primero.- Cuando deducida la acción de nulidad fundada en la existencia de un matrimonio anterior, se alegara también la nulidad de este matrimonio, se resolverá previamente la nulidad o validez del primer matrimonio.

Capitulo II

DE LA SEPARACION

Artículo Décimo Segundo.- Se decretará judicialmente la separación del matrimonio, cualquiera que haya sido el lugar de su celebración:

20.A petición de ambos cónyuges o de uno con el consentimiento del otro, una vez transcurrido el primer año del matrimonio. Deberá acompañarse necesariamente a la demanda la propuesta de Convenio Regulador que contendrá las especificaciones que se señalan en el artículo 21 de esta ley.

A petición de uno de los cónyuges cuando concurran alguna de las causas señaladas en el artículo siguiente.

Artículo Décimo Tercero.- Son causas de separación:

1°.- El cese de hecho de la convivencia por más de seis meses, aceptada libremente por los cónyuges.

2°.- El abandono injustificado del hogar.

3°.- La infidelidad.

4°.- Los malos tratos de obra o de palabra; la conducta injuriosa o vejatoria; cualquier ataque grave o reiterado a la dignidad de la persona de cualquiera de los cónyuges o de los hijos que convivan con ellos; y, en general, cualquier atentado a los derechos declarados Fundamentales en la Constitución y en los Tratados Internacionales suscritos por Chile sobre protección a los Derechos Humanos.

5°.- El abandono de los deberes de atención, alimento y cuidado dé los hijos comunes,

6°.- El alcoholismo, la drogadicción, el vicio arraigado en el juego o la disipación.

7°.- Las perturbaciones psíquicas graves que alteren la convivencia o impidan el

desarrollo normal e integral de los menores.

8°.- Cualquiera de las causas de divorcio señaladas en el artículo 18 de esta Ley.

9°.- En general, cuando los cónyuges lleguen a una falta de entendimiento, afecto y respeto que les haga imposible cumplir con los deberes del matrimonio señalados en los artículos 131 y siguientes del Código Civil.

Artículo Décimo Cuarto.- La sentencia de separación produce la separación de la vida común de los casados y cesa la posibilidad de vincular bienes del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

Artículo Décimo Quinto.- Con la sentencia de separación se produce la disolución de la sociedad de gananciales.

Artículo Décimo Sexto.- La reconciliación pone término al procedimiento de separación y deja sin efecto ulterior lo en él resuelto, desde el momento en que los cónyuges hagan manifestación personal de su voluntad ante el Juzgado que lo tramita.

Ello no obstante, mediante resolución judicial, serán mantenidas o modificadas las medidas adoptadas en relación a los hijos, cuando exista causa que lo justifique.

Capítulo III

DE LA DISOLUCION DEL MATRIMONIO

Artículo Décimo Séptimo.- El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma, el tiempo y lugar de su celebración, por muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el divorcio.

Artículo Décimo Octavo.- El divorcio podrá ser solicitado por los dos cónyuges de común acuerdo o por uno con el consentimiento del otro sólo por uno de ellos concurriendo, en todo caso, las causas que se señalan a continuación:

1.- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación formulada por ambos cónyuges o por uno de ellos con consentimiento del otro.

2.- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido desde la interposición de la demanda de separación formulada por cualquiera de las partes.

3.- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años ininterrumpidos;

a) Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho.

b) Desde la declaración de ausencia legal de alguno de los cónyuges solicitada por cualquiera de ellos;

c) Cuando quien pide el divorcio acredite que al iniciarse la separación de hecho, el otro estaba incurso en causal de separación;

4.- El cese efectivo de la convivencia conyugal durante cinco años ininterrumpidos solicitada por cualquiera de los cónyuges.

5.- La condena por sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o descendientes.

Cuando el Divorcio sea solicitado de común acuerdo por los cónyuges, o por uno con el consentimiento del otro, deberán acompañar necesariamente a la demanda la propuesta de Convenio Regulador de sus efectos conforme al artículo 21 de esta Ley.

Artículo Décimo Noveno.- La acción de divorcio se extingue:

1.- Por la muerte de cualquiera de los cónyuges;

2.- Por su reconciliación que deberá manifestarse ante el Juzgado expresamente cuando se produzca después de presentada la demanda.

Artículo Vigésimo.- La disolución del matrimonio por divorcio producirá efectos desde que la sentencia que lo declare adquiera firmeza, pero no producirá efectos respecto de terceros de buena fe sino a partir de su inscripción en el Registro Civil.

Capítulo IV

DE LOS EFECTOS COMUNES DE LA SEP ARACION, DIVORCIO y NULIDAD

Artículo Vigésimo Primero.- El Convenio Regulador de que trata los artículos 10.1 y 17, inciso 22 deberá referirse, a lo menos, a los siguientes extremos:

A) La determinación de la persona a cuyo cuidado hayan de quedar los hijos sujetos a patria potestad de ambos, el ejercicio de ésta, el régimen de visitas, comunicación y estancia de los hijos con el progenitor que no viva con ellos.

B) La atribución del uso de la vivienda y ajuar familiar.

C) La contribución a las cargas del matrimonio y alimentos; las bases de su actualización, garantías y lugar de su cumplimiento;

D) La liquidación, cuando proceda, del Régimen Económico del matrimonio.

E) La pensión que conforme al artículo 27 correspondiere satisfacer a alguno de los cónyuges.

Artículo Vigésimo Segundo.- En defecto de acuerdo de los cónyuges, la sentencia de separación, divorcio y nulidad se pronunciará sobre sus consecuencias respecto de los hijos, la vivienda familiar, las cargas del matrimonio, la liquidación del régimen económico, la pensión compensatoria, la indemnización a que se refiere el artículo 30 de este texto legal; y las cautelas y garantías que procedan, si para alguno de estos conceptos, no hubiera adoptado alguna durante el juicio.

En los casos en que en procedimiento de Medidas Provisionales el Juzgado hubiera adoptado alguna medida respecto a estas materias, las confirmará o revocará en el fallo debiendo, en todo caso, resolver sobre estas materias, si se le hubiese solicitado.

Las medidas de que trata este artículo podrán ser modificadas cuando se alteren sustancialmente las circunstancias en que se basó la sentencia al adoptarlas.

Artículo Vigésimo Tercero.- El divorcio no exime a los padres de sus obligaciones para con los hijos.

Las medidas judiciales sobre el cuidado y educación de los hijos serán adoptadas en beneficio de ellos, tras oírles si tuvieran suficiente juicio y discernimiento y siempre a los mayores de 12 años.

En caso de desacuerdo, la guarda y custodia de los hijos menores corresponderá a la madre, a menos que el Juez, por motivo especial, debidamente fundado, resuelva otra cosa.

La sentencia, de oficio, acordará la privación de la patria potestad de cualquiera de los progenitores cuando en el proceso se revele causa para ello.

Cuando así convenga a los hijos, también podrá acordarse que la patria potestad sea ejercida total o parcialmente por uno de los cónyuges.

Al resolver sobre la guarda y custodia del hijo, se procurará no separar a los hermanos.

El Juez de oficio o a petición de parte, podrá recabar el dictamen de especialistas al resolver estos extremos.

El régimen de visitas y comunicación de los hijos con el progenitor que no viva con estos, constituye un derecho y una obligación y no puede ser utilizado por ninguno de los padres caprichosamente y con perjuicio de la estabilidad de los hijos.

Artículo Vigésimo Cuarto.- En defecto de acuerdo de los cónyuges, el uso de la vivienda familiar y de los objetos de uso ordinario en ella corresponde a los hijos y al cónyuge en cuya compañía queden.

Cuando alguno de los hijos quede en compañía de uno de los cónyuges y los restantes en la del otro, el Juez acordará lo procedente.

No habiendo hijos, podrá acordarse que el uso de tales bienes, por el tiempo que prudencialmente se fije, corresponda al cónyuge no titular, siempre que, atendidas las circunstancias, lo hicieran aconsejable y su interés fuera el más necesitado de protección.

Se ordenará inscribir el derecho de uso de bienes inmuebles a que se refiere este artículo en el Conservador de Bienes Raíces.

Para disponer de la vivienda y bienes indicados en este artículo se requerirá el consentimiento de ambas partes o, en su caso, autorización judicial.

Artículo Vigésimo Quinto.- El Juez determinará, en todo caso, la contribución de cada progenitor para satisfacer las cargas del matrimonio y los alimentos de los hijos hasta su completa formación o hasta que· puedan sobrevivir por sí mismos y adoptará las medidas convenientes para asegurar la efectividad y acomodación de las prestaciones a las circunstancias económicas y necesidades de los hijos en cada momento.

En la sentencia, el Juez determinará también los alimentos debidos a hijos mayores o emancipados que carecieren de ingresos propios, por causas que no les fueren imputables y que convivían en el hogar familiar constante el matrimonio.

Se considerará contribución a las cargas del matrimonio el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a los hijos comunes.

Los alimentos se deberán desde la presentación de la demanda.

Artículo Vigésimo Sexto.- El cónyuge al que la separación, divorcio o nulidad del matrimonio produzca desequilibrio económico, en relación con la posición del otro, que implique un empeoramiento de la situación de que gozaba en el matrimonio, tiene derecho a una pensión compensatoria que se fijará en la sentencia, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias:

1° Los acuerdos a que hubieren llegado los cónyuges,

2º La edad y estado de salud;

3° La cualificación profesional y las posibilidades de acceso a un empleo;

4º La dedicación pasada y futura a la familia

5° La colaboración con su trabajo en las actividades mercantiles, industriales y profesionales del otro cónyuge;

6º La duración del matrimonio y de la convivencia conyugal;

7º La pérdida eventual de un derecho ·de pensión;

8° El caudal, necesidades y medios económicos de uno y otro cónyuge;

9º Las personas que el cónyuge que solicita la pensión tuviere a su cargo;

La pensión que regula este artículo no tiene carácter alimenticio sino compensatorio.

En todo caso, se considerará empobrecimiento y desequilibrio respecto del otro, la situación del cónyuge que, al haberse dedicado a la atención de la familia, no ha desempeñado un trabajo remunerado que le permitan tener derecho a prestaciones de enfermedad, invalidez o jubilación.

En la resolución que la establezca, se fijarán las bases de la actualización que, no pueden ser inferiores al Alza del Costo de la Vida, y las garantías para asegurar su cumplimiento.

Artículo Vigésimo Séptimo.- En cualquier momento podrá convenirse la sustitución de la pensión fijada judicialmente por la constitución de una renta vitalicia, el usufructo de determinados bienes o la entrega de un capital en bienes o en dinero.

Para que tengan efecto, estos acuerdos deberán ser comunicados al Juzgado señalándose expresamente que sustituyen la pensión a que se refiere el artículo 12 de esta Ley.

Artículo Vigésimo Octavo.- Fijada la pensión a que se refieren los artículos 12 y 13 de esta Ley y las bases de su actualización en la sentencia de separación, divorcio o nulidad, sólo podrá ser modificada por alteraciones sustanciales en la fortuna de uno u otro cónyuge.

Artículo Vigésimo Noveno.- El derecho a la pensión se extingue por contraer el acreedor nuevo matrimonio.

No se extingue por la muerte del deudor. No obstante, los herederos podrán solicitar al Juez la supresión o reducción de aquella sin afectar a sus derechos a la legítima.

Artículo Trigésimo.- En los matrimonios regidos por el Régimen de Separación de Bienes, el trabajo que uno de los cónyuges ha desarrollado para la atención del hogar y la familia, será considerado contribución a las cargas del matrimonio y dará derecho a obtener al momento de la separación, nulidad o divorcio, una compensación que el Juez también regulará en la sentencia respectiva, de acuerdo a los antecedentes que, en cada caso, le aporten las partes.

Artículo Trigésimo Primero.- En tanto no se adecue la legislación en materia de pensiones y seguridad social, regirán, con carácter provisional, las siguientes normas:

1.- El cónyuge y los descendientes que hubieren sido beneficiarios por razones de matrimonio o filiación, tendrán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social, con independencia que sobrevenga nulidad, separación judicial o divorcio;

2.- El derecho a la pensión de viudez y demás derechos pasivos o prestaciones por razón de fallecimiento corresponderá quien sea o haya sido cónyuge legítimo y en cuantía proporcional con el tiempo vivido con el cónyuge fallecido, con independencia de las causas que hubieren determinado la separación y el divorcio;

3.- Los derechos derivados de los apartados anteriores quedarán sin efecto en el caso señalado en el artículo 29 de esta ley.

Capítulo V

DE LAS MEDIDAS PROVISIONALES POR DEMANDAS DE NULIDAD, SEPARAClON y DIVORCIO.

Artículo Trigésimo Segundo.- Admitida la demanda de separación, divorcio o nulidad, se producen, por el solo ministerio de Ley, los efectos siguientes:

1 º Los cónyuges podrán vivir separados y cesa la presunción de convivencia conyugal;

2º Quedan revocados los poderes y consentimientos que cualquiera de los cónyuges hubiera otorgado al otro.

Asimismo, salvo pacto en contrario, cesa la posibilidad de vincular los bienes privativos del otro cónyuge en el ejercicio de la potestad doméstica.

A estos efectos, cualquiera de las partes podrá instar la oportuna anotación de la demanda en el Registro Civil y, en su caso, en los de Propiedad y de Comercio.

Artículo Trigésimo Tercero.- Admitida la demanda, el Juez, a falta de acuerdo de ambos cónyuges, aprobado judicialmente, adoptará, con audiencia de éstos, las medidas siguientes:

1º.- Determinará, en interés de los hijos, con cuál de los padres han de quedar los hijos sujetos a la Patria Potestad de ambos y tomará las disposiciones apropiadas para regular la forma en que el cónyuge apartado de los hijos podrá cumplir el deber de velar por éstos y el tiempo, modo y lugar en que podrá comunicarse con ellos y tenerlos en su compañía.

Excepcionalmente, los hijos podrán ser encomendados a otra persona y, de no haberla, a una institución idónea, confiriéndose las funciones tutelares que ejercerán bajo la autoridad del Juez.

Concederá a los hijos menores y al cónyuge encargado de la custodia, el uso de la vivienda familiar; y, asimismo, previo inventario, los bienes y objetos del ajuar que continúan en ésta y los que se ha de llevar el otro, cónyuge, así como, las medidas cautelares convenientes para conservar el derecho de cada uno.

Fijar las contribuciones de cada cónyuge a las cargas del matrimonio; establecer las bases de la actualización de cantidades y disponer las garantías, depósitos, retenciones y otras medidas cautelares convenientes, a fin de asegurar la efectividad de lo que, por estos conceptos un cónyuge haya de abonar a otro.

Se considerará contribución a las cargas el trabajo que uno de los cónyuges dedicará a la atención de los hijos comunes.

La contribución a las cargas del matrimonio incluye necesariamente los alimentos en favor de los hijos y del cónyuge, si le correspondiere de acuerdo a la norma del artículo 134 del Código Civil.

2°.- Fijar las cantidades que deban pagarse por costas de la causa. En todo caso, el cónyuge que no desempeñe un trabajo remunerado y dedique su actividad a la atención de la familia, tiene derecho a que se le provea para el pago de los gastos del juicio, a menos que se demuestre que tiene bienes propios que le permitan actuar en el procedimiento en igualdad de condiciones.

Señalar, atendidas las circunstancias, los bienes gananciales o comunes que, previo inventario, se hayan de entregar a uno u otro cónyuge y las reglas que deban observar en la administración y disposición, así como, en la obligatoria rendición de cuentas sobre los bienes comunes o parte de ellos que reciban y los que adquieran en lo sucesivo.

Determinar, en su caso, el régimen de administración y disposición de aquellos bienes privativos que por capitulaciones o escritura pública estuvieran especialmente afectados a las cargas del matrimonio.

Artículo Trigésimo Cuarto.- El cónyuge que se proponga la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio, puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los dos artículos anteriores.

Estos efectos subsistirán si dentro de los treinta días siguientes a la notificación de la resolución que los adoptó, se presenta la demanda respectiva ante el Juez o Tribunal competente.

Artículo Trigésimo Quinto.- No infringe el deber de convivencia el cónyuge que sale del domicilio conyugal por causa razonable y en el plazo de treinta días presenta la demanda a que se refieren los artículos anteriores.

La salida del domicilio conyugal en los casos del inciso anterior, no perjudica el derecho de solicitar su uso, de acuerdo a las normas señaladas en esta Ley.

Artículo Trigésimo Sexto.- Los efectos y medidas previstas en este capítulo sólo terminan cuando sean sustituidas por las de la sentencia estimatoria o se ponga fin al procedimiento de otro modo.

La revocación de poderes y consentimientos, se entiende definitiva.

Título II

JURISDICCION, COMPETENCIA y PROCEDIMIENTO

Capítulo 1

Jurisdicción y competencia

Artículo Trigésimo Séptimo.- Los Jueces y Tribunales chilenos serán competentes para conocer de las demandas sobre separación, divorcio y nulidad de matrimonio en los casos siguientes:

1.- Cuando ambos cónyuges tengan la nacionalidad chilena, cualquiera que sea su lugar de residencia, si promueven su petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro;

2.- Cuando ambos sean residentes en Chile;

3.- Cuando el demandante sea chileno y tenga su residencia habitual en Chile, cualquiera que sea la nacionalidad y residencia del demandado;

4.- Cuando el demandado, cualquiera que sea su nacionalidad, sea residente en Chile;

Artículo Trigésimo Octavo.- Mientras no se creen los Juzgados de Familia, corresponderá el conocimiento de los juicios sobre separación, divorcio o nulidad de matrimonio al Juez de Letras de Mayor Cuantía del lugar del domicilio conyugal. En caso de residir los cónyuges en distintos lugares, será Juez competente, a elección del demandante, el del último domicilio del matrimonio o el de la residencia del demandado.

Los que no tuvieran domicilio o residencia fijos, podrán ser demandados en el lugar en que se hallen, o en el de su última residencia, a elección del demandante.

Son nulos los acuerdos de las partes que alteren lo dispuesto en esta norma.

Capítulo II

Procedimiento contencioso

Artículo Trigésimo Noveno.- Los juicios de separación divorcio y nulidad de matrimonio, se substanciarán conforme a las reglas del Juicio Ordinario con las modificaciones siguientes:

1.- Antes o durante el juicio, podrán solicitarse las medidas precautorias señaladas en los artículos 290 y siguientes del C.P.C. y las demás garantías, depósitos, retenciones, u otras medidas que se estimen necesarias para asegurar la efectividad de las obligaciones pecuniarias, en dinero o en especie, que se pueda imponer a alguno de los cónyuges, en favor del otro o de los hijos comunes y la protección de los bienes gananciales.

2.- Además de los requisitos sei1alados en el artículo 254 del C.P.C, a la demanda deberá acompañarse; a) certificación de la inscripción del matrimonio y, en su caso, de los hijos~, en el Registro Civil; y, b) un inventario de los bienes gananciales y de los de la esposa o de los hijos que administra el marido, señalando su valor actualizado.

Si la esposa no conociese con precisión los bienes a que se refiere el inciso anterior, su calidad, cantidad o su valor, podrá solicitarse en la demanda que el demandado, al contestar, acompañe inventario de dichos bienes con expresión de su valor actualizado,

bajo apercibimiento del artículo 695 del c.P.c. y 1.768 del Código Civil.

3.- En la contestación, el demandado, adem5s de cumplir los requisitos que señala el artículo 309 del C.P.C. y de acompai1ar inventario de los bienes, si se le hubiera solicitado en la demanda, deberá pronunciarse sobre el inventario acompañado por la actora, aprobándolo, objetándolo, o modificándolo, indicando con claridad y precisión las razones de la objeción o corrección.

4.- No regirá en estos juicios lo dispuesto en el artículo 310 del C.P.C.

5.- En estos juicios no son aplicables las inhabilidades a que se refiere el artículo 358 del CPC y sólo podrán fundarse tachas de testigos en las inhabilidades contempladas en el artículo 357 del mismo texto legal.

6.- La petición de privilegio de pobreza se substanciará por ramo separado y no detendrá, ni suspenderá el curso del pleito principal, cuyas actuaciones se practicarán, provisionalmente, sin exacción de derechos.

7.- No se admitirá reconvención que no estuviera fundada en alguna de las causas que puedan dar lugar a la separación, divorcio o nulidad.

8.- Dentro del plazo para dictar sentencia podrá el Juez decretar las medidas para mejor resolver a que se refiere el artículo 159 del C.P.C., respetando los plazos y procedimientos que en él se señalan.

9.- La sentencia aprobará el inventario de los bienes de la sociedad de gananciales de acuerdo a los antecedentes que proporcionen las partes, señalando, en todo caso, los bienes en cuya propiedad y avalúo estén de acuerdo, dejando para ejecución de sentencia la determinación de aquellos cuya propiedad, avalúo, calidad u otra circunstancia semejante, resulte dubitada.

10.- En cualquier momento del proceso y concurriendo los requisitos señalados en el artículo 40, las partes podrán solicitar que continúe el procedimiento por los trámites que en la misma norma se establecen.

11.- En todos los procesos sobre separación, divorcio o nulidad de matrimonio será parte el Ministerio Público cuando alguno de los cónyuges O los hijos sean menores de edad y, durante el juicio en el período para dictar sentencia, podrá solicitar medidas que tiendan a proteger los intereses de los menores implicados en el juicio.

12.- Las sentencias de separación, nulidad y divorcio se comunicarán de oficio a los Registros Civiles en que conste el matrimonio de los litigantes o el nacimiento de los hijos.

A petición de parte, podrán ser anotadas o inscritas en el Conservador de Bienes Raíces o Mercantil las demandas de separación, divorcio o nulidad de matrimonio y las resoluciones que conceden a uno de los cónyuges o a los hijos el uso del domicilio conyugal.

Los demás gravámenes y prohibiciones que se decreten durante el juicio o en la sentencia, se regirán por las reglas generales.

Capítulo III

De los procedimientos de separación o divorcio de común acuerdo.

Artículo Cuadragésimo.- Las demandas de separación o divorcio presentados de común acuerdo por ambos cónyuges, o por uno de ellos con consentimiento del otro, se substanciarán según las reglas siguientes:

1.- A la solicitud se deberán acompañar:

a) Certificado del Registro Civil del matrimonio y, en su caso, del nacimiento de los hijos;

b) El Convenio Regulador a que se refiere el artículo 21 de este texto legal.

c) En el supuesto del artículo 17.1, la resolución estimatoria de la demanda de separación o certificado del Secretario del tribunal que acredite la presentación de la demanda.

d) En el supuesto del artículo 17.2, la resolución judicial estimatoria de la demanda de separación o certificado del secretario el Juzgado que acredite la presentación de la demanda de separación, siempre que el otro cónyuge adhiera a la misma.

e) En el supuesto del artículo 17.3, cualquier documento que acredite el derecho;

Cuando los cónyuges no tuvieran documentos, podrán solicitar acreditar los hechos en que funden su demanda con cualquier otro medio de prueba reconocido en Derecho.

2.- Presentada la demanda de separación o divorcio de mutuo acuerdo, el Juez, dentro de 30 días hábiles, citará a las partes a fin que se ratifiquen por separado de su petición y manifiesten expresamente la aceptación de los Efectos de la separación o el divorcio que pactaron en el Convenio Regulador acompañado.

3.- Cumplida la ratificación y habiéndose acompañado los documentos antes señalados, el Juez dictará resolución ordenando la tramitación de la solicitud.

4.- Si hubiera hijos menores el Juez oirá al Ministerio Público sobre los términos del Convenio en lo relativo a los hijos.

Si el Ministerio Público impugnare en alguna parte los términos del Convenio, por afectar el interés de los hijos, el Juez dará traslado a las partes y, con lo que éstos expongan, resolverá manteniendo el Convenio u ordenando su modificación.

En la resolución en que el Juez ordene la modificación del Convenio, fijará un plazo para su cumplimiento, apercibiendo a las partes del archivo de la solicitud en caso de incumplimiento.

5.- Cumplidos los trámites antes señalados, el Juez dictará sentencia concediendo la separación o el divorcio y aprobando el Convenio Regulador que tendrá la fuerza de la sentencia para exigir su cumplimiento.

6.- En este procedimiento, ambos cónyuges podrán valerse de una sola defensa.

7.- En estos procesos, el procedimiento establecido para los incidentes en el C.P.C. será de aplicación supletoria.

8.- Contra la sentencia podrá interponerse recurso de apelación.

Capítulo IV

De la tramitación de las Medidas Provisionales

Artículo Cuadragésimo Primero.- El cónyuge que haga uso del derecho que confiere el artículo 34 de esta ley para solicitar medidas previas a la demanda, deberá presentar una solicitud ante el Juez de Letras de Mayor Cuantía de su domicilio para que le faculte a separarse provisionalmente de su cónyuge.

Una vez que se haya ratificado en su petición, el Juez concederá la separación provisional y colocará a los hijos menores bajo la guarda y custodia de la madre.

Con audiencia de la contraparte, si concurriere a la primera citación, podrá decretar las demás medidas a que se refiere el artículo 31 de esta Ley, principalmente, las que se refieren al uso del domicilio conyugal y al auxilio económico tanto para atender a los gastos de la familia como para soportar los gastos de la litis.

Artículo Cuadragésimo Segundo.- En la adopción de las medidas precedentes, no será necesaria la intervención de abogado, ni podrán plantearse cuestiones de incompetencia.

Artículo Cuadragésimo Tercero.- Las medidas a que se refieren los dos artículos anteriores, quedarán sin efecto si en el plazo de treinta días, a contar de la resolución que autorizó la separación provisional, no se acredita la interposición de la demanda.

Dicho plazo podrá ampliar por otro igual si se acredita que por causa no imputable al peticionario no le ha sido posible presentar la demanda respectiva.

Artículo Cuadragésimo Cuarto.- Quienes sean o hayan de ser partes en el juicio matrimonial, podrán solicitar, conjuntamente con la demanda o durante el proceso, las medidas provisionales a que se refiere el artículo 31 de esta Ley.

El procedimiento comenzará con un escrito en que el interesado recabará del Juez la adopción de la medida o medidas provisionales que estime oportunas.'

Artículo Cuadragésimo Quinto.- Admitida la demanda principal, el Juez acordará citar a las partes y al Ministerio Público, cuando proceda, por 10 menos con 5 días de anticipación, a una audiencia que tendrá lugar en el plazo de 15 días siguientes a la de la presentación del escrito.

Artículo Cuadragésimo Sexto.- Si la parte solicitante no compareciese a la audiencia señalada, se le tendrá por desistida de su petición. Si no comparece el demandado, el Juez dispondrá la continuación del procedimiento en su rebeldía, sin más citaciones ni notificaciones que las que la Ley expresamente fija.

Artículo Cuadragésimo Séptimo.- La comparecencia se celebrará en el día y hora señalados y, en ella, el Juez oirá a las partes y al Ministerio Público, si concurre, y admitirá las pruebas que se propongan en el acto si las estima conducentes a la justificación o impugnación de las medidas solicitadas.

Si no pudiera rendirse todas las pruebas en el mismo acto, se llevarán a cabo en el plazo de 3 días.

Artículo Cuadragésimo Octavo.- Rendida la prueba, el Juez resolverá dentro del plazo de 5 días.

Contra la resolución a que se refiere este artículo no se dará recurso alguno, pero la parte que se crea perjudicada en su derecho, podrá formular incidente de oposición dentro del plazo de ocho días. Este incidente se tramitará en pieza separada y no suspenderá la ejecución de la resolución impugnada. El litigante vencido en este incidente, será condenado en costas.

Capítulo V

Artículo Cuadragésimo Noveno.- Elimínase en el artículo 102 del Código Civil, las palabras "actual e indisolublemente y por toda la vida".

Artículo Quincuagésimo.- Derógase los artículos 7 y 19 al 38 de la Ley de Matrimonio Civil de 10 de enero de 1884.

Artículo Quincuagésimo Primero.- Derógase todas las disposiciones contrarias a la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera: Sin perjuicio de los derechos que les concede esta ley, las personas que, a la fecha en que entre en vigor, se encuentren anuladas o divorciadas, temporal o perpetuamente, podrán solicitar, dentro del plazo de un año desde su promulgación, que se adopten algunas o todos los efectos a que se refieren el Capítulo V del Título I de esta ley.

Esta petición se tramitará como incidente y a la demanda deberá necesariamente acompañarse copia autorizada de la sentencia de nulidad o divorcio.

(Pdo.): Adriana Muñoz D' Albora, Diputada; Carlos Montes Cisternas, Diputado; Mario Devaud, Diputado; Víctor Barrueto, Diputado; Juan Pablo Letelier, Diputado.