Labor Parlamentaria

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que otorga facilidades a extranjeros residentes para ausentarse del país, con informe de la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 7a, en 30 de junio de 1993.

Informes de Comisión:

Gobierno, sesión 1ª, en 5 de octubre de 1993.

El señor LAGOS (Prosecretario).-

Esta iniciativa modifica el decreto ley N° 1.094, de 1975, en lo que se refiere a viajes de extranjeros fuera del país.

La Comisión, por la unanimidad de sus miembros presentes, ha propuesto el rechazo del proyecto. Hace presente que, al tomar esta decisión, consideró el hecho de que existe otra iniciativa legal, ya aprobada por el Senado, sobre la misma materia, la que se inició en moción de diversos señores Senadores y cumple en mejor forma el objetivo principal, cual es otorgar facilidades a los extranjeros para que salgan del país, especialmente en casos de emergencia que puedan afectarlos.

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Nos encontramos, Honorables señores, ante una situación bastante anómala, ya que el Senado dio su aprobación a un proyecto de ley que cumple similar objetivo, y que está en Comisión Mixta. La otra Rama Legislativa inició un proyecto distinto (con diferencias que se hacen notar en el informe correspondiente), el cual nuestra Comisión de Gobierno, por unanimidad, recomienda rechazar, no solamente por la circunstancia recién anotada, sino también por otras motivaciones que especifica en su informe.

En discusión general el proyecto.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, la materia a que se refiere el presente proyecto de ley tiene una enorme trascendencia. La legislación vigente exige a los extranjeros con residencia definitiva en Chile la obtención de un salvoconducto para viajar fuera del país. Esta exigencia legal es absolutamente injusta e incluso, a mi juicio, viola el principio de igualdad ante la ley. No es admisible que a personas que tienen incluso derecho a participar en votaciones, se las obligue a presentar un salvoconducto para salir del país. Cabe señalar que el documento en cuestión tiene vigencia de sólo 24 horas, lo cual obliga a pedirlo con una antelación muy inmediata al viaje, lo que, en circunstancias de urgencia, muy frecuentemente imposibilita el traslado, especialmente tratándose, por ejemplo, de personas de nacionalidad argentina.

Para remediar esa injusta situación, los Honorables señores Fernández , Letelier , Martin y Sinclair , y la Senadora que habla, propusimos un proyecto de ley muy simple y directo: consistía en suprimir el requisito de salvoconducto. Fue aprobado por la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y, con posterioridad, unánimemente por la Sala. En septiembre de 1991, es decir, hace dos años, se envió en segundo trámite a la Cámara de Diputados.

Allí, por otra parte, se había iniciado la tramitación de otro proyecto de ley sobre igual materia (el que figura hoy en tabla), iniciado en moción de los Diputados señores Horvath y otros. En él se plantea -en términos a mi juicio inconvenientes, desde el punto de vista de la correcta técnica legislativa- una solución similar; pero se agregaron otras situaciones. De modo que tanto este proyecto, como el despachado por el Senado, se encontraban pendientes en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja, para su estudio.

En mayo del presente año, aproximadamente, el Primer Mandatario , a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, otorgó trámite de "Suma Urgencia" a la iniciativa originada en moción de los señores Diputados -que aún no se encontraba aprobada, ni por la Comisión, ni por la Sala de la Cámara-, dándole preferencia, así, respecto de aquella que ya había cumplido un trámite legislativo en el Senado. En esas condiciones, la Comisión mencionada procedió a estudiar y aprobar el texto de la primera, que había sido íntegramente reemplazado por una indicación del Ejecutivo -corresponde al articulado en debate-, y que pasó a la Sala, y rechazó el despachado por esta Corporación.

En consecuencia, hoy estamos enfrentados a la anómala situación de que dos proyectos en trámite legislativo que, naturalmente, no son idénticos, en el fondo tienden a resolver un mismo asunto: uno despachado por el Senado, en septiembre de 1991, y otro aprobado por la Cámara de Diputados más o menos en junio del presente año.

Nuestra Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización ha estimado conveniente recomendar a la Sala el rechazo de esta iniciativa, a fin de posibilitar la formación de una Comisión Mixta para analizar la materia. Y, como en igual estado quedó el proyecto generado en esta Corporación, tal rechazo permitiría que una Comisión Mixta se abocara al estudio de los dos textos, los cuales -repito- intentan dar solución a la misma materia.

Por estas consideraciones, señor Presidente , propongo acoger lo propuesto por el informe de la Comisión de Gobierno, con el objeto de remediar una situación absolutamente irregular en la tramitación de los proyectos de ley y, lo que es fundamental, de zanjar un asunto que debió haberse resuelto a fines de 1991, o, a más tardar, a comienzos de 1992, y que los extranjeros con residencia definitiva en Chile tienen real urgencia en ver solucionado.

Antes de finalizar, formularé dos observaciones.

En primer lugar, cuando en el año 91 nuestra Comisión estudió el proyecto presentado aquí, el representante del Gobierno manifestó que el Ejecutivo no estaba de acuerdo con el texto, porque iba a enviar una iniciativa que comprendería todo lo relativo a inmigración -lo que hasta el momento no se ha concretado-, planteamiento que no aceptó la Comisión, ni, tampoco, la Sala.

En segundo término, debo manifestar que el Presidente de la República , a través del mecanismo de las calificaciones de urgencia, ha distorsionado el proceso legislativo de estos dos proyectos, al privilegiar aquel que se hallaba recién presentado y que no contaba con la aprobación de ninguna de las dos Cámaras. De ese modo se creó esta situación, que sólo ha contribuido a retardar la tramitación de estas iniciativas.

Estas mismas observaciones las hice presentes, en forma personal, al señor Ministro Secretario General de la Presidencia .

El señor OTERO .-

Señor Presidente, coincido plenamente con lo expresado por la Senadora señora Feliú. Sin embargo, también es preciso considerar otro elemento: que la razón de ser, tanto del texto en debate, como del despachado por el Senado, es, precisamente, terminar con exigencias injustas, bastante engorrosas, e incluso vejatorias, para los extranjeros con residencia permanente en Chile.

Me parece que cuando el Gobierno, en uso de sus facultades, otorga a un extranjero la permanencia definitiva en el país, es porque esa persona ha cumplido todos los requisitos para obtenerla. Y la Constitución impide hacer diferencias entre chilenos y extranjeros. Obviamente, pueden establecerse algunas normas para la eventualidad de que estos últimos se ausenten indefinidamente del territorio. Pero el hecho es que no podemos dar una respuesta satisfactoria, ni suficiente, al gran problema que los afecta, que hemos podido apreciar por las cartas que permanentemente dirigen a los diarios y, también, por los comentarios que nos hacen los amigos provenientes del exterior, quienes nos preguntan por qué existe esta discriminación; por qué se les trata de esta manera.

La Comisión recomienda que rechacemos este proyecto. Y la Cámara de Diputados procedió en igual forma respecto del aprobado por esta Corporación. Se trata de determinar, entonces, cuándo se solucionará el problema.

Me gustaría que el Senador señor Zaldívar nos indicara en qué trámite se encuentra la iniciativa que nosotros despachamos.

El señor ZALDÍVAR .-

Está en Comisión Mixta.

El señor OTERO .-

En ese caso, señor Presidente, lo lógico es que rechacemos el texto que estamos analizando, para que en Comisión Mixta se examinen las discrepancias producidas entre ambas Cámaras y se resuelva definitivamente, en muy corto plazo, el problema que los extranjeros han enfrentado durante muchos años.

En consecuencia, coincido con la propuesta de la Comisión.

-Por unanimidad, se rechaza el proyecto

El señor VALDÉS ( Presidente ).-

Corresponde ocuparse en el proyecto de la Cámara de Diputados que modifica la ley Nº 18.755, sobre organización y atribuciones del Servicio Agrícola y Ganadero, y deroga otras disposiciones legales.

La iniciativa cuenta con segundo informe de la Comisión de Agricultura.

-Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 47a, en 4 de mayo de 1993.

Informes de Comisión:

Agricultura, sesión 18a, en 17 de agosto de 1993.

Hacienda, sesión 18ª, en 17 de agosto de 1993.

Agricultura (segundo), sesión 2a, en 5 de octubre de 1993.

Discusión:

Sesión 20a, en 31 de agosto de 1993 (se aprueba en general).

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Para los efectos del artículo 124 del Reglamento, la Comisión deja constancia de que no fueron objeto de indicaciones ni de modificaciones los números 1 y 5 del artículo 1°.

-Se dan por aprobados.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

La Comisión consigna, asimismo, las indicaciones rechazadas, las que podrán renovarse con las firmas de 10 señores Senadores o por Su Excelencia el Presidente de la República. En su defecto, se darán por aprobadas, también, las disposiciones sobre las cuales recayeron.

Los Honorables señores Otero, Huerta, Mc-Intyre, Martin, Romero, Larre, Thayer, Siebert, Cooper y señora Feliú"Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley las especies hidrobiológicas y los seres humanos."

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, la indicación tiene por objeto declarar de manera expresa que las normas del proyecto que otorgan facultades al Servicio Agrícola y Ganadero -son muchas, muy amplias e importantes- no se refieren a las especies hidrobiológicas y a los seres humanos. Ello, porque en esta materia nuestra legislación no se caracteriza por tener una claridad meridiana.

La Comisión de Agricultura rechazó por unanimidad esta indicación, sobre la base de que -dice textualmente- "la especialidad de la ley indica, precisamente, que su ámbito de aplicación es excluyente de las especies hidrobiológicas, reguladas por la Ley de Pesca y que los seres humanos, por su parte, son tratados en el Código Sanitario.".

Esas consideraciones no me parecen convincentes. Porque en esta materia, en que se habla de las especies en general, de manera indeterminada, es muy pertinente establecer lo que la Comisión reconoce: que la normativa en estudio es especial y no afectará a las especies hidrobiológicas ni a los seres humanos. Si es así, digámoslo y aclaremos una legislación de suyo delicada, importante y que se presta a confusión.

Esos elementos tuvimos a la vista para renovar la indicación. Y solicito a la Sala que la apruebe.

El señor ROMERO.-

Concuerdo plenamente con lo expresado por la Senadora señora Feliú.

Hemos coincidido, sin proponérnoslo, en que es necesario excluir del ámbito de las facultades del Servicio Agrícola y Ganadero lo relacionado con los seres humanos y las especies hidrobiológicas. Y el propio señor Ministro de Agricultura reconoció en la Comisión que no se toca a unos ni a otras.

Por lo tanto, me parece inadecuado que debamos entender implícitamente la exclusión. Porque la tendencia de la legislación en proyecto es más bien a abarcar situaciones vinculadas con todo tipo de materias.

Por tal motivo, manifiesto mi absoluto acuerdo para que el Senado pueda rectificar en esa materia, que es de carácter formal, pues así quedarán mejor estructuradas las disposiciones legales correspondientes.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR .-

Estoy tratando de entender el alcance de la indicación con la explicación que dieron los señores Senadores que me antecedieron en el uso de la palabra.

Tal vez ella sería procedente para los efectos de fijar con mayor precisión la esfera y el objeto de las atribuciones del SAG. Sin embargo, creo que es un poco riesgoso introducir en este momento una modificación de ese tipo por la vía de excluir del ámbito de aplicación de la ley en proyecto a las especies hidrobiológicas y a los seres humanos. Porque durante la existencia de la legislación en vigor siempre se ha entendido cuál es su campo de acción: la salud animal y vegetal.

Me parece que a eso obedece el criterio que adoptaron los miembros de la Comisión de Agricultura -Senadores señores Jarpa, Navarrete y Sinclair - al rechazar por unanimidad la indicación. No creo que hoy día estemos en condiciones de adoptar mayores elementos que justifiquen modificar el acuerdo a que llegó el referido órgano.

Gracias, señor Presidente.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, quiero precisar dos puntos con relación a esta materia.

Respecto a la ley vigente y a las modificaciones sustantivas que se le introducen mediante esta iniciativa, hay que tener presente que el Congreso aprobó una ley especial sobre pesca. De modo que las especies hidrobiológicas deberían regirse por esa legislación especial, porque así se evitaría enmendar preceptos incompatibles entre ambos cuerpos legales. Es importante considerar esto, a fin de tener mayor claridad en cuanto a la aplicación de las diferentes normas.

En lo referente a la salud de los seres humanos, cabe destacar que el avance tecnológico -tenemos el problema de los pesticidas y de las sustancias anabólicas- complica el control de la salud animal y vegetal, la cual roza -por así decirlo- con la del hombre, tanto más cuanto que la ciencia ha determinado que ciertas sustancias no desaparecen, sino que se conservan en las diversas especies y son recibidas por el ser humano al consumir productos provenientes de ellas.

Por eso, me parece muy importante aprobar la indicación, más aún si las intervenciones escuchadas en esta Sala demuestran que la materia puede ser objeto de dudas, conforme a la interpretación que se dé a los correspondientes preceptos. De manera que es aconsejable sustraer del ámbito de aplicación de la ley en proyecto a las especies hidrobiológicas y a los seres humanos.

Tiene la palabra el Honorable señor Zaldívar.

El señor ZALDÍVAR .-

Precisamente, la argumentación de la Honorable colega me induce a mayor duda. Por ejemplo, ¿quién controlará la utilización de los pesticidas, que afectan, por un lado, a la agricultura, y por otro, al ser humano que los aplica? ¿El SAG? ¿El Código Sanitario?

Creo que en esto hay un doble ámbito de acción: el Servicio Agrícola y Ganadero tendrá que determinar cuáles pesticidas pueden usarse para la mantención y protección de los recursos vegetales y animales; y el Código Sanitario -o incluso el del Trabajo- deberá establecer las regulaciones vinculadas con las personas que utilicen ese tipo de elementos.

Por lo tanto, me parecería malo limitar, pues ello podría significar una desprotección en la materia. Además, creo que no estamos en condiciones de introducir la enmienda pertinente por la vía de la precisión.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, consultaba recién al Senador señor Jarpa acerca de los alcances del artículo 2o que se propone para la ley N° 18.755. Sin embargo, lo planteado por el Honorable colega que me precedió en el uso de la palabra corresponde a mi inquietud.

En cierto sentido, me inclino a que la situación quede tal como figura en dicho precepto. Es evidente que en esta materia tendremos -y lo explicó la Senadora señora Feliú - una muy difícil zona de interacción de normas, que es lo propio de todos los problemas relacionados con el medio ambiente y la contaminación. Pero una disposición que excluyera específicamente de la competencia del Servicio Agrícola y Ganadero lo referente a las especies hidrobiológicas y a los seres humanos podría significar, quizás, una limitación excesiva en un área donde la acción de los distintos preceptos es muy difícil de delimitar.

Por eso, prefiero que el asunto se resuelva conforme a la parte final del mencionado artículo 2°: "sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias". Ahí se verá cómo armonizar las leyes. Pero yo no dispondría una limitación demasiado tajante, porque me parece que ello, más que aclarar la disposición, oscurece su alcance.

El señor DÍEZ .-

Señor Presidente, concuerdo absolutamente con el criterio de la Comisión, por cuanto al excluir a las especies hidrobiológicas y a los seres humanos del ámbito de aplicación de la ley en proyecto, en el fondo, se priva al Servicio Agrícola y Ganadero de su principal función: proteger la salud animal y vegetal, y por esa vía, la salud humana, que es el objetivo de toda la legislación.

Entonces, parece lógico que dicho organismo cuente con facultades para tal efecto y que la zona de interacción sea determinada por los reglamentos, las instrucciones y las demás formas en que se aplica la ley. De lo contrario, podría llegarse al absurdo de que, si se implantaran en un animal, para favorecer su desarrollo, elementos que resultaran dañinos para el ser humano, ellos quedaran fuera de la competencia del SAG por no ser perjudiciales para el animal. Los campesinos tienen muy claro que es fundamental cuidar la salud humana a través del referido organismo. Así que no me parece propio establecer una disposición excluyente que priva al SAG de su misión primordial.

Por eso, prefiero el criterio adoptado por la Comisión. Sé que el Código Sanitario protege la salud humana y que la Ley de Pesca preserva los recursos hidrobiológicos. Pero no se puede negar la interacción que se producirá, ni que el propósito fundamental es resguardar la salud del hombre.

Gracias, señor Presidente.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, he escuchado con mucha atención este debate. Pero la verdad es que en el proyecto observo un problema de fondo, y se refleja precisamente en lo que se está planteando ahora.

¿Cuáles son los organismos del país encargados de velar por la salud humana? Aquí está la respuesta. Tenemos un Código Sanitario; hay normas que establecen expresamente que esa labor corresponde al Instituto de Salud Pública, entidad que posee todos los elementos necesarios para ello; existe una preceptiva en lo referente a la parte animal; está considerado lo relativo a los productos farmacéuticos, etcétera. Haré una referencia más extensa sobre el particular cuando aborde otros puntos vinculados con la materia.

Ahora bien, me parece conveniente establecer claramente el ámbito de acción que tendrá el SAG, por una razón muy simple: porque más adelante se da a este Servicio una atribución que específicamente corresponde al Instituto de Salud Pública, cual es la de certificar si un producto es apto o no para el consumo humano.

Ya hemos visto en el Senado lo que acontece cuando dos organismos tienen atribuciones sobre una misma materia. ¿Qué ocurre si en determinado momento uno dice "sí" y el otro "no", si uno aplica sanciones porque estima que no se están cumpliendo las exigencias establecidas y el otro exime de responsabilidad porque concluye lo contrario?

Pienso que aquí estamos creando un problema de burocracia, de confusionismo, al mezclar dos cuestiones evidentemente distintas y que la legislación siempre ha tratado en forma separada.

Señor Presidente , más adelante haré un fundamento jurídico, razonado, con cita de artículos, para demostrar que la ley en proyecto superpone dos organismos del Estado con las mismas facultades, lo que puede tener funestas consecuencias.

Apoyo la indicación renovada, porque precisa claramente el ámbito de acción de cada organismo.

He dicho.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, respecto a las facultades del Servicio Agrícola y Ganadero, naturalmente que existen, como se indicó, muchos aspectos donde cabe responsabilidad tanto a los organismos de salud pública como al SAG. Por ejemplo, podría ocurrir que algunos de los productos denominados anabólicos, usados para provocar mayor crecimiento y engorde del ganado, en definitiva resultaran nocivos para los consumidores de la carne. Esta materia, lógicamente, debería resolverla la entidad encargada de proteger la salud humana, pero la prohibición tendría que ser aplicada y verificada, en éste como en muchos otros casos, por el Servicio Agrícola y Ganadero, porque es el rol que le corresponde. Sin embargo, ambos organismos, en conjunto, deben promover la sanidad tanto en el ámbito del agro como en el del consumo final de los productos que allí se generan.

En consecuencia, no veo que exista tanta necesidad de deslindar las atribuciones de uno y otro servicio, pues sería bastante largo ponerse en cada situación y determinar hasta dónde los inspectores del SAG deben verificar el consumo de ciertos productos y hasta dónde llegan las facultades de la entidad encargada de resguardar la salud de las personas como para estar realizando en el campo el mismo control que aquí estamos encomendando al SAG.

Por eso, creo que ésta cuestión se tratará de aclarar a través del reglamento, el cual asignará las responsabilidades correspondientes a cada institución en la materia. Pero el proyecto, que nosotros estudiamos con mucha detención en la Comisión de Agricultura, no pretende establecer las facultades que no tiene el SAG, sino aquellas que sí posee.

Gracias, señor Presidente.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, la intervención que acabamos de escuchar confirma plenamente mi inquietud en cuanto a la posibilidad de que se produzca una colisión de competencias entre organismos públicos con relación a un mismo asunto.

Una cosa es dictar una disposición general y otra distinta es velar por el cumplimiento de la misma. El Servicio Agrícola y Ganadero velará por el cumplimiento de las normas que sobre la situación que nos ocupa dicte la autoridad responsable de proteger la salud humana. Pero si damos al SAG facultades para aprobar disposiciones que pese a vincularse con la ganadería y otros aspectos de su área pueden afectar indirectamente la salud de las personas, nos encontraremos con un cuadro no muy claro.

Por lo tanto, sin perjuicio de buscar una redacción adecuada, considero que debemos esclarecer el precepto porque, de lo contrario, cualquier confusión en esta materia llevará a que en la práctica se imponga el organismo que tenga más gente tratando de dictar disposiciones y al mismo tiempo exigiendo su cumplimiento.

Me preocupa mucho que no esté clarificado quién debe dictar las normas correspondientes. Otra cosa muy diferente es quién debe velar por su aplicación, que, en este caso, no cabe la menor duda de que es el SAG. En mi concepto, el que debe establecer las disposiciones y dar las orientaciones generales es el organismo encargado de la salud humana.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, la ley que el proyecto modifica es la N° 18.755.

El inciso segundo que se plantea agregar dice: "Se excluyen del ámbito de aplicación de esta ley las especies hidrobiológicas y los seres humanos". Si la ley vigente ha funcionado bien en este sentido, ¿para qué la vamos a cambiar? Creo que la Comisión también coincide con esta apreciación, porque al rechazar la indicación dejó en claro que el ámbito de aplicación de la ley era excluyente de las especies hidrobiológicas, reguladas por la Ley de Pesca, y de los seres humanos, tratados en el Código Sanitario.

En cuanto a dejar entregada la materia al reglamento, lo cierto es que, de acuerdo con la Constitución, ella debe ser fijada por ley, tal como lo dispone el número 2° de su artículo 62, que señala: "Crear nuevos servicios públicos o empleos rentados, sean fiscales, semifiscales, autónomos, de las empresas del Estado o municipales; suprimirlos y determinar sus funciones o atribuciones;". En consecuencia, el asunto debe ser regulado en la ley y no en el reglamento.

Nada más, señor Presidente .

El señor JARPA.-

Señor Presidente, aquí se ha expresado que al SAG sólo le corresponde el control. Y justamente el texto aprobado habla del "control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y reglamentarias". No pretendemos que el SAG se entrometa en materias encargadas a otras autoridades; única y exclusivamente tendrá competencia en el ámbito del control que le corresponde de acuerdo con la ley y los reglamentos que se dicten.

Gracias, señor Presidente.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, en la Comisión analizamos detenidamente la indicación y coincidimos en que estaba de más incorporar el inciso que ella sugiere agregar, por cuanto las exclusiones que señala ya están normadas en la legislación vigente. Nos parece absolutamente inoficioso e inconveniente para el texto del proyecto incorporar ese inciso.

Por lo tanto, voto que no.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, me hace mucha fuerza lo explicado por el Senador señor Jarpa. Por tal motivo, considero muy importante que en la Versión Taquigráfica quede constancia, en forma clara, de que el SAG no posee atribuciones para determinar lo que es bueno o malo para el consumo humano, sino que simplemente estará encargado de controlar.

Hecha esta precisión, no obstante que con mi firma ayudé a renovar la indicación, votaré en contra de ella. En todo caso, esa renovación ha sido muy necesaria para dejar claramente establecido en la Sala el alcance de la disposición. De lo contrario, no habría sido posible realizar un debate sobre la materia ni tampoco dejar sentado para la historia fidedigna de la ley, de modo claro, el alcance de la norma. Aprobamos la disposición en el entendido mencionado por el Senador señor Jarpa y reiterado por mí en cuanto a que el Servicio Agrícola y Ganadero de ninguna manera podrá establecer lo que es apto para el consumo de las personas, porque eso corresponde exclusivamente al Instituto de Salud Pública.

Por las razones anotadas, voto en contra de la indicación renovada.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, efectivamente, el debate ha dejado de manifiesto la existencia de situaciones que era conveniente aclarar en la Sala, a fin de que en el futuro las normas del proyecto sean interpretadas, no en un sentido amplio, sino en uno específico y restringido a la fiscalización y control, de modo que el SAG no aparezca excediendo su ámbito de competencia.

Apruebo la indicación, la cual ha sido extraordinariamente importante para dejar sentada mi inquietud sobre la materia en la Sala.

El señor SIEBERT.-

Señor Presidente, considero favorable reforzar la idea de que el SAG no tiene nada que ver con velar por la salud humana, tal como se ha establecido aquí, en la Sala, y como lo ha reconocido el señor Ministro . Los asuntos relacionados con la salud de las personas están consignados en otras leyes. De eso no cabe ninguna duda. Pero, en mi opinión, no estaría de más reiterar ese concepto en el artículo 2o de la iniciativa en discusión; y por eso suscribí la indicación y ahora la voto favorablemente.

-Se rechaza la indicación renovada (21 votos contra 7 y 3 pareos).

Votaron por la negativa los señores Cooper, Díaz, Díez, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), González, Jarpa, Lagos, Larre, Lavandero, Navarrete, Otero, Pacheco, Palza, Ríos, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair, Soto, Urenda y Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Feliú, Fernández, Huerta, Letelier, Martin, Romero y Siebert.

No votaron, por estar pareados, los señores Mc-Intyre, Pérez y Thayer.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Corresponde tratar la indicación número 3, renovada por los mismos señores Senadores que suscribieron la anterior, consistente en reemplazar la letra a) del N°3 del artículo 1° por la siguiente: "a) Ejercer funciones fiscalizadoras y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias concernientes a los objetivos descritos en el artículo anterior; y sancionar sus infracciones conforme al procedimiento establecido en el Párrafo IV de este Título.".

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, en el mismo sentido en que hemos venido debatiendo el tema, es preciso tener especial cuidado en especificar que las funciones del Servicio Agrícola y Ganadero son justamente las de fiscalizar y controlar el cumplimiento de normas legales y reglamentarias referidas a los objetivos descritos en la disposición anterior. Ello es importante, porque nos permite sistematizar y dar mayor claridad y transparencia a las funciones que el legislador debe conferir al Servicio para fiscalizar los preceptos de su competencia y sancionar todo lo que esté en contravención con ellos.

Por eso, se trata de aclarar y precisar este tipo de situaciones a fin de que queden nítidas. Además, se sigue la misma línea del punto que recién analizamos.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, por idénticas razones a las hechas presentes respecto de la norma anterior -creo que se podría prolongar mucho el debate-, soy partidario de rechazar la indicación renovada. Porque es limitativa, y se refiere solamente al objetivo consignado en el artículo precedente. Pero el SAG tiene otras facultades, en virtud de reglamentos y leyes y de su propia normativa, que no se encuentran descritas en la disposición pertinente del artículo 1°. Entonces, con la indicación estaríamos constriñendo sus atribuciones en materia de fiscalización.

Por ello, estimo conveniente rechazarla, y mantener la redacción propuesta en el informe, como fue aprobada en la Comisión.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, es evidente que la redacción del proyecto de ley tiene toda una sistematización estudiada con sumo cuidado. De manera que introducirle modificaciones mediante la indicación del Honorable señor Romero, que fue renovada, y que ciertamente busca -como el señor Senador expresó- especificar más las funciones del Servicio Agrícola y Ganadero, podría, en definitiva, romper esa sistematización con que fue elaborada la iniciativa presentada al Congreso Nacional.

Esta indicación se revisó debidamente en la Comisión, y nos pareció mejor el texto original propuesto, razón por la cual también se rechazó en ella.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, con respecto a la indicación renovada en comento, se ha planteado aquí la inconveniencia de restringir las funciones del SAG.

De acuerdo con el artículo 7° de la Constitución Política, todos los órganos del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confieren las leyes. Y éstas deben ser claras y precisas tocante a las atribuciones que otorgan. Si lo anterior es válido respecto de todas las instituciones estatales, lo es en forma más nítida tratándose de un Servicio con tareas fiscalizadoras como el SAG.

En consecuencia, coincido plenamente con la indicación formulada en su oportunidad por el Honorable señor Romero, y discrepo en forma absoluta en cuanto a que podría restringir las atribuciones del Servicio. Esto es limitado. No hay más facultades que las que expresamente da la ley en proyecto; y la indicación apunta justamente a eso.

Por otra parte, se dice que la sistematización de la iniciativa impide aceptar indicaciones. Con este criterio, realmente, el Congreso Nacional no tendría nunca derecho a modificar las normas, porque siempre alteraría esa "sistematización".

Señor Presidente, el Senador señor Zaldívar me ha solicitado una interrupción y, con la venia de la Mesa, se la concedo con todo gusto.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Puede hacer uso de la palabra el Honorable señor Zaldívar .

El señor ZALDÍVAR .-

Señor Presidente, entendiendo perfectamente que el artículo 7o de la Carta establece cuáles son las facultades, la norma debe interpretarse en sentido estricto. Sin embargo, la indicación renovada limita las funciones del Servicio Agrícola y Ganadero sólo a los objetivos del artículo anterior, mientras que el precepto aprobado en la Comisión se refiere a aquellas atribuciones del SAG en virtud de las normas legales y reglamentarias cuyo cumplimiento le compete controlar. O sea, es mucho más amplio, no porque se le esté otorgando una capacidad de fiscalización abierta, sino porque tiene relación a la legislación y reglamentos vigentes. Si aprobamos la indicación, quedaría sólo dirigida a los objetivos de la disposición anterior, pero "a contrario sensu", excluiría automáticamente la totalidad de las otras facultades fiscalizadoras que podría tener el Servicio.

Esta es la razón por la cual creo que debe rechazarse la indicación renovada.

El señor URENDA ( Vicepresidente ).-

Continúa con la palabra la Honorable señora Feliú .

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, la verdad es que la norma anterior a que se hace referencia contiene todas las facultades del Servicio Agrícola y Ganadero. Y de eso se trata: de que sobre la base de esas facultades ejerza la fiscalización y control.

Por otra parte, reitero: no existen atribuciones reglamentarias para los servicios del Estado. Estos no tienen más funciones que las que les señalan las leyes. Y especialmente cuando las facultades de los que pueden fiscalizar recaen en actividades del sector privado, aquéllas no se ven con mayores limitaciones que las nacidas de leyes que las otorgan de manera explícita.

Por lo anterior, coincido con la indicación renovada.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, como está redactado el proyecto en debate, se refiere, de nuevo, a la fiscalización que compete al Servicio Agrícola y Ganadero. O sea, a aquella que le encomienda la ley, o a la que eventualmente, en caso de una peste o plaga, podría disponer la autoridad superior mediante una disposición transitoria, a fin de que colabore en otras tareas específicas. Pero esto en ninguna forma significa ampliar sus facultades, por cuanto se refiere, exclusivamente, a la atribución fiscalizadora que la legislación le entrega y al control del cumplimiento de normas que puedan dictar otras entidades a las que les competa la defensa de la salud humana.

Por consiguiente, con la obligación de fiscalizar del SAG no se divisa ningún peligro de que vaya a invadir atribuciones de otros servicios o entidades de la institucionalidad chilena.

Estimo que estamos poniéndonos en situaciones que no ocurren en la práctica. Conozco el trabajo que realiza el Servicio Agrícola y Ganadero. Es un organismo de la mayor importancia para promover y mantener la sanidad animal y vegetal en Chile, y para precaver que ciertas plagas o enfermedades se transmitan al ser humano y afecten su salud.

Sería conveniente ir al fondo de la cuestión: ¿se trata de restar atribuciones y responsabilidades al SAG, traspasándolas a otro servicio, o bien, de dejarle la facultad de fiscalizar?

Señor Presidente, pienso que, en definitiva, para evitar una serie de situaciones ruinosas, incluso para los mismos agricultores, deberíamos exigir cada vez más al Servicio Agrícola y Ganadero que cumpla a cabalidad su función fiscalizadora, y no poner en duda aquí hasta dónde puede y no puede hacerlo.

He dicho.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, la indicación habla de modo específico de: "Ejercer funciones fiscalizadoras y controlar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias concernientes a los objetivos descritos."

Efectivamente, y por un problema de sistematización y de técnica, parece mucho más lógico señalar con precisión lo que deseamos expresar. Al decir "ejercer funciones fiscalizadoras" significa claramente que nos referimos al control y a la fiscalización. Pero la norma que se trata de reemplazar establece algo distinto.

Invito al Senador señor Jarpa a analizar la letra a) que se pretende sustituir, porque su texto consigna: "Aplicar y fiscalizar el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias".

Si "aplicar" y "fiscalizar" fueran lo mismo -porque para Su Señoría la fiscalización es lo que compete, y estoy de acuerdo con el señor Senador-, ¿para qué estamos introduciendo el verbo "aplicar"? Si se me aclara ese punto, estaría dispuesto a llegar a un acuerdo en lo que, a mi juicio, es una discusión tocante a la redacción del precepto.

En mí opinión, el Servicio Agrícola y Ganadero es un organismo fiscalizador por definición, y debe realizar esa función respecto de todo lo que esté dentro de su objetivo. Sí se define un concepto y se establece que sirve "sólo para esto, esto y esto otro", cuando el día de mañana sea necesario que fiscalice otras situaciones, se requerirá enmendar la norma pertinente, porque en ella se ha colocado el detalle de la protección fitosanitaria, y de otros temas.

No estoy tratando de coartar las atribuciones del SAG, sino de precisarlas, porque, a mi juicio, fiscalizar está bien. Sin embargo, ¿cuál es el alcance del verbo "aplicar"? Me gustaría que me lo aclararan los señores Senadores miembros de la Comisión que rechazaron la indicación, porque sería muy interesante conocerlo.

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española , el vocablo "aplicar" significa: "Poner una cosa sobre otra o en contacto de otra.". Y la segunda acepción: "Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto o rendimiento en una cosa o persona.".

Esta definición, naturalmente, es más amplia que la de "fiscalizar".

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, la lectura efectuada por el señor Senador sobre el significado de la palabra "aplicar" explica por sí misma lo que hemos querido establecer en la norma. El Servicio Agrícola y Ganadero es un organismo no sólo encargado de fiscalizar, sino, también, de llevar a cabo, de implementar y de ejercer las distintas disposiciones administrativas que le son propias. En ese sentido, todo lo que el SAG hace en materia de prevención -como las campañas de vacunación, etcétera- es parte de su labor de aplicar y ejercer sus facultades administrativas. Y eso es lo que dispone el precepto en comento.

Por consiguiente, con la explicación recién dada por el Honorable colega surge un problema de fondo: al eliminar el vocablo "aplicar" se restringen las funciones y atribuciones del Servicio, lo cual sería lamentable, porque estaríamos en presencia de una situación que podría resultar muy lesiva para las labores que éste cumple.

He dicho.

El señor ROMERO.-

Quiero reiterar algo, a mi juicio, muy importante: se trata de aplicar una buena técnica legislativa respecto de una disposición. En consecuencia, si en esta parte estamos hablando de fiscalización, coloquemos el término preciso. Pero, si además se desea conceder al SAG la facultad de dictar políticas -lo que ocurre, en la práctica, en determinados aspectos-, hagámoslo en otra parte, a fin de que haya precisión respecto de las distintas normas. En mi opinión, si damos a la fiscalización similar alcance que el de la aplicación, no habrá claridad en cuanto a las materias que se aplican y las que se fiscalizan. A mi entender, no son iguales dichos verbos, y por eso prefiero, desde un punto de vista de técnica legislativa, que ambas funciones estén separadas.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, en la letra a) aprobada por la Comisión se habla de "prevención, control y erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades transmisibles de los animales.". Se ha argumentado anteriormente que, como la disposición debe contener todo y lo que no se incluye queda fuera de la ley, el artículo 2o resultaría más completo, pues no sólo se refiere a la salud animal y vegetal, sino, también, a la conservación de los recursos naturales renovables. Siendo así, si el SAG no "aplicaría" ni "fiscalizaría" la conservación de tales recursos, quiere decir que la letra aprobada por la Comisión es incompleta.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, el término "aplicar" se utiliza comúnmente con referencia a la puesta en práctica de una norma, para informar, por ejemplo, desde qué fecha entra a regir, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua. Esto quiere decir que en este caso el Servicio Agrícola y Ganadero comenzará a establecer normas e informar sobre ellas y, por último, a fiscalizar su cumplimiento. Porque, ¿cómo se va a fiscalizar en el área rural el cumplimiento de algo que nadie conoce? Obviamente, primero debe existir una labor de difusión, explicación e información, es decir, de aplicación de la norma y luego fiscalizar su acatamiento.

En todo caso, a mi juicio, el análisis que estamos haciendo ahora de cada palabra es demasiado estricto y bien pudo hacerse en la Comisión. Cambiar en el último momento un término ya estudiado y aprobado, por estimar que otro es más adecuado, sólo redundará, en definitiva, en un mayor atraso de la entrada en vigencia de una legislación tan necesaria y urgente como ésta.

Voto que no.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, el señor Senador que me antecedió en el uso de la palabra asimila "aplicar" a "difundir", pero son dos cosas distintas. Estoy plenamente de acuerdo con él en que debería ponerse "difundir" en lugar de "aplicar". Por tal motivo, apruebo la indicación.

El señor ROMERO.-

Señor Presidente, se ha dicho que estas indicaciones no fueron presentadas, conocidas o defendidas oportunamente en la Comisión. Deseo precisar que, si ellas fueron renovadas, es precisamente porque se presentaron y fundamentaron en aquélla. Distinto es que no fuesen acogidas.

Voto a favor de la indicación.

-Se rechaza la indicación (16 votos contra 11, 3 pareos y una abstención).

Votaron por la negativa los señores Díaz, Díez, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Hormazábal, Jarpa, Lavandero, Navarrete, Pacheco, Páez, Palza, Ruiz (don José), Sinclair, Soto y Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Cooper, Feliú, Huerta, Lagos, Letelier, Martin, Otero, Prat, Ríos y Romero.

No votaron, por estar pareados, los señores Mc-Intyre, Pérez y Thayer.

Se abstuvo el señor Urenda.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, para la mejor inteligencia de la indicación, deseo señalar que el artículo 2o de la ley 18.755 dice: "El Servicio tendrá por objeto contribuir al desarrollo silvoagropecuario del país"; pero, de acuerdo con las modificaciones introducidas por la Comisión, en adelante el texto dirá: "El Servicio tendrá por objeto contribuir al desarrollo agropecuario del país...". Según el primer informe, el sentido de esta fundamental modificación es excluir del ámbito del SAG las materias silvícolas. De manera que la indicación que formulé tiene por fin hacer concordantes los fines del Servicio con las normas de los artículos siguientes, eliminando toda referencia a lo silvoagropecuario. Ello, reitero, de acuerdo con el mensaje y el primer informe, en el sentido de fomentar la actividad agropecuaria.

La Comisión -a mi juicio, de manera inexplicable- la rechazó, "atendida la conveniencia de mantener el texto aprobado en el primer informe". En verdad resulta incomprensible, porque si en el artículo 2o se elimina lo silvícola dentro del fin fundamental del Servicio, no puede mantenerse en las restantes disposiciones que son expresión de aquél.

Por tales consideraciones, estimo que debe aprobarse la indicación.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, sólo quiero reiterar lo absurdo que resulta el texto de la norma. El artículo 2° vigente de la ley N° 18.755 dice "El Servicio tendrá por objeto contribuir al desarrollo silvoagropecuario", etcétera. Y el artículo 3° del mismo cuerpo legal estatuye: "Para el cumplimiento de su objeto, corresponderá al Servicio el ejercicio de las siguientes funciones y atribuciones:" "b) Mantener un sistema de vigilancia y diagnóstico de las enfermedades silvoagropecuarias"", etcétera. Ahora bien, la indicación pretende armonizar el objeto del Servicio -el Ejecutivo lo ha cambiado al modificar el artículo 2o- y dejar un texto congruente.

Por consiguiente, no tengo dudas sobre la necesidad de que mi indicación sea aprobada.

No se requiere ahora de una indicación del Ejecutivo, porque el objeto del Servicio, del cual es consecuencia el artículo 3", se modificó mediante una indicación de aquél que limitó el concepto de "silvoagropecuario" a sólo el de "agropecuario".

Dejar el texto tal como está resulta una incongruencia incomprensible. El Servicio tiene como objeto -según expresa el artículo 2º- el desarrollo agropecuario, y para cumplir dicha finalidad, en los términos del artículo 3º -tal como va a quedar la disposición-, deberá mantener un catastro silvoagropecuario, lo cual carece de lógica.

La señora FELIÚ .-

Señor Presidente, el mensaje -en su página 2- dice textualmente: "Por consiguiente, en la esfera de competencia del Ministerio de Agricultura, la protección de los recursos naturales relacionados con la actividad agropecuaria estaría radicada en el Servicio Agrícola y Ganadero y la protección de los recursos existentes en terrenos de aptitud forestal o de aquellos no susceptibles de ser utilizados en agricultura o ganadería, sería de responsabilidad de la CONAF.".

Ese es el criterio del proyecto. Y lo estimo conveniente en la medida en que la Comisión ha propuesto aprobar la norma del artículo 2°, que sacó del ámbito del SAG los problemas silvícolas. Por eso, el desarrollo de funciones debe ser concordante para cumplir con el objeto del Servicio -como señala el artículo 2°- en las actividades agropecuarias, y no silvoagropecuarias.

El señor NAVARRETE .-

Señor Presidente, insisto en que la indicación está fuera del texto del proyecto que nos correspondió tratar en la Comisión.

En verdad, los argumentos esgrimidos aquí apuntan a un problema de fondo. Y si no se ha señalado la modificación del texto es porque, efectivamente, se pretende mantener ambos términos.

El mensaje, en su página 2, expresa: "Esta medida se fundamenta en la mayor cobertura que tendrá la protección de los recursos naturales si ambas instituciones, SAG y CONAF, atienden los aspectos específicos de tal materia que se relacionan con el ámbito de acción propio de cada Servicio. En efecto, le corresponde actualmente al Servicio Agrícola y Ganadero preocuparse de los aspectos sanitarios en el ámbito de la producción agrícola y pecuaria, por lo que institucionalmente se encuentra en óptimas condiciones para incorporar a su acción funciones de protección a los recursos naturales que sustentan tal actividad, vale decir, suelo, agua, flora y fauna.".

Conforme a lo recién señalado, creo absolutamente necesario mantener el término "silvoagropecuario" en el artículo 2°, para los efectos de cumplir con el objeto del Servicio. De modo que, a mi juicio, ya no sería un problema de procedimiento, sino uno de fondo que hace totalmente inconveniente aprobar la indicación propuesta.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, es tan clara la necesidad del término "silvoagropecuario" que más de alguna vez hemos hablado sobre el tema.

En nuestra Región, por ejemplo, existe la plaga del quintral -que recuerda a la famosa "Quintrala", doña Catalina de los Ríos Lisperguer-, la cual es impresionante. Y seguramente a corto plazo tendremos 90 ó 95 por ciento de las alamedas de nuestra Sexta Región con la referida peste.

Ello empieza con aquellos álamos y los sauces, que tienen corteza blanda; pero también se va a ir extendiendo a los frutales, y el daño será increíble.

A mi juicio, son indispensables las medidas que debe tomar el SAG, y deben hacerse efectivas a la brevedad posible. Por eso, la disposición es necesaria tal como viene en el proyecto.

El señor OTERO.-

Señor Presidente, reitero la importancia de haber renovado esas indicaciones, pues ha permitido precisar en la Sala el alcance de las normas.

Me parece muy relevante, también, lo señalado por el señor Ministro de Agricultura en el sentido de que sólo por excepción podrá intervenir el SAG en las materias silvoagropecuarias. Por excepción, y cuando se trate de prevenir alguna plaga o peste, o de algo que realmente obligue a una actuación, para lo cual él dispone de las facultades que no tiene otro servicio público. Pero única y exclusivamente en ese caso.

Por esas razones, votaré en contra de la indicación, pero con esa salvedad muy clara y reconociendo el mérito que ha tenido la indicación para precisar exactamente el alcance de la normativa legal.

-Se rechaza la indicación renovada (23 votos contra 7, y 3 pareos).

Votaron por la negativa los señores Cantuarias, Cooper, Díaz, Díez, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, Jarpa, Lagos, Larre, Lavandero, Navarrete, Otero, Pacheco, Páez, Palza, Prat, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair, Soto, Urenda y Zaldívar.

Votaron por la afirmativa los señores Feliú, Fernández, Huerta, Letelier, Martin, Piñera y Siebert.

No votaron, por estar pareados, los señores Mc-Intyre, Ortiz y Romero.

El señor LAGOS ( Prosecretario ).-

Corresponde, en seguida, tratar la indicación asignada con el número 6, patrocinada por la Honorable señora Feliú y renovada con las firmas de los mismos señores Senadores que suscribieron la anterior, y que propone la supresión de las letras c) y d) del N° 3 del artículo 1º.

El señor ZALDÍVAR.-

Señor Presidente, en realidad, no me explico el motivo de la indicación, porque, en lo que atañe a la letra c), el informe señala que el señor Ministro de Agricultura sostuvo que ella era la necesaria consecuencia de una concordancia con las atribuciones que, en materia de catastro, tiene hoy día el Centro de Información de Recursos Naturales (CIREN). Es decir, esta norma no tiene otro objetivo que el consignado en su texto: mantener tal facultad al Servicio Agrícola y Ganadero, en concordancia con lo que determina el CIREN.

Y en lo atinente a la letra d), ésta es coherente con lo anterior, en el sentido de "proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales y reglamentarias, y dictar las normas técnicas y resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio".

Es propio de un Servicio dependiente de un Ministerio el contar con tal atribución.

Creo que ambas letras son absolutamente necesarias dentro del contexto del proyecto en debate, y de la lectura del informe no se desprende argumentación alguna que justifique que se las suprima.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, en efecto, la letra c) entrega al SAG atribuciones para realizar estudios y catastros, funciones que en la actualidad desarrolla el CIREN. Precisamente por ello considero inconveniente la medida, y, contrariamente al planteamiento del señor Ministro , me parecen incompatibles. En el fondo, ambas entidades estarán facultadas para llevar a cabo funciones de similar naturaleza.

Ello en lo que respecta a la letra c).

En lo que atañe a la letra d), la actual letra j) de la ley vigente establece que, para el cumplimiento de su objeto, el Servicio tendrá la atribución de "Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, y dictar las resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio".

El proyecto en trámite mantiene la facultad de proponer al Ministerio normas legales y reglamentarias, pero entrega ahora al SAG la de dictar normas técnicas. Y cabe advertir que, a lo largo del informe, el señor Ministro ha sostenido que las funciones que corresponden al Servicio Agrícola y Ganadero son de carácter operativo y no normativo, pero la "dictación de normas técnicas" es una atribución de índole reglamentaria y normativa. Y el dictar normas de aspecto técnico de general aplicación es propio de la potestad reglamentaria que, constitucionalmente, en virtud del número 8º del artículo 32, compete al Presidente de la República. Esas normas "técnicas", de general aplicación, se referirán a múltiples materias y afectarán a las personas que desarrollan actividades agrícolas, y, al dictar esas normas técnicas generales y obligatorias para los administrados, el Servicio no estará desarrollando una acción operativa, sino una de carácter normativo. Y eso es lo que consigna la letra j) del actual artículo 3o.

Por tal motivo, estimo que debería acogerse la indicación y no aceptarse la proposición de la Comisión, que a mi juicio, dará lugar a múltiples problemas. ¿Qué alcance tiene el concepto de "norma técnica"? Es una norma de general aplicación, es una facultad reglamentaria y normativa, no operativa, que es el carácter que, según lo ha reconocido el señor Ministro, deben tener las funciones del Servicio Agrícola y Ganadero.

El señor DÍAZ .-

Señor Presidente, la Comisión aprobó por unanimidad las letras c) y d) en los términos con que figuran en su informe. Y ella está integrada por personas sumamente entendidas en el tema, como -perdónenme por individualizarlos- los Honorables señores Jarpa y Larre, con gran experiencia en el ámbito agrícola, y que, como todos saben, no son parlamentarios de Gobierno, sino de Oposición.

Los Senadores mencionados captaron muy bien el problema. Por eso, con su concurso, estas disposiciones fueron aprobadas por unanimidad y, en consecuencia, fueron rechazadas las indicaciones presentadas posteriormente.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, si no lo aclaramos en esta oportunidad, con la redacción de la letra j) se produce tal vez una confusión, al consignarse, por una parte, "Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales y reglamentarias" -hasta este punto llega lo reglamentario y sujeto a decreto-, seguido, por otra, de la frase "y dictar las normas técnicas y resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio.". De manera que entiendo -así lo comprendí cuando voté favorablemente esta norma- que el Servicio Agrícola y Ganadero puede sugerir al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales y reglamentarias, al igual que la dictación de normas técnicas y resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio. No me parece que el SAG, por sí y ante sí, sin consulta, o sin proponérselo a las autoridades del Ministerio, pueda dictar las normas técnicas que estime convenientes. Porque, en el evento de que pueda presentarse alguna situación que lo amerite o algún problema, felizmente las comunicaciones son muy rápidas.

En mi opinión, las que he señalado son las atribuciones del Servicio, en cuanto a sugerir al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales y reglamentarias, y de las normas técnicas y resoluciones necesarias. Pero el alcance de la letra j) no significa que el Servicio, por sí y ante sí, podrá dictar todas las normas técnicas que estime convenientes, sin consulta o sin resolución del Ministerio de Agricultura.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, agradezco la intervención del Honorable señor Jarpa.

Deseo señalar al señor Senador que nos antecedió en el uso de la palabra que cuando discutimos sobre una iniciativa de ley, lo hacemos sobre la base de los argumentos que cada uno puede proporcionar. Y, en ese sentido, reconozco la competencia de los Honorables señores Jarpa y Larre en materias agrícolas y agropecuarias. Eso nadie lo discute. Ahora, aquí estamos analizando un tema de estricto carácter jurídico y las extensiones que puede tener, pero no estamos aludiendo a los problemas técnicos que puedan suscitarse.

La explicación dada por el Honorable señor Jarpa demuestra la conveniencia de revisar la redacción de la letra j), porque es evidente que se van a producir confusiones bastante grandes. Tengo a la mano el Código Sanitario, cuyo artículo 103, por ejemplo, establece que "Un reglamento determinará las normas de control de calidad a que estarán sujetos los productos farmacéuticos", y que en otras disposiciones también se refiere a ellos. Sobre el particular, cabe advertir que corresponde al Instituto de Salud Pública determinar lo relativo a todos los requisitos y elementos de esos productos, e incluso, registrarlos.

Si el proyecto deja establecido que el SAG podrá "dictar las normas técnicas y resoluciones necesarias", indiscutiblemente no se está cumpliendo lo que en forma muy acertada ha señalado el Honorable señor Jarpa . Por lo tanto, antes de que el Senado vote favorablemente este asunto se requiere una precisión.

Nadie puede oponerse a que se proponga al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales, reglamentarias y técnicas, que son las que este Servicio debe sugerir. Pero las normas deben dictarse a nivel del Ministerio y el SAG las debe fiscalizar. Porque, de lo contrario, el Servicio sería juez y parte. Es decir, dictaría las normas que desea y después procedería a fiscalizarlas y a sancionar. Es obvio que la proposición a que me refiero puede ser planteada al Ministerio, pero serán éste y el de Salud los que tendrán que coincidir -como lo demostraré más adelante, hay coincidencia de facultades- en cómo se resuelve este problema. Si el SAG, por sí y ante sí, dicta normas técnicas, sin estar siquiera obligado a consultar al Ministerio de Agricultura -y menos al de Salud-, pueden presentarse situaciones engorrosas y complicadas.

Como lo demuestra la experiencia, en la práctica ya se han producido conflictos bastante serios entre las atribuciones que ha creído tener el SAG y las que posee el Instituto de Salud Pública, particularmente en todo lo relativo a la normativa técnica y a la aptitud de los productos farmacéuticos y de los alimentos, con relación a la salud humana.

Por eso, con miras al consenso respecto de lo que se pretende -en especial, considerando lo señalado por el Honorable señor Jarpa , que ha sido invocado, precisamente, por el Senador señor Díaz -, sugiero que se cambie la redacción por la siguiente: "Proponer al Ministerio de Agricultura la dictación de disposiciones legales y reglamentarias y normas técnicas.". Una cosa distinta es dictar "las resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio". Es obvio que el SAG tiene que contar con esta última atribución. Pero la dictación de normas, como muy bien lo señaló la Honorable señora Feliú , es una facultad reglamentaria. Por lo tanto, corresponde al nivel de Ministerio. Y a ese mismo nivel tendrá que solucionarse un eventual conflicto sobre la materia entre los Ministros de Salud y de Agricultura. En ningún caso se puede entregar al SAG la dictación de las normas técnicas.

He dicho.

El señor ZALDÍVAR.-

Considero muy buena la precisión que la Presidencia ha hecho sobre el tema en debate. Pero, después de escuchar al señor Ministro y teniendo presentes los tiempos en que vivimos, estimo que debe considerarse lo que implica dejar cada norma técnica en las manos centralizadas del Ministerio.

Concuerdo en que la proposición de dictar normas legales y reglamentarias es propia del Ministro del ramo, quien se las sugiere, a su vez, al Presidente de la República , para que las sancione a través de un decreto. Pero la norma técnica es muy diferente: es el acto mediante el cual un servicio descentralizado, como el SAG, en un momento dado afronta, por ejemplo, la plaga de la mosca de la fruta.

¿Cuál es la norma técnica que en ese caso procede? Dicho Organismo tendrá que decir: "En virtud de la plaga que se ha decretado, etcétera, y de acuerdo con las disposiciones legales tales y cuales, que me facultan para actuar en estos términos, deberán observarse tales y cuales condiciones en la zona afectada; se establecerán controles en tales y cuales partes; se requisarán tales y cuales bienes, y se hará tal y cual cosa". Esto, en relación con el problema que genera la plaga, y desde el punto de vista de las normas técnicas que deben dictarse.

Ahora, ¿cómo las va a dictar el Servicio? Tendrá que hacerlo de tal manera que el día de mañana, o en el mismo acto, no sea objeto de reparos de parte del Ministro del ramo. Porque es con este elemento con el cual se vincula el hecho de que el Ministerio siempre ejerce su tuición sobre el Organismo y la Dirección de éste. Y, por supuesto, el Director del SAG , antes de dictar las normas, tendrá que consultar -como corresponde- a su superior, en este caso el titular de la Cartera o el Subsecretario .

Por eso, me parece que es facultad privativa del Servicio la de dictar normas técnicas. En la Administración actual, no es propio recurrir al órgano centralizado, al Ministerio, para solicitar la dictación de un decreto o un reglamento que contemple las normas técnicas para enfrentar una plaga, lo cual requiere actuar rápido y en un plazo breve.

Ante la existencia de dos posiciones con relación a este tema -una, que el SAG te las normas técnicas, y otra, que lo haga el Ministerio, a proposición del SAG-, creo que en los tiempos en que vivimos, y de acuerdo con lo que debe ser una Administración descentralizada, eficiente, ágil y responsable, debemos tener capacidad para delegar funciones en el organismo que corresponda, sobre todo en estas materias. Por eso, pienso que debe aprobarse la letra j) propuesta por la Comisión.

El señor JARPA.-

Señor Presidente, creo que de lo único que se trata es de esclarecer algunos términos. La expresión "normas técnicas" es demasiado amplia y comprometedora para el desarrollo de las actividades agropecuarias, en general. Y, por lo tanto, incide en la política agropecuaria, que corresponde al Ministerio de Agricultura y no en forma exclusiva al SAG. Lo que el Servicio necesita es la facultad de resolver situaciones que se presentan en un momento determinado y que deben ser afrontadas de manera expedita, sin tiempo para realizar estudios a largo plazo o con mayor profundidad.

Entonces, creo -y solicito al señor Ministro aclarar el punto, si fuera posible- que las normas técnicas, por la gran importancia y trascendencia que pueden revertir en el desarrollo de las actividades que nos ocupan, deben ser puestas en vigencia por el Ministerio. Al respecto, no se requiere ningún decreto, ni otra tramitación. Y el SAG, por su parte, debe mantener la atribución de dictar las resoluciones necesarias para la consecución de sus objetivos, la cual es muy general, y no restringida ni restrictiva.

En ese sentido -si existiese la voluntad de aclarar el punto-, podría enmendarse la letra j), para el efecto de que al Ministerio de Agricultura se propusiera la dictación de disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, y se facultase al Servicio Agrícola y Ganadero para dictar las resoluciones necesarias. Creo que con esto el Servicio no pierde las posibilidades de actuar rápidamente, en caso de que sea preciso, y el Ministerio tiene mucha mayor visión de conjunto de las políticas agrarias, lo que le permite dictar normas técnicas referidas, por ejemplo, a aspectos relacionados con la exportación de frutas, o la calificación, o las medidas de sanidad vegetal, etcétera, que incluso podrán ser materia de negociaciones el día de mañana entre las autoridades chilenas y las de países que importan nuestros productos.

Pienso que en la forma señalada resolveríamos esta situación, pues aprobé lo propuesto en el segundo informe -lo digo francamente- sobre la base de que la dictación de normas técnicas correspondía al Ministerio de Agricultura, y no al SAG.

El señor OTERO .-

Señor Presidente, concuerdo plenamente con lo expresado por el Honorable señor Jarpa. Creo que el asunto se solucionará simplemente eliminando la letra j) que recomienda el segundo informe, la cual no tiene nada que ver con la otra modificación propuesta.

Asimismo, quiero recordar a Sus Señorías que en el artículo 109 del Código Sanitario se establece, incluso, que "El Reglamento determinará las características que deben reunir los alimentos o productos alimenticios destinados al consumo humano.". Y aludo a esto porque con motivo de las próximas indicaciones me referiré a varios preceptos de ese cuerpo legal y a duplicación de funciones existente.

Ahora, dentro de la amplitud dada al concepto de "norma técnica", y como se le otorga al SAG la facultad de determinar si un artículo alimenticio es o no apto para el consumo humano, cabe observar que el organismo puede dictar, también, normas en este rubro. Entonces, ¿qué va a pasar con el Código Sanitario, con las atribuciones del Instituto de Salud Pública y con el artículo del mismo Código que dispone que eso es materia reglamentaria?

Me parece que aquí existe una confusión. Y lo aclaró muy bien el Senador señor Jarpa: una cosa son las resoluciones que se dicten para cumplir los objetivos del Servicio, y otra, que éste llegue a dictar una normativa técnica, cuando no posee la atribución ni la competencia para ello, ya que constituye una facultad reglamentaria. Las normas técnicas deben estar establecidas en base a estudios profundos; debe haber una uniformidad entre lo que diga el Instituto de Salud Pública y lo que diga el Ministerio de Salud, en cuanto a lo que se va a proponer al Presidente de la República, que es quien coordina todos los Ministerios. De lo contrario, ¿qué va a ocurrir? El SAG podrá establecer preceptos totalmente contradictorios o distintos de los que fije el Instituto de Salud Pública, organismo creado por ley para regular esta materia.

El Senador señor Jarpa aclaró que votó a favor de la proposición sobre la base del criterio que he expuesto. Y, como esto no se ve reflejado en la norma, ni se quiere ahora que ella lo refleje, lo lógico sería acoger la indicación, para mantener la letra j) vigente, que ha funcionado perfectamente bien, sin perjuicio de que el SAG tendrá todas las facultades para dictar las resoluciones que estime convenientes.

Ahora, las normas técnicas dicen relación a los elementos o cualidades que deben contener los productos. Tendríamos que entrar a diferenciar todo lo que significa producto que se use en la agricultura y que permita la obtención de artículos alimenticios, cualesquiera que sean, donde actúa el Instituto de Salud. No veo en qué otras normas técnicas puede intervenir el SAG. Porque ésas son las normas técnicas.

La determinación del embalaje no es una norma técnica en el caso de los otros productos. De manera que el señor Ministro tendría que aclarar esta disposición, en cuanto a que se "podrá dictar normas sobre la forma que deben revestir los embalajes para tales y cuales fines".

Cuando hablamos de "normas técnicas", abrimos -como muy bien lo hizo presente el Senador señor Jarpa- una "Caja de Pandora", puesto que se puede llegar de la "a" a la "zeta".

El señor SINCLAIR.-

Señor Presidente, tal como lo señaló el señor Ministro, en la Comisión consideramos absolutamente pertinente lo que establece la letra j), pero atenidos a la urgencia y al imperativo impuestos por la dinámica en la cual se desarrolla todo lo relacionado con la actividad nacional. Y este Servicio necesita actuar con mucha rapidez, sin mantenerse en espera de que sean tramitadas ciertas normas, para hacer cumplir en un momento determinado alguna regulación importante.

Por esa razón, se delega en el organismo esta facultad, sin que se excluya para el día de mañana la que el propio Ministerio pueda ejercer cuando lo estime conveniente.

He dicho.

El señor NAVARRETE.-

Señor Presidente, me alegro de que se haya postergado mi intervención; porque las recientes palabras del señor Senador que me antecedió fundamentan mejor lo que expresaré.

Creo que ellas reflejan el fondo del tema. Si uno consulta la letra j) de la actual ley, puede observar que materias importantes para el Servicio, como la dictación de disposiciones legales, reglamentarias y normas técnicas, deben ser objeto de una proposición al Ministerio de Agricultura. Por lo tanto, estamos en presencia de un mecanismo bastante engorroso, lento, burocrático. Y la idea de someter a nuestra consideración el proyecto, entre otras cosas, ha sido, precisamente, la de agilizar el funcionamiento del organismo, como consecuencia de lo que es la realidad del país, de su diversidad productiva, de su capacidad exportadora y de las exigencias que de eso derivan, en todo lo cual el Servicio Agrícola y Ganadero tiene mucho que ver.

Pienso que eliminar la facultad propuesta en el proyecto, esto es, la dictación de normas técnicas por la entidad, entraría, ni más ni menos, a entorpecer, no el funcionamiento de un organismo público, sino -me atrevería a decir- incluso la actividad privada, en todas aquellas materias vinculadas con los servicios que aquél debe prestarle para su adecuado, oportuno y rápido desenvolvimiento.

Por eso, comparto las palabras de mi Honorable colega Sinclair en el sentido de que la disposición tiende a dar mayor fluidez al funcionamiento del Servicio. Son múltiples los casos que pueden mencionarse acerca de cómo se expresa en la práctica la necesidad de que este último pueda dictar normas técnicas.

La atribución de dictar las resoluciones necesarias para la consecución de los objetivos del Servicio constituye una materia ambigua, que no sé de qué manera podría considerarse para resolver lo que preocupa, tocante a la idea de incluir la dictación de las normas técnicas entre las facultades propias del Servicio, sin dejarla entregada a una proposición que éste haga al Ministerio de Agricultura, con todo el trámite que ello requiere. Porque la preparación de un decreto supremo perfectamente puede tardar 3, 4, 5 ó 6 meses, al cabo de los cuales a lo mejor los motivos que llevaron a formular la proposición no tendrán ninguna validez ni objetivo.

Básicamente, lo planteado por la Comisión obedece a la realidad de nuestros tiempos, que exige soluciones oportunas. Y creo que las aprensiones aquí expuestas están perfectamente cauteladas. No me imagino que la entidad vaya a actuar con descriterio, o más allá de sus facultades o de las disposiciones específicas que la rigen. El Ministerio tiene sobre sus organismos, entre los cuales se cuenta el Servicio Agrícola y Ganadero, un permanente control, hay reuniones de trabajo; de modo que no concibo que pueda llegarse a un punto en que la dictación de normas técnicas contravenga las políticas agropecuarias o se traduzca en que se entrecrucen materias con otras dependencias. Lo que se pretende, concreta y específicamente, es dar fluidez, mayor dinámica y eficiencia al funcionamiento del Servicio. Y esto fue lo que evaluamos en la Comisión para rechazar la indicación y aprobar, en definitiva, lo que se ha propuesto.

He dicho.

El señor MC-INTYRE.-

Señor Presidente, en general, creo que estamos más o menos de acuerdo respecto de los puntos discutidos. Pero pienso que falta aún mayor claridad en el sentido de que el Ministerio de Agricultura no debe delegar totalmente las facultades técnicas.

Recuerdo dos situaciones, bastante graves, que se han presentado. Una sucedió en esta zona, con la mosca de la fruta, la que afectó seriamente a agricultores y fruticultores, con enormes repercusiones nacionales. Si de ello se hubiese ocupado sólo el funcionario local, habría sido algo muy delicado. En el caso de la fiebre aftosa, se quemó ganado de propiedad de dueños de fundo -y con justa razón, ya que al parecer la medida era necesaria-, radicando el punto en si ello debía disponerse en el nivel superior o en el nivel técnico local.

Asimismo, ya hemos visto los problemas fitosanitarios con los países limítrofes, en particular con Argentina, respecto de los cuales el Servicio no puede actuar por sí solo, con prescindencia de la forma en que en ellos inciden las relaciones exteriores o las conversaciones que se efectúen entre los Gobiernos.

En consecuencia, por un lado, existe una parte técnica que pienso que no debe ser delegada por el Ministerio, y, por el otro -y en esto tiene la razón el señor Ministro -, hay una serie de normas, de bastante detalle, en las que sí cabe delegar. Luego, quizás sería conveniente agregar a la parte inicial de la disposición lo atinente a lo técnico, y, en la segunda parte, donde dice "y dictar las normas técnicas y resoluciones necesarias", etcétera, precisar "que le delegue" o "que le ordene el Ministerio de Agricultura".

He dicho.

La señora FELIÚ.-

Señor Presidente, seré muy breve.

En este debate nos hemos referido a distintas clases de actos administrativos. Y a lo mejor todos estamos de acuerdo respecto de cuál debería ser el contenido de este precepto en definitiva.

Los actos administrativos pueden ser, desde el punto de vista de quien los ejecuta, decretos dictados por el Presidente de la República o resoluciones de jefes de servicios. ¿A quiénes se aplican? Cuando se aplican "erga omnes" -esto es, obligatoriamente y a cualquier persona-, revisten carácter reglamentario. A su vez, el contenido de esas órdenes de índole general o reglamentaria puede ser técnico o no, entendiendo por técnico que se refieran a materias específicas de determinada ciencia o arte. Cuando ellas afectan a todos de manera obligatoria, aun cuando se relacionen con disposiciones especiales de una ciencia o arte precisos, como serían las atinentes a un pesticida, un anabólico o lo que fuere, quedan comprendidas en la potestad reglamentaria si por su naturaleza no corresponden a materias propias de ley.

En nuestro ordenamiento jurídico, la potestad reglamentaria está radicada constitucionalmente en el Primer Mandatario y no en los servicios, aunque revistan carácter descentralizado. Ya el señor Ministro , a propósito de otra indicación, hizo presente que el establecimiento de normas generales y obligatorias corresponde al Jefe del Estado y al Ministerio respectivo, pero no al Servicio, por ser éste operativo.

Aquí se han dado numerosísimos ejemplos, algunos de los cuales son propios de normas generales, y otros, no, pues se trata de la aplicación de ellas a casos particulares.

El señor Ministro recordó que, por lo demás, los Secretarios de Estado son políticos y, por tanto, no tendrían competencia -entre comillas- de carácter técnico. A este respecto, deseo advertir que, según la Constitución, son colaboradores directos e inmediatos del Primer Mandatario en el gobierno y administración del Estado, y que, en los términos del artículo 35, "Los reglamentos y decretos del Presidente de la República deberán firmarse por el Ministro respectivo y no serán obedecidos sin este esencial requisito", norma ya contenida en el artículo 75 de la Carta de 1925.

Por su parte, la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado dispone que "Los Ministerios son los órganos superiores de colaboración del Presidente de la República "... Añade que "deberán proponer y evaluar las políticas y planes correspondientes, estudiar y proponer las normas aplicables a los sectores a su cargo, velar por el cumplimiento de las normas dictadas", etcétera.

En consecuencia, la dictación de preceptos de carácter general es propia del Primer Mandatario , y se materializa a través de la Cartera correspondiente, la que propondrá las medidas técnicas en su ámbito de acción: el de Agricultura, en materia agrícola; el de Salud, en el campo sanitario, como recordó el Honorable señor Otero a propósito de disposiciones reglamentarias del Código respectivo.

Ninguna de las situaciones aquí expuestas se puede retardar o dilatar por aplicación de normas técnicas. ¡Ninguna! La acción operativa corresponde al Servicio, pero la Ley Orgánica Constitucional anteriormente citada no le reconoce atribución para disponer medidas de carácter general aplicables a todas las personas. Esa facultad no la puede tener un servicio descentralizado.

Por lo anterior, votaré a favor de la indicación.

El señor THAYER .-

Señor Presidente, aprovechando la presencia del señor Ministro de Agricultura, quien es un experto jurista, intervengo en la misma línea que acabo de escuchar a la Honorable señora Feliú .

Aquí, de lo que se trata es de legislar bien. Estamos ante un problema técnico muy delicado, y es necesario precisar bien las cosas. De suyo, normalmente, son distintos entes los que dictan las normas de orden general y los que tienen la responsabilidad de aplicarlas a casos concretos. Cuando una disposición como la de la letra j) establece para un mismo organismo la facultad de dictar normas generales y las resoluciones necesarias para aplicarlas, estamos entrando en un tipo de institucionalidad que no es el habitual.

Es perfectamente posible -y lo permite, si no me traiciona la memoria, el artículo 43 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado- que el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, delegue la atribución para dictar disposiciones técnicas en materias específicas en un órgano descentralizado como el Servicio Agrícola y Ganadero. Pero habría que decirlo así; o sea, que dicha repartición podría dictar normas técnicas por delegación de esa Cartera, en virtud de las facultades que confiere el citado artículo 43.

Ahora bien, como dijo acertadamente la Senadora señora Feliú , no hay ningún impedimento para que un reglamento sea técnico. Lo que pasa es que la vida práctica aconseja a veces que tales atribuciones se deleguen en un órgano de inferior categoría o descentralizado y para aspectos específicos, como lo permite expresamente la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Esa es mi observación, señor Presidente.

El señor GONZÁLEZ .-

Señor Presidente, creo que estamos en presencia -una vez más, desgraciadamente- de una de las tantas discusiones bizantinas que se producen en el Senado.

En mi opinión -fui fiscal de una repartición pública durante doce años-, el Servicio podría dictar las normas técnicas y reglamentarias y las resoluciones necesarias para el cumplimiento de sus objetivos incluso sin necesidad de esta disposición. Más aún: es obligación del jefe respectivo dictarlas. Y si no le damos esta facultad, ¿cómo va a lograr tales objetivos?

A mi juicio, aquí no se trata de que estemos delegando la potestad reglamentaria, que es exclusiva y excluyente del Presidente de la República . Pero es evidente que este precepto permite precisamente que el citado Servicio funcione. Y, a mi modesto entender, su director posee tal atribución aun sin existir la norma. Todavía más: es obligación suya dictar las disposiciones técnicas y las resoluciones necesarias para que aquél opere.

No es admisible, por un lado, decir que la Administración Pública chilena es farragosa, engorrosa, lenta, pesada, pero, por otro, no tener confianza en sus funcionarios para permitirles hacerla más fluida. Permanentemente los jefes de servicios -incluso en las municipalidades- nos señalan que, para cumplir los objetivos de sus reparticiones, se hallan amarrados por preceptos que los obligan a actuar burocráticamente. Y lo que pretendemos al otorgar esta facultad, es precisamente lo contrario.

Es ahí donde veo el grave inconveniente de no aceptar la propuesta del Gobierno respecto de esta disposición.

Reitero que, en mi concepto, es obligación de cualquier jefe de servicio, descentralizado o no, dictar las normas técnicas y las resoluciones necesarias para conseguir los objetivos de la repartición. De no hacerlo, incurriría en una falta por omisión.

Como no veo inconveniente de ninguna naturaleza a lo sugerido por el Ejecutivo , me parece que la indicación para suprimirlo debe ser rechazada.

He dicho.

-Se aprueba la supresión (15 votos contra 13 y 6 pareos).

Votaron por la afirmativa los señores Cantuarias, Cooper, Diez, Feliú, Huerta, Jarpa, Lagos, Larre, Martin, Otero, Prat, Ríos, Romero, Siebert y Urenda.

Votaron por la negativa los señores Díaz, Frei (don Arturo), Frei (doña Carmen), Gazmuri, González, Navarrete, Pacheco, Páez, Palza, Ruiz (don José), Ruiz-Esquide, Sinclair y Zaldívar.

No votaron por estar pareados los señores Hormazábal, Mc-Intyre, Ortiz, Pérez, Thayer y Valdés.

-Queda pendiente la discusión particular del proyecto.