Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto, en primer trámite constitucional, sobre composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema y modificaciones a los recursos de queja y de casación, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diario de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 13a, en 21 de julio de 1993.

Hacienda, sesión 13a, en 21 de julio de 1993.

Constitución (segundo), sesión 1ª, en 5 de octubre de 1993.

Discusión:

Sesiones 17a, en 11 de agosto de 1993 (se aprueba en general); 7a, en 19 de octubre de 1993 (queda para segunda discusión).

El señor EYZAGUIRRE ( Secretario ).-

La iniciativa, que se halla en segunda discusión, tuvo su origen en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República .

La Comisión deja constancia, para los efectos del artículo 124 del Reglamento del Senado, de que las siguientes disposiciones del proyecto contenido en el primer informe no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones: los números 1), 2), 3), 5), 7), 8), 9), y 10) del artículo 1°; los nuevos textos propuestos para los artículos 764, 765, 767, 768, 769, 770, 771, 774, 775, 777, 778, 779, 780, 781, 783, 784, 785 y 786 del Código de Procedimiento Civil contenidos en el número 1) del artículo 2°; los números 5), 7) y 8) de este mismo artículo; y los artículos 3°, 4° y 5°.

También hace constar, en su primer informe, la opinión que emitió la Corte Suprema mediante oficio de fecha 23 de abril de 1993; los juicios emitidos por los señores Ministros de ese Alto Tribunal invitados a la Comisión; las opiniones de sucesivos Presidentes de la Asociación Nacional de Magistrados, y el parecer del entonces Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago , señor Hernán Correa de la Cerda.

En seguida, la Comisión señala en su segundo informe que fueron aprobadas las indicaciones números 4, 10 y 15; que se aprobaron con enmiendas las indicaciones 1 y 14; que se rechazaron las indicaciones números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9,11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25 y 26 (ellas pueden ser renovadas por al menos 10 señores Senadores o por Su Excelencia el Presidente de la República , según el caso); que fueron retiradas las indicaciones números 12 y 22, y que no hubo indicaciones declaradas inadmisibles.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 40 del Reglamento, la Comisión hace presente que las normas contenidas en los números 1), 2), 4), 5), 6), 7), 12) y 13) del artículo 1°; los artículos 773 y 782 del Código de Procedimiento Civil propuestos en el número 2) del artículo 2º, y el artículo 4° del proyecto contenido al final de este segundo informe requieren, para su aprobación, de las cuatro séptimas partes de los Senadores en ejercicio, por incidir en materias propias de ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Constitución. Este acuerdo fue adoptado por la unanimidad de sus miembros presentes, Honorables señores Díez, Fernández y Pacheco.

El proyecto, como recordará el Senado, se está tratando ahora en segunda discusión, y hay algunas indicaciones renovadas, las que deben ser resueltas antes de los artículos propuestos por la Comisión.

La primera de ellas -signada con el número 2 en el boletín correspondiente- recae en el numeral 4) del artículo 1°, fue renovada por Su Excelencia el Presidente de la República y tiene por objeto incorporar la siguiente letra a), nueva, pasando las actuales letras a) y b) a ser b) y c), respectivamente, sin modificaciones:

"a) En el inciso primero, sustitúyese la expresión "diecisiete" por "veintiún".

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, la indicación en debate, renovada por el Ejecutivo, propone modificar la actual composición de la Corte Suprema aumentando el número de sus integrantes de diecisiete a veintiuno. Y las razones que se aducen en respaldo de tal medida, en resumen, son las siguientes.

Primero, en los últimos años dicho Tribunal ha funcionado habitualmente dividido en cuatro Salas, con una permanente participación de abogados integrantes, lo cual no resulta conveniente para su trabajo.

Segundo, los Ministros de la Corte Suprema, además de sus funciones propias, deben asumir otras, como sucede con quienes deben integrar el Tribunal Constitucional. A mi juicio, es procedente que tres miembros de la Excelentísima Corte formen parte de este organismo porque así transmiten su experiencia en los recursos de inaplicabilidad que se hayan resuelto, pero ello no obsta a que la labor de ambos tribunales se vea afectada por esta situación.

Tercero, la Corte Suprema debe ejercer supervigilancia real y efectiva sobre las Cortes de Apelaciones, para lo cual se requeriría un Ministro Visitador por cada una de éstas.

Cuarto, se procura descongestionar al Máximo Tribunal del gran número de causas pendientes, a fin de que se ponga al día en su trabajo a la brevedad posible. Cabe hacer presente que las enmiendas que el proyecto introduce a los recursos de queja y de casación no alteran en medida importante esta situación, pues, dada la gran cantidad de recursos pendientes, pasarán a lo menos dos años antes de que este Tribunal pueda superar el atraso actualmente existente.

Y quinto, la labor de los Ministros de la Corte Suprema se ha visto recargada adicionalmente por los informes que deben emitirse acerca de las iniciativas legales que inciden en materias propias de la ley orgánica constitucional a que se refiere el artículo 74 de la Carta Fundamental.

Por lo expuesto, los Senadores de la Democracia Cristiana solicitamos al Senado aprobar la indicación del Ejecutivo que aumenta a veintiún miembros la composición de la Corte Suprema en lugar de los diecisiete que la integran en la actualidad.

He dicho.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente, insisto en lo expresado sobre la materia al discutirse en general el proyecto. Asimismo, reitero la opinión contraria de la Corte Suprema a dicho aumento, criterio que, en plausible decisión, acogió la Comisión, atendiendo así la voz de ese Tribunal, que fue consultado precisamente respecto de su organización.

No se puede insistir ante la decidida y definitiva opinión de la Corte Suprema. ¡Qué satisfactorio es el acuerdo -consciente del innecesario aumento- que considera la debida organización del Máximo Tribunal de Justicia y la comprensión hacia la significación de la realidad de una justicia, no en atención al número de miembros, sino a la certeza con que se imparte, a la ética con que se conduce y al respeto a la ley con que se llega a quien la requiere y necesita!

No se precisa aumento de Ministros en la Corte Suprema, sino armonizar su competencia con la que es propia de su esencia y rango.

No violentemos la opinión tranquila y reiterada de ese Alto Tribunal. Si se limita su competencia, como ahora lo propone el proyecto, especialmente en materia de recursos de queja, ese aumento es innecesario. ¿Por qué forzar esta opinión con argumentos extraños a esa misma opinión, contrario a la realidad de su organización y de su estructura?

Se ha hecho caudal de la disidencia de cinco señores Ministros, pero no se ha dicho que ellos estiman necesario el aumento en la situación actual, esto es, ante la excesiva competencia y el abuso con que se interponen los recursos de queja, que motivan atraso en sus labores. El proyecto subsana hoy tal anomalía. Y tiene razón en esta materia, como la tiene la mayoría. Pero -repito- precisamente esta iniciativa limita la procedencia de la queja, lo que permite concluir que con las modificaciones desaparecerá el atraso y nada justificará el aumento de Ministros. Considero, sí, razonable utilizar el presupuesto destinado a ese objetivo en la creación de nuevos tribunales de primera instancia, que son necesario para una pronta y expedita administración de justicia que es lo que Chile requiere y está pidiendo.

Con aumentar el número de integrantes de la Corte Suprema no se resuelven los problemas cuya solución espera en estos momentos el país.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, cuando uno debe pronunciarse sobre una norma referente al número de integrantes de un tribunal o un organismo, debe analizar cuáles son las funciones que desarrollan. Obviamente, si el actual sistema se mantuviera tal como está, el Ejecutivo tendría toda la razón. Pero no debemos olvidar que el Senado, en este mismo proyecto, ha cambiado considerablemente el funcionamiento y la competencia de la Corte Suprema.

En la Comisión se dieron a conocer cifras que permiten concluir que la mayor demanda de trabajo para la Corte Suprema y lo que le impide estar al día en sus labores, proviene de la interposición de recursos de queja, porque, como lo señalamos en su oportunidad, se ha transformado en una tercera instancia que obliga innecesariamente a dicho Tribunal a abocarse al tratamiento de materias que debieron haber quedado definitivamente resueltas en la segunda instancia. Y la iniciativa en debate está basada precisamente en el restablecimiento del sistema de la doble instancia que existe en toda nuestra organización jurídica. Todavía más, en el proyecto que aprobó el Senado sobre carrera judicial se buscó, mediante las calificaciones y el modo de conformar las ternas, que al cargo de Ministro de Corte de Apelaciones llegara el personal más sobresaliente del Poder Judicial . Y en el proyecto que creó la Academia Judicial votamos un conjunto de disposiciones tendiente a preparar y capacitar a los magistrados, de manera que, al adoptarse decisión en segunda instancia sobre determinado asunto, se tenga certeza de que se ha resuelto bien. Y sólo debe llegarse a la Corte Suprema por la vía del recurso de casación; o sea, de la anulación de una sentencia cuando se ha dictado con infracción de norma, que es la casación de forma, o cuando se ha violentado la ley sustantiva, que es la casación de fondo.

En consecuencia, tal como muy bien lo dijo el Senador que me antecedió en el uso de la palabra, si aumentamos el número de Ministros, en un muy corto plazo este incremento será innecesario y nos vamos a enfrentar con el problema del exceso de integrantes de la Corte Suprema, sin posibilidad de eliminar a alguno con posterioridad. ¿Cuáles se eliminarían? Y después habría que promulgar una ley para decir "No vamos a llenar vacantes", que provocaría la reclamación de todos los Ministros de Cortes de Apelaciones que esperan integrar la Corte Suprema.

Si se quisiera contar con un mecanismo destinado a resolver el problema de la transitoriedad, habría que pensar en Ministros suplentes de Corte Suprema , tal como existe hoy día en otros casos. Esta idea podría concretarse mediante una indicación extraordinaria, cosa que no se ha hecho y que no es materia del Senado en estos momentos.

Insisto en que, al rechazar en la Comisión la indicación que aumenta la composición del máximo tribunal de justicia, tuvimos presente que con la supresión prácticamente del recurso de queja y el hecho de que la Corte Suprema centraría su labor fundamentalmente en fallar los recursos de casación en el fondo y en la forma, dicho tribunal podría, en un corto plazo, quedar al día en sus tareas.

Pero hay otro argumento que es conveniente considerar. No siempre el aumento de Ministros o de tribunales resuelve los problemas. En la Comisión nos impusimos, por ejemplo -podríamos traer los antecedentes a la Sala-, de que, en lugares donde había diez tribunales, unos despachan muchas más causas que otros. Todos cuantos nos hemos desempeñado como abogados litigantes, conocemos el funcionamiento de la Corte Suprema: hay Salas que con suma rapidez despachan gran número de causas y otras que lo hacen en forma mucho más lenta. No estoy afirmando que aquéllas estén bien, y éstas, mal. Estoy demostrando que el solo hecho de aumentar el número de Ministros no significa necesariamente que la Corte Suprema vaya a funcionar mejor. Por el contrario, a un organismo colegiado con un excesivo número de integrantes le es difícil, a veces, tomar decisiones. Asimismo, cuesta ejercer la superintendencia directiva y correccional de todos los tribunales de justicia que la ley entrega a la Corte Suprema. A mayor número de miembros, mayor número de opiniones, y menos responsabilidad y decisión.

Por lo tanto, considerando tales elementos, los integrantes de la Comisión que votamos en contra del aumento de Ministros de la Corte Suprema , lo hicimos por estimar que esta iniciativa -muy bien inspirada por parte del Supremo Gobierno-, destinada a poner término a una situación existente cuando se envió el proyecto, no se concilia con la realidad legislativa actual, derivada de la normativa ya aprobada por esta Corporación en lo referente a la carrera judicial, a la creación de la academia judicial y a lo ya acordado -no hay indicaciones al respecto- en lo relativo a la modificación de los recursos de queja y de casación de forma y de fondo.

De esa manera se ha racionalizado lo que deberá conocer la Corte Suprema. Todavía más: le hemos otorgado facultad a ese Alto Tribunal para que decida, en un momento determinado, las materias de que se ocupará y no se ocupará. Posiblemente, este punto será objeto de una indicación que oportunamente debatiremos en profundidad. Pero, en el fondo, aquí ha habido racionalización de funciones. En conciencia, crearíamos un mal precedente al aumentar el número de Ministros solamente para subsanar atrasos que pueden ser superados en corto tiempo. En ese caso, es preferible la otra solución: la de designar Ministros suplentes o adicionales de Corte Suprema, que no ostenten la calidad de titulares, sino que puedan serlo cuando se produzcan las vacantes correspondientes.

Por estas consideraciones, quienes votamos en contra de la indicación en la Comisión no consideramos conveniente aprobar el aumento del número de Ministros de la Corte Suprema.

He dicho.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, en el análisis de esta materia escuchamos como argumento para rechazar la indicación del Ejecutivo de aumentar el número de Ministros de la Corte , la fundada opinión del Tribunal Supremo, tocante a la "innecesaria medida" propuesta. Encuentro saludable el afán del Honorable colega señor Martin para colocar el acento precisamente en esta cuestión esencial, hecha presente por la Corte Suprema en su último informe. Sin embargo, a mi juicio, también resulta interesante tomar en consideración lo señalado por el señor Ministro . Particularmente motivado por la discusión en general del proyecto, me preocupé de conocer los antecedentes. Y leí el informe a que Secretario de Estado hizo referencia respecto a cómo la Corte Suprema en enero del 91 era favorable a la ampliación del número de sus integrantes. Entonces, de manera clara existe, a lo menos, una opinión contradictoria de ese organismo judicial, en cuanto a la conveniencia o inconveniencia de aumentar el número de sus miembros.

En segundo lugar, conforme al argumento dado por ese Alto Tribunal para impedir la creación de un número superior de Ministros, "las modalidades de su funcionamiento y su capacidad ejecutiva, como organismo colegiado, se resentirían al aumentar el número de sus miembros.". Pienso al respecto que la idea señalada por el Ejecutivo sobre la especialización de las Salas podría cubrir adecuadamente el temor que señalan los integrantes de mayoría de la Corte Suprema, al establecer su opinión contraria a la ampliación sugerida.

Sin embargo, existe otro parecer, sobre el cual pido al Gobierno que, por lo menos, manifieste un juicio positivo para recogerlo. Porque en el debate en general recordé que una de las premisas esenciales del mencionado organismo para resistirse a la indicación se encuentra en el primer informe de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, cuando dice: "el espacio físico en el Palacio de los Tribunales se halla sobrecopado con las dimensiones que alcanzan los diferentes servicios y el número de personas que laboran en él.".

A mi modo de ver, si el Gobierno se preocupara de dar algunos recursos adicionales a los ya entregados, objetivamente, los señores Ministros de la Suprema dispondrían del espacio necesario para el incremento en el número de integrantes en cada una de las cuatro Salas, lo que resulta "una necesidad de suma urgencia", según el informe que recordaba el señor Ministro .

Quiero hacer notar adicionalmente que los representantes de la Asociación Nacional de Magistrados en la Comisión manifestaron su opinión favorable al incremento de Ministros de la Corte Suprema de 17 a 21 -y aquí cito textualmente el informe en su página 15- "por estimar que, en la práctica, la Corte Suprema funciona desde hace tiempo dividida en cuatro Salas, por lo que sería lógico que lo hiciera ordinariamente en cuatro Salas de cinco Ministros cada una, de tal manera que los abogados integrantes sólo formaran parte de las Salas excepcionalmente.", destacando "la importancia de que los Ministros de la Corte Suprema dispongan del tiempo necesario para desarrollar su labor jurisdiccional en la forma más tranquila y reflexiva posible".

En consecuencia, ante la contradictoria opinión del Tribunal Superior -y, por cierto, no unánime-, he querido traer a la memoria del Senado el parecer de la Asociación Nacional de Magistrados, la cual hizo presente su parecer favorable. Pero aún más: un distinguido miembro del Tribunal Constitucional (que también fue escuchado en la Comisión), don Juan Colombo , mencionó -según consta en el informe- diversas consideraciones muy valiosas. Por ejemplo, con respecto a la materia que ahora nos ocupa, manifestó "que es partidario de aumentar el número de Ministros de 17 a 21, con el objeto de permitir que la Corte Suprema pueda funcionar ordinariamente dividida en cuatro Salas.".

En la misma línea se expresa el jurista de Renovación Nacional don Ricardo Rivadeneira, quien en su participación en los debates de la Comisión expuso -dadas las modificaciones presentadas, a las que se ha aludido extensamente- respecto a la limitación del recurso de queja: "Sin perjuicio de lo anterior, atendida la realidad actual, en que hay un gran recargo de trabajo en el máximo tribunal, sería conveniente aumentar el número de Ministros para que, a lo menos, pueda funcionar ordinariamente con una Sala más.".

Señor Presidente, aquí se invoca lo dicho por la Corte Suprema, y se acredita que a lo menos ha manifestado dos juicios; se recuerda que la Asociación Nacional de Magistrados estima fundamental el aumento de Ministros, y se menciona la opinión de destacados juristas, convocados por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia para escuchar sus planteamientos. Pero, además, es necesario tomar en cuenta el parecer de los ciudadanos, quienes, sobre todo en Regiones, esperan durante meses y meses la resolución de los casos pendientes en esa Alta Corte. Y lo que el país quiere es disponer de un tribunal en donde sus Ministros, con el menor número de causas posibles, puedan analizar, con mayor profundidad, las cuestiones de Derecho que interesa dilucidar.

Cabe tener presente que el proyecto, entre otras cuestiones, pretende que este Alto Tribunal pueda generar una jurisprudencia estable y, además, fundada, ya que ésta es la única manera de fortalecer los principios de igualdad y certeza jurídica. Porque para quienes no son abogados resulta incomprensible que en una Sala de la Corte pueda definirse una cuestión litigiosa en el sentido A, y la misma, en el sentido B. Y eso corresponde, naturalmente, en nuestro ordenamiento jurídico, no a una actitud banal o pequeña de los integrantes de tan alto organismo jurisdiccional, sino al leal saber y entender de ellos respecto de ciertas normas jurídicas. Pero eso produce confusión en la opinión pública.

Por lo tanto, el número de integrantes del Máximo Tribunal se halla ligado directamente con la otra necesidad advertida por el Ejecutivo: la de la especialización, lo cual implica que haya jueces competentes para conocer materias tan complicadas como las relacionadas con problemas tributario, con legislación bancaria o con normas del ámbito laboral, donde muchas veces el adecuado conocimiento de ellas y del sentido general que las rige, ayuda a que las controversias sean resueltas más rápidamente y de manera más fundada.

Por consiguiente, quiero destacar que nuestra aprobación a la indicación del Gobierno no establece un criterio contrario a esa Alta Corte, a la cual respetamos. Pero consideramos que el país tiene derecho -y a nosotros, como legisladores, nos corresponde lograrlo- a que una función tan importante y relevante para la sociedad chilena como la de ser integrante de la Corte Suprema tenga el respeto ciudadano, y, además, se vea dotada de las condiciones ambientales de tiempo y espacio para su debida valoración por parte de la opinión pública.

El señor THAYER.-

Señor Presidente, éste es un tema sumamente controvertible, en donde las posiciones planteadas son francamente muy respetables.

Confieso que me hace fuerza sustancialmente el hecho de que, en definitiva, la Corte Suprema no sea partidaria del aumento del número de sus miembros. Y las razones expuestas para evidenciar que ésta se encuentra en un error, a mi juicio, no son suficientemente concluyentes.

Por tal motivo, personalmente no estoy proclive a aceptar la indicación. Sin embargo, deseo formular dos o tres observaciones, para la debida solución de la materia.

En primer lugar, escuché con mucha atención al señor Ministro , quien, si no he entendido mal, ha vinculado esta indicación a la relativa a la especialización de las Salas de la Corte, quizás aprovechando su intervención para abordar ambos temas. Pero, de alguna manera, una indicación apoyaría a la otra.

Hace pocos días, tuve la oportunidad de conversar con Su Excelencia el Presidente de la República , a quien expresé mi solidaridad frente a los injustos ataques de que había sido objeto, tanto en el exterior como en Chile, los cuales fueron soeces e indebidos, sobre todo para un hombre que, como Presidente de nuestro país, su moralidad es integérrima, según nuestra convicción. Hablamos de algunos de los puntos en debate. Y el Primer Mandatario hizo particularmente presente su preocupación por la indicación tocante a las Salas especializadas; pero no tratamos el punto referido al aumento de Ministros.

Hago estas referencias para manifestar mi gran inquietud por el asunto y, además, para dar a conocer mis observaciones.

A mi modo de ver, no se ha indagado suficientemente en la materia. Y aprovecho la presencia del señor Ministro para plantearle -casi en tono de pregunta- algunos de los diversos medios que contribuirían a aliviar la carga excesivamente pesada que actualmente debe asumir la Corte Suprema por el hecho de que lleguen a su conocimiento muchos más asuntos de los que corresponde y de que no disponga ni de tiempo ni de los elementos técnicos necesario para resolverlos con prontitud.

Resulta incómodo tener que pronunciarnos -es inevitable que así suceda- artículo por artículo respecto de una situación en la cual ciertas indicaciones influirán en otras. Porque suponemos que se aprobarán normas relativas al recurso de queja que aliviarán, en alguna medida importante, la tarea que debe asumir la Alta Corte. Y de ser así, nos estaríamos oponiendo al aumento del número de sus miembros. Con esa limitación, en todo caso, parece razonable mantener el número de Ministros de dicha Corte.

Sin embargo, cuando tuve ocasión de servir en la Editorial Jurídica de Chile, recuerdo que estudiamos con mucho interés un convenio entre el Poder Judicial y esa empresa -inclusive alcanzó a aprobarse- para la introducción de una serie de elementos computacionales que concurrirían muy especial y eficazmente a aliviar la labor de administrar justicia y a permitir, con un mismo número de Ministros o con uno menor, absorber eficazmente una tarea que en la actualidad se hace particularmente pesada.

La introducción de la computación -sobre todo en el proceso informativo- para que el juez que debe conocer un asunto pueda disponer en cualquier instante y de manera adecuada de todos los antecedentes acerca del número de casos fallados, de cuántos lo han sido de similar manera y de quién ha emitido pronunciamiento en uno u otro sentido, es algo que en la actualidad toma mucho tiempo. Es muy incómodo para un magistrado resolver acerca de una materia sin conocer lo que ha sido la jurisprudencia en el país. Hoy día es posible obtener tales datos, pero eso exige cumplir algunas etapas técnicas, como reducir los textos de la Revista de Derecho y Jurisprudencia a formatos que pueda asimilar el sistema computacional, a fin de permitir a los Ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones o a los jueces contar con toda la información sobre lo resuelto reiteradamente de una u otra manera. Ello aliviará enormemente el trabajo; sin embargo, tomará tiempo asimilarlo.

He hecho esta referencia porque sobre la materia, existe un convenio celebrado entre la Editorial Jurídica de Chile, el Ministerio de Justicia y el Poder Judicial hace aproximadamente siete años, y me interesa saber en qué quedó y cuánto se ha avanzado al respecto -estoy seguro de que mucho-, pues me parece importante ahondar en los mecanismos que permitan aliviar al Alto Tribunal del excesivo caudal de asuntos que llegan a su conocimiento, los que debieran ser resueltos satisfactoriamente a niveles inferiores. Indudablemente, algo de eso se corregirá -y en gran medida- con lo que se pretende hacer respecto del recurso de queja. También es necesaria la simplificación o precisión del destino de los recursos de casación en la forma y en el fondo.

En cuanto a la especialización, considero que se trata de un asunto muy delicado, al que he dado muchas vueltas. La indicación del Primer Mandatario es bastante prudente, pero temo que no conduzca a la unificación del criterio de la Corte Suprema. Por mucha especialización que se busque, los asuntos son complejos y tienen más de una arista. No es fácil establecer que determinados asuntos de carácter civil, penal, laboral, administrativo, corresponden específicamente a una u otra Sala. La mayoría de las veces estarán implicados problemas de una u otra área, y la jurisprudencia puede resultar contradictoria. Creo que es interesante explorar esta situación -conozco experiencias fructíferas, como la de la Sala Laboral de la Corte Suprema francesa-; pero, en definitiva, no me inclino a buscar la solución de estos problemas sobre la base de sacralizar un exceso de trabajo proveniente de algo que puede corregirse, en lugar de ver manera de que el Alto Tribunal mantenga su papel en cuanto a generalidad de conocimiento de los asuntos y al número de Ministros, mientras no esté absolutamente determinado que en la actualidad dicho numero es insuficiente.

Por último, deseo acotar lo manifestado por el Senador señor Martin en cuanto a que ojalá los recursos disponibles se destinen a incrementar el número de jueces de la instancia, por ser allí donde -creo- particularmente debe operarse, en lugar de aumentar el de Ministros de la Corte Suprema , sobre la base de mantener una actividad que, a mi juicio, resulta indudablemente exagerada, producto de los defectos ya anotados.

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, cuando se examina la demora en que puede incurrir un órgano o entidad para el despacho de sus asuntos, hay tres aspectos que debieran considerarse: el número de personas que deben resolver, las materias que corresponde fallar y la forma de mejorar los procedimientos para lograrlo.

En el caso de que se trata, Su Excelencia el Presidente de la República ha formulado una indicación para aumentar el número de Ministros de la Corte Suprema . A su vez, el Senado ha estudiado la cuestión y tiene algunas proposiciones que vamos a debatir. Pero la idea es que el Alto Tribunal sólo conozca de aquellos asuntos acerca de los cuales resulte indispensable su pronunciamiento. Hay que descargarlo de materias intrascendentes, de poca cuantía.

El Máximo Tribunal no puede constituir una instancia más. Se ha planteado reiteradamente en esta Sala la necesidad de que su dictamen sea oportuno, porque lo contrario crearía múltiples problemas en las Regiones. La verdad es que no se ve cómo puede ser tal, pues se trata de un tribunal de excepción en lo que a conocimiento de las causas se refiere, cuyo trámite ordinario debe terminar en las Cortes de Apelaciones.

Repito: la Corte Suprema no puede constituir jamás una instancia. Y los recursos de casación en el fondo o de queja deben ser la excepción. Ese es un aspecto muy importante de destacar. Recuerdo que en múltiples reuniones celebradas con magistrados del Alto Tribunal se ha planteado el tema y comentado que a diario conocen de materias absolutamente intrascendentes que, en virtud de un artículo, de un inciso, o de lo que fuere, pasan a su decisión y se ejercen los respectivos recursos.

En suma, el análisis efectuado y la coincidencia de opiniones en el sentido de reservar al Máximo Tribunal sólo aquello de carácter excepcional, y que jamás constituya otra instancia ni deba fallar recursos ordinario, sino los absolutamente extraordinario, me hacen pensar que debemos examinar otro aspecto, cual es el de los medios de que dispone para desarrollar su labor. El Honorable señor Thayer planteó el tema, el mismo que, por su importancia, hemos analizado con anterioridad. A modo ilustrativo, deseo señalar que tanto los magistrados de la Corte Suprema como los de las Cortes de Apelaciones no cuentan con una persona que conteste el teléfono -¡ni siquiera una secretaria!-, lo que resulta absurdo.

Por ello, pido al señor Ministro que no entremos a discutir si ello se da o no se da, pues la realidad es que no hay infraestructura que permita a los tribunales colegiados tener el apoyo de personas calificadas para buscar una jurisprudencia o hacer una investigación en materia de conocimiento de otras causas.

Por lo anterior, que es fundamental, no podemos pensar que en el año en que vivimos y en el siglo en que estamos una persona pueda desarrollar su labor escuchando tres o cinco relaciones en una tarde y emitiendo un fallo en un asunto de la mayor complejidad.

Sobre el particular, y para los efectos de corroborar que no hay comprensión en ese punto, deseo citar lo señalado por el señor Presidente de la Corte Suprema ante la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos -examinó el presupuesto del Poder Judicial-, cuyo informe dice textualmente:

"A este respecto, informó que se propuso sesenta nuevos cargos a contrata en el Poder Judicial y veinte para la Corporación Administrativa, pero que el presupuesto 1994 no concede ningún cargo para el Poder Judicial , argumentándose que mediante la creación de nuevos tribunales se está aumentando la dotación de personal. En todo caso, dijo, se contemplan cuatro cargos de profesionales para la Corporación Administrativa.".

Lo anterior significa que se pidieron 60 funcionarios y se autorizaron cuatro. Cualquiera de los señores Senadores que participaron en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos sabe que en otros servicios analizados por la referida Subcomisión hubo aumentos de dotación muy importantes, como es el caso del Servicio Nacional de Menores, del Registro Civil o de la Dirección del Trabajo. Y en todos ellos la explicación fue que se requiere más personal, por haber recargo de trabajo. Recuerdo que el Registro Civil pidió abrir otra oficina, basado en que en cada comuna debe haber una repartición del mencionado servicio. ¡Si en todas las comunas debe haber también un juzgado, como lo dispone el Código Orgánico de Tribunales! Pero tal disposición no se cumple.

Lo concreto es que los Ministros de las Cortes Suprema y de Apelaciones carecen de apoyo para desarrollar sus actividades. Se ha planteado que el sistema computacional podría constituir un respaldo tanto respecto de un banco de datos jurídicos cuanto en lo tocante a introducir en un computador la información de un expediente, de tal manera que, en el caso de los procesos criminales, por ejemplo, digitando un nombre aparezcan las fojas referentes a la persona correspondiente. Todo eso es indispensable; pero, mientras no se materialice, no podemos pensar en que los señores magistrados tengan un rendimiento razonable y eficiente sino con un sacrificio humano que no es dable exigir a servidor público alguno.

En síntesis, considero que a la Corte Suprema debe llegar sólo lo extraordinario e importante, y que debe mejorarse toda su infraestructura, de manera que sea factible un desarrollo eficiente y eficaz de las funciones judiciales, lo que me hace pensar que no es necesario aumentar el número de sus integrantes. Porque la verdad es que si se desea que la situación progrese sobre la base de incrementar ese número, debiera haber una cantidad tal de magistrados que resultaría inoperante el funcionamiento del Tribunal Máximo, que debe adoptar decisiones que resultan obligatorias para el resto de los existentes en la República.

Por tales consideraciones, votaré en contra de la indicación, y formulo votos para que mejore la infraestructura del Poder Judicial . Y lo mismo que he planteado en esta ocasión lo he señalado durante el estudio de los proyectos de Ley de Presupuestos para los años 1991, 1992, 1993 y 1994, como puede leerse en los correspondientes informes de la Subcomisión respectiva.

He dicho.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente, respecto del número de miembros de la Corte Suprema, el Senado ha entrado a un debate de fondo sobre el funcionamiento del Tribunal, materia que considero muy conveniente esclarecer.

Me parece adecuado enfocar el trabajo del Máximo Tribunal con una visión distinta de la que generalmente tiene la opinión pública, e igualmente diferente de la que de ordinario adoptamos los abogados.

La Corte Suprema no puede constituirse, en la mayoría de los asuntos importantes del país, en una tercera instancia de hecho. Ello, además de hacer imposible su funcionamiento, centraliza en Santiago el pronunciamiento definitivo y deja a la gente de recursos medios o escasos sin posibilidad de venir a defender sus derechos acá, esto es, muy lejos del lugar donde se produjeron las circunstancias que originaron la acción de la justicia. Lo lógico sería que, siguiendo el proceso de regionalización del país, afirmáramos las atribuciones de las Cortes de Apelaciones y creáramos conciencia en el país, en la interpretación de los códigos orgánicos y de procedimiento, de que los juicios terminan en dichas Cortes, es decir, cerca del lugar donde se producen los hechos, y con conocimiento del ambiente y de las costumbres. Éstas pueden ser muy distintas en cada zona, sobre todo en materias de orden comercial, en que la costumbre tiene tanto valor.

Tal es el concepto necesario para enfocar el tema en debate. La Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, teniéndolo unánimemente en vista, ha propuesto algunas modificaciones al recurso de queja, con el objeto de restringirlo a la aplicación real y verdadera de la facultad de dirección y de las facultades económicas y correccionales de la Corte Suprema. Ésa es la finalidad del recurso de queja; no la de construir, sobre la base de él, una tercera instancia. Ojalá, las disposiciones, aprobadas sobre la materia den el fruto que esperamos sus autores.

Seguidamente, se ha precisado que los fallos en casación tampoco son para crear una tercera instancia, aun en asuntos importantes. En consecuencia, se establece que una Sala de la Corte Suprema, por unanimidad de sus miembros -ésa es la garantía- y con un fallo breve y sumario, podrá declarar que un asunto no tiene relevancia jurídica y que, por lo tanto, no está dentro de lo que es propiamente su segundo papel, cual es uniformar la jurisprudencia al respecto.

Personalmente, pienso que la decisión de si serán 17 ó 21 los miembros puede no tener ahora demasiada importancia. Pero, a medida que vayamos aumentando la cantidad de miembros del Alto Tribunal, iremos haciéndole perder su unidad de acción en ambas materias.

La especialización propuesta como solución no es del agrado de la Corte Suprema; tampoco lo fue del de la Comisión. Nuestros jueces no nacen con especialidades. Toda la carrera judicial está hecha con jueces de competencia general, los que, por consiguiente, aplican los principios generales del Derecho. Personalmente -lo hice presente en la Comisión-, estimo peligrosa la especialización en materia de Derecho, porque en él no hay especialidad propiamente tal. Todo el Derecho está informado por los mismos principios generales, que son de aplicación en el campo total de la legislación. Por eso, hemos sido enemigos de la especialización. Ella nos dejaría varias Cortes Supremas: una laboral, una de menores, una del crimen, una civil. Y lo que queremos es una interpretación armónica y general del Derecho. Esas son mis razones para no estar de acuerdo con la especialización.

Se ha invocado como argumento para aumentar el número de miembros de la Corte Suprema la participación continua de abogados integrantes. Debo confesar que me gusta la institución de tales profesionales y que ella ha dado, a mi juicio, buen resultado. Evita que los tribunales pierdan de vista la realidad y que la justicia sea, realmente, ciega.

La presencia de abogados integrantes en las Cortes da a éstas una visión activa del Derecho, y permite a los tribunales colegiados contar con el punto de vista de los profesionales más serios y destacados. Por otra parte, la práctica ha demostrado que la institución de abogados integrantes, en vez de producir problemas en los tribunales, les ha significado el enriquecimiento que aportan distinguidos colegas, como profesores universitario, abogados con muchos años de profesión, etcétera. Por esta razón, no me molesta que los tribunales colegiados, entre ellos la Corte Suprema, estén compuestos por Ministros de Corte integrantes.

En otro plano, pienso que la discusión acerca de si deben ser 17 ó 21 los miembros de la Corte Suprema, sería tal vez más oportuna cuando llegue a conocerse el funcionamiento real de las disposiciones aprobadas, que restringen el recurso de queja y hacen expedito el de casación. Después de ver cómo operan estas modificaciones, cabría pronunciarse sobre el número de Ministros del Alto Tribunal . Es evidente que en cualquier momento lo podremos aumentar; pero, una vez tomada esa decisión, no será posible disminuirlo, porque ello implicaría una serie de problemas de tiempo, procesales u otros.

En consecuencia, no me pronunciaría sobre ese aumento mientras no se contara con alguna experiencia en el funcionamiento de nuestros tribunales, especialmente de la Corte Suprema, en la forma como lo pretenden las modificaciones a nuestros códigos orgánicos y procesales.

Por esta razón, soy contrario a la ampliación del número de Ministros de la Corte Suprema -aunque admito que es una materia discutible- y prefiero enfocarla a posteriori, conociendo el funcionamiento de las disposiciones sustantivas, porque es más fácil aumentar que disminuir.

He dicho.

El señor MARTIN .-

Señor Presidente, si en una ocasión la Corte Suprema informó favorablemente el aumento del número de Ministros, fue precisamente por lo que hemos dicho en forma muy reiterada esta tarde: el exceso de materias de su competencia. Hoy este exceso se está limitando, se está llevando a su nivel normal.

Lo ha dicho el Senador señor Díez: la Corte Suprema tiene un carácter de tercera instancia. Pero ello ha ocurrido debido al abuso del recurso de queja. Éste, que es para la ley un recurso ordinario, se transformó en uno extraordinario. Desapareciendo, señor Presidente , señores Senadores, ese exceso de trabajo, la Máxima Corte volverá a su normalidad y podrá trabajar en las Salas como hoy lo dispone el Código Orgánico de Tribunales. Limitada su competencia a las materias que le corresponden, funcionará adecuadamente.

Y hay algo muy especial, señor Presidente . Se ha dicho que hay falta de justicia; ello se ha reiterado ampliamente. En verdad, lo que el país quiere es justicia al alcance de todos; que a todos pueda alcanzar; que haya tribunales de fácil acceso. El aumento de Ministros en la Corte Suprema no facilita ese logro. Son los tribunales de primera instancia los que pueden satisfacer esa aspiración nacional. Miremos la realidad, señor Presidente . ¡Si es el exceso de trabajo lo que hoy día impide a la Corte Suprema realizar de un modo normal las labores que le encomienda el Código Orgánico de Tribunales!

Comparto lo dicho por el señor Ministro en cuanto a la necesidad de aumentar el número de Cortes de Apelaciones. ¡Es indudable! Es lo que está pidiendo toda la ciudadanía, consciente de lo que significa no poder llegar a un tribunal de segunda instancia. Es lo que debe hacerse en numerosas Regiones, y en especial en la Metropolitana. Ya se insinuó, hace algún tiempo, que deberán crearse dos nuevas Cortes de Apelaciones en la Capital. Eso, a mi juicio, está totalmente de acuerdo con lo que afirmó el señor Ministro de Justicia.

Ahora quiero considerar un punto que abordé cuando se discutió el proyecto en general: el de Salas especializadas a que se refiere el artículo propuesto como 99 del Código Orgánico.

Mantengo lo que en esa ocasión señalé en cuanto a que la Corte Suprema no está de acuerdo con ese tipo de especialización; pero propone flexibilizar el mecanismo de la competencia de Salas entregando al Presidente -con la anuencia, sin duda, del tribunal pleno-, la distribución de la labor entre las distintas Salas del Tribunal, de modo que algunas de ellas tomen conocimiento de materias determinadas (civiles, penales, tributarias u otras), por los períodos que se estimen convenientes, según las necesidades del servicio. Así no se recargarán las Salas. No existirán Salas especiales criminales. Sabemos que el trabajo en materia penal es el mayor. Entonces, con una Sala de carácter exclusivamente tributario, por ejemplo, se agotaría su trabajo en período muy breve; en cambio, las Salas de Derecho Penal, o Civil, o Laboral, seguirán recargadas de trabajo con el consiguiente retardo para esas especialidades.

Lo que se requiere es que sean las necesidades del servicio las que determinen la especialidad con que deberá actuar la Corte, y por el tiempo que sea indispensable. De otro modo, nos vamos a encontrar con algunas Salas abrumadas de trabajo, mientras otras estarán pacientemente esperando la llegada de causas de que deban conocer. ¡Ésta es la realidad, la verdad, lo que necesita la pronta justicia! No es la ilusión de quienes ignoran el quehacer cambiante en los asuntos a que se aboca la Corte Suprema, un quehacer que cada año se va dando en forma diferente. No se puede llevar a los Ministros del Máximo Tribunal a una visión parcial del ordenamiento jurídico, a un área específica, privándolos de la participación en el estudio y fallo de materias comprendidas en las diversas ramas del Derecho.

El sistema propuesto impediría un todo interpretativo, un conjunto interpretativo; y conduciría hacia una visión parcial del ordenamiento jurídico al obligar a algunos Ministros a permanecer en forma prolongada en un área específica, sin interrelación con los demás. Ninguna rama del Derecho -lo sabemos todos- es tan autónoma como para prescindir del resto. Son connaturales unas a otras, y es en la Corte Suprema donde debe tenerse la visión más amplia posible del negocio jurídico, sobre la base de una experiencia múltiple en la universalidad del Derecho.

¿Por qué no oímos la voz experimentada de los Ministros de la Corte Suprema? ¿Por qué oímos voces que carecen de su experiencia? ¡Escuchemos, señor Presidente, a quienes ejercen esa misión y saben qué se requiere para hacerla más efectiva y eficaz! ¿Por qué tenemos que oír a personas que no han vivido esa experiencia? ¡Prestemos atención a la Máxima Corte y hagamos justicia a sus Ministros, que viven para desempeñar esa labor!

¿Se pretende que esos magistrados deban mantenerse durante cinco años en Salas especializadas, en circunstancias de que el país conoce los problemas que la Corte Suprema ha tenido que enfrentar en diversos momentos? Al respecto, si bien en este tema no pueden hacerse comparaciones, cabe recordar que se persigue el propósito de disminuir el mandato del Presidente de la República a cuatro años, por estimar excesivo un período de ocho años. Pues bien, en el caso que nos ocupa se obligaría a que los Ministros del Máximo Tribunal permanecieran cinco años dedicados exclusivamente a aquellas materias que le corresponda tratar a la Sala a la cual se hallen asignados.

La Corte Suprema es un tribunal con competencia de carácter universal y, en mi concepto, no merece la pena agravante de tener que desempeñarse por especialidades.

Por eso, señor Presidente, discrepo totalmente de las opiniones expuestas en favor de estas enmiendas y de la proyección que pueden tener.

He dicho.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, en esta ocasión analizamos una de las reformas judiciales propuestas por el Ejecutivo: la relativa a la composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema y a los recursos de queja y de casación.

De todas ellas, ésta es la menos importante, en el contexto de los innumerables problemas que diariamente enfrentan quienes desarrollan la labor jurisdiccional, así como las personas que acuden a los tribunales para ejercer alguna acción. Sin embargo, es la que mayor interés ha despertado a nivel de autoridades de Gobierno y de dirigentes políticos.

A este respecto, es bueno recordar que en otra oportunidad el Ejecutivo intentó iniciar una reforma judicial a través de la Cámara de Diputados, donde no obtuvo el apoyo indispensable, y sus principales proposiciones fracasaron por falta de quórum. Ya entonces hicimos presente que la llamada "modernización del Poder Judicial" -a la que debíamos abocarnos con urgencia- tenía que abordar los problemas que en forma constante deben sortear los tribunales de justicia y que afectan directamente a las personas que acuden a ellos.

Esas situaciones dicen relación a la carencia de recursos económicos; la falta de estímulos para atraer a la carrera judicial a los profesionales más destacados del mundo del Derecho; la obsolescencia, complejidad y lentitud de los procedimientos, que retardan considerablemente la acción de la justicia; el imperativo de crear nuevos tribunales, en proporción adecuada al número de habitantes de cada comuna; la importancia de contar con una infraestructura apropiada, con el objeto de desarrollar una oportuna y eficiente labor; y, en fin, el acceso a la justicia para las personas de medios más modestos.

Si hubieran de resumirse en una sola expresión los problemas existentes en este ámbito, inevitablemente habría que subrayar la necesidad de mayores recursos. Y si tuviéramos que identificar dónde se concentran con mayor rigor esas dificultades, cabría señalar que ello ocurre en la primera instancia. Todos los estudios serios realizados hasta ahora, como, asimismo, las estadísticas oficiales sobre la materia, enfatizan la necesidad de dotar de mayores recursos al Poder Judicial, de crear más tribunales en las comunas y de flexibilizar los actuales procedimientos.

El gran desafío pendiente es garantizar un real acceso a la justicia. Es decir, la cuestión más grave que se plantea no está radicada en la cúspide de la pirámide judicial, sino -exactamente a la inversa- en su base.

Empero, el proyecto de ley en examen no aborda ese aspecto; se refiere, apenas, a la composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema y significa para el país un esfuerzo económico del orden de los tres millones y medio de pesos al mes.

Es indudable que la forma como el Ejecutivo ha venido enfrentando el desafío de la modernización del Poder Judicial ha generado un ambiente inapropiado e inconveniente para un acertado tratamiento de este asunto. En los últimos años la ciudadanía ha sido testigo de un intenso debate relativo a la composición, organización y atribuciones de la Corte Suprema, materia en la cual se han centrado las mayores preocupaciones del Gobierno, cuyas principales propuestas, lejos de robustecer la independencia y autonomía del Máximo Tribunal, las debilitan considerablemente.

En ese intento, se llegó a sostener, incluso, que si queríamos acceder a los recursos de los organismos internacionales y de los extranjeros que aspiraban a invertir en Chile, era preciso aprobar la reforma judicial presentada. Afortunadamente, tan inédita fundamentación no encontró eco en ningún sector del país.

Para nadie es un misterio la opinión de la coalición gobernante acerca del desempeño del Máximo Tribunal durante el Régimen anterior, principalmente con relación a los derechos humanos. A ello se vincula la querella doctrinaria generada entre la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo respecto del sentido y alcance de la Ley de Amnistía, y otras situaciones que no es oportuno revivir en este momento.

Esa campaña sistemática -que no contribuye, precisamente, al prestigio de la Corte Suprema-, propiciada desde esferas cercanas al Gobierno de la Concertación, quedó registrada como el antecedente inmediato de la reforma en debate. No de otro modo se explica que las dos principales proposiciones del Ejecutivo contenidas en este proyecto de ley: el aumento del número de Ministros de la Corte y la especialización de las Salas, hayan sido rechazadas por la Comisión de Constitución del Senado.

El propio informe elaborado por la Comisión insinúa que una de las inquietudes presentes a la hora de analizarse esos puntos era la de que pudiera designarse a los nuevos miembros titulares de la Corte Suprema con criterio eventualmente políticos, y alterarse, así, las mayorías existentes en el seno de ese Tribunal, preocupación que el señor Ministro de Justicia intentó disipar, al parecer sin éxito.

No se trata de desconocer los problemas aquejan al Máximo Tribunal de la República en su labor habitual, sino, simplemente, de situar el asunto en un contexto integral. En ese contexto, es indudable que las mayores necesidades se encuentran en la base de la organización jurisdiccional y no en su cúspide. Y mientras ellas no se enfrenten con la debida perspectiva, apenas estaremos corrigiendo un aspecto secundario, que poco o nada contribuirá a aliviar las demandas de la comunidad por una pronta y efectiva modernización judicial.

En ese mismo plano, atribuimos más importancia, por ejemplo, al proyecto de ley que dispone la creación de los juzgados vecinales, cuyo propósito fundamental es facilitar a los sectores de menores ingresos el acceso a la justicia. Sabido es que los conflictos jurídicos que afectan a una inmensa proporción de la ciudadanía no alcanzan a ser conocidos por los tribunales ordinario, por múltiples factores: falta de cobertura adecuada; lejanía física de los locales en que funcionan, respecto de las áreas residenciales populares; lentitud y complejidad de los procedimientos; imposibilidad de acceder a una asesoría jurídica expedita y eficiente, y, sobre todo, los costos que ello implica.

Las estadísticas oficiales permiten comprobar que la mayoría de las causas ingresadas y terminadas en los juzgados de letras revisten, esencialmente, carácter comercial (juicios ejecutivos, notificaciones de protesto de cheques, otras gestiones preparatorias de la vía ejecutiva, notificaciones de protesto de letras, pagarés y otros). Asimismo, los estudios efectuados en Santiago revelan que más de 70 por ciento de los juicios ejecutivos (cobranzas) tramitados ante los juzgados de letras de la Capital corresponden a demandas presentadas por instituciones financieras y grandes corporaciones. Adicionalmente, esos informes indican que no existe concordancia alguna entre la creación de tribunales y la población de sus respectivos territorio jurisdiccionales.

De esa manera, resulta evidente la necesidad de contar con mayor número de tribunales que se dediquen especialmente a conocer de los conflictos jurídicos de común ocurrencia entre los sectores de más bajos ingresos, y que cuenten con procedimientos ágiles, expeditos y exentos de formalidades para la sustanciación de los procesos que estén llamados a conocer.

No obstante, como se hace resaltar en el informe elaborado sobre esa iniciativa, ella hace recaer en las propias municipalidades el financiamiento de los nuevos juzgados vecinales, y no se dispone traspaso o asignación de ningún tipo para ese efecto.

Si se considera el actual nivel de déficit que afecta a los municipios en los ámbitos de la salud y la educación, resulta inaceptable que ahora el Gobierno les imponga una nueva carga económica, que, previsiblemente, no estarán en condiciones de solventar. A mayor abundamiento, el informe financiero que el Gobierno entregó a esta Corporación, en el cual se estima el costo que significará para las 334 municipalidades del país la instalación de los nuevos juzgados vecinales, es manifiestamente erróneo, pues el cálculo se hizo sobre la base de que en cada uno de ellos laboraría sólo una persona: el juez vecinal. No se consideró el gasto involucrado en la adquisición del local, la dotación de infraestructura y la contratación de personal.

Indiscutiblemente, hay aspectos medulares de esa normativa que deberán corregirse en el curso de la discusión que se genere al respecto.

Señor Presidente, con lo expuesto he querido hacer hincapié en la verdadera dimensión del proyecto de ley en análisis, en cuanto al desafío -que todos compartimos - de modernización de la justicia. Y si bien las proposiciones que incluye no apuntan, a mi juicio, a la raíz de los problemas que día a día enfrenta el mundo judicial, en principio estoy de acuerdo con la mayoría de ellas. Incluso, estimo que el aumento del número de Ministros y la especialización de las Salas merecen un segundo análisis, más exhaustivo y libre de toda connotación política, lo cual espero que ocurra con posterioridad a este trámite legislativo.

Igualmente, me parece que las correcciones atingentes al ámbito de los recursos de queja y de casación se insertan en la dirección apropiada, ya que las propuestas contenidas en el informe de la Comisión recogen, en gran medida, los requerimientos pendientes en esta materia.

Por las razones expuestas, señor Presidente, votaré negativamente la indicación renovada.

He dicho.

La señora SOTO .-

Señor Presidente, recientemente -creo que sólo ayer-, el Ministro de la Corte Suprema señor Lionel Béraud expresó que el principalísimo derecho de todas las personas es el concerniente a la vida y la integridad personal. Y ello, a raíz de un error médico del cual fue víctima; vale decir, lo señalaba, no administrando justicia para otros, sino para sí mismo.

Considero que el señor magistrado tiene mucha razón. Yo agregaría que, junto al derecho a la vida y a la integridad física, está también el derecho a la libertad. Y, por eso, nuestra Constitución Política y los códigos del ramo establecen una garantía fundamental para aquellos que ven infringidos esos derechos esenciales: los recursos de amparo y de protección.

Ahora bien, señor Presidente, a los argumentos esgrimidos para justificar el aumento del número de Ministros del Máximo Tribunal quiero añadir el atinente a esos derechos esenciales de los ciudadanos. Este tipo de materias, de las que debe conocer en segunda instancia la Corte Suprema -la primera instancia corresponde a una Corte de Apelaciones, a la que recurren quienes ven vulnerados sus derechos naturales-, representan, según datos estadísticos, 25 por ciento del total de los asuntos sobre los cuales tiene que pronunciarse ese Alto Tribunal. En tales casos no puede hacerse justicia si no se cuenta con el número suficiente de Ministros para resolverlos.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, al margen de las consideraciones que se han expuesto, opino que la solución de incrementar el número de Ministros sentaría un mal precedente, porque, cuando hay un exceso de trabajo, el camino adecuado no es el de aumentar las personas encargadas de decidir, sino el de facilitar a éstas su tarea. Ello puede lograrse si se proporcionan buenas asesorías y -como hemos visto- se eliminan aquellas materias que no son de resorte exclusivo de la Corte Suprema. Por la otra vía podríamos llegar, a modo de ejemplo, a aumentar indefinidamente el número de Secretario de Estado , o bien, incluso el de Parlamentario.

Por lo tanto, lo que debe hacerse es racionalizar el sistema, dar buena asesoría y confiar, en definitiva, en el buen criterio y la ponderación de quienes encabezan la justicia chilena.

Voto que no.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, de todo el debate que ha habido a propósito de la reforma judicial, creo que se desprende, como una de las conclusiones indesmentibles, la necesidad de revisar y reestructurar el funcionamiento del Más Alto Tribunal de la República . El atochamiento y el retardo en el despacho de las causas han llevado a la búsqueda de una fórmula que, a mi juicio, resulta muy razonable para obviar estos problemas, cual es la de suprimir, en la práctica, el recurso de queja.

Paralelamente, pienso que el aumento de Ministros de la Corte Suprema también ha surgido como una necesidad indesmentible. Quizás, el argumento contrario que más reiteradamente se ha tenido en cuenta al respecto, aunque no haya sido proclamado, es el de que esa medida, en el fondo, podría contribuir a restarle majestad y prestancia a dicho Tribunal, como si estos valores y atributos derivaran de una cifra. Me parece que, más allá de la contingencia política, de las suposiciones o presunciones que pueden girar en torno al eventual nombramiento de nuevos Ministros, no es conveniente soslayar una realidad tan indesmentible como la que se plantea, por lo que debiera aumentarse la cantidad de esos magistrados, para que el Máximo Tribunal funcione de manera adecuada.

Lamentablemente, sólo me he limitado a fundamentar un voto que no puedo emitir, porque estoy pareado con el Senador señor Ortiz.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Terminada la votación.

-Se rechaza la indicación renovada (18 votos por la afirmativa, 15 por la negativa, una abstención y un pareo), por no reunirse el quórum constitucional exigido.

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Lavandero, Núñez, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Soto, Sule, Valdés y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Cooper, Feliú, Fernández, Jarpa, Larre, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Otero, Romero, Siebert, Sinclair, Thayer y Urenda.

Se abstuvo de votar el señor Piñera.

No votó, por estar pareado, el señor Vodanovic.

-Se rechaza, por no reunirse el quórum constitucional requerido (18 votos por la afirmativa, 15 por la negativa, una abstención y un pareo).

El señor OTERO .-

Señor Presidente, me parece que estamos alterando el orden del correcto análisis, porque el tema que se expone depende de lo que se resuelva en definitiva respecto de la proposición unánime a que llegó la Comisión en lo atinente al artículo 99. En efecto, hay una contradicción evidente entre la indicación y lo que se ha planteado en el sentido de que la Corte Suprema deberá determinar las materias de que conocerán las Salas, en las cuales los Ministros se distribuyen de acuerdo a un sorteo. En cambio, el texto que se acaba de leer entrega tal determinación al Presidente del Máximo Tribunal .

Para prevenir la eventualidad de que nos pronunciemos sobre normas incompatibles, solicito que se siga el orden de las proposiciones, ya que no se pueden efectuar votaciones saltadas.

Muchas gracias.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, coincido con el planteamiento del Senador señor Otero, en el sentido de que lo importante, antes que el despacho de todas las indicaciones, es avanzar por orden. De tal manera que ahora correspondería que nos pronunciáramos acerca de la proposición del informe relativa al numeral 6), la cual modifica el artículo 99 del Código Orgánico de Tribunales y fue aprobada por unanimidad en la Comisión. Si es acogida por la Sala, lo procedente es rechazar la indicación renovada del Ejecutivo.

La materia a que me refiero se originó en la indicación número 4.

-Se aprueban todas las disposiciones enunciadas por el señor Secretario (33 votos afirmativos y un pareo).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Cooper, Díaz, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Jarpa, Larre, Lavandero, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Núñez, Otero, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Piñera, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Soto, Sule, Thayer, Urenda, Valdés y Zaldívar.

No votó, por estar pareado, El señor Vodanovic.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, quiero hacer presente la situación que se puede producir, porque es factible que nos quedemos sin norma, que sería lo peor que podría ocurrir.

El Senado ya rechazó el aumento del número de Ministros, materia que se halla íntimamente relacionada con la indicación del Ejecutivo. En efecto, la idea de contar con Salas especializadas sólo procede si ellas están compuestas por Ministros titulares, lo cual es posible única y exclusivamente con dicho incremento. Como ya desechamos ese planteamiento, la situación es distinta.

Quiero destacar que la norma propuesta por la Comisión corresponde a una indicación bastante debatida y que fue aprobada por unanimidad. ¿Por qué? En primer lugar, se consideró muy útil que la Corte Suprema en pleno, al comienzo de cada año y conociendo las materias pendientes, distribuyera su trabajo; y en segundo término, se estimó conveniente que esto se hiciera aceptando en parte la idea del Ejecutivo , pero no con turnos mensuales, sino trimestrales, lo que...

El señor PAPI.-

¿Me permite hacerle una consulta, Honorable colega, con la venia de la Mesa?

El señor OTERO .-

Con mucho gusto, señor Senador.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor PAPI .-

Señor Presidente , el inciso que se plantea dice: "La Corte Suprema en pleno, en la primera semana de cada año calendario, determinará las materias de que conocerá cada Sala"... Pero, por la explicación que se da, determinaría las causas de que conocería, más que las materias.

Es la consulta que formulo.

El señor OTERO .-

Señor Presidente , las materias de que debe conocer la Corte Suprema están señaladas en otro artículo del Código Orgánico de Tribunales. Y tiene que distribuirlas entre sus Salas. Entonces, la Comisión, por unanimidad, estimó mucho más conveniente dejar que la Corte en pleno, al iniciarse cada año calendario, determinara cómo distribuir su trabajo (ella debe informar al país acerca de su funcionamiento).

El segundo elemento importante considerado por la Comisión es el de que tal distribución deja de ser mensual. Con el sistema vigente, los abogados hacen toda suerte de martingalas para cambiar de Sala si no les conviene la asignada a su causa. El texto de la Comisión propone turnos trimestrales, con lo cual se cumple en parte el deseo del Gobierno en el sentido de que por tres meses una Sala esté conociendo de los mismos asuntos. De manera que, en lugar de cambiar ene veces en el año, solamente lo hará en dos ocasiones, lo que produce, en cierto modo, la especialidad.

Existe otra materia muy importante -respecto de ella, todos estuvimos de acuerdo-, que se encuentra incluida en esta norma. Entonces, sería grave rechazar el precepto sugerido por la Comisión, pues estaríamos prescindiendo de uno de los elementos fundamentales del proyecto: el conocimiento prioritario de la admisibilidad de los recursos de casación de forma y fondo. Por eso se establece que una Sala deberá conocer preferentemente de la admisibilidad de los recursos de tal índole ingresados en el trimestre inmediatamente anterior y que sólo después de realizar esa labor podrá abocarse a otras materias. Al declarar inadmisible uno de esos recursos -más adelante se tratará una disposición tocante a este punto-, deberá hacerlo fundadamente, contribuyendo así a aliviar sobremanera el trabajo del Máximo Tribunal, pues resolverá situaciones que, de lo contrario, habrían sido puestas en la tabla de cualquier Sala.

Por lo tanto, vuelvo a insistir en que la norma en debate no puede dejar de aprobarse, sin perjuicio de que el Ejecutivo , a través de la Cámara de Diputados y, eventualmente, de la Comisión Mixta procure una solución distinta. Pero, si vamos mutilando la iniciativa, nos encontraremos frente a un texto carente de la debida consecuencia entre sus disposiciones.

He dicho.

El señor PACHECO.-

Señor Presidente, con la indicación del Ejecutivo se persigue, por una parte, avanzar hacia la uniformidad de la jurisprudencia en las diversas materias de que deba conocer la Corte Suprema, evitando los fallos contradictorios sobre un mismo asunto, y por otra, mejorar la eficacia del trabajo del Máximo Tribunal.

En la experiencia del Derecho comparado, la especialización se ha ido transformando casi en una necesidad, tanto más cuanto que las distinciones de situaciones diferentes, típicas del desarrollo jurisprudencial, no pueden producirse en Salas que conocen de diversos asuntos.

Ello no significa que los Ministros deban estar permanentemente adscritos a una Sala, pero sí que la Corte Suprema desarrolle una corriente doctrinaria que permita dar cierta estabilidad y consistencia al Derecho. Lo anterior posibilitará que la norma jurídica y los tribunales coactúen en forma de entregar la certeza necesaria para el Derecho, sin perjuicio de su desarrollo.

La especialización se hace cada vez más indispensable -así ocurre en el ejercicio de la profesión de abogado y en algunos organismos públicos, como es el caso del Consejo de Defensa del Estado-, porque la complejidad del mundo jurídico es día a día mayor; tal sucede, por ejemplo, con los problemas penales, tributarios, bancarios, comerciales, etcétera.

En la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia se pronunciaron por establecer la especialización los Presidentes de la Asociación Nacional de Magistrados señores Humberto Espejo y Arnoldo Brito ; el ex Presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago don Hernán Correa de la Cerda , y los profesores señores Enrique Barros y Ricardo Rivadeneira .

Por todas las razones expuestas, los Senadores democratacristianos solicitamos aprobar la indicación del Ejecutivo, que establece la especialización de las Salas de la Corte Suprema.

He dicho.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, sólo quiero hacer presente al Senado que la iniciativa se encuentra estructurada en forma tal que lo manifestado por el Senador señor Pacheco está expresamente consagrado en el artículo 780 sugerido para el Código de Procedimiento Civil, que no ha sido objeto de reparos y cuya finalidad es solucionar los problemas planteados cuando hay fallos divergentes. Esa disposición establece: "Interpuesto el recurso de casación en el fondo, cualquiera de las partes podrá solicitar, dentro del plazo para hacerse parte en el tribunal ad quem, que el recurso sea conocido y resuelto por el pleno del tribunal.", etcétera.

Es decir, la situación expuesta por el Honorable señor Pacheco para justificar una votación favorable a la indicación renovada se encuentra resuelta en el ya citado artículo 780. Por lo tanto, no tiene incidencia en el hecho de si existe o no la especialización.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, estoy en desacuerdo con esta indicación, porque establece normas que considero inconvenientes.

Primero, faculta al Presidente de la Corte Suprema para que resuelva qué Sala conocerá, en turnos anuales, de determinadas materias. Esta función es propia del pleno del Máximo Tribunal y no de su Presidente .

Tampoco me parece beneficiosa la radicación anual de asuntos, pues implica afincar en ciertas Salas doctrinas que resulta imposible remover, porque quienes las sustentan jamás atienden razones diferentes. Creo que el artículo 780 propuesto por el Código de Procedimiento Civil puede servir como válvula de escape para rever las materias.

Por otra parte, la inmutabilidad que se pretende dar a los fallos judiciales en el sentido de que no pueden ser distintos también resulta inconveniente. Lo cierto es que, como señala el Código Civil, sólo corresponde al legislador interpretar la ley de un modo generalmente obligatorio. Y en muchas oportunidades es factible que se produzca un cambio de jurisprudencia debido a que distintas personas entregan su opinión.

Por eso, voto en contra de la indicación.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente, fundamentaré en forma breve mi voto de rechazo a esta indicación por estimar inconveniente establecer un grado de especialización a nivel del Máximo Tribunal.

En primer término debemos considerar que la división que se procura hacer en la Corte Suprema tendría lugar en la cúspide de la carrera judicial, en circunstancias de que, normalmente, en el resto de las profesiones la especialización corresponde a otras etapas de la vida funcionaria. Es decir, los jueces, quienes durante su carrera conocen todo tipo de materias, al llegar a la Corte Suprema deberían especializarse en una de ellas.

Pienso que esa situación es inconveniente e inadecuada, aparte que no se da en otras actividades relevantes de la vida humana. No veo para qué recurrir a la especialización en ese nivel.

Por otro lado, no resulta adecuado que los jueces tengan una visión parcial, circunscrita a determinados temas, en una tarea tan delicada como la de administrar justicia. No olvidemos que los tribunales, por sobre los valores técnicos o los que representan el conocimiento de alguna ciencia, arte o profesión, deben hacer justicia con relación a la causa a que están abocados.

Y así como en Derecho, por lo general, no existen dos causas iguales, tampoco las hay en otras disciplinas, como la medicina, a cuyo respecto se señala que existen enfermos, pero no enfermedades. Aquí podría decirse que no hay causas, sino personas afectadas o beneficiadas por una acción judicial.

Por tanto, creo que los tribunales no deben aplicar en forma rutinaria determinada jurisprudencia. Es sano y conveniente que en algún momento cambien de integrantes a fin de que se puedan emitir fallos diferentes, porque las causas y las partes involucradas -esto es lo más importante- también son disímiles.

Por las razones que señalé, rechazo la indicación.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, éste es un tema bastante importante. Se ha discutido mucho en la cátedra y la doctrina si es conveniente la especialización. Sin embargo, debemos entender que estamos hablando de una Corte Suprema de Justicia.

En tal sentido, debo recordar que la Corte Suprema de Estados Unidos, que tiene menos miembros que la nuestra -la mitad-, conoce de todas las materias y sus fallos poseen una repercusión de tal naturaleza que nadie se atreve a disminuir su significación. ¿Y por qué? Porque para resolver sobre las materias jurídicas, más que especialización, se requiere conocimiento general del Derecho.

Lo anterior me lleva muchas veces a comparar la situación del médico especialista con la del médico general. Por ejemplo, el otorrinolaringólogo puede dar a u enfermo determinada indicación, pero si no hay un facultativo que conozca el funcionamiento de todo el cuerpo humano, es factible que la persona sane del mal específico y contraiga otro peor.

En Derecho ocurre lo mismo. La institucionalidad jurídica es una sola; no existen leyes aisladas. El Derecho Comercial no se halla separado del Tributario; quien desconoce el Derecho Civil y el Comercial no puede aplicar el Derecho Tributario; y el que no domina el Derecho Civil no puede incursionar en el Penal.

Por consiguiente, es indispensable que los Ministros de la Corte Suprema tengan un conocimiento total del ordenamiento jurídico, porque es la única manera de aplicarlo en plenitud, sopesando las consecuencias de cada resolución.

El concepto de la especialidad significa destruir la unidad del más Alto Tribunal. ¿Por qué? Si las Salas conocen de cierta materia por uno, dos o tres años, cabe preguntarse si resuelve la Corte Suprema o si lo hacen diferentes Cortes Supremas. Porque, en definitiva, ¿cuál es la Corte Suprema en materia civil? La Sala que tiene esa especialidad. ¿Y en lo contencioso administrativo? La Sala que tiene esa especialidad. ¿Y en materia penal? La Sala que tiene esa especialidad. Por lo tanto, ya no tendremos una Corte Suprema de 17 Ministros, sino varias Cortes Supremas, cada una integrada por 5 miembros.

O sea, aquí se produce una situación bastante confictiva.

En cambio, el hecho de que cada Sala, en turnos de tres meses como máximo, pueda conocer distintas materias implicará la existencia de diferentes puntos de vista. Y aquí está lo importante: si en la Sala hay diversos criterios, corresponderá al Pleno de la Corte Suprema , en virtud del artículo 780 propuesto para el Código de Procedimiento Civil, resolver cuál es la mejor doctrina y cómo se asimila su decisión en nuestro ordenamiento jurídico.

De no proceder así, señor Presidente , estaríamos frente a una situación muy inadecuada.

Ésas son las razones de fondo que nos llevaron a rechazar la especialidad, que significa parcelar la Corte Suprema y limitar la universalidad de criterio propia de quienes deben manejar todos los ámbitos del Derecho y no solamente una parte de él.

Voto en contra.

El señor PIÑERA. -

Señor Presidente, no cabe duda de que ha habido una larga discusión respecto de esta materia, y no solamente en Chile: durante las últimas décadas ha sido abordada por las principales democracias del mundo. Y hay ejemplos muy distintos. Es cierto que en Estados Unidos la Corte Suprema es extraordinariamente pequeña, pero sólo se dedica a sentar jurisprudencia; no es un tribunal que conozca de casos particulares...

El señor PACHECO . -

Es un régimen federal...

El señor PIÑERA. -

Así es, y de hecho la Corte Suprema conoce muy pocos casos, y nunca con el objetivo de fallar en favor de una u otra de las partes, sino de fijar jurisprudencia.

Distinta es la situación de países como Alemania y Francia, que efectivamente han transitado desde cortes supremas no especializadas a cortes supremas especializadas.

Es obvio que en todo esto hay ventajas y desventajas. No basta destacar los pro de un lado para argumentar en su favor sin ponerlos en relación con los del otro lado. En el ámbito de la medicina, creo que todo médico especialista debe recibir una formación general. De lo contrario, no podría practicar su especialidad. Y, en mi opinión, lo mismo debe ocurrir en el caso de los jueces de la Corte Suprema. Es indudable que no pueden pretender ejercer su cargo en forma apropiada si sólo dominan una materia. Por eso, su formación, al igual que la de todos los abogados, sin perjuicio de sus especialidades, debe ser de carácter general.

En lo personal, tengo la impresión -y así lo avala la experiencia de otros países- de que la calidad de los fallos, la velocidad con que se van a sustanciar los procesos y -algo muy importante, que es propio de la Corte Suprema- la unificación de la jurisprudencia se lograrán en mejor forma si magistrados eon formación integral en Derecho ejercen su función en un área determinada durante cierto tiempo, tal como propone el proyecto. Por lo demás, es este un punto que ha sido analizado largamente por los institutos de estudio y por muchas otras entidades, como el CEP y las especializadas en asesoría legislativa. En realidad en el mundo académico existe gran conciencia de que constituye un paso adelante.

Además, creo que un juez no debe dedicarse toda una vida a determinada especialidad; puede rotar. Pero es indudable que, al concentrarse en un área durante cierto período, tendrá la oportunidad de profundizar y dominar en mejor forma los temas que ella involucre.

Por tales razones, voto que sí.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, soy contrario a la indicación renovada por las razones que en su momento expresé, por las que ha manifestado -a mi juicio de manera muy convincente- el Honorable señor Otero y porque no calza en el contexto de nuestra legislación. Lo he pensado seriamente. No veo cómo se va a estructurar un todo donde habrá jueces civiles, del crimen, laborales, de menores, un sistema de fallos tributario, un Tribunal Constitucional, Cortes de Apelaciones generales y una serie de "Cortes Supremas" especializadas que, a mi juicio, no van a producir el efecto de unificar jurisprudencia. Estoy absolutamente convencido, por mi modesta experiencia profesional, por lo que he visto en los cargos en que me he desempeñado, de que los procesos constantemente conllevan el entremezclamiento de materias civiles, penales o administrativas, lo cual puede conducir muy lejos del objetivo que se persigue, cual es, unificar la jurisprudencia.

Voto que no.

-Se rechaza la indicación renovada, por no haber alcanzado el quórum constitucional exigido (19 votos por la afirmativa, 12 por la negativa y un pareo).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Lavandero, Núñez, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Piñera, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Soto, Sule, Valdés y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Cooper, Feliú, Fernández, Larre, Letelier, Martin, Me-Intyre, Otero, Siebert, Sinclair, Thayer y Urenda.

No votó, por estar pareado, el señor Vodanovic.

El señor OTERO .-

Deseo hacer una proposición cuya aprobación, por no venir en el informe, requiere la unanimidad de la Sala. Parece conveniente suprimir los incisos tercero y cuarto del artículo 101 del Código Orgánico de Tribunales, porque estarían en contradicción con el artículo 99 propuesto por la Comisión y que la Sala acaba de acoger. Ya he conversado el punto con los miembros de la Comisión. Desgraciadamente estas cosas ocurren. Aquí hay una omisión que, si no se subsana ahora, deberá hacerse durante el trámite en la Cámara de Diputados. Sin embargo, creo que si existe unanimidad, debiéramos acordar la eliminación de los incisos referidos.

Muchas gracias.

-Se aprueba por unanimidad, dejándose constancia de que concurrieron al pronunciamiento favorable 33 señores Senadores, y queda pendiente la discusión particular hasta la sesión ordinaria del martes 9 de noviembre.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

De acuerdo con lo convenido, trataremos a continuación el proyecto, en segundo trámite constitucional, que establece normas sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, con informes de las Comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 52a, en 18 de mayo de 1993.

Informes de Comisión:

Trabajo, sesión 10a, en 2 de noviembre de 1993.

Hacienda, sesión 10a, en 2 de noviembre de 1993.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En discusión general.

-Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento favorable 27 señores Senadores.