Labor Parlamentaria

El señor VALDES ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto, en segundo trámite constitucional, relativo a la ley de presupuestos del Sector Público para 1994, con informe de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en ¡os Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 8a, en 20 de octubre de 1993.

Informe de Comisión:

Especial Mixta de Presupuestos, sesión 9a, en 20 de octubre de 1993.

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión general la iniciativa.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, quiero destacar la importancia del Presupuesto en análisis, pues regirá para el próximo período presidencial. Por eso, las inversiones que se realicen en 1994 y cada centavo que el Presidente de la República asigne deben ser aprobados por la Comisión Especial Mixta, que está compuesta por 13 Diputados y 13 Senadores, lo que da magnitud y relevancia a la tarea que realiza el Congreso.

Señor Presidente, la gente no sabe el significado que tienen para el país los estudios de esa Comisión, que aprobó alrededor de 4 mil ítem, uno por uno, a fin de que el próximo Jefe del Estado pueda realizar la tarea propuesta.

Por eso, el proyecto es de extraordinaria importancia, más aún si aumenta en 6 por ciento el presupuesto de gasto social, lo que implica elevar en mil millones de dólares la suma fijada en la ley de 1990.

Hoy día estamos muy preocupados de los problemas que hay en Salud. Es así como se destina a este sector la cantidad de 536 mil 621 millones de pesos, lo que representa un incremento real de 13 por ciento sobre el actual presupuesto.

En lo que se refiere a Educación, se otorgan 529 mil 944 millones de pesos, registrándose un aumento de 11,6 por ciento en comparación con 1993.

El financiamiento en Vivienda para 1994 supera en 6,2 por ciento, en términos reales, el asignado el año inmediatamente anterior, lo que permitirá sostener un programa de alrededor de 90 mil soluciones habitacionales. Y fuera del proyecto de mejoramiento de barrios, que se canaliza a través del Ministerio del Interior y de las municipalidades, se contemplan 15 mil soluciones más, para lo cual se ha considerado un presupuesto de 18 mil 731 millones de pesos. De modo que el próximo año habrá sobre 100 mil soluciones habitacionales.

Señor Presidente , quiero enfatizar que el Presupuesto presentado por el Gobierno es fundamentalmente similar al que aprobó la Comisión y al despachado por la Cámara de Diputados, con dos excepciones (artículos 26 y 28 del proyecto), vinculadas a la postergación de los reavalúos urbano y rural. Son las únicas alteraciones; se contienen en la iniciativa enviada por la Cámara de Diputados, y fueron acogidas por el Ejecutivo ante solicitudes que presentaron distintos señores Diputados y Senadores.

En lo que a cifras se refiere, cabe señalar que no fueron modificadas; vienen tal como las aprobaron los miembros de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

-Se aprueba en general el proyecto (26 votos afirmativos).

-Se aprueban, dejándose constancia de que respecto del artículo 3° emitieron pronunciamiento favorable 26 señores Senadores.

El señor VALDES (Presidente).-

Han llegado a la Mesa numerosas indicaciones, las cuales se ordenarán para conocerlas.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, mientras se procede a su compaginación, quiero hacer algunas reflexiones en torno a la Ley de Presupuestos.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIU.-

De acuerdo con nuestro ordenamiento constitucional, al Presidente de la República le corresponde administrar el Estado. Para ello cuenta con la colaboración de ministerios, intendencias, servicios públicos creados por ley y, en general, con todos los organismos de la Administración.

Las funciones de esos entes, cuyo conjunto conforma la Administración del Estado, se encuentran establecidas por ley. Asimismo, corresponde a la ley asignar los recursos tanto materiales como humanos para el desarrollo de su cometido.

Los fondos con que se financia la acción administrativa del Estado son públicos -esto es, de todos los chilenos- y escasos, en el sentido de que nunca resultan suficientes para cubrir todas las necesidades del país. Por ello, su manejo debe ser cuidadoso, y su administración, eficaz y eficiente.

La Constitución Política, en su artículo 32, número 22°, encomienda de manera especial al Primer Mandatario "Cuidar de la recaudación de las rentas públicas y decretar su inversión con arreglo a la ley.". Entonces, la responsabilidad por el adecuado manejo de los fondos públicos recae, en primer término, en el Presidente de la República, a quien, en su carácter de supremo administrador, le corresponde además lograr que el actuar de la Administración sea eficaz, es decir, que los órganos que forman parte de ella cumplan efectivamente los objetivos tenidos en vista para su creación y, en definitiva, satisfagan las necesidades públicas que justifican su existencia.

Del mismo modo, es responsabilidad del Jefe del Estado que los recursos públicos se manejen eficientemente, lo que implica obtener el mejor provecho de ellos.

Dado que el gasto y la inversión de esos fondos deben necesariamente aprobarse por ley, existe también responsabilidad del Congreso Nacional en estas materias.

Para estos efectos, el sistema de administración financiera del Estado considera la existencia de un régimen presupuestario constituido por un programa financiero de mediano plazo y presupuestos anuales debidamente coordinados entre sí y aprobados por ley.

Anualmente, al pronunciarse sobre la Ley de Presupuestos, el Congreso da su aprobación a los gastos que se realizarán el año siguiente.

En esta oportunidad, señor Presidente, por cuarto año consecutivo este Parlamento está abocado a aprobar los gastos que propone efectuar el Presidente de la República para el próximo período anual.

Si bien los presupuestos anuales comprenden gastos permanentes, ya aprobados por leyes anteriores que el Congreso no puede sino ratificar, ellos consideran, además, importantes cantidades destinadas a financiar nuevos gastos respecto de los que no ha existido un pronunciamiento previo del Poder Legislativo, que lo emite precisamente con ocasión de la Ley de Presupuestos.

Igualmente, la aprobación de dicho texto implica otorgar la conformidad del Parlamento a las prioridades que el Gobierno ha dado a las distintas necesidades públicas para proceder a su satisfacción y a la profundidad o extensión con que cada una de ellas será abordada.

Desde ese punto de vista y luego de participar por cuarto año en este ejercicio presupuestario, considero mi deber hacer presente que estimo que el procedimiento utilizado para la aprobación de estas delicadas materias adolece de serios defectos y omisiones que es imprescindible subsanar, a fin de que nuestra decisión sobre las proposiciones de gasto que implica el proyecto de Ley de Presupuestos se adopte fundada e informadamente.

Lo anterior no importa un reproche al Senado ni al Congreso en general. Nada más lejos de ello.

Pero en esta ocasión no puedo dejar de exteriorizar mi preocupación por la forma como nos son presentados los antecedentes para la aprobación de los nuevos gastos. En la inmensa mayoría de los casos, el llegar al conocimiento cabal de lo que realmente estamos aprobando requiere un gran esfuerzo de búsqueda de antecedentes y la necesidad de someter a verdaderos interrogatorios a los representantes de los distintos sectores de la Administración, todo lo cual podría evitarse si se nos enviara la información adecuada con alguna antelación.

Tal como señalara con anterioridad, el sistema de administración financiera considera la existencia de planes a mediano plazo, en los cuales se encuentran insertos los presupuestos anuales. No cabe duda de que su conocimiento facilitaría el análisis de estos presupuestos anuales; sin embargo, en cuatro años nunca han sido informados a la Comisión Especial de Presupuestos.

Este aspecto cobra particular importancia en el caso de las inversiones, las que, por su naturaleza, abarcan generalmente más de un período anual. En efecto, podría plantearse una inversión para un determinado año sin indicarse que ella corresponde sólo a la cuarta o quinta parte de la inversión total y que el resto será financiado en presupuestos futuros. No es lo mismo, señor Presidente , aprobar una inversión de 2 mil millones de pesos que una de 10 mil millones, comprometiendo incluso presupuestos posteriores.

Los antecedentes que se proporcionan al Congreso Nacional para realizar el estudio de la Ley de Presupuestos son insuficientes. Hace dos años el Diputado señor Jaime Estévez sostuvo en la Comisión Especial -y de ello quedó constancia en el informe respectivo- que no bastaban los cuadernillos que prepara la Dirección de Presupuestos para efectuar dicho examen. Yo coincido plenamente con esta apreciación, y también comparto la opinión del señor Diputado en el sentido de que, para proceder al análisis del proyecto de Ley de Presupuestos, resulta indispensable contar con información actualizada (esto es, en moneda de igual valor) tanto del presupuesto aprobado . en el año inmediatamente anterior como de las modificaciones que ha experimentado durante el transcurso del año y de su ejecución durante el primer semestre, a lo menos. Ello debe complementarse, a mi juicio, con los porcentajes de variación del gasto que dichas cifras arrojan al compararlas con el proyecto que se esté estudiando, comparación que debe realizarse en forma transparente, cotejando la ley anterior con el texto en debate y dejando constancia de la causa de las diferencias en los casos en que su magnitud lo amerite.

Asimismo, pienso que la Comisión Especial, antes de entrar al estudio de cada Partida, debería hacer un análisis global del Presupuesto planteado, que permite tener clara la distribución de fondos a los distintos sectores y las prioridades tenidas en vista para asignarlos, todo ello sobre la base de la información que sobre el particular debería proporcionar la Dirección de Presupuestos y sin perjuicio de solicitar, también, en aquellos casos en que se considere necesario, la opinión de las Comisiones especializadas del Senado y de la Cámara de Diputados respecto de proyectos o programas que se piense llevar a cabo en sus respectivas áreas.

Sobre el particular, cabe recalcar que el Presupuesto del Estado es ;la herramienta básica en la política económica del Gobierno.

En suma, respecto del proceso de aprobación del Presupuesto de la Nación, creo indispensable someter el tema a estudio y aprobar normas que permitan efectuar una labor profunda e informada.

Me referiré a continuación a los presupuestos de algunos servicios, que a mi juicio, merecen destacarse.

En el Presupuesto para 1994, Partida 10, Capítulo 07, "Servicio Nacional de Menores", figura el Programa 02, "De Administración Directa y Proyectos Nacionales".

Este Programa ha experimentado un crecimiento sostenido de gastos en los últimos años. En esta oportunidad, aumenta en un 42 por ciento real con relación a 1993, incluyendo, a su vez, un desmesurado incremento de 333 personas en la dotación asignada para el cumplimiento de las funciones pertinentes. Este Programa especial, que como tal debería considerarse transitorio, por su magnitud y su constante incremento más bien corresponde a un cambio de política del Gobierno respecto a la administración en la atención de menores. El Servicio Nacional de Menores ha ido retomando la administración de casas de menores que habían sido traspasadas al sector privado, y ello, al parecer, de manera permanente y no transitoria. De ser así, debería plantearse al Congreso, derechamente, si se aprueba o no este cambio, pues a él corresponde aprobar los gastos que ello implica, y luego, deberían incluirse los recursos respectivos en el presupuesto normal del SENAME, Programa 01, sujetándolos a las mismas restricciones a que están sometidos todos los servicios en cuanto a dotaciones máximas, gastos en horas extraordinarias, viáticos y convenios con personas naturales. No es posible que a través de la aprobación de un programa especial se subentienda que el Parlamento aprueba el cambio de política y que, además, está de acuerdo en que no exista, para el manejo de los recursos pertinentes, ninguna de las restricciones que se imponen al resto de las reparticiones públicas. No puedo dejar de mencionar que el Programa a que me refiero tiene asignada cuatro o cinco veces la cantidad de funcionarios que posee el Servicio, los cuales, evidentemente, no son considerados cuando se analiza el crecimiento que han experimentado las dotaciones de la Administración Pública.

La forma de presentar estos gastos, a mi juicio, no es conveniente.

Otra situación presupuestaria que debe destacarse es la de los Servicios de Salud. Se trata de 27 servicios públicos, regionales y descentralizados, cuyo presupuesto se propone de manera global, lo que impide determinar si la distribución de recursos entre ellos es la adecuada. Se desconoce el crecimiento de los gastos en salud por región y por servicio, como asimismo la correlación entre el aumento de la población y el incremento del gasto. Además, el manejo administrativo de todos los gastos de los servicios, centralizado en el Ministerio del ramo, atenta gravemente contra una buena gestión en el sistema de salud. Espero que este año sea el último en que los presupuestos de los servicios de salud se presenten de manera global en el proyecto de Ley de Presupuestos.

Señor Presidente, considero indispensable que el Congreso se aboque anualmente al estudio de la Ley de Presupuestos de una manera cierta y con un conocimiento real y acabado de los gastos que se proponen.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Gracias, señor Presidente.

La verdad es que la Comisión Especial no es el ente que resuelve en materia presupuestaria de acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. Los que en último término resuelven, al menos aparentemente, son la Cámara de Diputados y el Senado, que deben aprobar o rechazar las propuestas de la Comisión Especial.

Hoy corresponde discutir el Presupuesto de la Nación.

Cuando yo estudié finanzas públicas, me tocó asistir a unas muy ilustrativas y brillantes clases del actual Ministro Foxley, quien siempre nos señaló que en el proceso de planificación, materia en la que él es experto, el presupuesto era una instancia decisiva.

Aquí se están asignando 12 mil millones de dólares, se están fijando las prioridades de gasto del sector público y se está orientando y resolviendo cuál será la acción del Estado en esta materia, que en Chile representa uno de cada cuatro pesos que se producen en el país. Y sin embargo da la impresión de que hoy sólo estamos asistiendo a un mero trámite. Vemos que no hay ningún periodista en las tribunas; hay muy pocos Senadores en las bancas y escasa atención de los que están sentados en ellas.

Uno se pregunta...

El señor HORMAZABAL .-

¡Estamos muy interesados en su exposición, señor Senador !

El señor VALDES ( Presidente ).-

Su Señoría está equivocado en esa última afirmación.

El señor PIÑERA.-

Es una afirmación, señor Presidente, que pude constatar empíricamente: mientras intervenía la Senadora señora Feliú, me dediqué a observar a cada uno de mis Honorables colegas.

Pero no voy a seguir en el tema, para no causar incomodidades.

La pregunta es por qué existe tan poco interés, señor Presidente. ¿Será que se ha perdido la novedad y que ya después de cuatro años este proceso se ha hecho rutinario y no entretiene o no atrae a los señores Parlamentarios y a los señores periodistas? Yo creo que no, porque en otras materias que hemos debatido en forma reiterada el interés permanece, como por ejemplo en el tema del período presidencial, el cual lo llevamos discutiendo apasionadamente meses y meses en esta Corporación.

Yo creo que el problema es otro, que hemos llegado a la conclusión de que el proceso que se lleva a cabo en el Senado es prácticamente irrelevante, porque aquí no resolvemos nada: ni el nivel del gasto público ni la asignación del mismo.

Por eso, señor Presidente, vemos cómo el señor Ministro de Hacienda demuestra gran paciencia: se sienta, escucha con mucha atención y con mucha educación, tal vez recordando aquello de que "París bien vale una misa". Sentarse aquí y sacar su presupuesto tal como lo presentó es un éxito que el señor Ministro está logrando hoy por cuarto año consecutivo. Eso sí, tal vez podríamos recomendarle lo que ha hecho en esta misma Sala otro Secretario de Estado que, además de oírnos pacientemente, escucha sinfonías de Beethoven o de otros autores clásicos.

Pero lo que quiero decir es lo siguiente.

Hace poco, un gran Premio Nobel de Economía sostuvo que existen cuatro tipos de gasto. El primero corresponde al gasto de dinero propio en necesidades propias. Aquí uno sabe cuánto cuesta obtener el dinero, el sacrificio que ello significa, y cuánto valen las cosas; por tanto, normalmente se tiende a ser cuidadoso en el gasto.

El segundo camino es gastar dinero ajeno en necesidades propias. Ahí uno no sabe cuánto cuesta el dinero, pero al menos sí sabe bien qué está comprando y cuánto le satisface lo que esta comprando.

Tercer tipo de gasto: cuando uno gasta dinero propio en necesidades ajenas: los regalos. Uno sabe cuánto le cuesta el dinero pero no sebe exactamente cuánto le gustará a la persona que recibirá el regalo o cuánto "valdrá" para ésta.

Y el cuarto tipo de gasto, y el peor, según el Premio Nobel aludido, es cuando uno gasta dinero ajeno en necesidades ajenas, porque ahí uno no sabe ni cuánto cuesta el dinero ni cuánto satisfará las necesidades de quien reciba sus beneficios. Y esto es, señor Presidente , lo que estamos haciendo aquí hoy día. Estamos asignando 12 mil millones de dólares; es decir, el 25 por ciento del trabajo de todos los chilenos, pues el Estado gasta, aproximadamente, uno de cada cuatro pesos producidos en el país. Por lo tanto, deberíamos ser extremadamente cuidadosos, ya que, como ni las necesidades ni el dinero son propios, existe la tendencia a proceder como en el cuarto caso que citaba el Premio Nobel de Economía.

Digo esto, señor Presidente, por lo siguiente.

Creo que la actual situación económica del país es clara. Estamos frente a un panorama externo incierto; la recuperación no se produce, y nada hace suponer que los términos de intercambio de nuestro país mejorarán.

Por otra parte, las nuevas cuentas nacionales muestran que las cifras de ahorro que se dieron inicialmente con las cuentas nacionales antiguas no corresponden, aparentemente, a la realidad. De tal manera que las cifras reales de ahorro de nuestra economía podrían ser sustancialmente menores a las que pensábamos.

En tercer lugar, el sector exportador está experimentando un deterioro por la caída en el tipo de cambio, lo cual se ha traducido en una serie de situaciones y demandas que el Congreso y el Senado conocen.

El Banco Central acumula reservas o activos de baja rentabilidad que debe financiar con pasivos locales de alta rentabilidad.

Estas cuatro situaciones llevan a la conclusión -y así, por lo demás, lo ha expresado el Presidente del Banco Central desde el mismo lugar donde hoy se encuentra el señor Ministro de Hacienda , y también se lo escuchamos al Director de Presupuesto , en una conferencia que -dio en Estados Unidos- de que el Presupuesto para 1994 debió ser especialmente austero y cauteloso. Sin embargo, da la impresión de que las cifras de él no son concordantes con tales manifestaciones de voluntad. Señalo esto porque, si bien el señor Ministro ha expresado en la Sala que el crecimiento del gasto total sería del 5,4 por ciento, que el gasto corriente crecería en 4,7 por ciento y la inversión, en 12 por ciento, al comparar -esto es muy importante- el proyecto de Ley de Presupuestos para 1994 con el aprobado para 1993, nos damos cuenta de que esas cifras no son las reales, porque, entretanto, ocurrió un fenómeno de sobreejecución presupuestaria.

En otras palabras, se nos dijo que en 1993 se gastarían 100, y se gastaron 105. Para 1994 nos indican que el gasto será 110, con un crecimiento de solamente un 5 por ciento. Pero, cuando se analiza la serie se comprueba que el crecimiento es obviamente de 10 por ciento. Lo que ocurre es que está dividido en dos partes: una se encuentra oculta en una sobreejecución presupuestaria, y la otra está manifiesta cuando se dice que el próximo año se gastará tanto más de lo que efectivamente se gastó en 1993.

Aclaro lo anterior porque, si comparamos el proyecto de Ley de Presupuestos para 1994 con el Presupuesto vigente y tomamos la inflación esperada, de 13 por ciento para 1993 y 10 por ciento para 1994 -según cifras expresadas por el señor Director de la oficina respectiva, aquí presente-, llegamos a la conclusión de que el crecimiento del gasto público ascenderá a 6,5 por ciento y de que el del gasto corriente llegará a 6,7 por ciento. Repito: estamos confrontando ambos Presupuestos. Y, por lo tanto, nos encontramos nuevamente ante el hecho de que el gasto del sector público crece más rápido que la economía en general, es decir, ante una economía que se va haciendo cada día más pública, y menos privada. Esta es una tendencia que, al menos en teoría, todos los analistas tienen claro que debe ser detenida y revertida.

¿Por qué ocurre esto? Hay una situación de sobreejecución presupuestaria. La mejor prueba de ello es que durante los dos primeros años le propusimos al señor Ministro de Hacienda algo muy simple: aceptar que el gasto máximo aprobado por el Congreso debía ser literalmente ése, y que no podía excederse. Y el señor Ministro se negó a patrocinar tal iniciativa, como diciéndonos:

"Miren, les vengo a proponer un gasto máximo, pero no se preocupen, pues aunque revista ese carácter, yo puedo" -y, probablemente, "tengo la intención de"- "gastar más". No quiero entrar a evaluar los procedimientos a través de los cuales esto se lleva a cabo: considerando mayores ingresos tributarios que los estimados, etcétera. Ahora, el mayor gasto pudo haberse canalizado muy bien; pero no es ése el punto en análisis.

Afortunadamente, el año pasado se acordó en esta Corporación que no se puede exceder la cifra máxima en la parte del gasto corriente, con algunas holguras, y se dio libertad al señor Ministro para que, sin consultar al Congreso, pudiera gastar más. A su vez, se le otorgó amplia libertad en el campo de las inversiones.

No obstante, señor Presidente, tenemos la impresión de que, a pesar de ello y por encima de la norma, habría este año nuevamente una sobreejecución presupuestaria que podría alcanzar al 1,6 por ciento. Los resultados en este aspecto los conoceremos con certeza cuando sepamos la ejecución efectiva del Presupuesto de 1993, una vez que el señor Ministro -o su futuro reemplazante- tenga la buena voluntad de informarnos de ellos.

Con lo anterior estoy destacando que te Congreso no fija el gasto máximo. Antes, ni siquiera se pretendía que lo hiciera.. Ahora, al menos se intenta determinarlo, pero, al parecer, no se ha logrado.

Adicionalmente, existe otro fenómeno de asignación, que son los traspasos interministeriales, a los cuales se ha hecho alusión en otras oportunidades. La ley orgánica de la Administración Financiera del Estado no permite traspasos entre Partidas o Ministerios. Lo que en realidad sucede es que se usa como puente la Partida Tesoro Público: se disminuye el presupuesto de un Ministerio y se aumenta el del Tesoro Público; luego, se rebaja este último y se incrementa el de otro Ministerio. La operación se ha realizado entre partidas, y, de ese modo, se está quebrantando en cierta forma el espíritu de la ley orgánica de la Administración Financiera del Estado, al igual como, según mi impresión, se está violando abiertamente la Constitución Política al existir gastos no autorizados por ley, como ocurrió en los años 1991 y 1992.

Días atrás, con motivo de su exposición de la Hacienda Pública, el señor Ministro demostró que su gestión durante casi cuatro años ha sido, sin duda, sólida y exitosa. Lo anterior sin perjuicio de que se hayan cometido errores o de que existan cosas que pudieron haberse realizado y no se hicieron, pues de otro modo se puede caer en la autocomplacencia o en un exitismo exagerado, que a nada conducen.

Quiero plantear algo que ya expresó la Senadora señora Feliú : la necesidad de innovar en materia de procedimiento presupuestario. Sobre este punto, deseo referirme sólo al establecimiento de ciertas obligaciones de información.

El señor Ministro se comprometió -lo recuerdo muy bien, y así consta en los documentos pertinentes- a enviar al Parlamento un informe cuatrimestral respecto la ejecución del Presupuesto. El proceso de revisión presupuestaria no se realiza una vez al año, en pocos días y en jornadas maratónicas, sino en forma permanente. Es lamentable que aquello no se concretara, pues no hemos contado con dichos informes, los que permitirían a este Congreso comparar lo que aprobó con lo que se ha ejecutado. Por tal razón, hemos formulado una indicación que pretende establecer un compromiso o una obligación de parte del Ejecutivo de proveernos de información relevante, oportuna y adecuada. Por motivos de tiempo, y dado que aquélla ya se presentó, no voy a precisar sus términos, los que en cierto modo fueron reseñados por la Senadora señora Feliú .

Sobre la materia, creo que si el Congreso Nacional continúa funcionando sin ninguna atribución y a ciegas, sería preferible que no participara en la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos y que esta responsabilidad recayera íntegramente en el Ministerio de Hacienda. A mi juicio, lo que hemos estado realizando en los cuatro últimos años ha sido un proceso informativo, político; pero no uno de coadministración o de coaprobación del Presupuesto, de acuerdo al espíritu contenido en la Carta Fundamental, modo, además, como funcionan las principales democracias del mundo. Estuvimos analizando a fondo el proceso presupuestario en países como Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, y éste no dice relación alguna con lo que aquí ocurre.

Finalmente, deseo plantear otros temas pendientes respecto del Presupuesto de este año. Por ejemplo, hay una caída en los aportes de las empresas CORFO al Estado de 150 millones de dólares, y un incremento en los del Estado a éstas de 50 millones de dólares. En términos netos, las empresas públicas están dejando de aportar al Estado de Chile 200 millones de dólares. Y ésa es una tendencia que se repite por segundo año consecutivo, lo cual debiera llamarnos enormemente la atención, porque, por ejemplo, 200 millones de dólares representan más o menos la cantidad de recursos necesaria para financiar el 20 por ciento de reajuste de las pensiones mínimas y asistenciales, con lo que se beneficiaría un millón de chilenos.

Por otra parte, hay problemas en la inversión regional (FNDR). Esta llega a 12 por ciento, más la inversión sectorial de asignación regional de 8 por ciento, apenas suman 20 por ciento. Cuando se aprobó la Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, propusimos que ese porcentaje fuera creciendo gradualmente hasta llegar, en algún momento, cuando los gobiernos regionales estuviesen preparados, a que la mitad de la inversión pública se asigne en forma descentralizada y la otra mitad, centralizadamente.

En este proyecto que nos ocupa no hay avances significativos sobre la materia, por cuánto el porcentaje de este año es casi equivalente al del año anterior.

Asimismo, hay otro retroceso; ya mencionó algunos la Senadora señora Feliú . Por ejemplo, el presupuesto de la educación básica y media empieza a crecer cada vez más lento en comparación con el de la educación superior, en circunstancias de que todos los estudios indican que en las dos primeras están las máximas carencias, las mayores expectativas y la más alta posibilidad de establecer igualdad de oportunidades.

El proceso razonable de privatizaciones de empresas públicas no solamente está detenido, sino que, ahora, éstas han disminuido en eficiencia, aportan menos al Estado y requieren más recursos fiscales. O sea, estamos en una situación inversa a la deseada. Advierto que también es muy importante prestar suma atención al tema de la eficiencia y de la focalización del gasto.

Recién mencioné lo relacionado con el presupuesto de la educación básica y media, en comparación con el de la superior. Sé que esta última es más entretenida y, probablemente, concita mayor entusiasmo y tiene más capacidad de presión. Pero nunca olvidemos que, en Chile, la persona que llega a la educación superior hubo de sortear todos los filtros anteriores del proceso educativo. De modo que -repito-, la igualdad de oportunidades debe fundarse principalmente en el fortalecimiento de los niveles básico y medio de la educación.

Finalmente, señor Presidente, ahora que el señor Ministro de Hacienda está en el último período de su gestión, al menos con este Gobierno, estimo conveniente llegar a un acuerdo -que no regirá para él, porque resulta muy difícil pedir a un Secretario de Estado que autolimite sus facultades- tocante a la siguiente materia, sobre la cual se han presentado indicaciones, y que tendrá vigencia para el próximo Ministro .

En primer lugar, que el Congreso Nacional posea la atribución de fijar el gasto máximo del Presupuesto. En segundo término, que no se realicen, por simple decreto, transferencias de fondos entre Ministerios, porque se cambia absolutamente el sentido del gasto. Y, por último, que el Parlamento cuente con la información suficiente para resolver en forma racional al tratar estos temas.

Señor Presidente, el Congreso ha carecido de todo ello en el pasado. Sin embargo, para efectuar cualquier cálculo, se requiere un largo ejercicio que no le corresponde efectuar a un Parlamentario. De manera que esa información debiera ser pública y estar a disposición de todos los señores Senadores.

Para terminar, deseo recordar una anécdota: los empleados públicos de un país latinoamericano ganaban una miseria, y le pregunté al presidente de su asociación nacional cómo se las arreglaban. El me respondió: "Bueno, el Gobierno hace como que nos paga, y nosotros hacemos como que trabajamos". Y quiero decirle al señor Ministro que, ojalá, no continuemos con la práctica de que él hace como que presenta el proyecto de Presupuestos al Congreso Nacional, y nosotros, como que lo aprobamos.

He dicho.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, deseo hacer un análisis muy somero del proyecto.

Hemos escuchado al señor Senador que me precedió en el uso de la palabra hablar de sobreejecución presupuestaria, lo que no considero correcto. Todos sabemos que existe un superávit de 3,5 por ciento; de manera que es imposible emitir ese juicio cuando el Estado ha ahorrado el citado porcentaje del producto del Presupuesto. Por consiguiente -reitero-, no nos parece correcto lo expresado.

Por su parte, el Presidente y otro señor dirigente de la Sociedad de Fomento Fabril han sostenido lo contrario de lo expresado aquí. Manifestaron que debería permitirse un mayor gasto fiscal, sin importar que la tasa de inflación anual programada para 1994 aumentara de 10 por ciento a 15 por ciento, es decir, se produciría un alza por este concepto de 50 por ciento. A su vez, plantearon que deberían bajar las tasas de interés, con lo cual, evidentemente, se favorecería el consumo, resultando difícil mantener los equilibrios macroeconómicos y, por supuesto, la tasa inflacionaria. Agregaron también que podría elevarse el valor del dólar.

¿Qué significarían en conjunto estas tres medidas, opuestas, por lo demás, a lo señalado por el señor Senador que recién intervino? Que se favorecería a un grupo pequeño de exportadores -digo "pequeño" dentro del contexto nacional, pues operan con el 35 por ciento de la producción-, en perjuicio directo del 65 por ciento de los productores que deben usar insumos importados. Y, además, el alza del dólar traería como consecuencia un incremento incalificable en los precios de los productos.

Sin embargo, mucho más grave que las palabras del señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra me parece su forma de actuar y de votar el proyecto de reforma tributaria, que era complementario de la Ley de Presupuestos.

Debido a la presión ejercida y a la falta de votos necesarios para aprobarla en términos similares a los de la reforma tributaria de 1990, que ya fue reducida, la de 1993 contempló 275 mil millones de pesos menos que la anterior. Es decir, una suma equivalente al financiamiento de ocho estatutos docentes completos.

¡No me explico cómo los representantes de esos sectores puedan andar ofreciendo aumentos a los trabajadores de la salud y sueldos de 150 mil pesos a los profesores, cuando, por otro lado, están disminuyendo los recursos del Estado y, en consecuencia, impidiéndole dar mayores beneficios a esas personas! Ellos, no al interior de las Comisiones, sino públicamente, fuera del Parlamento, ofrecen cantidades que, si alcanzaran el Poder, no podrían conceder, por haber recortado a este Gobierno los recursos necesarios para 1993 y, adicionalmente, para los años 1994, 1995 y 1996.

Por otra parte, en la Comisión Mixta de Presupuestos hemos visto una serie de indicaciones que venían con el logo de un instituto que asesora a los Partidos de Oposición. Es como si un señor Senador trajera la indicación de un banco para resolver la deuda subordinada, y la firmara. Creo que es un hecho grave, como se señaló en esa Comisión.

Además, se presentan indicaciones que no tienen explicación alguna...

El señor PIÑERA .-

¿Me permite una breve interrupción, señor Senador ? Si Su Señoría puede mostrar una sola indicación que venga con el logo de algún instituto, se lo agradecería. No la va a encontrar, de modo que le ruego que no confunda...

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, yo no he dado la interrupción. Cuando el señor Senador intervino, lo escuché atentamente y en silencio, no obstante que, a mi juicio, estaba haciendo afirmaciones inexactas. Luego Su Señoría tendrá tiempo para contestar, si así lo desea.

En todo caso, deseo señalar que no fue una la indicación presentada en esas condiciones. Por supuesto, se tuvo la cautela de sacarlas del fax que envió el Instituto Libertad, trasladándolas a hojas del Senado.

El señor PIÑERA .-

¿Está en contra del fax, señor Senador?

El señor LAVANDERO .-

Pero eso no es todo, señor Presidente, ni, menos, lo fundamental. Lo grave es que se presentan indicaciones que rebajan las destinaciones de recursos a la Empresa Nacional del Carbón y las inversiones en la Octava Región. Todo el mundo sabe de los dramáticos problemas que viven los trabajadores y los programas de reconversión de ese sector. ¡Cómo es posible que Parlamentarios miembros de los mismos Partidos que van a ofrecer nuevos beneficios a los mineros del carbón y a la Octava Región en general, formulen luego indicaciones concretas para reducir los ingresos que permitirían al Estado ir en ayuda de esos trabajadores que viven una situación difícil!

Si seguimos revisando las indicaciones, hallamos otra que habla de reducir también los aportes a las empresas de obras sanitarias. Nadie ignora que el agua es cara por definición, costo y tratamiento. Y el Gobierno ha patrocinado proyectos que otorgan a los sectores de menores ingresos un subsidio equivalente a 50 por ciento, en el caso de que su consumo sea inferior a 20 metros cúbicos. Pues bien, nótese que ahora se propone rebajar los recursos destinados a la Empresa de Obras Sanitarias que le permitirían dar tales subsidios.

Igualmente quiero recordar que, ante la necesidad de resolver el controvertido problema del transporte urbano en Santiago que afecta en forma dramática a las personas de menores recursos, incluso los Senadores de Regiones aceptaron la ampliación del Metro. No obstante, ahora se ha presentado una indicación que hace imposible la construcción de la nueva línea proyectada. ¡Estas cosas tienen que ser conocidas públicamente y no quedar entre estas paredes! ¡Los mismos Senadores que representan a la capital formulan indicaciones para impedir la comodidad y el transporte barato a los habitantes de Santiago!

El señor PIÑERA .-

Vea bien quién firma la indicación, señor Senador.

El señor OTERO .-

Excúseme, señor Senador , ¿podría decir quién de los representantes de Santiago firma?

El señor LAVANDERO .-

Sólo diré que las indicaciones han sido presentadas por un Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra.

La señora FELIU .-

¡No es así, señor Senador !

El señor LAVANDERO.-

Las firmas son las mismas que patrocinaron las indicaciones presentadas a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Tengo en mis manos copias de esas indicaciones.

Señor Presidente , grave también me parece que se proponga reducir en el proyecto de inversiones y transferencias de capital al sector privado las cantidades que se destinan para el Ministerio de Obras Públicas, y así sucesivamente.

Asimismo se sugiere modificar la destinación de recursos a Ferrocarriles del Estado. ¡Quién ignora que durante los 17 años del Gobierno anterior no se invirtió un solo centavo en esa Empresa, lo cual la puso en un estado catastrófico que prácticamente dejó aisladas del resto del país a las Regiones del sur! Pues bien, aquí se hace una rebaja sustancial que haría imposible mejorar esa clase de transporte.

Otra de las indicaciones presentadas -y esto constituye un contrasentido aun peor- trata de terminar con la investigación en Chile. Ello, porque rebaja los fondos dispuestos para el Instituto Forestal, el Instituto de Fomento Pesquero, el Instituto de Investigación Tecnológica y el Centro de Información de Recursos Naturales.

Se trata, en mi opinión, de indicaciones presentadas "al lote", que no han sido acompañadas de explicación alguna que permita hallar el sentido hacia el que se dirigen.

En seguida, hay una indicación que, a mi juicio, es inconstitucional. La formula una distinguida señora Senadora, que siempre hace gala de defender la Constitución y la ley,...

El señor SINCLAIR .-

¡Por favor, señor Senador ,...!

El señor LAVANDERO.-

...para agregar un artículo nuevo, que dice: "Los contratos del personal de la Administración del Estado, regido por la Ley N° 18.834, que se encuentren vigentes al 31 de diciembre de 1993. se entenderán automáticamente prorrogados hasta la misma fecha del año 1994. a menos que medie decisión de la autoridad competente de no disponer su renovación o de extender un nuevo contrato en otros términos.".

La señora FELIU .-

¿Me concede una interrupción, señor Senador ?

El señor VALDES ( Presidente ).-

La Honorable señora Feliú le solicita una interrupción. ¿Se la cede o Su Señoría prefiere concluir su intervención?

El señor LAVANDERO.-

Termino de inmediato, señor Presidente.

Creo haber dejado perfectamente claro que las indicaciones en cuestión fueron presentadas en forma apresurada, sin el conocimiento y la seriedad que exige un proyecto de ley de tanta trascendencia como la de Presupuestos.

Nada más, señor Presidente .

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente, deseo hacerme cargo de algunas observaciones generales de un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

En primer lugar, creo muy adecuada la cita del Premio Nobel si la entendemos referida a los negocios privados. Cuando se señala que nos encontramos destinando dineros ajenos para necesidades ajenas, no me siento interpretado por ese Premio Nobel. Precisamente como representantes de la ciudadanía, al despachar el proyecto de Ley de Presupuestos, lo que estamos haciendo es distribuir dineros propios -esto es, de todos los chilenos- para satisfacer necesidades propias, como son las de nuestros connacionales. Por lo tanto, el Parlamento, al tratar esta iniciativa, lo hace con el mayor cuidado -con interpretaciones diferentes, por supuesto-, procurando utilizar bien los recursos del país para cubrir adecuadamente sus necesidades.

En segundo término, coincido con ese señor Senador en que la capacidad de intervención del Parlamento en la formulación del proyecto de Ley de Presupuestos es muy limitada, pues corresponde a una iniciativa del Ejecutivo. Y eso es razonable en un sistema presidencial como el nuestro. Por supuesto que no podemos tener una influencia mayor en la fijación de los gastos e inversiones o en el cálculo de los ingresos. Basta leer el artículo 64 de la Constitución y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado para ver cuán limitados hemos quedado. Por eso -y también concordamos en esto con el señor Senador-, en su oportunidad nos opusimos a la Constitución de 1980, por creerla excesiva en la centralización del poder en el Ejecutivo.

No obstante, ésa es la legislación actual. Podemos discrepar de ella, pero debemos aceptar que la formulación del Presupuesto está casi en plenitud en manos del Ejecutivo , quedando al Parlamento la sola posibilidad de rebajar gastos y siempre que ellos no estén establecidos en leyes permanentes.

Sobre el particular, creo que quienes formularon las indicaciones en la Comisión Mixta estaban en su pleno derecho, porque ello es parte de sus facultades. El Parlamento puede perfectamente entrar a la discusión de si estamos o no estamos de acuerdo en reducir cada una de las partidas. La gran equivocación que, en mi opinión, conllevan esas indicaciones es que no apuntan al tema del fondo, pues afectan gastos e inversiones necesarios para una buena administración del Estado.

En cuanto al problema de las cifras, seguramente el señor Ministro de Hacienda podrá profundizar sobre la materia. En lo personal, escuché su exposición sobre el estado de la Hacienda Pública -creo que todos los señores Senadores la han leído-, como, asimismo, la relación hecha por el señor Director de Presupuestos cuando iniciamos la sesión plenaria de la Comisión Mixta para despachar el proyecto. De ambas exposiciones quedó claro que las cantidades estimadas por el Senador señor Piñera no son exactas. Hay una discrepancia al respecto, y me parece que ella ha existido en los tres años anteriores. En mi caso, he preferido quedarme con las que ha entregado el señor Ministro .

A mi juicio, lo que afirmó el señor Director de Presupuestos es cierto: el ejercicio financiero para 1994, tiene un incremento en los gastos de 4,7 por ciento -ello puede calcularse fácilmente- y un crecimiento del Producto de 5 por ciento. En este punto, podemos discrepar, ya que de acuerdo con otras estimaciones aquél podría ser inferior a 5 por ciento. En tal caso, si se revirtieran las cifras, la autoridad económica del próximo Gobierno tendría que aplicar una política de reducción de gastos. Porque, si efectivamente se produce un menor crecimiento de la economía y se mantiene el nivel de egresos, habría que hacer un ajuste, lo que es propio de la ejecución presupuestaria para 1994 y de la nueva autoridad económica.

Por otra parte, se nos dice que el aporte de las empresas CORFO a las arcas fiscales ha disminuido este año. Unos mencionan una suma del orden de los 250 millones de dólares y otros hablan de 150 millones de dólares. Creo que ello es efectivo. Hay menores ingresos por ese lado. Pero esto es el fruto de una política aplicada durante largo plazo en relación con la capacidad empresarial de la CORFO. Esta tuvo ingresos muy importantes cuando disponía de empresas muy rentables, que luego fueron traspasadas al sector privado. De modo que hoy no puede esperarse la misma rentabilidad. También obtuvo recursos por la privatización de algunas empresas, cuyos precios se pasaron al sector público. En realidad, no me extraña que la CORFO -compuesta hoy, fundamentalmente; por empresas que otorgan servicios, como agua potable, etcétera tienda a tener muy baja rentabilidad, sobre todo si está cumpliendo una función de orden social, o se le imponen limitaciones por ley, muchas veces, en la capacidad de su propia rentabilidad, mediante la aplicación de tarifas.

Por último, me he encontrado aquí, entre las indicaciones formuladas por algunos señores Senadores, con la proposición de un mecanismo que permita dar mayor información al Parlamento por parte del Ministerio de Hacienda en cuanto a la ejecución presupuestaria durante el año. Creo que es una materia digna de ser estudiada. Lo importante es ver la posibilidad y la capacidad de ejecutar bien la finalidad perseguida. A mi juicio, hemos fallado en eso como Parlamento y, tal vez, como Comisión de Hacienda, pues quizás, tampoco hemos tenido un buen entendimiento con el Ministerio del ramo en cuanto a efectuar una evaluación más continuada. No se necesita ley para reunimos cada cierto tiempo con el titular de dicha Cartera a fin de intercambiar información. Pero, sí, creo contradictorio lo planteado aquí, porque si al Ministerio de Hacienda y a la Secretaría General se les rebajan sumas de dinero para tener personal y gastos de administración -como se propone también en la indicación del mismo señor Senador-, no sé de qué manera dicha Secretaría de Estado podría elaborar esos estados mensuales, trimestrales o semestrales.

Sin embargo -repito-, sería interesante que el Parlamento tratara esta materia conjuntamente con el Ejecutivo, para tener una mejor información de cómo se está ejecutando la política presupuestaria.

En ese sentido, revisada la Ley de Presupuestos que presentó el señor Ministro de Hacienda, y conocida su exposición sobre el estado de la Hacienda Pública, una vez más me felicito de que el país haya podido tener un muy buen resultado económico en 1993. Porque las cifras macroeconómicas sobre los logros alcanzados por la economía chilena en dicho período están, seguramente, entre las mejores que ha obtenido en muchos años. Y, por otra parte, son cifras, a mi juicio, que muchos países quisieran haber logrado en el mismo ejercicio presupuestario.

He dicho.

El señor PIÑERA.-

Muchas gracias.

Un ex candidato a Presidente de los Estados Unidos de América dijo que "todos tienen derecho a tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos". A mi juicio, es muy bueno aplicar eso en el Congreso. Es decir, que cada uno opine de acuerdo con su criterio, pero no construya datos sobre bases que no son las verdaderas.

Hago presente lo anterior, por lo siguiente: en primer lugar, ¿por qué hay una discrepancia en las cifras con ustedes, señores Ministro de Hacienda y Director de Presupuestos ? Mi cálculo lo hago sobre la base de tomar el proyecto de Ley de Presupuestos para, 1994 y la Ley de Presupuestos de 1993; realizar las correcciones para poner todo en moneda de igual valor, y comparar ambos Presupuestos. Ahora bien, si entremedio hubo una sobreejecución del Presupuesto y el señor Ministro compara el proyecto de Ley de Presupuestos para 1994 con la realidad del de 1993, esto es, considerando esa sobreejecución, indudablemente vamos a llegar a conclusiones distintas. Entonces, el señor Ministro debería decir: "El gasto entre 1993 y 1994 creció en dos escalones". Lo primero que nosotros creíamos era que íbamos a gastar determinada cantidad en 1993, pero gastamos más, y ahora, sobre esa base ya incrementada, queremos asignar mayores gastos para 1994. Si hacemos ese ejercicio de "sacar una película" al crecimiento del gasto y no nos saltamos algunos Capítulos, haremos coincidir los números absolutamente. Porque todas las calculadoras dan iguales resultados; los supuestos en cuanto a inflación esperada son los mismos, y los números son los oficiales.

En segundo término, quiero decir a un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, que nada tiene que ver el excedente del Presupuesto con la sobreejecución. El señor Ministro podría decir: "Voy a ahorrar 10 por ciento", y es posible que haya sobreejecución aunque ahorre 15 por ciento. Si los ingresos se han incrementado mucho, ello permite tener más ahorro y más sobreejecución. Son dos conceptos distintos que no son incompatibles entre sí. Y, en este caso, se dan las dos cosas: hay un ahorro fiscal efectivo, pero también hay sobreejecución del Presupuesto.

En tercer lugar, aparentemente se desprende de las palabras de un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, que quien es partidario de aumentar el gasto tiene sensibilidad social. Es decir, mientras haya más gasto público, mayor será la sensibilidad social. Eso me llama la atención, porque he escuchado muchas veces al señor Ministro de Hacienda hacer una fuerte y convincente defensa de la austeridad fiscal. Y, por consiguiente, al parecer, eso significaría que austeridad sería incompatible con sensibilidad social. Creo que no es así, y mucho menos después de escuchar al señor Senador que recién me antecedió en el uso de la palabra, quien anticipaba que, eventualmente, habría que reducir gastos en el próximo Gobierno en caso de existir situaciones económicas distintas. Nada de eso refleja insensibilidad social, sino sólo una buena comprensión y preocupación por el adecuado manejo de la economía, lo cual constituye la mejor manera de ser sensible para un Ministro de Hacienda .

El mejor Secretario de Estado del ramo, el más sensible y solidario, es aquel que maneja las finanzas públicas en buena forma. Y eso es lo que le corresponde al Ministro de Hacienda.

En cuarto término, respecto a las empresas públicas de CORFO, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra dio dos argumentos: uno, que las empresas más rentables fueron privatizadas, y dos, que el Fisco habría obtenido recursos por dicha privatización, y que ahora no los tiene. Nada de eso se ajusta a lo que he afirmado. Yo manifesté que las mismas empresas -exactamente las mismas cuya situación estamos comparando ahora con la del año anterior-están reduciendo su aporte.

En seguida, el mismo señor Senador dijo que como son empresas que realizan una función de orden social, deben cumplir con su papel. No. Las empresas que otorgan servicios, como las del agua potable, no han bajado el precio de este producto, ni han aumentado el subsidio; por el contrario, durante 1993, incrementaron ese precio, el cual se fija por otra normativa. Este es un problema de eficiencia. De manera que, si a una empresa que desarrolla labores sociales le toleramos la ineficiencia, estamos contribuyendo a su deterioro.

En quinto lugar, si nosotros planteamos, en un contexto de una economía subsidiaria, que el Estado no es capaz de pagar más de treinta y tantos mil pesos a 600 mil jubilados que reciben la pensión mínima y 15 ó 18 mil pesos a 300 mil que obtienen la pensión asistencial, porque no tiene más recursos, hay que ser extraordinariamente cuidadosos al destinar cuantiosos fondos a otros fines. Existe la posibilidad de que las empresas públicas salgan adelante logrando los recursos en la misma forma en que lo hacen las demás empresas, pues, si son similares a las otras, deberían competir en igualdad de condiciones.

Finalmente, respecto al tema de la investigación, escuché decir a un señor Senador que nosotros estaríamos tratando de terminar con ésta. Y dado que, por lo menos en mi caso, he dedicado largas etapas de mi vida a la investigación, quiero manifestar a Su Señoría que no es eso lo que proponemos, sino algo muy distinto: en lugar de entregar los fondos en forma garantizada, protegida y monopólica a ciertos institutos públicos, que se incrementen los fondos concursables para la investigación a los cuales pueden postular las universidades, los institutos técnicos y los centros de estudios. Es decir, debe democratizarse el acceso a los fondos de investigación; hacerlo competitivo, con lo cual mejoraremos la equidad y la eficiencia de los escasos recursos que nuestro país destina a la investigación.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite hacerle una pregunta, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

Por supuesto, Su Señoría.

El señor ZALDIVAR .-

Me gustaría que el señor Senador , al final de su exposición, me dijera si estima que la economía de 1993 ha funcionado bien o mal y si sus resultados son positivos o no. Creo que ello es muy importante, pues, conforme a las cifras de manejo presupuestario, se concluiría, al parecer, que el país está marchando muy desordenadamente y su economía caminando medianamente o, tal vez, mediocremente.

El señor PIÑERA.-

La verdad es que no existe ninguna contradicción entre plantear mejorías al proceso presupuestario y el hecho de tener una visión -como siempre la he tenido, pública y privadamente- muy positiva, en términos generales, en cuanto a lo que ha sido la gestión económica.

Quiero recordar que cuando hablamos de gestión económica, da la impresión de que los méritos y las culpas las tuvieran sólo los Ministros de Hacienda . En realidad, cuando aludimos a una buena gestión económica, me refiero al país. Adicionalmente -siempre lo he reconocido-, la conducción económica del actual Gobierno ha sido muy prudente en materia de conservar los equilibrios macroeconómicos básicos y los criterios fundamentales de una economía libre y de mercado, sin perjuicio de que algunos proyectos presentados por el Ejecutivo y rechazados por el Senado habrían significado, en mi opinión, un retroceso insuperable.

Sin embargo, también es cierto -no lo voy a repetir, porque ya lo dijimos con motivo de la exposición de la Hacienda Pública- que hay muchas cosas que debieron y deben hacerse, las cuales no se están realizando y comprometen la capacidad de crecimiento futuro de la economía.

Por último, un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra dijo que si nosotros le quitábamos un peso al Ministerio de Hacienda, estábamos restando justamente el peso que se iba a destinar para informar al Senado.

Eso me recuerda aquel caso en que el marido, cada vez que le recortaba el presupuesto a la mujer, ésta le suprimía el desayuno, porque ese dinero que se le restaba era el que financiaba este último. Creo que no hay ninguna comparación entre los recortes...

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite, señor Senador ?

El señor PIÑERA.-

Por supuesto, Su Señoría.

El señor ZALDIVAR .-

Señor Senador, ocurre que su indicación tiene por objeto recortar 118 millones de pesos a la Dirección de Presupuestos, no al presupuesto del Ministerio de Hacienda.

El señor PIÑERA.-

Sin embargo, la Dirección de Presupuestos, a pesar de esa supresión, tiene un incremento real en su presupuesto.

Quiero reiterar al señor Ministro de Hacienda-tal vez no va a existir otra oportunidad, pero "nobleza obliga"- que, sin duda alguna, los números económicos de 1993, en términos de crecimiento económico, estabilidad de precios, equilibrios macroeconómicos, recuperación de la inversión -sin perjuicio de las nuevas cifras arrojadas por el Banco Central con las recientes cuentas nacionales-, demuestran que la economía chilena está sobre bases sólidas. Lo afirmo categóricamente: así es.

Sin embargo, señor Senador, también debo decir que uno nota síntomas de que hay cosas que no se hacen y de disciplinas que se están perdiendo, lo que nos permite avizorar que puede haber una pérdida de competitividad. Porque recordemos que la tasa de crecimiento de los últimos 4 años del Gobierno militar va a resultar mayor que la correspondiente a la del período de la Administración del Presidente Aylwin, y además, es mayor que la de los pronósticos que hace el Comando de un importante candidato a la Presidencia de la República para los próximos 4 años.

Por consiguiente, quiero anticipar o prevenir esta situación en el sentido de no contentarnos con que el país retroceda, gradualmente de la tasa de crecimiento de 6 por ciento promedio -a la que puede aspirar perfectamente bien-, a su tasa histórica de 3 por ciento, que ha sido la que nos ha mantenido como país subdesarrollado y con 465 millones de chilenos en estado de pobreza, después de 180 años de vida independiente, sin guerras y conflictos raciales, y, por tanto, con muchas expectativas.

He dicho.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, sin querer entrar en controversia con el Honorable señor Lavandero , quien manifestó que algunas indicaciones que yo formulé -y que las había adjudicado, en principio, a otro señor Senador- serían poco serias o ligeras, quiero señalarle que aquéllas no son poco serias ni ligeras y que, tal vez, hubo algo de precipitación al haberse referido en esos términos a dichas indicaciones, sin, quizás, conocer los fundamentos que ameritaron su presentación.

En cuanto a la indicación referente a la renovación de los contratos con la Administración -que mereció el apelativo de "poco seria"-, deseo señalar que ella es muy seria, pues apunta a un problema demasiado importante y relacionado con la economía de gastos que pudieran estimarse, en algún momento, superfluos o innecesarios para la Administración.

En verdad, dicha indicación corresponde a una norma que figura en el boletín N° 685-06, firmado por el Presidente de la República y los Ministros de Estado señores Alejandro Foxley, Francisco Cumplido -ambos presentes en la Sala- y Enrique Krauss , la cual tiene por objeto evitar el gasto administrativo que representa la renovación de los contratos en los servicios de la Administración Pública.

La indicación corresponde básicamente a ese concepto, pero está mejorada en su presentación en cuanto a permitir o reconocer, de manera muy explícita, el derecho de la autoridad administrativa para no renovar el contrato -derecho que, indudablemente, tiene- o para establecer la renovación en condiciones distintas de las primitivas.

Sin embargo, lo central de la indicación, en el sentido de que respecto de los contratos que el Estado ha resuelto renovar no debe dictarse una resolución formal ni mediar toma de razón, responde al contenido de una que fue formulada por Su Excelencia el Presidente de la República , que se encuentra pendiente en la Comisión de Gobierno del Senado. Y fue suscrita por los señores Ministros aquí presentes.

Tal es el sentido de la indicación, la que, a mi juicio, es conveniente, porque evitará un gasto que no conlleva ningún beneficio.

En cuanto a la segunda indicación a que se refirió el señor Senador -y que trataré brevemente, por haberse extendido sobre el tema: el Honorable señor Piñera -, recorta aportes al presupuesto de diversas empresas del Estado, entre ellos el de 5 mil 700 millones de pesos destinados a la Empresa de Obras Sanitarias (EMOS). Se da como fundamento de una suma tan alta el de que en ese caso se prestan servicios que benefician a toda la colectividad. Pero, como ya se ha señalado, EMOS no ha rebajado sus tarifas. Si sobre la base de los fondos proporcionados las disminuyera -lo que, como dije, no ha ocurrido-, todos los usuarios pagarían por el consumo de agua un valor menor al costo real de producción, y muchas personas que están en condiciones de afrontar el gasto se verían favorecidas. Si verdaderamente se pretende beneficiar a las personas carentes de recursos, debe modificarse la ley que establece un subsidio para el consumo de agua potable, pero no subsidiar a dicha empresa.

En lo que atañe a la Empresa Nacional del Carbón, ocurre algo similar. Y, ante el argumento de la reconversión, advierto que ésta tiene un ítem diferente en la Ley de Presupuestos, el que no ha sido objetado. Lo que sí se está objetando es el aporte a ENACAR, a la cual, si no me equivoco, se traspasaron el año pasado más de 40 mil millones de pesos. Las sumas son impresionantes. Creo que sería conveniente que consideráramos el monto total de lo entregado a esa entidad en estos cuatro años.

A mi juicio, no hay razón alguna que justifique la mantención de una empresa que no tiene posibilidades de subsistencia. Así lo hizo presente ante esta Corporación el Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía, señor Jaime Tohá. A lo que debe apuntarse es a la reconversión, pero no a mantener una industria sin futuro alguno.

Tocante a los aportes a diversos institutos, debo señalar que si, como se ha planteado aquí, se pretende incentivar la investigación, debe haber programas en ese sentido, sobre la base de concursos en los cuales todas las personas puedan participar; pero no procede entregar recursos a entidades nacidas al amparo del Estado, con el objeto de realizar labores de investigación cuyos resultados no se conocen.

Respecto al aporte a la Empresa de Ferrocarriles del Estado -y al que deseo referirme en forma especial-, asciende a más de 4 mil 700 millones de pesos. Cabe recordar que el artículo 32 de la ley dictada hace un tiempo con relación, a esa empresa establece de manera explícita que ésta en caso alguno podrá comprometer el crédito público, y que tampoco podrá obtener financiamiento, créditos, aportes, subsidios, fianzas o garantías del Estado, o de cualquier otro organismo estatal.

En consecuencia, la situación es muy clara. Por lo demás, la ley orgánica se aprobó sobre la base de dar a la entidad una administración muy abierta e igual -como lo planteó el Presidente de la Comisión de Transportes- a la de una privada, pero sin recibir aportes o subsidios del Estado.

Ahora, a la Empresa Metro S.A. se destinarían más de 16 millones de pesos. Para dimensionar la cuantía, debemos tener presente que equivale, más o menos, a la mitad del presupuesto del Poder Judicial . Es una cantidad realmente impresionante.

Personalmente, he podido comprobar algo muy distinto de la que aquí se ha expuesto. Todos los habitantes de regiones con los que he conversado han manifestado disgusto y preocupación ante las ingentes inversiones realizadas en la Capital, en desmedro de las Regiones.

Tales son las consideraciones que se tuvieron en vista para formular las dos indicaciones a que aludió el Honorable señor Lavandero.

He dicho.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, en el momento de aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos -presumo que así ocurrirá, porque no hay otra alternativa, como explicó el Honorable señor Piñera - sólo deseo referirme, en forma muy breve, a dos aspectos.

El primero dice relación con Obras Públicas -sector al que me siento muy ligado, por pertenecer a la Comisión técnica del Senado y haber tenido experiencia en ese campo de acción-, pues celebro que, por cuarto año consecutivo, haya un aumento en el presupuesto correspondiente. En este caso, ello es del orden de 9,6 por ciento, lo que estimo muy positivo.

Me satisface, también, que este año aparezca por primera vez una glosa muy importante, por una cantidad superior a los mil millones de pesos, destinada a materializar el apoyo estatal a la administración y estudios vinculados al sistema de concesiones de obras públicas. Puede observarse que hay proyectos que se están iniciando o que se iniciarán en 1994.

Lamento, sí, que el presupuesto de la Dirección de Vialidad registre sólo un 3,9 por ciento de incremento, en comparación con el del Ministerio de Obras Públicas en general, en circunstancias de que la conservación vial -problema al cual me referí, asimismo, el año pasado- es crítica en todas las comunas y rincones de Chile. Esta situación obliga a recurrir a otro tipo de iniciativas, como la que destinaría nueve millones de dólares para la compra de maquinarias que serían administradas por corporaciones privadas, a nivel de municipalidades. Aunque no me parece ésta la solución más conveniente, apunta, sin embargo, en la dirección correcta, porque tiende a comprometer al sector privado en la conservación de los caminos.

Hay, en cambio, ciertas Direcciones, como la de Aeropuertos y de Obras Portuarias, cuyos presupuestos registran notorios aumentos -de 46 por ciento la primera y de 11 por ciento la segunda-, no obstante que en esas áreas existe interés privado en invertir, de modo que podrían liberarse recursos estatales para destinarlos al objetivo que acabo de señalar. Por ejemplo, ese interés del sector privado se ha dirigido a la construcción del puerto de Punta Arenas, e inicialmente se había considerado su participación en la ampliación del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez.

Quiero hacer una última reflexión. Y celebro que se encuentre presente el Director de Presupuestos .

En la Comisión Mixta de Presupuestos solicitamos -y el señor Director, con muy buena voluntad, accedió a ello- que se proporcionara a los Parlamentarios un cuadro comparativo con las distintas inversiones de obras públicas, de subsidios, de vivienda, de salud, etcétera, por Regiones, a fin de informar a nuestros electores y a las respectivas autoridades locales acerca de la forma como cada Región está siendo considerada en el Presupuesto. El señor Director lo está confirmando en estos momentos -con el aval del señor Ministro de Hacienda , quien también se encuentra en la Sala-, por lo que esperamos contar luego con estos antecedentes, que para nosotros son muy interesantes.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, opino que el Honorable señor Piñera tiene toda la razón al sostener que la Ley de Presupuestos es mucho más que un balance o el medio de comprobar la eficiencia económica del Gobierno. Es mucho más que eso: es la verdadera materialización de las políticas de éste. En esta Corporación podemos discutir los diferentes proyectos que pasan por nuestras manos, pero en la Ley de Presupuestos hay una serie de diferentes alternativas que no hemos tenido oportunidad de analizar, y que vemos traducidas en pesos.

Sobre el particular, y en relación, específicamente, con el sector Transportes, recuerdo que con motivo del estudio del proyecto sobre regionalización y descentralización escuché, en esta misma Sala, a los representantes de las Regiones pedir que no se invirtieran más recursos en la ampliación del Metro. Y esto se ha repetido, por otra parte, desde hace tres años. Lo mismo decían, aunque en forma indirecta, respecto del tren de alta velocidad entre Santiago y Valparaíso. En general, la gente de las Regiones considera que obras como ésas no son convenientes, y no las ven con buenos ojos. Por ello, no concuerdo con la opinión de un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra.

Pero, además de lo concerniente al ferrocarril metropolitano, aquí se ha legislado, también, sobre trolebuses, chatarra de vehículos y microbuses. A mi juicio, una preocupación tan grande por el transporte en la Capital, que demanda iniciativas en las que se van cientos de millones de pesos, es desproporcionada.

Tengo presentes, asimismo, con mucha claridad, las enormes dificultades que el año pasado, dentro de este mismo orden de ideas, implicó la aprobación de más de tres mil millones de pesos para remodelar la Estación Mapocho.

En resumen, en las Regiones tales gastos no son bien vistos. En el caso, del Metro, todos escuchamos el otro día al Presidente del Directorio afirmar que el de Santiago es el tercero en eficiencia en el mundo, siendo superado sólo por los metros de Singapur y de Hong-Kong. Sin embargo, no produce un peso. Es decir, todos los recursos que se necesitan para ampliarlo no provienen de su propia operación.

He dicho.

El señor ZALDIVAR .-

Por ningún motivo acepto, ni aun por la vía de dejar constancia, que se nos presuma la intención de aplicar tal principio.

Invito a leer el número 21° del artículo 19 de la Constitución. En ninguna parte se habla de "aportes a empresas del Estado". Más aún, la Carta Fundamental, en sus normas transitorias, establece que las empresas del Estado existentes no requieren una votación de quórum calificado para los efectos de su funcionamiento. Y todas las citadas en la indicación son empresas existentes. Por lo demás, el Tribunal Constitucional ha dictaminado que solo se exige la norma de quórum calificado cuando expresamente lo señala la Carta. Ella no puede requerirse por la vía de la interpretación. Aquí no cabe interpretación en ningún sentido.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, aun cuando no suscribí la indicación (se informó que lo había hecho), la votaré favorablemente, porque a veces se confunden los objetivos, los instrumentos y las herramientas con que se resuelven determinados problemas.

Para justificar el aporte a la Empresa Nacional del Carbón, se ha invocado la situación de los trabajadores del sector. Pero se están mezclando indebidamente cosas que no se relacionan en forma directa. Si habláramos de recursos para la Agencia de Reconversión o de beneficios para quienes van a dejar de ser trabajadores de ese rubro, estaríamos refiriéndonos a una materia distinta. Aquí apenas tratamos una asignación por 7 mil millones de pesos a la Empresa Nacional del Carbón. La simple doctrina -a veces sostenida- del mayor gasto no significa la solución de los problemas. Y nadie puede asegurarnos que este aporte se va a traducir en algún beneficio para los trabajadores a quienes se dice favorecer.

Recuerdo que, cuando discutimos el proyecto de ley sobre subsidio compensatorio, el propio mensaje del Ejecutivo hablaba de un universo de 15 mil trabajadores vinculados a la actividad del carbón. Es bueno tener presente que a la fecha ya han dejado de laborar en el sector aproximadamente 12 mil personas; restan, por tanto, alrededor de 3 mil. Y la Empresa Nacional del Carbón está desarrollando estudios para saber el tamaño óptimo con que se va a quedar, el que, en términos de trabajadores, puede ser nulo, porque también se considera la posibilidad de cerrar los yacimientos y terminar las actividades de la ENACAR.

En consecuencia, se están mezclando los elementos. Porque de ese universo de 15 mil mineros del carbón, no todos trabajan en ENACAR, y nadie garantiza que los 7 mil millones de pesos beneficiarán siquiera a los aproximadamente 3 mil que hoy se mantienen vinculados al sector.

También debo recordar que este Senado, acogiendo una proposición formulada por los cuatro Senadores que representamos a la Octava Región, acordó solicitar al Presidente de la República la aplicación de un programa social extraordinario en el área del carbón y el análisis de un proyecto sobre incentivos tributarios que permitan instalar allí empresas productivas y generar empleos permanentes.

Adicionalmente, hemos propuesto subsidiar la contratación de mano de obra en la zona y focalizar el subsidio a las ventas de carbón, que fue aprobado en una ley especial.

Por último, la Agencia de Reconversión, que tiene su medida de eficacia dada exactamente por los empleos alternativos que crea, carece de logros que exhibir en esta materia. Sin perjuicio de ello, no estamos afectando su presupuesto, sino simplemente diciendo: "Aquí hay recursos que podrían destinarse, mediante decisión del Ejecutivo , a las personas". Pero de lo que estamos hablando en la indicación que se vota es de un aporte a la Empresa Nacional del Carbón, que está estudiando su tamaño y considerando la posibilidad de no existir. Por lo tanto, no estamos refiriéndonos a beneficios para esos trabajadores.

Voto que sí.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, he tomado conocimiento sólo en este momento de los antecedentes relativos a la indicación que ahora votamos. De manera que no los he podido examinar.

Empero, reconozco que, a pesar de que el Reglamento señala otra cosa, hay circunstancias especiales que aconsejan analizar la materia en estos momentos.

Doy fe de la capacidad de quienes han estudiado la indicación. En consecuencia, voto favorablemente.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, creo que esta indicación, de aprobarse, perjudicará gravemente a los trabajadores del carbón, e indudablemente, a la Empresa, que se verá en una situación bastante delicada.

Ahora bien, como no me gusta que se piense que digo una cosa por otra, quiero precisar una afirmación vinculada a un señor Senador que estuvo en la Sala y se refirió al tema, pero que a la hora de votar no se encuentra presente (podría identificarlo, porque indicó que debía hacer otra cosa afuera). Tengo en mis manos las indicaciones firmadas por ese señor Senador . Se trata de quince carillas. En el logotipo se expresa: "Instituto Libertad". Y son las que votamos en este momento.

He querido aclarar esto -repito-para que no se piense que hice una afirmación inexacta o que he mentido.

Por consiguiente, rechazo la indicación, por ser inconsulta y perjudicial para toda la Octava Región. Porque, cualquiera que sea el disfraz que se le ponga, redundará finalmente en perjuicio de los trabajadores y de la ENACAR.

Voto que no.

El señor RIOS.-

Señor Presidente, la indicación que se vota incluye una materia importante, que dice relación, por un lado, a una transferencia de capital a la Empresa Nacional del Carbón, y por otro, a una inversión de la Corporación de Fomento de la Producción en la Octava Región. Efectivamente, se han producido muchos problemas de orden económico en la ENACAR. Entonces, existe una situación real que afecta a un conglomerado muy importante de trabajadores de dicha Empresa (3 mil 120), quienes, naturalmente, tienen alguna relación con la actividad económica de la zona.

En su último conflicto, los trabajadores del carbón señalaron que, al margen de aspirar a remuneraciones más adecuadas, había -y éstas fueron las declaraciones que me formularon personalmente; también las conoce la opinión pública- problemas de administración en la Empresa, por cuanto personas (animadas -seguramente- de un propósito positivo) con poco conocimiento del manejo de las minas provocaron déficit muy relevantes. El del año pasado alcanzó a 18 mil millones de pesos (ello pudo haber significado la construcción de 10 mil viviendas sociales en el país), y el actual es igualmente considerable.

Ahora, si dispusiéramos el término de las faenas del carbón y los recursos que se propone transferir se entregaran a los trabajadores, cada uno recibiría mensualmente 193 mil 258 pesos, lo que constituye una cantidad bastante más grande que las remuneraciones que perciben hoy.

El problema se halla radicado, entonces, al margen del Congreso. Y, evidentemente, es posible resolverlo.

No me resulta fácil votar a favor de una indicación de este tipo. Empero, quiero dejar en claro que es indispensable la existencia de una modificación definitiva, con las metas señaladas por el propio Ministro Presidente de la Comisión Nacional de Energía -lo recordó aquí la Senadora señora Feliú -, en el sentido de elaborar un proceso transparente que evite al país seguir con una situación que lo afecta tan directamente.

Por tal motivo, estando de acuerdo en general con la indicación, quiero señalar mi rechazo a la parte referida a los recursos para la ENACAR.

Por otra parte, en cuanto a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, creo indispensable que el país tenga presente lo aquí señalado en el sentido de que no ha recibido el respaldo necesario para su desarrollo. A lo mejor, los recursos deberían ser mayores para, en definitiva, transformar a Ferrocarriles en un ente capaz de acometer en forma más plena lo relativo al transporte, que en la actualidad es básico para el país. Chile permanentemente destina enormes recursos a nuevas carreteras, en circunstancias de que tenemos una vía férrea en estado dramático y que se está destruyendo.

Este ítem tampoco podría votarlo a favor, porque considero que se trata de una inversión adecuada. Tanto más cuanto que se vincula con el transporte nacional.

Señor Presidente, teniendo presentes esos dos aspectos, que son trascendentes, me resulta muy incómodo pronunciarme sobre la indicación. Por tal motivo, pregunto a la Mesa si es factible dividir la votación.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Su Señoría debió solicitarlo con anterioridad. Porque hubo acuerdo para votar globalmente la indicación, excluido sólo el ítem referente a la Empresa METRO S. A.

El señor RIOS.-

En ese caso, me abstengo.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, no voy a hacer ningún alegato coyuntural sobre lo que aquí sucede con la indicación que se vota. Sólo quiero precisar dos o tres cosas.

En primer lugar, de ninguna manera parece comprensible que un señor Senador formule una proposición como la que conocemos, desconociendo el drama que existe, a lo menos, en la zona del carbón. Todas las explicaciones sobre la necesidad de mejorar la administración o lo que pudiera ocurrir en la Empresa no tienen parangón con esa realidad objetiva. Cualquiera que sea su situación en 1994 (en cuanto a su administración, etcétera), el planteamiento de restarle fondos no tiene presentación alguna, Y no veo cómo puede sostenerse en el Senado conociéndose lo acontecido en dicho sector.

Entiendo lo señalado por el Honorable señor Ríos, porque Su Señoría está preocupado del asunto y sabe que lo que se propone es nefasto.

Pero, aun con la argumentación sobre los malos o inadecuados manejos administrativos de la ENACAR, no hay justificación alguna cuando se trata de restar mil quinientos millones de pesos para inversión real en obras portuarias en Lebu.

Esto no tiene presentación. Porque mientras por un lado se piden acciones concretas para los trabajadores y la zona del carbón, por el otro se restan los recursos necesarios.

Por tal motivo, rechazaré la indicación.

Sin embargo, quiero formular una última observación, relativa al argumento de que, si se destinaran los recursos a los trabajadores del carbón, cada uno percibiría mensualmente 193 mil 258 pesos: es exactamente lo realizado en el Gobierno anterior, que, en definitiva, generó cesantía con dinero en el bolsillo. Y sabemos con certeza que sucedió.

Por estimar que la indicación carece de presentación, voto que no.

La señora SOTO .-

Señor Presidente, a lo señalado por el Senador señor Ríos respecto a Ferrocarriles del Estado, debo agregar que eliminar el ítem pertinente no sólo implica actuar con miopía, sino también cometer un atentado muy grave. Porque, desgraciadamente, nuestro país figura sexto en el mundo en accidentes mortales en carreteras y séptimo en cuanto a heridos graves.

Por consiguiente, pienso que levantar a Ferrocarriles y fortalecerlo significa, también, salvar la vida a muchos chilenos, y precisamente a los más pobres.

Voto que no.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia de los efectos que provocaría la indicación de ser aprobada. Y quizás no los advirtieron sus autores. Porque creo que todas estas indicaciones fueron hechas un poco "al barrer". Y señalo esto sin ánimo de restarles valor.

Eliminar el ítem referido a la Empresa Nacional del Carbón significaría, lisa y llanamente, impedir el funcionamiento de ésta en términos más o menos razonables y provocar un conflicto social de mucho mayor magnitud. En el fondo, implicaría romper todo lo que se ha hecho con el plan de reconversión.

Tocante al ítem "Inversión Región VIII", pienso que el señor Senador de la zona que se refirió a él no se percató de que lo propuesto equivale a no permitir la construcción del puerto de Lebu. Tan simple como esto: la "Inversión Región VIII y su respectiva glosa" se refieren a ese puerto, y no a otra cosa.

Suprimir las transferencias a las Empresas de Obras Sanitarias de las doce Regiones -sin la Metropolitana-, que tienen muy escasos recursos, significa suspender los planes de alcantarillado y agua potable para el sector urbano.

Lo relativo a la Empresa METRO S.A. se votará después.

Con respecto a la eliminación de la transferencia a la Empresa Nacional de Minería, de ella tendrán que responder los autores de la indicación ante los pequeños mineros de las zonas correspondientes, principalmente de Atacama, Coquimbo, Quinta Región interior, donde se halla radicado esencialmente lo que constituye la pequeña minería. Y sería conveniente que el señor Senador de la Región Metropolitana que suscribió la indicación (a los Senadores de la Capital nos hacen bastantes bromas en el sentido de que no nos preocupamos de las Regiones- explicara a la pequeña minería cómo se formulará el programa de fomento minero del próximo año y de qué manera se mantendrán sus tarifas, más aún con la crítica situación hoy día existente a raíz de la caída del precio del cobre.

Con relación a la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, el ítem que se pretende eliminar es el vinculado a la mantención de la vía férrea. De modo que sería igualmente conveniente dejar constancia de que esa supresión, además de lo señalado por el Senador señor Ríos -Su Señoría tiene toda la razón en cuanto al mal estado de dicha vía-, provocaría dos efectos: primero, aumentaría la posibilidad de accidentes al no utilizarse ferrocarriles por el no mantenimiento de la vía férrea en forma adecuada; y segundo, no tendría efecto la ley aprobada en el Senado sobre privatización de la carga (porque es una de las cosas involucradas), pues no habría una vía susceptible de ser ocupada.

Por último, podrá discutirse quién hace mejor o peor la investigación. Pero restar parte importante de los recursos destinados a los entes respectivos significa -los autores de esta indicación deben señalarlo claramente desde ya- paralizar los Institutos Forestal, de Fomento Pesquero y de Investigaciones Tecnológicas, y el Centro de Información de Recursos Naturales.

Eso es lo que deseaba hacer constar, para que se tome en cuenta lo que significa la responsabilidad de presentar una indicación como ésta.

Voto que no.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, quiero explicar por qué me abstendré de votar.

He escuchado que no se pueden separar las situaciones de cada una de estas empresas, que son muy diversas. Entiendo que siempre es bueno tratar de economizar recursos o incorporar a la actividad privada algunas tareas que no es necesario que las desarrolle el Estado. Aun cuando comparto esa orientación general de la economía, me parece que hay empresas a las que no se puede, en un momento determinado, cerrar la posibilidad de pagar los sueldos a sus trabajadores o atender otras necesidades sin producir un mal mayor que el que se desea evitar.

Por lo tanto, me abstengo.

-Se rechaza la indicación (12 votos contra 8, 2 abstenciones y 3 pareos).

Votaron por la negativa los señores Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Hormazábal, Lavandero, Pacheco, Páez, Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Soto, Valdés y Zaldívar.

Votaron por la afirmativa la. señora Feliú y los señores Fernández, Huerta, Larre, Letelier, Martin, Otero y Prat.

Se abstuvieron los señores Jarpa y Ríos.

No votaron, por estar pareados, los señores Cantuarias, Mc-Intyre y Urenda.

El señor RIOS.-

Señor Presidente, por un error de información, no estaba al tanto de que este ítem se iba a votar separadamente.

Para los efectos de contestar también a mi estimado amigo, colega y pariente, el Senador señor Ruiz-Esquide, es evidente que temas como el carbón y otros deben incorporarse este año; pero mantener la idea de que la ENACAR está mal administrada no me hace cambiar, en ningún caso, mi opinión anterior.

En lo tocante a la Empresa METRO S.A., obviamente que voto a favor de la indicación.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, he tratado de ser consecuente con mi idea...

El señor CANTUARIAS .-

¡Pero no lo ha conseguido, Honorable colega...!

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Soy muy modesto en esto, señor Senador.

Mi ánimo ha sido buscar un sentido de país más que un regionalismo o centralismo que a veces nos puede limitar la visión de lo que queremos. Y atendido el permanente reclamo acerca del mayor gasto en las Regiones, convencido de que lo hecho ha tenido un resultado en cuanto a que hay mayor inversión en ellas y por creer que el Metro de Santiago es un problema de país requiere solución dado el número de habitantes de la Capital -sin perjuicio de las medidas que deban adoptarse para disminuir el tamaño de la ciudad-, me parece francamente inconveniente no poder avanzar en la solución de algo que, de otra forma, va a generar descomunales dificultades de salud pública.

Por eso, voto en contra de la indicación.

El señor LAVANDERO.-

Señor Presidente, en un vespertino aparece la siguiente información:

"Expertos proponen: 3 nuevas líneas del Metro y vías exclusivas para buses.

"Los próximos 10 años en Santiago serán claves en términos urbanísticos para definir si nuestra capital es capaz de solucionar. los grandes problemas de la congestión y la contaminación".

Creo que no podemos -y no por tratarse de Santiago- llevar a la población capitalina a una situación de colapso, especialmente cuando la nueva línea del Metro que se construya entrará en funciones, no en lo inmediato, sino en el futuro.

Se señaló que esta indicación no fue presentada con la firma de un determinado señor Senador. Al respecto, puedo asegurar que ella se formuló en la Comisión Especial con la firma exclusiva de ese mismo señor Senador en documento -repito- que tenía el logotipo del Instituto Libertad, y su propósito era reducir el ítem asignado a la Empresa METRO S.A. en 16 mil 689 millones 200 mil pesos. Esta indicación, que ahora también suscribe una señora Senadora , es copia exacta de la que recomendaba el Instituto Libertad.

Por esa razón, voto en contra.

-Se rechaza la indicación (11 votos contra 7, una abstención y 3 pareos).

Votaron por la negativa los señores Frei (doña Carmen), Hormazábal, Lavandero, Otero, Pacheco, Páez, Ruiz-Esquide, Siebert, Sinclair, Soto y Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Feliú, Fernández, Jarpa, Larre, Martin y Ríos.

Se abstuvo el señor Huerta.

No votaron por estar pareados los señores Mc-Intyre, Urenda y Valdés.

El señor ZALDIVAR.-

¿Me permite, señor Presidente?

Creo que esta indicación se elaboró como se señaló antes: sobre la base del formato de la Ley de Presupuestos, se proponen reducciones, en los ítem de inversión y en lo de gastos variables, que son bastante arbitrarias, pues no se mencionan sus fundamentos ni lo que significarían en cuanto a sus efectos. No se discutió en la Comisión Especial, ni sus autores mostraron antecedentes al respecto, acerca de lo que sucede ría en cada uno de los servicios afectados. Por ejemplo, no se menciona cómo se afrontará el pago de horas extraordinarias.

Se afirma, por otra parte, que no se alteran los presupuestos de Ministerios cuya finalidad es social; sin embargo, está el de Educación. ¡Claro, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos atiende necesidades algo superfluas: se le pueden restar 325 millones de pesos, tal vez porque no es bueno que la gente lea mucho! Lo mismo sucede con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, con el Consejo de Rectores y, en el Ministerio dé Justicia, con el Servicio de Registro Civil e Identificación, al que se restan 679 millones de pesos. En el Ministerio de Defensa -por supuesto, no en lo referido propiamente a defensa-, también se eliminan algunos ítem.

Me pregunto lo siguiente. ¿Alguien investigó cuáles serían los efectos reales de una reducción de gastos, no claramente justificada, en la Administración del Estado? No se indican los efectos que se producirán; es decir, si habrá reducción de personal, disminución de tal o cual actividad, etcétera. Llamo la atención del Senado en el sentido de que el problema no reside en determinar si se rebajan o no estos gastos, sino en cuantificar los efectos de los recortes. Creo que estos efectos no se han medido.

He dicho.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, me llaman la atención las modificaciones al presupuesto del Ministerio de Defensa, y particularmente al del Instituto Geográfico Militar, que está viviendo una situación muy especial a raíz de un fallo de la Corte de Apelaciones, confirmado por la Corte Suprema, por el cual se le prohibió realizar trabajos de imprenta para particulares. Ello estaría muy bien si se lo considera desde el punto de vista del Estado empresario; pero la medida dejó al Instituto Geográfico Militar en situación bastante complicada respecto de su programa de cartografía digital, que ya venía realizando. Y este programa, de alta importancia para el desarrollo del país en cuanto a geodesia, a necesidades agropecuarias, hortofrutícolas, mineras, etcétera, que significa poner la cartografía a punto con la modernidad, ¿cómo se venía ejecutando? Vendiendo activos. El Instituto ha tenido que empezar a enajenar maquinaria de su imprenta que no seguirá utilizando. Pero, a pesar de eso, ha quedado corto de medios, y ésa es la razón de que en el presente presupuesto recibe un apoyo para este trabajo. Como resultado del recorte que se propone, la importante labor señalada, que va en beneficio del desarrollo del país, quedaría prácticamente sin financiamiento.

Desde luego, anuncio mi voto en contra, porque esto, realmente, afecta de manera grave al interés de la nación.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador , para agregar algo sobre el mismo tema?

El señor SINCLAIR.-

Con todo agrado, con la venia de la Mesa.

El señor ZALDIVAR .-

Recién estaba comentando al Senador señor Siebert que, en la Partida Ministerio de Defensa, Dirección General de Aeronáutica Civil, se propone una reducción de un mil 223 millones de pesos. Quisiera saber a dónde apunta esta disminución. ¿A que no funcione el nuevo aeropuerto porque se sitúa en Santiago? ¿Qué se pretende?

Pienso que la indicación está mal planteada, aun cuando el objetivo que persigan sus autores tenga la lógica de ser una simple rebaja de gastos.

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, llama la atención el recorte de 27 millones de pesos a la Dirección General de Movilización Nacional. ¿Cuál es su incidencia? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tremendos efectos tendrá en la actividad que realiza ese organismo?

Nada más, señor Presidente.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, la indicación en estudio tiene por objeto visualizar Partidas en las cuales es posible hacer reducciones de gastos, en el entendido de que el próximo será un año que a todas luces será diferente, en la realidad, de las proyecciones sobre las cuales se ha elaborado este proyecto de Ley de Presupuestos.

Desde un comienzo hemos sido críticos del exagerado optimismo -hablamos de "inercia de optimismo"- con que se elaboró el Presupuesto, que prevé un crecimiento del país de entre 4 y 5 por ciento, lo que, conforme a las condiciones económicas internacionales de hoy, ya aparece como una cifra desapegada de la realidad.

Ese ha sido el sentido de esta indicación. Cada una de las Partidas tiene una explicación. Se hablaba de la Dirección General de Aeronáutica Civil, cuyas actividades hoy día están significando fuerte gasto de recursos públicos, en circunstancias de que muchas de ellas podrían ser entregadas a capitales privados para no consumir los fondos públicos.

Sin embargo, en el ánimo de no considerar todas aquellas materias que no alcancen un grado mínimo de consenso (lo cual también puede servir de ejemplo para otros casos), retiro esta indicación.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, esta indicación corresponde, en términos parecidos aunque no idénticos, a una norma contenida en el proyecto que modifica el Estatuto Administrativo, que aparece en el Boletín N° 685-06. En efecto, ese precepto sustituye el artículo 9° de dicho Estatuto por otro cuya redacción es muy similar, aunque en términos mucho más perentorios.

Lo que procura esta indicación, así como el mencionado proyecto -lo tengo en mis manos, con la firma de los señores Ministros de Justicia y de Hacienda-, es evitar todo el trabajo administrativo que generan los contratos que la autoridad resuelve renovar; no los que decida ponerles término.

En tal sentido, el artículo que ahora proponemos es más cuidadoso en cuanto a que la autoridad administrativa puede renovar los contratos en condiciones diferentes, por períodos distintos; pero, si no se ha resuelto el cese de funciones, no será necesario dictar una resolución sujeta a trámite de toma de razón. Lo que se nos explicó en su oportunidad a la Comisión de Gobierno para respaldar la modificación al Estatuto Administrativo fue justamente eso: el trabajo que conlleva la renovación de contratos.

Si el Ministerio de Hacienda considera que no es conveniente aplicar el procedimiento, no tengo objeciones para retirar la indicación. Pero lo cierto es que, si mañana el Congreso Nacional aprueba lo que planteó ya el Ejecutivo en los mismos términos, regirá una norma mucho más perentoria en cuanto a ordenar la renovación de los contratos. Si le parece, señor Presidente , la leeré.

El señor VALDES ( Presidente ).-

¡No! ¡No es necesario, señora Senadora!

La señora FELIU.-

"Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año. Estas designaciones se entenderán prorrogadas en forma automática hasta la misma fecha del año siguiente y así sucesivamente, si no mediare decisión de la autoridad de ponerles término, manifestada antes del 1° de diciembre del respectivo año.".

Lo que plantea la indicación que suscribí es mucho menos imperativo; simplemente procura evitar un trámite administrativo.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, creo que es importante contar con medidas similares a ésta. Anteriormente ya se adoptó un acuerdo unánime en tal sentido, y tanto el señor Ministro de Hacienda como el señor Director de Presupuestos convinieron en que después de seis meses entregarían detalles acerca de la ejecución presupuestaria y de lo que se proyecta para el segundo semestre de cada año. Y así se hizo en una amplia reunión de Senadores con ese Secretario de Estado. 

Me parece que el sistema propuesto en la indicación es impracticable. Y si se pretende que la Dirección de Presupuestos elabore tal cantidad de informes, con la periodicidad señalada, ¡por qué no establecer una obligación análoga para el Banco Central, que también nos proporciona una información adecuada! ¡Y por qué no estatuir, con el mismo propósito, que el Congreso Nacional, y específicamente el Senado, confeccione un detalle de la ejecución presupuestaria una vez al mes, en un caso; trimestralmente, en otro, etcétera! ¡Para cumplir con una norma de ese tipo tendríamos que contratar el doble del personal de que disponemos, y el gasto aumentaría en forma desmesurada!

Por otra parte, el inciso final de la nueva disposición es -por no decir otra cosa- bastante curioso. Expresa: "Los informes de que trata este artículo serán públicos.".

¿Qué asuntos serán públicos? Porque, concretamente, el artículo 2° de la iniciativa contiene materias que, indudablemente, no pueden tener ese carácter, entre ellas la atinente al Ministerio de Defensa Nacional.

Como hemos manifestado, creo que estas indicaciones pueden estar bien inspiradas; pero, debido a la premura con que fueron presentadas, no se analizaron a fondo. Lamento que uno de los señores Senadores firmantes, que en su intervención comentó este tema, no se halle presente para dar a conocer los fundamentos de cada una de las indicaciones que suscribió. No lo identificaré por su nombre -él no lo hizo, y dejó constancia de ello, cuando me aludió-; pero debo declarar que no es bueno formular un alto de indicaciones y, en seguida, proceder a retirarse, privando a la Sala de la posibilidad de enterarse del alcance que ellas tienen.

Lo expuesto configura un tercer elemento que revela, la poca seriedad con que se han formulado estas indicaciones.

--Se declara inadmisible la indicación.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, quiero referirme a las expresiones vertidas antes de que Su Señoría declarara la inadmisibilidad de la indicación.

Todos sabemos a quién aludió el Honorable colega. Sin embargo, debo expresar que todas estas indicaciones fueron suscritas, también, por otros señores Senadores, los que han expuesto las argumentaciones correspondientes.

En mi opinión, cuando se hace una crítica reiterada-como en esta oportunidades conveniente esperar que se encuentre presente el afectado, a fin de que dé a conocer las razones que tuvo para formular sus proposiciones.

Tengo entendido que el señor Senador de quien se trata se ausentó por un motivo ineludible. Por lo demás, está pareado -esto le impide emitir su voto- y usó extensivamente de la palabra para fundamentar todas las indicaciones.

Por consiguiente, ruego al Honorable colega que formuló esas observaciones que por favor evite referirse en este momento a un señor Senador que no se halla en la Sala para defenderse y que sí podrá hacerlo en las próximas sesiones.

El señor LAVANDERO.-

No he dicho que sea necesario que él se defienda, sino que se justifiquen las indicaciones de esta naturaleza, dado que algunas de ellas han resultado ser inconstitucionales, improcedentes, lo cual revela que no se estudiaron en profundidad.

En consecuencia, mis comentarios no tuvieron nada de peyorativo, en lo personal, para ese señor Senador , que forma parte de la Comisión Especial Mixta de Presupuestos y que en esta ocasión tenía algo más importante que votar en el Senado el proyecto de Ley de Presupuestos.

Comprendo que alguno de los miembros de esta Corporación tenga otra actividad fuera del Hemiciclo. Pero eso no significa que no pueda defender en particular cada una de las indicaciones que firmó y que, a mi juicio, no explicó suficientemente, sino que hizo una apreciación global sobre ellas. Y ha ocurrido lo que estamos viendo: algunas han tenido que ser retiradas y otras han sido declaradas inadmisibles.

Me habría gustado formular estas consideraciones estando presente el señor Senador. Pero cuando eso acontezca, el proyecto en debate ya habrá sido despachado por el Congreso Nacional y no tendrá objeto reabrir la discusión sobre el particular.

He dicho.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, doy excusas, pero primero haré algunas observaciones sobre la indicación anterior porque la verdad es que no se me dio la oportunidad de defenderla.

Ella tenía por finalidad que el Ejecutivo proporcionara al Parlamento determinados informes relativos a la ejecución presupuestaria. Y su fundamento lo constituye la larga discusión desarrollada aquí el año pasado, en virtud de la cual el señor Ministro de Hacienda se comprometió a que 90 días después de cumplido un semestre se nos enviarían todos los antecedentes de respaldo de la correspondiente ejecución presupuestaria.

Ha transcurrido más de ese lapso desde que finalizó el primer semestre y tales datos no se han mandado. En la ocasión señalada, el Secretario de la Cartera no planteó que era imposible proporcionarlos, ni que carecía de recursos para elaborar los informes.

En todo caso, es absurdo argumentar que no puede entregarse una información al Congreso, en circunstancias de que, si se requiriera formalmente, sería obligatorio suministrarla. Y no creo que el oficio concerniente a la ejecución presupuestaria vaya a tener más de 50 páginas.

Hago esta aclaración, señor Presidente , porque el Senador señor Lavandera afirmó que nadie conocía la indicación, ni estaba en condiciones de defenderla. Eso es absolutamente inexacto.

En cuanto a la indicación que en este instante se debate, ella recae en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores y afecta a dos gastos de la Partida 06.

La letra a) se refiere al Subtítulo 25, ítem 31, Asignación 002 -organismos internacionales-, por 9 millones y medio de dólares. En el presupuesto de 1993, vigente, este aporte ascendía a 8 millones de dólares.

El señor Ministro de Relaciones Exteriores subrogante dio a conocer las causas de ese incremento -figuran en la página 24 del informe de la Tercera Subcomisión Especial de Presupuestos-, las que, en síntesis, implican poner casi al día las cuotas a organismos internacionales, cuyo pago se encuentra retrasado. Además, se consultan fondos para la incorporación de Chile al Grupo de Cooperación Sur Sur y al Convenio Hipólito Unanue, ocurridas en 1993.

En la Tercera Subcomisión voté en contra del aumento de ese gasto en un millón y medio de dólares, en primer lugar, porque la mora en el pago de las cuotas no ha tenido consecuencias y, por tanto, no veo inconveniente en mantener esa morosidad; y, en segundo término, porque ninguno de los dos convenios citados ha sido enviado al Congreso Nacional para su aprobación, o sea, no han sido ratificados.

La indicación tiende a suprimir ese incremento y a mantener el monto de 8 millones de dólares aprobado para 1993.

La propuesta contenida en la letra b) de la indicación tiene que ver con el presupuesto de inversiones del Ministerio de Relaciones Exteriores, y consiste en eliminar el gasto en moneda nacional consignado para construir un edificio destinado a la sede de la FAO en Chile, que asciende a mil 320 millones de pesos.

Señor Presidente , mi objeción al incremento de fondos, tanto para el pago de aportes a los organismos internacionales como para la construcción de un inmueble donde funcione la FAO, se basó en la necesidad -tan largamente discutida- de reducir los gastos del sector público a los estrictamente indispensables, y dé focalizar los recursos.

Esas son las razones por las cuales se formuló esta indicación, que propicia reducir dos gastos en el presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores.

He dicho.

El señor ZALDIVAR.-

Señor Presidente, me han llamado la atención los argumentos esgrimidos por la señora Senadora para fundamentar la indicación, sobre todo los expuestos en la primera parte de su discurso, cuando dijo que el país no tiene para qué ponerse al día en el pago de cuotas a los organismos internacionales.

El señor PAEZ.-

¡Cómo vamos a estar morosos permanentemente!

El señor ZALDIVAR.-

A mi modo de ver, constituye un mérito que un Gobierno intente cumplir sus obligaciones y mantenerse al día en el pago de sus aportes. Y si existen recursos para hacerlo, el mencionado raciocinio no me parece válido.

En cuanto a la incorporación de Chile al Grupo de Cooperación Sur Sur y al Convenio Hipólito Unanue, efectivamente, los tratados respectivos no han sido aprobados por el Parlamento. Empero, también es cierto que si esto no se produce, el dinero no se gastará. Mas, si los convenios son ratificados, el país dispondrá de los medios para tener presencia en esas organizaciones internacionales.

Tocante a los fondos para la sede de la FAO, debo aclarar que tales recursos no están destinados a construir un edificio para que funcione la entidad. Lo que sucede es que Chile -¡y a gran mérito!- fue hace muchos años capital de organismos internacionales. Se instalaron aquí la CEPAL, la FAO y la UNESCO. Y cuando estas instituciones tan importantes se establecieron en Santiago, el Gobierno, en el momento de lograr ese enorme éxito en el exterior, contrajo algunas obligaciones.

¿Qué acontece con la FAO? Nuestro país se comprometió a proporcionar un inmueble para la sede de su oficina regional. Para ello, arrendó un edificio, en un predio ubicado en el sector de Lo Curro -cerca del diario "El Mercurio"-, que antiguamente estuvo ocupado por ECOM. El contrato de arrendamiento vence a fines de 1994 y significa un desembolso de 360 mil dólares anuales. Y de acuerdo con lo que se notificó a la FAO, desde el 1° de enero de 1995 el canon ascenderá a un millón 75 mil dólares, debido a la valorización que ha tenido el lugar donde funciona este organismo.

Frente a esa realidad, ¿qué está planificando el Gobierno, ante su obligación de conseguir un inmueble para que se instale la FAO? Decidió aprovechar un edificio del Estado que ha quedado desocupado -el de la cárcel pública-, concretamente su placa, donde funcionaban los tribunales, que tiene una superficie de más o menos 6 mil metros. La idea es reacondicionarlo, remodelarlo, e instalar ahí a dicho organismo y, además, al PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), que también cuenta con una oficina separada, y cuyo costo de arrendamiento no se ha estimado en los cálculos.

Pido al Parlamento que compare lo que significa pagar un arrendamiento de un millón 75 mil dólares anuales, con una inversión de un millón 300 mil dólares para la refacción de un edificio que funcionará en forma permanente y sin que haya que incurrir en aquel gasto. Solicito a cualquier señor Senador que calcule la tasa de rentabilidad de una inversión que asciende a un millón 300 mil dólares, con relación al hecho de evitar el pago de 360 mil dólares anuales. Representa, más o menos, tres veces lo que podría ser la tasa óptima de rentabilidad en la inversión de un bien raíz en materia de arrendamiento.

Por lo tanto, sin duda, este gasto se justifica plenamente, además de que ello nos permitirá cumplir con nuestras obligaciones internacionales.

Por otra parte, podría preguntarse por qué nuevamente se escogió un lugar en la Región Metropolitana. Pero sucede que Santiago es la Capital de Chile y, por lo general, los organismos internacionales instalan sus sedes en las capitales de los países. Ahora bien, ¿qué importancia tiene que la remodelación se haga en dicha área? Que se aprovechará un sector donde se han efectuado importantes inversiones, como es la recuperación del recinto de la Estación Mapocho, y se podrá rehabilitar todo ese barrio.

Por eso, desde todo punto de vista, creo que la indicación formulada es altamente inconveniente para los intereses del país, tanto porque dejaríamos de pagar nuestras cuotas a los organismos internacionales, como porque, a mi juicio, sería una pésima decisión no recuperar aquel edificio público, ya que su utilización implica un significativo ahorro para el presupuesto nacional.

Gracias, señor Presidente.

-Se rechaza, con el voto en contrario de la Honorable señora Feliú.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, en cuanto a la indicación atinente al artículo 26 de la Ley de Administración Financiera del Estado, debo decir que la disposición es muy similar a la actualmente vigente, que dispone que "sólo por ley podrá autorizarse el traspaso de fondos entre diferentes Ministerios y el incremento de aportes a las empresas del Estado que no sean sociedades anónimas.". Esta indicación precisa que dichos aportes deben hacerse mediante ley, tal como lo consagra la normativa vigente; y esa exigencia la hace extensiva a aquellas sociedades del Estado respecto de las cuales surja la duda acerca de su calidad de empresas.

El señor ZALDIVAR .-

Esa indicación fue declarada inadmisible.

La señora FELIU.-

En cuanto a la disminución de la partida 10, capítulo 07, programa 01, subtítulo 25, ítem 32, "Programa de administración directa y proyectos nacionales", cabe señalar que la indicación afecta los programas 01 y 02 y recae en los recursos que se proporcionan al Servicio Nacional de Menores. Su objetivo es reducir los gastos en dicho organismo en lo referente al programa 02, que es extraordinario; a él me referí al inicio de la sesión.

Ciertamente, según los términos en que se plantea la disminución, el monto del programa quedaría igual a lo ejecutado en 1993. O sea, se viene proponiendo una reducción para impedir que sigan aumentando los recursos del programa 02, porque dicho Servicio ha ido tomando a su cargo directamente la administración de los centros de atención de menores. Si se aprueba la indicación, ese organismo deberá, en definitiva, adecuar al sistema de su ley orgánica lo referente a la asistencia de estos niños por parte de las entidades privadas.

El señor ZALDIVAR .-

¿Me permite, Su Señoría?

Llamo la atención del Honorable Senado hacia el alcance de la indicación. Precisamente, la idea del proyecto es aumentar este rubro de atención de menores que viven en situación irregular o en desamparo y que no son atendidos por las organizaciones privadas. Y lo que se pretende con la indicación es que se congelen los programas, para dejarlos con los mismos recursos que se les asignó en 1993.

Pregunto: ¿es sensato este planteamiento, si hay buena disposición de parte del Gobierno y una decisión favorable de los organismos especializados para aumentar la ayuda de los niños que se encuentran desamparados? Personalmente, creo que la indicación no tiene fundamento alguno. No soy partidario de ahorrar en el presupuesto nacional a costa de reducir los recursos para esos menores. A lo mejor, podríamos hacerlo con otros sectores de la población, pero no con los niños.

Muchas gracias.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

¿Me permite, señor Presidente?

La señora FELIU.-

Quiero recuperar el uso de la palabra, señor Presidente , porque el Honorable señor Zaldívar interrumpió mi intervención.

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

La señora FELIU.-

En verdad, fue muy conveniente la interrupción del señor Senador, porque me permite precisar el sentido de la indicación.

Tal como lo expliqué hace un momento, el Servicio Nacional de Menores tiene un programa, que es el 01, con el cual cumple sus funciones: dispone de una dotación, de recursos asignados, etcétera. Además, cuenta con el programa 02, que es extraordinario, y es, como quien dice, "para mientras tanto". En verdad, si este organismo cambia el concepto con el cual administra la atención a los menores en situación irregular, lo que procede es que se modifique su ley orgánica e incluir todos los recursos en el programa 01. Mi planteamiento apunta únicamente a que no haya un incremento en tal sentido.

Ciertamente, el programa 02 ha tenido a la fecha un aumento de 42 por ciento en sus gastos. Y se trata de que dicho porcentaje no siga elevándose. De manera que, o se modifica el sistema regular del Servicio Nacional de Menores, en donde la atención se presta a través de entidades privadas, con subsidios o subvenciones, o dicho organismo propone una enmienda a su ley orgánica para cambiar el procedimiento, y todo se resuelve conforme al programa 01.

Señor Presidente, actualmente, el programa extraordinario significa cuatro veces el costo del ordinario. Y, en realidad, ése no es un sistema racional de administración de recursos públicos.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, no abundaré en las razones que dieron el Senador señor Zaldívar y el señor Ministro de Justicia acerca de lo que significa en la práctica la reducción de recursos propuesta. Más allá de las interpretaciones de forma o de glosa, o de la manera de hacer las cosas, el fondo del asunto es que, si se aprueba la indicación, en definitiva habrá menos dinero para atender este problema relacionado con la niñez. En segundo lugar, creo que la argumentación dada es absolutamente contradictoria con la noción que el país tiene en lo referente a la inversión en este sector.

Por eso, quiero pedir respetuosamente a la señora Senadora que retire la indicación, porque creo que con ella somete al Senado a una suerte de decisión muy lamentable. Además, hago notar que cualquier innovación en esta materia contraría, de hecho, el espíritu y la letra dé una convención sobre los niños que es ley en este país.

Por lo tanto, señor Presidente, reitero mi solicitud a la Honorable colega para que retire su indicación.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, en realidad, pienso que he sido mal entendida en el planteamiento que formulé, que fue muy claro tanto en la Comisión como en este Honorable Senado. El señor Ministro lo ha comprendido perfectamente bien. La idea no es que haya menos niños atendidos, sino cómo se asignan los recursos a dicho Servicio y la manera en que éstos deben contemplarse en la Ley de Presupuestos. Pero, como he señalado nítidamente cuál ha sido la razón de mi discrepancia, retiro la indicación.

-Queda retirada la indicación.

La señora FELIU. -

Señor Presidente, la indicación tiene por objeto que el artículo 4° de la Ley de Presupuestos para 1994 sea idéntico a la norma aprobada para el año en curso.

Como se recordará, la disposición vigente, relacionada con la no sobreejecución presupuestaria, para decirlo en términos breves, fue muy discutida en esa oportunidad. La indicación, entonces, procura que el artículo 4° de la Ley de Presupuestos para 1994 diga exactamente lo mismo que el artículo 27 de la ley vigente.

El señor VALDES ( Presidente ).-

El Senado ha escuchado la explicación del señor Director de Presupuestos, de manera que, si le parece a la Sala, se rechazaría la indicación.

La señora FELIU.-

Con mi oposición, señor Presidente.

--Se rechaza la indicación, con la oposición de la Senadora señora Feliú.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, falta votar los artículos 26, 27 y 28 presentados por el Ejecutivo en la Cámara de Diputados, sobre los cuales el Senado no ha emitido pronunciamiento.

El señor VALDES (Presidente).-

Al inicio del debate, señor Senador, se dieron por aprobados por no haber sido objeto de indicaciones, de manera que es innecesario votarlos.

El señor LAVANDERO .-

Para terminar, señor Presidente -ya que estoy con el uso de la palabra- quiero dejar constancia del trabajo arduo y eficiente que realizó el personal del Senado para despachar el proyecto de Ley de Presupuestos, el cual se ha podido aprobar con extraordinaria rapidez, contando oportunamente con los informes respectivos en cada una de las cinco Subcomisiones. Lo mismo vale para los funcionarios de la Dirección de Presupuestos.

Quiero dejar esta constancia, señor Presidente, porque me parece loable la labor efectuada por el personal de la Corporación, encabezado, en este caso, por el Secretario Jefe de Comisiones.