Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse, en primer término, en el proyecto de la Cámara de Diputados que autoriza al Banco Central de Chile la acuñación de monedas de plata conmemorativas de los 250 años de la fundación de la Casa de Moneda de Chile, con urgencia calificada de "Discusión inmediata" e informado por la Comisión de Hacienda.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 1a, en 5 de octubre de 1993.

Informe de Comisión:

Hacienda, sesión 5a, en 14 de octubre de 1993.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde tratar el informe de la Comisión Mixta recaído en el proyecto que modifica la ley N° 18.168, General de Telecomunicaciones.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 13a, en 19 de noviembre de 1991.

En trámite de Comisión Mixta, sesión 7ª, en 30 de junio de 1993.

Informes de Comisión:

Transportes, sesión 25a, en 15 de septiembre de 1992,

Transportes (segundo), sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

Constitución, sesión 37a, en 30 de marzo de 1993.

Mixta, sesión 5a, en 14 de octubre de 1993.

Discusión:

Sesiones 26a, en 16 de septiembre de 1992 (queda pendiente la discusión); 2a, en 8 de octubre de 1992 (se aprueba en general); 38a, en 31 de marzo de 1993 (se despacha en particular).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión Mixta se formó en virtud de lo dispuesto en el artículo 68 de la Constitución Política para resolver las divergencias surgidas entre ambas Cámaras, debido a que la de Diputados rechazó algunas enmiendas introducidas por el Senado en el segundo trámite constitucional.

La Cámara Baja comunica, mediante oficio N° 1.412, que ha aprobado la proposición de la Comisión Mixta.

Asimismo, debo informar que diversas disposiciones propuestas por la Comisión son de quórum de ley orgánica constitucional, por lo que para su aprobación requieren de los cuatro séptimos de los Senadores en ejercicio; es decir, de los votos favorables de 26 señores Senadores.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En discusión el informe.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, en verdad, la Comisión Mixta, prácticamente, aprobó el proyecto como lo había despachado el Senado, introduciéndole sólo dos o tres modificaciones de detalle que no alteran el fondo de la iniciativa.

Me es muy grato dejar constancia en la Sala de que la Comisión Mixta adoptó sus resoluciones por unanimidad después que los señores Diputados escucharon las explicaciones sobre el porqué de las enmiendas introducidas por el Senado y su alcance. También hubo consenso general respecto de las dos o tres modificaciones de precisión en que insistió la Cámara de Diputados y que no afectan el texto en sí mismo.

Señor Presidente, quiero hacer presente que la nueva Ley de Telecomunicaciones (la número dos) soluciona una serie de problemas pendientes; establece procedimientos administrativos para dar el debido proceso a las personas interesadas; fija un nuevo sistema de sanciones y determina normas para reclamar de ellas, y fundamentalmente, soluciona todo el problema de la radiotelefonía de libre recepción, en el sentido de que también, en sus artículos transitorios, contempla las situaciones anómalas producidas en el último tiempo respecto a la renovación de permisos.

A mi juicio, el informe de la Comisión Mixta no requiere de mayor análisis en la Sala, porque en él se encuentran íntegramente contenidas las disposiciones aprobadas por el Senado, sin que ninguna enmienda amerite una explicación por algo que hubiese cambiado el espíritu o alcance de lo acordado.

Señor Presidente, es todo cuanto puedo dar a conocer en este momento. Por lo tanto, solicito la aprobación del informe por unanimidad, ya que con ello ratificaríamos el pronunciamiento anterior de la Sala.

El señor MC-INTYRE.-

Consultaba recientemente al señor Presidente de la Comisión si se encuentran incluidas las definiciones de "equipo" y "terminal", lo cual es importante para la historia de la ley. Me respondió que sí; pero, a lo mejor, sería conveniente repetir lo que se entiende por tales expresiones: equipo es el dispositivo generador o receptor de señales de telecomunicaciones; y terminal es el enchufe o dispositivo donde finaliza físicamente la línea del concesionario del servicio público de telecomunicaciones, al cual se conecta el equipo del usuario. Se trata de definiciones muy sencillas, y los técnicos han pedido que sean consideradas.

-Se aprueba el informe de la Comisión Mixta, dejándose constancia para los efectos del quórum constitucional requerido, de que 26 señores Senadores emitieron pronunciamiento favorable y, además, de la precisión del Senador señor Mc-Intyre.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En seguida, la Sala debe continuar la discusión en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.755, sobre organización y atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero, y deroga otras disposiciones legales, con segundo informe de la Comisión de Agricultura.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 47a, en 4 de mayo de 1993.

Informes de Comisión:

Agricultura, sesión 18a, en 17 de agosto de 1993.

Hacienda, sesión 18ª, en 17 de agosto de 1993.

Agricultura (segundo), sesión 2a, en 5 de octubre de 1993.

Discusión:

Sesiones 20a, en 31 de agosto de 1993 (se aprueba en general); 4a, en 13 de octubre de 1993 (queda pendiente la discusión).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-En la sesión pasada se comenzó el análisis de diversas indicaciones renovadas suscritas todas por los Senadores Otero, Huerta, Mc-Intyre, Martin, Romero, Larre, Thayer, Siebert, Cooper y Feliú. Corresponde tratar ahora la indicación número 8, que consiste en suprimir en la letra k) del N° 3 del artículo 1° del proyecto, la frase "fluvial y lacustre" y la coma que la precede. La letra k) dice: "Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre caza, registros genealógicos y de producción pecuaria, apicultura, defensa del suelo y su uso agrícola, contaminación de los recursos agropecuarios, habilitación de terrenos y protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre bravía, fluvial y lacustre.".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, la norma aprobada por la Comisión entregaría a la competencia del Servicio Agrícola y Ganadero la protección de la fauna fluvial y lacustre, pero, en realidad, ésta se regula por las disposiciones de la Ley de Pesca que debatimos hace algún tiempo y, en consecuencia, se halla bajo el control del Servicio Nacional de Pesca.

Quiero hacer presente, además, que existe otra indicación supresiva que margina estas especies de fauna de la jurisdicción del Servicio Agrícola y Ganadero,

Por esas razones, solicito que se apruebe la indicación renovada.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor COX ( Ministro de Agricultura subrogante ).-

Señor Presidente , si se lee bien el final de la disposición, se advertirá que no existe tal invasión en las atribuciones del Servicio Nacional de Pesca. La última frase dice: "y de la fauna terrestre bravía, fluvial y lacustre.".

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú .

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, la norma señala claramente: "Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias sobre" "protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre bravía," -subrayo la coma- "fluvial y lacustre.". ¿Qué fauna? Por una parte, la terrestre, y, por otra, la fluvial y lacustre, esto es, los peces, de cuya protección se encarga la Ley de Pesca. ¿Qué tiene que ver esta parte de la frase con lo que está antes de la coma, esto es, la referencia a la fauna terrestre? Es evidente que la norma hace alusión a dos especies de fauna.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Tiene razón la señora Senadora . ¡La fauna fluvial o lacustre no parece ser tan bravía, porque no hay tiburones allí...!

Como hay una coma después de la expresión "fauna terrestre bravía", señor Ministro , se entiende que lo terrestre no está determinando las tres categorías; lo bravío, lo fluvial y lo lacustre, y, que, por ende, la norma se refiere, también, a la fauna fluvial y lacustre.

La señora FELIÚ.-

Así es, señor Presidente.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el señor Ministro.

El señor COX (Ministro de Agricultura subrogante ).-

Señor Presidente, si la coma es la que causa problema, no tengo inconveniente en que se la elimine, pero deseo hacer hincapié en que la norma se refiere a la "fauna terrestre bravía que tiene su hábitat en los lagos y en los ríos". Eso es todo.

Por otra parte, respecto de la expresión "bravía", que hace algo jocosa la frase, entiendo que la usa don Andrés Bello en el Código Civil.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Es decir, la disposición podría corregirse y dejar la frase del modo siguiente: "y de la fauna terrestre bravía, y de aquella que tiene su hábitat en el medio fluvial y lacustre.".

Tiene la palabra la Honorable señora Feliú .

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, si en verdad se trata sólo de fauna terrestre, la terminología "fluvial y lacustre" complica y dificulta la interpretación del precepto. El hecho de que determinadas especies concurran a medios acuáticos -por así decir- no las priva de su calidad de terrestre. Luego, de todas maneras habría que suprimir la última parte de la frase, que alude a una fauna distinta de la terrestre, cual es la fauna fluvial y lacustre.

El señor JARPA.-

Lo que ocurre es que hay especies que son del ámbito terrestre pero que desarrollan su vida más bien en lagunas y ríos. Tal es el caso, por ejemplo, de los castores, que se han multiplicado en Tierra del Fuego y están ocasionando ciertos perjuicios.

Ahora, naturalmente conviene esclarecer el sentido de la frase, a fin de que no se tomen medidas respecto de los tiburones, por ejemplo, sino de los castores y otras especies.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, efectivamente la Ley de Pesca considera todo lo necesario para la mantención de estos recursos tan importantes para Chile, y, en especial, de lo que dice relación con la acuicultura, donde se han hecho enormes inversiones. En mi opinión, si se permitiera al SAG tomar medidas que se relacionen directamente con el ámbito lacustre, ello sería negativo. Dicho Servicio debiera actuar sobre la fauna terrestre bravía, pero sólo cuando está en tierra, y no cuando se encuentra en el mar, las lagunas o los ríos.

Por tanto, creo bueno eliminar la frase "fluvial y lacustre".

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, la indicación en análisis, al igual que todas las que se formularon en la Comisión de Agricultura con motivo de la elaboración del segundo informe, fue detenidamente estudiada y discutida, y se llegó a la misma conclusión que se ha señalado acá: que el sentido de la norma es cubrir aquellas especies bravías que, sin ser peces, moran en ríos y lagunas. Recuerdo que el Senador señor Jarpa indicó en esa oportunidad -como lo ha hecho ahora- que se estaba pensando, por ejemplo, en los castores. Podrían agregarse los coipos y otros animales de tal naturaleza, los cuales no están contemplados en legislación alguna. Y ciertamente el Servicio Agrícola y Ganadero debe tener tuición sobre ellos.

Quizá si invirtiéramos los términos del precepto, quedaría más claro su sentido. La frase podría decir: "y protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna bravía terrestre, fluvial y lacustre". De esa manera, se vuelve nítido, primero, que nos estamos refiriendo a la fauna bravía -no a los peces- y, segundo, a aquella que vive en tierra o en lagos y ríos.

Me gustaría que la Honorable colega que ha formulado la indicación considerase esta enmienda, para ver si existe coincidencia...

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Habría que hablar de "bravía y silvestre", porque hay especies que no son bravías, sino extremadamente mansas...

El señor NAVARRETE .-

Consulté al señor Ministro sobre el particular, porque también para mí resultó observable el término "bravío". Según me explicó, no dice lo que aparentemente expresa. Debe entenderse como sinónimo de "silvestre" y no de "bravo".

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, creo que en este caso sólo cabe atenerse a lo que dice la Ley de Pesca, la cual, no obstante su nombre, no se refiere sólo a esa actividad, sino a lo que denomina "recursos hidrobiológicos". Su artículo 1° comienza: "A las disposiciones de esta ley quedará sometida la preservación de los recursos hidrobiológicos,"... Con posterioridad, en el número 18) da una definición de "especie hidrobiológica": "especie de organismo en cualquier fase de su desarrollo, que tenga en el agua su medio normal o más frecuente de vida. También se las denomina con el nombre de especie o especies.".

En consecuencia, debiera consignarse una exclusión de las "especies hidrobiológicas", para usar los mismos términos que la Ley de Pesca. También podríamos señalar que se rigen por una ley especial; pero lo que no debe suceder es que determinadas especies queden sometidas a la fiscalización de distintos organismos al mismo tiempo, porque eso lleva naturalmente a colisiones en el ejercicio de sus actividades, lo cual es muy inconveniente dentro de un ordenamiento jurídico.

Ahora, como la ley N° 18.892 es muy cuidadosa (señala que sus disposiciones tienden a preservar las especies hidrobiológicas, y las define), a mi juicio, ellas no deben quedar comprendidas también en el ámbito de protección del Servicio Agrícola y Ganadero. Creo que ésa es la solución.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, en mi opinión, agregando la frase que señaló el señor Ministro se soluciona el problema. Todos estamos de acuerdo en que el proyecto está mal redactado y en que no puede ser aprobado así, porque se prestaría para confusiones. Eso es lo primero que se deduce del debate.

Lo segundo es que el texto en cuestión se refiere exclusivamente a las especies bravías terrestres -entendiendo "bravío" en el sentido en que se utiliza esta palabra en el Código Civil- que tengan su hábitat en ríos y lagos. Me parece que con esa corrección queda perfectamente clara la norma.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente , no deseo dejar pasar las observaciones del Senador que me antecedió en el uso de la palabra, quien ha calificado el proyecto de mal redactado. Me parece que está en un error: está perfectamente redactado.

El señor OTERO.-

Sólo me he referido a la frase en debate, señor Senador.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Si existiera unanimidad en torno a la proposición del Honorable señor Otero , podría evitarse la votación.

La señora FELIÚ .-

¿Cuáles serían los términos exactos, señor Presidente?

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

¿Podría repetir su sugerencia, Honorable señor Otero?

El señor OTERO .-

Señor Presidente, lo que he hecho es simplemente acoger lo expresado por el señor Ministro en el sentido de que la norma se refiere a las especies bravías terrestres cuyo hábitat esté en los ríos y lagos. Eso define exactamente el ámbito de aplicación de la norma y hace innecesaria una discusión mayor.

Al margen de lo anterior, deseo hacer presente al señor Presidente de la Comisión de Agricultura que no me atribuyo la capacidad para determinar si una iniciativa está bien o mal redactada. He señalado que la disposición no es clara en sus términos, pues de lo contrario no se habría suscitado este debate en la Sala.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, a mi juicio, esta norma crea un conflicto bastante serio entre dos instituciones que pertenecen a Ministerios distintos y que tienen funciones diferentes.

El Código Sanitario, en su artículo 97, señala: "se entenderá por producto farmacéutico cualquiera substancia, natural o sintética, o mezcla de ellas, que se destine a la administración al hombre o a los animales con fines de curación, atenuación, tratamiento, prevención o diagnóstico de las enfermedades o de sus síntomas."

Su artículo 94 estatuye: "El Instituto de Salud Pública será la autoridad encargada en todo el territorio nacional del control sanitario de los productos farmacéuticos" -ello comprende todo lo relacionado con la veterinaria- "y cosméticos, y de velar por el cumplimiento de las disposiciones que sobre la materia se contienen en el presente Código y sus reglamentos. Tratándose de productos alimenticios, la autoridad sanitaria serán los Servicios de Salud, y en la Región Metropolitana de Santiago, el Servicio de Salud del Ambiente.

"Un reglamento contendrá las normas de carácter sanitario, sobre producción, registro, almacenamiento, tenencia, distribución, venta e importación, según corresponda, y las características de los productos farmacéuticos, cosméticos y alimenticios.".

Luego, en su artículo 102, se preceptúa: "Ningún producto farmacéutico" -entre los cuales se comprenden todos los productos veterinarios- "o cosmético podrá ser comercializado ni distribuido en el país sin que se proceda a su registro previo en el Instituto de Salud Pública.".

A continuación, se establecen todos los requisitos para inscribir esos productos en este organismo, en donde se debe demostrar no sólo el principio activo-químico que registran, sino, también, las consecuencias, las contraindicaciones, las experiencias realizadas, para los efectos de determinar si pueden o no ser comercializados.

El señor JARPA.-

Pido la palabra.

El señor OTERO.-

Por eso, señor Presidente, corresponde exclusivamente al Instituto determinar lo que es apto para el consumo humano o no lo es.

La frase "y certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación", que se pretende suprimir mediante la indicación, otorga al SAG una facultad que el Código Sanitario da, exclusiva y específicamente, al Instituto de Salud Pública y al Ministerio del ramo. Estos organismos son los encargados de la certificación aludida, y no sólo respecto de los productos destinados a la exportación, ya que éstos también pueden venderse dentro del país, O sea, en Chile sólo hay una autoridad que reúne los requisitos, los elementos y la experiencia necesarios.

Ahora, hechos recientes demuestran que, de repente, el Servicio ha intervenido en estas materias y ha declarado que algo es nocivo para la salud, en circunstancias de que después el Instituto de Salud Pública ha expresado que no lo es. Por lo tanto, el problema planteado es de competencia y de burocracia y, lo que es más grave, de daños y perjuicios, finalmente. Porque, cuando una autoridad, el Servicio Agrícola y Ganadero, dice que un producto es dañino para la salud, y el organismo que sí debe velar por ésta, que es precisamente el Instituto de Salud Pública, expresa lo contrario, ¿en qué situación quedan el Estado y el particular?

Señor Presidente, la duplicación de una función en organismos públicos distintos, dependientes de diferentes Ministerios, crea una incógnita, una falta de seguridad y una serie de problemas que, al final, se circunscriben a competencias, y el único perjudicado es el particular.

Aquí se pretende agilizar los trámites para los efectos de la exportación. Pero el que determina la aptitud para el consumo humano es el Instituto de Salud Pública, no el SAG. Es ese primer organismo el que cuenta con los expertos, los profesionales, y con la atribución que nos ocupa, que ejerce respecto de productos cuyo destino se halla dentro o fuera del territorio nacional, en la medida en que son de origen chileno. Por eso, si se dice que el Instituto de Salud Pública demora mucho los trámites, creo que ello se puede obviar por la vía de buscar un procedimiento reglamentario dentro del Ministerio de Salud.

No es posible dar a dos organismos del Estado una misma facultad, en circunstancias de que a uno de ellos le ha sido asignada en forma exclusiva y excluyente, y no sólo respecto de los productos de exportación, sino también de los que se comercializan dentro del país.

He dicho.

La señora SOTO.-

Señor Presidente, sólo deseo hacer una consulta.

La norma propuesta por la Comisión aparentemente deja fuera todos los "medicamentos" -entre comillas- que proliferan en el país y que hoy son objeto de mucha discusión, pues se engaña a la gente haciéndole creer que sirven para sanar enfermedades o producir determinados cambios metabólicos.

Quiero preguntar si ello fue considerado. Porque, en caso afirmativo, no habría quedado comprendido dentro de la definición.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, los argumentos entregados acerca de la indicación están bien fundados en lo que dice relación a los productos agropecuarios primarios destinados al consumo humano en el territorio nacional. Sin embargo, el mérito de la norma radica en que se refiere a aquellos que serán objeto de exportaciones.

Lo que se pretende con la disposición -y hago un llamado a analizar su contenido- es que se certifique la aptitud de esos productos para ser enviados al exterior. En realidad, aquí se trata de una suerte de certificación de calidad que no existe en este momento y que está directamente relacionada con la búsqueda de nuevos mercados y con la conveniencia de que los actuales cuenten con productos chilenos de buena clase, que no se expongan a denuncias por alguna alteración en su conformación. De hecho, lamentablemente, hemos conocido algunos casos que han afectado la producción de ciertos exportadores, lo cual constituye un perjuicio no sólo para la persona o la empresa, sino también para la imagen del país.

En mi concepto, ése es, fundamentalmente, el aspecto que conviene destacar, estudiar y discutir, para saber si existe acuerdo acerca de lo que se desea establecer como norma. Porque si aprobamos la indicación propuesta, seguiremos dejando un vacío.

El señor OTERO .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor NAVARRETE.-

Con mucho gusto, Su Señoría, con la venia de la Mesa.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Sugiero aclarar el punto en debate. Si en la norma se consagra un control de calidad en cuanto a la exportación de todos los productos agropecuarios...

El señor NAVARRETE.-

No de todos. Sólo de aquellos con los cuales tiene que ver el SAG.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

En realidad, no se trata de todos. Porque la madera, en algún sentido, también podría quedar comprendida entre ellos. Pero si los que son aptos para el consumo humano deben ser objeto de una certificación de calidad por parte del Servicio, cuando se destinen a la exportación, entonces la disposición corresponde a una categoría distinta.

Me permito ofrecer la palabra al Senador señor Papi , quien la había solicitado con anterioridad.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, no quiero interferir con sus facultades, pero deseo conceder, con su venia, la interrupción que me solicitó el Honorable señor Otero .

El señor OTERO .-

Señor Presidente, sólo expondré un planteamiento a fin de ilustrar el debate. Porque el tema es mucho más conflictivo de lo que la gente se imagina.

El señor VALDÉS (Presidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Otero.

El señor OTERO.-

En verdad, el problema se reduce a lo siguiente: respecto de cualquier producto agropecuario para consumo nacional e internacional, el que se pronunciará con relación a su consumo dentro del país será el Instituto de Salud Pública, el cual dirá: "Sí, señor, este producto es apto". Y el SAG, con la facultad que se le otorga en la norma, podrá expresar: "Señor, este producto no puede exportarse, por no ser apto para el consumo humano". O sea, el producto podrá consumirse en Chile, pero no venderse al extranjero. Sin embargo, también cabe el caso inverso: que el Instituto de Salud Pública diga: "En Chile, no procede la venta del producto", y el SAG declare: "Sí, señor, es factible su exportación, porque es apto para el consumo humano". Es decir, ahí se produce una dicotomía y una contradicción inaceptables.

Además, entra en juego el interés del particular, que, para un mismo producto, se encontrará con dos autoridades, con las mismas atribuciones, y la posibilidad de que una de ellas determine "blanco" y la otra, "negro". El punto radica en cómo se resuelve esa situación.

El señor NAVARRETE.-

Me parece que estamos hablando de cosas diferentes. A mi juicio, la norma es muy clara. Hace referencia a "certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación.".

El señor ZALDÍVAR .-

¿Me permite una interrupción, señor Senador ?

El señor NAVARRETE.-

Con la venia de la Mesa, no tengo ningún inconveniente en conceder una segunda interrupción.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, deseo reafirmar lo que está sosteniendo el Senador señor Navarrete y, también, expresar una reflexión acerca del comentario formulado por el Honorable señor Otero .

En primer lugar, la disposición se relaciona -como muy bien se señala aquí- con los productos destinados a la exportación y que son de consumo humano. Y puede que un producto sea aceptado para su consumo en Chile, de acuerdo con las normas técnicas, y no lo sea en otro país, por aplicar éste preceptos más exigentes o discriminatorios. Esto último es lo que sucedió recientemente en la exportación de ciertos productos, habiéndose planteado el caso de que cierta larva no es rechazada en Canadá, pero sí en Estados Unidos de América.

Por consiguiente, es mucho más lógico que exista un control único para los efectos de la exportación -incluso, para el propio exportador-, en lugar de tener que recurrir a dos controles. Y el SAG, en este aspecto, es el organismo reconocido por otros países -a fin de terminar con el problema- como la autoridad chilena en la materia, lo que no se extiende al Instituto de Salud Pública.

Si no se establece una norma como la propuesta y nada más que para la exportación, habría dos calificaciones -y ello sí que podría provocar dificultades-: una para el consumo interno, y otra, para el producto que se envíe al exterior. La primera estaría a cargo del Instituto de Salud Pública, y la segunda, del SAG. Y el exportador debería contar con dos certificados. A mi juicio, ése es un error, y lo lógico es aceptar el texto propuesto por el Ejecutivo , de modo que debe rechazarse -como lo hizo muy bien la Comisión, por unanimidad- la indicación. Entiendo el sentido que quiso dar a ésta el Senador señor Otero , pero ella, más que solucionar un problema, provoca uno mayor.

He dicho.

El señor URENDA (Vicepresidente).-

Recupera el uso de la palabra el Honorable señor Navarrete.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, creo que después de haber otorgado dos interrupciones, con la venia de la Mesa, una para impugnar mi tesis, y otra, para apoyarla, puedo dar por cerrado el tiempo para concederlas.

Quiero señalar, brevemente, que el Servicio realiza una acción fiscalizadora respecto de todos los productos, tanto para los consumidos en el territorio nacional como para los exportados. El Instituto de Salud Pública regula la aptitud de ellos para el consumo humano en el país. Pero hasta ahora no hay control alguno en cuanto a los productos destinados al exterior, donde, como muy bien lo señaló el Honorable señor Zaldívar, las exigencias no son las mismas que imperan en Chile.

En consecuencia, sobre la base de las facultades fiscalizadoras del SAG respecto de todos los productos agropecuarios primarios, la disposición pretende, de alguna manera, cubrir dicha falencia de nuestra legislación al permitir a este organismo certificar la aptitud para el consumo humano sólo de los destinados a la exportación.

Pido, si el Honorable señor Otero insiste en su indicación, proceder a votarla.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, la Comisión de Economía de esta Corporación, al analizar lo relativo al control sanitario de los productos que se exportan -que es distinto y paralelo al control de calidad-, tuvo ocasión de conocer en profundidad esta materia e informarse de que existen serios problemas al respecto.

La ley vigente sobre calidad de los productos de exportación dispone que las acciones de control pertinentes son sin perjuicio del control sanitario que corresponde a las autoridades encargadas de efectuarlo.

Los países importadores de productos chilenos destinados al consumo exigen que éstos cuenten con certificación en el aspecto sanitario. El Instituto de Salud Pública, organismo al cual corresponde el control respectivo (como lo señaló el Honorable señor Otero ), no dispone de los medios necesarios ni de oficinas a lo largo del país para efectuarlo. Por tanto, lo está haciendo el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero, como no existe una norma expresa que lo autorice en tal sentido, la Contraloría ha cuestionado esa acción.

Ése es el origen de la disposición.

Ahora bien, como es efectiva la afirmación del Honorable señor Otero en cuanto al aspecto sanitario, podríamos establecer que el SAG ejerza esa función previo convenio con el Instituto de Salud Pública. Esta modalidad está contemplada en la Ley de Bases, que permite a los servicios del Estado celebrar convenios entre ellos para desarrollar sus actividades propias en los casos en que, por razones de centralización o de ubicación geográfica, no puedan hacerlo.

Creo que de esa manera conciliamos ambos aspectos y, además, resolvemos un serio problema. Porque -repito- hasta el día de hoy el Servicio Agrícola y Ganadero se ha encargado de esa certificación. En el hecho, es así. Y también lo es que en el exterior ella se exige. Pero, como lo consigna la norma, debe "certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación", y no de otros.

A tal fin, deberíamos agregar una frase que dijera, más o menos, así: "Para los efectos de esta certificación, el Servicio Agrícola y Ganadero deberá celebrar convenios con el Instituto de Salud Pública", entidad que tendrá que verificar que los medios de que disponga el SAG para llevarla a cabo sean idóneos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, entiendo el alcance de la proposición hecha por la Senadora señora Feliú . Empero, creo que contribuirá a entrabar las exportaciones, porque implicará más trámites burocráticos.

Si el Servicio Agrícola y Ganadero dispone de los elementos y de la estructura necesarios para la citada certificación, ¿para qué imponerle la obligación de celebrar convenios con el Instituto de Salud Pública? Creo que si el SAG, en un momento dado y para un caso específico, precisa de la cooperación de ese Instituto, podrá requerirla, de acuerdo con la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado.

No enredemos más el proceso de exportación de nuestros productos. Radiquemos en un solo organismo esa certificación. Y no puede ser otro que el Servicio Agrícola y Ganadero, que ya fiscaliza la calidad.

El señor THAYER .-

tSeñor Presidente, estimo que el debate ha sido esclarecedor y que ha quedado suficientemente dilucidado, primero, que el Servicio Agrícola y Ganadero realiza una función que el Instituto de Salud Pública no está en condiciones de asumir, y segundo, que la ley permite la colaboración entre organismos públicos, para un mejor funcionamiento, cuando una especialidad se vincula con otra.

Opino que la supresión de la frase sería perjudicial, porque no es propio del Instituto de Salud Pública -tampoco es tarea fácil, aun cuando podría hacerla- certificar la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación. Imagino que ya tiene bastante con la calificación de medicamentos, pesticidas, etcétera. En cambio, el Servicio Agrícola y Ganadero puede certificar la calidad de estos productos primarios sin necesidad de que una norma lo autorice expresamente. Y la Ley de Bases -reitero- permite celebrar los convenios que se estimen del caso para el mejor cumplimiento de las funciones de los organismos públicos.

Por tales motivos, considero innecesaria la indicación.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, a mayor abundamiento, y para evitar opiniones divergentes sobre estas materias, que adquieren suma importancia cuando se analizan nuestras exportaciones y el impacto que sobre ellas tiene cualquiera información en el sentido de que los productos pueden ser dañinos para la salud pública, tal vez sería factible llegar a un acuerdo para agregar, al final de la letra m), lo siguiente: "de acuerdo con las normas establecidas por el Instituto de Salud Pública.".

Pienso que de esa manera se refuerza la posición del Servicio Agrícola y Ganadero para certificar los productos que exportamos, eliminándose la factibilidad de un conflicto de opiniones en esta materia, el que, al trascender, podría perjudicar gravemente nuestro comercio exterior.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, concuerdo plenamente con la proposición del Senador señor Jarpa , porque precisa que sólo un organismo fijará las normas y pautas por las cuales ciertos productos pueden ser declarados aptos para el consumo humano.

Y quiero aclarar otro punto, tras lo cual no volveré a intervenir.

Cuando se habla de que estas medidas deben adoptarse pensando en sus efectos en el exterior, debemos considerar que la jurisdicción y la soberanía de Chile operan dentro de nuestro territorio. Los demás países tienen distintas normas al respecto, y lo que es aceptado en uno a veces no lo es en otro. Por lo tanto, la certificación del Servicio Agrícola y Ganadero tendrá validez en algunos de ellos, pero a otros no les causará frío ni calor, pues aplicarán su propia reglamentación y cuando llegue el producto decidirán si lo admiten o no.

Entonces, no es efectivo que dicha certificación permitirá las exportaciones, porque el que determina si los productos entran o no y si cumplen los requisitos establecidos es el país de destino y no el exportador.

Ése es el problema que se ha producido. Y aquí, en Chile, ha habido casos en que se ha impedido la exportación de productos ya aceptados en el exterior, por no cumplir los requisitos exigidos en nuestro país.

En consecuencia, tendríamos un doble estándar. Y eso es lo que estoy tratando de evitar.

Creo que la proposición del Honorable señor Jarpa es muy esclarecedora en el sentido de que, a los efectos de determinar si un producto destinado a la exportación es apto o no para el consumo humano, debe haber un solo organismo en Chile.

He dicho.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, me he referido -y así lo consigna el texto- a la "aptitud para el consumo humano", y no a otras exigencias que puedan existir en los diferentes países importadores de productos chilenos. Por ejemplo, Estados Unidos fija requisitos distintos de los que imponen las naciones árabes a las manzanas y otros productos; en cambio, estos mismos países árabes -también Israel- tienen normas específicas para la carne de ovino en cuanto a la forma como debe ser faenada, etcétera. De modo que hay que cumplir las exigencias que imponen los distintos países para poder vender en ellos.

Pero los exportadores de fruta pidieron al Gobierno una certificación oficial, porque eso ayuda a garantizar las bondades del producto y evita que bajo el rótulo de "fruta chilena" se exporte mercadería de mala calidad. Solicitaron, entonces, que un organismo certifique la excelencia del producto y controle que lo que dice la etiqueta corresponde al contenido de las cajas.

Por lo tanto, nos encontramos solamente frente a una norma de carácter general relativa a la aptitud para el consumo humano. No estamos haciendo cuestión de las exigencias propias de cada país, aparte la señalada.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, nos enfrentamos a dos criterios que, a mi juicio, convendría considerar.

En este instante no hay ningún organismo que certifique la aptitud para el consumo humano de productos agropecuarios primarios destinados a la exportación. Y no se trata aquí de entregar caprichosamente al Servicio Agrícola y Ganadero tal función, sino de satisfacer una necesidad. Si el Instituto de Salud Pública estuviera en condiciones de asumirla, podríamos encargarle esa responsabilidad. Pero ya se ha explicado que no lo puede hacer. Y como el SAG efectúa la fiscalización sanitaria de dichos productos, está capacitado para certificar la aptitud para el consumo humano, pues cuenta con los medios técnicos y dispone de personal, oficinas y sistemas de control. Por eso, se ha estimado oportuno otorgar al Servicio la capacidad para cubrir una necesidad existente hoy. Me parece que es eso lo que debemos valorar.

En segundo término, se trata de que este sistema sea expedito, ágil y no burocrático, con el fin de que no entrampe, enrede o dificulte la exportación de los productos chilenos, la que debe ser rápida y eficiente, pero al mismo tiempo estar perfectamente regulada, porque de ese modo ayudamos al país y al sector privado.

Entonces, yo diría que en esos dos criterios reside la bondad de la disposición propuesta en el informe; por eso, insisto en que se vote en los términos que indica.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, aquí hay algo muy simple, y se desprende de lo expresado por el señor Presidente de la Comisión de Agricultura. Una cosa es la fiscalización y certificación del cumplimiento de las condiciones y, otra, establecer las normas que fijan los requisitos que se deben cumplir y que son objeto de fiscalización y de certificación. Y a mí me interesa que estas normas sigan en manos del Instituto de Salud Pública y que la investigación, la fiscalización y la certificación la efectúe el SAG.

Por eso, la proposición del Honorable señor Jarpa , que me llevaba a retirar mi indicación, es muy clara, pues, al agregar la frase "de acuerdo con las normas establecidas por el Instituto de Salud Pública", se precisa que este último determina todos los requisitos que debe cumplir un producto agropecuario primario para ser apto para el consumo humano y que el Servicio Agrícola y Ganadero fiscaliza y certifica si los cumple o no los cumple. De allí que considere perfectamente aceptable lo sugerido por el Senador señor Jarpa . De lo contrario, pediré votación, porque no es suficiente dejar constancia en Acta del espíritu de la disposición si su texto es conflictivo y contradictorio.

El señor PAPI .-

Señor Presidente, el agregado que plantea el Honorable señor Jarpa parece muy razonable, pero presenta un inconveniente, que no es menor: las certificaciones se harían en conformidad al país al cual se exporta. Y como el mismo señor Senador señaló, no todas las naciones tienen los mismos niveles de exigencia. Si bien esto no ha afectado a los productos agropecuarios primarios, sí se han producido pérdidas en las exportaciones de conservas a España, país que de un minuto a otro varió el porcentaje cárneo aceptable, no obstante que ellas son perfectamente consumibles en Chile. En consecuencia, si la certificación está determinada por el mercado al cual se destina el producto, no nos sirve decir "de acuerdo con las normas establecidas por el Instituto de Salud Pública". Ése es el inconveniente práctico que presenta la proposición del Honorable señor Jarpa .

El señor ZALDÍVAR .-

Creo que podríamos proceder en la forma señalada por el señor Presidente , porque la constancia en la versión taquigráfica que sugirió es suficiente. Además, no se trata únicamente de las normas que dicte el Instituto de Salud Pública, como propuso el Senador señor Jarpa . Las normas generalmente aceptadas pueden ser las de ese Instituto o las de un organismo del país donde se va a hacer la exportación que debe regular el SAG.

Entonces, para los efectos de evitar una discusión más larga, votemos la indicación renovada -personalmente, propongo su rechazo-, dejando constancia en la versión taquigráfica de que en esta materia se procederá de acuerdo con las normas generalmente aceptadas.

El señor PAPI.-

El punto no es menor, señor Presidente , porque ha ocasionado severos perjuicios al país. La realidad es que cada mercado tiene exigencias distintas. Decir "conforme a normas generalmente aceptadas" equivale a expresar "conforme a normas aceptadas por todos"; pero ocurre que tal tipo de normas no existe en esta materia. Y ésa es la consecuencia práctica de introducir una modificación de esa naturaleza. Porque la aptitud para el consumo humano se certifica conforme a quien demanda; es decir, para un determinado país, pero no para cualquier país. Ése es el problema práctico que presenta la modificación que ahora se propone.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, como lo hizo presente un señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra, aquí hay dos criterios distintos. Uno es si se certifica que determinado producto es apto para el consumo humano, como lo establece el proyecto, y otro muy diferente es si ese producto cumple con las exigencias de los distintos países importadores de productos chilenos. Entonces, si se desea precisar, suprimamos la expresión "para el consumo humano", y agreguemos la siguiente frase final: "y certificar que los productos agropecuarios primarios destinados a la exportación cumplen con los requisitos necesarios".

La certificación para el consumo humano es una cuestión general que reforzaría la buena calidad del producto chileno; pero también es conocido que en otros países las exigencias pueden ser mucho mayores o pueden ser distintas. Entonces, eliminemos la expresión "para el consumo humano" y refirámonos a las "exigencias correspondientes en los mercados de exportación", o algo así. Que el SAG, por sí y ante sí, pueda determinar las normas del consumo humano de los productos que se exportan -que no debe ser distinto del que se exige dentro del país- es lo que, a mi juicio, provoca la confusión a que se ha hecho referencia.

Insisto: dejemos de lado los términos "para el consumo humano" y aludamos a las normas exigidas para la exportación. Y que sea el Instituto de Salud Pública el que siga ejerciendo la atribución de certificar la aptitud para el consumo humano.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, este extenso debate nos obliga a retomar el hilo del propósito que se persigue. Es importante recordar que no estamos creando un sistema de certificación de calidad de exportaciones, sino apenas sumariamente tratando de legislar sobre una materia muy relevante pero distinta: las atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero.

Pues bien, tal como está concebido el proyecto, existe la posibilidad de controversia o de desacuerdo entre dos servicios públicos. En el caso de determinados productos, se estaría entregando la certificación de aptitud para el consumo humano, al SAG, no obstante que, según lo dispone el Código Sanitario, esa atribución correspondería al Instituto de Salud Pública. Desde esta perspectiva, me parece muy saludable que la legislación evite la duplicación de normas, que puede ser fuente de litigios entre instituciones públicas.

Por el contrario, si el proyecto apuntara a la creación de un sistema de certificación de calidad, por cierto la argumentación sería otra. Pero, como no es así, la certificación de calidad de los productos de exportación ha aparecido como un elemento accesorio y argumental respecto de la facultad que se desea conferir al SAG.

En razón de que numerosos ejemplos -creo que no es necesario recordarlos en esta Corporación- de leyes o de disposiciones legales aprobadas por el Parlamento e inspiradas en un sano propósito comprueban que, al confiarnos en la historia fidedigna de la ley como fuente de solución de los problemas, se da pie para la presentación de recursos y las iniciación de litigios ante la justicia ordinaria, me inclino en favor de la indicación renovada, que tiende a impedir que se produzca duplicación de atribuciones entre dos servicios públicos.

Voto que sí.

El señor COOPER.-

Señor Presidente, la argumentación dada en el sentido de aclarar el ámbito de acción de cada una de las instituciones que intervienen en un proceso de certificación de calidad de productos de exportación es perfectamente válida. Pero insisto: es posible mejorar el texto de la norma que propone el informe, con el objeto de que se entregue al Servicio Agrícola y Ganadero esta facultad, más aún si de hecho la está ejerciendo. De ese modo quedaría bien definida y delimitada la atribución que corresponde a cada Servicio, ya sea a través de un convenio o de un acuerdo, como se señaló.

Voto a favor.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Su Señoría vota por suprimir la frase.

El señor COOPER.-

Exacto.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, a mi juicio, no se interfieren los campos de acción del Instituto de Salud Pública y del Servicio Agrícola y Ganadero, sino que se complementan y ayudan. Como son personas inteligentes las que están al frente de estos Servicios, lo lógico es que se comuniquen y se respalden entre sí. Por lo demás, este asunto se discutió latamente en la Comisión, la que, por unanimidad, rechazó la indicación.

Voto que no.

El señor DIEZ.-

Señor Presidente, teniendo presente el punto de vista de las exportaciones chilenas, voy a votar a favor de la indicación.

Una cosa es el control de calidad, cuando éste se exige, y otra es determinar quién lo realiza. Pero no me parece conveniente someter al exportador de productos agropecuarios primarios para el consumo humano, primero, al Servicio Agrícola y Ganadero, y después, al control de calidad.

Creo que el exportador tendrá especial cuidado de enviar productos que sean admitidos en otras naciones y buscará cumplir con todas las condiciones establecidas en los contratos que suscriba y, además, con las exigencias de la legislación de su país. Entonces, nadie más calificado que él mismo para efectuar su propio control de calidad.

Estimo sumamente peligroso que un servicio público tenga la facultad de prohibir una exportación por cualquier motivo.

Por tales razones, voto a favor de la indicación renovada.

El señor PAPI.-

Seré breve, señor Presidente.

Puede ser muy loable el principio de que el exportador privado sea quien se preocupe de que su producto cumpla la exigencia de calidad del mercado a donde se envía. Desgraciadamente, en la práctica, son esos mismos países a los cuales se exporta los que requieren certificados de organismos oficiales de la nación de origen del producto.

Ésa es la razón por la que los propios exportadores solicitan la existencia de la citada atribución.

Por este motivo, voto que no.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, quiero señalar tres cosas.

En primer lugar, el Servicio Agrícola y Ganadero es el organismo responsable del control fitosanitario. Y, tal como se indicó ayer, existe reconocimiento internacional en cuanto al desempeño de sus funciones, las que incluyen la labor indicada en la frase en comento.

En segundo término, nos encontramos legislando para ese Servicio, y no para el Instituto de Salud Pública. Y las leyes que rigen para éste de todas maneras se siguen cumpliendo y se complementarán con las disposiciones que ahora aprobemos, cuando se apliquen en los casos específicos.

Finalmente, pienso que la supresión de la frase, o también, adicionarle o suprimirle algo, podría entorpecer las exportaciones de nuestro país.

Por eso, rechazo la indicación.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, fundamentaré en forma breve mi voto.

Voy a rechazar la indicación, porque el artículo 35 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado resuelve el problema que ha inquietado al Senado. Todos sabemos las importantes funciones que cumple el Instituto de Salud Pública, establecidas en forma limitada, y no extensa, como es el caso del Servicio Agrícola y Ganadero.

Ahora, este Servicio debe continuar realizando las funciones que actualmente desempeña. Y para efectuar certificaciones en materias relativas al consumo humano será necesario, en muchos casos, que tome el debido contacto con el Instituto de Salud Pública. Lo último no sólo es un consejo, sino un imperativo de la Ley Orgánica de Bases Generales de la Administración del Estado, que en el artículo señalado expresa: "En aquellos lugares donde no exista un determinado servicio público, las funciones de éste podrán ser asumidas por otro. Para tal efecto, deberá celebrarse un convenio entre los jefes superiores de los servicios,"... Entonces, éste es el caso. No se requiere mayor especificación aquí, en la iniciativa en debate, pues -repito- la situación ya está contemplada en la norma que leí.

Por consiguiente, el Servicio Agrícola y Ganadero debe seguir cumpliendo su función, armonizando su actuación con el Instituto de Salud Pública en lo tocante a aspectos relativos al consumo humano.

Por eso, estimo que la indicación renovada debe rechazarse.

Voto que no.

-Se rechaza la indicación renovada (22 votos contra 7 y 3pareos).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Hormazábal, Jarpa, Lagos, Lavandero, Letelier, Navarrete, Núñez, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Ruiz (don José), Siebert, Sinclair, Soto, Sule, Thayer, Urenda y Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Cooper, Diez, Larre, Martin, Mc-Intyre y Otero.

No votaron, por estar pareados, los señores Alessandri, Pérez y Ruiz-Esquide.

-Queda pendiente la discusión del proyecto.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde discutir en particular el proyecto de reforma constitucional, en segundo trámite, que modifica la duración del mandato del Presidente de la República , con segundo informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y calificado de "Suma Urgencia".

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 17a, en 11 de agosto de 1993.

Informes de Comisión:

Constitución, sesión 22a, en 7 de septiembre de 1993.

Constitución (segundo), sesión 5a, en 14 de octubre de 1993.

Discusión:

Sesiones 23a, en 8 de septiembre de 1993 (queda pendiente la discusión); 25a, en 14 de septiembre de 1993 (queda pendiente la discusión); 26a, en 15 de septiembre de 1993 (queda para segunda discusión); 3a, en 6 de octubre de 1993 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión hace constar, en su informe, que no hay normas que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones, como, tampoco, indicaciones aprobadas o aprobadas con enmiendas; que rechazó las signadas con los números 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11; que se retiraron las que llevan los números 1, 12 y 13, que no se pronunció sobre la N° 4.

Asimismo, deja constancia de que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 116 de la Constitución Política de la República, la iniciativa requiere para su aprobación el voto conforme de las tres quintas partes de los señores Senadores en ejercicio, es decir, de 28, y propone aprobar el texto contenido en su primer informe, sin enmiendas.

Han llegado a la Mesa diversas indicaciones renovadas. La N° 2 tiene por objeto sustituir, en el N° 1) del artículo único, la expresión "seis" por "cuatro", y fue renovada por Su Excelencia el Presidente de la República .

El señor FREI (don Arturo) .-

Señor Presidente, la duración del mandato presidencial es un tema de país, de Estado, que nos compete a todos los chilenos. Nadie puede dar determinada interpretación al pensamiento que uno tenga sobre un asunto tan importante para los 12 millones de chilenos, y menos atribuirle intereses mezquinos o pequeños, de índole personal o familiar. Es una materia esencialmente opinable, y no es de principios, ni doctrinaria ni ideológica.

Personalmente señalé que el período que en conciencia estimo el más adecuado para el país es uno de seis años. Es un tema opinable -repito-, y la mejor demostración de ello es lo que sucede en el Senado, donde existen distintas posiciones al respecto.

Por otro lado, tres ex Presidentes de la República -los señores Frei , Alessandri y González Videla -, al término de su mandato, señalaron que, de acuerdo a la idiosincrasia de Chile, seis años era el lapso más conveniente para gobernar a sus habitantes. Por su parte, los miembros de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, por inmensa mayoría, propusieron igual período.

Por razones de todos conocidas, y que no es del caso analizar, no fue eso lo que se planteó al país. En este mismo Parlamento, en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de esta Alta Cámara, hace algunos días se aprobó, con razones fundadas, en el primer informe del proyecto que nos ocupa un mandato de seis años, con los votos de los Senadores señores Vodanovic , Pacheco y Diez.

Señor Presidente , éste es un tema estrictamente de conciencia. Y creo que un político, para ser creíble ante sus conciudadanos y poder representarlos en este Hemiciclo, debe ser consecuente con sus convicciones y con lo que considera mejor para Chile.

Por eso, respecto del período de cuatro años, me abstengo,

El señor HUERTA.-

Señor Presidente, en dos oportunidades se me han representado en esta Sala las opiniones vertidas por el Senador que habla en el Consejo de Estado, en su condición de miembro de él.

Sobre la materia que nos preocupa, dicho organismo acogió en su momento, con mi voto favorable, un mandato presidencial de seis años. Tal acuerdo fue producto del momento político, económico y social que vivía el país en ese entonces, y se adoptó en conformidad a los términos del Texto Fundamental aprobado, comúnmente denominado "Constitución Alessandri", que forma parte del segundo grupo de modificaciones introducidas a la Carta de 1925, la que rigió los destinos de nuestra patria por más de medio siglo. En la tercera etapa, la Honorable Junta de Gobierno elevó a ocho la duración del período presidencial, sin reelección. En la cuarta, mediante el acuerdo político Concertación-Gobierno de la época se introdujeron 54 enmiendas al texto de 1980, sin tocar este punto. En la quinta etapa, de modificaciones misceláneas, entre otras, se ha pretendido imponer la reducción del período presidencial a cuatro años, sin reelección. Los diferentes planteamientos hechos en pro y en contra de esta reforma me movieron a rechazar la idea de legislar sin fundamentar mi voto ni redundar en razones, en beneficio del tiempo.

Consecuente con lo anterior, mi voto al articulado en particular es negativo.

Voto que no.

El señor RÍOS.-

Señor Presidente, como lo he manifestado en muchas ocasiones a través de todo el debate público de este proyecto de reforma constitucional, existen muchas razones lógicas para pensar que el período presidencial de cuatro años es una alternativa atractiva y beneficiosa para el país. Hay experiencias positivas. Así ha ocurrido bajo el actual Gobierno. Se han desarrollado actividades normales; se operaron cambios importantes y necesarios en algunas materias; en fin, se han dado muchos elementos favorables. Pero, como lo manifesté en el debate anterior, nuevamente queda marginado el tema de la integración del Senado por parte de los ex Presidentes de la República . Aprobar un período de cuatro años sin ninguna otra alternativa, implica evidentemente realizar dos reformas constitucionales: la rebaja en la duración del mandato presidencial y la eliminación de la eventual presencia de los ex Jefes de Estado en la composición del Senado, según lo establecido en la Constitución Política de la República.

Por tales razones, voto que no.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, ayer firmé una indicación propiciando la idea de seis años para el mandato presidencial. Sin embargo, siempre he declarado que si esa postura no lograba acuerdo al interior de la Concertación o en el Senado, estaría disponible para votar por un período de cuatro años. Al mismo tiempo he señalado que este último, con posibilidad de reelección, está lejos de lo que son las tradiciones en Chile, además de haber precedentes nefastos en la historia del país, como los Gobiernos quinquenales. Entiendo que hoy las condiciones son distintas. En mi opinión, en Chile no podríamos exponer al Primer Mandatario a los avatares de una contienda electoral, lo que probablemente estará muy bien en los Estados Unidos, donde impera una mentalidad sajona, pero no en nuestros países.

Por lo dicho, sin que esto signifique inconsecuencia de mi parte, y a pesar de haber firmado la mencionada indicación, que no alcanzó mayoría, voto que sí.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, al votar que sí, quiero dar a conocer muy brevemente que las razones que hemos tenido para apoyar el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados, tienen que ver con la idea de que cuatro años de duración del mandato son suficientes en el tiempo en que vivimos; y de que la reelección introduciría factores completamente ajenos a las tradiciones políticas chilenas.

Por lo tanto, ésta es la fórmula que mejor resuelve el tema que estamos discutiendo.

Voto que sí.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, la idea de reducir el período presidencial, cualquiera que sea el número de años en que éste se acorte, me parece absolutamente inoportuna e inconveniente cuando ya se ha iniciado el proceso electoral, el que terminará prácticamente dentro de un mes y medio.

Es un error importante que, después de haber vuelto a la democracia, estemos discutiendo por ocho, por seis, por cinco o por cuatro años. Y no ha habido acuerdo entre todos, ni tampoco se ha podido compatibilizar la simultaneidad de las elecciones parlamentarias con las presidenciales. Porque no es fácil; es difícil, más aun durante una campaña electoral en que se juegan distintas opciones, visiones y criterios. Lo considero inconveniente.

Además, aún no hemos consolidado plenamente la democracia. La gente no logra todavía percibir bien, después de 17 años de Gobierno autoritario y unos pocos de Administración democrática, para qué le sirve la democracia. No lo tiene claro, desgraciadamente. Es un hecho real. Y la reforma propuesta implicaría enfrentarnos con campañas electorales no cada cuatro años, sino cada tres, pues los preparativos empiezan un año antes de la extinción de un mandato. A los tres años comenzarán las huelgas o los paros provocados por distintos candidatos que querrán llevar agua a sus molinos. Pensando en el país con profundidad, con seriedad, esto no es conveniente. Resulta absolutamente inoportuno.

Pero, dentro de los distintos valores en juego, hay uno que tenemos que respetar. Sobre el tema nos hemos reunido a analizar algunas ideas, algunos principios y algunas doctrinas. Si yo comenzara en este instante a demoler tales valores, estaría haciendo un flaco servicio a la democracia. Por lo tanto, después de reflexionar muy profundamente, he decidido no desoír una recomendación de mi Partido. Y sólo por eso -no quiero ser causa de problemas para nuestros compañeros de trabajo dentro de la Concertación, el Partido Socialista, los Partidos por la Democracia y el Partido Radical-, únicamente por eso, teniendo claro en mi conciencia que éste es un hecho inconveniente y que lo único que desearía es que se perdiera esta votación pero no por mi culpa, voto que sí.

-Se rechaza la indicación (20 votos por la afirmativa, 20 por la negativa y 2 abstenciones) por no haber alcanzado el quórum constitucional requerido.

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Cantuarias, Díaz, Gazmuri, González, Hormazábal, Lavandero, Navarrete, Núñez, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Soto, Sule, Valdés, Vodanovic y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Cooper, Diez, Feliú, Fernández, Huerta, Jarpa, Lagos, Larre, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Ortiz, Otero, Piñera, Ríos, Romero, Siebert, Sinclair, Thayer y Urenda.

Se abstuvieron los señores Frei (don Arturo) y Frei (doña Carmen).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-Corresponde someter a votación la indicación N° 5, renovada por los Senadores señores Larre, Cooper, Piñera, Romero, Jarpa, Siebert, Ríos, Lagos, Pérez, Otero y Diez "1) Sustituyese el inciso segundo del artículo 25 por el siguiente:"El Presidente de la República ejercerá su mandato por cuatro años, y podrá ser reelegido para el período siguiente. No podrá ser elegido nuevamente hasta después de transcurrido un período presidencial.".

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, no es un secreto que desde el comienzo fui partidario de un mandato presidencial prolongado, pese a las objeciones que se hacían en el sentido de que el próximo Jefe del Estado pudiera hacer un mal gobierno. Sin embargo, me parece que la fórmula propuesta en esta indicación renovada compatibiliza perfectamente lo uno con lo otro. Es decir, si el Primer Mandatario hace una buena administración, el pueblo tendrá derecho a reelegirlo por un nuevo período; pero si gobierna mal -no creo que esto ocurra en el caso del próximo Presidente , dada la alta probabilidad de que pertenezca a las filas de la Democracia Cristiana-, podrá impedir que siga en el poder, negándole sus votos.

El doble objetivo señalado se cumplirá, entonces, si el Presidente de la República realiza bien su labor y la ciudadanía procede a reelegirlo.

No tengo temor alguno de que el pueblo de Chile, que es digno y tiene gran madurez cívica, pueda ser manipulado por un Mandatario ineficiente que intente postularse por un nuevo período.

Existen muchos ejemplos para confirmar lo que sostengo. De hecho, en los últimos años ningún Jefe del Estado tuvo un sucesor de su mismo partido. Estoy haciendo alusión a las gestiones de los señores Alessandri, Frei, etcétera, excluyendo, sí, a los Presidentes radicales, por las razones que todos conocemos y, además, porque lo hicieron bien.

El señor PIÑERA .-

¡Se morían!

El señor DÍAZ .-

Repito con fuerza: ¡un muy buen gobierno hicieron don Pedro Aguirre Cerda, don Juan Antonio Ríos, don Gabriel González Videla ...! ¡Ésa es mi opinión! Y, a lo expresado por el Senador señor González en el sentido de que los Gobiernos quinquenales fueron nefastos, puedo agregar que tal vez fue así porque los Presidentes no eran radicales.

Volviendo al tema en discusión, debemos considerar que si el período duraba 4 años, sin reelección, el Mandatario que cumpliera mal su cometido debía irse. Y el que lo hiciera bien, también tenía que dejar el cargo de todas maneras, lo cual me parece injusto. Por eso, nos inclinamos por la alternativa contenida en la indicación en debate, ya que, dada la conciencia ciudadana y madurez cívicas de los chilenos, creo que no se dejarán manipular por un Presidente que a la vez sea candidato.

En seguida, quiero referirme al tema de los precedentes, porque aquí los precedentes se usan para esto y para lo otro.

Se dice que en Chile no hay precedentes de un Gobierno por 8 años. ¡Indudablemente, no los hay! Y tampoco había de uno por 4 años, salvo el del Presidente señor Aylwin , que ha sido un Régimen de transición.

Pienso que los precedentes deben emplearse siempre con el mismo sentido; no a nuestro amaño, según convengan o no convengan a los argumentos que esgrimimos.

A mi modo de ver, la fórmula de 4 años con reelección, cumple un objetivo adicional: el de la simultaneidad -los Senadores señores Ruiz-Esquide , Hormazábal y el que habla, lo planteamos hace mucho tiempo- de las elecciones de Presidente de la República y de Parlamentarios.

Porque la propuesta contenida en la indicación reúne los elementos de simultaneidad de los comicios presidencial y parlamentarios; porque la reelección se justifica en caso de que el gobernante haya ejercido bien sus funciones y, además, porque nuestro pueblo no se deja manipular, voto que sí.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, cuando se inició la discusión general de esta materia, planteé la defensa de un período presidencial de 6 años; cité la opinión de los ex Jefes del Estado señores Jorge Alessandri Rodríguez y Gabriel González Videla, y formulé la indicación correspondiente en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, como consta en el primer informe que se sometió a consideración de la Sala.

Hoy votaré favorablemente por el período de 4 años con reelección, propuesto en la indicación renovada, acatando lo resuelto por un grupo de Senadores de Renovación Nacional -que no dice relación a conceptos valóricos ni a principios, sino a puntos de vista de eficacia política-, que para mí tiene el peso de la autoridad de mis compañeros de bancada.

Por esta razón, voto que sí.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, al emitir mi voto, en primer término, quiero hacer presente que, a mi juicio, la reforma propuesta es absolutamente inoportuna en el tiempo, porque hoy ya los candidatos están inscritos y la campaña presidencial comenzó. Considero que un cambio en las reglas del juego en este momento es absolutamente inapropiado.

En segundo lugar, se ha sostenido reiteradamente la conveniencia de la simultaneidad de las elecciones parlamentarias y de Presidente de la República. ¡Espero en Dios que esto no signifique un error histórico! Lo cierto es que nada aconseja, ni hace provechoso, que ambos comicios sean coincidentes. Y la verdad es que distintos procesos históricos pueden llevar a que en Chile se elija un Primer Mandatario y un Parlamento afín a él, en términos tales que ello permita introducir cambios de gran violencia, lo que nunca es beneficioso para un país.

Por último, considero que la vorágine de elecciones a las cuales nos veremos enfrentados, con un Presidente que, al poder ser reelegido pasará en campaña, es altamente inadecuada dentro de la idiosincrasia chilena.

A mi criterio, un mandato de 4 años con reelección es la peor de las soluciones.

Voto que no.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, quiero fundar mi voto y hacer una precisión, muy breve, respecto de lo que expresé anteriormente acerca de los gobiernos de quinquenios que hubo en Chile.

Indudablemente, no hice un juicio de valor con relación a aquéllos; pero todos los historiadores reconocen que los procedimientos para reelegir a quienes los presidieron estaban total y absolutamente reñidos con la democracia. A eso me referí. No dije que dichas Administraciones hayan sido malas. Por ejemplo, el Gobierno del Presidente señor Joaquín Prieto fue excelente; en él se produjo el ordenamiento y construcción del Estado. ¡Y tan idóneo fue el trabajo que hizo el Ministro Diego Portales que -como suele ocurrir históricamente- fue asesinado en forma vil, precisamente por eso: porque estaba actuando en términos de lo que era conveniente para el país. Algo parecido aconteció en Estados Unidos con Abraham Lincoln y con otros Presidentes que no es del caso mencionar ahora.

Respecto de una apreciación formulada por un señor Senador -que no cabe calificar sino como frívola-, en orden a que los Presidentes radicales se sucedieron porque se morían, agradezco las palabras del Honorable señor Díaz tendientes a reivindicar la memoria de los Mandatarios de mi Partido, quienes, sin lugar a dudas -comparto tal opinión-, cumplieron óptimamente sus tareas gubernativas: don Pedro Aguirre Cerda fue un hombre de extraordinario talento y uno de los Jefes del Estado más brillante con que hemos contado. Tuvo la visión de adelantarse a su época en los aspectos agrícola, industrial y educacional, escribiendo también sobre los mismos, y en un Gobierno de 3 años concretó realizaciones que no tienen precedentes en nuestra historia.

Tocante a la indicación que estamos votando, creo que no es bueno para el país que la ciudadanía esté preocupada de la reelección de un Presidente tras 4 años de mandato. Después de largo tiempo de reflexión, he concluido que sería bueno aprobar un período de 6 años sin reelección -como señalé anteriormente-, o, por último, de 4 años, también sin reelección.

Sin embargo, quienes participamos en política tenemos que ser consecuentes con los compromisos que adquirimos respecto de las organizaciones de que formamos parte. Hoy estamos enfrentados a decidir entre un mandato de 8 años, sin reelección, o uno de 4 años, con eventual reelección.

Creo que, en la era moderna, un período de 8 años es exagerado y carece de precedentes en el Derecho Constitucional comparado. En consecuencia, adhiriendo al acuerdo y, sobre todo, al espíritu con que la Concertación lo acogió, aprobaré un mandato de 4 años con reelección, dejando expresa constancia de que, ojalá, en el futuro, o en la Comisión Mixta que eventualmente se forme, pueda solucionarse este problema y establecerse otra modalidad, que no signifique la reelección inmediata del Presidente de la República , porque, en mi concepto, implicaría sentar un precedente funesto.

A fin de salir de la situación en que estamos entrampados, voto que sí.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, no son pocas las materias que involucra esta votación, ni pocos los debates desarrollados sobre el tema. Se han buscado distintas fórmulas para arribar a un acuerdo, tanto entre los Senadores de la Concertación como entre los de la Oposición y, más específicamente, entre los Senadores de Renovación Nacional.

No es un asunto sencillo. Creo que invocar la oportunidad en que estamos debatiendo la reforma no hace otra cosa que marcar un aspecto formal que, al tenor de la trascendencia del punto, pierde significación.

En esta materia se barajaron distintos elementos que, ciertamente, no pueden estar ajenos a los cálculos políticos. Por ejemplo, ¿qué cantidad de años conviene más para que la Concertación siga gobernando y se mantenga unida, o para que la Oposición tenga alguna posibilidad de mejorar su situación actual y ser algún día alternativa de poder? Son temas muy legítimos y forman parte de la política nacional. Vale decir, cada partido hace sus vaticinios sobre el particular. Sin embargo, siendo muy respetables esos pronósticos, en mi concepto no son los más justos, los más adecuados o los más trascendentes, porque primero hay que pensar en cuántos años de gobierno son convenientes para un país. Sin duda, muchos de los debates que hemos tenido y los análisis que hemos hecho apuntan en esa dirección. Estimo bueno para Chile establecer un período presidencial de cuatro años. Pero creo que éste debería ser el último mandato con esa característica, porque, de acuerdo a nuestra tradición e historia, parece conveniente, desde todo punto de vista, que un Presidente dure seis años en el cargo. Y considero que habría sido útil haber arribado a un acuerdo para que el mandato que se inicia el 11 de marzo de 1994 fuese de cuatro años -y ojalá, el último-, y para que en el próximo gobierno se hiciera una reforma que estableciera un plazo definitivo, que podría haber sido de seis o cinco años. Pero creo que ello no es posible.

También se plantea el tema relativo a si los períodos presidenciales deben ser con reelección o sin ella. Creo que éste es un punto clave para el país, porque establecer un mandato de cuatro años -es uno de los más breves que hay en el mundo (no conozco ninguna nación que tenga otro más corto)- con posibilidad de reelección, cuando aún no cumplimos cuatro años de recuperación democrática después de diecisiete de anormalidad política, me parece extraordinariamente grave, toda vez que se producirán situaciones que en definitiva podrán volcarse en contra de algunos que hoy día están haciendo el planteamiento y, legítimamente, pensando en sus posibilidades políticas, tanto a nivel de coaliciones como a nivel de partidos. Por eso, pienso que el mandato de cuatro años con reelección es el peor mecanismo que se puede establecer en el país.

No quiero contribuir a que en Chile se viva una situación terriblemente grave, en donde el acento se ponga en la búsqueda para satisfacer más bien nuestras legítimas aspiraciones políticas que la estabilidad democrática, que es la tarea que debe llevar a cabo el país si quiere progresar, crecer y desarrollarse. De manera que soy contrario al sistema de la reelección.

Señor Presidente, como también deseo contribuir a los acuerdos que se han logrado en la materia y no oponerme a la decisión de Honorables colegas con los cuales comparto posiciones y planteamientos en el Senado, anuncio mi voto de abstención.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente, debemos ser extraordinariamente responsables con las decisiones que tomemos en esta oportunidad. Aquí lo fundamental es que se ha logrado la reducción del mandato presidencial de ocho años, y creo que ello es un éxito del Parlamento. Me alegro mucho de que quienes apoyaron al Régimen anterior -y, en consecuencia, la Constitución del General Pinochet- hayan concordado con nosotros en la idea de acortar ese período. Porque, como lo dije en la intervención anterior, en mi opinión, se tuvo una concepción profundamente autoritaria respecto del Estado y la sociedad al establecer que un Presidente de la República necesariamente debía gobernar por ocho años.

Cabe señalar que si me pronunciara en contra de lo que estamos votando ahora, podría abrir paso a que se mantuviera aquel período. Y, obviamente, en ese sentido, estaría cometiendo una inconsecuencia con lo que, a mi juicio, ha sido importante: lograr la reducción del período presidencial de ocho años. Porque los intríngulis de la Constitución harían que, en definitiva, tuviésemos que aceptar dicho mandato. Y eso sería malo para el país, ya que el Congreso, en general, se ha pronunciado en contra de los ochos años. Son muy pocos los Honorables Parlamentarios que han argumentado a su favor. En consecuencia, no quiero contribuir con mi voto a que, eventualmente, se pueda llegar a la situación que acabo de plantear.

Señor Presidente , con respecto a la reelección, en varias oportunidades he señalado que no me gusta esa idea, no solamente porque no tenemos tradición al respecto, sino porque, francamente, me parecería lamentable para el país que hubiera un Presidente en campaña el último año de su mandato y que se hicieran ofertas demagógicas o populistas. Y esto no lo digo por ningún caso en particular, porque tengo una muy buena opinión de los Honorables colegas que son candidatos a la Presidencia de la República , los Senadores señores Frei y Alessandri . Creo que si uno de ellos es elegido, obviamente no caerá en ese defecto institucional, lo que sería lamentable.

Pienso que las modificaciones a la Constitución deben hacerse por un largo período, y como sé que existe la posibilidad de seguir discutiendo el asunto en las Comisiones Mixtas, espero que los Parlamentarios de Renovación Nacional efectivamente reflexionen más sobre el tema de la reelección. Y podemos darnos el tiempo suficiente para ello: las próximas horas o los días siguientes. Porque cualquiera que sea la persona que salga elegida como Presidente o la coalición política que apoye al futuro Gobierno, se presenta un problema sustantivo, cual es que no hay coaliciones que puedan mantenerse estables y, en consecuencia, dar respaldo sólido a un Mandatario, cuando éste potencialmente va a ser reelegido. Y sea que se trate de la Concertación hoy día, o del pacto de la Oposición mañana, siempre habrá problemas. Pero tenemos la posibilidad cierta de que en los próximos días podemos superar la situación.

Por lo expuesto y porque tenemos tiempo para reflexionar sobre el tema de la reelección, de todas maneras voto que sí.

El señor ORTIZ .-

Señor Presidente, sin lugar a dudas, el debate en que nos encontramos enfrascados no debió haberse producido en esta fecha, vale decir, con candidatos inscritos -la gente sabe quiénes son los que postulan a la Primera Magistratura- y sin que se sepa, por primera vez en la historia del país, por cuánto tiempo durará en el cargo el Presidente de la República . Es obvio que esto debió analizarse en forma más tranquila, en una fecha distinta, porque estamos a menos de 60 días de las elecciones.

Sin embargo, frente a esa situación, y habiendo temas mucho más trascendentes y relevantes, como los referentes a salud, educación, vivienda, etcétera, el Gobierno nos ha traído esta reforma constitucional, obligándonos a preocuparnos de ella sin siquiera analizarla como un solo todo. Es más, en la reforma no se considera la situación relativa a los ex Presidentes de la República en su calidad de Senadores vitalicios.

Por lo anterior, los Senadores de Renovación Nacional planteamos y propusimos la alternativa de un mandato de cuatro años con reelección. Y voto por esa fórmula.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, deseo dejar muy en claro que la opinión mayoritaria de nuestra bancada ha sido que el período de ocho años resulta inconveniente. Se han presentado otras alternativas en la materia, y públicamente he sido partidario de algunas de ellas; pero no se las pudo materializar, por consideraciones ajenas al tema de la duración del período presidencial. Es así como en este momento debemos votar y aprobar un mandato de cuatro años con reelección. En caso contrario, simplemente no habrá reforma.

Quiero dejar también muy en claro en esta Sala que el Ministro señor Boeninger manifestó en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento que el Gobierno dejaba entregado esto a la decisión del Senado y de la Cámara de Diputados, quienes, en definitiva, tendrán que determinar el texto de la reforma.

En ese entendido, y conforme a dicha afirmación, la cual me ha sido ratificada por el Ministro señor Correa, a quien le consulté esta materia antes de hacer uso de la palabra, anuncio que voto favorablemente la idea de un mandato de cuatro años con reelección.

Gracias, señor Presidente.

El señor RÍOS.-

Sin lugar a dudas, en la materia que estamos analizando surgen dos elementos que, desde mi punto de vista, deben quedar claramente planteados para los efectos de la historia de esta reforma constitucional. En primer lugar, está el señalado por la Honorable señora Feliú y reiterado también por otros señores Senadores, en el sentido de que si se aprueba un período de cuatro años con reelección, es indudable que la labor del Presidente de la República será tremendamente distinta de lo que nos podemos imaginar, porque él se puede transformar, de hecho, en un candidato permanente desde el momento mismo en que asuma las funciones superiores del país. Sin embargo, creo que se han ido produciendo ciertas situaciones que demuestran que en el mundo político, donde no mostrábamos mucha maduración, hoy sí la tengamos como pueblo y como país institucionalmente bien ordenado, con sus poderes adecuados, trabajando activamente y, en general, con un grado de armonización apropiado para el desarrollo de Chile.

Ahora bien, el hecho de que ahora muchos de los candidatos al Parlamento y a la Presidencia de la República manifiesten que existe cierta apatía en el país en comparación con lo que eran las campañas electorales pasadas, donde participaban multitudes y había también algún grado de odiosidad en los planteamientos, que eran bastante claros y definidos, indica, desde mi punto de vista, que en Chile las alternativas de progreso están siendo bien proyectadas y que ello se ha hecho adecuadamente. Por tal motivo, no se requiere que transite gran cantidad de gente por las calles ni que se pronuncien discursos rencorosos para establecer caminos que contribuyan a un desarrollo efectivo de la nación. Entonces, la alternativa de que el Presidente de la República pueda asumir sus funciones por un período de cuatro años y avanzar eventualmente a una reelección, considerando los aspectos positivos de la maduración que ha tenido el país, abre paso, evidentemente, a una nueva forma de administración superior del Estado, que ha sido exitosa en otras naciones más desarrolladas, en donde existe una mayor cultura cívica y hay menos odiosidades. Esto, sin lugar a dudas, es muy atrayente e importante. Porque del planteamiento del Senador señor Romero surge la idea de que deberá asumirse la responsabilidad de un país maduro, y si el Presidente de la República no lo es, evidentemente que será castigado.

En segundo término, cabe destacar lo tantas veces mencionado, en el sentido de que los ex Presidentes de la República deben permanecer a lo menos por un período en el Senado de la República, toda vez que el país no puede marginarse de su experiencia, su capacidad y conocimientos.

Entiendo que esos son los aspectos que el Honorable señor Romero recoge en su proposición en términos admirables y positivos. Creo que estamos frente a una alternativa atractiva para Chile y que constituye una muy buena solución.

Por lo expuesto, voto favorablemente.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, cuando esta Sala definió la idea de legislar en términos positivos, tuvimos la oportunidad de fundar nuestras proposiciones, las cuales, lamentablemente, no fueron recogidas en su contenido, sino más bien en su forma, en cuanto al procedimiento que se estaba adoptando, lo que no ha proporcionado a la opinión pública una noción clara acerca de cuál es nuestro pensamiento.

Lamento que sea así, porque tengo gran confianza en los medios de comunicación y en la madurez del pueblo chileno frente al planteamiento de una iniciativa que exhibe como base una importante contribución al debate público.

Éste es un tema trascendente, no cabe duda. Y es también eminentemente opinable. Por eso, no es bueno ser terminante en los juicios -favorables o adversos- sobre lo que ocurrirá si una determinada fórmula fracasa o resulta positiva.

De lo que se trata es de interpretar a la opinión pública, que mayoritariamente considera que un período presidencial de ocho años no es conveniente para el país. Eso es lo primero que hoy estamos ratificando.

Lo segundo es confiar en el pueblo: en su madurez, en que cada vez está siendo mejor informado y en que, por tanto, cada vez reflexiona más profundamente acerca de las decisiones que debe tomar.

Señor Presidente, yo confío plenamente en la reflexión y en la madurez del pueblo chileno, y creo que la proposición que se está votando se basa justamente en esa premisa. Asimismo, confío en que los medios de comunicación tendrían la suficiente altura de miras para convertirse en fiscalizadores en el caso de una eventual intervención que efectuara un gobierno en el último año de su mandato. Yo ni siquiera deseo imaginarme esa situación. Estoy seguro de que concitaría el rechazo categórico de los electores, que no aceptan ser manipulados hoy, en vísperas del siglo XXI, con maniobras de esa naturaleza.

Por otra parte, considero que dotar de mayores facultades fiscalizadoras al Congreso Nacional también resulta esencial si queremos obtener el equilibrio indispensable entre los Poderes del Estado.

Si un gobernante ha actuado bien durante su mandato, es perfectamente legítimo que aspire a su reelección, tal como ocurre en otros países. Lo terrible sería que un Presidente fuera elegido por ocho años y resultara un mal gobernante. En ese caso, el país tendría que soportar una situación irreversible, sin ningún atisbo de solución.

Por las razones expuestas, señor Presidente, voto a favor de la indicación.

El señor SULE.-

Señor Presidente, hace algunos días, en un seminario realizado en Santiago, comentábamos con el ex Presidente Borja la gran coincidencia existente en el mundo en cuanto a que la democracia no es sólo representativa, sino también participativa. Y cuando así se lo señalamos, el doctor, profesor y ex Presidente Borja opinó que la expresión "participativa" constituía un pleonasmo. Evidentemente, lo sería si la duración del período presidencial fuera aceptable. Pero ocho años limita gravemente a un ciudadano sus posibilidades de participar en el control y calificación del primero entre sus iguales, que es el Presidente de la República .

De ahí que la mayoría de mi Partido y yo, personalmente, hayamos sido en principio contrarios a la idea de establecer en Chile un mandato presidencial de ocho años. Éramos partidarios -y lo seguimos siendo, técnicamente- de un período de seis años. Sin embargo, numerosos Senadores, especialmente compañeros míos de la Concertación, nos manifestaron que si bien para ellos resultaba esencial reducir el mandato y aceptaban que fuera de seis años, no podía desconocerse el problema referente a la simultaneidad con la elección de Parlamentarios, que busca fortalecer el gobierno del primero entre sus iguales, que es el Primer Mandatario.

En aquel momento, nosotros sostuvimos -y lo sostenemos aún hoy- que si para lograr establecer un período presidencial de seis años era necesario reducir también a seis años el mandato de los Senadores, el Partido Radical y el Comité Radical-Socialdemócrata estaban en condiciones de aceptar esa alternativa. Esta tarde también estamos dispuestos a aceptarla. No obstante, no nos quedaba otra opción que aprobar la indicación del Ejecutivo, que propugnaba un período presidencial de cuatro años sin reelección. Hoy, desgraciadamente, vemos que es imposible alcanzar el consenso y la mayoría constitucional requerida para seguir ese camino.

Por lo anterior, votaré favorablemente por un mandato de cuatro años con reelección; pero, en favor de los fueros del Congreso y de la calidad moral y cívica de nuestros compañeros Senadores y Diputados, voy a señalar dos cosas antes de terminar.

En primer lugar, se ha dicho insistentemente que cuando a un Parlamentario le resta poco tiempo para completar el período para el cual fue elegido no tiene derecho ni autoridad para resolver problemas de gran magnitud. Quiero señalar que un Senador o un Diputado tiene la misma fuerza para desarrollar su actividad desde el momento en que asume el cargo hasta el último día de su mandato. En ese lapso puede votar sobre cualquier ley, que es una expresión de la voluntad soberana.

En segundo término, precisamente por ser la ley una expresión de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite, no hay épocas para aprobar leyes. Ello es lícito durante todo el mandato parlamentario.

En consecuencia, apruebo la indicación.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, voy a votar negativamente, por las razones que expondré en forma muy breve.

En primer lugar, como ya lo he planteado, esta reforma no va a surtir efecto sino una vez efectuada la elección presidencial que se realizará el próximo 11 de diciembre. Por tanto, el Presidente elegido directamente por el pueblo se encontrará con que se halla pendiente una decisión acerca de la duración de su mandato, supeditada ésta a lo que se resuelva en trámites posteriores a los comicios. Esto implica contradecir la voluntad directa del pueblo soberano por acción de autoridades derivadas de la determinación del mismo pueblo soberano.

En segundo término, pienso que el Presidente de la República debería vetar un proyecto de reforma que se oponga tan específicamente a lo que planteó en su mensaje. En efecto, en la página 8 de dicho documento el Ejecutivo da explícitas razones para rechazar el restablecimiento en Chile del mecanismo de reelección presidencial. De tal manera que el Primer Mandatario se encontrará con un Presidente electo directamente por el pueblo por ocho años y con una reforma que tendrá que vetar o aprobar. Va a estar sujeto a una contradicción dramática. ¡Ésa sí que es contradicción vital...! Aprobar lo que expresamente rechazó en el mensaje que puso en marcha la reforma, o vetar el proyecto, oponiéndose a la decisión del Congreso Pleno, lo cual, a mi juicio, sería sumamente delicado y complejo. Incluso, es posible que tanta demora en la tramitación conduzca a que la decisión final sobre el asunto debe tomarla el Presidente electo y no el Presidente en ejercicio.

Por todo lo anterior, voto que no.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, sólo quiero referirme a la inoportunidad de la reforma. La estimo inoportuna, no porque los Senadores y Diputados no poseamos facultades para resolver sobre la materia de acuerdo con la Constitución, sino porque para el país resulta inoportuno que se lleven a cabo cambios de esta naturaleza en pleno proceso electoral, sin que exista ninguna razón que justifique una premura de última hora para sacar adelante un proyecto que "durmió" varios meses en la Cámara de Diputados.

Creo que con este proyecto estamos introduciendo un factor de incertidumbre y sentando un mal precedente, el cual quedará de manifiesto cuando aquí en definitiva se apruebe, no lo que los Senadores estimen más conveniente, sino lo que resulte de acuerdos o convenios para poder alcanzar el quórum respectivo.

No parece que aquél sea el camino más adecuado para tomar una decisión de tanta trascendencia. Si la idea era introducir modificaciones a la Constitución, lo natural habría sido que se presentara un conjunto de reformas con el fin de lograr un todo armónico.

No hay, por lo demás, ninguna urgencia especial, porque si los candidatos a la Presidencia de la República tienen determinado criterio, que han expresado, esta reforma podría materializarse con posterioridad, cuando no exista la presión de un proceso electoral.

Sin pronunciarme concretamente sobre un mandato de cuatro años con reelección, estimo que esta fórmula, tal como indicó el señor Senador que me precedió en el uso de la palabra, contradice expresamente el mensaje. No sabemos qué actitud adoptará el Primer Mandatario: si acoger la opinión mayoritaria del Parlamento, obtenida en virtud de una transacción, o mantener su propio pensamiento.

Por considerar inconveniente pronunciarse sobre el punto, me abstengo, señor Presidente.

El señor VODANOVIC.-

Señor Presidente, alguien muy importante -no recuerdo quién- dijo que no existían temas agotados por los hombres, sino hombres agotados por los temas. Como este asunto ya nos agobia, voy a tratar de introducir una mirada refrescante sobre él.

La primera gran conclusión que surge de este lato debate es que hemos consagrado mayoritariamente la dictadura de una Cámara sobre la otra, y dentro de la primera, la dictadura de la minoría, lo que es absolutamente contradictorio con toda nuestra historia constitucional.

Me explico: un informe de mayoría de nuestra Comisión de Constitución consagró la tesis, de la cual discrepo frontalmente, de que el rechazo de un proyecto de reforma en la Cámara revisora lo hace fenecer en el acto, sin originar la posibilidad de una Comisión Mixta. Ello significa que bastan exactamente 19 señores Senadores para dictaminar cuándo, cómo y en qué forma se puede modificar la Carta Fundamental.

Escuchémoslo bien: 19 Senadores prevalecen sobre una mayoría de 27 y, naturalmente, sobre toda la Cámara de Diputados si ésta aprobara por unanimidad, por ejemplo, un proyecto de reforma constitucional. Ello me obliga a concluir que sería oportuno meditar sobre cómo resolver el conflicto originado por esta interpretación de mayoría en la Comisión del Senado.

En segundo lugar, ha quedado demostrado que todos los argumentos vertidos de manera tan profusa sobre la inoportunidad de la reforma se ven contradichos precisamente al aprobarla en este acto, y hoy. De tal suerte que tan inoportuna no era, salvo que pensáramos en un acto de masoquismo colectivo.

En tercer término, también ha resultado patente cómo en este tema ha habido sucesivos y permanentes cambios de opiniones, demostrándose que la intangibilidad de la Constitución Política, de la que tanto se ha hecho gala, no condice con los hechos.

En seguida, creo que podríamos llamar a esta iniciativa, o a lo que estaríamos aprobando, "la reforma del descarte". Se dio vuelta la carta de los ocho, la de los seis y la de los cuatro años. Ahora nos va quedando una que no figura en el naipe; la de los cuatro más cuatro. Esto significa que aquello en lo cual nadie había pensado, que jamás fue planteado, podría ser finalmente aprobado por la Corporación.

Por otra parte, quiero dejar establecido que, de existir ahora el quórum necesario, estaríamos aprobando la reforma en el segundo trámite constitucional, restando aún el tercer trámite, y eventualmente, la Comisión Mixta. Esto, al tenor del informe que el Senado acogió mayoritariamente en su oportunidad -el mismo que impugné en otro acápite-, el cual consignó que cuando se modifica el contenido de una reforma en la Cámara revisora hay tercer trámite, y de requerirse, Comisión Mixta. De modo que el proyecto no concluye aquí su tramitación, la que debe proseguir en la Cámara de Diputados.

Por último, señor Presidente , aun cuando no estoy de acuerdo con la indicación que estamos votando, y sí con la proposición del Gobierno y con lo que la Concertación siempre ha sostenido, vale decir, un período de cuatro años, sin reelección me pronunciaré afirmativamente, ya que esto permitirá que continúe la tramitación de la iniciativa de reforma constitucional.

Voto que sí.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, sólo quiero dejar constancia de mi posición, reiterada en muchas oportunidades. En el pequeño espacio de discusión que tuvimos en el famoso plebiscito de 1980, por ejemplo, cuando se dio por aprobada esta Constitución Política -en ese momento el Senador que habla era Presidente del Partido Demócrata Cristiano-, así como en cada ocasión en que pudimos formular observaciones, uno de los puntos que criticamos fue la extensión del período presidencial, de ocho años. Durante el plebiscito de 1988, nuevamente este tema fue uno de los que se objetaron, respecto de la Carta de 1980. Y en las elecciones de 1989, y después de ellas, dentro de las materias propuestas por la Concertación se incluyó la relativa a buscar la reducción del mandato del Presidente de la República, estimado excesivamente largo e inconveniente para un buen funcionamiento del sistema democrático.

No se trata, entonces, de una cuestión que hoy se esté discutiendo inoportuna o inesperadamente, sino que se ha estado planteando desde hace más de tres años. Por lo tanto, no debe llamar la atención que nos aboquemos a resolverla en este momento. Además, si ello es bueno para la democracia, es preferible hacerlo ahora, aun cuando estemos en período electoral, y no después.

Soy partidario del proyecto del Ejecutivo. Creo que es el mejor. No se ha presentado una fórmula de reemplazo distinta para cumplir los dos objetivos más importantes: una duración razonable del mandato presidencial y la coincidencia de las elecciones de Primer Mandatario y parlamentarias. En el período de ocho años podría haber sucedido que en la mitad de dicho lapso se celebraran elecciones del Parlamento que resultasen absolutamente contrarias al Presidente electo, y habría tenido que esperarse cuatro años más para que se produjese un cambio.

No quiero leer lo expresado por el Presidente don Jorge Alessandri en relación con el período de seis años, con elecciones al comienzo, o en el medio, o al final. Realmente, todos los Presidentes se quejaron de que ello les significaba no tener, muchas veces, ningún apoyo parlamentario para ejercer el Poder.

Estimo que el sistema de la reelección no es bueno, pero sí mejor que un mandato de ocho años. Al menos, nos aproxima en la búsqueda de una solución. Y coincido plenamente con el Senador señor Núñez en el sentido de votar a favor esta reforma de cuatro años, con posibilidad de reelección, esperando que el Parlamento y el Gobierno, en los próximos trámites que pueda tener la iniciativa, encuentren la fórmula para restablecer la proposición original del Ejecutivo , es decir, de cuatro años, sin reelección, por creerlo el más adecuado para el funcionamiento democrático del país en el próximo tiempo.

Por estas razones, voto que sí.

El señor GAZMURI .-

Señor Presidente, no es extraño que este debate haya sido tan agobiador -como dijo el Senador señor Vodanovic -, lo que a mi juicio se vincula, básicamente, con el origen de la Carta que nos rige. En efecto, el Constituyente no contempló la diversidad política del país, y en las circunstancias excepcionales en que ella se aprobó no hubo oportunidad para que muchas cuestiones sustantivas del ordenamiento político fueran discutidas y acordadas en forma amplia.

Por lo tanto, al fundamentar mi voto, expreso mi discrepancia, en primer lugar, de las opiniones vertidas en cuanto a que una suerte de liviandad -sea de los dirigentes políticos, sea de los Parlamentarios- es la causa principal de que todavía no adoptemos un acuerdo respecto de una materia sin duda fundamental en el ordenamiento político nacional, como es la duración del mandato presidencial.

Es una discusión oportuna, pero difícil, porque se trata de tomar una resolución acerca de asuntos que nunca fueron objeto de una concordancia, sino, de una u otra manera, impuestos en la Constitución de 1980.

En segundo lugar, hago presente que votaré favorablemente esta indicación, aunque no la comparto. Y esta aparente paradoja se explica sólo por el ánimo -que también inspira a otros señores Senadores- de permitir que esta reforma constitucional siga su trámite legislativo, hasta que podamos llegar a un acuerdo que resuelva de la mejor manera tanto lo relativo a la duración del mandato presidencial como el tema de la eventual reelección.

Reservándome la opinión final, tocante a mi pronunciamiento, para los últimos trámites del proyecto, me parece que la reelección es altamente inconveniente, por las múltiples razones aquí formuladas.

Voto que sí.

El señor CANTUARIAS.-

Señor Presidente, estamos votando una indicación que nos pone en una dimensión absolutamente distinta de la que ha sido y es la concepción de nuestra Carta Fundamental.

La figura de la reelección presidencial, por las razones aquí señaladas y que debemos recordar, aleja la posibilidad de la formación de gobiernos realmente suprapartidarios, que conciten la colaboración y el respaldo de sectores políticos y ciudadanos amplios y diversos. Desde luego, es un sistema que no ayuda a que las decisiones políticas se tomen con prescindencia de las campañas electorales, porque coloca al Presidente de la República precisamente en una situación de campaña. Y, aparte permitir, eventualmente, la instrumentalización del Poder del Estado, al ponerlo al servicio del objetivo anterior, no favorece -como se ha señalado y como lo advirtió el Ejecutivo en su mensaje- la renovación tan necesaria de dirigentes.

A ello se agrega el hecho de que nuestro ordenamiento institucional consagra un régimen fuertemente presidencial, hasta el punto que motivó que un altísimo dirigente político de nuestro país lo calificara de "cesarismo presidencial". Llama la atención que no se haya presentado ninguna iniciativa que permitiera corregir ese "cesarismo", para disminuir las facultades del Primer Mandatario.

Resulta igualmente extraño que respecto de una materia que aparentemente formaba parte del Programa de Gobierno de la Concertación, como era la reducción del período presidencial, haya tenido que esperarse prácticamente hasta el término del cuarto año de esta Administración para que fuera planteada. Y ello, cuando se vive un proceso electoral en el que los candidatos están inscritos y recorriendo el país.

Pero, además, esto nos pone en la dinámica -como se ha dicho con mucha franqueza- de un tercer trámite constitucional y, eventualmente, de las observaciones presidenciales, comúnmente denominadas "vetos", para conocer cuál será el destino final de esta reforma.

Por otra parte, y en relación con negociaciones que no califico, porque en política ellas siempre son legítimas, deseo hacer presente que la bondad de un proyecto de reforma constitucional sobre la extensión del mandato presidencial no depende de si se aprueba o se rechaza el aumento de las facultades de fiscalización o las atribuciones del Congreso Nacional. Una materia como la que nos ocupa, que aquí acertadamente ha sido definida como "de Estado", no puede estar sujeta a ese tipo de controversia, ni ser calificada positiva o negativamente en función de esas negociaciones, las que, aun cuando son legítimas, nos alejan de la perspectiva que amerita la naturaleza del asunto, conforme a la cual hemos querido enfrentarlo.

Quiero advertir a los señores Senadores que han patrocinado esta indicación, quienes hoy pueden sentirse satisfechos de que se apruebe y de haber efectuado negociaciones que les permitieron conseguir un buen acuerdo político, que, de acuerdo a lo escuchado en la Sala, es muy probable que persistirá la tesis de eliminar parte de los atributos que con la reelección se han incorporado a la reforma constitucional.

Presumiblemente, el 11 de diciembre nuestros compatriotas votarán por un Presidente de la República sin conocer la duración de su mandato, todavía confundidos por las negociaciones, las posturas y el sentido que el próximo período presidencial puede adquirir, y frente a un programa que no habrá podido hacerse cargo de estas materias. Y ya tenemos a los candidatos recorriendo el país y ofreciendo su programa a todos los chilenos como la solución a los problemas o como la fórmula que permitirá la satisfacción de las aspiraciones y anhelos pendientes.

Por estas consideraciones, señor Presidente, voto en contra de la indicación.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, cuando en este momento tengo el honor de votar, ya es claro que el Senado de la República ha dado su aprobación a la indicación presentada por los Honorables colegas de Renovación Nacional.

No cabe duda de que para nosotros habría sido extraordinariamente alentador y positivo que este resultado se hubiese dado en torno a la proposición original del Gobierno. Pero uno de los elementos básicos del debate en el Congreso Nacional radica en poner nuestras ideas sobre el tapete, argumentándolas con la pasión y la razón originadas por nuestras respectivas posiciones, y, después, tratar de buscar puntos de encuentro, a fin de que las normas que posteriormente entren en vigencia reflejen de la mejor manera posible el pensamiento de la sociedad chilena.

En todo caso, es claro que habría sido mucho mejor resolver este tema con anterioridad. De ese modo, los ciudadanos que participen en el próximo proceso electoral habrían tenido un elemento más nítido y transparente al respecto.

Sobre el particular, señor Presidente , pienso que no hemos aprendido de la experiencia de los antiguos legisladores. Tengo en mi poder la Versión Taquigráfica de la discusión que el Senado de la República efectuó en 1870 respecto, precisamente, de la necesidad de poner fin a la reelección de los Presidentes -rigió hasta ese año- para un nuevo período de cinco años. Al estudiarse la posición de los distintos sectores involucrados, cabe observar que los legisladores de esa época apreciaron que, al margen de la honestidad de quienes se encontraran en el Gobierno, resultaba mejor para el país que no hubiera reelección.

Con relación al momento en que se debate esa reforma, el entonces Senador señor Marín dice que, de ser aprobada, puede darse la situación de que los ciudadanos no estén enterados con la debida oportunidad de lo que se va a resolver. Ello, porque las elecciones estaban relativamente cercanas.

Por lo visto, no hemos logrado adelantar mucho respecto de lo que el legislador del siglo pasado hizo para responder a su tiempo.

A los democratacristianos nos habría gustado que todos los Senadores de nuestra bancada hubiesen participado colectivamente de las propuestas que nuestra Organización planteó y discutió, pero aquellos que no se encuentran en ese caso han ejercido su derecho. En efecto, su situación es la del ciudadano que se afilia libremente a un partido, que toma decisiones políticas y que responde cara a cara ante el país respecto de ellas.

Sí; nos habría gustado aprobar el proyecto del Ejecutivo y que todos hubiésemos participado de esa propuesta.

Con nuestros votos favorables a la indicación queremos expresar, sin embargo, nuestra confianza en que, con la contribución de la Cámara de Diputados en lo que resta del proceso, la experiencia de los legisladores chilenos permitirá finalmente dar a los ciudadanos la oportunidad de decidir libremente quién será el próximo Presidente de la República , sin que se pueda poner en tela de juicio su responsabilidad y honorabilidad.

Porque los democratacristianos, miembros de la Concertación, declaramos desde esta tribuna que la honorabilidad y grandeza con que Eduardo Frei Ruiz-Tagle presidirá Chile garantizan que las tentaciones del poder y del sectarismo estarán ausentes de su Administración. Nuestro candidato pertenece a esa generación de políticos que ha aprendido que resulta fundamental para la recta dirección del país un Presidente que, por sobre los intereses partidarios, mire los de la comunidad.

Nosotros, que con humildad esperamos lograr que la mayoría de nuestros compatriotas apoye el proyecto de la Concertación, decimos a los chilenos que la fórmula que en último término se resuelva llevará a la asunción de un Presidente digno, que cuenta con todo nuestro respaldo. Y la confianza que el pueblo le tiene garantiza, además, que se materializará la capacidad que requiere el seguir construyendo un país para todos.

Voto a favor.

El señor LAVANDERO .-

Señor Presidente, ¡cuánto tuvimos que trabajar para poder recuperar la democracia! Pero ésta no sólo significa la acción de un pueblo organizado, sino, también, un equilibrio entre los Poderes del Estado, que algunos hemos tratado infructuosamente de restablecer en este período.

Democracia significa, además, respeto por la norma y la costumbre o tradición histórica democráticas. El país vivió un largo y fructífero período de estas características, lo cual nos ubicó en un sitial muy alto dentro de América Latina y el mundo. Y fue la tradición de la Constitución de 1925 la que nos ayudó a construir ese respeto democrático.

Señor Presidente, el pueblo siempre ha aspirado a una Carta Fundamental que consagre un equilibrio de Poderes, tal como el que se logró en el pasado gracias, entre otros factores, al período presidencial en 6 años. Eso es lo que ha querido el pueblo, y estoy seguro de que es lo que desea ahora, con la vuelta de la democracia.

En consecuencia, habiendo ya cumplido con las instrucciones de mi Partido, en este momento puedo abstenerme, en conciencia, puesto que me opongo a los cuatro años con reelección. Aprobar un término semejante equivaldría a no respetarlas, a mi juicio, en la medida en que persiguen el propósito de reducir el período presidencial de ocho años. En la práctica, la reelección determina un mandato de esa duración, precisamente, que puede generar tensiones serias en el país. Y ello debe tenerse presente no sólo respecto de la Concertación, sino de cualquier Gobierno futuro.

Tampoco sabemos cómo se podría hacer la reelección, qué sistema se utilizaría. No me gustaría que se empleara, por ejemplo, el que puso en práctica el General Pinochet, quien fue candidato único, y sólo cuando salió segundo se dio paso a una elección competitiva. El punto me parece confuso.

Por eso, señor Presidente, el sentido de mi pronunciamiento es hacer posible el retorno, algún día, de nuestra tradición democrática de los seis años, con simultaneidad en las elecciones, para lo cual habrá que reducir a seis años el período de los Senadores y a tres el de los Diputados. Con ello respeto la petición del Partido a que pertenezco, en cuanto a la reducción del período y la simultaneidad de las elecciones presidencial y parlamentarias.

Me abstengo.

-Se aprueba la indicación renovada (29 votos contra 10 y 4 abstenciones).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Cooper, Díaz, Diez, Gazmuri, González, Hormazábal, Jarpa, Lagos, Larre, Núñez, Ortiz, Otero, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Pérez, Piñera, Ríos, Romero, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Siebert, Soto, Sule, Valdés, Vodanovic y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Feliú, Fernández, Frei (don Arturo), Huerta, Letelier, Martin, Mc-Intyre, Sinclair y Thayer.

Se abstuvieron la señora Frei y los señores Lavandero, Navarrete y Urenda.

El señor DIEZ .-

Señor Presidente, creo necesario aclarar el sentido de la indicación del Ejecutivo. Éste no es otro que establecer, en caso de vacancia, una elección presidencial extraordinaria, contrariamente a lo que señala la norma aprobada por la Comisión, que da al Congreso Pleno la facultad de elegir al Primer Mandatario , quien durará en el cargo hasta noventa días después de los comicios parlamentarios siguientes.

De acuerdo con lo propuesto por la Comisión, si la vacancia se produce faltando menos de ciento ochenta días para la próxima elección presidencial, debe asumir el cargo el Vicepresidente de la República , y si faltan ciento ochenta días o más, es el Congreso Pleno el encargado de elegir al Presidente . Y la siguiente elección presidencial, relativa a un período completo, habrá de realizarse conjuntamente con las parlamentarias correspondientes.

En consecuencia, solicito al Senado que rechace la indicación.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, en forma adicional, deseo reiterar un punto que tuve la oportunidad de plantear en la Comisión. Se trata del caso en que el Vicepresidente debe asumir cuando el Primer Mandatario es destituido de acuerdo con las normas constitucionales. No me parece lógico que pase a desempeñar estas funciones una persona que ha sido designada por un Presidente en esa situación.

Por tal motivo, si la indicación es rechazada, creo que debiéramos introducir una diferenciación en la norma, sobre la base de las causas por las cuales el Jefe del Estado deje de ejercer el cargo, y establecer que no puede asumir el Vicepresidente en el caso descrito.

Muchas gracias.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, deseo señalar a mis Honorables colegas que, para mantener la lógica de lo que aprobamos con relación al período presidencial, debemos acoger la modalidad que propone el Gobierno: que los chilenos sean consultados si la vacancia se produce faltando dos años o más para la próxima elección presidencial.

Ya fijamos el mandato en cuatro años. Lo que estamos señalando ahora es que, si el Primer Mandatario deja el cargo antes de cumplir siquiera la mitad del período, lo más pertinente es que la soberanía vuelva al pueblo para los efectos de elegir al sucesor. El hecho de que un Presidente elegido por el Congreso dure más de la mitad del mandato debilita la lógica y la armonía que hemos tratado de introducir con la propuesta de que sea el pueblo chileno el que tenga la capacidad de decidir en votación directa, en los términos establecidos en el artículo 26 de la Constitución.

Por consiguiente, hago un llamado a Sus Señorías a tener en cuenta que éste no es un problema del proyecto primitivo. Quizás la proposición de la Comisión tenía lógica cuando se consideraba un período de seis años. Pero ahora es otro el cuadro. De modo que invito a mis Honorables colegas a reflexionar sobre el particular y a aprobar la indicación del Ejecutivo, porque es la que guarda la debida armonía con lo que acabamos de sancionar en la votación anterior.

Por eso, voto que sí.

El señor URENDA.-

Señor Presidente, quiero fundar brevemente mi posición.

Lamento que esta materia se haya votado sin un mínimo debate previo, para tener claridad sobre lo que se está haciendo.

A mi juicio, aquí se ha venido a dilucidar la alternativa de si, producida la vacancia faltando más de dos años, elige el Congreso Pleno o hay una elección complementaria. Personalmente, me inclino por esta última modalidad.

Por ello, voto que sí.

-Se rechaza la indicación renovada N° 9, por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (20 votos por la afirmativa y 18 por la negativa).

Votaron por la afirmativa los señores Calderón, Díaz, Frei (don Arturo), Gazmuri, González, Hormazábal, Lavandero, Navarrete, Núñez, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Soto, Sule, Urenda, Valdés y Zaldívar.

Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Cooper, Diez, Fernández, Huerta, Jarpa, Lagos, Larre, Letelier, Martin, Ortiz, Otero, Pérez, Piñera, Romero, Siebert, Sinclair y Thayer.

El señor HORMAZÁBAL .-

Señor Presidente, comparto la afirmación del Senador señor Otero , en cuanto a que es imprescindible que haya una fórmula. Y ésta figura en el artículo 29 de la Carta, que establece la modalidad de elección para el evento de producirse la situación en comento. De modo que la preocupación del Honorable colega queda salvada.

Por lo tanto, repetiríamos la votación anterior. Y como no hay quórum, quedaría vigente la norma constitucional recién mencionada.

El señor PIÑERA.-

Señor Presidente, tal como se ha manifestado, de no aprobarse el planteamiento de la Comisión, regiría el inciso cuarto del artículo 29 de la Constitución, que dice: "Si la vacancia se produjere faltando dos años o más para la próxima elección general de parlamentarios, el Vicepresidente , dentro de los diez primeros días de su mandato, convocará a los ciudadanos a elección presidencial"... "El Presidente que resulte elegido" -agrega la norma- "asumirá su cargo el décimo día después de su proclamación y durará en él hasta noventa días después de la segunda elección general de parlamentarios que se verifique durante su mandato, la que se hará en conjunto con la nueva elección presidencial.".

En otras palabras, producida la vacancia, debería elegirse un nuevo Jefe de Estado . La primera elección parlamentaria sería al cabo de los cuatro años del Presidente que dejó el cargo. El sucesor no terminaría ahí su mandato, sino luego de la segunda elección general de parlamentarios verificada durante él, con lo cual, aparentemente, podría durar hasta 7 años 365 días en el cargo.

Da la impresión de que con esto estamos estableciendo que los Presidentes elegidos normalmente duran cuatro años en el cargo, y los elegidos en condiciones anormales, casi ocho.

A continuación, el mismo precepto constitucional estatuye: "El Presidente elegido conforme a alguno de los incisos precedentes no podrá postular como candidato a la elección presidencial siguiente.". Es decir, quien resultare electo cuando faltaren dos años o diez días no podría presentarse a la próxima elección presidencial.

Por consiguiente, deseo hacer reflexionar al Senado en el sentido de que, si no entendemos exactamente qué estamos votando, los resultados finales serán incoherentes. Y como no quiero prestarme para esa incoherencia, me abstengo en esta votación.

-Se rechaza la proposición de la Comisión, por no haberse reunido el quórum constitucional requerido (22 votos por la negativa, 7 por la afirmativa y 4 abstenciones).

Votaron por la negativa los señores Calderón, Cooper, Díaz, Fernández, González, Hormazábal, Huerta, Lavandero, Letelier, Martin, Navarrete, Núñez, Pacheco, Páez, Palza, Papi, Ruiz-Esquide, Sinclair, Soto, Sule, Vodanovic y Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Diez, Lagos, Larre, Ortiz, Otero, Pérez y Siebert.

Se abstuvieron los señores Piñera, Romero, Urenda y Valdés.

El señor VALDÉS (Presidente).-

En consecuencia, queda terminada la discusión particular del proyecto.