Labor Parlamentaria

El señor VALDES (Presidente).-

En primer lugar, corresponde ocuparse en el proyecto de ley, iniciado en mensaje y en segundo trámite constitucional, que otorga beneficios al personal de los servicios de urgencia de salud que indica, con informes de las Comisiones de Salud y de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 4a, en 13 de octubre de 1993.

Informes de Comisión:

Salud, sesión 6a, en 19 de octubre de 1993.

Hacienda, sesión 6a, en 19 de octubre de 1993.

Salud (segundo), sesión 8a, en 20 de octubre de 1993.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor VALDES (Presidente).-

Tiene la palabra Su Señoría.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Solamente deseo solicitar la anuencia de la Sala a fin de que, en la discusión de este proyecto y de la otra iniciativa sobre salud que se encuentra en tabla, pueda estar presente el señor Subsecretario del ramo, doctor Patricio Silva, ya que el señor Ministro está abocado a los problemas que todos conocemos. Y lo pido en el entendido de que se trata de una situación muy excepcional.

El señor VALDES (Presidente).-

Considerando esas circunstancias especiales, si le parece a la Sala, se autorizará el ingreso del señor Subsecretario, para que participe en el debate.

Acordado.

Tiene la palabra el señor Prosecretario.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión de Salud propone aprobar el proyecto de la Cámara de Diputados con las modificaciones que indica en su informe. Por su parte, la de Hacienda sugiere aprobarlos en los mismos términos propuestos por aquélla.

Cabe hacer presente que la iniciativa contiene diversas disposiciones de quórum calificado, de acuerdo con el artículo 19, número 18°, de la Constitución Política de la República, ya que se refieren al derecho a la seguridad social.

El señor VALDES (Presidente).-

En discusión general el proyecto.

El señor RUIZ-ESQÜIDE .-

Seré muy breve en mi planteamiento. En lo formal, me parecen muy razonables las proposiciones que se han hecho, vale decir, que una vez aprobado el proyecto en general, se reúnan las Comisiones, pero por separado. Y sea que fueren aprobadas o rechazadas las indicaciones, estoy de acuerdo en discutir ahora en particular la iniciativa.

En segundo lugar, con respecto al fondo del problema, cabe destacar que el proyecto otorga un incentivo y una asignación especial en dinero a quienes cumplen funciones en los servicios de urgencia. Su artículo 1° señala específicamente que el beneficio se otorgará a todo aquel personal que cumpla turnos en servicios que funcionan las 24 horas del día y que tienen las características que todos conocemos.

En tercer término, lo más importante es que la iniciativa, al igual como se procedió con los funcionarios adscritos a la ley N° 15.076, dispone que el personal tendrá derecho a un descanso compensatorio de 10 días hábiles en las condiciones establecidas en los artículos 2° y 3° de la misma. Hubo algunas discrepancias con respecto a la forma en que esto deberá complementarse, y entiendo que el tema será motivo de alguna indicación, según lo manifestó el Senador señor Larre .

Por lo tanto, señor Presidente , esta materia se encuentra dentro del marco de lo que se ha planteado durante mucho tiempo en el sentido de cómo ir perfeccionando el funcionamiento de los sistemas de salud pública y resolviendo los problemas más urgentes que se están presentando en las llamadas "áreas de mayor déficit" o que tienen un mayor efecto sobre el personal que se desenvuelve en ellas.

Esa es la razón por la cual se legisló con premura respecto de la ley N° 15.076, y es lo que apreciamos ahora en relación con el Estatuto de Salud Primaria.

Recojo, entonces, la proposición del Honorable señor Larre en orden a aprobar en general el proyecto, porque así fue planteado por la Comisión y es evidente que la iniciativa beneficiará a todos.

El señor LARRE.-

Mientras reunimos el quórum, me gustaría destacar dos puntos de vista que, a nuestro juicio, resultan importantes para la discusión y aprobación del proyecto. El primero se relaciona con el artículo 1°, que establece una asignación permanente, pero no así su reajustabilidad. Consultado el señor Subsecretario respecto de esta materia, nos dio a conocer que el espíritu de la iniciativa era ése, o sea, que la referida asignación se reajustara cada vez que se incrementaran las rentas del sector público. El segundo se refiere a una materia sobre la cual conversé previamente con el señor Ministro de Salud , vinculada con los profesionales que atienden los servicios de urgencia en los hospitales tipo 4, los cuales no cuentan con asistencia pública. El pago de esos profesionales es vía horas extraordinarias, y la idea es ver la posibilidad de incorporarlos posteriormente a un proyecto que les otorgue los mismos beneficios que ahora estamos analizando. Creo que sería de justicia satisfacer esta importante demanda, especialmente en lo que dice relación con los médicos que atienden las urgencias en los hospitales regionales.

Teniendo en cuenta esos dos puntos de vista, señor Presidente, nosotros daríamos por aprobada en general la iniciativa.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, quiero comenzar por expresar mi acuerdo con este proyecto y manifestar que otorgaremos nuestros votos favorables para su aprobación. Sin embargo, deseo hacer un planteamiento que resumiré en la medida de lo posible, para contribuir al desarrollo de la larga tabla de esta sesión.

A través de la iniciativa en análisis, se concede una asignación permanente que en alguna oportunidad alguien llamó "de falencia", la que beneficiará con 12 mil pesos a los directivos y profesionales, y con 7 mil 864 pesos a los técnicos, administrativos y auxiliares que no estén considerados en la ley N° 15.076, los cuales, según entiendo, totalizan un universo de 11 mil 300 trabajadores. Adicionalmente, se establece un feriado de 10 días para quienes pertenecen a este grupo de urgencia y están sujetos a un sistema de turnos rotativos que les significa trabajar los días festivos, sábados y domingos y en horario nocturno.

Por eso, expreso mi conformidad con los beneficios que se conceden a los funcionarios de este sector de la Salud.

Sin embargo, quiero llamar la atención sobre el modo como estamos legislando. Desde luego, este proyecto ingresó a la Cámara de Diputados a comienzos de abril y fue remitido al Senado hace poco más de 10 días. Más aún, aquí se ha anunciado que se formularán indicaciones para corregir la forma de cálculo del beneficio y para otorgar una asignación a cada uno de los trabajadores de la atención primaria de salud. Pero debo decir que el otorgamiento de 90 mil pesos para estos funcionarios es materia de otra ley. Y hay un testimonio que indica que, en el fondo, esta manera de legislar no es la más adecuada o conveniente, ni permite que la aprobación de la iniciativa implique resolver efectivamente los problemas de las personas. Esas indicaciones corresponden a un proyecto absolutamente distinto, pero se asemejan a lo que estamos viendo, por cuanto se refieren a los servicios de salud, a las personas que prestan este tipo de atención, las cuales, ciertamente, tienen diferentes empleadores. La atención primaria, como todos sabemos, es mayoritariamente administrada por municipalidades. En cambio, los funcionarios favorecidos con el otorgamiento de esta otra asignación pertenecen a los servicios de salud.

En mi opinión, repito, la entrega de beneficios a través de un proyecto que no ha sido debatido en una forma lo suficientemente calmada como para permitir la introducción de correcciones y una buena técnica legislativa constituye un testimonio de que no siempre la prisa, en materias de esta índole, resulta lo más conveniente. 

Entendemos que políticamente existan otras consideraciones: desde luego, hay movilización, hay interés en los beneficiarios y hay una legítima aspiración, que se estaría satisfaciendo, al menos parcialmente. Por eso, concurriremos con nuestros votos a aprobar la iniciativa. Pero no deja de ser una realidad la de que, en el fondo, se está legislando tarde e inadecuadamente: tarde, porque otros profesionales, colegas de los funcionarios que ahora estamos favoreciendo, ya recibieron algunos beneficios, como en el caso de los médicos que trabajan en los servicios de urgencia; y mal, porque hemos debido incorporar al proyecto una indicación referente a otro ámbito, en el cual se registraba un vacío.

La iniciativa tiene un. costo de 820 millones de pesos para 1993, en lo tocante a la asignación^ A partir del próximo año, sumado al que implica el descanso compensatorio que consagra, sé llegará a un total de aproximadamente 2 mil 280 millones de pe-

sos, cifra no comparable con la que representó el proyecto relativo a los mil 500 médicos que trabajan en los servicios de urgencia. Para ellos hubo 5 mil 300 millones de pesos, mientras que para 11 mil 300 funcionarios no hay siquiera la mitad.

Adicionalmente, cabe señalar que los recursos para financiar la iniciativa, de acuerdo a lo que indican los informes tanto de la Comisión de Hacienda como de Salud, co-, rresponden a reasignaciones. Sin embargo, no consta, al menos en esos documentos, de dónde salen tales reasignaciones, y, en consecuencia, no está claro qué se está dejando de hacer o qué se está dejando de adquirir, para beneficiar a los funcionarios de que se trata. Esto no es bueno, pues puede convertirse en fuente de futuras presiones o cambios.

Por último, quiero hacer presente que el proyecto establece, fundamentalmente, como requisitos para recibir la asignación, el de que el personal trabaje en turnos rotativos, nocturnos y en días sábados, domingos y festivos en unidades de emergencia, de cuidado intensivo, y otras, y el de que esté destinado a desempeñarse en esos recintos por resolución del director del servicio de salud correspondiente.

Lo que no precisan los informes es si existen más de 11 mil 300 funcionarios en este caso, porque, de ser así, estaríamos creando una nueva fuente de conflicto, al tener que seleccionarse, dentro de un universo mayor, sólo a 11 mil 300 trabajadores que cumplen con los requisitos para obtener la asignación, de lo cual se excluiría a colegas de ellos que reúnen los mismos requisitos.

Con todo, señor Presidente , nosotros vamos a dar nuestro acuerdo para otorgar los beneficios que entrega la iniciativa, pues éstos significan un mejoramiento real para un grupo importante de personas. Pero no podemos dejar de reparar en la forma como estamos legislando y en la eventual fuente de conflictos que estaríamos originando, primero, en la medida en que no se incluyera a todo el personal que cumple con los requisitos para obtener la asignación, y segundo, por el hecho de que no se haya especificado lo relativo a la reajustabilidad de esta última, si bien quedó claro, como lo expresó el Senador señor Larre , cuál es el espíritu que anima al respecto, confirmado por las declaraciones formuladas. Por lo tanto, vamos a encontrarnos en el futuro con otra dificultad cuando debamos analizar cómo debe reajustarse la asignación.

Pese a que el proyecto no representa un buen testimonio de la correcta forma de legislar, lo aprobaremos, aunque con las observaciones planteadas, porque beneficiará a un importante grupo de chilenos.

He dicho.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, junto con anunciar mi voto favorable, deseo expresar un pequeño comentario acerca de la naturaleza de la asignación que se establece.

De acuerdo con lo que dispone el inciso final del artículo 1°, ella será percibida "mientras el trabajador se encuentre en funciones en las unidades ya mencionadas". Por consiguiente, resulta conforme a su naturaleza jurídica el que no sea considerada, propiamente, remuneración imponible, pues sería un engorro que lo fuera una asignación que se percibe mientras se está realizando una determinada labor y que deja de obtenerse cuando ésta ya no se efectúa. Sí, es absolutamente lógico qué sea reajustable, por cuanto su valor adquisitivo debe mantenerse en la medida en que se siga prestando el servicio por el cual se otorga

Por eso, siendo bastante opuesto a la consagración de beneficios que en el fondo son remuneración disimulada, ya que no sean imponibles -ya fracasó un sistema previsional con ese criterio, y no queremos que fracase el nuevo sistema-, en este caso concreto se justifica que la asignación no sea considerada propiamente remuneración y que no sea imponible, pero sí reajustable.

Nada más, señor Presidente .

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, sólo quiero informar el proyecto, en nombre de la Comisión de Hacienda. No sé si ello aún sea oportuno, en vista de que ya han intervenido varios señores Senadores pero debo hacerlo por mandato de nuestro Reglamento.

Hago presente a Sus Señorías que el costo de la iniciativa para el presente año alcanza a 820,8 millones de pesos, y ascenderá a 2 mil 280,2 millones en 1994. Los recursos para este año -y respondo la consulta que formuló un señor Senador que me precedió en el uso de la palabra- se han obtenido en virtud de que algunas inversiones, por distintas razones, no se van a poder concretar en está oportunidad, postergándose para 1994. Y los 2 mil 280,2 millones de pesos para el próximo año están contemplados en el presupuesto que en algunas horas más deberemos analizar en esta misma Sala. De tal manera que la iniciativa , se halla perfectamente financiada, tanto para este año como para el siguiente.

El artículo 1° del proyecto otorga una asignación de 12 mil pesos mensuales para el personal de planta y a contrata perteneciente o asimilado a las plantas de Directivos y de Profesionales , y otra de 7 mil 864 pesos mensuales para los funcionarios de planta y a contrata pertenecientes o asimilados a las plantas de Técnicos, Administrativos o Auxiliares.

El artículo 2° prescribe que el derecho a la asignación estará limitado a una cantidad máxima de 11 mil 300 trabajadores.

El artículo 3° consagra un descanso con más de 10 días hábiles al año, con goce de remuneraciones y compatible con el feriado legal.

El artículo 4º dispone que el mayor gasto en que se incurra por la aplicación de la ley durante el año en curso se imputará a los presupuestos vigentes de los respectivos servicios de salud.

El artículo 1º transitorio preceptúa que la asignación se pagará retroactivamente sólo a los funcionarios cuyos contratos, nombramientos y desempeño en las unidades de trabajo señaladas en el artículo 1º estén vigentes a la fecha de publicación de la ley.

El artículo 2º transitorio establece que las cotizaciones de salud derivadas del aumento de remuneraciones y que correspondan al período que se determina incrementarán las cuentas de capitalización individual de los afiliados a administradoras de fondos de pensiones, o bien, si es el caso, el Fondo de Pensiones del Instituto de Normalización Provisional.

Por último, señor Presidente, aprovechando la presencial del señor Subsecretario de Salud, me voy a referir a una cuestión formal.

Me ha tocado ver que algunos trabajadores de la salud exhiben boletas de liquidación de remuneraciones -y eso es aplicable, también, a otros personales de la Administración Pública- en las que figuran sueldos de 26 mil pesos, para el efecto de calificarlos de exiguos. Sin embargo, allí no se aclara que esos son sólo los sueldos bases, pues también existen asignaciones imponibles que, sin contar otras que no tienen ese carácter, como las horas extraordinarias, elevan esas remuneraciones a más de 100 mil pesos.

Sería conveniente, en consecuencia, que las liquidaciones reflejaran los totales imponibles que se reciben en el sector, ingresos que, dicho sea de paso, han subido en 40 por ciento, como promedio, durante los últimos tres años. Incluso, los sueldos más bajos se han duplicado o triplicado.

Doy a conocer esta situación -que provoca confusiones- ante el hecho de que hay quienes usan de mala manera su liquidación de sueldos. Me tocó ver en un programa de Televisión Nacional a un funcionario de la salud que decía ganar sólo 26 mil pesos. Por su nombre, logré averiguar que su sueldo real era de 126 mil pesos.

Pienso, señor Presidente, que no podemos convertirnos en cómplices de la práctica que estoy denunciando. Por eso, pido oficiar a los Ministerios de Hacienda y de Salud con el objeto de que las boletas de remuneraciones indiquen los verdaderos sueldos imponibles que obtienen los distintos personales de la Administración Pública.

Nada más, señor Presidente .

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Consulto a la Sala acerca de la petición formulada por el Honorable señor Lavandero.

Si no hay oposición, se enviarán los oficios solicitados, en nombre de Su Señoría.

Acordado.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, sólo quiero manifestar lo siguiente.

En primer lugar, respecto de la reajustabilidad de la asignación, asunto que tocó denantes el Senador señor Larre, debo consignar que los miembros de la Comisión de Salud acordado dejar constancia en el informe de que el beneficio presentaba esa característica. Esa opinión fue recogida por el representante del Ejecutivo, a ello su suma lo que aquí ha expresado el Director de Presupuestos, todo lo cual, a mi juicio, da seguridad en ese sentido, par los efectos de la historia de la ley.

En segundo término, deseo destacar que los antecedentes recibidos en la Comisión de Salud demuestran que el número total de funcionarios beneficiados alcanza a poco más de 10 mil, lo que da margen suficiente para evitar que se produzca la situación que planteaba el Senador señor Cantuarias , con justificada razón.

No daré respuesta en esta oportunidad a las otras observaciones hechas en el debate, porque estimo preferible -y ésta es mi solicitud- que aprobemos en general el proyecto -tal como lo propuso la Mesa- para permitir que las Comisiones de Salud y de Hacienda elaboren sus segundos informes.

Por consiguiente, pido no prolongar la discusión sobre una materia en la cual, al parecer, hay consenso.

He dicho.

-Se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia de que emitieron pronunciamiento favorable 24 señores Senadores.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Por acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto, en segundo trámite constitucional y originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República , que normaliza las plantas de personal del sector salud, con informe de la Comisión de Salud y urgencia calificada de "Suma".

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 5a, en 14 de octubre de 1993.

Informe de Comisión:

Salud, sesión 8a, en 20 de octubre de 1993.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión aprobó la iniciativa con diversas modificaciones y propone un texto que consta de un artículo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general el proyecto.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, este proyecto tiene por objeto normalizar las plantas del personal del sector salud incorporando a ellas a alrededor de 4 mil 250 funcionarios que hoy trabajan a contrata.

La Comisión de Salud hace presente en su informe que aprobó por unanimidad la idea de legislar, pero que luego no hubo acuerdo sobre el texto sugerido por el Ejecutivo. Por lo tanto, al rechazarse la mayoría de sus artículos, el proyecto quedó desnaturalizado en su objetivo original.

El propósito fundamental de estudiarlo ayer hasta conseguir un texto susceptible de transformarse en ley fue la solución de los problemas del sector salud, por las distintas razones que hicimos presentes y que no repetiremos en esta oportunidad. Sin embargo, no es posible aprobar el proyecto en particular tal como viene planteado, porque no conduce al objetivo buscado.

Por consiguiente, considerando ambos aspectos y la opinión favorable del Gobierno, propongo a la Sala, de acuerdo a lo conversado previamente con la mayoría de los miembros de la Comisión, despachar en general la iniciativa y enviarla a los organismos pertinentes para segundo informe, dando un plazo razonable-hasta el 3 de noviembre- para que los señores Senadores y el Ejecutivo presenten indicaciones a fin de resolver las discrepancias surgidas.

En consecuencia, con el objeto de despejar la tabla, solicito proceder en los términos señalados.

-Se aprueba en general el proyecto, y se fija como plazo para presentar indicaciones el miércoles 3 de noviembre, a las 12.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, el Senador señor Lavandero tiene toda la razón en su planteamiento, pues, en la medida en que la Comisión de Salud no aprobó las normas sustantivas que importaban el cambio de la calidad jurídica de los servidores de las entidades del sector, la iniciativa no tiene incidencia presupuestaria. Porque, en virtud del precepto, aprobado de manera mayoritaria por la Comisión, sólo se faculta al Presidente de la República para fijar un texto refundido y actualizado de las plantas de personal del Ministerio de Salud y demás organismos dependientes. Y esta materia carece de efectos presupuestarios.

Por tanto, conforme al proyecto de la Cámara de Diputados y a las indicaciones anunciadas, la iniciativa debe pasar a la Comisión de Hacienda.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, acabamos de despachar un proyecto a propósito del cual reflexionamos sobre la oportunidad y las condiciones en que estamos legislando.

Nos encontramos ahora frente a una proposición de ley que normaliza las plantas del sector salud, beneficiando a alrededor de 4 mil 250 trabajadores. Y no creo que exista nadie que no esté de acuerdo con el propósito que la inspira. Sin embargo, con viene recordar que el proyecto ingresó semana pasada a la Cámara de Diputados, donde fue aprobado en un trámite brevísimo, y esta semana al Senado. Pero aquí, al tratar de perfeccionar sus disposiciones y de evitar dificultades, como las ocurridas con otros proyectos sobre beneficios a servidores públicos, nos quedamos con sólo un artículo. Por lo tanto, hemos debido apelar al procedimiento de respaldar la idea de legislar y de ver cómo damos contenido a normas que hagan efectiva la finalidad buscada.

Entonces, se trata de un buen propósito y de un mal proyecto. Y llamo la atención sobre ello, pues lo razonable sería que los buenos propósitos fueran acompañados de buenos proyectos y que las movilizaciones o las medidas de presión -legítimas, por cierto, pero que no son fuente de inspiración de leyes amplias y satisfactorias-no nos impidieran reflexionar.

En consecuencia, respaldo la iniciativa y espero que podamos arribar a un texto que alcance de la mejor forma posible a los aproximadamente 4 mil 250 trabajadores del sector salud.

He dicho.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En seguida, conforme al acuerdo de Comités, corresponde tratar el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica normas sobre reajustabilidad de pensiones de los regímenes previsionales que indica, con informe de las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 7a, en 19 de octubre de 1993;

Informe de Comisión:

Hacienda y Trabajo, unidas, sesión 8a, en 20 de octubre de 1993.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Las Comisiones de Hacienda y de Trabajo y Previsión Social, unidas, proponer aprobar la iniciativa en los mismos término en que lo hizo la Cámara de Diputados, previniendo en su informe que el artículo único de que consta es de quórum calificado, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 19, número 18°, de la Constitución Política de la República, por cuanto incide en la regulación del ejercicio del derecho a la seguridad social.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

En discusión general el proyecto.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, esta iniciativa permite reajustar anualmente las pensiones aunque la inflación no haya alcanzado, en ese período, el 15 por ciento.

En cuanto al financiamiento de la iniciativa, cabe señalar que cada 1 por ciento de reajuste importa un mayor gasto de 658 millones 870 mil pesos mensuales. Como se desconoce el indicador inflacionario del presente año, no es posible entregar un informe exacto sobre el particular, pero si se cumple lo proyectado -esto es, un IPC cercano al 12,5 por ciento-, el costo aproximado será de 8 mil 300 millones de pesos mensuales.

Por otro lado deseo señalar que, a nuestro juicio, los informes financieros de! Ministerio de Hacienda debieran ser más profundos y completos. Los que hemos estado recibiendo últimamente son extraordinariamente escuetos o reducidos, lo cual duplica o triplica el trabajo de la Comisión, al obligarnos a buscar determinadas cifras. Creo que sería conveniente oficiar al Ministerio de Hacienda haciéndole ver esta situación.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor HORMAZABAL .-

Señor Presidente, desde el punto de vista de los miembros de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado, el proyectó en debate reviste especial interés, por cuanto en diversas ocasiones hemos hecho presente al Ejecutivo la urgencia de cambiar la modalidad de reajustes del sector pasivo.

Entre los antecedentes de que hemos podido disponer -por la naturaleza especializada de la Comisión-, ha estado la forma en que se han reajustado históricamente las pensiones. De su revisión se advierten las dificultades que han tenido durante largos períodos para mantenerse acordes con el fenómeno inflacionario. Cifras confiables indican, por ejemplo, que en 1979 las pensiones se reajustaron en alrededor de 94 por ciento del Indice Real Promedio Anual; en 1985, en 86,7 por ciento, y en 1987, en 84,7 por ciento. En 1991, el porcentaje se eleva a 97 y sólo a partir de 1992 y 1993 comienza a existir un efecto superior al promedio anual de remuneraciones.

Cabe recordar que las pensiones que históricamente han recibido los trabajadores chilenos en las distintas modalidades a las que se adscriben son fundamentalmente, mínimas. Con ellas, después de una larga vida de trabajo deben enfrentar la necesidad de solventar mayores gastos, por ejemplo, en salud. Y si a lo anterior ligamos factores que se denominan modernos, como el sistema de ISAPRES, pero que discriminan en contra de las personas de la tercera edad, advertiremos que la política seguida en relación a los reajustes de pensiones generaba una situación bastante injusta y conflictiva para ellas.

Con un acuerdo muy amplio del Congreso Nacional, el Gobierno del Presidente Aylwin dispuso la devolución del 10,6 por ciento que en 1985 los pensionados no tuvieron oportunidad de recibir, por decisión legal, proceso que culminó el año pasado. Es precisamente este elemento el que ha. significado que los indicadores reales de reajuste de pensiones hayan sido superiores a los de remuneración normal, tal como reseñé brevemente.

La Comisión de Trabajo, teniendo a la vista estos antecedentes y habiendo escuchado a las distintas organizaciones de pensionados, decidió plantear al señor Ministro del Trabajo la necesidad de que se abordara el tema. Incluso, en una nota oficial enviada a los señores Ministros de Hacienda y de la Cartera mencionada, los Parlamentarios de la Concertación que formamos parte de las Comisiones de Trabajo de la Cámara de Diputados y del Senado, les hicimos ver la urgencia de que ello se hiciera en forma permanente, ya que el Gobierno, recogiendo una inquietud del sector pasivo y de diversos Parlamentarios, dispuso en diciembre del año pasado un pago anticipado del reajuste.

Señor Presidente, resultaba contradictorio el hecho de que cerca de un millón 300 mil chilenos tuviera los dedos cruzados para que la inflación aumentara, porque la única posibilidad de que se incrementaran sus pensiones era que el índice de Precios al Consumidor llegara a 15 por ciento, en circunstancias de que la meta del país debe apuntar, precisamente, a su reducción, tal como ha ocurrido en los últimos años. De modo que la perspectiva de una inflación controlada y la mantención de una legislación dictada en períodos en que aquélla era más alta, hacían aún más insostenible la situación de los jubilados y pensionados de nuestro país.

Lo anterior nos llevó, también, a plantear al Ejecutivo que estudiara la posibilidad de acoger otra de las demandas del sector pasivo. Dados los grandes éxitos en la macro-economía y en el control de la inflación, y reconociendo las dificultades reales de incrementar de una manera notable las pensiones (recordemos, como ha hecho el Senador señor Lavandero, que cada 1 por ciento de aumento del sector tiene un costo mensual de un millón y medio de dólares, o sea, de más de 650 millones de pesos; y que la sola devolución del 10,6 por ciento representa un gasto de 150 millones de dólares), sus dirigentes, conscientes de la situación de deterioro del sector y de su responsabilidad como chilenos, entre otras reformas, propusieron que los reajustes se concedieran cada seis meses. Para ello también se tuvo en consideración el hecho de que -de acuerdo con la Ley de Dios, para quienes somos creyentes, o conforme a cálculos actuariales, tratándose de humanismos no creyentes-, era naturalmente esperable el abandono de este mundo por parte de los pensionados antes de alcanzar a recibir los incrementos debidos.

Lamentablemente, el Gobierno estimó oportuno acoger sólo la primera parte de nuestra presentación -esto es, el reajuste anual- postergando la demanda, en mi opinión, justificada de un reajuste cada seis meses, dada la situación especial en que se encuentran.

Por las razones dadas, señor Presidente , en nombre de la Comisión de Trabajo manifestamos ayer en las Comisiones unidas que nos parecía extraordinariamente importante que el Senado aprobara el proyecto, dando así respuesta a una demanda tan justa como la que han hecho los sectores de pensionados. Por nuestra parte, nos alegramos de que la continuidad de la política del Presidente Aylwin en la materia se haya traducido en un mejoramiento objetivo de las condiciones aún difíciles de estos chilenos.

Por último, anuncio que los democratacristianos concurriremos con nuestros votos a la aprobación de la iniciativa.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, para los Senadores de Renovación Nacional es particularmente grato aprobar el presente proyecto. Desde hace mucho tiempo, desde que respaldamos la reforma tributaria, hemos estado insistiendo, especialmente, en la necesidad de solucionar el problema de los pensionados.

La medida que ahora se adopta cuenta, pues, con nuestro beneplácito, pero coincidimos, también, en que ella debe ser concebida cómo un primer paso dentro de una serie de otras iniciativas que deberán llevarse adelante en beneficio de la gente que llega a la tercera edad.

El proyecto permite a estas personas retiradas de la vida activa mantener -dentro de lo posible- el poder adquisitivo; pero no podemos dejar de reconocer que, aún así, la situación de muchas seguirá siendo extremadamente aflictiva, debido a que el monto de las pensiones y montepíos es sumamente bajo de acuerdo con la legislación anterior. Ahí es donde reside la dificultad mayor. Es cierto que la iniciativa resuelve el problema del poder adquisitivo, pero no soluciona el de lo magro y escaso de las pensiones. Hacerlo es un imperativo de todos los chilenos, cualquiera que sea nuestra ideología política, y fue envista de ello que los Parlamentarios de Renovación Nacional votaron favorablemente la reforma tributaria a comienzos de este período presidencial. La situación desvalida de los jubilados y de las personas de la tercera edad era uno de los puntos más fundamentales para nosotros.

Sin embargo, tal como señaló el .señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, éste es sólo un primer paso, en el cual todos hemos coincidido y participado. Pero también deberemos concordar en que hay otros elementos muy importantes para el país en relación con los pensionados, los jubilados y las personas de la tercera edad. Lamentablemente, hoy nuestras disposiciones legales y muchas prácticas determinan que las personas que se encuentran en plena capacidad laboral, mental y física deban pasar a ser, simplemente, ociosos obligatorios. ¿Por qué? Porque tras la jubilación, no logran encontrar trabajo alguno. Nadie entiende realmente el potencial de la experiencia de esas personas que, si bien pueden no tener la misma capacidad física que los más jóvenes, no cabe duda de que poseen un patrimonio extraordinario que aportar al país. La materia se trató, precisamente, en la última Conferencia Interparlamentaria Mundial, donde me correspondió intervenir en nombre de la representación chilena, y algunas de mis expresiones fueron citadas después por parlamentarios de otros países. No basta preocuparse del solo problema económico de los jubilados y pensionados; debemos también procurar su incorporación activa a la sociedad. No hay que minimizarlos sino maximizarlos. En lugar de obligarlos a entrar en la inactividad o el ocio, debemos buscar aquellos ámbitos -por ejemplo, el cultural-en los que puedan contribuir activamente al desarrollo del país.

Estas son sólo algunas indicaciones de la preocupación de Renovación Nacional por el tema.

Queremos dejar constancia en esta Sala de que no sólo nos interesa el aspecto patrimonial-que ahora comienza a solucionarse y que debe terminar de solucionarse-, sino también algo muy importante para la gente: el respeto personal, los anhelos de sentirse útil a la sociedad, de ser considerado, como todos, ciudadano de primera clase y no de segunda. En éste sentido, los Senadores de Renovación Nacional continuaremos luchando por estas personas a las que el país tanto debe.

Muchas gracias.

El señor GONZALEZ .-

Señor Presidente, nada está más lejos del ánimo de los señores Senadores que utilizar un tema tan delicado como éste para hacer demagogia o para tratar de agradar a determinado sector de la ciudadanía. En esta oportunidad, deseo expresar en nombre de la bancada Radical-Socialdemócrata, que nos es muy grato ver una nueva demostración del alto grado de sensibilidad del Gobierno de la Concertación para tratar los problemas de los jubilados. Ello, no sólo por la devolución del 10,6 por ciento -al que hizo alusión el Senador señor Hormazábal -, para lograr lo cual se tuvo que dar una larga lucha, sino también respecto del aumento sustancial de las pensiones mínimas de ese sector pasivo habido a comienzos de esta Administración y, asimismo, del incremento de la asignación familiar. Son hechos que comprueban la forma en que el Gobierno ha ido acometiendo la situación que vive aquél.

Sin embargo, hay temas pendientes. Al respecto, nosotros, los Senadores de la Concertación y, fundamentalmente, de la bancada Radical-Socialdemócrata, queremos expresar en ésta oportunidad.(pues creemos que nuestra opinión es idónea) que existe conciencia en los jubilados de que el Estado les adeuda el 10,6 por ciento desde 1985-año en que, en un hecho insólito en la historia de la humanidad, un Gobierno palió los efectos de un terremoto con las rentas de este sector- hasta que se les repuso ese porcentaje. Y, como recién se dijo acá, muchos de ellos han abandonado este mundo sin poder ver o atisbar una luz de solución a ese asunto.

Es un problema extremadamente grave, porque daña la moral de un segmento importante de la ciudadanía. Son cantidades increíbles de dinero las acumuladas, no por culpa de nuestro Gobierno, sino por la de quienes los privaron de esa parte de su remuneración. Siempre he pensado que debe buscarse una manera de resolver esto, o sea, de devolverles lo que se les ponerse de acuerdo con ellos a fin de establecer plazos, en fin, hallar el modo de proceder. Hay que crear esa inquietud.

Los jubilados de nuestro país, y muy especialmente la CUPYM-Central Unitaria de Pensionados y Montepiadas de la Quinta Región-, están propiciando la aplicación de una ley de revalorización de pensiones. Ellos sostienen que se encuentra vigente una normativa legal para otorgar ese beneficio cada cierto tiempo. Señalan que, al final del Gobierno anterior, se dictó un cuerpo legal que permitió revalorizar las pensiones de los oficiales superiores y de las montepiadas de las Fuerzas Armadas, nivelándolas con los sueldos del personal en servicio activo en ese momento. Ello me consta, porque he leído esa ley. Se dictó y promulgó al término de la Administración pasada, Y los jubilados solicitan poner en movimiento, en ejercicio, el procedimiento establecido en una legislación -está vigente, repito- para revalorizar las pensiones.

Por lo tanto, señor Presidente , deseo que, en mi nombre y en el de la bancada Radical-Socialdemócrata, se oficie al señor Ministro de Hacienda para que tenga a bien informar si existe una normativa legal en ese sentido. En caso afirmativo, desearíamos que nos indicara de qué manera ella puede hacerse efectiva, y explicara las razones por las cuales no se ha aplicado.

Finalmente, deseo dar a conocer que existe el anhelo en amplios sectores de jubilados de que se nivele el montepío con la pensión que tenía el causante del mismo. En varias oportunidades he destacado el alto grado de crueldad que implica el hecho de que, al morir un jubilado, que normalmente vive solo con su esposa, a ésta, junto con darle el pésame se le comunique: "Señora, le vamos a bajar la pensión de su marido en 50 por ciento". Sin embargo, los gastos de una casa no disminuyen en ese porcentaje al fallecer uno de los cónyuges. Eso no es así. De modo que lo expuesto tiene un gran contenido de crueldad. Además, la nivelación señalada no requiere mayores fondos, porque se seguiría pagando la suma correspondiente a la jubilación que tenía el causante del montepío.

Si consideramos que sólo un sector de la Administración Civil del Estado carece de dicho beneficio, la situación descrita reviste mayor grado de injusticia. Los demás gozan de aquél, pues para ellos el montepío es exactamente igual a la pensión. Por otro lado, todas las ramas de las Fuerzas Armadas tienen el beneficio. En efecto, las viudas de los oficiales y suboficiales perciben un montepío del ciento por ciento de la pensión que recibía el causante del mismo. Estamos absolutamente de acuerdo con ello, pero creemos que esto debería aplicarse a toda la Administración Pública.

Por consiguiente, señor Presidente, pido también que, en nombre del Comité Radical-Socialdemócrata, se oficie a los señores Ministros de Hacienda y del Trabajo con el objeto de que se sirvan informar al Senado si existe algún estudio tendiente a lograr la nivelación -repito- de los montepíos con las pensiones que los han ocasionado.

Son temas que están pendientes, indudablemente, para todos los Senadores, para esta Corporación. Es bueno que los jubilados sepan que no somos ajenos a esa realidad y que estamos trabajando en el marco de los medios de que el Gobierno dispone para ir solucionando sus problemas. Y más aún: estamos dispuestos a estudiar la situación da los jubilados, pero no con un sentido demagógico, ni tampoco con afán electoralista, porque es un asunto que éticamente no debe ser analizado en esa perspectiva, y jamás ha sido tratado así por algún señor Senador.

Los jubilados deben estar conscientes de que deseamos contribuir realmente a la solución de sus problemas, y de que el Gobierno del Presidente Aylwin ha tenido verdadero interés en mejorar su situación, y así lo ha hecho.

El señor OTERO .-

¿Me permite una interrupción señor Senador ?

El señor GONZALEZ.-

Con la venia de la Mesa, con todo gusto Su Señoría.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero .

El señor OTERO .-

Quiero preguntar a Su Señoría si en su exordio quiso referirse a algunas de las intervenciones de los Senadores que hicieron uso de la palabra anteriormente. Porque, si es así, me vería en la necesidad de contestar.

El señor HORMAZABAL .-

¡No me he dado por aludido!

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

¡Ruego a Sus Señorías evitar los diálogos!

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor González.

El señor GONZÁLEZ .-

En absoluto, señor Senador. Por el contrario, he querido enfatizar que tanto las palabras de Su Señoría como las del Honorable señor Hormazábal están muy lejos de tener esa connotación. Habría sido inferirles una ofensa gratuita, lo que no está en mi ánimo ni en mi espíritu.

El señor OTERO.-

Muchas gracias por la aclaración, señor Senador.

El señor GONZALEZ .-

La hice con todo gusto, Su Señoría.

Señor Presidente, termino reiterando que la bancada Radical-Socialdemócrata estima que el proyecto en debate es una nueva demostración del afán de justicia y de la preocupación del Gobierno del Presidente Aylwin por el sector de jubilados, y anuncio que lo votará favorablemente.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, quiero expresar nuestro respaldo a la iniciativa.

Me complace recordar que en 1990, al comienzo de nuestra labor en el Parlamento, iniciamos un trabajo de contacto con los pensionados -fundamentalmente con los del Colegio de Profesores-, el que motivó diversos planteamientos, reuniones e, incluso, algunas intervenciones en esta misma Sala que nos llevaron a recoger, y a elevar a los Ministerios técnicos correspondientes, las aspiraciones de ese sector de nuestro país.

Concretamente, con relación a las materias del proyecto, se proponía que las pensiones previsionales se reajustaran cuando el IPC alcanzara el 10 por ciento (en lugar del 15 por ciento, como sucede ahora), y, alternativamente, que eso ocurriera de modo automático, cualquiera que fuere la inflación, cada 6 meses, mecanismo, desde luego, preferido por las organizaciones de pensionados.

Porque, en verdad, cuando un país progresa, se moderniza y entrega a sus habitantes un IPC controlado y bajo, hay un sector de chilenos que -como aquí planteó el Senador señor Hormazábal - queda a la espera de que las condiciones económicas se deterioren, como una manera de recuperar su poder adquisitivo.

Esas iniciativas, planteadas -repito- en 1990, no tuvieron mayor acogida. Y hoy estamos debatiendo un proyecto que se hace cargo indirectamente del fondo del problema, toda vez que dispone una reajustabilidad, por lo menos, anual.

Cabe tener presente y recordar que tratamos de que se recuperara la situación de un conjunto de compatriotas que no fueron responsables del fracaso de un régimen previsional, sino que víctimas de él. Por ello, con esto estaremos entregando paliativos respecto de una transformación imprescindible -a mi juicio, todavía en marcha-en el sistema de pensiones de nuestro país.

Por lo demás, los jubilados de otros sistemas -por ejemplo, los beneficiarios de la Ley de Accidentes del Trabajo- tienen desde hace mucho tiempo su propio sistema de reajustabilidad mensual por cuanto las pensiones se calculan en unidades de fomento, mecanismo que, como es natural, debería ser la forma más moderna y adecuada para enfrentar el problema.

Hago mías las expresiones vertidas por el Senador señor González en cuanto a la demanda respecto de los montepíos, y adhiero a los oficios cuyo envío ha solicitado. Porque, en ese mismo planteamiento -trabajado junto, fundamentalmente, con el Colegio de Profesores, pero sin ninguna duda teniendo presentes a todas las organizaciones de pensionados y la realidad de éstos, del millón trescientos y tantos mil jubilados de nuestro país-, resulta inexplicable que el valor de los montepíos se reduzca a la mitad de la pensión del causante.

Parte de la argumentación que hemos escuchado al respecto es absolutamente elocuente acerca de la injusticia que se comete, pues se aduce que, cuando fallece uno de los integrantes de la pareja que vivía con una pensión, los gastos disminuyen al existir una boca menos. Sin embargo, lo curioso es que -lo que demuestra esa injusticia- cuando la persona que muere no es el causante, sino su cónyuge, la pensión se mantiene igual, y tal criterio no se sustenta en lo referente a la viuda, lo cual -reitero- resulta a todas luces injusto. No sólo los beneficiarios de la CAPREDENA tienen montepíos equivalentes a. las pensiones, sino también los de por lo menos una de las 64 cajas de previsión que llegaron a existir en nuestro país, como los de la Caja FERRO, quienes poseen el mismo beneficio, lo que nos amplía el margen para evidenciar la injusticia que estamos señalando.

Por las razones dadas, respaldamos muy resueltamente el proyecto. Y nos sumamos a la petición de oficios, porque los hemos solicitado en otras oportunidades, y además hemos participado en múltiples reuniones en ese sentido. Sin embargo, no queremos dejar de recordar que, en definitiva, el planteamiento persigue, por lo menos, un reajuste cada 6 meses. Incluso, sí el mecanismo legal lo permite -por razones de carácter presupuestario o de manejo administrativo, y porque todos están reunidos hoy bajo una sola institución previsional, el INP-, el reajuste debería ser sobre la base de porcentajes de un crecimiento menor del IPC, puesto que así lo aconsejan las condiciones objetivas de la economía de nuestro país.

He dicho.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, deseo hacer algunos alcances o precisiones, a fin de que no queden en la Versión Taquigráfica determinadas afirmaciones sin haber sido refutadas.

Escuché decir a uno de los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra que la sensibilidad social pareciera que nace con el actual Gobierno. Sobre el particular, es importante que la opinión pública sepa -y que por lo menos, quede constancia en la historia de la ley- que precisamente la reforma tributaria, concordada entre el Gobierno y la Oposición, proporcionó a aquél todos los años un ingreso adicional superior a 600 millones de dólares, recursos concebidos para cuatro puntos específicos, uno de los cuales lo constituía la situación de jubilados y montepiadas.

En segundo lugar, considero que no es conveniente, prudente ni equitativo hacer comparaciones odiosas en un debate. Si hay jubilados y montepiadas que perciben beneficios mayores al resto, es aconsejable hacerlo presente en las Comisiones de estudio a fin de aumentar los promedios, pero no crear animosidad contra otros sectores.

Nuestro proceder como partido político de Oposición -reitero- se ha ceñido a una clara línea durante este Gobierno: hacer una oposición absolutamente constructiva. Y tan así es que, en numerosas oportunidades, los Ministros de Estado que han concurrido tanto a las Comisiones como a este Hemiciclo han terminado agradeciéndonos las mejoras introducidas a los proyectos enviados por el Ejecutivo al Parlamento.

He llamado la atención a este hecho a fin de que tengamos clara la situación. ¡Todos, absolutamente todos, queremos justicia para el sector pasivo, y todos, absolutamente todos, deseamos que, en lo posible, la deuda social pendiente se pague a la brevedad! ¡Y hemos proporcionado al Gobierno los instrumentos para que así lo haga!

He dicho.

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, junto con agradecer la exquisita sensibilidad de los señores Senadores que han hablado en favor de los pensionados, deseo formular un alcance y una rectificación, sin que ello signifique una crítica.

Los jubilados de CAPREDENA y DIPRECA y las montepiadas tienen un 25 por ciento menos de pensión; las últimas cuando fallece el causante. No perciben el ciento por ciento de ésta. Y por mecanismo de la ley antigua, algunas de aquéllas incluso reciben menos. Por eso se ha llegado a hablar de montepiadas de primera, de segunda y de tercera categorías.

Debo también hacer presente que, si las remuneraciones del sector público no son aumentadas con anterioridad, esta ley en proyecto sería inoperante para los pensionados, porque quedarían afectos a la ley tope, como ya ha sucedido. Y lo advierto para evitar que ocurra nuevamente.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, me asalta una duda respecto de la entrada en vigencia del nuevo reajuste, el que, según el proyecto, correspondería aplicar a contar del primer día del mes siguiente. Durante estos últimos años se ha otorgado tradicionalmente en diciembre; es decir, en esté caso, se pagaría a partir del primero de enero de 1994. Pero ya para 1995 se recibirla sólo desde febrero. O sea, se iría perdiendo un mes todos los años.

Si la medida es por razones administrativas, debemos tener en cuenta que, para un pensionado, un mes y tantos días reviste gran importancia. Por lo tanto, es conveniente aplicarlo cuando corresponda, y no esperar el primero del mes siguiente.

La señora SOTO.-

Señor Presidente, en nombre de nuestra bancada, adhiero a la petición de oficios formulada recientemente.

Quiero precisar que cuando hablamos de la discriminación existente no lo hacemos en forma peyorativa o con el ánimo de acrecentar odiosidades, sino que, por el contrario, con el propósito de que se ponga fin a ella y para que la situación de las montepiadas, en la etapa de su vida en que más necesitan de un apoyo, se equipare hacia arriba. Ojalá pudiéramos mejorar el nivel de todos los pensionados, especialmente el de las montepiadas. En muchas oportunidades hemos sido testigos -es un reclamó generalizado- de que las viudas son las que más sufren, porque a veces quedan incluso a cargo de los nietos, en circunstancias de que apenas pueden subsistir con su escuálido montepío.

Creo que es una cuestión de sensibilidad social que debe involucrarnos a todos, y, al plantearla, no estamos haciendo discriminación alguna.

El señor NUÑEZ.-

Señor Presidente, tengo la impresión de que todos estamos absolutamente de acuerdo y de que se producirá unanimidad -que constará en las Actas del Senado como uno de sus instantes más positivos- para enfrentar un problema que es tal vez uno de los más dramáticos que vive nuestro país desde el punto de vista social, como lo es la situación que aqueja a más de un millón 300 mil chilenos jubilados o montepiados.

En ese sentido, debo advertir que sólo nos acordamos de su situación cuando corresponde tratar algún proyecto de ley relacionado con ellos. Me parece que si pretendemos revalorizar el papel del Parlamento, y particularmente del Senado de la República, deberíamos encargar a nuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social -y formulo moción en este aspecto- la elaboración de un completo informe con todos los oficios y antecedentes solicitados al Ejecutivo sobre esta materia. Y ello a fin de motivar, más allá de los avatares de carácter electoral que puedan existir en el país, a las próximas autoridades de Gobierno a encarar, de una vez por todas, el problema de los jubilados y montepiadas. Como dije, normalmente nos preocupamos de ellos con ocasión de iniciativas legales como la que ahora discutimos, de reajustes generales de pensiones o con motivo del estudio de las leyes de presupuestos.

Creo que el tema es mucho más de fondo, y que existen algunas proposiciones realmente interesantes que se han venido discutiendo en el ámbito político y económico del país, como la de buscar mecanismos que permitan revalorizar las pensiones al nivel de un sueldo mínimo, en un período de tres a cuatro años.

En consecuencia, estimo conveniente que, a propósito de este proyecto, que felizmente aprobaremos por lo positivo de su contenido, hagamos un esfuerzo para que nuestras Comisiones elaboren dicho estudio y podamos, más allá de las circunstancias estrictamente coyunturales desde el punto de vista político, abocarnos al tema.

He dicho.

El señor PAPI.-

Sólo para hacer una aclaración al alcance del Honorable señor Mc-Intyre.

El caso no se da en la forma como planteó el señor Senador. El proyecto contempla dos aspectos. El reajuste corresponde en diciembre de este año porque el último fue en diciembre de 1992. En consecuencia, aunque no mediara una variación del índice de precios superior a 15 por ciento, entraría a regir todos los años ese mismo mes. Sin embargo, la iniciativa considera otra situación -que impera en la actualidad- en el sentido de que, si antes de cumplido el año, por desventura, la inflación llegare al 15 por ciento o superare este porcentaje, el reajuste se aplicará de inmediato porque sigue vigente la regla que así lo establece.

Por lo tanto, está muy claro: aun cuando no se llegue al 15 por ciento, las pensiones se reajustarán todos los años en diciembre; si dicha variación del índice se produjere antes, la reajustabilidad procederá anticipadamente.

El señor MC-INTYRE.-

Creo que, de todas maneras, vale la pena indicar que el reajuste se aplicará desde el momento que corresponda. Por ejemplo, si el 15 por ciento se enterara el día 1, 2, 3, 4 ó 5 de un determinado mes, el reajuste, según lo establece el proyecto, regiría a contar del siguiente. Es decir, más de veinte días no serían considerados y el afectado los perdería. Además, la fecha se iría corriendo un mes todos los años. Y, como es costumbre otorgarlo a fines de año, como lo señaló el señor Senador , se va a terminar dando la vuelta completa a los doce meses.

El señor PAPI.-

¿Me permite una interrupción, con la venia de la Mesa?

El punto es el siguiente. El proyecto se refiere al "nuevo reajuste que corresponda aplicar" -¿cuándo? Al completar el 15 por ciento- "regirá a contar del primer día del mes siguiente a aquel en que se alcance la citada variación". En consecuencia, no se produce la pérdida que aduce el señor Senador, pues al mes siguiente comienza a aplicarse el reajuste de 15 por ciento o más. Y en caso de no completarse ese porcentaje, aquél se otorgará en el mes de diciembre de cada año.

El señor MC-INTYRE.-

Lo entiendo perfectamente, señor Senador, pero algunos días no serían objeto de reajuste. Todavía más: si entra en vigor, por ejemplo, un 5 de enero, el año próximo lo hará el 5 de febrero. Y así sucesivamente.

-Por unanimidad, se aprueba en general el proyecto, dejándose constancia, para los efectos del quórum constitucional requerido, de que emitieron pronunciamiento 26 señores Senadores.

El señor THAYER .-

¿Me permite, señor Presidente?

Solamente para satisfacer la inquietud del Senador señor Mc-Intyre.

Tengo la misma opinión que el Honorable señor Papi. No hay ninguna oportunidad anterior al primer día del mes siguiente para que rija el reajuste. Establecer su entrada en vigencia a mitad del mes es imposible. Incluso, el IPC se calcula siempre por meses terminados, y se cuentan los períodos de doce meses desde el primer día del mes correspondiente. Por consiguiente, lo que hace aquí la iniciativa es señalar la fecha más inmediata posible, que es el primer día del mes siguiente al instante en que se cumple alguno de los requisitos.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Si el señor Presidente de la Comisión de Hacienda prefiere hacer uso de la palabra primero, no me opongo.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Lo lógico sería saber primero qué se acordó y después conocer cuál es el gasto de la iniciativa.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, no tengo inconveniente en emitir el informe verbalmente, ya que la Comisión de Salud, a la cual asistí, hará su informe por escrito; pero, mientras ello ocurre, yo podría dar el informe de la Comisión de Hacienda.

El señor RUIZ-ESQUIDE.-

Señor Presidente, se presentaron tres indicaciones al proyecto, de las cuales dos fueron aprobadas por unanimidad.

Se trata de indicaciones hechas a una ley ya vigente, relativa a la bonificación para los trabajadores de la salud del sector de atención primaría:

La primera de esas indicaciones dice que el valor de la bonificación compensatoria señalado en el artículo 3° de la ley N° 19.251, no será imponible ni tributable para ningún efecto legal. Como este punto fue compartido por todos los miembros de la Comisión, y además lo hemos discutido en otras oportunidades, solicito a la Sala que lo aprobemos sin mayores problemas.

La segunda indicación consigna que los trabajadores señalados en las letras c), d) y e) del articulo 3° de la ley N° 19.251, que no cumplan con los requisitos educacionales para su clasificación en las categorías señaladas en dicha disposición, tendrán igualmente derecho a percibir la bonificación compensatoria que otorga la mencionada ley. Se trata de alrededor de veinte personas que, por distintas razones, se encuentran en esa condición. La Comisión de Salud aprobó por unanimidad tal indicación. Y como seguramente lo dará a conocer el señor Presidente de la Comisión de Hacienda , ésta hizo lo mismo. De manera que también sugiero aprobarla sin mayor debate,

La tercera indicación es materia de votación dividida; y prefiero mencionarla después que aprobemos las dos anteriores, porque en ella hubo controversia.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, la ley N° 19.251 estableció, por una vez, el pago de una bonificación compensatoria para los trabajadores de atención primaria que hayan desempeñado funciones en establecimientos municipales de atención primaria de salud en el período comprendido entre el 1° de enero de 1992 y el 31 de diciembre del mismo año, y que a la fecha de publicación de esta ley continúen desempeñándola.

La Contrataría General de la República, o en su caso Impuestos Internos, determinó que esta bonificación es imponible y tributable, yendo más allá de lo que se estimó durante la discusión del proyecto. La indicación aprobada por la Comisión dé Hacienda es para que tal beneficio no sea imponible ni tributable para ningún efecto legal.

La segunda indicación aprobada por la Comisión de Hacienda se refiere a la definición dada en el artículo 2° de la ley N° 19.251 respecto de quiénes son los trabajadores de atención primaria y cuáles son los requisitos que deben cumplir para su clasificación en algunas de las siguientes categorías funcionarias, cito textualmente:

"a) Médicos Cirujanos, Farmacéuticos, Químico-Farmacéuticos, Bioquímicos y Cirujano-Dentistas.

"b) Otros profesionales de la salud.

"c) Técnicos de salud.

"d) Administrativos de salud.

"e) Auxiliares de salud.".

Pues bien, con motivo de una interpretación, se entendió que quienes están clasificados en las letras c), d) y e) -es decir, los técnicos de salud, los administrativos de salud y los auxiliares de salud- podrían recibir esa bonificación siempre que reunieran los requisitos educacionales establecidos. Sucede que alrededor de veinte funcionarios de salud no los cumplen. Y el artículo aprobado por la Comisión de Hacienda tiene por objeto permitir que ellos reciban dicha bonificación aunque carezcan de las exigencias mencionadas.

Ambas indicaciones no irrogan un gasto específico, de tal manera que las aprobamos.

Es cuanto puedo informar, señor Presidente.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, por unanimidad, se darían por aprobados, dejándose constancia del quórum de 24 señores Senadores.

Aprobados.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Este artículo pasaría a ser 5° permanente. Dice: "El valor de la bonificación compensatoria señalado en el artículo 3° de la ley N° 19.251, no será imponible ni tributable para ningún efecto legal.".

Si le parece a la Sala, se dará por aprobado.

Aprobado.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Señor Presidente, el Honorable señor Díaz y el Senador que habla nos expresamos contra esta parte del proyecto, lo que motivó su rechazo en la Comisión. Como señalaron el Senador señor Larre y el señor Subsecretario, hoy hubo una votación distinta, por lo que nos encontramos con esa opción.

Quiero señalar que votaré en contra de la indicación renovada tanto por el Ejecutivo como por los Senadores señores Prat y Larre.

El argumento básico para nosotros es el siguiente.

En primer lugar, lo que se busca con el descanso en época de invierno (separado del feriado legal por un plazo no inferior a 3 meses, indica el informe) es precisamente compensar el gasto físico exagerado que el trabajo de los servicios de urgencia significa. Este fue siempre el sentido que tuvo el descanso compensatorio hasta diciembre de 1973, cuando se terminó el sistema que todos los servicios de urgencia aplicaban desde hacía aproximadamente diez o doce años.

En segundo término, consideramos que hacer compensable este beneficio con dinero es terminar con su objetivo básico, o sea, dar al personal el referido descanso, tal como se otorgó a los médicos en la ley que hace poco aprobamos.

Por lo tanto, no nos parece conveniente introducir esta posibilidad de opción, porque -repito- se pretende entregar a la gente el descanso físico para compensar su excesivo trabajo en los servicios de urgencia.

Se ha argumentado aquí que la opción se halla inserta en el concepto de moderna administración en un Estado actual y de una recta adecuación de los servicios. Y al respecto deseo citar las palabras de una señora Senadora que participó en la Comisión, quien con toda razón señaló que la opción era una suerte de "salario del miedo", por cuanto las personas de ingresos bajos en un momento dado pueden verse impelidas a la opción. Creo que eso degrada el sistema.

Ahora, si lo que se pretende-como expresó el señor Subsecretario- es dar incentivos necesarios para quienes trabajan en los servicios de urgencia -y a eso apunta todo lo que estamos viendo-, entonces, derechamente señalo que deberíamos otorgar incentivos por la vía del mayor ingreso. Pero no demos las posibilidades a que los funcionarios de la salud en un momento determinado, deban decir: "Necesito los 12 mil pesos, y sacrifico los diez días de descanso que tendré en este invierno", ya que necesariamente debemos pensar que ese personal no cumplirá adecuadamente sus labores en el resto del año. Porque quienes hemos trabajado en los servicios de urgencia tenemos clara conciencia de que eso es así.

Otro argumento esgrimido respecto de los médicos y del personal hospitalario se refiere a que efectivamente aquéllos terminan su turno y siguen trabajando, mientras que los funcionarios gozan de días de descanso. Eso no es suficiente; y lo decimos con conocimiento de causa.

Por último, acojo el consenso de todos quienes se beneficien o no se beneficien con el proyecto, según se apruebe o no se apruebe esta indicación. Tanto las matronas, como las enfermeras, los paramédicos, los tecnólogos, todos, están conscientes de que lo propuesto es un error, y que, por lo tanto, por razones, conceptuales, por trabajo práctico y por presentación, les parece inadecuada la iniciativa.

Señor Presidente, lamento mucho votar en contra de la indicación del propio Gobierno; pero lo hago en la seguridad de que con ello estoy ajustando mi decisión a lo que he vivido en los servicios de urgencia, a la opinión de quienes trabajan en ellos y a una presentación que considero inadecuada. Porque claramente se deja entender que deben mejorarse las remuneraciones en tales servicios y la vía no es la de ofrecer diez días de descanso, para luego decir: "Opte por esto, o aquí tiene una cantidad determinada de dinero".

Por eso, rechazo la indicación, y solicito a mis Honorables colegas que, sobre la base de la argumentación que he dado, también voten en contra de ella.

El señor PRAT.-

Señor Presidente, la indicación del Gobierno coincide con la que junto al Senador señor Larre propusiéramos para reponer este inciso, el cual fue rechazado en la Comisión por Senadores de Gobierno.

Mediante la norma los beneficiarios tienen la facultad de optar; pero se pretende eliminar tal posibilidad. Creo que aquí se halla el punto central de la salud y donde radica el problema estructural existente hoy en Chile en esta materia y que, como vemos, divide al Gobierno en dos posturas contrapuestas, a resultas de lo cual no hay avance, ni modernización, ni un cambio estructural.

Nosotros planteamos que las personas puedan optar, que los enfermos puedan hacerlo y, también, quienes trabajan en el sector de la salud. En general, los estatutos centralizados son inconvenientes.

En un proyecto hermano del que ahora debatimos, sobre normas para el personal de la salud municipal, con los votos en contra de los Senadores de Gobierno, introdujimos la posibilidad de negociar colectivamente, a fin de que el personal de la salud municipal y la autoridad correspondiente encuentren la mejor fórmula para su propia relación contractual.

En este caso, se trata de un beneficio para los servicios de urgencia, que constituye, en el fondo, un reconocimiento al mayor esfuerzo que en esa área se cumple. La naturaleza humana es distinta entre una persona y otra. Y puede que los quince días de vacaciones legales para algunos de quienes trabajan en el sector de emergencias en salud sean suficientes, y para otros, no. Entonces, se plantearon seis días adicionales pero optativos; o sea, que las personas puedan hacer uso de seis , de cinco o de cuatro días, y que la diferencia sea compensada en dinero. Pero, al parecer, eso contraviene el criterio dirigista que por ley busca definir a la naturaleza humana como igual entre unos y otros, lo cual implicaría que, cuando se cansa uno, necesariamente deben cansarse todos.

Por consiguiente, apoyo la moción del Gobierno. Y aspiro a que dentro de quienes hoy día integran la Concertación se produzca algún día la unidad de criterio en torno de los principios de la descentralización, de la libertad de opción y de la autonomía de los ámbitos locales, porque sin esos principios ni normas de administración, nunca habrá solución para el problema de la salud.

Por eso, respaldo al Gobierno (a una parte, en este caso) con la iniciativa nuestra.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, quiero fundar mi voto favorable a la indicación del Gobierno, porque, tratándose de estos descansos -muy merecidos, pero adicionales-, el precedente en la legislación general (también en la laboral) indica que tales beneficios adicionales pueden ser negociables.

Lo que establece el fundamento de la indicación del Presidente de la República corresponde a una situación bastante real, muy difícil de modificar: en algunos servicios no es fácil encontrar personal de reemplazo. Por eso, se formuló una indicación para dar la opción de compensar el beneficio de manera negociada.

Creo que preferir entre el trabajador mismo que preste servicio y el usuario que lo requiere, tratándose de la salud, es una opción sumamente delicada. Entonces, la indicación del Ejecutivo, por motivos propios del tipo de servicio que se presta, hace negociable el beneficio en vez de establecerlo como imperativo y no negociable.

Por tal motivo, por estar fundada en un principio social y dados los precedentes existentes en la legislación laboral sobre descanso adicional, estoy de acuerdo con la indicación del Gobierno.

La señora FELIU .-

Señor Presidente, los beneficios de los funcionarios del Estado -calidad que tienen los servidores de los Servicios de Salud- se rigen por normas de carácter estatutario aprobadas mediante ley común. Aquí se trata de que parte de dichos funcionarios tendrá derecho a un descanso complementario al feriado. Y las normas que rigen este último no requieren quórum calificado, como tampoco las que dan una compensación económica a esos servidores.

En consecuencia, esos beneficios, sea que se otorguen como compensación pecuniaria o como feriado o descanso adicional, no son materias que requieran ese quórum para su aprobación.

El señor ZALDIVAR .-

Señor Presidente, creo que se justifica la duda. Me parece que cualquier mejoramiento que se traduzca en mayor feriado, en remuneraciones adicionales o en incremento de beneficios en materia previsional es propio de seguridad social. Distinto sería si se tratara de una bonificación compensatoria en dinero por la prestación de determinados servicios, que no es el caso. Aquí se está legislando respecto del "permiso de invierno", como se lo denomina, que puede ser compensado en dinero si no se hace uso de él.

En lo personal, me surgen dudas y no diría que tengo un juicio formado al respecto; pero me parece que se trata de un beneficio de seguridad social.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, aquí se trata de entrar en el reino de la certeza o en el de la incertidumbre. Es evidente que los límites de la seguridad social llegan hasta aspectos que fácilmente se confunden con otro tipo de institución.

Si no estoy mal informado, se trata de un permiso de que se gozaría, no para fines educativos o de capacitación, sino para compensar un esfuerzo laboral especial. Y, siendo así, a mi entender, corresponde al ámbito propio de la seguridad social, y es más seguro, para evitar problemas, que lo aprobemos con el quórum correspondiente.

Estoy apoyando la indicación del Gobierno. Sé que para aprobarla es más fácil reunir un quórum simple que uno calificado; pero no puedo perder mi calidad de Senador institucional y no puedo menos que defender la institución correspondiente. Aquí está en juego, a mi juicio, determinar si debe o no descansar un trabajador sometido a un esfuerzo especial. Lo que se está decidiendo es si ese descanso adicional proveniente de un esfuerzo especial puede ser o no compensado en dinero. En mi concepto, esa opción es propia de la seguridad social, y por ello creo que se requiere quórum calificado.

Nada más, señor Presidente .

El señor PRAT .-

Señor Presidente, creo necesario tener en consideración que el proyecto en estudio llegó de la Cámara de Diputados sin indicarse que el artículo en debate requiere quórum especial, a diferencia de otros. En forma inequívoca se ha entendido que éste es un mejoramiento de las condiciones de remuneraciones del personal y que no dice relación a la seguridad social. Así lo comprendieron también el Ejecutivo al enviar la iniciativa; la Cámara de Diputados cuando la aprobó, y la Comisión de Salud del Senado, la que tampoco indicó una calificación de quórum.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

¿Me permite una interrupción, Honorable colega?

El señor PRAT.-

Termino de inmediato, señor Senador.

Ahora, respecto de los beneficios en materia de feriado, esta Corporación se pronuncio sobre incrementos para las zonas extremas del país al tratar las modificaciones al Código del Trabajo, y se inclinó en el sentido de que gozaran de una extensión de las vacaciones, sin considerarla un asunto propio de la seguridad social, por lo que la aprobación fue por simple mayoría. Creo necesario tener en cuenta tales antecedentes.

El señor RUIZ-ESQUIDE .-

Pero permítanme un comentario solamente, Honorables colegas, pues está en juego la situación de muchos trabajadores, por lo que bien vale la pena discutirlo, por lo menos, un segundo más.

No argumento en favor de que se requiere quórum calificado movido por el ánimo de invocar un resquicio para entorpecer que se vote libremente la opción; pero sí pediría a Sus Señorías, que son mucho más versados que yo en esta materia, atender a lo siguiente.

¿Qué es lo básico y fundamental que dispone el artículo 3° del proyecto? El derecho -¡el derecho!- a gozar de un descanso en determinado momento, atendidas las características propias de la ocupación. Eso es lo básico. Y ello no constituye ni remuneración, ni incentivo, ni bonificación. Es un derecho que afecta claramente a la seguridad social. Y cuando se vota por la opción consistente en cambiar el feriado por un incremento de remuneración, lo que se hace es modificar un derecho a la seguridad social.

Desde mi punto de vista, parece claro que esto requiere quórum calificado, independientemente de la argumentación de fondo que tengamos. Como señaló el Senador señor Thayer , se puede tener determinada visión desde el ángulo constitucional, y una distinta acerca de la conveniencia del acuerdo. Pero también es verdad -y quiero destacarlo- que tampoco está en juego la libertad de la gente (eso es un sofisma), sino algo que se considera bueno, cual es el descanso. Intentar cambiarlo es atentar contra la seguridad social; pero en este instante argumento sólo en relación a esa materia y en ese ámbito.

He dicho.

La señora FELIU .-

Sólo deseo dar un argumento más en relación a la necesidad o no de quórum calificado para aprobar la norma.

Respecto de los médicos que trabajan en los servicios de urgencia, la ley respectiva estableció el derecho a un descanso complementario por los mismos diez días, norma que no se aprobó con quórum especial, y nadie lo planteó así. En verdad, no podría sostenerse que en este caso se requiere una mayoría distinta por el hecho de que el descanso pueda ser compensado con una remuneración, porque ello no altera el beneficio en sí mismo, que sería el descanso complementario por trabajar en una función que -y complemento lo señalado por el Senador señor Thayer - no es especial, sino la que normalmente corresponde a estos agentes públicos, o del Estado, como es la de laborar en un servicio de urgencia o en una maternidad.

Por las consideraciones expuestas, considero que no se requiere quórum calificado.

El señor HORMAZABAL .-

Señor Presidente, esta discusión demuestra, de nuevo, que no es fácil cumplir la tarea que nos corresponde, por existir una multiplicidad de aspectos que tomar en cuenta. A este respecto, estoy por el análisis objetivo. Por ejemplo, ¿qué hemos hecho respecto de otros temas?

Se da la circunstancia de que cuando se legisló para beneficiar a los profesionales funcionarios regidos por la ley N° 15.076, se exigió quórum simple. Y no se les daba el derecho a optar para que su derecho a vacaciones especiales pudiera ser compensado en dinero; pero es un matiz. Así también, al discutirse las modificaciones al Código del Trabajo, específicamente, respecto de las vacaciones, tengo la impresión de que tampoco se pidió quórum especial. Es el recuerdo que tengo; puedo estar equivocado. Y, en la fragilidad del tiempo y de la memoria, preferiría dejar sentado que éste no es un tema fácil de determinar en este momento.

Tal vez, habría sido útil -y de nuevo destaco la importancia del trabajo de las Comisiones especializadas- que la materia hubiera sido analizada por la de Trabajo y Previsión Social, pues podríamos haber dilucidado el asunto. Y perdonen Sus Señorías por hacer cuestión del tema, pero está relacionado con esto. En esa ocasión, se decidió que se trataba de un problema de carácter médico, por su especialidad, no obstante estar relacionado con el campo del trabajo y previsión social. Pero lamento que no hayamos estudiado la materia, pues podríamos haber presentado al Senado una visión más acabada de ella. Al margen de los aspectos formales, deseo ir a la cuestión de fondo.

Estoy profundamente en contra de este derecho de opción. Esta materia se discutió hace bastante tiempo, y quienes hemos estudiado algo tocante a salud y hemos estado vinculados a la actividad correspondiente sabemos que ése es uno de los beneficios que el Gobierno del Presidente Aylwin ha ido restableciendo. El personal que trabajaba en hospitales siquiátricos, o con infecciosos, o en climas de extrema tensión gozaba de vacaciones especiales por un período que no era el normal. Y ocurre que se está planteando que este problema de fondo está ligado a la manera en que las personas se recuperan de las tensiones a que están sometidas por la especialidad de su trabajo, por lo cual pueden ser compensadas con 3 mil, 8 mil o 12 mil pesos. De ser así, ocurre que a esos trabajadores habría que darles mayores ingresos todo el tiempo, porque la tensión que sufren es permanente.

Reitero: me niego a que se considere compensable en dinero el hecho de que el personal que labora en los servicios de urgencia está sujeto a tensiones, por lo que resulta fundamental que tenga la posibilidad de reponerse de sus efectos. Ese es el sentido de las vacaciones especiales; no es un problema que se resuelva con algunos pesos más.

En consecuencia, creo que esto afecta al fondo de lo que debe ser el beneficio y el espíritu del legislador, por lo cual votaré en contra de la opción de hacer compensable en dinero el reposo para restablecerse de las fatigas y tensiones a que están expuestos esos servidores.

La señora FELIU.-

Señor Presidente, quiero recordar que el beneficio consistente en posibilitar la compensación dé un descanso con remuneración no es nuevo en la Administración del Estado. Ello existe desde muy antiguo en todos los estatutos administrativos, y se encuentra vigente hoy día respecto de las horas extraordinarias.

El artículo 60 del Estatuto actual dice que se podrán "ordenar trabajos extraordinarios a continuación de la jornada ordinaria, de noche o en días sábado, domingo y festivos, cuando hayan de cumplirse tareas impostergables.

"Los trabajos extraordinarios se compensarán con descanso complementario. Si ello no fuere posible por razones de buen servicio, aquéllos serán compensados con un recargo en las remuneraciones.".

Idéntico concepto reproduce el artículo 62 para este tipo de trabajos.

Por las razones que, además, expuse en la Comisión, considero que la norma no necesita de quórum especial, y voto que sí.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, estimo que la disposición no necesita de quórum especial para aprobarse.

Por otra parte, creo que no debe compensarse el descanso de personas que han cumplido en forma excesiva horas extraordinarias de trabajo. Ese descanso es necesario para ellas, a fin de que puedan continuar en buenas condiciones atendiendo a sus pacientes. No creo que reemplazar sus vacaciones por una compensación económica sea justo para dichos pacientes, que requieren siempre de una buena atención.

Por esas razones, compartiendo el criterio del Honorable señor Ruiz-Esquide, voto que no.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, mantengo un pareo permanente con el Honorable señor Vodanovic . Sin embargo, de poder emitir mi voto, éste habría sido afirmativo por la siguiente razón. Si bien la afirmación del Senador señor Lavandero es cierta, porque el descanso es justo, merecido y necesario, en la práctica estos funcionarios, debido a sus escasas rentas, tienen que cumplir trabajos extraordinarios, y prefiero que lo hagan en su propio establecimiento.

El señor PAPI.-

Señor Presidente, pienso que no se trata de eliminar el derecho al descanso, sino de crear una alternativa: la persona puede optar por tomar el descanso o por recibir una suma de dinero. En razón de eso, voto que sí.

La señora SOTO.-

Precisamente porque estoy por la dignidad de las personas, porque hay que atender a ellas y a su descanso, me parece que el pago es un incentivo perverso que siempre inducirá a los funcionarios a cambiar su descanso merecido y necesario por dinero. Creo que eso no se puede aceptar.

Voto que no.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, todavía no se han puesto de acuerdo los tratadistas acerca de si la seguridad social forma o no parte del Derecho del Trabajo. Por consiguiente, primero, respeto el derecho de la Mesa a no haber sometido esta norma a votación con quórum especial, porque el problema es muy controvertible. Segundo, la indicación, a mi entender, implica una opción prudente del Gobierno en un país en desarrollo como Chile, en que, a veces, la atención de salud puede tornarse muy urgente. Por eso, dar al trabajador la opción para que sustituya un beneficio de descanso adicional por un pago en dinero, me parece legítimo.

Voto que sí.

-Se aprueba la indicación (22 votos por la afirmativa, 10 por la negativa, 2 abstenciones y un pareo).

Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Cooper, Feliú, Fernández, González, Huerta, Jarpa, Larre, Martin, Mc-Intyre, Otero, Pacheco, Páez, Papi, Piñera, Prat, Ríos, Romero, Siebert, Sule, Thayer y Urenda.

Votaron por la negativa los señores Calderón, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Hormazábal, Lavandero, Letelier, Núñez, Ruiz-Esquide, Sinclair y Soto.

Se abstuvieron los señores Valdés y Zaldívar.

No votó por estar pareado el señor Ortiz.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde discutir en particular el proyecto que crea la Escuela Judicial, iniciado en mensaje y en primer trámite constitucional, con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamentó..

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En primer trámite, sesión 10a, en 12 de noviembre de 1992.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

Hacienda, sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

Constitución (segundo), sesión 7a, en 19 de octubre de 1993.

Discusión:

Sesión 51a, en 12 de mayo de 1993 (se aprueba en general).

El señor ROMERO.-

Se fueron del valle de Aconcagua, en silencio, cuando la primavera se anunciaba a través de los primeros brotes, y las medialunas se preparaban para recibir a jinetes y cabalgaduras. Hombres de campo, aquellos días vieron la silueta de dos cabalgaduras sin caballeros. El valle hace días ha estado en silencio, y en sus atardeceres hay ausencia.

Ernesto Zenteno y Carlos Bermúdez se apearon en esta tierra de duelo y ligero, y se han unido a tantos que nos legaron su amistad y tradiciones chilenas y que hoy en el Senado recordamos con emoción y cariño. Ambos tenían en común su apego a la tierra y a sus costumbres. Sus funerales fueron una expresión multitudinaria del afecto que los rodeaba, y las lágrimas fueron saliendo sin apresuramiento en hombres rudos y fuertes.

Personas de los más diferentes orígenes y actividades se agolparon en un intento de despedir postreramente a quienes hicieron de sus vidas una antología de servicio a los demás. Hombres sencillos en donde compartían el pan y el vino generoso de la amistad en una mesa que no hacía distingos.

Las más puras tradiciones huasas de nuestro país las conservaban, como el viajero guarda en sus recuerdos los más hermosos panoramas. Rindo hoy este homenaje a dos hombres que confundieron sus vidas con una auténtica vivencia de dichas tradiciones.

Destacados dirigentes gremiales y primeros en el deporte del rodeo nacional, don Carlitos y "don Ernes" estarán ciertamente corriendo entre las nubes el Champion final, con tres puntos buenos y sus hermosos chamantos ondeando en la carrera del cielo.

El valle del Aconcagua ha enviado una embajada que hoy nos acompaña en este postrer recuerdo de quienes fueron auténticos servidores de las tradiciones chilenas.

Fue don Ernesto Zenteno , en verdad, un hombre de excepcionales condiciones y virtudes, hijo del matrimonio formado por don Teodoro Zenteno y por doña Hermosinia Vergara . Realizó sus estudios en el Instituto Chacabuco de la ciudad de Los Andes, e inició sus actividades laborales junto a su padre, siendo aún muy joven. La agricultura fue la pasión fundamental de su vida, y en esa área alcanzó el mayor de los éxitos. El premio de sus esfuerzos fue compartido, no sólo con sus familiares, sino, también, con sus trabajadores, que eran sus amigos, y con toda la comunidad de San Esteban y zonas vecinas, que hoy deploran su lamentable partida.

Le sobreviven su esposa, la distinguida dama doña Clarita Ramírez , y sus hijos: Ana María , médico del Hospital Militar; José Teodoro , técnico en comercio exterior, y Jorge Esteban , técnico agropecuario, junto a sus respectivos cónyuges y seis nietos.

Su vocación de servicio lo llevó, igualmente, a incursionar en la vida pública, y sus naturales condiciones de realizador progresista recibieron el justo reconocimiento de los habitantes de San Esteban, lo que le permitió ejercer durante 15 años las funciones de regidor y alcalde. A su iniciativa se deben obras de tanta significación comunal como las de alumbrado público, agua potable, apertura y mantención de caminos, construcción de viviendas, urbanización y fomento del deporte. Asimismo, le correspondió impulsar la creación del Cuerpo de Bomberos de la localidad.

Muchas instituciones le contaron entre sus socios y dirigentes más activos: fue vicepresidente y presidente del Club Deportivo Trasandino de Los Andes; director del Deportivo Cobre Andino ; socio fundador del Club de Rodeo de Los Andes, ganador de los principales premios en rodeos efectuados en la zona; fundador, dirigente y accionista de la sociedad Estadio Corral, de Los Andes; dirigente de la Asociación de Agricultores de esa ciudad; dirigente de las Asociaciones de Canales de Rinconada, Los Quilos y San Miguel; socio cooperador de la Cruz Roja y tesorero del Comité Pro Construcción de la Parroquia de San Esteban, y miembro activo, en su oportunidad, del Consejo desarrollo Comunal.

Una vida rica en realizaciones y contenido humano fue, también, la de don Carlos Bermúdez .

Nacido, igualmente, en el campo, en la apacible comuna de Santa María, en diciembre de 1925, hizo sus estudios en los colegios de la zona, destacando por su talante vivaz y su incontenible afán de superación. Los objetivos que se trazó en la vida los alcanzó con esfuerzo, pero en plenitud, siempre alegre y evidenciando la limpieza de su espíritu.

Casado con doña María Mancilla, fue padre de una hija, a la que dedicó todo su amor y desvelos. Su hogar fue, hasta el instante de su muerte, el hogar de sus amigos; la casa que en todo momento ofreció generosa hospitalidad.

Dotado de gran espíritu de servicio, su nombre figura entre los socios fundadores del Club de Leones de su ciudad. Fue vicepresidente de la institución, y por tres períodos consecutivos ocupó la presidencia, dejando la huella de su obra y el sello de su encantadora personalidad.

Presidente de la Asociación de Dueños de Camiones de San Felipe, hizo de la dirigencia gremial un compromiso de vida, habiendo sido, también, socio activo del Club de Artesanos y del Club Deportivo Arturo Prat, de la misma ciudad. Fundador de Unión Nacional y activo militante de Renovación Nacional, nos distinguió con su inigualado espíritu de servicio.

Estas son las razones -que nuestra voz no podía haber silenciado- para expresar la sincera admiración que nos merecen estas dos personalidades, que hicieron de sus vidas una manta de amistad y cariño por su terruño aconcagüino.

Tradiciones, de ancestros antiguos y distinguidos, se funden en las familias que dejan don "Ernes" y don Carlitos. A ellas vaya nuestro sincero pesar; y a las Asociaciones de Rodeo de Los Andes, San Esteban, Rinconada, Calle Larga, Sari Felipe, Santa Mana, Putaendo, Panquehue, Llay-Llay y Catemu, un sentimiento de solidaridad por la ausencia de aquellos que fueron actores principales de sus existencias.

Quienes les conocimos, guardamos en lo más profundo de nuestro ser la amistad renovada y vigente que caracteriza a los hombres de esa tierra.

He dicho.

El señor GONZALEZ .-

señor Presidente, Honorables colegas, hace 100 años, el 14 de octubre de 1893, el entonces Presidente de la República, don Jorge Montt Alvarez, dictó el decreto supremo N° 199, por el cual creó el Municipio de Olmué.

La corporación edilicia olmueína anota en su vida institucional la curiosidad de contar con dos etapas de existencia, separadas entre sí por varios años. Efectivamente, el municipio de 1893 -cuya creación conmemoramos- fue suprimido por un decreto con fuerza de ley de 1927, pasando la comuna a ser una subdelegación de Limache, situación que se mantuvo hasta 1966, año en que la ley N° 16.442 vino a restituir a esta hermosa zona el carácter de comuna, dotándola nuevamente de su municipio.

En todo caso, la fecha de significación histórica es la que ahora recordamos: el 14 de octubre de 1893, ocasión en que, por primera vez, las autoridades nacionales reconocieron a esta localidad el grado de desarrollo e importancia necesarios como para asignarle la categoría de comuna y dotarla de municipio.

El primer Alcalde de Olmué fue don Juan Crisóstomo Toledo , quien, al decir de sus contemporáneos, y marcando con ello las características tan propias de sus sucesores en el cargo, era un hombre "muy sencillo, muy comprensivo y respetado a la vez".

Hoy continúan esa labor de servicio público -y se encuentran, presentes en las tribunas-, el Alcalde de la comuna, don Mario Mancilla Pardo , y el cuerpo de concejales, integrado por doña Mariana Bustamante Muñoz, don Tomás Aranda Miranda, don Francisco Collado Arriagada, don Alberto Córdova González y don Ricardo Ghiorzi Gutiérrez.

Pero la historia de Olmué es, lógicamente, más extensa que la de su municipio, remontándose más de tres siglos hacia los tiempos de la Colonia, cuando el Rey de España entregó las tierras de "Gulmué", en encomienda, a su general don Alonso de Riveros y Figueroa , cuya viuda, doña Mariana de Osorio , años más tarde, en 1612, donó la hacienda "a mis queridos indios" -como ella señaló-, o sea, a los picunches, habitantes originales de la región.

La actual comuna de Olmué tiene alrededor de 13 mil habitantes y pertenece a la provincia de Quillota, limitando al norte con las comunas de Quillota e Hijuelas; al sur, con la comuna de Quilpué; al oriente, con la Región Metropolitana, y al poniente, con la comuna de Limache.

Tierra fértil y extremadamente hermosa, basa su progreso en el turismo, al punto de que nos atrevemos a afirmar que en la Quinta Región, Cordillera, es, tal vez, la comuna que más claramente ha definido su actividad principal y vía de desarrollo.

En efecto, a su clima privilegiado une múltiples parajes de singular belleza y una variada oferta de esos maravillosos centros de relajamiento, recreación y buena mesa que son sus tradicionales "hosterías", a donde concurre permanentemente gran número de visitantes nacionales y extranjeros.

A esa realidad se agrega la halagüeña perspectiva que abre para la zona la habilitación del camino por la cuesta La Dormida, obra que se ejecutará mediante el sistema de licitación y entrega en concesión de obras públicas a particulares, conforme a la ley que el Senado aprobó recientemente. El propósito es habilitar para un intenso tráfico vehicular la vía entre Tiltil, Olmué y Limache, lo que incluye la pavimentación y construcción de un túnel de tres kilómetros y medio en la cuesta La Dormida. Esta gran obra significa una inversión estimada de 45 millones de dólares y su puesta en servicio está proyectada para 1996.

Pero la comuna también se prepara en otros aspectos para alcanzar un desarrollo armónico. Por ejemplo, ha transformado su liceo en un establecimiento polivalente, que ofrece las especialidades de técnico agrícola y gastronomía.

Los problemas del agua potable y el alcantarillado son los más importantes que se enfrentan, y en ellos se ocupan las entidades correspondientes, por lo que esperamos que dentro de poco logren ser superados.

Señor Presidente, he querido rendir homenaje a la comuna de Olmué, en su primer centenario, recordando sus orígenes, destacando su belleza y potencial de desarrollo y, también -porque es bueno tenerlos presentes-, cuáles son los desafíos pendientes para todos quienes hemos asumido el compromiso de trabajar por un futuro mejor para esta zona.

Agradezco la presencia del señor Alcalde y del cuerpo de concejales, y les expreso mi sincera adhesión a los actos conmemorativos del centenario de la comuna de Olmué.

He dicho.